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Recortes de Prensa    Sábado 28 Noviembre  2009

 

Los que no tienen dignidad
César Vidal Libertad Digital 28 Noviembre 2009

Cuenta la Historia que en 1933 se constituyó en Alemania la denominada División de la prensa alemana. La misión de esta organización era supervisar la prensa alemana y además proporcionarle las directrices necesarias para que pudiera convertirse en un instrumento eficaz en las manos del gobierno alemán. La División de prensa funcionó a la perfección de tal manera que la totalidad de los periódicos alemanes ocultaron las mismas noticias, difundieron las mismas consignas y se unieron en la misma misión de impulsar el nacionalismo. Trece años después, el responsable de la División de la prensa alemana, Hans Fritzsche, fue juzgado en el proceso contra los grandes criminales de guerra de Nüremberg. La acusación fundamental dirigida contra él era la de haber difundido las directrices por las que debía guiarse la prensa alemana.

Hoy, la prensa catalana ha dado una muestra excepcional y sin precedentes de sometimiento servil al poder político. Sin intención de agotar el tema, los hechos son los siguientes:

1. El 27 de enero de 2005, se hundió en Barcelona un túnel de la ampliación de la línea 5 del metro provocando un socavón de unos 35 metros de profundidad y 30 de diámetro. 84 edificios, 2 colegios y 500 viviendas se vieron afectados por daños y peligro de hundimiento, lo que condujo a su desalojo, con un total de no menos de 1.054 personas afectadas. En lugar de exigir responsabilidades por este desastre, el Colegio de periodistas de Cataluña impuso lo que denominó el “apagón informativo”, es decir, guardar silencio sobre lo acontecido.

2. El 20 de diciembre de 2005, el parlamento catalán, con la única oposición del PP, creó el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) que puede imponer sanciones económicas y realizar cierres preventivos de emisoras, mediante simple decisión política y sin que intervenga previamente un juez. El primer ataque del CAC se dirigió contra Federico Jiménez Losantos y César Vidal que a la sazón dirigían sendos programas en la cadena COPE.

3. La reacción en favor de la libertad de expresión e información y en contra del CAC fue fulminante. Así, el Comité Mundial de Libertad de prensa (WPFC) afirmó que “El CAC utiliza un mandato arbitrario para intentar censurar y silenciar las opiniones de toda una red radiofónica… Es injustificable que un órgano estatal sea el árbitro del comportamiento de un medio de comunicación”.

4. Igualmente, el Comité mundial de libertad de prensa señaló que “No se recuerda en España algo parecido desde los órganos censores franquistas” y añadió: “Instamos al parlament y a la Generalitat a tomar las medidas oportunas para desmantelar cuanto antes el CAC, adhiriéndose a las normas internacionales de libertad de expresión y prensa”.

5. El 24 de enero de 2006, el eurodiputado Luis Herrero depositó más de setecientas mil firmas en la sede del parlamento europeo en protesta por la acción liberticida del CAC. Nunca antes y nunca después recogería el parlamento europeo una iniciativa popular tan numerosa.

6. En el colmo de la represión informativa, Maragall decidió querellarse contra el humorista Fray Josepho. Nunca antes ni nunca después, un presidente de una comunidad autónoma había caído tan bajo.

7. El 22 de junio de 2007, en un programa de TV subvencionado por el ayuntamiento de Barcelona se procedió a ahogar un ejemplar del libro El Camino de la cultura, de César Vidal. El episodio liberticida provocó una interpelación del PP en el ayuntamiento de Barcelona.

8. Hoy, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Avui, El Punt, Segre, Diari de Tarragona, La Mañana, Diari de Girona, Regió 7, El Nou 9, Diari de Sabadell y Diari de Terrassa, han publicado conjuntamente el editorial La dignidad de Cataluña en el que exigen al Constitucional una sentencia favorable al Estatuto.

9. Igualmente, las principales emisoras de radio catalanas RAC1, Cataluña Radio y COM Radio se han adherido al editorial, según lo han puesto de manifiesto los conductores de sus programas matinales.

10. Además de cuestionar a los miembros del Tribunal, el editorial arremete además contra el PP, del que dice que "ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras" y concluye con una velada amenaza: "Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable".

11. La edición digital de La Vanguardia, califica la publicación de este artículo como "una iniciativa inédita en democracia y en la historia de la prensa española", aunque no se pregunta la razón de que, ante circunstancias mucho más complicadas de la historia de España o de Cataluña, no diera una unanimidad similar.

12. El Mundo ha señalado, por el contrario, que “es imposible decir más falsedades con peor intención en menos espacio” y recuerda que "el TC cumple la función institucional que precisamente le han encomendado los millones de ciudadanos que votaron la Constitución. Por cierto, muchos más que los que respaldaron el Estatut".

13. El Mundo señala además que lo que está en juego no es "la dignidad de Cataluña", como dice el título del editorial, sino "la pretensión de una oligarquía política de controlar a la sociedad catalana a través de un Estatuto diseñado para alejarla del resto de España aun a costa de truncar el orden constitucional y el modelo de convivencia democrática".

14. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, considera que el editorial representa "el sentir del pueblo de Cataluña".

15. Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que ha leído "con mucho interés" el editorial y que le merece "mucho respeto" y

16. Finalmente, Mariano Rajoy se ha negado a realizar a declaraciones sobre el editorial alegando que “cada uno puede opinar lo que quiera”.

El impacto que el nacionalismo catalán ha tenido durante décadas sobre la libertad de expresión y la independencia de la prensa es verdaderamente pavoroso. Bajo el nacionalismo, se ha procedido a perseguir a humoristas por el terrible delito de escribir unos versos satíricos sobre Maragall; se han destruido libros en TV en programas costeados con fondos públicos; se ha creado el CAC comparado por los organismos que defienden la libertad de prensa con los peores aspectos del franquismo; se ha perseguido a los periodistas independientes y se ha sometido a la prensa hasta convertirla en un rebaño servil que lo mismo pedía el apagón informativo durante el drama del Carmelo que hoy se plegaba como no hizo ni siquiera durante la dictadura de Franco a los dictados del poder político.

De esa sumisión a las oligarquías nacionalistas no ha escapado la prensa que hoy en día – como muestra la denominada lista de Povedilla – es mucho más servil ante el poder político de lo que fue incluso bajo la dictadura de Franco.

- No ha escapado el partido socialista que, por definición, no debería nunca absorber una ideología nacionalista.

- No ha escapado el PP cuyo presidente hoy se ha negado cobardemente a comentar el editorial y

- Ni siquiera ha escapado un cierto sector de la iglesia católica en Cataluña si tenemos en cuenta que uno de sus cardenales llegó a jactarse en un programa de la TV catalana de haber echado de la COPE a los dos periodistas que fueron previamente atacados por el CAC. Quizá eso explique que los tres periodistas que se enfrentaron con semejante atropello – Federico Jiménez Losantos, Luis Herrero y quien ahora se dirige a ustedes desde estos micrófonos – se encuentren ahora en Es. Radio y quizá eso explique también la abundante presencia de nacionalistas catalanas en la que fue su emisora durante años.

Cuando se contempla todo esto sólo se puede llegar a una conclusión no por triste menos real. El nacionalismo catalán se ha convertido, gracias a la ayuda de ZP y del PSOE, en una amenaza real contra el sistema democrático trazado en la constitución de 1978 y o el Tribunal constitucional cumple con su deber defendiendo la legalidad y sirviendo de valladar contra esa terrible agresión contra nuestra democracia o nos veremos abocados a una gravísima crisis institucional cuyo final es imprevisible.

Y es que, a día de hoy, resistir las apetencias liberticidas del nacionalismo catalán
- es una obligación para los que aman la democracia
- es una obligación para los que aman a España y
- es una obligación para los que aman la libertad, esa libertad que el nacionalismo catalán tanto se complace en suprimir allá donde hace acto de presencia.

Sobre presiones y respetos
Luis del Pino Libertad Digital 28 Noviembre 2009

La verdad es que estoy atónito contemplando el espectáculo organizado en torno a la esperada sentencia acerca del estatuto catalán.

Doce periódicos catalanes han publicado un manifiesto que constituye una clara presión sobre el Tribunal Constitucional. Presión que se suma a anteriores declaraciones de responsables políticos de la izquierda y el nacionalismo, también orientadas a conseguir que el Tribunal Constitucional apruebe una norma que acaba con esa misma Constitución que da sentido al Tribunal.

Y la reacción mayoritaria de los medios que se oponen a la aprobación de ese estatuto; la reacción mayoritaria de los partidos que deberían exigir que el estatuto sea declarado inconstitucional y la reacción mayoritaria de esa parte de la sociedad que se opone a que la Constitución sea abolida por la vía de los hechos consumados consiste en.... ¡pedir respeto para el Tribunal y decir que no debe presionársele!

Sinceramente, no doy crédito a lo que oigo.

¿Cómo que no se presione al Tribunal? ¿Y por qué no se le iba a presionar? En una democracia, cualquiera tiene derecho a manifestar su opinión sobre un tema polémico como es la sentencia del estatuto. Y tiene derecho a manifestar esa opinión tanto antes como después de emitida la sentencia. ¡Pues sólo faltaría que también nos prohibieran manifestar nuestra opinión sobre cómo debería ser una sentencia de tanta trascendencia!

Pero lo que me preocupa principalmente en lo que vengo oyendo estas últimas semanas no es el respeto abstracto a la libertad de expresión de todo el mundo, incluidos los nacionalistas.

Lo que me más me preocupa es otra cosa: que, al secundar esos huecos llamamientos a que se deje trabajar tranquilamente al Tribunal, lo que se está haciendo es caer en la trampa de "aceptar de antemano" cualquier sentencia que el Tribunal dicte. Y me van a perdonar ustedes, pero yo no estoy por la labor.

Rajoy (cuyo papel como anestésico de la base social del PP cada día está más claro) lo ha expresado perfectamente: "respetaremos lo que diga el Tribunal". ¿Ah, sí? ¿Respetará el señor Rajoy lo que diga el Tribunal Constitucional, aunque el Tribunal dictamine que Cataluña es una nación? ¿Aunque el Tribunal consagre una relación de bilateralidad entre Cataluña y España? ¿Aunque la sentencia del Estatuto deje en pie una parte suficiente del tinglado como para que el resto de los españoles sigamos siendo esquilmados por la casta política catalana? ¿Aunque la sentencia consagre que se puede multar a quien rotule en castellano o que se puede negar a los padres el derecho a educar en castellano a sus hijos? ¿También en esas circunstancias respetaría usted la sentencia, señor Rajoy?

Yo, desde luego, no tengo la más mínima intención de respetar la sentencia del Tribunal si esa sentencia no se ajusta fielmente a lo dispuesto en el espíritu y la letra de la Constitución. Porque esa Constitución es la norma suprema votada por todos los españoles y no puede derogarse, ni siquiera parcialmente, sin consultar de nuevo a todos los españoles. Ni siquiera el Tribunal Constitucional puede enmendar la Constitución por la vía interpretativa.

Y reaccionar a las presiones de los nacionalistas limitándose a reclamar respeto para el Tribunal Constitucional es tanto como renunciar de antemano a toda posible denuncia una vez que la sentencia sea emitida. Lo cual es tanto como servirle en bandeja al PSOE y a los nacionalistas una solución de compromiso, consistente en tirar abajo los aspectos más cosméticos del estatuto y dejar intacto el meollo de esa norma anticonstitucional. Si caemos en esa trampa de reclamar ahora "respeto para el Tribunal", ¿cómo vamos luego a alzar la voz, una vez que nos hayan metido el gol y la Constitución quede derogada de facto?

Que los nacionalistas presionen cuanto les plazca al Tribunal Constitucional. Si los editores catalanes quieren acordar editoriales, allá ellos. Como si quieren imprimir el editorial en todos los rollos de papel higiénico que se vendan en Cataluña.

A las presiones hay que contestar con presiones. Y lo que hay que hacer no es reclamar respeto a un Tribunal que está paladinamente controlado por las instancias políticas y que ha demostrado ya en múltiples ocasiones (con todas las excepciones individuales que ustedes quieran) que no es digno de ningún respeto.

