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Recortes de Prensa    Domingo 29 Noviembre  2009

 

Conde
Alfonso USSÍA La Razon 29 Noviembre 2009

En mis años juveniles, el conde de Godó era un campeonato de tenis que se disputaba en el Real Club de Tenis Barcelona de Pedralbes. Años más tarde, en Antena-3 de Radio, conocí al conde de Godó, propietario de «La Vanguardia». No supo mantener su emisora de radio y renunció a convertir «La Vanguardia» en un periódico con dimensión nacional. Se me antojaba cuitado, temeroso, y como todo heredero de profesión, desconfiado en extremo. Godó tuvo en sus manos el poder de una radio joven, formidable, libre, pujante y llena de talento, que dirigía Manuel Martín Ferrand. Demasiado para él. Y dejó que fuera vencida y vendida, esto último con intento por mi parte de resultar irónico.

Entiendo que llevar un título nobiliario es algo que a muchos les refanfinfla. Ser conde no imprime carácter. Hay que serlo con naturalidad, y es un honor que viene de honores mayores. También un depósito cultural y una consecuencia de la costumbre. Antaño, los nobles que no cumplían con la debida ejemplaridad, eran amonestados y advertidos. Ahora sería imposible, porque el maremágnum social ha incluido en su trituradora de dignidades a no pocas personas relacionadas con la nobleza. Me refiero a la nobleza, que no a la aristocracia. Esta última está formada por los nuevos ricos y los políticos poderosos. Pero la mayoría de los nobles que conozco, y tengo la suerte de conocer y ser amigo de muchos, son personas normales, trabajadoras, ajenas al runrruneo de los rumores y los chismes, y cumplidoras de los principios básicos de la nobleza. La lealtad y la decencia pública. Lealtad a España y al Rey, y conciencia del cumplimiento de la honorabilidad.

El conde de Godó, según intuyo, ha puesto su poderosa máquina periodística comarcal –huyó de compromisos más ambiciosos–, al servicio del nacionalismo y soberanismo catalán y catalanista. Me parece muy bien si así lo siente y lo desea. Aunque en Cataluña parezca imposible comprenderlo, en una buena parte del resto de España somos todavía libres, y respetamos la libertad de los demás. «La Vanguardia», junto al «Periódico de Cataluña», han sido los promotores del editorial conjunto y de pensamiento único escrito al servicio y sumisión del Gobierno de la Generalidad. El conde de Godó no puede decir que su persona es ajena a la publicación de este editorial, decididamente adverso a la Constitución y la unidad de España como Estado y nación. Desde el punto de vista, numéricamente insignificante pero sustancialmente fundamental para la nobleza a la que pertenece, el conde de Godó no ha dado muestra de lealtad alguna ni de ejemplaridad. Ha puesto su comodidad y su poder en manos de los que desean dar el primer paso hacia la desmembración de España. Y es libre de hacerlo como Javier de Godó.

Pero no tanto como de conde de lo mismo. Ha quebrado el concepto de la lealtad. No ha cometido delito alguno ni perpretado un crimen. Simplemente, ha incumplido con la estética de la lealtad y del cumplimiento. Como empresario, e incluso como colaborador del nacionalismo catalán, es libre de hacer lo que quiera. Pero sea consecuente. Los huevos en todas las cestas se pudren. Sea desde ahora, sólo y exclusivamente Javier de Godó. Y deje de usar el título nobiliario al que la costumbre le exige lealtad a España y ejemplaridad y coherencia en sus actos. La naturalidad no puede convertirse en esnobismo caprichoso. Ha pasado de ser Grande de España a Pequeño de Cataluña.

Cuando la ley obliga
XAVIER PERICAY ABC

TODO ciudadano tiene el deber de conocer la ley. Sí, la ley obliga. Nadie puede alegar, como eximente, su ignorancia. Ni el conductor que circula por la izquierda en una carretera cualquiera del continente ni el que lo hace por la derecha en el Reino Unido, y ello sea cual sea su nacionalidad. Tampoco sirve, ante el apremio de la Hacienda Pública, aducir que tal o tal retribución no ha sido declarada en el impuesto sobre la renta porque a la empresa responsable del pago se le olvidó recordárselo al perceptor. La responsabilidad, guste o no, es de cada uno, de cada ciudadano. La ley está para ser conocida, esto es, respetada. Por supuesto que hay mucho pillo por ahí que la infringe tanto como puede -que vive incluso de infringirla-. Pero hasta el pillo sabe que, si lo pillan, lo va a pasar mal. Al fin y al cabo, la existencia de la sanción para el infractor o de la pena para el culpable es lo que acaba procurando al ciudadano la indispensable seguridad jurídica. De no existir el castigo y la consiguiente reparación, el Estado no estaría en condiciones de cumplir con su cometido. O, lo que es lo mismo, en dichas circunstancias ni siquiera tendría sentido hablar de Estado.

