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Recortes de Prensa    Viernes 27 Noviembre  2009

 

La dignidad de los españoles (Incluidos al menos 2,7 millones de catalanes)
EDITORIAL El Mundo 27 Noviembre 2009

LA «DIGNIDAD», «el respeto», «la solidaridad» y los principios a los que hacía referencia el editorial publicado ayer al unísono por 12 diarios catalanes no son valores atribuibles a los territorios, las instituciones o los colectivos sino a las personas. Ni Cataluña tiene dignidad ni España, honor. La tienen y lo tienen los catalanes y los demás españoles de uno en uno.

Si, desde luego, es respetable la voluntad de los 1,9 millones de catalanes que votaron a favor del nuevo Estatuto hace tres años, ocho veces más respetable todavía es la voluntad de los 15,7 millones de ciudadanos que votaron en toda España a favor de la Constitución en 1978. Como la memoria es débil, hay que recordar que 2,7 millones de catalanes votaron entonces «sí» a la Constitución, un 50% más que esos 1,9 millones que apoyaron este Estatuto con un censo mucho mayor. En términos porcentuales, lo cierto es que el Estatuto obtuvo el apoyo del 36% de los votos sobre el censo electoral de Cataluña, mientras que la Constitución obtuvo un 62% de respaldo.

La Constitución está vigente no sólo porque fue refrendada por una amplia mayoría de los españoles, sino porque además ha sido revalidada en la práctica en todas las elecciones en las que los ciudadanos han acudido a las urnas en estos 31 años, votando en su gran mayoría a partidos como el PP o el PSOE que dicen respaldar la Carta Magna.

Mientras no se modifique, la Constitución establece la existencia de un Tribunal al que encomienda el examen de la constitucionalidad de las leyes, tanto si proceden del Congreso como de los parlamentos autonómicos. Esa es su función y si a alguien no le gusta, lo que tiene que hacer es proponer un cambio de la Constitución.

Los 12 periódicos contraponen la legitimidad del Estatuto aprobado por el Parlamento catalán y el Congreso y mediante consulta popular con la del Constitucional, al que llaman una «cuarta cámara». Es una comparación falaz y demagógica porque, como cualquiera sabe, la democracia se basa en la separación de poderes.

Como adelantábamos ayer, resulta imposible decir más falsedades con peor intención en menos espacio. Pero antes de entrar en su análisis, lo primero que llama la atención es que 12 periódicos de tendencias ideológicas bien distintas olviden sus diferencias para defender un Estatuto que identifican con la construcción nacional de Cataluña.

Ello recuerda mucho el planteamiento del llamado «nuevo orden informativo internacional», promovido por aquel director de la Unesco llamado Mbou, que alegaba que por encima del pluralismo estaba la contribución de la prensa a la lucha por la emancipación frente al colonialismo occidental. Los periódicos catalanes han optado por cerrar filas con el Estatuto en el que unos ven un elemento clave de la identidad de Cataluña y otros un peldaño más hacia una futura independencia.

No hay precedentes en la prensa española de una iniciativa como ésta, salvo algunos editoriales conjuntos en defensa de la libertad de expresión contra el terrorismo al inicio de la Transición. Pero lo importante no es el burdo intento de presión al Constitucional ni los significativos aplausos de Montilla y los nacionalistas a la iniciativa de los periódicos. Lo esencial es que lo que dicen es un vademecum de disparates.

Dicen que el Tribunal es «un corazón con las válvulas obturadas», ya que la mitad de sus integrantes está en situación de interinidad. Al margen de que no es culpa de los magistrados sino de los partidos que no se han puesto de acuerdo para renovarlos, eso no les resta legitimidad alguna, puesto que es un supuesto contemplado por la ley.

Dicen que alguien sueña con «cirugías de hierro» desde «posiciones irreductibles» y que «el dilema real es avanzar o retroceder» en la pluralidad de España. Defender la Constitución frente al nacionalismo disgregador no es retroceder sino impedir el retroceso. Los autores de este texto son tan sectarios que llaman retrógrados a quienes no están de acuerdo con ellos.

Dicen que está en juego «el espíritu que hizo posible la pacífica Transición» cuando son los impulsores del Estatuto quienes no han vacilado en cargarse 30 años de consenso constitucional alumbrando una norma intragable para el PP y celebrando su exclusión.

Dicen que hay que respetar los pactos cuando ellos quieren pasar por encima de la Constitución y de la voluntad del conjunto de los españoles.

Dicen que hay un «obsesivo escrutinio» sobre la lengua catalana cuando sus mentores políticos han erradicado el español de las aulas e incluso de los patios de recreo.

Y amenazan con «una legítima respuesta» de «la solidaridad catalana», eufemismo que revela el intento de coaccionar al Constitucional y de sacar a los catalanes de sus casillas. Hagan lo que hagan, ahora que se ha adherido el Barça, será un gol en propia meta.

El Edicto de Montilla
FEDERICO JIMENEZ LOSANTOS El Mundo 27 Noviembre 2009

NO ES un secreto que la prensa escrita padece en todo el mundo una delicada situación, tanto por la crisis económica como por la irrupción de internet. Sólo un oasis va a librarse de esa tormenta de arena que tiene a los periódicos de papel y a sus gestores con los ojos rojos, como los números de sus balances.

Evidentemente, el oasis sólo podía ser Cataluña, que ha descubierto una forma milagrosa de ahorrar costes. Todos sus periódicos, nada menos que 12, publicaron ayer un mismo editorial cuya condición básica de amenaza a los jueces -delito grave, como recuerda Jorge de Esteban- y acumulación de mentiras, trolas y mentecateces -denunciada ayer por nuestro periódico- no debe ocultarnos la salida que ofrece a la crisis de la Prensa. Por de pronto, amortizará uno de los rasgos definitorios, pero caros, de la Prensa clásica: la opinión. A partir de ahora, la Prensa del Oasis puede hacer un ERE conjunto de todos sus editorialistas, sustituidos ventajosamente por lo que más que editorial, deberíamos llamar Edicto.

Este hallazgo de Montilla no es original, pero pocas dictaduras han prescindido de la variedad de forma dentro de la unanimidad de fondo. Sólo Cuba y Corea del Norte mantienen vivo el legado de Lenin, Stalin, Hitler y demás libertófobos. Pero con su primer Edicto, Montilla ha tenido un detalle digno de Orwell (el visionario autor de 1984 y Homenaje a Cataluña) y es defender la diversidad por unanimidad. Ninguna constitución detallaba más los derechos individuales que la de la URSS, cierto, pero el ágrafo de Iznájar une el despotismo clásico y moderno, y ahorra la penosa tarea de opinar. Hay días en que la realidad impone a los escribas del Oasis hablar sobre lo que quieren callar. Así, la corrupción de los grandes partidos nacionalistas, CiU y PSC. Pues se acabó. Al año habrá 50 editoriales sobre Gaudí y 100 elogiando al Barça, que, desde la dictadura de Franco -de la Era Kubala al primer año de Cruyff-, no jugaba tan bien. Que el buen fútbol y la falta de libertades cívicas coinciden en Barcelona es evidente.

Tan evidente como que el Edicto de Montilla no puede limitarse a la prensa de papel. Las cadenas de radio autonómicas lo asumieron ayer con fervor. Echan de menos el Parte, claro. Pues que sus informativos conecten con Radio Nacional. De Cataluña, se entiende. Ahora bien, quien paga manda, pero quien manda, paga. A ver si se van a retrasar este mes.

En España no se pone nunca el sol
ARCADI ESPADA El Mundo 27 Noviembre 2009

Me enteré de la decisión sobre España de los michelines comiendo una magistral sopa de castañas en el Arola de Madrid, felizmente invitado por una mujer a la que quiero. El cocinero salió un momento y empezó a decir que estábamos en vísperas. Desde hace años, cada vez que oigo vísperas pienso en la sentencia sobre el Estatuto. Pero él se refería a las estrellas. Arola añadió enseguida que este año estaba tranquilísimo porque no aspiraba a nada después de que en el pasado le dieran dos de golpe. Pero seguía hablando y cada vez era más evidente que estaba nervioso, soñando que le concedían la tercera. Porque sólo soñar era, desde luego. Lo observaba y veía en el cocinero el estremecedor impacto de la guía. Lo que la Michelin hace entre los cocineros de todo el mundo no tiene una explicación fácil.

Sobre todo porque en países distintos de Francia el impacto de sus decisiones se lleva mal con su calidad. La guía es inútil en Italia; anecdótica en Gran Bretaña e invisible, hasta hace poco, en Alemania. No la he probado en América, pero no es la que yo usaría allí. La empresa dice que tiene 15 inspectores en Francia, y 10 en Estados Unidos, según las cifras aparecidas en un reciente y algo aparatoso artículo del New Yorker. Estas cifras hacen sonreír al ex michelin Pascal Rémy, en su célebre El inspector se sienta a la mesa, utilísimo compendio de la traición. Rémy pinta un panorama del trabajo del inspector muy alejado del glamour New Yorker. Más bien diseña una tiranía: cinco inspectores en Francia, pagados con sueldo de maestro, a los que se exige que visiten diez mil hoteles y restaurantes al año. No hace falta acudir a Rémy. Basta con quedarse en las cifras de la empresa. El número de inspectores confesado está muy lejos de poder aspirar a esa infalibilidad que nubla los ojos de los cocineros. Es simple. Es una operación aritmética. ¿A qué infalibilidad pueden aspirar 70 inspectores recorriendo todas las cocinas de Europa?

La Michelin es un hermoso y querido mito francés. Pero viaja peor que la manzanilla. En el caso de España, además, tiene un grave problema. En España, y especialmente en Cataluña, se practica hoy la mejor cocina de Europa: la más moderna, la más sabrosa y la más barata. Hay cientos de lugares, con y sin estrella, de los que la Michelin no tiene la más mínima idea real. Dicen que el ninguneo español de la guía forma parte del complejo de superioridad del galo. No lo creo. Es un problema comercial. Para calibrar la cocina española de hoy la Michelin tendría que disponer aquí de más inspectores que en la decadente Francia. Es simple. No puede pagarlos. No es que la Michelin no quiera. Es que no sabe. No es desdén. Sólo ignorancia técnica.

Culpables y responsables de lo que está pasando en Cataluña y el resto de España
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 27 Noviembre 2009

En 1979, treinta años ya, publiqué en Barcelona Lo que queda de España. Nada ha sucedido después que no me haya dado la razón, salvo una cosa: entonces tenía la esperanza de frenar una deriva que acabaría llevándonos a una dictadura lingüística y política en Cataluña y a la liquidación de las libertades en España. Hoy, esa esperanza no está en absoluto justificada. El régimen constitucional de 1978 está muerto. Muerto en pie, pero cadáver. El problema –moral y material– es que quieren hacerle pagar al difunto su propio entierro. Y los albaceas del fiambre están dispuestos a hacerlo.

Cómo hemos llegado a esta situación lo he analizado en diversos libros, en especial la última versión de Lo que queda de España (Temas de hoy) y La dictadura silenciosa (también Temas de Hoy) que defendió Lara Padre ante el déspota Pujol. Y para los que no creen que haya existido hace sólo tres décadas una Cataluña habitable por todos los españoles y propicia a todas las libertades, escribí La ciudad que fue (también Temas de Hoy). Por supuesto, en los libros de artículos y ensayos he dedicado centenares de piezas al proceso liberticida en Cataluña y fatalmente libertófobo en el resto de España. He escrito tanto que estoy aburrido de acertar.

No voy, pues, a repetirme. Pero cuando caen las caretas, la corrupción se envuelve en la bandera de una patria inventada y la sedicente nación catalana se convierte en el último refugio de los bribones, de Barcelona y de Madrid, debemos constatar una realidad que el populacho ovino se niega a ver: una casta política apestosa ha liquidado el régimen constitucional del 78. Y lo ha hecho sin reforma legal, sin alternativa política, y sin darnos siquiera la posibilidad de votar si lo enterramos. Y como decir "casta" es demasiado genérico, señalaré los que, a mi juicio, son los tres autores principales de este inmenso magnicidio que es el asesinato de España.

Las responsabilidades son muy fáciles de establecer: el máximo culpable es Zapatero; su cómplice necesario, Rajoy. Y el máximo responsable, el Rey.

La dignidad de la Constitución
Editorial ABC 27 Noviembre 2009

La mayoría de los periódicos editados en Cataluña y otros medios de comunicación se alinearon ayer pública y conscientemente con la estrategia de coacción y deslegitimación desarrollada por el tripartito catalán y CiU contra el Tribunal Constitucional. Un inédito editorial común —titulado «La dignidad de Cataluña»— vertió contra esta institución una larga serie de admoniciones sobre las razones por las que debe avalar el nuevo estatuto, todas ellas relacionadas no con la constitucionalidad de su contenido, sino con el hecho de tratarse de una norma situada al margen del control constitucional en virtud de su carácter pactado.

Pero tal y como se ha hecho moneda de uso corriente en los discursos oficiales de la clase política catalana -que no de sus ciudadanos-, el editorial no se conforma con impartir doctrina histórica y política a los magistrados del TC, sino que incluye la consabida amenaza de una «legítima respuesta» a cargo de la sociedad catalana.

Hora es ya de que los partidos nacionalistas -incluido el de los Socialistas de Cataluña- aclaren cuál va a ser su respuesta. En el pasado fue una violación flagrante de la Constitución republicana de 1931, con la creación en 1934 del «Estado Catalán». Resulta evidente que el problema de los nacionalistas catalanes, reforzados por el socialismo catalán y español, no es el TC, sino la Constitución misma, sea ésta cual sea. La amenaza contra el resto de España forma parte del método histórico de una parte de la clase política catalana, pero todos los españoles, empezando por los propios catalanes, tienen derecho a saber qué van hacer el presidente Montilla, los partidos que lo apoyan y los medios que los secundan, si el TC, en el ejercicio de sus legítimas funciones constitucionales, revisa y anula, total o parcialmente, el texto del estatuto de Cataluña.

Nada dicen, pero amenazan. Por eso resulta cínico que el ultimátum publicado como editorial por los medios catalanes se refugie en un impostado constitucionalismo, que incluso sitúa en primera línea la figura de Su Majestad el Rey -«ahorcado» en una postal navideña por el nacionalismo radical- como excusa de sus diatribas. Es más, tanta apelación falsaria a la Constitución Española de 1978 desvela la raíz misma de las contradicciones insuperables del estatuto de Cataluña y su vicio absoluto de inconstitucionalidad. Si, como dice el ultimátum de los medios catalanes, de la decisión del TC sobre el estatuto de Cataluña dependen, ni más ni menos, «la aceptación de la madurez democrática de la España plural» y «la dimensión real del marco de convivencia español», y tiene «en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España»; si todo esto, repetimos, depende de la sentencia del TC sobre el estatuto de Cataluña, entonces no hay prueba más evidente de que este estatuto encierra una modificación ilegal del orden constitucional de España, y debe ser derogado.

Sólo a través de la reforma de la Constitución, avalada por la voluntad soberana del pueblo español, como sujeto nacional único e indivisible, pueden cambiarse las reglas de la convivencia y los pactos constituyentes. Porque ni el Congreso, ni el Senado, ni el Gobierno -aunque lo presida José Luis Rodríguez Zapatero-, ni el Parlamento catalán ni los ciudadanos catalanes son los titulares del poder constituyente de la Nación española. El desprecio por este fundamento de la realidad nacional de España está en el origen de esta atosigante demanda de privilegios. En todo caso, es de agradecer que, por fin, desde Cataluña se haya hecho un reconocimiento tan explícito de la verdadera dimensión constitucional de lo que debería haber sido únicamente un estatuto autonómico.

Sólo a través de la reforma de la Constitución pueden cambiarse las reglas
«Pacta sunt servanda», dice el editorial. «Los pactos deben ser cumplidos». En efecto, deben serlo con el pleno sentido de la reciprocidad que entraña este aforismo jurídico, que podría complementarse con muchos otros que harían recordar a la clase política catalana que el pacto fundamental que vincula a todos los españoles es la Constitución de 1978. ¿Cuándo han aceptado y acatado realmente los nacionalistas catalanes la proclamación contenida en el artículo 1 de la Constitución, «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado», incluidos los autonómicos? ¿Respetan el principio de que «la Nación española es la patria común e indivisible de todos los españoles» (artículo 2 de la Constitución)? Por supuesto, los pactos deben ser respetados y cumplidos, como el pacto constituyente de 1978, que reconoce la autoridad del TC para decidir qué leyes o estatutos se ajustan o no a la Constitución.

Nuevamente, los estamentos cívico-políticos de Cataluña se aferran al furor identitario haciendo de un proyecto nacionalista y de izquierda, como el del estatuto catalán, la seña de identidad de un pueblo que, ciertamente, ha mostrado su «hartazgo», pero no en el sentido que indican los medios catalanes, participados algunos de ellos por la Generalitat en compañía de quienes son capaces de cuadrar el círculo y defender una cosa y la contraria, en Madrid y Barcelona, en un desdoblamiento de la personalidad editorial contrario a la razón. El hartazgo es con su clase política, a la que da la espalda con una abstención endémica que supera la de cualquier otra comunidad autónoma. Este déficit democrático sí debería ser motivo de preocupación para quienes abanderan con tanto desparpajo la ortodoxia catalanista, porque mucho tiene que ver con aquel «3 por ciento» que el presidente Maragall espetó a la oposición nacionalista, o con la malversación masiva de fondos en informes ridículos, o con otros episodios de corrupción clavados en la entraña del sistema sociopolítico establecido en Cataluña. ¿Realmente no se sienten desautorizados por los propios catalanes estos portavoces de la esencia catalana cuando abogan por romper la convivencia y las reglas constitucionales en defensa de un estatuto refrendado por un exiguo 35 por ciento de los electores catalanes, mucho menor que el que recibió el anterior estatuto, y menor aún que el respaldo que dieron a la Constitución? A la hora de hablar de legitimidades, deberían hacer un ejercicio de honrada autocrítica.

Es ridículo buscar la singularidad catalana en que, como pretende el editorial, «los catalanes pagan sus impuestos» y «contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre». La mayoría de los españoles con recursos hacen lo mismo, vivan donde vivan, porque el dinero de los impuestos no tiene denominación de origen. Esto es vivir en una nación y compartir derechos y obligaciones. Ningún privilegio debe resultar de cumplir con los compromisos básicos que conciernen a todos los ciudadanos, y menos aún si se buscan a costa del victimismo frente a Madrid, presente, como no podía ser menos en una soflama nacionalista, en la mención a «los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado».

No es digno defender a Cataluña con estos argumentos rancios y hundidos
No es digno defender a Cataluña y a los catalanes con estos argumentos rancios y hundidos en los localismos previos a la Ilustración, ni utilizar su cultura -que es tanto la escrita en catalán como la escrita en castellano- como arma arrojadiza. La dignidad de Cataluña está en su pasado, en su presente y en su futuro como parte fundamental de España, en su aportación al progreso del conjunto de la Nación con el dinamismo y la pujanza que han caracterizado su historia, en ser el factor de estabilidad institucional que le corresponde y en aspirar a ser la fuerza motriz de España, no su competidora.

Pero conviene no acortar la memoria. Esta defensa del estatuto, arbitraria en lo político, banal en lo histórico y temeraria en lo social, se funda en la irresponsable decisión de José Luis Rodríguez Zapatero y del PSOE de convertirlo en el precio de un pacto político entre la izquierda socialista y el nacionalismo catalán para evitar una nueva victoria electoral de la derecha. Este es el monstruo creado por la ambición política de Rodríguez Zapatero, quien inauguró su mandato hace cinco años diciendo que iba a traer la paz a la política territorial en España. Aquí tiene las consecuencias de haber creído que España era una mercancía a disposición de sus acuerdos de poder.

Jueces en la encrucijada
IGNACIO CAMACHO ABC 27 Noviembre 2009

MUY coriácea ha de ser la piel y muy firme la conciencia de ese magistrado del Constitucional cuyo criterio negativo rompe el trabado empate de la discusión jurídica sobre el Estatuto de Cataluña. Porque para resistir la presión que a él y a sus colegas les está cayendo encima es menester una estructura moral e intelectual de hormigón armado. El verso suelto del TC se llama Manuel Aragón, es discípulo del profesor Rubio Llorente y fue elegido por el llamado bloque progresista, pero al parecer estima que el rasgo más progresista de un juez es su independencia y no traga la dinámica de hechos consumados que trata de imponer el establishment catalán a base de quejoso victimismo preventivo. Considera su señoría que el pacto constituyente del 78 no ampara el reconocimiento de Cataluña como nación ni otros aspectos de su pretendida relación bilateral con el Estado, de modo que ese contumaz voto desequilibra las fuerzas en el Alto Tribunal y amenaza con un revolcón derogatorio del tinglado soberanista que Zapatero auspició para garantizarse un feudo electoral en el que asentar su hegemonía. La clase dirigente catalana está en un sinvivir ante tamaña osadía y ya no sabe cómo evitar la inaudita posibilidad de que el Tribunal Constitucional se atreva a decidir lo que cabe y no cabe en la Constitución.

La tensa disputa por el voto del magistrado Aragón no es más que el penúltimo acto de una tragicomedia de errores que empezó en un mitin preelectoral de ZP y acaba, por ahora, en una sorprendente movilización de unanimidad mediática al servicio argumental de la dirigencia política. En medio queda un delirio legislativo del Parlamento autonómico, un insuficiente raspado de aristas en el Congreso, un pacto a hurtadillas en la Moncloa, varios engaños sucesivos del presidente -a Mas, a Maragall, a Montilla- y un referéndum de raquítica participación que ahora parece la piedra filosofal de la legitimidad estatutaria. Y queda también la penosa autodeslegitimación de un Tribunal Constitucional zarandeado, manoseado e incapaz de evacuar en tres años una sentencia razonable. He aquí una antología de improvisación política, egoísmo institucional y degradación jurídica basada en el cínico principio pragmático de que cuanto mayor sea el enredo más trabajo costará deshacerlo.