Lo que hay que hacer es lanzarle al Tribunal Constitucional (y a quienes intentan mover sus hilos) un mensaje claro y nítido:

"Cualquier cosa que no sea declarar la completa y absoluta nulidad de todos y cada de uno de los aspectos inconstitucionales del estatuto, cualquier cosa que no sea garantizar que todos los ciudadanos españoles seamos plenamente iguales en derechos y obligaciones, representará una quiebra del sistema"

Y, si las presiones de los nacionalistas siguen in crescendo, quizá alguien debería plantearse que a lo mejor es bueno salir a la calle, para que el mensaje se reciba alto y claro en el Alto Tribunal.

Lo demás son pamplinas, destinadas a intentar que la sociedad termine tragando con una sentencia manifiestamente injusta.

Por fortuna sólo es humo
EDITORIAL Libertad Digital 28 Noviembre 2009

En un Gobierno de izquierda es de esperar que la propaganda sea la salsa que acompañe todos los guisos del Consejo de Ministros. Tanto para no adoptar las reformas adecuadas como para edulcorar las más radicales, la propaganda se convierte en un instrumento indispensable.

La crisis española nos ha brindado hasta la fecha innumerables ejemplos de cómo el PSOE ha hecho uso de la misma para enmascarar una pésima gestión política que sólo ha contribuido a agravar los problemas.

Así, por ejemplo, para bloquear la necesaria liberalización del mercado laboral que nos permitiría dejar de ser el farolillo rojo de Europa en términos de creación de empleo, el Gobierno convocó a los sindicatos y a la patronal para desarrollar aquello que se vino a llamar "diálogo social"; o, para postergar la reforma de un sistema de pensiones con cada vez más agujeros negros, se apela a la convocatoria del Pacto de Toledo precisamente para no resolver nada. El PSOE ha hecho buena la máxima de Napoleón que aconsejaba montar una comisión –o un espectáculo mediático– para lograr que un problema se demorara indefinidamente.

De la misma manera, cuando de lo que se trataba no era de ocultar la inacción con aparentes decisiones rimbombantes, sino de maquillar una agenda política impopular y liberticida, la propaganda también se convirtió en su mejor aliada. Todavía tenemos recientes en la memoria las amenazas contra los ricos con las que se pretendía publicitar la mayor subida fiscal de la historia de la democracia, por mucho que, al final, el grueso del incremento recayera en el IVA.

De lo que, sin embargo, no teníamos demasiado ejemplos era de que el PSOE utilizara la propaganda para no adoptar medidas de corte intervencionista que, en principio, integran su empobrecedor ideario político. Todo hacía prever que la Ley de Economía Sostenible, aprobada en el Consejo de Ministros del pasado viernes, iba a ser el ariete legislativo con el que Zapatero controlaría y regularía la economía con la excusa de cambiar desde el Estado el modelo productivo en tiempos de crisis, pero al final ha quedado reducida a una serie de medidas o ya anunciadas o poco relevantes sobre la coyuntura.

De este modo, se limitan las temperaturas de la calefacción y del aire acondicionado en los espacios públicos con el absurdo pretexto de que es necesario ahorrar energía, cuando lo realmente necesario es producir energía más barata: todo lo contrario a lo que nos han proporcionado las masivas subvenciones con las que Zapatero ha venido agraciando a las energías renovables.

Igualmente irrelevante para la coyuntura es que los directivos de las empresas cotizadas publiquen sus sueldos, una medida que parece más orientada a satisfacer la curiosidad de los ciudadanos que a mejorar el funcionamiento de nuestra economía. Un ejercicio de supuesta transparencia, por cierto, que podría terminar en una broma si se realizara con el mismo rigor que la declaración patrimonial de los miembros del Gobierno.

Mucho más relevante sería que las administraciones públicas atendieran sus pagos puntualmente y dejaran de ser el deudor moroso más importante de España. Muchas empresas se encuentran al borde de la suspensión de pagos precisamente porque han prestado unos servicios que no han cobrado y cuyos dudosos pagarés los bancos se niegan a admitir al descuento. La ley contempla una reducción del pago a pymes y autónomos de 60 a 30 días, si bien tal medida sólo será aplicable a partir de 2013, esto es, cuando tal vez Zapatero ya no se encuentre en la Moncloa y cuando muchas de las empresas que necesitan hoy el dinero ya hayan desaparecido.

No cabe duda, pues, de que nos encontramos ante un anteproyecto de ley improvisado –los distintos ministerios remitieron sus borradores este miércoles y en apenas dos días los ensamblaron para dar forma a lo que debería ser "la nueva economía española"– y en general negativo para la economía. Ni siquiera alguno de los aspectos más o menos positivos –las deducciones fiscales– está libre de suspicacias, ya que la arbitrariedad en su reparto –que también afecta a los 20.000 millones de euros instrumentados por el ICO– podrían inducir un desarrollo económico en sectores totalmente politizados y generadores de muy poco valor añadido, como ya ha ocurrido con las energías renovables.

Sin embargo, en comparación con lo que cabía esperar, habida cuenta de la siniestra trayectoria de este Gobierno, bien podemos celebrar que el PSOE haya puesto en marcha la máquina propagandística simplemente para vender humo. Ya que este Gobierno parece incapaz de hacer algo bien, contentémonos con que al menos no haga algo muy mal.

Respeto al TC y a las reglas de la democracia
Editorial La Razón 28 Noviembre 2009 (27)
La obligación de todos, y especialmente de los poderes públicos, es acatar la decisión de los magistrados sobre el Estatut

La excepcional iniciativa de doce diarios editados en Cataluña de publicar un mismo editorial sobre las deliberaciones del Tribunal Constitucional ha crispado todavía más el debate sobre la sentencia aún no dictada del Estatuto. Por supuesto, la prensa catalana está en su derecho de utilizar conjuntamente esa fórmula tan inusual. Pero lo que debe primar en estas circunstancias es el sosiego y el respeto más escrupuloso al trabajo de una institución clave del Estado de Derecho. Hace unos días, reprobábamos en estas mismas páginas el ejercicio de la condena preventiva del Alto Tribunal por parte de dirigentes y políticos catalanes, que se habían lanzado a un virulento ataque. Eran pronunciamientos alejados de la moderación y la contención que cabe exigir en un procedimiento absolutamente regular como el que está en marcha, aunque algunos hayan insistido en esparcir la doctrina de la excepcionalidad como método para deslegitimar y desacreditar al Tribunal y a su trabajo. Desde el mismo Gobierno catalán se ha prescindido de todo formalismo para irrumpir de lleno en el terreno de la presión, por momentos asfixiante, sobre unos magistrados que tienen entre manos una cuestión de enorme complejidad y profunda relevancia política, como el tono del debate ha puesto de manifiesto en los últimos días. Aunque, sin duda, es cierto que tres años de deliberaciones han creado un caldo de cultivo propicio para la especulación, la conjetura y la filtración, no lo es menos que las injerencias políticas han dificultado extraordinariamente los esfuerzos y los intentos de los miembros del TC por alcanzar un dictamen definitivo. Injerencias que se saltaron abruptamente todas las barreras institucionales que se derivan de la división de poderes, pilar ineludible en una democracia que se precie. El hecho de que esta misma semana, por ejemplo, el consejero catalán Joan Saura pidiera directamente la dimisión de todos los magistrados, o que el vicepresidente Carod Rovira amenazara con que Cataluña giraría los goznes del separatismo para emprender la independencia, es un ejemplo claro de las expresiones extemporáneas e irrespetuosas dirigidas hacia el Tribunal. Tampoco resultó más adecuado que una ministra del Gobierno de España como Carme Chacón exigiera al PP que retirase el recurso de inconstitucionalidad. O que otros miembros del Gobierno o del PSOE contribuyeran a la estrategia de acoso con pronunciamientos poco sutiles como el del titular de Justicia, Francisco Caamaño, cuando incidió en que el Tribunal no podía pasar por alto que el Estatut había sido aprobado por los representantes legítimos del pueblo español y por los catalanes, o el del portavoz socialista José Antonio Alonso, que apuntó que los magistrados, con absoluta independencia, decidirán que el Estatuto es constitucional.

Más allá de las intromisiones políticas, el argumento manido estos días de que el Constitucional no era quién para fallar contra lo acordado por el Congreso y luego refrendado por los catalanes no se sostiene, porque directamente estaría vaciando de contenido la labor del Tribunal como guardián de las esencias de la Carta Magna. Resulta curioso también que nadie reparara en esta circunstancia, que nadie cuestionara esa competencia del Tribunal como garante final de los principios constitucionales hasta que apareció el debate de un Estatuto avalado por el propio presidente del Gobierno y que concedía a la Generalitat una capacidad política extraordinaria. Quienes esgrimieron que existe un clamor social en Cataluña, un descontento y una preocupación profundos en la sociedad por la suerte de la norma estatutaria, quienes se arrogan la representatividad de los catalanes, tendrán que convenir que el Estatuto fue respaldado sólo por el 30% de los electores, o lo que es igual, que un 70% no lo respaldó o no le interesó, y que pasó sin pena ni gloria porque nunca respondió a una inquietud ni una reivindicación popular.

En definitiva, creemos que arremeter contra el Alto Tribunal por una sentencia que aún no existe es tan irresponsable como amenazar al árbitro antes de empezar el partido por un presumible resultado adverso. Que se deformen interesadamente los mecanismos jurídicos e institucionales que están en la base de un régimen de libertades debilita a la propia democracia y abre un escenario de incertidumbres e inquietudes muy nocivo para el interés general. El Constitucional no es un invento de última hora ni son desconocidas sus competencias y reglas de actuación. Es un órgano emanado directamente de la Carta Magna para velar por la adecuación constitucional de toda ley, incluidos los Estatutos de autonomía. La obligación de todos, y especialmente de los poderes públicos, es acatar y respetar la decisión de los magistrados del Alto Tribunal sea cual sea, sin que ello suponga que quede exento de la crítica razonada y responsable. Que se cuestionen las reglas del juego desde gobiernos, parlamentos o editoriales de prensa en función de una determinada coyuntura sólo daña la imprescindible credibilidad del sistema.

Autonomía no es Soberanía
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 28 Noviembre 2009

Autonomía no equivale a soberanía ni un estatuto tendrá nunca el rango de la Constitución, al provenir de ella. Esto significa que los catalanes tienen soberanía como españoles que son, no como catalanes. Es algo que conviene recordar es lo momentos críticos que se avecinan, con el Tribunal Constitucional a punto, dicen, de dictar finalmente sentencia sobre el nuevo estatuto catalán. Y si él decide que algunos artículos de ese estatuto no se ajustan a ley, habrá que acatarlo. Pero se están alzando voces que piden la desobediencia e incluso la descalificación del Tribunal, que es tanto como descalificar la Constitución y el modelo de Estado que hemos escogido. En otras palabras, abrir un nuevo periodo constituyente a través de la puerta trasera de los estatutos de autonomía. Algo ilegal, antidemocrático y deshonesto.

Soy de los que creyó que el Estado de las Autonomías era la respuesta al dilema unidad-diversidad que ha pendido siempre sobre España, con enfrentamientos que incluyeron la guerra civil. Imagino que fue también lo que llevó a los padres de la Constitución del 78 a inventarse una fórmula imaginativa, que salvando la unidad de España, respetase su pluralidad, por cierto no muy distinta de la de otros países europeos. La fórmula se basaba en equívocos semánticos. España sería una Nación compuesta por distintas nacionalidades, con amplia capacidad de autogobierno, a cambio de que se reconociese un Estado común. Quería evitarse con ello el agravio comparativo, como hizo la República, ofreciendo un estatuto sólo a Cataluña, País Vasco y Galicia. Pero cayendo en parecido error al otorgar a esas tres comunidades el calificativo de «históricas», y a la segunda, más autonomía que a las demás. Lo que, inevitablemente, iba ser fuente de conflictos, pues la envidia actúa entre nosotros en doble sentido: los que tienen menos exigen tener tanto como el que más, y los que tienen más no aceptan que el resto tenga tanto como ellos. El resultado es una dinámica de reivindicaciones imparable y, a la larga, incompatible con cualquier tipo de Estado.