Pues bien, ese desamparo, esa sensación de que la ley no se cumple, de que el Estado no está por la labor que le ha sido encomendada, lo venimos sintiendo la inmensa mayoría de los españoles -y, entre ellos, un número nada despreciable de catalanes- desde hace aproximadamente seis años, si no más. Para ser precisos, desde aquella loca carrera de declaraciones que tuvo como marco la dilatada campaña electoral de las autonómicas catalanas de 2003 -duró unos cuantos meses-, en la que todos o casi todos los candidatos -Mas, Maragall, Carod-Rovira, Saura- rivalizaban entre sí a ver quién profería el disparate mayor. Por descontado, aquello era una campaña, y en las campañas ya se sabe. Pero la naturaleza misma del disparate, el hecho de que tuviera siempre como materia la reclamación de un nuevo Estatuto, al que los candidatos en cuestión iban añadiendo, en sus delirios, más y más competencias, sin que ninguno creyera llegado el momento de decir basta, debería haber constituido, ya entonces, motivo de alarma.

No fue este el caso. O lo fue en grado mínimo y, a todas luces, insuficiente. Y más habida cuenta de que, en la recta final de aquella campaña, el principal dirigente de la oposición y candidato a presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no se había parado en barras y había prometido públicamente que, en el supuesto de lograr a los pocos meses la tan ansiada Presidencia, el proyecto de Estatuto que saliera del Parlamento autonómico iba a ser, para él, palabra sagrada. Vaya, que estaba dispuesto a aceptar el texto, y a defenderlo, sin tocar ni una coma, tal cual llegara a las Cortes.

Aquí se dio, sin duda, aunque fuera de forma anticipada, el primer indicio de la defección del Estado. Lo que ha venido después, o sea: la formación del tripartito, pacto del Tinell mediante; los casi dos años de negociación en el Parlamento de Cataluña, en una especie de subasta entre Gobierno y oposición que no hacía más que aumentar, día a día y a ojos vistas, el coste del producto; los meses de cepillado y raspado en el Congreso de los Diputados y fuera de él; la convocatoria de un referéndum en el que ni siquiera participó la mitad del censo electoral catalán y que se llevó por delante al propio promotor del proyecto, y, en fin, tras el recurso interpuesto por el Partido Popular y con el Estatuto en vigor y engendrando leyes, la interminable agonía del texto en el Tribunal Constitucional a la espera de la anhelada y temida resolución; todo eso, en definitiva, no ha sido sino la consecuencia de aquel quebrantamiento inicial por parte de quien aspiraba a convertirse, a la sazón, en la segunda autoridad del Estado. Sin aquella promesa, sin aquella tremenda irresponsabilidad, nada de lo acontecido después habría tenido lugar tal como a estas alturas lo conocemos. El nacionalismo habría pugnado, seguro; pero el dique, a pesar de alguna inevitable fuga de agua, habría aguantado.

Ahora bien, esa identificación del máximo responsable de la situación en que nos encontramos -o, si lo prefieren, del máximo irresponsable- no debería exculpar al resto de la clase política. Aquí hay unas víctimas, no vayamos a olvidarlo, y son la inmensa mayoría de los españoles. Y esas víctimas, como todas al cabo, requieren una reparación. A lo largo de estos años, aquella inquietud inicial ha ido tornándose, en nuestro cuerpo social, honda preocupación, cuando no alarma. La tensión ha estado presente, a muchos niveles, entre los españoles. Ha habido, qué duda cabe, una fractura en muchas relaciones -afectivas, comunitarias, comerciales, políticas, territoriales- de la que alguien tendrá que responder algún día. No se puede violar la ley y que el delito quede impune.

Y es que conviene recordar, ahora que el Constitucional va a pronunciarse por fin sobre el recurso, que ha habido aquí quien ha vulnerado la ley. O, por usar el término apropiado, quien ha prevaricado. ¿O acaso no faltaron a las obligaciones y deberes de su cargo, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, quienes aprobaron, el 30 de septiembre de 2005, en la Cámara catalana, la primera versión del Estatuto de Autonomía? ¿O acaso no hicieron lo propio quienes tomaron su relevo en el Congreso de los Diputados, el 30 de marzo de 2006, y en el Senado, el 10 de mayo de 2006, dando el sí al nuevo texto? Unos y otros sabían a ciencia cierta -y, si su ignorancia no les permitía saberlo, ello no les exime en absoluto de responder ante quien corresponda- que el texto que estaban aprobando contravenía a lo dispuesto en nuestra Carta Magna. No hacía falta ser un lince, ni siquiera un experto en Derecho Constitucional, para percatarse de que el contenido de ciertos artículos fundamentales del Estatuto, especialmente en la primera de las versiones, pero también en la segunda, se hallaba fuera de la ley.