Todo eso queda en este momento, según parece, pendiente del criterio de un juez impermeable a la división hemipléjica de sus colegas, situados por las circunstancias en el eje de un crucial tránsito histórico y sometidos a una tensión final inaceptable, colectivamente degradante y democráticamente perversa. En un Estado de Derecho no hay más ultima ratio ética que la jerarquía de la ley y, se pongan como se pongan quienes se pongan, sólo queda la esperanza de que algún hombre que aspire a ser justo se decida a aplicarla conforme a su conciencia.

Nostalgia de tiempos imaginados
FERNANDO FERNÁNDEZ ABC 27 Noviembre 2009

UN editorial común en toda la prensa llamada catalana, lo que excluye a gran parte de la prensa que se lee en Cataluña, es un hecho insólito en la libertad de prensa que recuerda cuánta nostalgia franquista queda en la sociedad española, particularmente donde la dominación cultural nacionalista ha sido la norma. Me ha producido hondo estupor. Estupor porque el editorial se fundamenta en cinco premisas totalitarias, o al menos predemocráticas. Estupor porque gente sensata considere una agresión a Cataluña el ejercicio de las obligaciones constitucionales.

Las cinco premisas son las siguientes.

Primera, la dignidad de un territorio está por encima de la dignidad de las personas que allí viven y trabajan, lo que nos retrotrae directamente al feudalismo y supone olvidarnos del renacimiento.

Segunda, «un viejo pueblo europeo» tiene derechos preexistentes a la democracia y a la Constitución de 1978, derechos no escritos ni codificados que interpretan los sumos sacerdotes depositarios de la fe nacionalista y que permiten expedir certificados de sangre; derechos por cierto que reaparecen en el siglo XIX como una auténtica contrarreforma ante el liberalismo republicano que viene de Francia.

Tercera, una sentencia negativa supone enterrar el espíritu de la Transición. Fue el presidente Zapatero el que decidió personalmente enterrar la Transición. Su espíritu hubiera obligado a pactar con el Partido Popular un Estatut, que ahora se reconoce forma parte del bloque constitucional. Su espíritu hubiera obligado a aprobarlo en referéndum por mayoría absoluta (50 por ciento del censo) en todas las provincias, como se le exigió a ese joven pueblo andaluz. Y su espíritu hubiera aconsejado someter el texto a recurso previo de constitucionalidad.

Cuarta, los pactos están para cumplirlos y el Tribunal Constitucional no puede actuar como un cirujano de hierro sino que está obligado a aplicar la justicia relativa. Es una afirmación increíble, completamente totalitaria, pues supone que el presidente del gobierno, en una larga noche de conversaciones en La Moncloa, compromete a todas las instituciones del Estado. Se carga la separación de poderes de Montesquieu y el imperio de la ley de Kelsen. Si la verdad absoluta no existe en democracia, repasemos lo que se escribe a propósito de la libertad religiosa o del aborto por ejemplo, tampoco existe para la causa nacionalista. Si los pactos están para cumplirse, liberemos ya a los dos piratas del «Alakrana». Si la causa nacionalista justifica los medios, cerremos el Constitucional, el Parlamento y el Gobierno de España y avancemos todos unidos hasta la victoria final.

Y quinta, el creciente hartazgo de la sociedad catalana exige una sentencia favorable al Estatut. Si me permiten una distracción, esto es cómo decir que el hartazgo de los socios del Real Madrid justifica que la UEFA amañe los partidos y gane la Champions. Lo que sin duda crisparía a los socios del Barcelona. En serio, la sociedad catalana no es solo nacionalista y cuando tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre un texto estatutario no demostró un gran interés. Y aunque lo fuera, eso no compromete a las instituciones del Estado. La sociedad catalana no exhibe el estatuto como su gran preocupación. Al día siguiente de la sentencia no pasará nada, no desaparecerá la Generalitat, ni el catalán, ni siquiera el AVE. Basta de amenazas de aquellos mismos que hace unos años decían que no pasaba nada, que los catastrofistas éramos otros.

Dicho todo esto, tenemos dos problemas. El editorial refleja el sentir de una parte de los catalanes y una parte de los españoles se sienten indignados. Nunca antes la Cataluña oficial se había distanciado tanto de la España real. Sólo nos quedan las instituciones. Y fundamentalmente el Tribunal Constitucional. Que su fallo sea sólo en Derecho. Y que luego los políticos hagan lo que crean que deban hacer, incluida en su caso una reforma de la Constitución. Pero sin atajos, utilizando los mecanismos previstos en la propia Constitución. Todo lo demás es incompatible con la democracia.

Nadie por encima de la Ley
BENIGNO PENDÁS Profesor de Historia de las Ideas Políticas ABC 27 Noviembre 2009

Presiones a tope contra el TC. Por supuesto, los nacionalistas de todos los partidos: unos por «ius sanguinis» y muchos por «ius soli», incluidos los que llegan tarde, como Montilla y buena parte del PSC. Los de siempre exageran cada día un poco más: «independencia», «autodeterminación», por supuesto «nación», ya no son patrimonio de radicales y extremistas, sino lenguaje al uso en los partidos burgueses que presumen de moderados. Zapatero y los suyos hablan claro: «España no puede negar la decisión de los catalanes», dijo Rubalcaba; luego matizó, pero nunca se arrepintió. El presidente, por si acaso, anticipa su plan B. Una sentencia «desfavorable» también tiene ventajas partidistas: rebaja las ínfulas del PSC; tranquiliza a las regiones socialistas y españolistas, víctimas del modelo de financiación privilegiada; sobre todo, traslada las culpas a la España eterna, insensible ante la sedicente pluralidad de naciones. Léase: el PP contra Cataluña, según la ministra de Defensa... Última novedad: editorial conjunto bajo el manto de una ofensa imaginaria a la «dignidad» de Cataluña. Excesos retóricos aquí y allá: «hartazgo», «maniobras», «cirugías de hierro»...Vendaval con aires de Fronda, así como una apelación hipócrita al consenso constitucional. «Pacta sunt servanda», dicen. Pero los pactos son nulos cuando son contrarios a la ley. En este caso, a la Ley de Leyes surgida de la voluntad soberana del pueblo español, titular único del poder constituyente. El TC está llamado a determinar si existe una contradicción que resulta evidente desde la perspectiva del sentido común. Todos nos jugamos mucho, al margen de manipulaciones interesadas.

Primero, decir la verdad: en esta Constitución sólo cabe una nación que se llama España, integrada por nacionalidades y regiones en calidad de partes constitutivas. Tampoco son aceptables las normas del Estatuto sobre bilateralidad, financiación y lengua. Son muy discutibles los derechos «seudofundamentales» y la nueva rapiña competencial. Dejo para otro día una cuestión decisiva. Constitucional no significa bueno, justo y oportuno. Planea sobre el debate social una suerte de dogma de fe que santifica cualquier transferencia de poder a las comunidades autónomas. Así, hemos creado un monstruo político -copio al clásico Puffendorf- que siempre lleva razón: controla, distribuye, subvenciona (a los amigos), excluye (a los discrepantes)... Es cierto, sin embargo, que esta falacia universal es ajena a las competencias del TC, atado por su condición de intérprete supremo y ajeno a consideraciones de oportunidad política... Así debería ser, al menos. Volvamos al problema eterno, penitencia colectiva para todos los españoles. Las naciones y no los Estados son el ámbito natural de las emociones colectivas. Admitida su existencia, la quiebra de los lazos afectivos es cuestión de tiempo y la ruptura formal es posible -incluso probable- en un contexto histórico propicio. Quiero decir que la cualidad de nación aplicada a Cataluña produce los mismos efectos ya sea en el preámbulo o en el texto propiamente normativo. No hay que dejarse engañar por una literatura estéril sobre nación «política» y «cultural». Además, quedan referencias inequívocas incluso tras el paso del proyecto por las Cortes Generales: bandera, fiesta e himno son símbolos «nacionales» de Cataluña.

El texto difumina la distinción entre Constitución y Estatuto, es decir, entre soberanía y autonomía, hasta hacerla irreconocible. Si me permiten acudir al gran Carnelutti, en referencia a los convenios colectivos, estamos ante una norma con «cuerpo» de ley orgánica y «alma» de Constitución. Por fortuna, el constituyente fue muy exigente a la hora de preservar el núcleo duro frente a los oportunismos coyunturales. Por tanto, el socialismo posmoderno y sus socios ocasionales dan un rodeo por territorios de tránsito más sencillo, a saber, la vía espuria de la Constitución degradada. Como si Kelsen o el juez Marshall no hubieran existido nunca, como si Enterría no hubiera escrito La Constitución como norma. Así, vuelan trozos de soberanía semántica y conceptual... Por eso, contra el parecer de nuestros colegas catalanes en su editorial conjunto, la dignidad que debemos preservar -ellos y nosotros- es la dignidad de la Constitución, letra muerta si se convierte en pura retórica sin contenido normativo. Así lo aprendimos de la generación de nuestros maestros en el Derecho público; también los amigos catalanes, por supuesto. Sin ir más lejos, el mismo Zapatero: dicen que fue alumno aplicado en León; ahora podría preguntar a Rubio Llorente... ¿Qué tal si hablamos de derechos históricos?

Resulta que una fórmula posibilista con un destinatario concreto, el País Vasco, pretende ser emulada por todos. El rancio historicismo que se desprende de ciertas declaraciones del Estatuto catalán (y de los demás, me temo, ya aprobados o en proyecto) produce malestar a quienes estamos educados por fortuna en el respeto a la Ilustración, a la razón práctica kantiana y a la teoría genuina del estado constitucional. Es triste pensar que la izquierda asume los anhelos románticos del Espíritu del Pueblo al servicio de una comunidad orgánica y a veces mística. Ver para creer.

Por lo demás, el privilegio territorial es incompatible con la ideología (supuestamente) socialista, porque supone a medio o incluso a corto plazo la quiebra de la sociedad del bienestar. Bajando a la tierra, crea un problema irresoluble para mantener al nivel actual a una clientela mimada generosamente en las regiones que actúan como «granero» de votos. Es evidente que los reinos de taifas son un desastre para la eficacia y la eficiencia en políticas generales (como educación o sanidad) o sectoriales (así, suelo y ordenación del territorio). Por ello, la nefasta doctrina del Estado residual que se desprende del Estatuto conduce a ese extraño modelo «confederal» que nadie sabe decir en qué consiste. Acaso porque nos equivocamos de estantería: para entender algo, hay que rebuscar en la sección de Derecho Internacional. ¿Ese era el objetivo? En tal caso, no pueden contar con la aquiescencia del TC. Una institución, por cierto, que se juega literalmente su futuro. Está claro: si hay varios poderes originarios (por ejemplo, «España y Cataluña»), el arbitraje entre ellos requiere un órgano de características sustancialmente distintas al actual. Ya no habrá lugar para los juristas de reconocido prestigio y serán llamados al cargo ciertos políticos veteranos con fama de amigables componedores. Con el tiempo, las instituciones fallidas se aparcan en el museo de la arqueología constitucional...

Ojalá el Tribunal esté a la altura de sus responsabilidades. Si dicta la sentencia que debe ser, poco importa el griterío coyuntural. En caso contrario, no debemos jugar alegremente con el catastrofismo. España sigue ahí y no procede escribir una nueva historia al gusto de las élites de uno u otro signo. Unos quieren ganar la Guerra Civil con carácter retroactivo. Esta vez se trata de cambiar el signo de la Guerra de Sucesión. En el fondo, hay mucho de revancha del austracismo frente a los decretos de nueva planta. Menos mal que muchos, la inmensa mayoría, preferimos todavía salvar la letra y el espíritu de la Transición democrática.

El momento de la calma
CARLOS HERRERA ABC 27 Noviembre 2009

TODO es un disparate, todo: la acción y la reacción, el yin y el yan, el anverso y el revés. Hay cosas que están condenadas a acabar mal y me temo que este asunto del Estatuto catalán dejará la cuneta sembrada de tullidos. Ignoro si él mismo es constitucional o no, ignoro si técnicamente plantea problemas insuperables a la organización del Estado o no, ignoro si es una mera estrategia para la consecución de un fin último separatista o no, pero no se me escapa que están jugando con fuego y sembrando de minas la convivencia más elemental de los ciudadanos, aquella que les lleva a hablar con sensatez y libertad de los problemas cotidianos que la política debe resolver. Están jugando con el odio, y el odio sembrado en las masas populares prende de forma inmediata y tarda muchos años en aplacarse: es, por así decirlo, la inyección de una bomba vírica que contamina inmediatamente los tejidos más hondos del pensamiento y contra el que no hay antídoto que valga. La oligarquía política ha diseñado un escenario irreal, un tramado de intereses perversos en virtud del cual se ha diseñado el futuro único posible de una sociedad medianamente próspera: Cataluña sólo será posible desde la suficiente desafección de una ciudadanía a la que hay que convencer de que el resto de esta indeseable España se levanta todas las mañanas con la idea de hacerle la vida imposible. Nadie, según esta aproximación al ensueño, madruga con la idea de solventar sus problemas esenciales y sus cuitas inevitables; antes al contrario, despiertan con la única preocupación de alterar la vida plácida y tribal de una comunidad del noreste, la cual debe temer la avalancha de hirsutos y malvados bárbaros dispuestos a robarles todo aquello que es suyo, desde la lengua hasta las peculiaridades posturales. Le han dado la máxima potencia al fuego con tal de que reviente, antes o después, la olla a presión. Es un juego que, de no ser irresponsable, parecería infantil: los de segundo A han de enfrentarse sin recato a los de segundo B por una mera cuestión de determinismo histórico.

Puestos a ignorar, ignoro si es cierto el anticatalanismo que se denuncia desde las entrañas del pensamiento único catalanista, aunque sí me malicio que se ha sembrado una desconfianza infranqueable entre comunidades globales. Digo globales por cuanto desde la Cataluña oficial y política se habla del conjunto de los españoles pero nunca de sus comunidades diferenciadas: el problema lo tienen, según parece, con España en su conjunto, pero no con sus comunidades individualizadas, lo cual resulta curioso: la susodicha oligarquía hablará mal del total pero no dirá lo mismo de los andaluces en particular, los asturianos o los canarios, que, curiosamente, forman todos ellos España. Hablan mal de una familia, pero se llevan bien con todos sus miembros y jamás se atreverán a pormenorizar sus despechos contra cada uno de forma individual.

La salida de pata de banco de la subvencionada prensa catalana -la misma que no se ha caracterizado por la electricidad coordinada contra la corrupción, la desidia, el despilfarro o el desencanto- ha movido a otras tantas salidas de patas de banco de buena parte de la prensa editada en el resto del país. Frente a la posibilidad de enfriar el juego, serenar el ánimo y contrastar opiniones con la imperturbabilidad exigible, ha comenzado el fuego cruzado y el lanzamiento de trastos a la cabeza. Es el momento de la responsabilidad colectiva y del esfuerzo coordinado por tratar de no decir más tonterías de las asumibles por una sociedad perpleja. Es el momento de la política responsable, de la templanza de Estado, de los nervios forrados de titanio, de las llamadas a la calma; justo lo que necesita la sociedad, incluida la más levantisca. El deber de los representantes políticos es el de no vaciar bidones de gasolina sobre la opinión pública. Y en ello van implícitos los medios de comunicación.
www.carlosherrera.com

La nomenklatura catalana
EDITORIAL Libertad Digital 27 Noviembre 2009

Contaba Solzhenitsyn en su monumental Archipiélago Gulag una historia que tuvo lugar en un comité local del Partido Comunista. Según iban acumulándose los discursos de sus miembros, todos ellos laudatorios del líder Stalin, los aplausos iban siendo cada vez más fuertes y prolongados. Hasta tal punto llegó el entusiasmo, que en un momento dado la ovación se alargó con visos de no acabar. Los miembros del partido se miraban unos a otros, temerosos de ser el primero que dejara de aplaudir. Cuánta razón tenían, pues quien finalmente abandonó las palmas y permitió a los demás hacer lo mismo acabó con sus huesos en los campos.

Parece como si los subvencionados diarios catalanes hayan querido evitarse este doloroso trance, asegurándose de que no existe ninguna diferencia, ni siquiera de matiz, en el grado de adhesión a los principios fundamentales del movimiento. Así, han publicado una suerte de parte oficial en comandita, al que se han sumado en cuanto han podido varias radios pagadas con el dinero de todos los catalanes y hasta el Barça, demostrando que lo que califican de "identidad catalana" exige una uniformidad absoluta. Ellos, que protestan por unas supuestas "cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española", han demostrado no creer que dentro de las fronteras de su terruño tengan derecho a existir unas ideas distintas a las suyas, optando por la simplificación más burda posible de esos catalanes a los que dicen defender.

El argumento esencial, y cabría decir único, de la prensa del régimen es que el Tribunal Constitucional no puede echar abajo una ley aprobada en referéndum, por más escasa que haya sido la participación en el mismo. Pero tanto la existencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como la legalidad del mismo Estatuto descansan en la soberanía de la Nación española y los límites marcados en la Constitución. Los catalanes no pueden concederse un régimen que se aparte de la legalidad española sin reformar nuestra carta magna, del mismo modo que un ciudadano no puede saltarse la ley con la excusa de que se lo ha permitido su comunidad de vecinos.

Pero siendo sin duda criticable esta suerte de manifiesto de adhesión al régimen tanto en el fondo como en la forma, lo que no cabe es protestar por el hecho de que intente presionar al Constitucional. Desgraciadamente, y a raíz de la ya lejana sentencia del caso Rumasa, el TC se ha contaminado de política. Es difícilmente cuestionable que, si se limitara a lo estrictamente jurídico, el dictamen habría llegado hace años, anulando una parte considerable del Estatuto. Recordarlo es un deber continuo, especialmente del partido que presentó el recurso y recogió cuatro millones de firmas para apoyarlo.

Por eso decepciona, aunque no sorprenda demasiado, que después de haber presentado una respuesta seria y contundente al Estatuto, Rajoy asegure ahora "no tener nada que decir" ante la avalancha de presiones provenientes del nacionalismo catalán, con el apoyo de un Zapatero que terminó convertido en uno de los ponentes del texto. Que el Gobierno de España apoye un Estatuto anticonstitucional es escandaloso, pero mientras el PSOE esté al frente entra en el guión. Pero a los ciudadanos preocupados por lo que supondría un refrendo del TC al engendro nacionalista no les puede contestar Rajoy quitándoles toda esperanza.

Como mínimo, si no quisiera entrar en excesivos detalles, podría haber hecho una declaración más institucional, explicando que negar la legitimidad al TC para decidir sobre la constitucionalidad del Estatuto es demostrar que se carece de respeto por nuestra carta magna, que establece la creación de este tribunal como intérprete máximo de la Constitución. Al hacerlo, la prensa del régimen nacionalista y quienes apoyan sus argumentos se han quitado hasta la apariencia de legitimidad a la hora de opinar sobre la constitucionalidad del Estatuto.

Desde la Transición se ha podido constatar la correlación entre los gobiernos nacionalistas y la supresión de las libertades de los ciudadanos. Este editorial conjunto viene a demostrar hasta qué punto resulta asfixiante este régimen después de casi tres décadas de gobierno ininterrumpido. Si el Tribunal Constitucional no declara ilegal lo que es claramente ilegal, esa destrucción de España y de nuestras libertades carecerá ya de freno alguno. En eso deberían reflexionar los magistrados. Tienen la oportunidad única de ser los primeros en dejar de aplaudir.

Estatut
La comunión editorial
Cristina Losada Libertad Digital 27 Noviembre 2009

Doce periódicos y un mismo editorial sería noticia. Doce periódicos de Cataluña y un mismo editorial, no lo es. La comunión de la prensa catalana con el poder político es una constante. Su filípica al alimón, destinada a coaccionar al más alto tribunal para que se abstenga de hacer su trabajo, es la expresión, identitaria e idéntica, de una crónica vocación de servidumbre. Y bien pagada. Así, el sentimiento catalanista del conde de Godó, por citar al Grande de España mancomunado con unos cuantos pigmeos provinciales para ese J’Accuse pasado por Aromas de Montserrat, se cuantifica en los más de 36 millones de euros con los que la Generalitat riega anualmente su cuenta.

Los editores afirman que el TC "ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara", pero lo que exigen es que se conduzca como un caddy que, obediente, recoja las boñigas conceptuales, muy honorables ellas, que depositaron Montilla y sus cuates. Esto es, pretenden que el Tribunal abdique de la tarea que le encomienda la Constitución y se aplique a cumplir sin rechistar la que ellos le ordenan. Aunque de atenernos a la lógica peregrina que anima el editorial, si el TC ratificara el Estatuto, el señor conde y sus apéndices deberían protestar, ya que tienen por incapacitado al Tribunal y por ilegítima cualquier decisión que adopte. Si no puede opinar, señores, tampoco puede opinar a favor.

Se arrogan los heroicos pensionados de Montilla la representación de Cataluña y su sociedad, combinando el victimismo lacrimógeno con la amenaza larvada de un conflicto en caso de que el TC osara impugnar una coma de sus sagradas escrituras. Ya puestos, una se pregunta por qué no amenazan también con los tormentos del averno a ese 65% largo de catalanes que decidieron dar la espalda a Montilla, al conde, al tebeo de los Nadal y a su claque de relleno, el día del famoso referendum. Yo, al igual, por cierto, que los autores de la encíclica, no soy quién para dar lecciones de dignidad al electorado catalán. Pero si alguna vez la prensa del oasis se propone recuperar la suya, aquí tiene una idea: publiquen un exordio colectivo contra la cleptocracia. Ésa que llevan treinta años encubriendo en sus impolutas páginas editoriales.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Estatut
Locura política y fracaso social
Agapito Maestre Libertad Digital 27 Noviembre 2009

Hoy por hoy, desde el punto de vista político, España es inviable. El "tablero" político está sustentado en la mentira institucionalizada. Llamarle desobediencia institucional o, sencillamente, rebelión contra la legalidad constitucional de 1978 a las presiones que está ejerciendo el Gobierno de Montilla sobre el Tribunal Constitucional para que no declare anticonstitucional el Estatuto de Cataluña es quedarse corto. La cosa es más grave. Ese Gobierno regional se salta las leyes, presiona a los tribunales e insulta a millones de españoles. Ese Gobierno y toda la casta política de Cataluña, junto a los medios de comunicación que han firmado un editorial amenazando no sólo al Tribunal Constitucional sino también a quienes despreciamos el Estatuto de Cataluña por anticonstitucional, tienen que ser juzgados políticamente como merecen: como traidores.