Aunque la principal causa de que el Estado de las Autonomías se vea desafiado por todas partes es que se fundaba en la buena fe de todos. Los «centralistas» cedían competencias a cambio de mantener un Estado común, y los «nacionalistas» cedían nacionalismo a cambio de obtener autonomía. Pero mientras la cesión de competencias del poder central a los autonómicos se ha hecho con una amplitud que ha convertido España en el país más descentralizado de Europa a excepción de Suiza, los «nacionalistas» no acaban de darse nunca por satisfechos. No ocultan que quieren tener su propia nación, cosa lógica e incluso previsible, pues para eso son nacionalistas, y aunque no lo dicen abiertamente, aspiran a tener un Estado, forma suprema de toda nación. Lo que hemos tenido durante los últimos 30 años ha sido una carrera cada vez más acelerada para convertir, primero, las nacionalidades en naciones -cosa ya aceptada al transigirse con el concepto de España como «nación de naciones», pese a admitir la Constitución sólo una nación- y el Estado de las Autonomías, en un Estado de las Soberanías, que contradice el propio concepto de Estado, donde la única soberanía reside en la voluntad colectiva de todos sus ciudadanos, no en la de una parte de ellos. El nuevo Estatuto catalán, con la proclamación de Cataluña como nación en su preámbulo y un articulado que asume funciones y competencias nunca cedidas por el poder central, es la ganzúa que debe descerrajar el aparato constitucional que nos dimos durante la Transición, para sustituirlo por otro completamente distinto, en el que el Estado de las Autonomías deja de ser el instrumento para articular política y territorialmente España como nación y como Estado, para convertirse en el que va a invalidarla, o por lo menos depreciarla, en uno y otro marco. Pues conociendo a los españoles, ninguno querrá tener menos que catalanes.

Un lastre ideológico de los dos grandes partidos «nacionales», que le impide ver el bien común por encima de sus dogmas, junto a un sistema electoral que beneficia desproporcionadamente a los nacionalistas, les ha permitido gobernar durante la mayor parte de este tiempo en sus respectivas comunidades, al tiempo que chantajear al gobierno central, no importaba el partido que lo ocupase. Situación que estalló con la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero, un hombre para quien el concepto nación es «discutido y discutible», que había prometido a los nacionalistas catalanes «darles lo que le pidiesen». Y los nacionalistas catalanes le han pedido, naturalmente, el reconocimiento de Cataluña como nación sin ambigüedades, el catalán como idioma oficial de su comunidad en detrimento del español, una justicia catalana con capacidad de último recurso excepto en los casos que tengan que ver con España, un defensor del pueblo catalán independiente del general y una hacienda catalana que recaude todos los impuestos en el Principado y negocie con la española transferencias en uno y otro sentido. En resumen, una Cataluña a la que sólo le falta el nombre para ser Estado. La palabra empeñada del presidente del Gobierno permitió el paso de este estatuto con aire de constitución y que, pese a las podas que se le hicieron, tiene 126 de sus 245 artículos inconstitucionales, según el recurso presentado contra él por el PP. Lo que no le ha impedido ser aprobado por el parlamento catalán, algo previsible, por el congreso español, algo ya no tanto al representar a la totalidad del pueblo español, pero comprensible al estar dominado por los intereses de partido, no los del Estado, y un referéndum en Cataluña, aunque sorprendentemente con el exiguo respaldo de sólo 35 por ciento del electorado. ¿O no tan sorprendente, al ser el pueblo más responsable que nuestros políticos?

El Tribunal Constitucional viene forcejeando con ese estatuto desde hace tres años, con unos miembros «progresistas» empeñados en una empresa inalcanzable: legalizar lo que no es legal. Lo han intentado todo sin conseguirlo, por aquella razón del torero: lo que no puede ser, no puede ser, y además, es imposible. Más, cuando uno de esos miembros «progresistas», demostrando que lo es de verdad, ha decidido unirse a quienes piensan que el nuevo estatuto catalán necesita soltar lastre si quiere ser constitucional.

Que no lo es lo demuestran los argumentos que se invocan en Cataluña a su favor. No defienden su articulado. Atacan al Tribunal que debe juzgarlo, con argumentos espurios y amenazas veladas. Le invalidan por no haberse renovado a su debido tiempo. Alegan la excesiva tardanza de sus deliberaciones. Y le niegan poderes para dictaminar sobre una ley aprobada por los parlamentos catalán y español, y refrendada por el pueblo catalán. Cuando el artículo 161 de la Constitución es bien claro: «El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer del recurso contra leyes y disposiciones con fuerza de ley, así como de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas.»

Sólo negando la Constitución a través de la que gozan de los derechos, poderes y privilegios que hoy tienen, los nacionalistas pueden negar al Tribunal Constitucional competencia para juzgar su nuevo estatuto. Pero la congruencia no ha sido nunca su fuerte, así que vamos a dejarlos, porque lo que está en juego ya no es un estatuto, ni Cataluña siquiera. Es España. ¿Qué España queremos? ¿Un Estado de las Autonomías o un Estado de las Soberanías, es decir un Pacto de quasi Estados? Ocho hombre y dos mujeres tienen la palabra. Pueden hacer honor al juramento que han hecho de defender la Constitución no importa las presiones, halagos, amenazas e incluso inclinaciones personales, o pueden hacer un enjuague, más político que jurídico, para legalizar lo inconstitucional. No sería la primera vez que se hace. Pero sería la primera vez que se legitimara que España se esfuma como nación y como Estado.

Irresponsable agitación
José Antonio VERA La Razón 28 Noviembre 2009

Son más que lamentables las presiones que vemos con motivo de la próxima resolución del Tribunal Constitucional sobre el estatuto de Cataluña. Lamentables e irresponsables, pues se da la circunstancia de que se dedican a agitar los que tendrían que ocuparse de serenar y de calmar a los ciudadanos.

Vaya por delante que a la inmensa mayoría de los catalanes el tema del estatuto les interesa poco. Las encuestas que se hicieron en su día arrojaron el clarividente resultado de que sólo un cinco por ciento de la ciudadanía de Cataluña sentía la necesidad de reformar algo que tal y como estaba les parecía bien. Prueba de ello es que cuando hubo que votarlo en referéndum la auténtica noticia del día fue el altísimo porcentaje de abstención registrado, que en cualquier otro país hubiera servido para invalidarlo. Cosa que aquí no sucedió porque no se exige un mínimo de participación, y es evidente que se deben respetar las reglas del juego prefijadas.

Pero las reglas del juego hay que aceptarlas siempre, no sólo cuando a uno le son favorables. Que es lo que está sucediendo ahora con el Tribunal Constitucional, legítimo árbitro creado específicamente para dirimir conflictos y decidir en cada momento qué leyes se ajustan a la Constitución y cuáles no. Reconociendo claramente que la actuación del TC con relación al estatut ha sido lastimosa (no se pueden llevar tres años sin resolver el caso), hay que decir de inmediato que lo que no vale es desacreditar a las instituciones en función de cómo éstas resuelven los problemas que nos afectan. Y mucho menos presionarlas de manera descarada.

Con relación al estatuto de Cataluña se están produciendo auténticos dislates, que van desde amenazar con convocar una manifestación preventiva a insultar sin reparo a los miembros del Tribunal que debe resolver el caso planteado. Lo último, y no menos grave, es esta movilización dirigida y encauzada por políticos y periódicos para crear un ambiente que haga imposible que el TC resuelva con independencia y profesionalidad. Con el agravante de que, curiosamente, quienes deberían velar por no extremar las posiciones y evitar conflictos se dedican a echar leña al fuego calentando el ambiente y generando una situación de hostilidad hacia el TC y las instituciones democráticas de España. Porque ni los políticos ni los periodistas deberíamos dedicarnos a crear escenarios radicales con planteamientos guerracivilistas, sino a todo lo contrario. Y estos días lo único que vemos es a políticos y periodistas amenazando con romper la convivencia, salirse de España y crear un conflicto aún mayor del que ya han generado.

Desgraciadamente son incapaces de llegar a la conclusión de que la reforma del estatuto se planteó mal desde el principio, y que por eso es difícil que pueda acabar bien. Si se juega a excluir en vez de a unir, a marginar al sector de la sociedad catalana que se siente representado por el PP, Ciutadans y la UPyD, entre otras organizaciones, al final es lógico que los excluidos decidan acudir a los tribunales. Y es hasta posible que les den la razón si la tienen.

Claro que el único culpable de lo ocurrido es Zapatero. Si no hubiera animado en su empeño a los que querían hacer un estatuto más allá de la Constitución, nada de lo que hoy vivimos se estaría produciendo. Y es que a veces los problemas los crean los mismos dirigentes.

No es el pueblo catalán
Carmen GURRUCHAGA La Razón 28 Noviembre 2009

Los políticos están para solucionar problemas y no para crearlos. A veces, por intereses exclusivamente partidistas, olvidan este cometido y rompen consensos previos que evitaban crispación social, incertidumbre y desconcierto. Los dos casos más recientes son la Ley del Aborto y El Estatuto de Autonomía de Cataluña. El cambio de las normas en las relaciones entre el Estado y esa autonomía no era una demanda de la sociedad catalana y una prueba evidente fue la escasa participación en el referendo convocado para ello. Contrariamente a lo que afirman quienes pretenden presionar al Constitucional el Estatuto no fue aprobado por la mayoría del pueblo catalán, sino por una flagrante minoría: más de la mitad de un 30 % de la población con derecho a voto.

Eso no es el pueblo catalán como aseguran los nacionalistas, habituados a patrimonializar el término pueblo. Algo similar, pero en sentido contrario, sucedió en su día con la aprobación de la Constitución en la Comunidad Autónoma Vasca. A aquella convocatoria En aquél referendo sólo acudió el 30% de la población vascay, sin embargo, los nacionalistas han rechazado la Constitución española con el argumento de que no fue aprobada en esa comunidad, pese a que el voto mayoritario de esa minoría fuera afirmativo. En ambos casos se confirma que el nacionalismo tiende a hacer la lectura más conveniente para él.

Si el resultado en Cataluña hubiera sido negativo, los políticos habrían aseverado que un 30% de participación no legitima un resultado. De la misma manera que tratan de transmitir la idea de que el recurso ante el Constitucional no es legítimo, al tiempo que presionan a la Institución. Si su decisión resulta favorable a sus intereses, la calificarán de legítima, si no, la tildarán de ilegítima.

El mantra sostenible
IGNACIO CAMACHO ABC 28 Noviembre 2009

NINGUNA economía puede ser sostenible con un déficit del ocho por ciento y el disparatado despilfarro de las autonomías españolas. Sin una reducción tajante, efectiva y sincera del gasto público la sostenibilidad seguirá resultando un brindis al sol, un mantra superficial, una genérica percha conceptual de la que colgar pequeñas medidas más o menos provechosas. Pero lo que hace inviable la recuperación, lo que vuelve insostenible nuestro marco económico es la voracidad dispendiosa de una enorme estructura administrativa cuyo peso intacto arrastra la productividad al fondo de un abismo de ineficacia.

La sostenibilidad es el nuevo marco retórico del zapaterismo, un polivalente concepto de amplio espectro a cuyo conjuro irreprochable se pueden invocar infinidad de diseños políticos de corte posmoderno. El epígrafe sostenible justifica por su amplitud cualquier intervención u ocurrencia del poder, dotándola de un barniz de corrección política con la eficacia mágica de un abracadabra. Sostenible puede ser un incentivo fiscal o una subida de impuestos de combustibles; en nombre de la nueva invocación lo mismo nos pueden prohibir el tabaco que restringir la velocidad o bajar el aire acondicionado. La ambigua connotación ecologista del término lo reviste de un ropaje trendy y actual con el que puede cubrirse desde una razonable simplificación de trámites burocráticos hasta una ramplona deducción de alquileres.

Lo único que no puede disfrazarse de sostenible es aquello que tiende a caerse por su propio peso. Y esto es lo que le ocurre a una economía lastrada por su gigantesco derroche público. La flamante ley-omnibus gubernamental contiene medidas tan provechosas como minimalistas, cuyo impulso se antoja escaso para levantar el fardo de un sistema productivo anquilosado en el gasto y la burocracia. Como alternativa al modelo vigente resulta de una liviandad presuntuosa; una por una casi todas sus propuestas parecen sensatas, pero en conjunto su hálito reformista tiene poco vuelo y tenue enjundia. Y la aureola propagandística que la ha precedido deja un inevitable sabor de fiasco, de decepción, de montes sacudidos para parir ratones.