Aun así, esos políticos no se arredraron y siguieron adelante. Y hasta hubo quien propuso y continúa proponiendo reformar nuestra ley de leyes -la única que hace de todos los españoles unos ciudadanos libres e iguales en derechos y en deberes- a fin de que el nuevo Estatuto quepa en ella. En este sentido, tanto la publicación el pasado jueves del editorial suscrito al alimón por toda la prensa escrita con sede en Cataluña como la campaña de adhesiones que la iniciativa ha suscitado entre la llamada «sociedad civil» constituyen sin duda un último intento de la clase política catalana de quebrantar, por vía interpuesta, la ley. Al fin y al cabo, lo mismo la prensa que la sociedad civil deben buena parte de su sustento -y, según cómo, su propia existencia- a las subvenciones que les otorga interesada y generosamente el Gobierno de la Generalitat.

Por supuesto, sería absurdo hacerse ilusiones sobre el efecto que una sentencia del Alto Tribunal contraria al texto actual del Estatuto alcanzaría a producir en el futuro político de cuantos parlamentarios han permitido que la situación llegara a donde ha llegado. Por más que, del primero al último, pueda decirse que han prevaricado, su conducta, por desgracia, no traerá consecuencias. Nadie les llamará al orden. Nadie les apercibirá con la sanción o el despido. Sólo los ciudadanos, con sus votos, tienen la indiscutible potestad de castigarlos y hacer justicia.

La «cuestión catalana»
IGNACIO CAMACHO ABC 29 Noviembre 2009

QUIZÁ sea ya demasiado tarde, después de tantos errores, de tantos delirios, de tanto exaltado antagonismo, soñar con una reconducción adecuada del desencuentro social y político que ha vuelto a abrirse en torno a la «cuestión catalana». El debate se ha vuelto desabrido y hostil, amargo y visceral, de una enconada visceralidad de ida y vuelta, tan mutua y bilateral como esa relación de estado a estado que pretende consolidar el discutido Estatuto en solfa. Ha llegado un momento en que nadie comprende a nadie ni se acepta otro resultado que el triunfo de unas razones sobre otras; se ha acumulado un exceso de malentendidos, una demasía de egoísmos, un superávit de incompetencias y un abuso de hechos consumados, y el resultado ya no admite componendas ni empates. Se trata de un pulso que todos quieren ganar «como sea», sin reglamento ni arbitraje; una batalla sin prisioneros que deje el campo de la convivencia calcinado y sembrado de víctimas directas y colaterales.

Pero hay en esta desgraciada disputa un malentendido primordial que sí cabe localizar unívocamente en el anhelo soberanista catalán, en la arrebatada atmósfera identitaria que ha caldeado en los últimos años una clase dirigente enrocada hasta convertirse en una suerte de oligarquía política. Consiste este equívoco en una crucial confusión sobre el concepto de soberanía nacional: los catalanes pueden sentirse a sí mismos como integrantes de una nación, pero el Estado de Derecho no se fundamenta sobre los sentimientos sino sobre leyes ordenadas por una jerarquía de rango, siendo la Constitución la que da naturaleza y sentido a todas ellas. Pues bien, la Constitución vigente, ampliamente refrendada en su momento también en Cataluña, no reconoce más que una nación, la española, cuya soberanía reside en el conjunto de los ciudadanos de España sin bilateralidades ni excepciones ni pactos; de un modo taxativo, preciso y terminante. Y en nombre de esa soberanía establece en el Tribunal Constitucional la facultad irrevocable y última de interpretar lo que encaja o no en la legalidad suprema.

De la obstinada negación de esta arquitectura jurídica parte una polémica desenfocada por las pasiones. Los complejos episodios de este turbio debate, propiciado por la frívola irresponsabilidad del presidente Zapatero y agravado por el egoísmo de la dirigencia catalana y la incuria culpable del Tribunal Constitucional, son sólo consecuencia de la torticera intención de obviar mediante trucos políticos ese precepto de partida. No existe un conflicto de legitimidades ni un enfrentamiento real de identidades; el origen de la actual desavenencia arranca de una concepción fullera de la política que trata de sustraerse a la supremacía de la ley. El típico vicio de poder que prima lo contingente sobre lo esencial para degradar la democracia a un tramposo conflicto de intereses.