Nos amenazan, sí, y nos insultan, pero la pastueña sociedad española traga con esas miserias. No seré yo, sin embargo, quien calle. O sea, les digo que su reacción es propia de matones intelectuales y delincuentes potenciales. Es obvio que la prensa de Cataluña ha tenido un comportamiento tan tribal y susceptible de delito como el Gobierno catalán. Es menester que actúe el Ministerio Fiscal o, en su defecto, alguien que denuncie el asunto a través de la acción popular. El Código Penal tiene artículos muy precisos para detener esta locura. Por lo tanto, o alguien les hace cumplir la ley, que sería tanto como suspender la autonomía de esa región, o nos acostumbramos a vivir en la locura.

En otras palabras, ya no se trata de conllevar a esta "casta política" catalana y a sus palmeros intelectuales, sino de reconocer que el asunto del Estatuto es el fin de la normalidad social. Esta gente ha sobrepasado todos los límites de la cordura social. La casta política catalana es golpista y, sobre todo, cobarde. Pero, peor, mucho peor, que el personal de Cataluña es el jefe del Gobierno de España que ha pervertido todas las instituciones democráticas, empezando por el Parlamento español, al decirle a Mas y Montilla que él aprobaría todo, absolutamente todo, lo que viniese de Cataluña. En esa decisión irracional reside la locura política que se ha instalado en nuestro país.

Sin pasar por esa locura es imposible reconocer tres verdades sencillas. Primera, no vamos hacia al abismo en la vida pública, sino que vivimos instalados en un sinsentido político. Ha desaparecido el sentido común y las instituciones sólo sirven para que los políticos nos sigan robando a los contribuyentes nuestro Estado nacional. En segundo lugar, una sociedad que tiene unos medios de comunicación uniformados por el poder político es una sociedad totalitaria. Una perversión. Y, tercero, nadie puede confiar ya en ninguna institución nacional, cuando tiene un presidente de Gobierno tan grotesco que no sólo cuestiona teóricamente la nación española, sino que la desprecia al aceptar una ley orgánica como superior a la Constitución.

Digámoslo con sencillez democrática: Cataluña es inviable, porque España no existe como nación. Mientras Cataluña mantenga secuestrada a la nación española, Cataluña no será nada. En verdad, no es nada. Sólo un territorio en manos de unos políticos descerebrados que sueñan con un Estado asociado a España. Imposible. Tan imposible como la viabilidad del PSOE en un futuro próximo. Del PP, de ese partido en manos de un político de salón, mejor no hablamos. Y de la sociedad, sólo puedo decir que está abducida por las miserias de su casta política, y por las falsedades de los medios de comunicación; la mayoría de la sociedad española vive, en efecto, como si aquí nunca fuera a pasar nada.

Pero está pasando y es muy grave, a saber, la sociedad civil en España ha desaparecido. Todo es muchedumbre. El gentío español sobrevive anestesiado por las soflamas propagandísticas del Gobierno. Su única preocupación es llenar la andorga. Ese gentío es el principal sustento de toda la casta política, incluida la atildada del PP. Es el principal material del que está hecho quienes siguen, todavía, aplaudiendo a un monarca tan castizo como melifluo a la hora de defender el Estado nacional.

La unanimidad entre prensa y poder no sale gratis
José Antonio Gundín elsemanaldigital 27 Noviembre 2009

Del mismo modo que cuando el pobre come jamón es que el pobre está enfermo o el jamón está malo, cuando la prensa se convierte en noticia es que la prensa está con fiebre o la noticia es truculenta. El terremoto provocado por el editorial conjunto de doce diarios catalanes recuerdan a aquellas mareas de adhesiones inquebrantables del franquismo. Ayer no hubo político, salvo los del PP, ni organismo oficial catalán que no saliera en ardiente defensa del editorial contra el Tribunal Constitucional. Asombroso, incluso desde el punto de vista meramente sociológico. Esa fusión granítica de poderes y prensa es la genuina expresión del pensamiento único.

La prensa unánime, que habla con una sola voz, sólo existe en los regímenes dictatoriales, que no admiten otras opiniones que las suyas. Por eso, que en un régimen democrático pueda registrarse un episodio de unanimidad concertada resulta, no sospechoso, sino también perturbador e indeseable. Como es natural, puede haber y ha habido excepciones; en Madrid, sin ir más lejos, hubo tomas de posturas comunes de la prensa contra actos terroristas en los difíciles momentos der la transición, alguno de los cuales acabó con la vida de un empleado de periódico. Pero nunca se había dado un caso igual por algo que todavía no ha ocurrido, por una supuesta sentencia que ni siquiera está escrita.

Que los políticos ejecuten ataques preventivos forma parte de su profesión, una de cuyas máximas es que no hay mejor defensa que un buen ataque. Pero que a ese juego se preste la prensa es algo que va contra la propia naturaleza de la profesión periodística, uno de cuyos principios es que no se debe juzgar algo que todavía no ha sucedido. Ni elevar a categoría de noticia lo que sólo es un rumor. Atacar a los magistrados por algo que todavía no han sentenciado acerca a parte de la clase política y periodística catalana a Berlusconi, que editorializa cada día contra los jueces de su país.

Desde luego, los colegas catalanes están en su derecho de velar por la dignidad de Cataluña, pero la obligación del Tribunal Constitucional es velar por la dignidad de todos los españoles, incluidos los catalanes, de modo que nadie sea más que nadie, que no haya discriminación entre ellos y las leyes sean igual para todos. Si su sentencia sobre el Estatuto desagrada al 30% de los catalanes, que ese fue el porcentaje que lo votó favorablemente, será una lástima. Pero si el Tribunal no cumpliera con su deber de manera imparcial, entonces los afectados serían 44 millones de españole

Unanimidad subvencionada
Alfredo Casquero elsemanaldigital 27 Noviembre 2009

La comunidad autónoma de Cataluña no es una nación. La lengua catalana no es la única oficial en esta comunidad, ni siquiera la más importante. La ley catalana no puede estar por encima de la ley española, de la que deriva. Cataluña es una región de España. La soberanía no reside en el parlamento catalán, sino en el español, depositario de la soberanía del conjunto. El estatuto de Cataluña, aprobado por menos del cuarenta por ciento de la población, que demuestra así el desinterés del pueblo catalán, que es también pueblo español, no está por encima jerárquicamente de la Constitución. La editorial única publicada por los periódicos catalanes, suena a pensamiento único, a prensa del régimen, a prensa unánime. Suena a Pravda o a Movimiento Nacional. Suena a subvención, porque ya se sabe, la pela es la pela, y la subvención la subvención. Suena a la Cataluña paleta y cerrada de los últimos tiempos desde Pujol a Montilla.

Dichas las anteriores obviedades, el Tribunal Constitucional ha de actuar sin más dilación. La presión que intentan ejercer la casta nacionalista no puede ser tenida en cuenta. Es más, las últimas declaraciones deberían servir para poner en su sitio, en la Constitución, a tanto advenedizo. Lo que faltaba para redondear el panorama patético de la Cataluña antipática y faltona, (que es la que representa ahora la política catalana, no los ciudadanos), es otra nueva muestra del régimen, otra prueba más de que la libertad esta muy por debajo de una errónea y falaz causa identitaria. Hasta la fecha la unanimidad de la prensa catalana consistía en el famoso oasis, en ese mirar a otro lado ante la corrupción, o ante el abuso de poder. Ahora dan un paso atrás en el tiempo. Y se van a la tribu, a la caverna platónica, a la mentira.

Al igual que con el Plan Ibarretxe el desafío institucional de los nacionalistas catalanes, retransmitido y escrito por los medios subvencionados, no puede ser pasado por alto. El Gobierno español, debe dar una respuesta institucional, seria y pactada con el principal partido de la oposición. Rodríguez Zapatero, responsable último de esta amenaza, ha de convocar urgentemente a Rajoy, y juntos con el respaldo de la mayoría del pueblo español, cerrar de una vez por todas las puertas al chantaje permanente de los nacionalistas.

El estatuto de la comunidad autónoma catalana es una norma de rango inferior a la Constitución. Y el único intérprete es el Tribunal Constitucional. Si eso no lo entienden los medios subvencionados por la Generalidad, y no lo entienden los nacionalistas catalanes, PSC incluido, allá ellos. La Constitución se puede reformar. Nadie dice lo contrario, Pero a lo mejor conviene introducir en el debate nacional que la reforma puede ir encaminada en sentido contrario a lo que exigen los nacionalistas. Puede ir encaminada al sentido común, justo el camino contrario que proclaman, con voz firme y prietas las filas, los periódicos cuyos silencios, unanimidades, y editoriales únicas son regadas mucho dinero.

El amo paga bien. Y ellos son la voz de su amo.

La matriz del editorial y la intimidación al TC
El toque histérico de corneta de la oligarquía catalana
Los políticos han hecho su pacto y la soberanía catalana ya tiene vendido el pescado
Pedro-Juan Viladrich Periodista Digital 27 Noviembre 2009

Vale la pena el editorial de los 12 periódicos catalanes de mayor difusión. Contiene una antología de hábiles falacias que harían las delicias de un seminario de constitucionalistas si en España hubiera Estado de Derecho.

Corrijo. Si en España la clase política aceptase someterse al imperio de la ley y al principio de legalidad, no hubiera manoseado el principio de separación de poderes, no interpretase las leyes y también la Constitución con aquella impune arbitrariedad —ora San Antón ora la Asunción— que conviene a sus intereses y componendas partidistas para acceder y mantenerse en el poder o si, tras amañar el nombramiento de los jueces importantes, sobre todo los miembros del Tribunal Constitucional, no fueran esos mismos políticos los primeros en rasgarse las vestiduras, ofendidísimos, al temer que las criadas puedan salir respondonas a sus señores.

HISTÓRICA COMPLICIDAD
Si ese elenco de corrupciones del Estado de Derecho no las padeciese España de luengo, en tal caso el editorial de los doce —no sé si dictado por uniforme— sería un insólito pero intolerable desbordamiento del periodismo fuera de su identidad y servicio informativo y una histórica complicidad con el poder para condicionar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán.

Tal grado de complicidad en la intimidación habría que explicarla o bien en términos de atenuante etílica o en otros más graves, como los que con mucho tino cita Jorge de Esteban al recordar el delito del 508,2 del Código penal, que pena hasta con seis años de cárcel el instruir, ordenar o intimidar a los jueces por parte de las autoridades políticas…y a sus cómplices. La complicidad me parece obvia, porque es contranatural a la libertad de expresión y al pluralismo que los medios catalanes se hayan uniformado, en tiempo cero y velocidad infinita, por obra de la Virgen de Monserrat.

EL TUFO DE LA OLIGARQUÍA CATALANA
El tufo es que la oligarquía catalana ha pedido a su aparato mediático un toque histérico de corneta. Digan al Tribunal Constitucional que abandone su función de velar por la constitucionalidad de las leyes con la Orgánica del Estatuto, porque los políticos han hecho ya su pacto, han logrado aprobarlo en el Parlament y en el Congreso, y que la soberanía catalana ya tiene vendido el pescado.

El editorial uniforme le plantea al Alto Tribunal una alternativa sabrosa de puro contradictoria e ilegal: o aceptas la constitucionalidad del Estatuto y entonces te aceptamos como Tribunal Constitucional o si declaras la inconstitucionalidad de una parte, no digamos del todo, entonces no aceptamos tu sentencia, porque careces de legitimidad institucional y, además, sacaremos a relucir la historieta de cada nombramiento para desprestigiar a cada juez, y apelando a la ofensa a la dignidad de Cataluña, tomaremos las medidas políticas y sociales adecuadas para imponer dicho Estatuto.

Con mejor pluma y manipulación los doce del uniforme han venido a presionar con lo mismo que Montilla y su tripartito vienen coaccionado desde hace semanas.

¿DE DÓNDE ARRANCA ESTE EMBROLLO?
De la decisión de Zapatero y cómplices de hacer una reforma de la Constitución, en arquitecturas esenciales, por vía estatutaria. Una profunda y taimada deslealtad a la soberanía de todos los españoles. Zapatero y Cía. preveían que los ciudadanos no aceptaría la maquinación confederal catalana y, luego la vasca si tal cambio sustancial de régimen se hacía acatando las previsiones de la Constitución acerca de su reforma, con disolución de las Cortes Generales y referéndum de la nación española.

Quizás temieron que, de confesar sus intenciones, les correrían a gorrazos. Así que se hizo por la espalda. No se si a eso se llama “a traición”.

Pedro-Juan Viladrich es vicepresidente de Intereconomía. Este artículo se publicó originalmente en La Gaceta.

La prensa catalana se hace búlgara
Irene Lozano Estrella Digital 27 Noviembre 2009

Salí ayer de casa temprano, con el temor de que los tanques estuvieran en la calle para enfrentarse a unos forajidos que pisoteaban la dignidad de Cataluña. Doce periódicos catalanes publicaban con gran despliegue tipográfico el mismo editorial. Pensé que, si la prensa catalana se hacía búlgara, sólo podía deberse a que había tenido lugar un golpe de Estado con implantación de la sharia incluida. Pero no. Los semáforos funcionaban, las farolas lucían. En Barcelona, ni los mercados estaban desabastecidos ni los aviones aterrizaban puntuales en el Prat: normalidad absoluta.

Lo único anormal se encontraba en los quioscos: la decisión de gran parte de la prensa catalana de cancelar por un día el pluralismo. Grave medida cuando proviene de las propias empresas periodísticas y, además, quiere dar una respuesta extraordinaria a un proceso ordinario. A la oligarquía catalana podrá no gustarle, pero la revisión de las leyes por un tribunal -llámese Constitucional, Supremo o como se quiera-, no sólo es habitual, sino que debe serlo. Forma parte del sistema de controles entre poderes que funciona en todos los países democráticos, y también en España. Desde luego, aquí tiene sus limitaciones, y el partidismo y la desidia del Constitucional dañan su credibilidad. Sin embargo, no es serio cuestionar los procedimientos cuando no convienen, como hace ahora la prensa o la clase política catalana. Tampoco lo es, por cierto, negar validez al referéndum del Estatuto catalán por la alta abstención si previamente no se decreta la nulidad de las consultas con una participación inferior al, pongamos, 50%.

Hay cada vez más gente que confunde la democracia con las votaciones y esto resulta preocupante. El marco legal, es decir, la Constitución y, por tanto, su garante, el Tribunal Constitucional, no sólo puede abolir leyes o artículos que lo contradigan, sino que debe hacerlo. Por definición, la voluntad popular, por muy democrática que sea, está constreñida por ese marco: en realidad, la Constitución existe para asegurar que los ciudadanos no votemos cualquier cosa. Si se aprobara en referéndum privar de subsidio de desempleo a los católicos, el Tribunal Constitucional lo vetaría, por más que lo hubiera refrendado el 99% de la población.

Aunque parezca paradójico, esa limitación a la voluntad popular constituye la principal garantía de la democracia, que no consiste sólo en votar, sino en hacerlo con arreglo a un sistema de derechos y libertades. Ese sistema es fruto de un pacto, el de la Constitución de 1978, y si en algo le doy la razón al Gran Hermano editorialista catalán, es cuando sentencia que "lo pactado obliga". Por supuesto, esa obligación no es eterna, porque los pactos se pueden revisar y modificar. Pero también los cambios constitucionales tienen sus procedimientos, y no se pueden dictar con un editorial monolítico lanzado a modo de fuego graneado.

La prensa catalana se ha alineado ayer, sin fisuras, contra un principio básico del juego democrático, el de los checks and balances, los controles y equilibrios. Y al hacerlo no da fe de lo crítico del momento, sino de haberse convertido en una casta. Porque es propio de las castas con poder el pedir la suspensión de las reglas cuando creen que éstas les impedirán conservar la hegemonía.

www.irenelozano.com

Estatut
Indignidades
Guillermo Dupuy Libertad Digital 27 Noviembre 2009

"No voy a decir nada; mi posición es conocida: es el respeto a la ley y a las reglas del juego, y punto. Y a partir de ahí, cada uno puede opinar lo que quiera, hasta ahí podíamos llegar". Naturalmente, Sr. Rajoy, que "cada uno puede opinar lo que quiera, hasta ahí podíamos llegar". Lo que queríamos saber los españoles –entre ellos los diez millones que le han votado– es lo que opina usted del "editorial" conjunto en el que doce periódicos catalanes presionan al Tribunal Constitucional al tiempo que cuestionan su legitimidad para juzgar la constitucionalidad de las leyes. Sabemos, Sr. Rajoy, lo que opinan de ese "editorial" el presidente del Gobierno, el de la Generalitat y los líderes de todos los partidos políticos, excepto del suyo.

De su silencio, Sr. Rajoy, también "cada uno puede opinar lo que quiera". Yo opino que ese silencio suyo no es digno ni de sus votantes ni de muchos otros españoles que consideran igualmente ese Estatuto soberanista un ataque frontal a la continuidad de España como nación y como Estado de Derecho. Su silencio, Sr. Rajoy, no es digno tampoco del recurso que su partido planteó ante el Tribunal Constitucional, como tampoco lo es de ese "respeto a la ley y a las reglas del juego" que usted dice profesar y que ese manifiesto disfrazado de editorial, suave en las formas, subversivo en el fondo, se jacta de ignorar.

Aunque mi opinión sobre ese manifiesto conjunto sea infinitivamente menos interesante que lo que hubiera sido la suya, se la daré, aunque sólo sea por eso de predicar con el ejemplo. Empezaría parafraseando a la líder de UPyD, –o al de Ciutadans– diciendo que esos periódicos "no defienden la dignidad de Cataluña, son sus anuncios". Ciertamente, no hay que extrañarse de que esos periódicos, que se comportan como bien retribuida correa de transmisión del poder político, ignoren con una única voz cuál es el correcto funcionamiento de un Tribunal Constitucional, como en general, el del poder judicial, cuando no se somete al poder político. Sólo desde la más absoluta ignorancia –o pretendida ignorancia– de derecho constitucional puede verse como algo "anómalo" que el Tribunal Constitucional pueda "confrontarse" a los parlamentos, sean estos nacionales o autonómicos, cuando estos promulgan leyes de dudosa constitucionalidad. A la Constitución se le llama, no por nada, Ley de leyes. Y si bastara con que una ley de rango inferior fuera aprobada para que esta ya fuese declarada constitucional, de nada servirían tanto el Tribunal Constitucional como la propia Constitución. Como muy bien ha dicho Esperanza Aguirre, esto de cuestionar la legitimidad del Tribunal Constitucional para juzgar las leyes "es una idea novedosa pero antijurídica".

Critica tambien el "editorial" de marras a "quienes siguen percibiendo la identidad catalana como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad". En realidad, quienes ignoran el respeto a la libertad y diversidad de los españoles –y de los catalanes– que defiende la España constitucional son quienes en pro de –esa, sí– "soñada e imposible" fabricación o construcción nacional catalana, impulsan un Estatuto que, precisamente, quiere imponer la uniformidad a los catalanes erradicando de su identidad lo que comparten con el resto de los españoles.

Los autores del manifiesto se jactan de que "los catalanes hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión". Se quedan, sin embargo, cortos en su jactancia. Los catalanes, no sólo hablan el catalán. Todos ellos hablan, y más de la mitad tienen como lengua propia, el castellano. Lo que ocurre es que esa realidad casa mal con ese liberticida molde identitario y uniforme que ellos sí quieren imponer en Cataluña.

Visto su indigno desprecio hacia la Constitución, no nos debe sorprender que estos voceros del nacionalismo reclamen al Tribunal que "decida", no atendiendo a la Constitución, como es su obligación, sino "atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos, que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo".

Este manifiesto, absolutamente indigno no sólo para la independencia del poder judicial sino también para la independencia respecto del poder político que debería tener la prensa, tiene además la deshonestidad intelectual de pretender que el termino "nación" con el que ese Estatuto proclama a Cataluña es equiparable al termino "nacionalidad" que recoge nuestra Constitución.

Hablo de "deshonestidad" y no simplemente de error porque los impulsores del Estatuto son los primeros en saber que el termino "nación" y el de "nacionalidad" no son equiparables. Y prueba de ello es que se han negado con uñas y dientes a que el termino "nacionalidad" y no "nación" sea el que defina a Cataluña en el Estatuto.

Por desafortunado que fuese la inclusión del término "nacionalidad" en nuestra Carta Magna, sus redactorores la pusieron en su articulo 2 en pie de igualdad al término de "región", reservando el termino de nación a la "nación española, patria común e indivisible de todos los españoles".

En cualquier caso, lo más grave de todo el editorial es su escasamente velada amenaza ante la posibilidad de que la sentencia del Tribunal Constitucional les contraríe. Y es que lejos de mostrar acatamiento, aunque sea desde la discrepancia, los redactores del manifiesto advierten que con Cataluña "no estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad", concluyendo con que "si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable". Hipócrita apeleación a la responsabilidad, en cualquier caso pues la única respuesta "responsable" en esas circunstancias es limitarse a acatar la sentencia, o bien, y tal y como ya terminó por reconocer hasta Pascual Maragall, llevar a cabo una "reforma previa" de la Constitución. Mas en este último caso lo que se necesitaría "articular" no es lo que esta muestra de subversiva cursilería llama "solidaridad catalana" sino un proyecto para que todo el pueblo español decida modificar la Ley de leyes que rige y debe seguir rigiendo su convivencia. Lo demás es subversión vestida de seda, que ya sabemos en qué se queda.