Si esta deslavazada amalgama es la última receta del poder para afrontar la crisis habrá que confiar en el que el país siga sosteniéndose solo como hasta ahora: vivaqueando entre trampas impagadas, actividades sumergidas e imaginativas fórmulas de supervivencia doméstica. Un trantrán de rutinas que evitan el desplome total pero nos mantienen lejos de una recuperación productiva. Las reformas cruciales siguen pendientes mientras el Gobierno sólo confía en el efecto de arrastre de las economías extranjeras que ya han hecho sus deberes. Y los cuatro millones de parados continúan siendo la única realidad que se sostiene con siniestra terquedad más allá de neologismos semánticos y planes voluntaristas.

Tan cerca, tan lejos
EDUARDO SAN MARTÍN ABC 28 Noviembre 2009

Las tripas del editorial mancomunado de una parte de la prensa catalana (los periódicos nacionales con edición en Cataluña y las cadenas de radio sin pedigrí fueron excluidos de la colecta) ya ha sido analizadas en detalle. No tanto, algunos aromas que desprende el edicto y que complican cualquier transacción futura con independencia de cuál sea el veredicto final del TC. El quilombo institucional provocado por la errática e irreflexiva política territorial de Zapatero encontrará una salida tarde o temprano pero el escenario ha quedado hecho jirones, y costará repararlo si las percepciones de Cataluña y las de gran parte del resto de España (no sólo Madrid) siguen discurriendo por líneas paralelas.

El sentimiento del que se hace portavoz la carta de los directores adolece del mismo prejuicio que intenta denunciar. El escrito trasmite esa sensación según la cual «en Madrid» tenemos una idea caricaturizada de la sociedad catalana; operamos con clichés y actuamos a partir de juicios de intenciones. ¿Y qué otra cosa trasluce el editorial respecto de ese «Madrid» cuando denuncian a «quienes siguen percibiendo la identidad catalana como un defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad»? ¿De qué España hablan? ¿Cuántos en España sueñan aún con esa «imposible uniformidad»? El victimismo catalán, que con tanta franqueza denunciaba Tarradellas, ha construido un imaginario castellano-madrileño sobre el que disparar en tiempos de tribulación. Caricatura contra caricatura; líneas paralelas.

Más. El editorial transpira ese «espíritu de los pueblos» que alienta en las reivindicaciones nacionalistas desde el romanticismo alemán. Los directores se arrogan la representación y defensa de un sujeto que es siempre colectivo, ese «viejo pueblo europeo» cuyas demandas envuelven en unas «circunstancias específicas» al caso juzga el TC. Quienes defendemos la legitimidad y la autonomía del tribunal invocamos, por el contrario, el «espíritu de las leyes» de Montesquieu. Tan cerca y tan lejos.

Lo digno y lo indignante
LAURA CAMPMANY ABC 28 Noviembre 2009

En un editorial compartido que oscila entre el «yo acuso» y el «yo acoso», doce diarios catalanes se han lanzado a defender la dignidad de una región española como si Cataluña fuera una mujer maltratada, o un marinero secuestrado, o un olmo hendido por el rayo, o un imperativo categórico, o algo más que un conjunto de ciudadanos allí nacidos o allí llegados. Se han echado al monte con Montilla para recordarnos sus más recónditas aspiraciones. Bueno, y para decirnos que cuidadín, cuidadín.

Los periódicos catalanes son muy libres de pronunciarse a favor del Estatut: están en su derecho y en su papel. Y aun de evocar, como han hecho, con zampoñas que van de lo salicio a lo nemoroso, en prosa o en verso, en catalán o en castellano, las tradiciones, culturas e instituciones de un «viejo pueblo europeo». Pueden, si les place, reescribir el pasado con soñados renglones, y hasta pactar vinagre con las rosas, pero creo que resbalan traduciendo latines, penetrando en las leyes o invirtiendo su rango. Yo sospecho que no es la dignidad de Cataluña lo que peligra, sino todo un tinglado de autogobierno que da mucha cuerda, y más si se estira. Pero lo que de verdad está en juego, cosa que no parece importarles, es nuestra ya maltrecha democracia. Vamos a imaginarnos que la reacción legítima que anuncian es acatar el fallo de los jueces, y olvidemos el tono amenazante. Porque ya me dirán qué otra cosa cabría.

El TC, por su parte, tendrá que resolver con arreglo a Derecho. Eso sería lo digno para todos. Y el supuesto contrario, lo indignante.

El acento de Montilla
EDURNE URIARTE ABC 28 Noviembre 2009

Cuando Montilla se relaja y se toma dos copas, pierde su acento catalán y recupera el acento andaluz, me contó hace algún tiempo alguien que compartió cena con el político socialista. O eso ocurría al menos antes de que se sometiera a cursillos intensivos de catalán para ejercer de presidente. Lo que da una excelente idea del significado de la presión étnica en las comunidades dominadas por el nacionalismo étnico. La presión para la integración en las normas dominantes, propia de cualquier sociedad, se convierte en presión para la sumisión a la etnia.

Y el fanatismo de la raza arrasa con todo lo que encuentra a su paso, da lo mismo el peso de los partidos no nacionalistas. El debate político de Cataluña, o del País Vasco, incluso con el nuevo Gobierno, es un reflejo. Todo lo que se sale de la etnia está en la disidencia, en el silencio, en la expulsión.
Por eso lo más significativo de la movilización de las élites catalanas contra el Tribunal Constitucional no es lo que dicen esas élites sino lo que callan quienes discrepan. El silencio casi absoluto que impera fuera de la etnia vociferante. La sociedad civil catalana leal a la Constitución, los intelectuales catalanes que discrepan de la insumisión de José Montilla al Estado, todos ellos están desaparecidos. Los pocos intelectuales que han hablado lo han hecho para respaldar la deslegitimación del Tribunal Constitucional. El resto, ni están ni se les espera.

Por miedo a ser expulsados de su propia sociedad. Muchas veces he explicado, con poco éxito, por cierto, que no es ETA la que ha desterrado a mucha gente del País Vasco, sino la etnia. De los terroristas, te protegen los cuerpos policiales. De la opresión étnica, no te protege nadie. O adoptas el acento catalán, o te vas. Y el acento andaluz, y el de la discrepancia, lo dejas para la intimidad que es donde se agazapa en Cataluña la lealtad a la Constitución.

Esquizofrenia política y constitucionalidad
José Manuel Otero Lastres La Voz 28 Noviembre 2009

Utilizo la palabra esquizofrenia en su sentido etimológico de mente dividida y con el único propósito de hacer un diagnóstico periodístico de las inadmisibles reacciones de ciertos políticos catalanes ante el rumor -¿falso, pero interesado para provocarlas?- de que el Tribunal Constitucional se propone declarar la inconstitucionalidad de más de 40 artículos del nuevo Estatuto de Cataluña. Y es que solamente con una mente partida en dos se puede, con una de ellas, tener la desfachatez de vivir profesionalmente de las instituciones creadas por la Constitución y, con la otra, reaccionar simultáneamente con una inusitada virulencia contra una actuación plenamente correcta de esa otra institución constitucional, que tiene entre sus competencias la de controlar la constitucionalidad de los estatutos de autonomía.

Habrá quien piense que esas reacciones desaforadas y virulentas de dichos políticos son puramente electoralistas, y que, más que responder a lo que les dicta la razón, son un modo demagógico de decir lo que quieren oír sus más fanatizados adeptos. Pero aunque fuera esta la razón de sus intemperancias, los políticos catalanes aludidos deberían abandonar la confrontación y optar por la moderación y la prudencia, entre otras, por las dos siguientes razones: la responsabilidad inherente a las posiciones políticas desde las que hablan y la razón última, pero esencial, de la convivencia pacífica de todos los ciudadanos corrientes que estamos haciendo en común España desde hace muchos siglos.

Por otra parte, la imputada tardanza en dictar la sentencia no lo es tanto si se tiene presente que todavía en marzo del 2007 el Tribunal estaba resolviendo recusaciones de algunos de sus miembros. Pero es que aunque hubiera cierto retraso en la elaboración de la sentencia y aunque es verdad que el Tribunal Constitucional no se renovó cuando le correspondía, no estamos ante justificaciones suficientes para que se dude interesadamente de la legitimidad del Tribunal, ni para que se pida ahora oportunistamente la dimisión en bloque de sus miembros. ¿Se diría lo mismo si el rumor fuera que la sentencia es favorable a la constitucionalidad?

Si, como es de esperar, la sentencia responde al innegable prestigio jurídico de los miembros del Tribunal, no hay que descartar que llegue a ser un aldabonazo en el sombrío y mediocre panorama en que se viene desenvolviendo desde hace algún tiempo nuestra actividad política, domesticada en exceso por el férreo control interno que se ejerce en los partidos políticos. Y, ya puestos a soñar, no estaría de más que tal sentencia pudiera obrar el milagro de hacer que algunos ciudadanos recobremos parte de las esperanzas que depositamos en nuestra Constitución.

Porque, a pesar de sus innegables imperfecciones, plasmó en su articulado la deseada y necesaria reconciliación entre todos los españoles. Cosa que fue posible gracias a la conexión que hubo en aquel momento entre el pueblo y los políticos no profesionalizados de entonces, los cuales, con su indiscutible valía y su reconocida generosidad, hicieron que la transición democrática fuera impecable.

En un régimen de opinión pública, el pensamiento único resulta chocante
No es misión de los periodistas acudir en socorro de los políticos
La lectura del editorial en una docena de periódicos y en varias emisoras trae a la memoria los tiempos ominosos
Fermín Bocos Periodista Digital 28 Noviembre 2009

El anclaje político de Cataluña en España , chirría. No altera a la vida cotidiana-los ciudadanos del común bastante tienen con nadar contra el paro y el resto de secuelas de la recesión económica-, pero tiene al borde del ataque de nervios a la clase política.

Y también, a una parte del gremio periodístico catalán, a juzgar por el ya famoso editorial conjunto.

He oído muchas opiniones sobre éste asunto, pero hecho de menos las que deberían recordar el papel de los periodistas en una sociedad democrática.

En un régimen de opinión pública -cuyo principal fruto es el pluralismo-, el pensamiento único resulta chocante; por no calificarlo de claudicante.

No es misión de los periodistas acudir en socorro de los políticos cuya torpeza, ceguera o ambición, desencadena turbulencias que, después, no aciertan a controlar. La tarea del periodista es mantenerse a distancia del poder y de los poderosos para mejor poder fiscalizar sus actuaciones.

La lectura del mismo editorial en una docena de periódicos y en varias emisoras trae a la memoria los tiempos ominosos (felizmente olvidados) de los textos de inserción obligatoria.

No entro en el contenido del editorial y su enfoque pancatalanista contrario a la idea de que el Tribunal Constitucional pueda estar por encima del "Estatut" ya en plena implantación.

Es opinable. Sin olvidar, claro está ,que las leyes hay que cumplirlas y que la función del TC procede de un mandato directo de la propia Constitución.

Lo que quiero señalar es que, a mi juicio, el citado editorial se aleja del mejor periodismo; que no es otro que aquel que recela del poder y de los poderosos y combate la injusticia, sin caer en ella. Tengo para mi que los autores del manifiesto-editorial tienen un problema y un olvido.

El problema es que confunden la afinidad ideológica con la adscripción partidista. El olvido es que sin prensa libre, plural e independiente, no hay democracia. Espero que no sea ése el camino que preparan para Cataluña.

Estatuto y Democracia
FERRER MOLINA El Mundo 28 Noviembre 2009

La campaña en contra del Constitucional (que no contra la sentencia sobre el Estatuto, que no existe) y las amenazas de que su pronunciamiento quebrará la convivencia en Cataluña y las relaciones entre esta comunidad y el resto de España, no por alarmistas deberían influir en su trabajo.