La batalla del Estatuto
GERMÁN YANKE ABC 29 Noviembre 2009

Si hace ya tiempo padecemos una grave crisis institucional -ante la que el «optimismo antropológico» del presidente Rodríguez Zapatero se convierte en algo sardónico- podemos estar a las puertas de una crisis política de considerables dimensiones que sólo retrasa, en su explosión definitiva, la pasmosa lentitud del Tribunal Constitucional. En Cataluña, la Generalitat, los partidos nacionalistas y los medios de comunicación (unidos en esto de manera pasmosa) vienen a asegurar que estamos, en la eventualidad de que se considere inconstitucional una parte del Estatuto de Autonomía, ante un doble peligro: el fin de la «España plural» y la negativa, con sus particulares consecuencias, a que Cataluña tenga un acomodo placentero en el Estado. Digo en el Estado porque el desahogo de los ciudadanos y de Cataluña en España es otra cosa, sin duda de más entidad de la que tuvo la participación para votar el Estatuto.

Negociación política
Colocar al Constitucional en el vértice de estos supuestos ataques y riesgos es una artimaña con poco fundamento y no precisamente porque haya que creer en la neutralidad jurídica de los magistrados del mimo, sino porque la arquitectura estratégica del nuevo Estatuto contaba con la politización del Tribunal. Si no hemos de ser ingenuos, es evidente que los representantes políticos que dieron forma al texto, en una negociación política en la que las consideraciones jurídicas tenían menos importancia, pensaban que todos los excesos del Estatuto respecto a lo establecido en la Constitución, de los que eran conscientes, se tendrían que cubrir con varios ropajes: la celebración del acuerdo, la demonización de los recurrentes como enemigos de Cataluña, el referéndum (ya que no hay, como antes, recurso previo de constitucionalidad) y un Tribunal que, como institución politizada y que tenía que adecuarse a las nuevas mayorías parlamentarias, solventaría el tema con advertencias menores y el recurso a las consideraciones «interpretativas». La estrategia ha fracasado porque el Constitucional, parte fundamental de la crisis institucional, sigue sin renovarse y dando tumbos, dividido políticamente y diezmado. Pero su desprestigio tiene sustento en la política y no en sus decisiones por discutibles que sean. ¿O resultaría que una sentencia avalando el texto del Estatuto lo convertiría, para sus defensores, en el tribunal imparcial y serio que necesitamos?

El editorial publicado por una docena de periódicos catalanes refleja bien la posición de los defensores del Estatuto tal y como fue aprobado: acusar de «irreductible» el punto de vista de quienes, en el Constitucional o fuera de él, quieran «recortarlo» y sostener al mismo tiempo que lo irreductible es el texto del Estatuto y que cualquier consideración jurídica y política sobre el mismo es nada más que una ofensa a la «dignidad» de Cataluña. Quizá los magistrados, en medio de un escenario de crispación, con su situación desprestigiada y su lentitud achacosa, estén buscando argumentos jurídicos para una cosa o la contraria, ya lo veremos cuando se de a conocer la sentencia, pero lo pasmoso es que los defensores del texto parecen haber abandonado del todo los razonamientos acerca de la adecuación del mismo a la Constitución o sobre una propuesta de Estado de las Autonomías, incluso si supusiese la reforma de la Carta Magna. Todo se reduce al maniqueísmo: si usted tiene un concepto del Estado y una visión del Estatuto como una ley que excede en esto o aquello la Constitución es un irreductible defensor de maniobras anticatalanas; si defiende el texto es usted partidario de la voluntad popular y la España plural. Es tan definitivo que los argumentos jurídicos no hacen falta. Si los periódicos catalanes se presentan como los doce apóstoles, el Estatuto es el único Dios verdadero.

El problema no parece ser tanto la presión sobre los magistrados, aunque las alusiones a las consecuencias que la sentencia pueda tener en la convivencia son de burdo trazo grueso. Al fin y al cabo, en el caos institucional que padecemos, no hay quien no presione, antes y después de este asunto, al Tribunal Constitucional. El problema es más de fondo. De un lado, la consideración de Cataluña como un hecho aislado no ya de la estructura del Estado, sino del mundo hasta el punto de que sólo a ella le corresponda establecer el modo en que pueda relacionarse con los demás sin límite jurídico y sin argumento necesario alguno. Y de otro, con el modo patológico en que se insiste en el referéndum celebrado, la conversión del principio de legalidad en enemigo del principio democrático. Puede parecer que esta contradicción es «natural», pero no hay más claro síntoma de la quiebra del Estado de Derecho.