Izquierda liberal
¡No pasará nada!
Antonio Robles Libertad Digital 27 Noviembre 2009

Con la Constitución democrática de 1978 se cerró una guerra y se inició otra. De esta última nos empezamos a dar cuenta ahora. El editorial conjunto de la prensa nacionalista da cuenta de ella. Comenzó modosita con la falsificación progresiva de los traspasos de competencias a las comunidades autónomas. Nadie la frenó. Como un niño consentido, el nacionalismo ha abusado de la predisposición del Estado a comprender sus reivindicaciones. Ahora no duda en cuestionarlo.

Estamos en guerra desde hace 30 años y todavía no nos hemos enterado. El Estatuto ha sido su última batalla. Si se consolida, será una cordada más y más segura para coger aire, amarrar los asideros, y desde esa seguridad, intentar una nueva cordada hacia el soberanismo pleno.

Retrocedamos a la Transición. El objetivo del Título VIII de la Constitución fue integrar las reivindicaciones nacionalistas mediante el traspaso de competencias a las comunidades autónomas. A la luz del Estatuto de Cataluña y del acoso de sus políticos contra el Tribunal Constitucional, es evidente que se ha fracaso en el intento. Lejos de reducir las desavenencias, se han radicalizado. Ha llegado la hora de admitir el error de ceder para reducir las tensiones. Sólo ha servido para envalentonar a los más necios. Los nacionalistas no son integrables. Muy al contrario, aprovecharán el papanatismo del Estado para hacer tiempo y crecer. Y crecer para lo peor. Si no son integrables, defendamos nuestro derecho como nación. Sin ir a rebujo de sus ocurrencias y chantajes. La ley es para todos. También para ellos.

Los ciudadanos españoles deben tomar conciencia de esa evidencia. Hace treinta años que vienen preparando la demolición del Estado. Ellos la llaman la búsqueda del encaje en España. Zalamerías en espera de ocasión propicia. Quien a estas alturas no se haya dado cuenta o mire para otro lado, acabará lamentándolo.

España constitucional, la España de los ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones, ha de recuperar la autoestima. Cataluña no es una nación, ni siquiera es una comunidad autónoma si atendemos a quienes la controlan. En realidad es el nombre con que se denomina a una nueva aristocracia. La oligarquía nacionalista. Una aristocracia que se ha apoderado de instituciones políticas, instituciones educativas y culturales y han convertido los medios de comunicación en su correa de transmisión: "En Cataluña es donde hay más promiscuidad entre políticos y periodistas", acaba de sentenciar uno de los tótem mediáticos de TV3, Josep Cuní. La editorial conjunta de 12 periódicos y 3 radios lo evidencia.

Es esa nueva aristocracia catalana quien llama a arrebato contra el Tribunal Constitucional. Conviene tenerlo claro. "No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición", advierte la editorial conjunta de la prensa nacionalista. Advertencias que saben a amenazas. La omertá, el pensamiento único. La nueva aristocracia. "No renunciaremos al Estatuto que nos permitirá prosperar nacionalmente", advierte Montilla en la toma de posesión del Consell de Garanties Estatutàries. Palabras propias de un aristócrata que cree estar por encima de la ley.

Mientras tanto, deberían escuchar algunas evidencias: esa oligarquía político mediática no es Cataluña, es el poder oligárquico de Cataluña. De los 938 municipios catalanes, sólo 130 se han plegado a los independentistas para colaborar con el referéndum de marras. 650.000 habitantes de los 7.500.000 ciudadanos de Cataluña. El Estatuto lo votó sólo el 49,42% de todos los catalanes (1.881.765 votaron sí, 528.472, no y 135.990, en blanco). Un total del 36% de la población de Cataluña con derecho a voto.

No se asusten, todas las bravuconadas que estos últimos días lanzan contra la legitimidad del Tribunal Constitucional son salvas similares a los disparos de tejero en el Congreso de los Diputados. Pretenden amedrentar. Gutiérrez Mellado, el ministro de Defensa, no se dejó intimidar. Conocía el ruido de las balas de fogueo.

Si el Tribunal Constitucional cumple con su deber y recorta el articulado inconstitucional del Estatuto, en Cataluña no pasará nada. ¡Nada! ¡No pasará nada! Y no pasará nada porque esta aristocracia que confunde a los nacionalistas con todos los catalanes, aún no se ha dado cuenta de que sólo protestan los Quijotes. Y en Cataluña ya sólo hay Sanchos. No se revelan contra las multas lingüísticas, pero tampoco lo harán contra la sentencia del Tribunal Constitucional. Sea la que sea.

Ahora bien, si el Tribunal Constitucional salva su contenido actual o deja a la interpretación política su articulado, la vida en Cataluña se hará irrespirable para la mayoría de la población y pronto, cuando el nuevo Estatuto fermente, la capacidad del Estado para frenar la deriva separatista será inútil. Aún hay tiempo, pero el tiempo se agota.
antoniorobles1789@hotmail.com

Tolerancia] Ante el editorial conjunto...
as_tolerancia@yahoo.es Asociación Tolerancia  27 Noviembre 2009

LA INDIGNIDAD DE UNOS PERIÓDICO
La aparición hoy de un editorial común en doce de las publicaciones periódicas que se imprimen en Cataluña (no es cierto que sean por ninguna otra causa ‘catalanas’) es, sin duda, un éxito indiscutible del ya largo ejercicio de adoctrinamiento nacionalista. Lo es por el lenguaje y por el estilo: manifiesta ese sello inconfundible que adquirió carácter de liturgia con el caso ‘Banca Catalana’. El editorial es inaceptable por las amenazas explícitas que contiene y por la superioridad moral que adopta, desde la cual dicta la verdad, señala el camino que debe seguir la Justicia e imparte doctrina, dividiendo a la sociedad entre avanzados y reaccionarios y abundando en el insulto a todos aquellos que no están del lado de los ‘buenos’. Un prodigio de tolerancia democrática.

Sin embargo, esta victoria del espíritu nacional catalanista tiene un carácter pírrico por razones que, quienes vivimos aquí, conocemos de sobra. Sólo vale en esa Cataluña virtual, uniforme y unánime, que agrupa –en realidad– únicamente a los irreductibles, pero que se finge de alcance universal porque se supone ligada íntimamente al territorio y al “espíritu del pueblo”. Su invocación permanente no hace más que ahondar la sima que separa en dos a la sociedad catalana, ese abismo en cuya evitación se consagró la inmersión, contra todo criterio racional, con la aquiescencia de una izquierda complaciente, en unos casos, y más que convencida, en otros.

La pieza periodística exhibe con largueza medias palabras (‘complejidad española’, ‘emanación de símbolos nacionales’,...), insultos y descalificaciones (‘enroque’, ‘cirugías de hierro’, ‘cerrojazo institucional’, ‘españolismo oficial’, ‘costuras rígidas del estado-nación’,...) y clamorosos topicazos –para los de la basca– (‘preocupación y hartazgo’, ‘desafecciones’, desequilibrio fiscal, persecución,. ..). Pero, sobre todo, trata de dejar bien sentado que todo el que no esté por la labor es un conservador recalcitrante, dispuesto a lanzar los tanques a la primera de cambio sobre la plácida, sensible y laboriosa Arcadia, que tan feliz sería, si no fuera por esos condenados españoles empeñados en coartar su gozosa libertad.

Y, sin embargo, tiene razón en varios aspectos.

* El TC está severamente desprestigiado. Los agentes políticos que se han encargado de colocarlo en esa situación son los mismos cuyos pactos se esgrimen como argumento mayor para el trágala. Y los medios de comunicación que más han contribuido a empañar su imagen se encuentran entre los suscriptores del editorial perpetrado en el día de hoy.

* El Constitucional se enfrenta a una decisión ciertamente trascendente. La razón no es que tenga que lidiar por vez primera con una ‘ley fundamental refrendada por los electores’ (algunos, unos pocos, en realidad), sino que aquello que tiene ante sí es un desafío institucional cuya aprobación supondría una modificación radical de la estructura del Estado.

* Hay latente una amenaza al consenso constitucional y al espíritu de la transición, pero no se halla en un hipotético fallo contrario al Estatut, sino en la existencia misma de ese reto institucional cuyo propósito no es otro que violentar la ley haciéndola reventar por sus costuras. La reclamación de fidelidad a los pactos (que merece honores de epígrafe en el editorial) es un sarcasmo viniendo de quienes no han respetado el fundamental y se niegan a admitir el análisis realizado en su nombre.

* El resto de España ve cada vez con mayor claridad que las pretensiones del catalanismo político (no de la identidad catalana) constituyen la más seria amenaza que se cierne sobre el futuro de la nación. No hay prueba más fehaciente que la publicación de este editorial.

¿Cómo se atreven a cuestionar la legitimidad del TC atribuyéndole la pretensión de actuar como una ‘cuarta cámara’? Los editorialistas hacen exactamente lo mismo y, encima, arropándose en falsos oropeles democráticos: el pueblo ha hablado. ¿Quiénes son los directores de esos periódicos para arrogarse una representació n que no tienen? ¿Fueron votados, alguna vez? ¿Han sometido el contenido de su editorial a la opinión de sus trabajadores, de sus lectores y, sobre todo, de los que les leen pero son igualmente catalanes? ¿Son más independientes de las presiones políticas que los miembros del alto tribunal? ¿Acaso no depende su subsistencia de las ubres del poder (dado lo escaso de sus respectivas tiradas)?

Señores, en mi nombre no vuelvan a hablar. Cada vez que agitan el fantasma de la patria para ponerlo al servicio de sus propios intereses políticos, me ofenden, le hacen un flaco favor a Cataluña y pierden esa dignidad profesional con la que tratan de recubrir la obscena desnudez de sus objetivos.

Antonio Roig (miembro de la Junta de la Asoc. por la Tolerancia)
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NO EN EL NOMBRE DE CATALUÑA NI EN EL DE LOS CATALANES

Ante la publicación excepcional por doce diarios editados en nuestra Comunidad Autónoma de un editorial conjunto titulado “La dignidad de Cataluña”, IMPULSO CIUDADANO realiza las siguientes CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- Uno de los principios básicos de la democracia es el de la libertad de expresión. IMPULSO CIUDADANO reconoce el derecho de los medios de comunicación a publicar los editoriales que consideren convenientes.

De todas formas, apelando al derecho de información, sería oportuno conocer el proceso de elaboración del referido editorial a fin de identificar a los impulsores, disponer de los mecanismos de adhesión al mismo y conocer las verdaderas razones que han motivado su publicación.

SEGUNDO.- En uso de esta misma libertad de expresión, garantizada por el artículo 20 de la Constitución, nuestra asociación, de raíz catalana e integrada en su práctica mayoría por personas nacidas y residentes en Cataluña, descarta, por improbable, la existencia de un pensamiento colectivo de “los catalanes”, tal como se afirma en el editorial objeto de este comunicado. La dignidad de Cataluña pasa por asumir su pluralidad cultural, lingüística, ideológica y política.

Parafraseando a Chesterton que preguntado sobre qué opinaba de los franceses, contestó que no los conocía a todos, los periódicos catalanes, a pesar de sus abundantes fuentes de información, carecen de legitimación para opinar en nombre de todos los catalanes y de Cataluña.

TERCERO.- El editorial en cuestión incurre en numerosas falsedades . Pretende deslegitimar al Tribunal Constitucional por su actual composición y su ámbito de actuación. Probablemente no cuestionaría ni legitimación ni competencia, si no temiera un fallo contrario a la integridad del Estatuto que estos medios preconizan. A la vista de esa desconsideració n, es preciso recordar que el Tribunal Constitucional es el órgano encargado de supervisar la adaptación de las normas a la Constitución y que, por ello, resuelve los recursos de inconstitucionalida d contra todas las leyes, incluidos los Estatutos y las Leyes Orgánicas. A esos efectos, el artículo 164 de la Constitución dispone que las sentencias que declaren la inconstitucionalida d de una ley tienen plenos efectos ante todo el mundo, también ante las autoridades catalanas que han de asumirlas y acatarlas.

CUARTO.- Impulso Ciudadano solicita de los dirigentes políticos y de todos los medios de comunicación un comportamiento responsable y que no aticen el espantajo de la ruptura de la convivencia ni levanten la bandera del odio entre los catalanes y el resto de los españoles.

En un Estado Democrático de Derecho, el imperio de la ley y la separación de poderes es fundamental. Es imprescindible que los Tribunales, con celeridad, realicen su labor institucional y que lo hagan sin presiones y sin amenazas rupturistas que intenten condicionar e influir en su decisión. Apelamos a la serenidad y al respeto democrático.

Impulso Cidadano
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Algunos nacionalistas comienzan a afirmar que no se puede ir contra la voluntad de un pueblo, expresada en referéndum. Pero no es verdad...

Las circunstancias han hecho que el Tribunal pueda declarar anticonstitucional un estatuto aprobado por el Parlamento catalán, por el Parlamento español y por los ciudadanos de Cataluña en referéndum. Algunos nacionalistas comienzan a afirmar que no se puede ir contra la voluntad de un pueblo, expresada en referéndum.

Pero no es verdad que cualquier referéndum sea política y jurídicamente todopoderoso. Una vez más conviene hacer un poco de pedagogía política y explicar que el Tribunal Constitucional está normativamente por encima de la opinión popular, excepto cuando ésta se expresa en forma «constituyente» , cosa que no es el caso. La aparición de los Tribunales de garantías constitucionales es una página de excepcional importancia en la historia del derecho político. Sufrieron críticas porque parecía que ponían al poder judicial por encima del legislativo. Pero no es verdad. Sólo recuerdan que los Parlamentos no son omnipotentes y que deben someterse a la Constitución. En EEUU es la jurisdicción ordinaria quien se encarga de esta función, pero en Europa, gracias a Kelsen, se ha atribuido el juicio de constitucionalidad a una jurisdicción especial, reconociendo así la complejidad e importancia de su misión. El referéndum catalán se hizo dentro de la Constitución y está sometido al Tribunal de garantías. Recomendaría a los políticos que no calienten los ánimos con demagogias antijurídicas.

José Antonio Marina / Filósofo

Prensa catalana: la bien pagá
Manuel Romero www.lavozlibre.com 27 Noviembre 2009

La prensa escrita catalana sale en defensa del Estatuto de la Generalitat -ojo, fue aprobado sólo con la participación de un tercio de la población- y la Generalitat le saca las castañas del fuego a la prensa escrita catalana desde hace treinta años con subvenciones, campañas y demás prebendas. No es justo, pero sí es consecuente que los editores de Barcelona -ésos que corren luego a Madrid para instalarse y vivir en clave española- devuelvan el favor. La bien pagá era más discreta. Y antes de que el papel muera en los kioscos, un servicio de urgencia bien vale otros treinta años de ayuda para alargar su agonía. Las mantenidas son más baratas.

Joan Laporta, de quien ya se sabe que no es presidente del Barça, sino el candidato facho-nazionalista de las huestes de los restos que quedan fuera de Esquerra Republicana de Cataluña, se levanta cada mañana pensando cuál va a ser su obra del día. La última, además de proclamar que el Estatuto no se somete a la legalidad del Tribunal Constitucional aprovechando el altavoz que le proporciona el club, es vestir a su equipo con los colores nacionales españoles, pero rebajados y a plazos: es decir, en vez dos franjas rojas y una amarilla, cuatro franjas rojas y tres amarillas.

La independencia por etapas por la que caminan del brazo José Montilla, renegado de su tierra cordobesa, Josep-Lluis Carod-Rovira, renegado de su propio padre aragonés, Artur Mas, renegado de la moderación que vendía CiU, y Joan Laporta, renegado de la universalidad del club que dice presidir, hastía, agota y aburre, además de encarecer la vida del resto de los españoles.

Por eso sería conveniente que los editores de Barcelona -ésos que venden libros en toda España y en Hispanoamérica y tienen colgados fascículos en todos nuestros kioscos- sean consecuentes con su proclama y desde hoy mismo comiencen a imprimir sus diarios, revistas y libros en la lengua que el Estatuto proclama como única y propia, al viejo estilo franquista de que el idioma es seña de identidad ‘nacional’. Adiós, Premio Planeta, adiós.

Y a Joan Laporta, que tanto ‘Cara al Sol’ debió escuchar en sus círculos familiares, aproveche el partido del próximo domingo contra el Real Madrid para dar por fenecida su participación en la Liga Española y convocar a los clubes catalanes para organizar una competición separada de la Primera División. Adiós, Barça, adiós.

Y lo mismo es extensible a aquéllos que creen que lo de la independencia es una ocurrencia que sale gratis. Claro, que mientras desde el Gobierno de Zapatero alimente a los nazionalistas con teta y sopa deberemos creer que la Embajada de la Generalitat en Madrid reside en La Moncloa.

Manifiesto a la Nación española
Héctor Castro: "El imperialismo catalanista afecta a toda España"
"Nos llevamos muy bien con Cataluña, el problema está en los sectores pancatalanistas"
Pablo Yáñez www.lavozlibre.com 27 Noviembre 2009

Madrid.- Héctor Castro, licenciado en Filología Romànica y Periodismo, es coordinador de Lenguas del Rolde Choben-Jóvenes del PAR y secretario de la Federació d’Asociacións Culturáls de l’Aragó Oriental. Lleva desde los 18 años trabajando por la defensa de las modalidades lingüísticas del Aragón Oriental. Ayer jueves 26 de noviembre se presentó en Madrid el 'Manifiesto a la nación española' contra la imposición del catalán en Aragón, Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, con presencia de asociaciones de todas estas regiones.

- ¿Cómo surgió la iniciativa?
- La iniciativa se perfila en estos últimos meses de 2009, pero ya desde 2004 algunas entidades de las cuatro comunidades afectadas directamente por la imposición del nacionalismo catalanista (que no por Cataluña) venimos colaborando en distintas actividades. La decisión y concreción finales se tomaron durante el pasado mes de octubre en el 'II Encuentro de Entidades de los Territorios de la Antigua Corona de Aragón', que este año se celebró en Alcañiz (Teruel).

- ¿Ha sido complicado poner de acuerdo a tantos colectivos para ofrecer una imagen de unidad contra la imposición del catalán?
- Lo difícil ha sido coordinarnos. A pesar de internet y del teléfono, siempre es necesario realizar reuniones presenciales, y la distancia geográfica y la cuestión económica son hándicaps que hemos tenido que superar. Muchas de las asociaciones representadas no reciben ni un solo euro de subvención a diferencia de las entidades catalanistas que están híper subvencionadas desde las Administraciones públicas. Todas las agrupaciones que organizamos la rueda de prensa y que hemos elaborado el Manifiesto, todas tenemos un problema común, y eso ha propiciado que nos unamos todos. De hecho, es muy significativo que entidades de las cuatro comunidades hayamos coincidido en la misma denuncia. Yo creo que eso dice mucho.

- ¿Cuál es la esencia del Manifiesto?
- El Manifiesto se dirige a toda la sociedad española. Pretendemos concienciar de que el tema del imperialismo catalanista, que no Cataluña, no es solamente un asunto que implica a Aragón, Valencia y Baleares, sino que es un problema que afecta a toda España y cada vez más. Pretendemos que sindicatos, asociaciones, partidos políticos, universidades, personas a nivel particular, todos se adhieran a este Manifiesto y tomen conciencia de lo que ocurre en España. Estamos colaborando también con entidades catalanas, porque reitero que nos llevamos muy bien con nuestros hermanos catalanes y con Cataluña, el problema está en los sectores pancatalanistas.

- ¿Se esperan más adhesiones y apoyos?
- Como decía, esperamos que todo el que ame la libertad se adhiera a nuestro Manifiesto.

- ¿Cuál es la situación específica que lleva a su plataforma a movilizarse en Aragón?
En Aragón llevamos años sufriendo la imposición de la lengua y la cultura catalanas y la eliminación de la lengua y cultura aragonesas de la zona oriental. En esa zona hablamos modalidades lingüísticas aragonesas propias pero cada vez más van siendo fagocitadas por la imposición del catalán.

- Quienes llevan a cabo esa imposición del catalán esgrimen tener argumentos respaldados por la filología. ¿Hasta qué punto es eso cierto?
- Es mentira que la filología avale que hablamos catalán. En el 'XVI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas', en el cual participaron 723 filólogos venidos de las principales universidades de todo el mundo y que se celebró en Palma de Mallorca en 1980, sólo 36 de esos 723 lingüistas (romanistas) avalaron que en Aragón, Valencia y Baleares se habla catalán (ni el 5%). El resto se negó a firmar dicha conclusión, con el agravante de que de los componentes del Comité Científico (22) sólo lo apoyaron siete. Es mentira que la ciencia y la filología afirmen que lo que hablamos en la zona oriental de Aragón sea catalán. Es una patraña y una falacia interesadas y, como dice Juan Vanrell, presidente de la Acadèmi de sa Llengo Baléà, para los catalanistas “todo el mundo científico” y “toda la romanística internacional” se reduce tan sólo a 36 científicos de 723?.

- Y ante eso, la postura del PSOE y la de la Chunta Aragonesista es la de seguir apotando la imposición del catalán.
- Es inaudito que en Aragón PSOE y CHA quieran catalanizarnos. Chunta Aragonesista es un partido con sólo 4 diputados y va a decidir el futuro de las lenguas en Aragón. Opino que debe crearse la 'Academia de la Lengua Aragonesa' y que debe ser esta institución la que regule el aragonés oriental (zona oriental) y el altoaragonés (zona norte), dialectos ambos del aragonés.

- ¿Habrá continuidad en la denuncia?
- Por supuesto. Esto sólo es un inicio. Nuestra mirada está puesta en Europa. No tardaremos en ir a Bruselas y a Estrasburgo a presentar nuestro manifiesto. Y, lógicamente, las entidades firmantes de este texto vamos a seguir realizando actividades conjuntas.