En el caso de que, cuando se haga público el fallo, éste fuera mayoritariamente considerado negativo en Cataluña, como se dice, sólo podrían ocurrir dos cosas. Que la sociedad catalana aceptara con normalidad democrática la sentencia aun no compartiéndola (que sería lo lógico y deseable) o que, como vaticina su clase política, se creara una situación insostenible entre la Generalitat y el resto del Estado.

Ninguna de ambas hipótesis debería alterar el pulso de los magistrados. En el caso de que se diera el segundo supuesto, no sería desde luego al Alto Tribunal al que hubiera que pedir cuentas. Su trabajo es el de valorar la constitucionalidad de las leyes, no el de ponderar cómo reaccionarán o dejarán de hacerlo los afectados.

Una de las ventajas de vivir en democracia es que están perfectamente previstos los mecanismos para superar los problemas que genera la convivencia. Si la sociedad catalana ansía mayores cotas de autonomía está legitimada para solicitarlas, pero debe hacerlo por los cauces apropiados. Lo que no puede pretender es conseguirlas a costa de retorcer la Constitución. Eso sería un fraude.

Si los ciudadanos de Cataluña quieren que su comunidad se titule nación, si quieren tener derechos y deberes distintos a los del resto de españoles, quieren tener un Poder Judicial propio, quieren que la Generalitat mantenga con el Estado una relación bilateral y quieren que ésta desarrolle su propia política internacional, sólo por citar algunos ejemplos contemplados en el Estatuto, están en su derecho, pero para lograrlo quizás (a ver qué dice el Tribunal) tengan que cambiar antes la Constitución. Y hay mecanismos para hacerlo.

Lo que no es correcto es que se trate de romper el tablero o cambiar las reglas del juego cuando éstas no combienen a los intereses de una de las partes.

BENACH AMENAZA CON UNA MANIFESTACIóN
Los nacionalistas redoblan la presión tras el editorial
IMPRESIONES El Mundo 28 Noviembre 2009

ENVALENTONADOS por el editorial único publicado por 12 periódicos catalanes que muestra su oposición a que pueda recortarse el Estatuto, los políticos nacionalistas elevaron ayer el tono y las presiones al Tribunal Constitucional. Paradójicamente, los que más levantaron la voz, Benach y Carod, son miembros de ERC, partido que se pronunció contra el Estatuto. El presidente del Parlamento catalán volvió a plantear la necesidad de organizar una gran manifestación preventiva contra el fallo del Alto Tribunal, una maniobra cuya única finalidad es coaccionar a los magistrados, algo que está expresamente prohibido por la ley. Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat pidió que pase a ser «delito» el lenguaje «fascista y racista» que en su opinión se utiliza para criticar a Cataluña. Carod no sólo identifica Cataluña con sus propios intereses -como hace a menudo el resto de nacionalistas-, sino que predica para otros lo que no aplica en su partido. Puestos a acabar con los excesos podría empezar por sus filas: su última ocurrencia ha sido felicitar la Navidad con una imagen del Rey, ahorcado.

Las tres versiones de Batasuna
ÓSCAR B. DE OTÁLORA, BILBAO. El Correo 28 Noviembre 2009

Ha difundido textos diferentes sobre su compromiso con el desarme
En Alsasua y Venecia ha leído manifiestos diferentes, y hasta contradictorios, sobre su supuesta adhesión a los 'principios Mitchell'

'PRINCIPIOS MITCHELL'
Uno. Compromiso con medios democráticos y exclusivamente pacíficos para resolver asuntos políticos.
Dos. Compromiso con el desarme total de todas las organizaciones paramilitares.
Tres. Compromiso con acordar que tal desarme debe ser verificable a la satisfacción de una comisión independiente.
Cuatro. Compromiso con renunciar para ellos mismos , y oponerse a todo intento por otros, al uso de la fuerza , o a la amenaza de usar la fuerza para influir en el curso o el resultado de las negociaciones multipartitas.
Cinco. Compromiso con acordar someterse a los términos de cualquier acuerdo alcanzado en las negociaciones multipartitas y recurrir a métodos democráticos y exclusivamente pacíficos para intentar alterar cualquier aspecto de ese resultado con el que puedan estar en descuerdo.
Seis. Compromiso con urgir que paren todos los asesinatos y palizas de castigo y con tomar acciones efectivas para prevenir tales acciones .

¿Ha suscrito la izquierda abertzale realmente los seis 'principios Mitchell? La pregunta es clave puesto que un compromiso activo con estos preceptos supone, ya de entrada, reclamar el desarme de las organizaciones paramilitares y la creación de una comisión que verifique el decomiso de armas. Aceptar estas siete cláusulas -que se crearon para desatascar el proceso de paz irlandés- implican apostar en exclusiva por «medios democráticos y pacíficos para resolver asuntos políticos»; es decir, apostar por el fin de la lucha armada.

Sin embargo, la mención a los 'principios Mitchell' resulta equívoca en los documentos que hasta ahora ha manejado la izquierda abertzale para mostrar su postura en este tema. El colectivo aludió a ellos por primera vez el pasado 14 de noviembre, cuando ofreció sendas ruedas de prensa en Alsasua y en Venecia para hacer público un documento titulado «Primer paso hacia un proceso democrático, principios y voluntad de la izquierda independentista». De las distintas versiones que se han difundido sobre este documento, sólo en una de ellas aparece la palabra «compromiso» vinculada a los 'principios Mitchell'. En el resto, se cita de manera general y en referencia al escenario deseado en el que debería desarrollarse un hipotético proceso de negociación entre el Gobierno español y ETA.

La palabra «compromiso» fue empleada en Venecia, donde la abogada de la izquierda abertzale Jone Goirizelaia compareció ante unos cincuenta espectadores en unas jornadas sobre movimientos de izquierda, junto al mediador sudafricano Brian Currin, el ex miembro del IRA y diputado del Sinn Feinn Raymond McCartney y Emine Ayna, representante del partido kurdo DT. Sin embargo, en las ponencias redactadas en inglés y francés esta palabra no aparece. En estos textos, la izquierda abertzale afirma: «Creemos que un proceso debe seguir los principios del senador Mitchell», sin más referencias.
En castellano, existen dos versiones del mismo documento. En una de ellas se señala que el proceso «debe regirse por los principios del senador Mitchell. Mostramos nuestro compromiso con los mismos». En la otra se calca el texto en inglés y francés, sin la palabra compromiso. Este último texto fue leído en Alsasua y se da la circunstancia de que, en su traducción al euskera, sí aparece una alusión a la palabra compromiso.

Según distintas fuentes, la inclusión de los 'principios Mitchell' habría sido forzada por los propios mediadores internacionales, que querían contar con la certeza de que la izquierda abertzale amparaba realmente un proceso democrático, entendido como la búsqueda del fin de la violencia. Las mismas fuentes han señalado que la ambigüedad mantenida con respecto a los posicionamientos que permitieron avanzar en la negociación en Irlanda ha causado malestar en algunos de los responsables internacionales que apoyaron la declaración de Venecia, al interpretar que no se recogía ningún tipo de distancia con ETA. Esta propia ambigüedad habría tenido como efecto que la repercusión internacional haya sido menor de la prevista.

'IRA auténtico'
Los 'principios Mitchell' se aplicaron en Irlanda en 1997, como fórmula para desbloquear el proceso y permitir que el Sinn Fein participase en conversaciones políticas. Para entonces, sin embargo, ya existía una tupida red de relaciones y negociaciones entre partidos. El compromiso, además, suponía poder iniciar las discusiones políticas sin que el desarme del IRA, un punto de bloqueo, se hubiera puesto en marcha, lo que suponía un callejón sin salida.

A largo plazo, sin embargo, representó el nacimiento del grupo terrorista 'Ira auténtico', que rechazaba el desarme defendido por Mitchell; y a su vez, el descenso electoral de los moderados y la ocupación de los espacios políticos por los radicales.


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Los tontos útiles del nacionalismo catalán (y II)
Antonio Pérez HenaresPeriodista Digital 28 Noviembre 2009

Nos encontramos en plena ofensiva nacionalista catalana contra las instituciones españolas, porque eso está siendo la presión inaudita, propia de otro regimen y de la prensa de aquel otro "movimiento nacional", contra el Tribunal Constitucional español a quien se pretende desligitimar en su función esencial: la defensa de los derechos constitucionales y ciudadanos de "todos" los españoles y el vigilar que las leyes encajen y no violen la ley suprema de todas : la Constitución.

Pero hay algo más en ello que nos duele y nos conmueve a algunos. Que esa ofensiva, ese ataque al propio sistema constituiocinal español y a la separación de poderes de un Estado democrático este siendo liderado por quienes se presumen socialistas en Cataluña y amparado por el presidente de España y por algunos de sus ministros. Los unos y el otro sólo tienen, más alla del dolor que provocan y de los efectos perversos y desestabilizadores para el conjunto de la Nacion que su insensatez puede conllevar, el calificativo claro y preciso de "tontos útiles" al servicio de los intereses del nacionalismo y del separatismo catalán.

Lo fueron en la propia intrahistoria del Estatut, inventado al margen de las necesidades de la población que en absoluto lo demandaba , por una casta política para llevar su poder al límite mismo de la independencia, amparada en un presidente de España que con toda irresponsabilidad dio alas, permisos y hasta promesas de inacción ante lo que hicieran. Cierto, eso si, que el Congreso “cepilló” , en palabras de Guerra, algunos aspectos que ya no entraban en la inconstitucionalidad sino que eran ofensivamente anticonstitucionales y que hubo un referéndum en Cataluña donde se aprobó. Por un 35 % de la población con derecho a voto.


Pero lo más dañino son los propios autores de aquel desaguisado y del de ahora. Porque se hacen llamar socialistas y lideran a las gentes que votan esas siglas en aquel territorio. Fue un Maragall, claro exponente de un partido que no solo asumió y se pasó a la orilla nacionalista, sino que la desbordó en sus radicalismo y pretensiones y es ahora un presidente Montilla y unos ministros Corbacho y Chacón quienes representan esa conducción de un voto de izquierdas, con raíces en el conjunto de España (ellos mismos son nacidos o descendientes de andaluces o extremeños) a una entrega a los postulados reaccionarios, a aliarse con los separatistas para quienes son el instrumento necesario. El PSC es el imprescindible tonto útil del nacionalismo catalán. Montilla, Chacón y Corbacho son los colaboradores insustituibles para lograr que esas masas de votantes de izquierdas, , emigrantes en muchos casos, sean abducidos por la ideología, las aspiraciones y los principios del nacionalismo. Se los han entregado, lavados de cerebro y atados de pies y voto. Alentados por Zapatero su deriva no es otra que allanar el camino y dejar sin respuesta posible ante las intenciones claramente declaradas y expuestas de quienes si tienen claro su fin y su objetivo: la independencia del Cataluña para lo que primero debe ser excluido de allí todo lo que huela, sepa o se sienta como común con el resto de España, sea esto lengua o hasta las corridas de toros. Pero como ante ello muchos podían rebelarse, para ello están Montilla, Chacón y Corbacho. Para decirle a sus gentes que no, que eso es integrarse, que es vertebrarse, que esa es la cuadratura del circulo : unir a base de separar, juntar haciendo añicos.

P.D. Zapatero y Montilla se consideraran muy listos porque dirán: "Pero gobierno yo". Sí. Pero para ellos.

El Notari y L'Emprenyat
ARCADI ESPADA El Mundo 28 Noviembre 2009

Querido J:

Te doy por enterado del editorial sobre la dignidad de Catalunya, tú que siempre has sido un gran lector del Diari de Sabadell. Así podemos pasar directamente al comentario. Previo pago de unas risas. Porque no me puedo quitar de la cabeza el dúo, tan castizo, que lo ha escrito mayormente. El señor notario. ¡Cómo me divierte ese hombre! Cada vez que lo leo, y lo hago siempre que puedo, veo un notario disfrazado de notario. ¡Qué sobredosis, chico! No es que el señor notario escriba. ¡Quia!, escribir como un mero pobre hombre... El notario escritura. Cada palabra, una fita. Fita es vernáculo de mojón. Donde moja el florón nuestro patricio. Pero es que, además, fita es hito, objetivo anhelado. Desde que se puso en notaire à penser, nuestro hombre lleva un lío tremebundo de fites en la cabeza. Hoy organiza España y mañana, el Garraf; ayer clama por la federación y luego, por la reunión; por las islas Reunión, digo. Hoy nieva, mañana llueve. A quien vaya pagando le voy yo escriturando. Fiiiiiitas, fiiiiiitas, fiiiiiiitas... El vuelo gallináceo del notari.