Cómo "arreglar" el Constitucional
OTR/PRESS. José Cavero Periodista Digital 29 Noviembre 2009

De todo el gran lío que se ha organizado en torno al Estatuto catalán, varias cosas han quedado repetidamente de manifiesto, y ambas no cooperan precisamente al prestigio de los "juzgadores": primero y principal, su exasperante lentitud. Digan lo que digan sus señorías los magistrados, habrán sido causantes de este enorme embrollo rayano a la desesperación: tres años y medio para emitir una sentencia sobre un recurso del PP es, en todo caso, "una pasada". En segundo lugar, los diez magistrados no se terminan de poner de acuerdo en si un texto cumple o no los mínimos para ser calificado constitucional o inconstitucional. Gravísima cuestión, que permite pensar al ciudadano que todo es relativo, y que no hay verdades absolutas en esa tarea de determinar lo adecuado o lo inconveniente. Si los expertos no saben y no son capaces de ponerse de acuerdo, ¿quién podrá determinar si, finalmente, la norma es o no es contraria a Derecho? Sólo el hecho de haber abierto esa puerta a la duda es espeluznante.

Tercera cuestión, cuatro de los diez magistrados debieron haber abandonado su puesto ya hace mucho tiempo, es decir, están "caducos" como los alimentos pasados de fecha de consumo. Y eso lleva a la gran cuestión de fondo, también suscitada en estos días de controversia: los magistrados del TC se han constituido, o están funcionando desde el primer momento, como una "cuarta cámara legislativa", como el Congreso, el Senado, el Parlamento regional y hasta el Consejo del Poder Judicial. Todas son cámaras de distribución de miembros en función de los resultados electorales. Algo, ciertamente, perverso. Con otra peculiaridad derivada: que quienes designan a sus señorías los magistrados tampoco consiguen la renovación o el relevo de los miembros en la fecha debida. Ahora, por ejemplo, o hace unos cuantos meses, hubiera sido conveniente el "ajuste fino" de esa altísima magistratura, pero ni Rajoy ni Zapatero han conseguido -apenas lo han intentado- ponerse de acuerdo en los relevos. El intento que hicieron quedó reducido al CGPJ por causa de algunos candidatos que no reunían las condiciones mínimas, y que siguen a la espera de ver reconocidos sus méritos "políticos".

De modo y manera que hemos llegado a la peor de las situaciones posibles: el mecanismo no funciona, porque alguien tiene que ceder y no está dispuesto a ello, y porque nadie está en condiciones de remover y renovar ese mecanismo. O sea, nadie sabe cómo arreglar el entuerto del Estatuto de Cataluña, y las voces que están reclamando la renovación urgente del Tribunal Constitucional para desbloquear las deliberaciones sobre el recurso que su contra presentó el PP hace tres años, claman en el vacío o en el desierto. Ayer mismo, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, admitió que este asunto, el de la renovación del Constitucional, estará en el próximo encuentro entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy. De esta forma abrió paso a un posible desbloqueo. En efecto, con un "habrá cita", anunció De la Vega la primera reunión oficial entre ambos líderes desde hace un año. No obstante, durante estos meses los dos máximos dirigentes han mantenido algunos contactos telefónicos, como el que tuvieron hace tres semanas para acordar la designación del nuevo director de RTVE, Alberto Oliart. O más recientemente, la información que Zapatero dio a Rajoy sobre la solución para el Alakrana, que, por cierto, parece que excitó los deseos de Rajoy de "crucificar" al presidente.

De manera que la renovación del Constitucional vuelve así al primer plano, en plena tensión política por la posible sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. El editorial conjunto de la prensa catalana del pasado jueves, en que se ha cuestionado la capacidad de un tribunal donde faltan dos miembros -uno recusado y otro fallecido- y de los cuatro restantes, cuatro siguen en su puesto pese a haber vencido su mandato hace dos años, ha puesto una nota de urgencia en la cuestión. La vicepresidenta primera dijo ayer que es necesaria "voluntad política" entre los dos partidos mayoritarios. "Estamos dispuestos a hablar para que la renovación se produzca en el tiempo que marca la Constitución", dijo Fernández de la Vega. Dicha renovación la abordaron Zapatero y Rajoy en su reunión de julio de 2008 y acordaron desbloquearla haciendo que el Senado nombrara los cuatro magistrados que le corresponden. Sin embargo, esa renovación sigue pendiente porque el PP propuso a dos candidatos, el ex presidente y el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando y Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional, que no son aceptados por el PSOE al considerar que el PP tergiversó el sentido de la nueva ley. Según los socialistas, los nuevos candidatos debían llegar al Senado a propuesta de las comunidades autónomas, pero el PP presentó los mismos dos nombres en todas las Cámaras autónomas.