El manifiesto frente a la imposición del catalán ve la luz
Entidades de Aragón, Valencia, Baleares y Cataluña se reunieron en Madrid
Pablo Yáñez www.lavozlibre.com 27 Noviembre 2009

Madrid.- En una rueda de prensa celebrada en la mañana de hoy en la Casa de Valencia en Madrid, representantes de diversas asociaciones cívicas de Baleares, Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana han presentado a la sociedad española un manifiesto conjunto para rechazar la imposición del catalán en sus respectivas Comunidades Autónomas.

Con motivo de la presentación del texto, los portavoces de esta iniciativa denunciaron el grado de imposición del catalán en cada uno de los territorios.

El presidente del Grup d´Accio Valencianista, Manuel Latorre, conductor del acto vinculó la situación al separatismo catalanista más radical que tiene por objetivo los Paises Catalanes.

Raúl Vallés, presidente de FACAO (Federación de Asociaciones Culturales del Aragón oriental) destacó el carácter tranquilo de la vida aragonesa hasta la utilización de las lenguas como arma política. Según Vallés la Ley de Lenguas que se aprobará el mes próximo con el apoyo de PSOE y CHA es una traición a Aragón porque impone el catalán como lengua “propia e histórica” que acabará haciendo necesaria la presencia de traductores en la propia región.

El Presidente de la Academia de la Lengua Balear, Juan Vanrell, ha centrado su intervención en desmontar las falacias históricas con la que el “imperialismo catalán” lleva a cabo la imposición en Baleares.

El Círculo Balear también apoyó el acto con la intervención de Jorge Campos, su presidente, que remarcó la importancia de ver a la sociedad civil unida en contra de lo que considera la excusa de un nacionalismo esquizofrénico, el catalán, para atacar las libertades individuales.

“Que los partidos deroguen leyes, que hagan lo que haya que hacer para eliminar las barreras lingüísticas” indicó Campos responsabilizando a PP y PSOE de haber aprobado las leyes que justifican el atropello.

El acto contó también con la presencia de Francisco Caja en representación de Convivencia Cívica Catalana, el cual presentó el manifiesto como un acto de naturaleza cívica de quienes se ven “indefensos frente al incumplimiento de la Constitución”.

Cerró la presentación del Manifiesto el presidente de la Fundación Nou Valencianisme quien en un duro discurso denunció que la imposición del catalán en la Comunidad Valenciana es parte del precio que Aznar pagó por el apoyo de CIU en el 96, y que se está llevando a cabo con subvenciones pagadas por todos los ciudadanos.

Con la firma física del texto, los representantes de las más de 150 asociaciones que lo respaldan pusieron punto y seguido a una denuncia que ya han avisado no tardará en llegar a Bruselas.

Cataluña y los desapegos
LUIS ARIAS ARGÜELLES-MERES La opinión 27 Noviembre 2009

De un lado, el caso Millet sigue golpeando de continuo. De otra parte, algunos medios adelantan que la Sentencia que va a emitir el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña no resultará favorable. En medio de todo ello, sobresale el desprestigio de la llamada clase política, también la catalana, que no puede no desembocar en un fuerte desánimo en la ciudadanía.

Son golpes demasiado duros para la sociedad catalana que constata el deficiente funcionamiento de unas instituciones que no fueron todo lo eficaces que sería exigible en su control de lo que se hace con el sagrado dinero público. De una sociedad que tiene que soportar, otrosí, que sobre ella recaigan los viejos y mezquinos tópicos de siempre más acentuados que nunca por parte del reaccionarismo español más recalcitrante. De una sociedad que asiste al desolador espectáculo de confirmar que lo que se aprueba y se negocia entre los Parlamentos catalán y madrileño colisiona con la Constitución. ¿No hubiera sido más lógico y sensato plantear un debate con vistas a una posible reforma de la llamada Carta Magna en vez de aprobar algo que, a lo que se ve, no se ajusta a ella? Añádase a todo lo dicho la escasa participación ciudadana que hubo en el referéndum sobre el Estatuto. Y, en todo caso, se cumplan o no los vaticinios sobre esa Sentencia que tanto se está demorando, el hecho es que cunde el desánimo y que, como acaba de declarar Pujol en una entrevista, la autoestima en esa tierra está bajando demasiados enteros.

Si el Estatuto, como se encargó de manifestar repetidamente Maragall, iba a marcar un antes y un después en la historia de Cataluña, no se entiende que hubiese tanta urgencia en aprobarlo; o, dicho de otro modo, no parece muy pertinente haber empezado por ahí, y no por un debate tendente a negociar una reforma de la Constitución que garantizase que no iba a ser rechazado. Urgencia en el Gobierno de Maragall, urgencia también en el Parlamento español, así como en los partidos que pactaron la aprobación del texto, tal como quedó tras aquella larga reunión entre Zapatero y el líder Convergencia, que, de otro lado, desautorizó claramente a Maragall.

Además de lo hasta ahora expuesto, de por sí problemático y vidrioso, no podemos no preguntarnos por el día después a esa Sentencia que tanto se retrasa. ¿Podrá evitarse acaso que los ciudadanos de Cataluña no se sientan víctimas de una tomadura de pelo o de una chapuza por parte de sus representantes políticos? ¿Para qué se les convocó a refrendar algo que, según se prevé, va a ser, en lo más singular, rechazado por el Tribunal Constitucional?

Al tiempo que esto sucede, asistimos a enredos; sin ir más lejos, la consulta sobre la independencia que se llevó a cabo en la localidad de Arenys de Mar, así como la que se proyecta para Girona. No se debe perder de vista que el votante sabe que se trata de un juego. No tenemos, por tanto, la certeza absoluta de que fuese a pronunciarse de igual manera que si se tratase de un referéndum en el que el resultado final de la votación determinaría cambios significativos.

Sea como sea, lo que está sobre la mesa no es sólo aquella eterna conllevancia entre Cataluña y España de la que habló Ortega en 1932, pues también se ponen de relieve otros problemas no menos graves de puertas adentro, como la corrupción y la mediocridad de su clase política.

Con respecto a lo primero, tan grave fue la innecesaria y torpe crispación que creó Aznar en su última Legislatura, como asimismo lo fue la falta de perspectiva de Zapatero cuando prometió algo que al final no pudo cumplir. Lo que ocurre es que todo incumplimiento de la palabra dada solemnemente en público, sea o no inevitable, genera ineludiblemente frustración y malestar.

Cataluña en horas bajas. Se diría que, de un lado, la comprensión y la amplitud de miras, que nunca fue muy generosa, del resto de España hacia esta tierra está retrocediendo. Y que, de otra parte, los responsables políticos catalanes en su mayoría no son capaces de que fructifiquen unas negociaciones que cristalicen, no ya en una solución ideal y deseable, sino ni siquiera en una conllevancia plausible que satisfaga mínimamente las expectativas de las partes implicadas.

No vale curarse en salud diciendo que si el Constitucional se pronunciase invalidando parte importante del Estatuto eso no podría ser aceptado, toda vez que presupone que ese Tribunal tiene como misión establecer si el referido Estatuto se ajusta o no la Carta Magna. Y, si el problema reside ahí, tendrían que haber comenzado con propuestas encaminadas a reformarla, propuestas que buscasen de entrada el acuerdo necesario para que esos cambios pudiesen llevarse a cabo.

No cabe argüir como coartada que era inviable el objetivo de alcanzar un acuerdo encaminado a una reforma de la Constitución, pues ni siquiera se puede alegar que se intentó. Así las cosas, el día después de la pronosticada Sentencia desfavorable no podrán comparecer cargados de razón en tal sentido. Es, pues, pedir lo imposible que las cosas se hagan siguiendo los pasos de la lógica más elemental en lugar de poner en práctica huidas hacia delante que surgen de enfoques improvisados y atrabiliarios?

¿De verdad pueden pensar que la sociedad catalana no los castigará electoralmente?

PURGA EN EL PP DE ÁLAVA
Abascal: "Los apartados somos los que apoyamos a María San Gil"
La dirección del PP de Álava excluyó el pasado fin de semana de su Ejecutiva a los dirigentes incómodos. Uno de ellos, Santiago Abascal señaló en esRadio que "da la casualidad que los apartados somos los que nos posicionamos a favor de María San Gil".
libertad digital 27 Noviembre 2009

El presidente de la Fundación DENAES y destacado militante del PP vasco, Santiago Abascal, ha sido entrevistado este jueves en Es la noche de César de esRadio. Abascal fue excluido de la ejecutiva del PP de Álava, tras más de una década formando parte de ella.

Abascal considera que el PP de Álava –controlado por Alfonso Alonso e Iñaki Oyarzabal– atraviesa un "momento verdaderamente peligroso y negativo". Su exclusión la atribuye a "la falta de generosidad", y "el sectarismo anida en la vida pública española" incluso "dentro de los partidos" que "prefieren aplausos en los comités y que se les diga sí a todo".

En este sentido, Abascal recordó que "siempre he manifestado mis posiciones con absoluta lealtad" y "da la casualidad que los apartados somos los que nos posicionamos a favor de María San Gil".

En relación con el veto a Nerea Alzola para disputar el liderazgo del PP de Vizcaya, el presidente de DENAES consideró que "tiene que ver con el miedo de algunos líderes a introducir a personas incómodas", que planteen un "debate de ideas". No quieren –añadió Abascal– que haya una "disputa democrática interna, prefieren partidos cómodos donde este todo controlado". En su opinión, el "control férreo de los aparatos" ha aumentado en los últimos años y pese a que la Constitución dice que España es una democracia basada en los partidos políticos, "los partidos no tienen un funcionamiento democrático".

Respecto al editorial intimidatorio que han publicado varios periódicos catalanes contra el Tribunal Constitucional, Abascal dijo que es un ejemplo de "golpismo mediático", que "acredita la corrupción política, mediática y empresarial", existente en Cataluña que se expresa en "ese maridaje entre todos los poderes que existen en Cataluña, que están de espaldas a la sociedad catalana, como demostró la bajísima participación en el referéndum del Estatuto".

Para Abascal, es "absolutamente incomprensible" la falta de respuesta del PP ante esto, algo que explica porque "en España el debate público está en torno a cuestiones no esenciales, y en lo importante no se pone el dedo en la llaga". En todo caso, consideró positivo que este editorial "pone las cosas claras" al demostrar la vigencia del "cordón sanitario contra el PP y el Pacto del Tinell". Por ello, señaló que "algunos –dentro del PP– estén acariciando un pacto con los nacionalistas, es un error histórico que los españoles no merecemos pagar". También calificó de "error verdaderamente incomprensible" que el PP tenga un representante en ese Consejo de Garantías Estatutarias que "pretende la suplantación del Tribuna Constitucional y proclamar la soberanía de la nación catalana".

En definitiva, Abascal subrayó que "ocurra lo que ocurra, con una sentencia que quite mucho al Estatuto, o que te de toda la razón, o sea un apaño, el problema político va a seguir existiendo, en España no hay otra salida que una reforma constitucional profunda, para lo que es necesario un acuerdo entre PP y PSOE".

DUROS EDITORIALES CONTRA EL TEXTO ÚNICO
La prensa de Madrid responde: "La dignidad de los españoles y de la Constitución"
La prensa generalista de Madrid se ha hecho eco de las presiones ejercidas por los medios catalanes y responden en sus editoriales. Dos de ellos, ABC y El Mundo, hablan de "dignidad" pero de los españoles y de la Constitución. El País defiende la libertad de expresión y aprovecha para atacar al PP.
LIBERTAD DIGITAL 27 Noviembre 2009

El editorial único publicado por doce periódicos catalanes, "La dignidad de Cataluña", y apoyado por radios y entidades de esta comunidad como medida de presión al Tribunal Constitucional ante una sentencia adversa del TC al Estatuto ha encontrado una respuesta en la prensa generalista de Madrid en sus ediciones de este viernes.

Sin embargo, aunque todos los diarios hablan de una injerencia política, El País se muestra más comprensivo y defiende "el legítimo derecho a la libertad de expresión, como lo hacen quienes suelen pronunciarse en términos opuestos".

El diario ABC llama a su editorial "La dignidad de la Constitución" y dedica toda su portada a este asunto e incluso titula con el nombre del editorial acompañado de una viñeta de Mingote. En él se muestra extremadamente duro con el texto único publicado por los periódicos catalanes y con los políticos catalanes que lo han auspiciado. "Hora es ya de que los partidos nacionalistas- incluido el de los Socialistas de Cataluña- aclaren cuál va a ser su respuesta. En el pasado fue una violación flagrante de la Constitución republicana de 1931, con la creación en 1934 del "Estado catalán".

Además, el diario de Vocento añade que "la amenaza contra el resto de España forma parte del método histórico de una parte de la clase política catalana". A continuación, mantienen el tono y dice "nada dicen, pero amenazan" e incide en que "tanta apelación falsaria a la Constitución Española de 1978 desvela la raíz misma de las contradicciones insuperables del estatuto de Cataluña y su vicio absoluto de inconstitucionalidad".

"¿Cuando han aceptado y acatado realmente los nacionalistas catalanes la proclamación contenida en el artículo 1 de la Constitución, 'la soberanía nacional reside en el pueblo español"?, se pregunta el ABC. De este modo, afirma que "esta defensa del estatuto, arbitraria en lo político, banal en lo histórico y temeraria en lo social, se funda en la irresponsable decisión de José Luis Rodríguez Zapatero y del PSOE de convertirlo en el precio de un pacto político entre la izquierda socialista y el nacionalismo". "Este es el monstruo creado por la ambición política de Rodríguez Zapatero".

Por su parte, El Mundo también saca su editorial a portada y lo titula: "La dignidad de los españoles" y dice que "los 12 periódicos contraponen la legitimidad del Estatuto aprobado por el Parlamento catalán y el Congreso y mediante consulta popular con la del Constitucional, al que llaman una 'cuarta cámara'. Es una comparación falaz y demagógica porque, como cualquiera sabe, la democracia se basa en la separación de poderes". De hecho, llega a asegurar que "resulta imposible decir más falsedades con peor intención en menos espacio".

En este sentido, indica que "los periódicos catalanes han optado por cerrar filas con el Estatuto en el que unos ven un elemento clave de la identidad de Cataluña y otros un peldaño más hacia una futura independencia" y añade que "lo esencial es que lo que dicen es un vademecum de disparates".

De este modo, inciden en que "defender la Constitución frente al nacionalismo disgregador no es retroceder sino impedir el retroceso. Los autores de este texto son tan sectarios que llaman retrógrados a quienes no están de acuerdo con ellos". Y para concluir su escrito, El Mundo dice que "hagan lo que hagan, ahora que se ha adherido el Barça, será un gol en propia meta".

El País se desmarca de los editoriales de otros medios y aunque habla de injerencia política de estos medios defiende su libertad de expresión y aprovecha para atacar al Partido Popular. Así, el diario de Prisa dice en su escrito, llamado "El texto y su contexto", que "ante todo es preciso subrayar que, a título individual o colectivo, estos rotativos ejercen el legítimo derecho a la libertad de expresión, como lo hacen quienes suelen pronunciarse en términos opuestos", para a renglón seguido añadir que "no es ocioso señalar que nos hallamos ante una iniciativa de carácter eminentemente". Los editorialistas de este rotativo consideran que "puede describirse como una presión al tribunal".

Sin embargo, el diario estrella de Prisa no podía dejar pasar esta oportunidad para atacar al Partido Popular. "Menos honesto resulta escandalizarse ante estas advertencias y no hacer lo propio ante las injerencias mayores que protagonizó el PP tras interponer el recurso, con maniobras tan groseras como la recogida de firmas por toda España o la fabricación de falsas causas de recusación para articular en el tribunal una mayoría proclive a sus intereses", sentencia el editorial de El País.

Por último, La Razón también dedica su editorial a sus presiones. Hay que recordar que el editor de José Manuel Lara Bosch es el editor de este diario, lo mismo que de Avui, de corte independentista y uno de los firmantes del editorial único. Pero el diario madrileño si se manifiesta en contra del texto escrito por la prensa catalana.

Titulado "Respeto al TC y a las reglas de la democracia", el editorial dice que "la obligación de todos, y especialmente de los poderes públicos, es acatar la decisión de los magistrados sobre el Estatut". Además, indica que "dirigentes políticos y diarios catalanes han irrumpido en el terreno de la presión institucional". Incide también en que "arremeter contra el Alto Tribunal por una sentencia que aún no existe es grave e irresponsable".

El otro pacto del Tinell
José Javaloyes Estrella Digital 27 Noviembre 2009

Hay para los españoles un cambio climático más relevante sobre sus vidas que ese respecto del cual parecen haber pactado sus ofertas Obama y los chinos a la Cumbre de Copenhague, tan nublada por el escándalo del complot de las manipulaciones de los científicos metidos a feriantes. Este del compartido manifiesto editorial de los medios periodísticos catalanes sí es un cambio verdadero; tan verdadero como lo fue, dentro de la Constitución de 1978, aquel Pacto del Tinell, del que resulta réplica genuina y amoldada a estas vísperas del fallo del Tribunal Constitucional sobre los recursos presentados, por el Defensor del Pueblo y el Partido Popular al Estatuto de Cataluña.

Aquello de pactar la exclusión política de un partido al que apoya la mitad del electorado español sí constituyó un genuino cambio climático, al romper precisamente ese clima de consenso que ha sido el eje de esos 30 años de estabilidad política nacional, dinamitado por el diseñador de la "alianza de civilizaciones", cuyo mérito histórico indudable no ha sido otro que repetir tres cuartos de siglo después el error de Manuel Azaña de ofrecer al catalanismo que redactara la regulación estatutaria que quisiera.

Pero como don Manuel era lúcido y sabio, se limpió pronto las telarañas wilsonianas que se había traído del París de sus holganzas; es decir, rectificó. Pero el errado de ahora sigue en lo que estaba. Y se ha mostrado poco menos que feliz al ser preguntado por el manifiesto editorial de marras, anteponiendo su respeto a la "libertad de expresión" a la que pueda merecer la libertad de la mayoría de los catalanes para seguir siendo españoles, conforme los términos que garantiza esa Constitución con la que colisiona un Estatuto al que sólo han apoyado uno de cada tres españoles de Cataluña.

Una Constitución como la de 1978, que salvado el bloque de principios de su Artículo Octavo y algunas cosas más, es como un catamarán, un barco de doble casco en el que se suceden tesis y antítesis sobre muchas materias, ha sido providencial artefacto cuya mejora en congruencias era de palmaria necesidad, como dejó bien sentado el dictamen al respecto del Consejo de Estado, fue alegremente depositado por el presidente Rodríguez en el predio selvático de las faunas nacionalistas. Las mismas que después le darían el salvoconducto parlamentario -que nunca fue posteriormente retirado- para que negociara con los etarras la compra del silencio de las pistolas tras la liquidación de activos afectados por garantías inalienables de unidad española.

Pues bien, cuando de lo que se trata es de que el Tribunal Constitucional decida de una vez qué es compatible del Estatuto de Cataluña y qué no con la Ley Fundamental de 1978, el régimen de exclusión constituido en el Pacto del Tinell acusa de exclusión y fractura lo recurrido por el Defensor del Pueblo y por aquellos a los que se excluyó en presencia de notario del juego político en Cataluña.

Aunque, por encima todo, lo que resulta insufriblemente escandaloso es la unanimidad de los medios de comunicación catalanes de tierra, mar y aire. Esas unanimidades compactas, esa ausencia de distingos y apreciaciones es algo más que chocante en contextos pluralistas y democráticos. ¡Menuda muestra de la España plural reclamada!

El texto y su contexto
La prensa de ámbito catalán espolea la oposición a una sentencia adversa sobre el Estatuto
EDITORIAL El País 27 Noviembre 2009

El pronunciamiento conjunto de 12 diarios de ámbito catalán en defensa de la integridad del Estatuto y en contra de los recortes de esta norma que debate el Tribunal Constitucional ha levantado una oleada de reacciones. En Cataluña, en forma de adhesión muy mayoritaria de todo tipo de entidades sociales, económicas o deportivas, mientras que en el resto de España no han escaseado las voces que califican esta iniciativa como una "presión insoportable" al alto tribunal. Por los escasos precedentes, y también por su contenido, el texto y su contexto merecen algunas reflexiones.

Ante todo es preciso subrayar que, a título individual o colectivo, estos rotativos ejercen el legítimo derecho a la libertad de expresión, como lo hacen quienes suelen pronunciarse en términos opuestos. Pero cada uno de estos diarios viene expresando idénticas o parecidas opiniones, por lo que no es ocioso señalar que nos hallamos ante una iniciativa de carácter eminentemente político, destinada más a incidir en la realidad, e incluso a ejercer una especie de liderazgo de sustitución, que a describirla o valorarla. No es fácil dilucidar si esa función corresponde o no a los medios de comunicación, o si éstos deben limitarse a ejercer y organizar el pluralismo y la libertad de expresión.

Sembrar dudas sobre la legitimidad de la diezmada "corte de casación" que juzga el Estatuto, o instar a los magistrados a respetar el pacto constitucional para así preservar "el marco de convivencia español", como hace el citado editorial, puede en rigor describirse como una presión al tribunal. Idéntica calificación merecen las declaraciones del presidente, José Montilla, y otros líderes en respuesta a la proyectada supresión del Preámbulo del término "nación", desvelada el domingo por este diario. Menos honesto resulta escandalizarse ante estas advertencias y no hacer lo propio ante las injerencias mayores que protagonizó el PP tras interponer el recurso, con maniobras tan groseras como la recogida de firmas por toda España o la fabricación de falsas causas de recusación para articular en el tribunal una mayoría proclive a sus intereses. Desde la entrada en vigor del Estatuto, nada ha sucedido en torno al Tribunal Constitucional que no pueda ser percibido por cada una de las partes como "presiones insoportables", hasta el punto de que con la sentencia no sólo está en juego el futuro del texto autonómico sino también el del propio alto tribunal.