Su compañero no tiene menos gracia. Visto el que técnicamente ocupa el sillón de Gaziel, ha decidido ser Gaziel. Una decisión plenamente unilateral. No es raro. El periodista es un hombre propenso. Hace unos años puso en marcha la teoría del «català emprenyat». Parecía conocerlo bien. Pero lo cierto es que el animalito no aparecía por parte alguna. Era tan invisible como L'home dels nasos, ése que tiene una sola nariz, que aparece en Cataluña cada 31 de diciembre y que es una metáfora bastante exacta y profunda del delirante pavoneo local. Pero él siguió, como es lógico, pues no tiene otra posibilidad la alienación. Siguió hasta aquellas memorables elecciones en que el català emprenyat (como reflexionaba el pensador Oriol Trillas, sobre todo célebre por la coda invariable de sus meditaciones «Merda de país petit!») le dio su voto masivo a Montilla, después de los desastres del aeropuerto, el AVE y el Carmel. La carraquilla calló por una temporada. Hasta que hace unas semanas dio un paso al frente y tomó la drástica decisión. Es cierto que la primera versión del editorial cejijunto empezaba diciendo: «Catalunya está empreñada, porque la ponen a parir...» Pero no hubo manera de que el notario entendiera el juego de palabras.

Un editorial es una pieza de sinécdoque delicada. Lo escribe uno en nombre de todos, siendo uno el honrado amanuense y todos, el director del periódico. Que un editorial pretenda representar a la comunidad de un periódico es un atrevimiento intelectual y moral considerable. Que pretenda representar a 12 añade poca cosa al caso: los 12 cobran de la misma caja B moral y técnica. Ahora bien: que el editorial tome el nombre de Catalunya sólo es posible si uno se atiene a la hechura gigantesca del Notari y l'Emprenyat. Pocos se atreverían a hablar en nombre de la dignidad de Catalunya. No ya de Catalunya, que eso está al alcance de cualquiera; sino de su dignidad. Y no, me adelanto, querido amigo: no me valdrá que digas que hablan en nombre de CataluNYa, ese New York o más. Tú y yo sabemos que, escribiendo en castellano, eso no es lo mismo que Cataluña. Pero ellos no. Ellos no distinguen.

Sobre la dignidad, en general y hablando en plata, tengo una lección que darles. ¡A ver si voy a ser el único español que se va a prohibir una pedagogía! La da uno de los mayores filósofos de nuestro tiempo: «La dignidad es moralmente significativa: no debemos ignorar el fenómeno que hace que una persona respete los derechos e intereses de otra. Pero también explica por qué la dignidad es relativa, fungible y, a veces, dañina. La dignidad es superficial: es el chisporroteo, no el solomillo; la portada, no el libro. Lo que verdaderamente importa es el respeto por la persona, no las señales perceptivas que típicamente las provocan. De hecho, el hueco entre la percepción y la realidad nos hace vulnerables a las ilusiones de dignidad».

Pinker, claro. Lo escribió en The New Republic, a raíz de un informe sobre Dignidad y Bioética redactado por los asesores de George Bush, en un artículo titulado The Stupidity of Dignity que describía los problemas del concepto de dignidad. Me molesta mezclarlo en esto. Pero hay que ventilar la habitación.

Después de la publicación del cejijunto, los periódicos empezaron a buscar analogías. Es una digna obligación del periodismo. Pero a veces le pierden las formas. Es como la otra semana, cuando se empeñaron en buscar analogías de otros muros, confundiendo el ladrillo con el comunismo. Ahora sólo se han interesado por los editoriales conjuntos. Pero lo sustantivo no es el sudor, sino otra vez el comunismo. La grotesca evidencia de que 12 periódicos presionen y amenacen al Constitucional y a los ciudadanos, mediante la burda estrategia de convertir a Catalunya en la damisela ofendida. Esos periódicos han clamado cientos de veces por la necesidad de que se respete la independencia del Poder Judicial y han escrito docenas de editoriales contra los manejos políticos en torno a los jueces. Ahora incurren en lo que reprocharon con su voz tan hueca. Fuera de los sistemas totalitarios, donde los periódicos son el panfleto de los escuadrones, tal conducta no tiene precedentes ni analogías posibles.

Acabo por donde procede. Esa frase final del editorial («Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable»), y su evocación del movimiento fundacional nacionalista Solidaritat Catalana. Hay muchos lugares por donde cogerla. Por un lado, concreta el demente discurso de los que tratan de enfrentar la soberanía popular y la ley, como si en democracia la ley viniera de Dios. Aunque, por supuesto, el irracionalismo apenas puede ocultar la estrategia nacionalista de identificar la ley con España y la soberanía con Cataluña, y es una interesante audacia que don José Montilla la haya aplaudido. La evocación es, también, moralmente indigna, como cualquier otra que intentase comparar un régimen donde tribunales militares entendían sobre delitos de opinión (el asalto militar a un semanario catalán y la Ley de Jurisdicciones de 1906 están en el nacimiento de Solidaritat Catalana) con el actual régimen constitucional español.

Sin embargo, amigo mío, qué quieres. Ante este párrafo, me domina otra vez la risa de ver a nuestro unilateral gazielet firmemente convencido de que su papel de periódico puede salvar la patria amenazada. No es el más infeccioso de los anacronismos.

Pero sí es el más cruel.
Sigue con salud.
A.

La presidenta del TC podría recurrir al voto de calidad en el fallo del Estatut
La sombra de García Pelayo acecha a Casas
El decisivo aval del presidente del TC a la expropiación de Rumasa minó la reputación de García Pelayo.
Ricardo Coarasa La Razón 28 Noviembre 2009

MADRID- La historia tiende siempre a repetirse, también en el Tribunal Constitucional (TC). La situación de bloqueo en la que ha encallado la votación sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña tras meses y meses de deliberaciones podría obligar a su presidenta, María Emilia Casas, a echar mano de su voto de calidad para alumbrar la esperada sentencia. Hace ahora 26 años, uno de sus antecesores en el cargo, Manuel García Pelayo, tuvo que recurrir a ese voto desequilibrante para dar el visto bueno a la expropiación de Rumasa, para alivio del Gobierno socialista de Felipe González. García Pelayo recibió un aluvión de críticas y su carrera quedó marcada para siempre, hasta el punto de que esa votación y las circunstancias que la rodearon se han etiquetado como el paradigma de la politización de la Justicia.

Y aunque en un principio nada estaba más lejos de las intenciones de Casas que tener que recurrir a ese voto de calidad, el derrotero de los acontecimientos puede llevarle a cambiar de opinión. Fuentes del Tribunal Constitucional aseguraron a LA RAZÓN que «una vez agotadas todas las vías, si se ve abocada a hacerlo, lo hará, porque este asunto no puede estar empantanado más tiempo».

Presiones a la orden del día
Pero la sombra de García Pelayo es alargada y el descrédito personal que le supuso al entonces presidente del TC ese paso al frente está, sin duda, en la mente Casas, que no quiere pasar a la historia como la presidenta que decidió con su voto la sentencia sobre el Estatut.

Entonces, como ahora, las presiones están a la orden del día. El Gobierno del cambio se enfrentaba a su primera «prueba del algodón» en diciembre de 1983. Unos meses antes, el 23 de febrero, Felipe González, firmaba –a instancias del entonces ministro de Economía y Hacienda del Ejecutivo socialista, Miguel Boyer– el decreto de expropiación de Rumasa, el emporio empresarial liderado por José María Ruiz Mateos. El Tribunal Constitucional (TC), presidido por Manuel García Pelayo, tenía sobre la mesa una «patata caliente» de una trascendencia política inusitada: avalar o no la inconstitucionalidad del decreto-ley que permitió la polémica medida «por razones de utilidad pública o interés social».

González se jugaba buena parte de su inmaculado crédito político a cara y cruz. Y salió cara. Pero para eso fue necesario que García Pelayo inclinase la balanza con su voto de calidad, un recurso del que han echado mano los presidentes del TC en contadísimas ocasiones a lo largo de sus casi treinta años de historia. Y es que los doce magistrados no se pusieron de acuerdo. Sometidos a indudables presiones políticas, la votación terminó en tablas. Seis se inclinaron por desestimar el recurso de inconstitucionalidad planteado por Alianza Popular y otros seis defendieron lo contrario. García Pelayo fue decisivo y bien que lo pagó. Un año después, renunció a la Presidencia del TC. Su brillante carrera había terminado de la peor manera posible.

Con esos antecedentes, no es de extrañar que Casas se lo piense. «Ningún presidente del Constitucional quiere sacar una sentencia de esta trascendencia con el voto de calidad», afirman esas mismas fuentes. «Pero después de tres años, ¿qué vas a hacer?», añaden. La historia, por tanto, puede repetirse muy a su pesar.

Estatut
Hablemos del jamón
Maite Nolla Libertad Digital 28 Noviembre 2009

Aquí la única sociedad civil que se ha movilizado es la constituida por los periódicos abajofirmantes, con la administración de socia capitalista. La UTE que se ha creado para lo que ustedes pudieron leer el jueves ha conseguido una de las finalidades que buscaba: callar al PP. O darle una oportunidad, según se mire. El PP se atreve aún con declaraciones de Montilla o de Artur Mas. De aquella manera, aunque sea sólo para llenar una rueda de prensa, la señora Camacho o Dolors Montserrat hacen como que discuten con ellos; a veces. Luego se ofrecen a investir presidente a cualquiera de los dos, que para eso no tenemos manías.

Pero esto es diferente. Los autores del editorial sabían que el PP no se iba a atrever con ellos. Además, ante cualquier crítica pueden recurrir a la libertad de expresión. Y así ha sido. Comparen ustedes las declaraciones de González Pons, de Soraya, de Cospedal o de la señora Camacho, con lo que del editorial han dicho Vidal-Quadras, Arcadi Espada o lo que ha escrito Albert Boadella. En el caso de los primeros, lo mejor que se puede decir es que no tienen ni idea de lo que pasa en Cataluña o que les tiemblan las piernas. La señora Camacho dijo que había que hablar del paro y de la crisis. Comparen, comparen.

Pero lo peor ha sido lo de Mariano Rajoy: no tiene nada que decir. ¿Hablemos del jamón? ¿Del Tour 2010? Ya no digo que se metan con los nacionalistas que han firmado el asunto, pero ¿no tiene Rajoy nada que contestar a Carmen Chacón? ¿El recurso contra el estatuto es un recurso contra Cataluña, como dice la ministra-anuncio?

Mi opinión es que le están dando una oportunidad a Rajoy. Por supuesto, los que publicaron el editorial sabían de sobras cuál iba a ser la reacción de los demás. Es decir, una provocación se mire como mire. Cualquier crítica, por razonada y verdadera que sea, debidamente cocinada, es radical y extremista. Recordar que el dinero público sustenta a estos periódicos, que se están arrogando una representatividad que no tienen, que atribuyen cualidades personales a todo un colectivo y que protocolizan por escrito lo que llevan haciendo treinta años, es radical. Y frente a eso, Rajoy puede, como ha hecho, presentarse como un tipo moderado.

Desconozco si existe relación entre la publicación del editorial con la principal entrevista que Rajoy concedió hace unos días, con motivo de la celebración de la convención ideológica sin ideología, y que, casualmente, se dio a uno de los impulsores del tema. Pero, pasada la comedia, Rajoy sale beneficiado de lo que él quiere beneficiarse, que es cambiar de imagen en Cataluña. Otra cosa son los votos.