Se asegura que Rajoy se quedó ayer muy sorprendido ante el anuncio de que habrá reunión con Zapatero, porque nadie de La Moncloa le había llamado. El líder del PP acudirá si le citan, como siempre, pero en su entorno señalan que fue el PSOE quien bloqueó la renovación del Constitucional al no aceptar los candidatos propuestos por las autonomías del PP. Hernando y López siguen siendo los candidatos populares, insisten, porque están elegidos por Parlamentos autónomos. Cabe recordar que los 12 miembros del Constitucional se renuevan por tercios y su mandato es de nueve años. Cuatro los elige el Congreso, cuatro el Senado, dos el Gobierno y dos el Consejo del Poder Judicial. Los cuatro que eligió el Senado en 1998 (entre ellos la actual presidenta) debían cesar en diciembre de 2007. Sin embargo, el PP, cuyos votos son imprescindibles para que los candidatos obtengan los tres quintos de la Cámara que exige la Constitución, se negó a renovarlo, según dijo, porque se oponía a un nuevo sistema de nombramiento por el cual las comunidades autónomas proponen a los candidatos. El PP recurrió esta norma al propio Constitucional, que no le dio la razón. Rechazado el recurso y pasadas las elecciones, en septiembre de 2008 comenzó de nuevo la renovación. Las autonomías enviaron 23 candidatos al Senado, pero con una sorpresa: el PP propuso sólo a dos, los mismos en todas las comunidades. Esos dos son Francisco José Hernando y Enrique López, líderes de la ofensiva judicial contra el Gobierno en la pasada legislatura al son del PP. El PSOE, engañado, se niega a votarlos, con lo que todo está bloqueado. Si el PSOE aceptara estos dos nombres, el Constitucional podría renovarse la semana que viene. De lo contrario, el impasse podría continuar casi casi eternamente. Y Rajoy y Zapatero volverán a demostrar que no tienen el menor interés en resolver la peliaguda cuestión.

Estimado Sr. Carod Rovira...
Ángel Expósito Director de ABC 29 Noviembre 2009

¿De verdad cree que ha sido inteligente su calificativo de «facha» a quienes criticamos determinada posición sobre el Estatut? ¿Se puede calificar de fascista a quien titula un editorial «Por la dignidad de la Constitución»? Ser «facha» -le aseguro que en este momento me estoy mordiendo la lengua como pocas veces- es responder con chulería prepotente a quien castellaniza o quizá catalanice un nombre propio. Igual de «facha» es el que se cree superior, el que manipula hasta el extremo, el que presume de lo que sea con la seguridad de que, por miedo, nadie le va a toser. Ser «facha» es viajar a todo trapo con dinero de otros y a la vez ir de «rojeras» por la vida, dormir en hoteles de cinco estrellas -otra vez me muerdo la lengua- y creerse el más progre. Y muchas más cosas. ¿Qué demonios sabe usted lo que hemos hecho y hacemos en cada una de nuestras vidas para que nos llame «facha», señor Carod Rovira? ¿De verdad piensa usted que es inteligente descalificarnos así?

Convulsiones
JON JUARISTI ABC 29 Noviembre 2009

LOS nacionalismos secesionistas de Cataluña y el País Vasco nacieron de una crisis de la derecha antiliberal en la Restauración. Durante la República, ganaron a las clases medias democráticas, fundamentalmente urbanas, en ambas regiones. Tuvieron enfrente a la mayor parte del movimiento obrero, anarcosindicalista en Barcelona y socialista en Bilbao y Eibar. En las comarcas rurales de ambas regiones, el peso del tradicionalismo seguía siendo importante a la altura de 1936. Es evidente que, bajo el régimen de Franco, el crecimiento de las mesocracias asalariadas favoreció la difusión de una versión transversal del nacionalismo porque, a fin de cuentas, éste aparecía como cultura distintiva de la clase media, y todo el mundo quería ser clase media, tanto los campesinos carlistas como el movimiento obrero. Era el horizonte utópico del franquismo, su idea de la modernización de España.