Que en esta tesitura cabeceras heterogéneas consensúen un texto común debería mover a la reflexión a quienes aún se aferran al cliché de que los partidos catalanes no representan a la ciudadanía, o sostienen que el Estatuto concitó escaso apoyo social porque el referéndum registró una abstención del 50%, soslayando la aplastante mayoría (74%) que votó a favor del texto. En el debe de los promotores hay que apuntar su deslizamiento hacia el frentismo, pues se arrogan el monopolio de la catalanidad y apelan a una unanimidad política impropia de una sociedad moderna y compleja como es la catalana.


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Respeto al TC y a las reglas de la democracia
La obligación de todos, y especialmente de los poderes públicos, es acatar la decisión de los magistrados sobre el Estatut
Editorial La Razon 27 Noviembre 2009

La excepcional iniciativa de doce diarios editados en Cataluña de publicar un mismo editorial sobre las deliberaciones del Tribunal Constitucional ha crispado todavía más el debate sobre la sentencia aún no dictada del Estatuto. Por supuesto, la prensa catalana está en su derecho de utilizar conjuntamente esa fórmula tan inusual. Pero lo que debe primar en estas circunstancias es el sosiego y el respeto más escrupuloso al trabajo de una institución clave del Estado de Derecho. Hace unos días, reprobábamos en estas mismas páginas el ejercicio de la condena preventiva del Alto Tribunal por parte de dirigentes y políticos catalanes, que se habían lanzado a un virulento ataque. Eran pronunciamientos alejados de la moderación y la contención que cabe exigir en un procedimiento absolutamente regular como el que está en marcha, aunque algunos hayan insistido en esparcir la doctrina de la excepcionalidad como método para deslegitimar y desacreditar al Tribunal y a su trabajo.

Desde el mismo Gobierno catalán se ha prescindido de todo formalismo para irrumpir de lleno en el terreno de la presión, por momentos asfixiante, sobre unos magistrados que tienen entre manos una cuestión de enorme complejidad y profunda relevancia política, como el tono del debate ha puesto de manifiesto en los últimos días. Aunque, sin duda, es cierto que tres años de deliberaciones han creado un caldo de cultivo propicio para la especulación, la conjetura y la filtración, no lo es menos que las injerencias políticas han dificultado extraordinariamente los esfuerzos y los intentos de los miembros del TC por alcanzar un dictamen definitivo. Injerencias que se saltaron abruptamente todas las barreras institucionales que se derivan de la división de poderes, pilar ineludible en una democracia que se precie. El hecho de que esta misma semana, por ejemplo, el consejero catalán Joan Saura pidiera directamente la dimisión de todos los magistrados, o que el vicepresidente Carod Rovira amenazara con que Cataluña giraría los goznes del separatismo para emprender la independencia, es un ejemplo claro de las expresiones extemporáneas e irrespetuosas dirigidas hacia el Tribunal.

Tampoco resultó más adecuado que una ministra del Gobierno de España como Carme Chacón exigiera al PP que retirase el recurso de inconstitucionalidad. O que otros miembros del Gobierno o del PSOE contribuyeran a la estrategia de acoso con pronunciamientos poco sutiles como el del titular de Justicia, Francisco Caamaño, cuando incidió en que el Tribunal no podía pasar por alto que el Estatut había sido aprobado por los representantes legítimos del pueblo español y por los catalanes, o el del portavoz socialista José Antonio Alonso, que apuntó que los magistrados, con absoluta independencia, decidirán que el Estatuto es constitucional.

Más allá de las intromisiones políticas, el argumento manido estos días de que el Constitucional no era quién para fallar contra lo acordado por el Congreso y luego refrendado por los catalanes no se sostiene, porque directamente estaría vaciando de contenido la labor del Tribunal como guardián de las esencias de la Carta Magna. Resulta curioso también que nadie reparara en esta circunstancia, que nadie cuestionara esa competencia del Tribunal como garante final de los principios constitucionales hasta que apareció el debate de un Estatuto avalado por el propio presidente del Gobierno y que concedía a la Generalitat una capacidad política extraordinaria. Quienes esgrimieron que existe un clamor social en Cataluña, un descontento y una preocupación profundos en la sociedad por la suerte de la norma estatutaria, quienes se arrogan la representatividad de los catalanes, tendrán que convenir que el Estatuto fue respaldado sólo por el 30% de los electores, o lo que es igual, que un 70% no lo respaldó o no le interesó, y que pasó sin pena ni gloria porque nunca respondió a una inquietud ni una reivindicación popular.

En definitiva, creemos que arremeter contra el Alto Tribunal por una sentencia que aún no existe es tan irresponsable como amenazar al árbitro antes de empezar el partido por un presumible resultado adverso. Que se deformen interesadamente los mecanismos jurídicos e institucionales que están en la base de un régimen de libertades debilita a la propia democracia y abre un escenario de incertidumbres e inquietudes muy nocivo para el interés general. El Constitucional no es un invento de última hora ni son desconocidas sus competencias y reglas de actuación. Es un órgano emanado directamente de la Carta Magna para velar por la adecuación constitucional de toda ley, incluidos los Estatutos de autonomía. La obligación de todos, y especialmente de los poderes públicos, es acatar y respetar la decisión de los magistrados del Alto Tribunal sea cual sea, sin que ello suponga que quede exento de la crítica razonada y responsable. Que se cuestionen las reglas del juego desde gobiernos, parlamentos o editoriales de prensa en función de una determinada coyuntura sólo daña la imprescindible credibilidad del sistema.

Adeu
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 27 Noviembre 2009

Mientras los miembros del Tribunal Constitucional se encierran en sus casas para seguir meditando y los ciudadanos españoles (con perdón) les dejamos en reposo, como nos lo ha pedido Zapatero, y mientras los directores de los periódicos catalanes siguen con la satisfacción de haber publicado el editorial colectivo redactado ¿por quién? ¿por Oliart quizá? ¿por Punset, tal vez? ¿por algún hermano de Maragall con la ayuda de algún hijo de Pujol?...

Pero supongamos que en esa vuelta a la tibieza, que es lo que nos caracteriza, uno de los miembros del TC cambiara de criterio y se pasara a la posición de los contrarios...Pongamos por caso que mi viejo amigo Manuel Aragón cambiara de actitud y se decidiera a aceptar la mención de la nación catalana del Preámbulo, así como los derechos históricos de Cataluña y la prevalencia de la lengua catalana sobre la común ¿qué podría suceder en la próxima sesión del TC? Se produciría un empate entre los dos bandos, y la presidenta podría conseguir un texto aceptable por todos. Se habría salvado la situación y el Estatuto seguiría aplicándose tal como ha venido sucediendo a lo largo de estos tres años.

¿Terminaría entonces la progresión de nacionalistas y socialistas hacia la independencia? Creo que no. Se llevarían a cabo las consultas (que no referendos) sobre el derecho de Cataluña a la soberanía en los principales ayuntamientos y, en definitiva, los socialistas y nacionalistas catalanes seguirían persiguiendo el sueño de convertirse en un Kosovo o en una República Checa...

Porque nadie quiere reconocer que ZP ha roto esto ya. Que somos desgraciadamente muy pocos los que sabemos que una nación no es un jarrón o una mesa que se descompone en cachos, sino que es la sangre que fluye por el cuerpo colectivo, y le da vida y conciencia de ser algo enterizo... Lo que llamábamos España.

Los diarios catalanes se olvidan del "responsable" Zapatero
Hay quien son víctimas de ciertos complejos, como considerar que sólo los nacionalistas son catalanes. Pero también el hecho de tener memoria corta: ¿Quién prometió lo imprometible?
Antonio Martín Beaumont elsemanaldigital 27 Noviembre 2009

Doce periódicos, doce. Distintos en todo -o en casi todo- El Periódico, La Vanguardia, Avui, El Punt, Diari de Girona, Diari de Tarragona, Segre, La Mañana, Regió 7, El 9 Nou, Diari de Sabadell y Diari de Terrassa se han puesto de acuerdo para publicar el mismo editorial el mismo jueves: envueltos en la cuatribarrada piden y predican "La dignidad de Catalunya". Nada que decir: ejercen la libertad de expresión, por supuesto.

¿Pero qué hay tan grave y excepcional para movilizar cabeceras tan dispares y hasta opuestas? Una vez más, el "Estatut" de Cataluña. Ya no se trata de pedir al Tribunal Constitucional una sentencia pronta. Ya no basta exigir que esa sentencia sea favorable a las tesis recogidas en el texto discutido. Ahora se descalifica preventivamente cualquier posible sentencia que no acepte en todo y por todo el "Estatut". Tal parece ser "la dignidad de Cataluña".

Pero no basta desear una cosa para que sea cierta. Que España sea una democracia no significa sólo que el pueblo elija a los gobernantes y vote de un modo u otro las leyes. Si la democracia se redujese a eso la Alemania nazi habría sido una democracia. Para que haya democracia debe haber, además, una división de poderes: quien legisla no gobierna y quien gobierna no juzga, no hay un caudillaje omnipotente. Y sobre todo hay un Estado de Derecho: todos deben respetar las leyes y éstas, conforme a su jerarquía, deben respetar la Constitución. Eso está en juego, y no la dignidad de Cataluña: si los legisladores catalanes respetaron o no la Constitución.

Estas nociones son tan elementales que los colegas directores de los doce periódicos catalanes las conocen perfectamente. ¿Por qué entonces amenazar a los magistrados con ese poco enigmático "si es necesario la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable"?

Los periódicos catalanes son víctimas de un doble complejo colectivo. Parecen querer decir que sólo siendo nacionalista se es catalán, mientras que Cataluña ha existido antes y seguirá existiendo después de este "Estatut" y de cualquier otro. Y nuestros colegas de la prensa catalana tienen, además, no pocos ingresos que provienen de la publicidad institucional de una Generalitat ferozmente estatutista. Pero no será aquí de todas maneras donde se diga que la dignidad, al fin y al cabo, siempre tiene un precio.

Con todo, no hay que dejarse llevar por las apariencias: en realidad, de todo esto la responsabilidad recae en Zapatero, el hombre que prometió que haría suya cualquier cosa que viniese de Cataluña y fuese votada por mayoría de los parlamentarios catalanes. Prometió algo que en democracia no puede ser prometido. Y lo hizo, tras romper un importante pacto constitucional garante por años de que cualquier reforma estatutaria debería contar con el consenso de las dos grandes formaciones políticas españolas, PSOE y PP.

Estatut
De brujos y leguleyos
Emilio Campmany Libertad Digital 27 Noviembre 2009

Tan seguros estaban socialistas y nacionalistas de que el Tribunal Constitucional sancionaría el estatuto perpetrado, que ver que puede ocurrir lo contrario les ha puesto de los nervios. La prensa catalana, a toque de somatén, se ha puesto de acuerdo para sacar un mismo editorial amenazante. Es tan poco sorprendente como si en los tiempos de la URSS el Izvestia y el Pravda se hubieran puesto de acuerdo para publicar un mismo artículo.

La pieza emplea un estilo campanudo de arenga militar para decir muchas tonterías. Una es que el Tribunal, para no ser contrario a la virtud máxima de la Constitución, su carácter abierto e integrador, debería considerar ajustado a ella un estatuto que la transgrede. O que declarar inconstitucional el estatuto sería ir en contra del principio pacta sunt servanda. Aparte de que una sentencia puede ser contraria al espíritu de una norma, pero muy difícilmente serlo a una de sus virtudes, siempre provoca hilaridad ver a juristas pedantes e ignaros disimular sus lagunas oceánicas con latinajos. En la Transición hubo en efecto un pacto entre los españoles. Pero ese pacto se tradujo en la Constitución. Su violación, que es lo que hace el estatuto, conlleva la del principio que el editorialista sabihondo invoca. Es como si el comprador de una casa, disfrutándola, se niega a pagar el precio y encima exige que sea el que se la vendió quien pague los gastos de comunidad porque pacta sunt servanda. La cosa tiene bemoles.

Hay más: "La expectación es alta. La expectación es alta y la inquietud no es escasa [observen que el editorialista escribe como habla Zapatero] ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas". Javier Cercas, que ha dicho muchas tonterías del estatuto, lo expresa mucho mejor, que para eso es escritor: "Hay un conflicto entre la democracia y la ley".

Lo expresa mejor, pero es igual de falso. La Constitución se funda en la soberanía del pueblo español que la refrendó. Cuando una ley es anticonstitucional, también es antidemocrática porque va en contra de lo expresado por la soberanía popular. Que el estatuto haya sido aprobado por los catalanes en referéndum no significa nada porque en España, de momento, sólo hay un pueblo soberano, que es el español, y a éste no se le ha pedido opinión. Si los socialistas y nacionalistas catalanes quieren para Cataluña un estatuto como el que se han dado, que no cabe en nuestra Constitución, tenían que haber instado primero su reforma. Si la Constitución, convenientemente reformada y ratificada por el pueblo español, hoy dijera por ejemplo que España es un Estado integrado por tales y tales naciones, incluida Cataluña, ningún problema habría hoy con el estatuto. ¿Por qué no siguieron ese camino? Muy sencillo: porque el pueblo español nunca hubiera aprobado tal reforma. Y ese es precisamente el "inconveniente" que socialistas y nacionalistas han querido sortear.

Si el Constitucional finalmente falla contra el estatuto, habrán fracasado y los catalanes no podrán posponer más la necesidad de resolver su dilema. Tendrán que decidir si quieren ser españoles con el grado de autonomía que les brinda la Constitución, pero no más, o ser independientes con todas sus consecuencias. Acabado el tiempo de los leguleyos, tampoco habrá ya margen para aprendices de brujo.
 

EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN
EL FORO ERMUA RESPONDE AL EDITORIAL CONJUNTO DE DOCE PERIÓDICOS CATALANES SOBRE LAS DELIBERACIONES DEL T.C.
Foro de Ermua  27 Noviembre 2009

Bilbao 26 de Noviembre de 2009
Doce periódicos catalanes han coordinado sus posiciones para aumentar la presión al Tribunal Constitucional ante la Sentencia sobre el nou Estatut. Renuncian así a su independencia, se ponen al servicio de determinados poderes políticos locales y se acercan a un modelo de prensa más propio del franquismo que de una democracia.

El editorial resulta tan burdo que funciona a modo de boomerang contra quienes lo suscriben; es el mejor ejemplo de cómo la constitucionalidad del Estatut es indefendible con argumentos jurídicos y sólo mediante la coacción y la presión política tiene posibilidades de superar el filtro del Constitucional.

Ampuloso y frívolo al considerar que es nada menos que la dignidad de Cataluña la que está en juego con la Sentencia del nou Estatut, el editorial no explica cómo es posible que sólo un 35,78 % de los ciudadanos de Cataluña con derecho a voto apoyara un texto en el que, según su propia hipérbole, radica su dignidad.

En todo caso en poco valora su dignidad quien la hace depender de una resolución sobre la inadecuación a la Constitución de su Estatuto autonómico en lugar de hacerla residir en el nivel de libertad de sus ciudadanos, en su solidaridad, en su capacidad para aportar al bien común o en la justicia de sus actos.

El editorial demuestra desconocimiento o mala fe y ánimo de desinformar cuando denuncia que el Tribunal Constitucional se va a convertir en una cuarta Cámara. Nada más falso. La función del Constitucional es bien clara: tiene que controlar el funcionamiento de las Cámaras y determinar si la normativa aprobada se adecua a la Constitución. Para eso fue creado y ésa es la función que debe cumplir frente a cualquier Ley, incluida la Orgánica del nou Estatut. Pretender lo contrario por el mero hecho de que una Ley haya sido aprobada por el Parlamento español y el catalán y refrendada por los ciudadanos catalanes es propio del populismo más antidemocrático: cuando el derecho no ampara, se viola la legalidad mediante la demagógica apelación al “pueblo”. No es nada nuevo, pero ése no es el sistema que las democracias reales nos hemos impuesto. Nuestros ordenamientos no son inmutables, pero existen unos procedimientos para su reforma que no pueden ser trampeados.

Porque lo que está pidiendo el editorial es que nos olvidemos de lo que dice la Constitución y que se dé el visto bueno al texto por motivos políticos. No argumenta de manera alguna sobre la hipotética constitucionalidad del nou Estatut, limitándose a anunciar grandes males si se declara inconstitucional y a calificar de irreductibles a los magistrados que no se muestran propicios a sus intereses. Desde el FORO ERMUA consideramos francamente positivo mostrarse irreductible si de lo que se trata es de oponerse a una mutación constitucional a través de la aprobación de un Estatuto. Y esta irreductibilidad sería positiva tanto porque supone una defensa de la Constitución y, por tanto, del Estado de Derecho, como porque en este caso beneficia a los ciudadanos al mantener espacios comunes con mayores oportunidades, más derechos, más igualdad y más libertad.

El dilema, como dice el editorial, se plantea entre avance o retroceso, poniéndose en juego la propia dinámica constitucional y el marco de convivencia que los españoles nos dimos.

Sin duda estaríamos ante un grave retroceso y una quiebra de la dinámica constitucional si se aceptara que Cataluña es una nación política cuando la Constitución diferencia claramente (arts. 1 y 2) entre la nación (considerada como ámbito de soberanía política) y nacionalidades (consideradas como ámbitos con particularidades históricas y culturales relevantes), sería un retroceso y rompería con lo dispuesto en la Constitución si se aceptara romper la unidad del poder judicial español que queda establecida sin duda alguna (arts. 117.5, 122, 123, 125 y 149.1 5ª) en la Constitución, sería un retroceso y rompería con lo dispuesto en la Constitución aceptar la obligatoriedad del catalán cuando la Constitución establece únicamente la obligación de conocer el castellano (Art. 3.1), habiéndose excluido expresamente la obligación de conocer las lenguas regionales en el debate constitucional al rechazar una enmienda en ese sentido del Sr. Trías Farga porque “sería clara la discriminación y sería romper el principio de libertad de comunicación y establecimiento de todos los españoles, incluso los funcionarios” (Diario de Sesiones nº 104, 5/7/78, pág. 3856), también sería un retroceso y rompería con lo dispuesto en la Constitución aceptar levantar difusas barreras entre los españoles, romper la unidad de los cuerpos de notarios, jueces, secretarios judiciales, registradores, etc., restringir la competencia del Parlamento para la realización del presupuesto, aceptara terminar con la igualdad en los derechos básicos de los españoles, romper los mercados laborales, o que las relaciones entre España y Cataluña se sometan al principio de bilateralidad, olvidando así la pluralidad de España que está compuesta por diecisiete autonomías y reduciendo el papel del Estado central al de mero coordinador entre diecisiete miniestados. Esos son los riesgos reales de retroceso y ruptura del marco de convivencia al que nos enfrentamos.

Tampoco conviene olvidar que frente a lo que pretende el editorial no será el TC cumpliendo con su deber quien rompa con la dinámica constitucional, sino que ha sido el propio procedimiento para la aprobación del nou Estatut el que ha roto la dinámica propia de la Transición donde los acuerdos sobre el marco jurídico básico eran adoptados por consenso. Por primera vez desde 1978 se ha aprobado un texto estatutario sin acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales que representan a más del 80% de los españoles, con el rechazo expreso del 44,64% del Parlamento nacional y con un fuerte rechazo popular tanto en Cataluña como en el resto de España.

El unísono editorial no niega que se esté tratando de mutar la Constitución a través de un mero Estatuto de autonomía, pero exige que no se frene esta maniobra. Apela, como no podía ser de otra manera, no a argumentos jurídicos sino al miedo, anunciando problemas para la convivencia y respuestas por parte de Cataluña. Desde el FORO ERMUA podemos asegurar que una Sentencia acorde con la Constitución no provocará ningún problema grave de convivencia; el riesgo para la convivencia no se encuentra en una Sentencia ajustada a la Constitución, sino precisamente en la falta de respeto del marco constitucional. Las amenazas del nacionalismo siempre quedan en nada, entre otras cosas, porque ellos son los primeros beneficiados del sistema que pretenden torpedear. Por otro lado, los unánimes editorialistas no están legitimados para hablar en nombre de Cataluña, puesto que sólo son representantes de intereses más cercanos a la estructura caciquil del Antiguo Régimen que a los intereses de los catalanes: no olvidemos que el 64,22 % de los ciudadanos de Cataluña no apoyó el nou Estatut.

Por mucho que lo exija una docena de periódicos cuya independencia han sacrificado a favor del poder político, el Estado de Derecho no debe someterse a los intereses de unos pocos. No se trata de mirar airadamente a la identidad catalana como pretende el editorial. No hay nada más fácil que inventarse un enemigo para no tener que debatir con el adversario real y nada más fácil para ocultar los intereses propios que identificarlos con el de todos los ciudadanos.

La oposición al Estatuto de Cataluña de 2006 no tiene nada que ver con la animadversión hacia Cataluña ni hacia el catalán. De lo que se trata es de oponerse a discursos propios de los reaccionarios antidemocráticos del siglo XIX y a la reducción de derechos de los ciudadanos. Se trata, precisamente, de preservar en beneficio de todos el marco de convivencia fijado por la Constitución y que es puesto en peligro por el nou Estatut. Es este marco de convivencia el que tiene que defender el Constitucional. Es la libertad de los españoles, incluidos los catalanes, para establecerse sin barreras difusas en cualquier lugar de España y para optar por la educación y lengua que deseen, es la igualdad de derechos y la solidaridad interterritorial, es la unidad del poder judicial, es un Estado con competencias y medios para funcionar eficazmente, es España como ámbito de decisión común y de unidad frente al exterior, son los acuerdos alcanzados en la Transición los que deben ser protegidos y son las presiones desde el nacionalismo y parte del partido socialista las que ponen en peligro estos acuerdos.

El Tribunal Constitucional tiene la obligación de dictar ya una Sentencia fundada en derecho y que proteja el espíritu y la letra de la Constitución. Seguir retrasando la Sentencia sólo conllevará un mayor desprestigio del Tribunal, un aumento de las presiones y un incremento de las dificultades para revertir la normativa dictada al amparo de una norma inconstitucional. La situación resulta ya insostenible.