Siempre nos quedará... Riga
M. MARTÍN FERRAND ABC 28 Noviembre 2009

LA nueva decadencia de España, la que parecía haber superado el impulso constitucional del 78, se sustenta en la mayor atención a los asuntos menores, a los anecdóticos y personales, que a los de mayor grandeza, ámbito y enjundia. Del mismo modo que, en el XVI, se nos fue buena parte de la inmensa fuerza nacional en debates absurdos y menores -¿cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler?- que llenaron de gozo a los paniaguados del Santo Oficio, en este naciente siglo XXI todo se nos va en disputas necias que, después de haber tomado partido por la Geografía antes que por la Historia, tratan de sacralizar conceptos administrativos. Valga como ejemplo el rifirrafe que, con epicentro en un Tribunal Constitucional largo de fecha y corto de prestigio, tiene especialmente soliviantados, más que a los ciudadanos de Cataluña, a sus representantes políticos de sesgo nacionalista, natural o impostado.

Si el Gobierno tuviera el talento y la resolución que serían deseables; la oposición, la responsabilidad conveniente; las autonomías, el sentido de ser parte de un todo, y en los ayuntamientos latieran más pulsos fundamentales que los de la especulación urbanística, aquí y ahora estaríamos hablando, más que de la dignidad de Cataluña y otras cuestiones antañonas y geológicas de lo que nos apunta el último número del semanario británico The Economist. España es el «nuevo enfermo europeo» y, contra lo que indica el Gobierno, nuestros planteamientos económicos son insostenibles. Nuestro sistema es «negativo para la productividad» y «para agradar a los amigos sindicalistas de Zapatero» se deja a los sindicatos, escasamente representativos, campar por sus respetos y mantener un modelo de relaciones laborales que tapona la posibilidad de una equiparación continental.

Esta España improductiva es el marco en el que la tasa de paro se acerca ya al 20 por ciento. Dentro de la UE, sólo nos supera Letonia. Eso es, además de un problema, un gigantesco drama humano que niega la esencia socialista del Gobierno actual. Parece que, reunidos en el «Café de Rick», como en Casablanca, José Luis Rodríguez Zapatero le estuviera diciendo a Elena Salgado: «Siempre nos quedará Riga». Humphrey Bogart e Ingrid Bergman podían aspirar al consuelo de París; pero aquí no nos lo podemos permitir. ¿Seguimos centrándonos en el Estatut, el aborto, el cine español y demás asuntos «prioritarios»?

Contra Franco, contra España
TOMÁS CUESTA ABC 28 Noviembre 2009

EL «Ja sòc aquí» de Tarradellas en el balcón de la Generalitat reencontrada es una de esas frases que van pidiendo mármol. Hay otra, según cuentan, que formuló en voz queda aquel domingo achubascado y que tampoco es manca. «Collons, quina Catalunya ha fotut en Franco!», dicen que dijo el «president» tras otear el panorama de la prosperidad y la pujanza. ¡Jopé, la que ha montado el tío Paco! La anécdota es apócrifa, quizás oportunista y puede que hasta barata. Pero, aunque hubiese alguien dispuesto a jurar sobre la Biblia que sucedió tal cual, punto por punto, palabra por palabra, no cambiaría nada. Donde la mixtificación y los embustes deambulan como Pere por su casa, las verdades incómodas salen en ambulancia.

Lo obvio, en cualquier caso, es que el eremita de Saint-Martin-le-Beau no quiso ejercer de plañidera ni dar rienda suelta a las jeremiadas. A la postre (y, con el postre, el cava), en el país había «molta pela» mientras que palos los hubo en todas partes. Miró, pues, adelante y pasó página. Treinta y dos años después, el sucesor de Tarradellas, posadero de inquinas y deslealtades, ha sacado el franquismo a relucir en plena zapatiesta estatutaria. Afirma el señor Pujol que, «in illo tempore», se tenía más consideración con Cataluña que en los momentos actuales. De no ser así, ¿a qué cabe achacarle que el Invicto montase un «remake» del Génesis («FIAT lux-Así SEAT») en el baldío de la Zona Franca? ¿Acaso a que se llame Franca?

Contra Franco, en efecto, los catalanes y las catalanas vivían mejor que contra España. Si el Régimen puso la lengua a ídem hoy sólo sirve para lamer el plato. Ahora, se despilfarra en libertad y se escatima en tolerancia. La burra vuelve al trigo y el «ruc» a la cebada. Despabila el fantasma de la adhesión inquebrantable, del pasmo colectivo, de la unanimidad a tanto alzado. No es de extrañar que, luego, Jordi Pujol añore las ternezas de antaño: «Nosotros, que nos quisimos tanto...». El amor, sin embargo, es un continuo toma y daca en vez de un dame y dame interminable. Y a la gente de a pie (la que si ejerce el derecho al pataleo es acusada de casposa y rancia) comienzan a atragantársele los trágalas.

A las cadenas de montaje que promovió la dictadura (Ya saben: ¡Visca las «caenas»! El chiste, de puro tonto, es obligado) el inclemente zurriagazo de la crisis les ha cogido en «calças»; o sea, en lo que el imperialismo castellano se denomina «bragas». Mejor les va, por contra, a los especialistas en desmontar el chasis del Estado. Ellos no dan abasto, no aflojan ni un minuto, les desborda el trabajo. La exigencia, no obstante, es inferior al entusiasmo y la «feina ben feta» se ve recompensada. A lo largo de tres generaciones se ha trabajado a conciencia en las conciencias y se han uniformado las identidades. Se ha encauzado el rencor, se ha sublimado el sectarismo, se ha delimitado el campo de batalla. Pujol incubó el huevo a la chita gritando y que las pie emboscado en el franquismo aúna la desfachatez con el sarcasmo.

«Quina Catalunya ha fotut en Franco!» Bienaventurado Tarradellas. Lo «fotut», francamente, todavía no ha empezado.

La FAPE critica el editorial, al buscar «convertir a los medios en agentes políticos»
R. N. La Razón 28 Noviembre 2009

MADRID- La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) criticó ayer la iniciativa de 12 diarios catalanes de publicar un editorial conjunto en defensa del Estatuto porque, a su juicio, tiene «una evidente intención de echar un pulso al Tribunal Supremo».

Se trata, según la presidenta de la FAPE, Magis Iglesias, de una «iniciativa insólita que no podemos encontrar acertada puesto que defendemos el pluralismo informativo como un valor de democracias actuales como la nuestra». «A la vista de que este gesto ha tenido lugar antes de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, parece una evidente intención de echar un pulso al Tribunal, hacer una demostración de fuerza, y por lo tanto parece una pelea más en que la que se quiere convertir a los medios de comunicación en agentes de la política», denunció la presidenta de la FAPE en un comunicado.

Los rotativos catalanes que se sumaron a esta iniciativa son «El Periódico», «La Vanguardia», «Avui», «El Punt», «Diari de Girona», «Diari de Tarragona», «Segre», «La Mañana», «Regió 7», «El 9 Nou», «Diari de Sabadell» y «Diari de Terrassa». Para Iglesias, esta iniciativa «extraordinaria» sería «sólo justificable» cuando la vida de una persona o la libertad estuvieran en peligro, «lo que no es el caso», apostilló. «Ni siquiera durante las tensas horas que precedieron a la muerte de Miguel Ángel Blanco ni en el 23-F los medios españoles actuaron así», recordó Magis Iglesias, quien añadió que en todas esas ocasiones y en otras, los medios de comunicación prefirieron preservar su personalidad. En este sentido, la presidenta de la FAPE mostró su preocupación por que se haya podido comparar «el espacio del periodismo con el ejercicio de la política».

ERC se hace con el control de la ofensiva contra el TC y amaga con sacarla a la calle
La FAPE rechaza el editorial conjunto porque «busca convertir a los medios en agentes de la política»
I. ANGUERA DE SOJO / G. SANZ | BARCELONA / MADRID ABC 28 Noviembre 2009

El independentismo, en todas sus vertientes, se ha hecho con el testigo del frente común de los periódicos catalanes para denunciar el «menoscabo» de Cataluña que supondría una sentencia del Tribunal Constitucional que cercene el Estatuto de Autonomía. Tal es así, que el presidente del Parlamento catalán, Ernest Becnach, rescató la conveniencia de realizar una «manifestación preventiva», idea que, según él, «no debe descartarse nunca».

La dirección de la estrategia parece, por tanto, en manos de ERC. Si el jueves fue José Montilla quien apareció como inspirador del texto publicado por doce cabeceras catalanas, ayer tanto Esquerra como las diversas plataformas independentistas promotoras del referendo soberanista del 13-D aprovecharon la iniciativa, y la reacción contraria en el resto de España, para entonar el «adiós España».

Quien lo verbalizó más claramente fue, una vez más, el vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, quien recurrió a la «Oda a España» del poeta Maragall para señalar que «si España no escucha», que «a nadie le extrañe» que muchos catalanes opten por el «adiós» a España.

Luego identificó el editorial publicado el jueves como el «una vez más, Escucha España», de Joan Maragall, y advirtió de que, «si una vez más, y expresado de forma tan multitudinaria, impactante, representativa y al mismo tiempo elegante y democrática, España no escucha, que a nadie le extrañe que haya gente que no se quede en el primer verso de la oda, sino que vaya directamente al último, ´Adiós España´».

Carod criticó también la «terminología facha de toda la vida que está resucitando, suponiendo que estuviera muerta», en varios diarios de ámbito nacional. También el líder de CiU, Artur Mas, criticó la «reacción de la prensa de Madrid» que tachó de «absolutamente visceral».

«Santiago y cierra España»
El líder nacionalista aseguró que algunas respuestas demuestran que aún hay quien quiere «una España absolutamente uniforme, homogénea, en el Santiago y cierra España», pero se felicitó también porque muchos ciudadanos en el resto de España han interpretado el editorial «con mucha menos visceralidad y eso es un signo de esperanza». Por todo ello, emplazó una vez más a Montilla a convocar la «cumbre de líderes» catalanes para afrontar la sentencia.

En este contexto, el secretario general de ERC, Joan Ridao, consideró «inevitable» una manifestación unitaria si la sentencia del TC recorta efectivamente elemento fundamentales del Estatuto, como la definición de Cataluña como nación en su preámbulo. Antes de que eso suceda, la propia ERC, a través de su presidente, ha invitado a participar masivamente en los referendos sobre la independencia convocados en centenares de poblaciones catalanas, la mayoría de los cuales se celebrará el próximo día 13.

Mientras, el editorial ha concitado nuevas adhesiones entre los ayuntamientos, universidades y entidades culturales. Las dos asociaciones municipalistas, la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACM) advirtieron que el «Estatut» marcó «un antes y un después» en la forma de expresar la voluntad pública de Cataluña.

«Poner en peligro los avances conseguidos en la redacción del «Estatut» es amenazar gravemente la cohesión social que tanto hemos trabajado para mantener en Cataluña», apostillaron. La «unidad» proclamada tanto en el editorial como por las asociaciones municipalistas y los partidos catalanes fue imposible, sin embargo, en el Ayuntamiento de Barcelona, cuyo pleno fue incapaz de pactar una declaración unánime de apoyo al editorial. Finalmente, el alcalde y los líderes de CiU, ERC e ICV en el Consistorio apoyaron individualmente el texto, mientras el portavoz del PP lo denunciaba.

El Gobierno pide calma
El Gobierno socialista, por su parte, mostró ayer una actitud más reticente que el apoyo expresado el jueves por varios de sus miembros, empezando por José Luis Rodríguez Zapatero. La vicepresidenta primera, Maria Teresa Fernández de la Vega, pidió «aparcar ese cierto alarmismo que parece que se está transmitiendo» en torno al fallo y se mostró convencida de que la sentencia será «razonada y razonable».

Esquerra se reúne con Batasuna para fijar estrategias conjuntas
ABC | BARCELONA 28 Noviembre 2009

Miembros de las juventudes de ERC, las JERC, se reunieron ayer con el histórico dirigente de Herri Batasuna Tasio Erkizia y con el miembro de la organización vasca Askapena Gabriel Basañez con el objetivo de establecer mecanismos de cooperación en sus estrategias independentistas.
Según informaron las JERC en un comunicado, los dos colectivos pusieron en común, en la reunión, sus proyectos para lograr la autodeterminación de las sociedades vascas y catalanas, y se han comprometido a mantener nuevas reuniones en el futuro.

Asimismo, las juventudes de ERC han expresado su solidaridad con las juventudes independentistas vascas, tras las detenciones, en los últimos días, de miembros de la organización juvenil abertzale Segi. Cabe recordar, además, que desde una página web de Esquerra se promovió un concurso de postales donde el Rey aparecía ahorcado.