En teoría, esta nivelación tendría que haber fortalecido la cohesión nacional, toda vez que se había generalizado una forma de vida bastante homogénea: el piso en propiedad, el utilitario y la televisión con dos canales. Franco debió morir con la conciencia bastante tranquila. Por fin, la Historia lo absolvía revelando para qué habíamos muerto un millón de españoles entre Melilla y el frente del Ebro. Tampoco los antifranquistas tenían una impresión muy distinta. Desaparecido el general, la democracia podría integrar las discrepancias que fue imposible contener dentro de los límites de la política y de sus propios medios cuarenta años atrás. La Constitución de 1978 surgió de una confianza en las virtudes civilizadoras del crédito hipotecario como factor de inhibición de la sed de aventura y de los ideales sublimes que, tarde o temprano, derivan en escabechinas.

Entre todas las formas de lo sublime, el nacionalismo es una de las más deletéreas, y de ahí que no pareciera una mala solución encomendar su gestión a las cajas de ahorro, que podrían acordar con las administraciones autonómicas entregadas graciosamente a los partidos nacionalistas su distribución al personal en dosis homeopáticas. Ya que el franquismo había probado que cualquier pretensión de erradicarlo sería ilusoria, cabía intentar, al menos, privarlo de tensiones apocalípticas y disolverlo en la vida cotidiana. El caso del contestado nombramiento del obispo Munilla, por ejemplo, ilustra perfectamente la condición de religión sustitutiva que se atribuyen los nacionalismos en una época post-cristiana y su consiguiente incapacidad de admitir la existencia de una Iglesia independiente de la cultura política y del poder social (lo que, por otra parte, no es una característica exclusiva de los nacionalismos, si bien en éstos resulta más patente, al carecer del camuflaje agresivamente laicista del socialismo).

Como religiones póstumas, los nacionalismos articulan comunidades que marginan al discrepante, y por eso los no nacionalistas comprueban reiteradamente la ineficacia de apelar, en defensa de sus derechos individuales, al estatuto de ciudadanía. Con todo, podrían resignarse a una subalternidad protegida semejante a la de los infieles en las sociedades teocráticas, mientras pagaran religiosamente sus impuestos y no hicieran cuestión del uso político del ahorro. Pero la crisis financiera ha venido a dar el golpe de gracia a un sistema homeostático ya gravemente subvertido por el irresponsable radicalismo del Gobierno de Rodríguez, y los nacionalismos han entrado en una fase de convulsiones milenaristas que será difícil enfriar con dispositivos económicos de contención.

La mordaza española
Francisco Rubiales Periodista Digital 29 Noviembre 2009

España ha cambiado y quizás no sea ya el país de las playas, del toro, de la paella o de la tortilla de patatas. Con su democracia corrupta y degradada, España es hoy, probablemente, "el país de la mordaza". Hay cientos de miles de españoles amordazados que deambulan cargados de pesados secretos por las ciudades y pueblos españoles. Son víctimas de una democracia degradada y corrupta, alérgica a la verdad, opaca y resentida.

¿Que le han dicho en la Moncloa a los familiares de los pescadores secuestrados del Alakrana para que se pongan la mordaza y, después de haber criticado con dureza la torpeza y pasividad del poder, guarden ahora un silencio mortal? ¿Le habrán dicho lo mismo que le dicen a miles de empresarios españoles, que guarden silencio si no quieren quedar marginados y sin recibir ayuda pública alguna y, por supuesto, ni un sólo euro? Por el momento no se sabe la respuesta, pero se sabrá y lo único seguro es que también a ellos le han colocado la "mordaza española".

Todos conocemos a numerosos amordazados. Siempre te dicen lo mismo: "¡Si yo contara lo que sé!". Cuando le preguntas por qué no lo hacen, entonces responden: "¿Crees que estoy loco? Tengo una familia que alimentar y una empresa con muchos trabajadores".

Algunos medios denuncian que las emisoras que retransmiten en Andalucía la señal de Es Radio, la emisora de Federico Jimenez Losantos, tendrán que cerrar porque la Junta las amenaza con una sanción administrativa de un millón de euros. Si eso fuera verdad, la mordaza empleada por la Junta sería burda, plenamente totalitaria y antidemocrática, pero en España las mordazas suelen ser más sutiles y maquiavélicas.

Además de una buena parte de los empresarios españoles, amordazados porque si hablaran se les cerrería el grifo del dinero de la administraciones, también llevan mordaza los funcionarios, políticos y cargos que han participado en algún acto corrupto, además de las legiones de trabajadores que conocen secretos inquietantes y los silencian por miedo a perder el trabajo. Especialmente densa es la mordaza de los periodistas comprados de este país, y la de los que conocen las cuentas de organizaciones e instituciones que tienen relaciones con el sector público. Hay inflación de mordazas en los sindicatos y en las organizaciones patronales, sobre todo de los que saben como se utiliza el dinero para la formación. Los ayuntamientos están llenos de mordazas porque hay en ellos centenares de secretos que ocultar.