Cuidado con los monstruos
M. MARTÍN FERRAND ABC 27 Noviembre 2009

VÍCTOR Frankenstein, el hijo literario de Mary Shelley, aprendió en su propia carne el riesgo que desencadena la creación de un monstruo. Los monstruos crecen, engordan y hasta pueden llegar a reproducirse, como les ocurre a los diecisiete hijos del «café para todos» que, contra la razón y en desprecio de la Historia, engendró el Título VIII de la Constitución del 78. Por quitarle a tres territorios españoles las notas diferenciales y la autonomía que habían consagrado en la República, se extendió el planteamiento a toda España y de ahí, anuladas las diferencias, surgió la carrera de las identidades y prerrogativas específicas que, con gran inoportunidad, tanto nos distraen de los más graves problemas que tiene la Nación.

Doce diarios catalanes, mayoritariamente editados en castellano, publicaron ayer un editorial conjunto que, bajo el título de «La dignidad de Cataluña», señala el esperpento que protagoniza el Tribunal Constitucional después de largos debates y muchas filtraciones interesadas en torno a su sentencia pendiente sobre la constitucionalidad de un Estatut que, a falta de un recurso previo de inconstitucionalidad, viene inspirando la actividad legislativa del Parlament en los últimos tres años. Los periódicos catalanes trasladan al territorio un concepto, como la dignidad, que sólo tiene asiento en las personas y, en eso, cabe agradecerles que, puestos a la pirueta altisonante, no hayan hablado del «Honor de Cataluña».

Los redactores del editorial, que tratan de coaccionar al TC, lo que verdaderamente parecen perseguir es un cambio de la Constitución -tan necesitada de remiendos- por un procedimiento impropio y, de paso, enmendar la Declaración Universal de Derechos Humanos que, en su artículo primero, reza: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». Los catalanes, como seres divinos, parecen reclamar más dignidad y más derechos que el resto de los españoles. Les invitó a ello la imprudencia política de José Luis Rodríguez Zapatero cuando, para merecer el respaldo del tripartito que gobierna en Cataluña, prometió lo que no debía. Resulta lamentable que en tiempos de gran tribulación y con cuatro millones de ciudadanos en el paro, instalados en la cola de la UE, las energías nacionales se consuman en estos rifirrafes familiares, innecesarios y muy distantes de la demanda social. Cuidado con los monstruos.
 

¿Dignidad?
Daniel Martín Estrella Digital 27 Noviembre 2009

La Constitución del 78 es incomprensible, sobre todo en lo referente a su Título VIII, aquel que se refiere a las Comunidades Autónomas y sus competencias. De esta ley nació un Tribunal Constitucional que, al margen del Supremo -lo que constituye una contradicción inherente al sistema-, decide en última instancia sobre las cosas que caben o no dentro de lo que, en la carrera de Derecho, se considera la norma primera y fundamental del ordenamiento jurídico. De la Constitución también nacen los Estatutos de Autonomía y las respectivas administraciones regionales que, según se dice, asegurarían una gestión más cercana a los ciudadanos.

No me gusta la Constitución del 78 pero, de momento y hasta que se diga lo contrario, es la ley que marca las reglas de juego en esta España amorfa, contradictoria y disgregadora. Hace tres años, el Congreso decidió una reforma del Estatuto catalán de autonomía. Como ya no hay recurso previo de constitucionalidad, el Estatut, como viene a denominarse, entró en vigor y ha tenido numerosos efectos aunque el Tribunal Constitucional tenga que decidir si esa norma, de rango menor a la Constitución del 78, es compatible con la esencia constitucional y el resto del ordenamiento jurídico.

Como suele ocurrir -en España las cosas van despacio, aún más las de la justicia-, el Tribunal Constitucional -en veremos en cuanto varios de sus miembros deberían haber sido renovados desde hace siglos- ha demorado su decisión acerca del Estatut, no por falta de tiempo sino por falta de valor y por querer satisfacer a la mayoría de las partes implicadas, como así lo demuestran las dos escandalosas filtraciones que han adelantado, a modo de globo sonda, las deliberaciones que han tenido lugar dentro del tribunal.

La aplicación del Estatut y la demora del TC han creado una situación insostenible porque aquel establecía varias cosas que son difícilmente compatibles con el espíritu de la norma del 78, decida lo que decida la institución presidida por María Emilia Casas, pero muy en la línea del modelo federal en que, gracias los nuevos estatutos, poco a poco vamos deviniendo. Es decir, desde dentro del sistema se ha ido superando la letra y el espíritu constitucionales. En España jamás hemos sabido hacer las cosas a derechas ni de acuerdo a Derecho.

Si a eso se une que el Tribunal Constitucional, como el resto de la Justicia española, está sometida a las veleidades de los partidos políticos, siendo antes un órgano político que jurisdiccional, la sentencia sobre el Estatut trasciende lo jurídico, lo legal, para convertirse en una especie de arma que marcará, para los restos, el sentido de nuestra nación al margen de la democracia que se nos supone.

De ahí que se hayan ido sucediendo las presiones sobre el Constitucional para impedir, como anunciaban las filtraciones, que se recorten las prebendas que la mayoría del Congreso y una minoría de catalanes en referéndum aprobaron para dar a Cataluña mayor autogobierno, casi la categoría de nación federada al resto de España. La última muestra de presión catalana -a mi entender extorsionadora- ha llegado con un editorial que ayer publicaron en bloque todos los periódicos de aquella tierra de gloriosa Historia, a pesar de ello manipulada por el separatismo en sus muy diversos grados. La editorial soltaba lindezas como la siguiente:

"Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. [...]Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa".

Más allá de eso, el texto, más político que periodístico, viene a decir que el TC no tiene derecho a decidir sobre el Estatut porque este fue aprobado por el Parlament, el Parlamento español y el pueblo catalán. Es decir, por vía espuria se ha modificado la Constitución porque, según ese editorial, el Constitucional ya no tiene jurisdicción. Y luego, como la gran mayoría de los políticos catalanes, ha utilizado, en plan victimista, todo ese discurso sobre los abusos del resto de España sobre Cataluña -¿de qué uniformidad hablan cuando ya no todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones, por sólo mencionar un asunto concreto?-.

El editorial, titulado La dignidad de Cataluña, dice más bien poco sobre la dignidad de esos periódicos que, con su tono matón y el fondo independentista, renuncian abiertamente al poder establecido por la Constitución del 78. Pero fueron todos los periódicos de Cataluña los que lo publicaron. Del mismo modo que son los partidos que representan casi el 90% de la ciudadanía catalana los que defienden un Estatut que contravienen las actuales reglas del juego. Ante eso, el hablar de si hay mayor o menor dignidad me parece gratuito.

Aunque más osado en su forma, el Estatut no difiere demasiado en el fondo de las reformas valenciana y andaluza de sus propios Estatutos, ni de las que pronto saldrán de la carrera de San Jerónimo. El Congreso español va cambiando la Constitución por un curioso camino. Si por lo menos esta segunda vuelta federalizadora hubiese servido para establecer un reparto cerrado y definitivo de competencias entre Estado y Comunidades... Mientras tanto, el Tribunal Constitucional, desvirtuado por todos, sobre todo por sus propios y pusilánimes miembros que fueron elegidos por los partidos políticos, no decide y aumenta la tensión, el caos institucional y jurídico. Afortunados esos catalanes que, según el editorial, aún son capaces de pensar en dignidad. Algunos tan solo somos capaces de pensar que el invento español, me da igual si el del siglo XV o el del 78, hace aguas y terminará naufragando lamentablemente... otra vez.

dmago2003@yahoo.es
 

¿Editorial o panfleto político?
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 27 Noviembre 2009

ESPERABA más de los colegas catalanes. Más exactitud, más profundidad, más elegancia. Si para defender su nuevo estatuto lo único que se les ocurre es deslegitimar al Tribunal Constitucional -como los equipos que van perdiendo, al árbitro-, mal anda ese estatuto. Cualquier editorial de cualquiera de los 12 periódicos tiene más enjundia y menos política que el publicado ayer al alimón bajo el título «La dignidad de Cataluña». Para empezar, la dignidad la tienen las personas, no los territorios, y si esos diarios hubieran investigado la corrupción en su torno con el mismo ardor que el Estatut, Cataluña estaría hoy más limpia.

Luego, acusar al Tribunal Constitucional de convertirse en «cuarta Cámara» es falaz. El Tribunal Constitucional no es la cuarta ni la décima Cámara. Es uno de los poderes del Estado, encargado de vigilar que los otros dos no se aparten de la legalidad. Precisamente por ello, está capacitado para pronunciarse sobre el Estatut y sobre cuantas leyes, decretos y disposiciones emitan los gobiernos, las Cámaras y demás instituciones. Que actúe con solo 10 miembros por haber muerto uno de ellos y haber sido recusado otro, como el que 4 de ellos se hayan pasado de plazo, no le quita legitimidad: su mandato sigue vigente hasta que no se les encuentre sustitutos. Como el que lleven tres años debatiendo el tema. Llevarán el tiempo que sea necesario, sin plazo para ello. Por último, acusar a «una parte significativa del Tribunal haber adoptado posiciones irreductibles», cuando los irreductibles son quienes proponen hacer la vista gorda ante un posible desafuero sólo es superado en cinismo por esa postrera apelación del editorial al «espíritu de la Transición». Quienes han traicionado la Transición son los que nunca la aceptaron plenamente y vienen tratando de socavarla con iniciativas como ese Estatuto, pretendiendo hacer constitucional lo inconstitucional.

Lo que no debe preocuparnos demasiado es la amenaza de que, en caso de sentencia negativa, «la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable». En un rasgo que le honra, junto a ese editorial, «La Vanguardia» publica un artículo de Francesc de Carreras que describe lo que hay tras esa connivencia prensa-políticos: «En realidad -advierte el catedrático de la Universidad de Barcelona- lo que pretenden los políticos catalanes no es defender el Estatut, ni a Catalunya, ni a los catalanes, lo que tratan es defenderse a sí mismos». Y señala la causa: las próximas elecciones autonómicas, con unos sondeos que rondan el 50 por ciento de abstención, «prueba de su fracaso». Pero no es sólo el fracaso de los políticos catalanes. Es el fracaso de Zapatero, con aquel «os daré lo que me pidáis», creyendo posiblemente que, como promesa electoral, no estaba obligado a cumplirla

El Régimen y la Prensa del Movimiento....nacional (I)
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 27 Noviembre 2009

Sí hay precedente al editorial de los 12 periódicos catalanes. Pero hay que irse detrás de la democracia para encontrarlo. Al Régimen y a la prensa del Movimiento, movimiento nacional, faltaría más. Recuerdo de mozalbete, que es lo que era por aquellos primeros 70 y “meritorio” (el equivalente del becario de ahora pero más en crudo) en el diario “Pueblo” que cuando el Régimen se sentía ofendido, aislado, acosado y objetivo de una conspiración internacional y judeomasonica (el franquismo siempre se sentía perseguido por conspiraciones externas) se hacía llegar a todos los periódicos de la cadena de Movimiento el editorial preceptivo que todos sumisamente publicaban. El Ministerio de Información y Turismo (Fraga sabe mucho de aquello) era el encargado del operativo, aunque todos sabían que el trasmisor era lo de menos, que lo de más, el autor intelectual y encargado de hacer cumplir la orden, era Gobernación, se llamara como se llamara y si estabas en provincias te lo llevaba un motorista del Gobierno Civil.

Pues eso. Que tiene todas la similitudes, que quieren que les día. La Gobernación de la Generalitat y unos sumisos y escribanos. Después una invitación a publicarlo al resto y todos a demostrar fervor patriótico. Esto también me recuerda algo: las estatuas u homenajes por suscripción “popular” y ¿quién era el alcalde guapo que no apoquinaba su alicouta parte?. Ya digo, hay precedente, aunque no guste y muy “nacional” también por cierto.

Las formas son esas. Los fondos son peores. Suponen la deslegitimación del ensamblaje democrático del Estado, porque esa y no otra es la conclusión final: que el Tribunal Constitucional, o sea el poder judicial, dentro de la separación de poderes democrática, no puede actuar ante lo decidido por el legislativo (tanto el autonómico como las Cortes Generales) y una parte, porque es una parte Cataluña del conjunto del pueblo Español.

Pero el Constitucional está precisamente para eso. Da armas a sus detractores con su retraso de tres años y sus componendas políticas. Pero está exactamente para esto. Para determinar si esa ley, el Estatut, encaja en la ley suprema a la que estamos todos sometidos : La Constitución, avalada por todos los españoles, incluidos los catalanes que por cierto la votaron mucho más entusiásticamente que el Estatut (mas de un 60% de la población por un raquítico 35%). Y muchos creen, ideologías aparate, que el Estatut conculca los derechos constitucionales y ciudadanos en tres aspectos claves: el uso de la lengua común, la unidad jurisdiccional y la unidad de mercado. Amen del concepto nación que se autoproclama. Sobre eso y ya lleva siendo tarde hace mucho ha de dictar sentencia. Y esa es la que todos y por supuesto los catalanes debemos acatar.

Pero eso es lo que se pretende variar y sobre lo que se presiona. Oculta en el fondo otra cuestión. La trascendental. La soberanía. Pretender que el Constitucional no puede variar eso. Porque es Cataluña. Suponer una especia de pacto de Nación a Nación entre España y Cataluña, cuando nada de eso hay. Cataluña hoy, ahora y en la ley es parte de España No hay dos naciones soberanas por más que se las quieran inventar y hacer pasar por tal.

El TC contra el TC... catalán
Esther Esteban www.lavozlibre.com 27 Noviembre 2009

Decir a estas alturas de la película que el Tribunal Constitucional se ha convertido en una institución desprestigiada, desacreditada, extremadamente politizada que ha dejado su buen nombre en el camino a cuenta del Estatut de Cataluña, no es una opinión sino una constatación. Hace año y pico un grupo de periodistas tuvimos un almuerzo de trabajo con la presidenta Emilia Casas, preocupada en ese momento por la mala prensa de la institución que presidía. Nos habló de la importancia de que la sentencia del estatut fuera por unanimidad, para evitar precisamente las reticencias que mostramos la mayoría de los presentes ante la excesiva politización del asunto. Hablamos de la renovación del alto tribunal, de la necesidad de que los cargos que habían cumplido su mandato fueran sustituidos de forma inminente, incluso -ante la insistencia- se atrevió a pronosticar que en seis meses mas o menos el asunto quedaría zanjado. En un momento dado de la conversación una colega le planteó, abiertamente, la posibilidad de que en Cataluña, se siguiera desarrollando el estatut como si este no estuviera recurrido y, llegado el caso, que se creara un alto tribunal catalán que se arrojara la ultima palabra en los recursos sobre los conflictos de competencia que pueda plantearse ante el Constitucional. En esos momentos era solo una hipótesis y como tal se planteó, pero la señora Casas sin pronunciarse explícitamente hizo un gesto de exageración en el planteamiento y desaprobación en el contenido.

Casi dos años después, ayer en las portadas de los periódicos vimos al presidente de la Generalitat José Montilla dirigiéndose a los miembros del Consell de Garanties Estatutaries de Cataluña, es decir, el Constitucional Catalán, con todo el rito y el boato de los grandes acontecimientos. " Hoy se demuestra que pese a los obstáculos y el pesimismo el estatut está vivo, plenamente constitucional y plenamente vigente", dijo Montilla en el acto de toma de posesión de los miembros del Consell. ¡Toma ya! Que vaya tomando nota el alto tribunal porque si no se dan prisa su trabajo será innecesario, porque le habrán comido la merienda y no habrá efectos retroactivos que valgan.

Quien lo tiene claro es el Gobierno catalán que desafiará al estado cuantas veces haga falta sea creando una ley de educación catalana, sea con su propio tribunal constitucional y con todo lo que haga falta. Con este nuevo paso Cataluña se vuelve a independizar de las instituciones del Estado y sus políticos nos lazan el mensaje de que seguirán desarrollando el estatut mientras en Madrid se sigue deshojando la margarita de la sentencia. ¿Qué pasaría si finalmente se declararan no constitucionales algunas de la leyes o las instituciones que ya se han creado? Pues eso... que el conflicto estará servido y ya no valdrán lamentos que valgan. A cuenta del retraso podremos ver a dos TC enfrentados: el del estado español y el de... ¿la nación catalana? ¡Kafkiano!

Comprometida postura
EDITORIAL El Correo 27 Noviembre 2009

La inexplicable parsimonia con la que el Tribunal Constitucional afrontó la deliberación de los recursos que penden sobre el nuevo Estatut ha ido suscitando sentimientos de agravio en Cataluña. La publicación de un mismo editorial por parte de doce periódicos catalanes que suman una amplísima difusión, con una crítica inusitadamente severa hacia la autoridad que asiste al Alto Tribunal y la advertencia de que su dictamen final podría afectar a la «dignidad de Catalunya» supuso ayer el anuncio más inquietante de la fractura que se produciría si la sentencia que redacten los magistrados censura contenidos sensibles de la norma estatutaria. Nadie puede poner en cuestión la legitimidad del pronunciamiento editorial de los doce periódicos como expresión de un parecer libre y compartido. Pero es indudable que éste no es inocuo. Porque al prevenir ante la sentencia del Constitucional contribuye a la desafección respecto a ese pronunciamiento y a un clima de contestación que compromete la propia pluralidad de la prensa, su deber moderador y la respuesta política y social al veredicto del Alto Tribunal. Las prevenciones que se han ido generando antes de conocerse la resolución dificultan que sea acogida con la serenidad y estabilidad que requeriría el afianzamiento del autogobierno.

Oligarquía catalana nacionalista y piqueterismo
MIGUEL CANCIO* www.lavozlibre.com 27 Noviembre 2009

En la ideología y discursos proclamados se habla mucho de Libertad, Dignidad, Justicia, Solidaridad, Responsabilidad, de la necesaria Pluralidad Democrática y con Garantías, del necesario y limpio Juego Democrático, de la Ética Empresarial (EE), de la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE), del necesario respeto y protección a la independencia de los jueces, de la necesaria lucha contra la corrupción dentro de la ley, de una democracia y economía abiertas y de juego limpio, con seguridad, garantías y principios.

Sin embargo, en España, estos valores se aplican muy poco en la practica real por determinados agentes, líderes y grupos políticos, mediáticos, económicos y sociales.

Hay agentes, líderes y grupos mediáticos catalanes que forman parte de la oligarquía catalana nacionalista excluyente -algunos de los agentes, líderes y grupos mediáticos catalanes que pertenecen a esta oligarquía antes formaron parte del franquismo puro y duro, colaboraron muy activamente con la dictadura franquista, formaron parte de grupos terroristas o, como el Gobierno tripartito de Montilla, Carod Rovira y demás, han pactado con la ilegal banda terrorista marxista-leninista ETA-Batasuna, fueron condenados por graves casos de corrupción como los Filesa, Malesa, Time Sport, el comisionismo a lo bestia y un largo etcétera-, de un gran tinglado, montaje, complejo político, mediático, económico y social que esta actuando en España y que no ha dudado ni sigue dudando, con tal de liquidar a sus principales oponentes, competidores y críticos, de sacar grandes tajadas y de imponerse de forma politiquera, piquetera, guerracivilista, partidista, sectaria y clientelarmente, en recurrir al piqueterismo mediático -como acaba de suceder con doce diarios catalanes que han sacado un muy lamentable escrito para presionar indignamente al Tribunal Constitucional español en su fallo sobre el Estatut Catalan y que debió haber salido hace tiempo-, al peor juego sucio -incluso en el campo judicial-, en romper la baraja, en negar la vigencia de la nación española, de la constitución española, de la lengua española en todas las partes de España, en tratar de romper la unidad de España y atacar la constitución española de 1978, el español, otros símbolos fundamentales de España y la fundamental -desde el punto de vista democrático- división de poderes contemplada en la misma.

El Código penal español establece -artículos 504, 508- como delito las presiones, ataques, amenazas que se viertan contra los jueces y su independencia, contra los tribunales de justicia, contra el Tribunal Constitucional, etc.

Antes del indigno y servil pronunciamiento de los doce periódicos catalanes -Avui, Diari de Girona, Diari de Sabadell, Diari de Tarragona, Diari de Terrassa, La Mañana, El Nou 9, El Periódico de Cataluña, El Punt, Regió 7, Segre, La Vanguardia ­ y que de 1939 a 1978 se llamó La Vanguardia Española-, que con su lamentable escrito -radios catalanas se han pronunciado de la misma manera que los diarios catalanes citados- quieren presionar antidemocráticamente al Tribunal Constitucional español y amenazan al Estado español, a España de que se atengan a las consecuencias si hay un fallo contrario al Estatut catalán, el presidente de la Comunidad Autónoma Catalana, José Montilla -del Partido Socialista Catalán-Partido Socialista Obrero Español-, y otros altos cargos públicos, políticos e instancias catalanas vienen presionando a dicho Tribunal y vertiendo inadmisibles amenazas en el caso de que no falle como a ellos les gusta, es decir, completamente a favor del Estatut catalán. El presidente Montilla y otros políticos catalanes agradecieron el pronunciamiento antidemocrático de los doce diarios catalanes y otros medios para presionar al Tribunal constitucional español y para amenazar a España, al Estado español, a la sociedad española en el caso de que haya un fallo sobre el Estatut catalán que vaya contra sus intereses.

Incluso, están promoviendo, por si acaso y al mismo tiempo, que no haya un fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán para que se produzca la renovación del mismo y, así, con la nueva composición, y que tendrán mucho mas controlada polítiqueramente, hacerse con un fallo completamente favorable para sus intereses completamente contrarios a la nación española y a su vigencia, a la España constitucional, al español y otros símbolos españoles.