La Agencia Lingüística Europea critica la política de la Xunta sobre el idioma
El organismo que defiende las lenguas minoritarias, promovido por el Parlamento europeo, cita el "desmantelamiento" de las galescolas como ejemplo de las medidas contra el gallego
AGENCIAS | SANTIAGO La Opinión 28 Noviembre 2009

El comité español de la Agencia Europea para las Lenguas Minorizadas (Eblul) instó ayer a la Xunta a que "ponga fin a las iniciativas que tomó en los últimos meses en contra del idioma gallego" al asegurar que la política lingüística del actual Ejecutivo autonómico "vulnera tratados internacionales sobre derechos lingüísticos, ratificados por España". Por su parte, desde la Administración gallega negaron ayer haber recibido alguna notificación oficial por parte de este organismo que, aseguran, "desconoce la realidad lingüística de Galicia".

La Eblul -promovida por el Parlamento europeo y que tiene rango de entidad consultiva de esta institución, del Consello de Europa y de la ONU- mantuvo una reunión el pasado jueves en Barcelona, tras la que consideró "de especial gravedad" que el ejecutivo gallego "no tenga en cuenta el último dictamen del Comité de Expertos del Consello de Europa", que alertaba de la situación lingüística de Galicia en materia de normalización del gallego.

Según recoge el texto de la resolución del Eblul, "las medidas adoptadas -por la Xunta- contra la lengua gallega desde el pasado mes de abril suponen una vulneración de tratados internacionales sobre derechos lingüísticos suscritos por el Estado español, como el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, o la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias".

"No es sólo que no pusiese en marcha ninguna de las medidas recomendadas para dar cumplimiento a la Carta europea, sino que se desmantelaron algunos de los proyectos más aplaudidos por el Consello de Europa", asevera el texto. Entre ellos mencionó el caso de las galescolas, la "única" red de enseñanza infantil que contemplaba "con normalidad" el uso del gallego en canciones y juegos.

El documento "anima" al Gobierno gallego a "que desarrolle una política lingüística de extensión social de la lengua propia de esta comunidad autónoma", al tiempo que le advierte de que, "de continuar su política de desprotección", se trasladará la situación a los diferentes foros internacionales donde la Agencia Europea se encuentra presente.

Por su parte, la Secretaría Xeral de Política Lingüística aseguró ayer en un comunicado que el Gobierno gallego "no tomó en la presente legislatura ninguna medida que suponga la desprotección del idioma gallego, ni que vulnere los tratados internacionales sobre derechos lingüísticos ratificados por España". Por el contrario, desde la Xunta se indica que se "está impulsando una política activa y transversal de promoción del idioma de acuerdo con el vigente marco legal de Galicia".

Además, la Administración advierte que la presidencia en el Comité Estatal de la Eblul "la ostenta el actual responsable de A Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón".

Por otro lado, el diputado del Bloque Nacionalista Galego Bieito Lobeira exigió ayer al Ejecutivo autonómico que "redefina totalmente" su actual política lingüística ante las críticas recibidas desde el organismo europeo que defiende las lenguas minorizadas.

Lobeira apuntó que esta declaración se suma al "clamor social" que existe en Galicia contra los "atentados al idioma" que ha acometido el Gobierno que preside Alberto Nuñez Feijóo, informó en un comunicado el BNG. Por ello, el portavoz nacionalista en materia lingüística se preguntó "qué más hace falta" para que el Ejecutivo gallego "recapacite y reconduzca la situación".

En estos primeros meses de Gobierno, la actual Xunta ha tenido que enfrentarse a las críticas de ciertos sectores hacia su política lingüística que culminaron con una manifestación en defensa del gallego, celebrada en octubre en Santiago, en la que se congregaron miles de personas.

Estrategia del reencuentro
Son muchas cosas las que unen a catalanes y españoles. No tiene sentido alguno cultivar ese cinismo que señala que sólo existe en común el hartazgo por la inane cerrazón de las respectivas clases políticas
PABLO SALVADOR CODERCH El País 28 Noviembre 2009

Si un terremoto asolara Cataluña, la mayoría de los catalanes preferiríamos refugiarnos en Zaragoza antes que en Marsella, en Valencia antes que en Lyon, en Madrid antes que en París. Seguiríamos, pues, en España en lugar de salir al extranjero en busca de acogida, de calor, de amistad. Pero la desmesura del ejemplo imaginario al que acabo de recurrir delata al instante la magnitud del desencuentro entre Cataluña y España. Tiene remedio, sólo que, como ya ocurrió entre 1975 y 1980, habrá que volver a empezar. La estrategia del reencuentro tiene tres ejes: el primero pasa por la implantación territorial del catalán; luego, es preciso que Cataluña obtenga capacidad real de decisión para captar y asignar recursos económicos; y, por último, necesita juzgados y tribunales propios e independientes. Como toda estrategia, ésta persigue garantizar la pervivencia de una cultura -la hispánica- en la cual todavía nos reconocemos muchos. Su objetivo a largo plazo es el reencuentro, una nueva unión con ventajas mutuas. Y la clave del éxito reside en saber articular la estrategia de modo tal que ambas partes -España y Cataluña- se comprometan irrevocablemente a jugar limpio durante el largo proceso de autodeterminación, negociación y apertura de un periodo constituyente. Vamos a ello.


En primer lugar, el catalán habrá de ser la lengua visible en el territorio catalán, como el alemán, en Zúrich, o el francés, en Quebec. Ningún arreglo de menor intensidad bastará. Nunca. Pero, a cambio de ello, los españoles prestarán un servicio inmenso a los catalanes si nos reclaman hacer de la lengua un instrumento formidable de cohesión social, jamás una barrera de entrada. El catalán no puede ser degradado al papel de coartada de mediocres, de quienes, siempre mezquinos, esconden su inepcia tras la noble lengua de Ramon Llull y Ausiàs March. El compromiso dolerá a ambas partes, pero todos saldremos ganando. Y nuestros nietos darán fe.

Luego Cataluña deberá disponer de autonomía económica y concertación fiscal. A cambio de ello, España exigirá prevalencia efectiva del derecho estatal en los ámbitos regulatorios propios de un mercado único, pues ni este país ni las empresas que invierten en él pueden permitirse 17 agencias reguladoras de la competencia, 17 bancos de España, 17 agencias de protección de datos y así sucesivamente. En 1980, Cataluña tuvo su oportunidad de crear una Administración Pública modélica -pues arrancaba de cero- pero la malogró en buena medida y a conciencia. Pudimos tener un civil service, pero construimos una diputación provincial grande. Administrativamente, estuvimos por debajo de lo exigible: una de las grandes cualidades de la Administración Central del Estado, que se cuenta entre de las mejores del mundo, es la calidad sin par de sus altos cuerpos de funcionarios, pero los catalanes no acertamos a la hora de copiar el modelo. Casi por suerte, con todo, los asalariados del sector público catalán son menos del 13% de las personas ocupadas.

En tercer lugar, urge una judicatura específicamente catalana, tribunales propios como los de California o Nueva York: los catalanes no queremos sólo llenar de contenido económico los poderes legislativo y ejecutivo que ya tenemos, sino que reivindicamos también el judicial, pues el primero y el segundo carecen de sentido sin el tercero. Pero Cataluña deberá aceptar de España una regla estatal de diversidad (diversity jurisdiction): los tribunales españoles serán competentes en los litigios entre catalanes y no catalanes, sean individuos o compañías mercantiles. Esto será, quizás, lo más difícil, pues todo tribunal es casero y, una vez más, Cataluña habrá de confiar en la neutralidad de los tribunales españoles. Apuesto por ello: la mayor parte de los jueces de este país carecen de color político. A Dios gracias.

La estrategia del reencuentro se articula mediante una negociación, sigue con una votación y culmina con una reforma constitucional. Los catalanes reclamaremos negociar y, luego, votar en paz. Pero, en el proceso, España podrá rendirnos el inmenso servicio de exigir respeto a las reglas del juego limpio. Así, la pregunta sobre la autodeterminación habrá de ser inexcusablemente clara. Al respecto, la Ley de 29 de junio de 2000, del Parlamento de Canadá (Canadian Clarity Act), es una muy buena guía y ya está inventada. Los canadienses se habían dirigido a su Tribunal Supremo en busca de una solución al embrollo de Quebec y el Tribunal, en una sentencia legendaria de 1998, estableció el canon de la doble claridad: en primer lugar, resolvió, la pregunta a los ciudadanos de la provincia debería ser nítida y directamente si aquéllos querrían dejar de formar parte de Canadá y acceder a la independencia. Y en segundo término, una mayoría clara de la población debería pronunciarse afirmativamente. Sólo tras la doble clarificación resultaría posible arrancar una negociación política y el proceso consiguiente de modificación de la Constitución.

La pregunta en un referéndum catalán, por tanto, no podrá ser ni farragosa, ni si los catalanes escogemos entre el Cielo y esta tierra, siempre dura y agreste, sino si estaremos dispuestos a soltar amarras. Porque España es una polity seria: un Estado respetado -a pesar de sus gobiernos- que tiene política exterior y hasta de defensa. Cuenta con empresas de nivel mundial, a las cuales controla en última instancia. La lengua española es un portaaviones profesional, económico y cultural de primera magnitud. Sin autoengaños, los catalanes deberíamos ser conscientes de que una Cataluña independiente tendría la misma política exterior que un país europeo muy pequeño, es decir, ninguna. Como habríamos de serlo ya que, en todas las elecciones autonómicas bajo el régimen constitucional de 1978, nunca se ha abstenido menos del 35% del censo electoral, mientras que, en las generales, sólo una vez un porcentaje mayor del electorado dejó de votar. Claridad, pues, en la pregunta y claridad también -rotundidad- en la respuesta: la que brinda una mayoría real. No olvidemos que algún nacionalista catalán radical teme más a las gentes que viven y trabajan en Cataluña que a los españoles, pues si mañana realmente votáramos todos, saldría que no. Que no.

España tiene armas, instrumentos políticos de primera magnitud para hacer entrar a muchos catalanes en las razones inconfesadas del realismo, del interés nacional: en Europa está España, no Cataluña -esquina en desgarro, como diría el notario Juan José López Burniol- una Cataluña que no es Eslovaquia, ni Eslovenia, ni Flandes. España sabe que buena parte de la inmigración, que no vota, puede ser nacionalizada y puede empezar a hacerlo. De ahí las angustias de algunos nacionalistas, nativistas claros que reclaman votar ya, no fuera que un millón de neocatalanes diera al traste con su invento dentro de cuatro días. Al tanto: a muchos catalanes nos atrae del nacionalismo su amor sincero por la lengua y por la manera catalana de hacer las cosas. Pero nos distancia de él su faccionalismo cainita -¡en los campos de fútbol veo tres banderas catalanas distintas!- y su eventual propensión a confundir disidencia con traición -¿qué me espera tras haber afirmado en público aquello que defiendo en privado?-.

Pero escribo de buena fe con lo que resta de mi ánimo, volcado en el interés de todos o de casi todos, en el de un reencuentro que nos permita otras dos generaciones de vida compartida en Sefarad, fascinante pell de brau. ¿Qué nos une a catalanes y españoles?, me preguntarán. Muchas cosas y bastantes muy buenas, créanme: no caigan, por favor, en la tentación del cinismo, en la noción de que a catalanes y españoles sólo nos unirían el hartazgo compartido ante la inane cerrazón de nuestras respectivas clases políticas y la sospecha terrible de que, a la postre, son precisamente las nuestras porque nosotros mismos las hemos puesto a mandar, que aquí nadie ha nacido en los árboles. Y es que la duda embarazosa que nos abruma a todos es si, al final, el problema real de Cataluña no es tanto aquello que la diferencia de España, como precisamente aquello en lo que coincide con ella, que es casi todo. Lo bueno y lo malo. Persigamos, pues, lo mejor en el reencuentro del mañana. Ganaríamos.

Pablo Salvador Coderch es catedrático de Derecho Civil en la Universitat Pompeu Fabra.

Basura europea, catalana en La Voz (de su amo) y El País (de su amo)
Nota del Editor

Estos miserables tipos lo dejan escrito para no olvidarlo

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