Por poner por caso, y en lo relativo a la división de poderes, la oligarquía catalana nacionalista y los que dentro y fuera de Cataluña le hacen el juego por el poder y sus privilegios, por sacar tajada como sea, solo admiten las resoluciones del Tribunal Constitucional español -contemplado en la Constitución española- que les son, que les sean favorables. Como venimos viendo, no dudan en presionar de forma completamente antidemocrática al Tribunal Constitucional español para que se pronuncie a favor del Estatut Catalán. El cual, en mi opinión, es una inadmisible e ilegal reforma de la constitución española por la vía estatutaria y que supone el comienzo del fin de la nación española, de la monarquía constitucional española, de España, que ve vulnerada su soberanía y que se ve completamente hipotecada, vaciada de contenido en su ley de leyes por dicho Estatut. El cual, entre otras muchas cosas, señala que España, la nación española se relacionara de forma bilateral con Catalunya, la nación catalana y que así aparece -como nación- en el Estatut catalán marcadamente antiespañol.

Al mismo tiempo, la oligarquía catalana nacionalista y los que le hacen el juego, por medio de los grupos mediáticos que controlan ­ prensa, radio, televisión, Internet, agencias, productoras, importantes empresas vinculadas con la comunicación... y que sacan grandes tajadas del poder político. Se han montado, se vienen montando importantes y poderosos grupos mediáticos, empresas mediaticas a partir del poder político, muy vinculados/as con el poder político; dichos medios sirven de trampolín para el carrerismo político, para sacar tajada por medio del poder político, en el poder político, a partir del poder político, en las empresas e instituciones que controla el poder político, etc.), no dudan en amenazar a todos aquellos españoles, a las instancias españolas que no se plieguen a su diktak, en este caso, al diktak, a la cirugía de hierro de corte marcadamente neoleninista del Estatut catalán y de los que lo han hecho, promovido y apoyado dentro y fuera de Cataluña.

¿Cómo es posible que la presidenta del Tribunal Constitucional español, María Emilia Casas -que de forma lamentable aguantó sin rechistar la bronca que le echó en público la vicepresidenta del Gobierno PSOE de Rodríguez Zapatero, De la Vega-, que el poder judicial, que los órganos competentes encargados de velar por la seguridad jurídica, por las garantías constitucionales, por la independencia de los jueces y de los tribunales de justicia, y ante las inadmisibles presiones, los pronunciamientos antidemócraticos y las amenazas vertidas contra el Tribunal Constitucional español, no hayan salido a la palestra, y desde el primer momento, para exigir el máximo respeto al mismo y para rechazar dichos ataques?

DEFENSA DE UNA DEMOCRACIA CON SEGURIDAD Y GARANTIAS
En los países democráticos serios -Estados Unidos, Alemania, Francia, etc.-, es decir, con garantías constitucionales y que cuentan con tribunales similares al Constitucional español, las resoluciones de sus tribunales constitucionales que vienen declarando inconstitucionales, poniendo en cuestión, modificando en asuntos de primera importancia muy importantes leyes aprobadas por sus parlamentos centrales, federales, regionales, por parlamentos o instituciones internacionales, etc.; dichas resoluciones son plenamente acatadas y cumplidas.

Hace pocas semanas que el Tribunal Constitucional alemán (que ha servido de modelo para crear el Tribunal Constitucional español) se ha pronunciado sobre el Tratado de Lisboa de la Unión Europea defendiendo la soberanía alemana. Por su parte, el Consejo Constitucional francés ha declarado anticonstitucionales importantes leyes -apartados sustantivos de las mismas- aprobadas bajo la presidencia de Sarkozy y otros presidentes de la República francesa. Podríamos decir lo mismo de la muy prestigiosa Corte Suprema de los Estados Unidos, que funciona también como tribunal constitucional y que ha declarado inconstitucionales importantes leyes.

En estos países -Estados Unidos, Alemania, Francia- y en otros países con amplia tradición democrática no se han hecho campañas tan indignas, lamentables, condenables y antidemocraticas como las que vienen teniendo lugar en Cataluña contra al Tribunal Constitucional español, contra la fundamental división de poderes y para que dicho Tribunal falle a favor del Estatut catalán.

El Estatut catalán, en mi opinión, ataca cuestiones fundamentales de la constitución española como, por ejemplo, la soberanía española, la soberanía del pueblo español contemplada en su articulo primero, como la unidad de España y la vigencia de la nación española contemplada en su articulo segundo, como el uso -en Cataluña- de la lengua española oficial contemplada en su articulo tercero o como la reforma constitucional prevista en el último titulo de la constitución española, el Titulo X De la reforma constitucional, y, en concreto, sus artículos 166, 167 y 168. Podríamos poner otros muchos ejemplos relativos a los llamados derechos históricos, la bilateralidad, la solidaridad territorial, la justicia y a otros aspectos.

Es bien significativo que, en Cataluña, los grupos mediáticos que han sacado tan lamentables escritos, completamente contrarios a un principio fundamental para la democracia como es la división de poderes, y que se han hecho para presionar al Tribunal Constitucional español en su fallo sobre el Estatut Catalán -que, en mi opinión, es marcadamente antiespañol-; es bien significativo que estos grupos mediáticos catalanes se hayan destacado muy poco, no hayan sacado de forma conjunta escritos para defender la dignidad democrática de los catalanes y, por tanto, para denunciar la muy grave corrupción -comisionismo, clientelismo, tráfico de influencias, información privilegiada, malversación de fondos públicos, etc.- que se viene manifestando en Cataluña desde el comienzo de la democracia en 1977 y hasta hoy (26-nov-09), para defender la necesaria independencia de los medios de comunicación del poder político y de otros poderes, y su necesario compromiso con la critica y justicia justas, con la búsqueda honrada, deontológicameente profesional y rigurosa de la verdad y su divulgación.

Hay colaboradores, profesionales, conductores, directivos, ejecutivos y propietarios de los medios de comunicación, hay medios de comunicación que defienden una España constitucional con seguridad, garantías y principios -incluida la seguridad y garantías jurídicas, la independencia judicial y, por supuesto, la independencia de los medios de comunicación con relación al poder político y a otros poderes- y hay otros sectores oligárquicos catalanes y los que les hacen el juego, agentes, líderes y grupos políticos, mediáticos, económicos y sociales que ya mangonean Cataluña y quieren mangonear España, quieren imponer en la misma una concepción y unas practicas amañadas, oligárquicas y de juego sucio de la democracia.

Los españoles de bien, ante esta nueva provocación, ante esta nueva ofensiva antidemocrática procedente de Cataluña, deben movilizarse activamente y a todos los niveles -individual, grupal, social, colectivamente, etc.- frente a los sectores oligárquicos nacionalistas catalanes, profundamente antiespañoles, contrarios a la constitución española y a la división de poderes contemplada en la misma, frente a los que les hacen el juego, y en defensa de la nación española y de una democracia abierta y de juego limpio en todos las partes de España -incluida, claro esta, la comunidad autónoma catalana-, con seguridad, garantías y principios.

(*) Miguel Cancio es economista, sociólogo y profesor de Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela.

Carod-Rovira el viajero
Juan Antonio Tirado elsemanaldigital 27 Noviembre 2009

"Si el Tribunal Constitucional rebaja el contenido del Estatut, Cataluña debe replantearse el seguir en España" – dijo, el otro día, Carod para presionar a la opinión pública y a los jueces. Bien, esto que quiere decir: primero, que Cataluña está en España – eso ya es algo importante viniendo de un separatista -, segundo, que pide la secesión, y tercero, que la decisión la tomarán unilateralmente los catalanes. Cómo deberíamos tomarnos este comentario los demócratas españoles, ¿es una amenaza? ¿O es una advertencia?

Josep-Lluís Carod-Rovira es un personaje excéntrico, radical y peligroso. Es un mal político, poco diplomático, y nada respetuoso con todos aquellos que piensan de forma diferente. Su imagen amable y de bonachón le hace, aún, más peligroso todavía. Es uno de eso seres despreciables que llegan a la política para servirse de ella sin ningún pudor.

Este frankenstein de la política española fue creado y alimentado por el Partido Socialista de Cataluña y por el propio presidente Rodríguez Zapatero. Con el afán de gobernar, sea como sea, en Cataluña y por las necesidades de aliados en el Congreso de los Diputados – en la primera legislatura -, Zapatero patrocinó el tripartito catalán - PSC, ERC e ICV - que surgió tras la firma del Pacto del Tinell el 14 de diciembre de 2003. La primera alianza la encabezó Pasqual Maragall y la segunda José Montilla. Todos son culpables de haber alimentado a la bestia radical. ERC es un partido minoritario en Cataluña y nada representativo de la sociedad catalana, pero sus pocos votos los han rentabilizado de maravilla.

En estos últimos seis años han gozado de gran protagonismo tanto en Cataluña como en Madrid, y eso les ha hecho creerse los reyes del mambo. El peligro es que un partido radical solo alberga a radicales, y eso no es bueno.

Carod-Rovira no ha pasado desapercibido desde su llegada la primera línea de la política española. En enero de 2004, siendo conseller en cap de la Generalitat de Cataluña, Carod-Rovira se reunió con la dirección de ETA – Josu Ternera- en Francia, para pactar una tregua en Cataluña. En mayo de 2005, durante un viaje a Israel, en el que acompañaba al ex presidente de la Generalidad, Pascual Maragall, se negó a participar en un homenaje a ex primer ministro israelí, Isaac Rabin, en Jerusalén, debido a la ausencia de la bandera catalana en el acto, aunque sí estaba la bandera española. En fin, ese es Carod-Rovira en estado puro.

Pero sus excentricidades, además de alimentar a los radicales contra la imagen de España son muy costosas desde el punto de vista económico. La diputada popular en el Parlament de Cataluña, Eva García, desveló en la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara catalana que, "la Vicepresidencia que ocupa Carod-Rovira le ha costado a las arcas públicas 190 millones de euros en cuatro años. Porque a Carod no le importan ni los parados, ni los pobres, sino que sólo piensa en vivir mejor a costa de los contribuyentes".

Siempre pensé que los nacionalismos se curaban viajando, pero me equivoqué, Carod-Rovira es un auténtico trotamundos. Como dato sirva decir que sólo en el último año ha cruzado el Atlántico hasta en siete ocasiones, el último viaje fue a Nueva York. Pero en esta legislatura ha realizado 34 viajes. Ha montado embajadas de la Generalitat en París, Berlín, Londres, Nueva York y Buenos Aires. Además ha visitado de forma oficial países como Ecuador y Mozambique, o se ha apuntado a excursiones culturales a Frankfurt, Guanajuato (México), Cuba o a la última Bienal de Venecia. No se pierde una, ya que también ha acompañado en viajes oficiales al presidente Montilla, a Marruecos, Japón, México, Argelia… Sin contar otros viajes a cuenta del contribuyente a Israel, Jordania, Argentina o Uruguay. Luego están los viajes a estados que buscan la independencia como Quebec (Canadá) o Edimburgo (Escocia).

Me pregunto una cosa: ¿Cómo dice que se quiere ir de España si no está nunca en España?

EL CONTRAATAQUE
La prensa nacional planta encarnizada batalla al "cínico ultimátum"
El Semanal Digital 27 Noviembre 2009

"El Mundo", "ABC", "La Razón" y "El País" cargan en sus editoriales contra la feroz iniciativa mediática de presión al TC. Los diarios firmantes se felicitan por el eco de su editorial.

La batalla mediática entre Cataluña y el resto de España está servida, aunque la prensa de la tierra de José Montilla se empeñe en presentarla como una batalla contra Madrid y no contra las otras 15 comunidades autónomas (excluyendo las dos antes mencionadas). Prueba de ello es el titular de la información en el que La Vanguardia se hace eco en su página web del malestar que el editorial conjunto ha creado en la prensa nacional: Los diarios de Madrid contraatacan el editorial pro Estatut de Catalunya.

En efecto, las reacciones desde los principales diarios nacionales -que no madrileños, aunque se editen en la capital- no se han hecho esperar. El Mundo, El País, ABC y La Razón llevan en sus páginas editoriales (Público no tiene editorial) en los que critican abiertamente la ofensiva mediática catalana. Y, aunque con sus diferencias, todos coinciden en señalar que es una medida de presión intolerable al Tribunal Constitucional. Y, casi todos, en que el responsable último es José Luis Rodríguez Zapatero.

El de El Mundo es el más duro. Ya avisó Pedrojota el mismo jueves, en un primer artículo publicado en su edición digital, que la respuesta de su periódico sería contundente. Y vaya si lo es. En un editorial titulado La dignidad de los españoles (Incluidos al menos 2,7 millones de catalanes), el rotativo defiende con vehemencia la Carta Magna frente al Estatuto con las cifras en la mano: "Si, desde luego, es respetable la voluntad de los 1,9 millones de catalanes que votaron a favor del nuevo Estatuto hace tres años, ocho veces más respetable todavía es la voluntad de los 15,7 millones de ciudadanos que votaron en toda España a favor de la Constitución en 1978. Como la memoria es débil, hay que recordar que 2,7 millones de catalanes votaron entonces ´sí´ a la Constitución, un 50% más que esos 1,9 millones que apoyaron este Estatuto con un censo mucho mayor. En términos porcentuales, lo cierto es que el Estatuto obtuvo el apoyo del 36% de los votos sobre el censo electoral de Cataluña, mientras que la Constitución obtuvo un 62% de respaldo. Y termina: "Hagan lo que hagan, ahora que se ha adherido el Barça, será un gol en propia meta".

ABC tampoco le va a la zaga. En La dignidad de la Constitución, el diario de Vocento carga contra los argumentos esgrimidos por los doce periódicos catalanes firmantes (a los que luego se han ido adheriendo otros medios de comunicación, partidos políticos y representantes de la sociedad civil). "Resulta cínico que el ultimátum publicado como editorial por los medios catalanes se refugie en un impostado constitucionalismo, que incluso sitúa en primera línea la figura de Su Majestad el Rey -´ahorcado´ en una postal navideña por el nacionalismo radical- como excusa de sus diatribas. Es más, tanta apelación falsaria a la Constitución Española de 1978 desvela la raíz misma de las contradicciones insuperables del estatuto de Cataluña y su vicio absoluto de inconstitucionalidad", sostiene el editorial. Y continúa: "La dignidad de Cataluña está en su pasado, en su presente y en su futuro como parte fundamental de España, en su aportación al progreso del conjunto de la Nación con el dinamismo y la pujanza que han caracterizado su historia, en ser el factor de estabilidad institucional que le corresponde y en aspirar a ser la fuerza motriz de España, no su competidora".

La Razón exige que se deje trabajar al guardián de la Constitución en Respeto al TC y a las reglas de la democracia: "Creemos que arremeter contra el Alto Tribunal por una sentencia que aún no existe es tan irresponsable como amenazar al árbitro antes de empezar el partido por un presumible resultado adverso. Que se deformen interesadamente los mecanismos jurídicos e institucionales que están en la base de un régimen de libertades debilita a la propia democracia y abre un escenario de incertidumbres e inquietudes muy nocivo para el interés general. El Constitucional no es un invento de última hora ni son desconocidas sus competencias y reglas de actuación. Es un órgano emanado directamente de la Carta Magna para velar por la adecuación constitucional de toda ley, incluidos los Estatutos de autonomía. La obligación de todos, y especialmente de los poderes públicos, es acatar y respetar la decisión de los magistrados del Alto Tribunal sea cual sea, sin que ello suponga que quede exento de la crítica razonada y responsable. Que se cuestionen las reglas del juego desde gobiernos, parlamentos o editoriales de prensa en función de una determinada coyuntura sólo daña la imprescindible credibilidad del sistema".

El País es algo más condescendiente con la iniciativa de sus colegas catalanes, aunque aun así no duda en verter algunas críticas sobre ella en El texto y su contexto. "Nos hallamos ante una iniciativa de carácter eminentemente político, destinada más a incidir en la realidad, e incluso a ejercer una especie de liderazgo de sustitución, que a describirla o valorarla. No es fácil dilucidar si esa función corresponde o no a los medios de comunicación, o si éstos deben limitarse a ejercer y organizar el pluralismo y la libertad de expresión", señala el diario de Prisa en su editorial.

"Que en esta tesitura cabeceras heterogéneas consensúen un texto común debería mover a la reflexión a quienes aún se aferran al cliché de que los partidos catalanes no representan a la ciudadanía, o sostienen que el Estatuto concitó escaso apoyo social porque el referéndum registró una abstención del 50%, soslayando la aplastante mayoría (74%) que votó a favor del texto. En el debe de los promotores hay que apuntar su deslizamiento hacia el frentismo, pues se arrogan el monopolio de la catalanidad y apelan a una unanimidad política impropia de una sociedad moderna y compleja como es la catalana", termina.

Por su parte, los promotores de la iniciativa se felicitan en sus páginas de este viernes de los efectos de la acción conjunta. El Periódico titula en portada: El editorial conjunto de la prensa catalana sacude la política española; La Vanguardia (cerebro, junto con el anterior, del editorial del jueves) abre edición bajo el siguiente titular: Movilización cívica en defensa del Estatut; y Avui opta por Los medios empujan a los políticos contra el TC.

En la reunión de ayer no se avanzó y los magistrados retomarán las deliberaciones la próxima semana
El TC sigue anclado y sin acuerdo sobre el Estatut
Las expectativas de que ayer podía haber un principio de acuerdo volvieron a verse frustradas una vez más.
Madrid - F. Velasco La Razon 27 Noviembre 2009

La reunión de ayer del Pleno del Tribunal Constitucional había levantado muchas expectativas sobre un posible acercamiento de posturas entre los dos bloques que facilitase una sentencia avalada por un amplio consenso de los diez magistrados que deben dictarla. Quizás el listón se había puesto demasiado alto, y, como ocurre con la fiesta nacional, «tarde de expectación, tarde de decepción». Y eso fue, exactamente, lo que ocurrió ayer: los magistrados mantuvieron una breve reunión, levantaron la sesión y hasta la próxima semana, en que volverán a retomar las deliberaciones.

La ponente de la sentencia, Elisa Pérez Vera, ha introducido algunas modificaciones a la cuarta redacción de su texto inicial. Sin embargo, según fuentes del Alto Tribunal, a los restantes integrantes del pleno no les ha dado tiempo material de estudiar la nueva propuesta. Será a principios de la próxima semana cuando vuelvan a reunirse en pleno.

En estos momentos, los aspectos relacionados con los «símbolos nacionales» de Cataluña o aspectos vinculados a la estructura del Poder Judicial en esa comunidad autónoma, tal como se recoge en el Estatut, son algunos donde de forma más clara se evidencia la división existente en dos bloques en el seno del Tribunal Constitucional.

Por ello, se busca a toda costa un consenso que evite dañar la imagen de un tribunal que, de por sí, ya está «marcado» por una sentencia, la más importante de los últimos años, que espera resolución desde hace ya largo tiempo, cuando el PP presentó el 31 de julio de 2006 su recurso, al que después se sumaron otros seis.
El objetivo del TC es lograr un acuerdo sobre la ponencia de Pérez Vera que impida volver a un «punto cero» con la designación de un nuevo ponente, para que éste redactase una nueva ponencia que pudiese suscitar el respaldo de la mayoría de magistrados. Lo que se da por descartado es la posibilidad de que salga adelante una sentencia con el voto de calidad de la presidenta del TC, María Emilia Casas.

Hasta ahora, las votaciones han servido para poner de manifiesto que el texto de Pérez Vera no tiene los apoyos suficientes para convertirse en la sentencia definitiva, ya que sólo obtuvo el respaldo expreso de cuatro de los magistrados: la propia ponente, la presidenta María Emilia Casas y Pascual Sala y Eugenio Gay, todos adscritos al considerado sector progresista.

Los otros seis miembros del pleno –los conservadores Guillermo Jiménez, Ramón Rodríguez Arribas, Jorge Rodríguez-Zapata, Vicente Conde y Javier Delgado y el progresista Manuel Aragón– manifestaron distintas objeciones, aunque sin expresar una postura común que pudiera traducirse en un texto alternativo con posibilidades de obtener mayoría.

El debate sigue abierto
La consecuencia es que Pérez Vera mantiene la ponencia y sigue siendo la encargada de redactar los textos, a los que tras las últimas votaciones informales ha incorporado varias modificaciones y que ayer tenía previsto presentar a sus compañeros para que éstos las estudien en los próximos días, aplazando así el debate hasta la semana que viene.

De hecho, fuente del tribunal confirmaron que el debate «sigue abierto», toda vez que «hay muchas cosas de la ponencia que se pueden aprovechar». De ahí que se resalte el esfuerzo notable que se está haciendo por parte de los magistrados para lograr una «aproximación máxima» que facilite el acuerdo.

Asuntos polémicos
1/ Nación: Es el principal punto de fricción entre los magistrados. El sector conservador considera que la Constitución
sólo no permite aplicar el concepto de nación, a España. Está por ver si su inclusión en el preámbulo, sin efectos jurídicos, allana el acuerdo.

2/ Lengua catalana: La obligación de conocer el catalán recogida en el Estatut divide al TC, pues algunos de ellos consideran que no puede ser un deber, sino un derecho, el que todos los ciudadanos deban conocerla, lo que excluye su imposición.

3/ Poder judicial: El Consejo catalán de Justicia podría vulnerar la unidad que consagra la Carta Magna en esta materia. El Estatut configura el TSJ de Cataluña como última instancia, reduciendo al Supremo a la unificación de doctrina.

4/ Bilateralidad: Una de las cuestiones que más división provoca es discernir si el Estatut plantea las relaciones entre Cataluña y España de igual a igual, delimitando un nuevo marco de relación con el Estado, y su posible inconstitucionalidad.

5/ Presencia exterior: La posibilidad de que la Generalitat impugne las decisiones del Gobierno de España y su presencia en la Unión Europea junto a la representación estatal también ofrece dudas de constitucionalidad.

6/ Financiación : Los magistrados debaten si el sistema de financiación que contempla el Estatut abre o no la puerta a un marco interregional de insolidaridad, vulnerando así el principio de igualdad y solidaridad, al crear un modelo «propio».
 

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