Pero donde las mordazas son casi obligatorias y se llevan siempre en el bolsillo, porque son necesarias muchas veces cada día, es en los partidos políticos. Allí saben de presiones, de enchufes, de ventajas, de comisiones, de marginaciones, de listas negras, de acosos, de injusticias, de sometimientos indecentes, de peloteo y de miles de dramas.

Las mordazas son el uniforme de la España nueva, creada por la falsa democracia del PP y del PSOE. Las mordazas enturbian la Administración, pudren el tejido empresarial y esparcen por toda la sociedad un líquido corrosivo que refuerza la desconfianza, convierte en torvas las miradas y engorda a diario la España sumergida, la que cobra comisiones, la que oculta dinero al fisco, la que no paga el salario justo, la que otorga créditos a los que nunca los pagarán, la que delinque desde la sombra y la que, desde los medios de comunicación, sustituye la "verdad" por la "verdad del poder", que no es la misma.

Hay miles de amordazados con rango y con información de altos vuelos, gente que, si hablaran, derribarían muros tan sólidos como el propio gobierno, o que harían saltar por los aires el edificio de la Justicia, o que obligarían a cerrar los servicios secretos y a suprimir los fondos reservados, o a cambiar la Constitución y a sustituir las grandes instituciones del Estado por otras que funcionen con reglas más limpias y democráticas, pero esas mordazas son "seguras" porque participan plenamente del "festín" de España, y están tan cerradas y adheridas a la piel que ya forman parte del propio rostro.

Voto en Blanco

El gran chantaje
Roberto Blanco Valdés La Voz 29 Noviembre 2009

¿Por qué ahora? Esa es la pregunta que hay que responder para desvelar las auténticas razones de la inadmisible intifada estatutaria que se ha organizado en Cataluña. Sí, ¿por qué ahora, y no antes, a lo largo de esos tres años que el Estatuto lleva pendiente de sentencia?

Es muy sencillo: porque es ahora cuando, por primera vez, se ha puesto de relieve que no existe en el Tribunal Constitucional una mayoría favorable a declarar que el Estatuto es íntegramente compatible con la Constitución sino una mayoría que, siguiendo la opinión dominante entre los juristas españoles, aprecia en su articulado serios motivos de inconstitucionalidad.

Es contra esa mayoría contra la que -arrasando las reglas de juego- se han levantando en Cataluña periódicos, universidades, clubes de fútbol y entidades culturales. Contra la que habla el presidente de la Generalitat al amenazar con no se sabe bien qué terribles consecuencias si los magistrados del Tribunal cumplen con la función para la que fueron designados. Contra la que opina cada dos por tres el ministro de Justicia al inmiscuirse en un tema que no resulta de su competencia, más aún si se tienen en cuenta que ese ministro es juez y parte, pues fue uno de los responsables del fiasco jurídico y político que ha provocado la situación en la que estamos. Y, en fin, contra la que se pronuncia ¡el Gobierno de España! al pedir una sentencia «razonable» y no una adecuada a la Constitución, que es lo que está en juego en este asunto.

Pero, como era de temer, los que odian la idea de que el Tribunal Constitucional no haga lo que de él esperan (dar por bueno el Estatuto, convalidando sus inconstitucionalidades evidentes) esconden su única intención -chantajear al Tribunal y de forma muy especial a un magistrado (Manuel Aragón) que, con admirable coraje, ha decidido juzgar según su criterio y no según el del Gobierno que en su día lo nombró- detrás de la dignidad de Cataluña y del respeto a la voluntad del pueblo catalán. Todo mentira.

Un día de 1954, el Tribunal Supremo de EE.?UU. declaró que la doctrina de «separados, pero iguales» no tenía cabida en las escuelas públicas del país. Fue el principio del fin de la segregación racial. Al contrario de lo que ahora en España se pretende, el tribunal estadounidense no sentenció atendiendo a las presiones de los contrarios al fin de aquella ignominia, ni a la voluntad de unos o de otros, sino a lo que entendía que a mediados del siglo XX era compatible con la Constitución americana.

Eso es lo que debe decidir nuestro Tribunal Constitucional: si el Estatuto cabe en la Constitución. Al margen de las presiones de los que aceptan las reglas de juego solo cuando ganan y las pisotean cuando corren el riego de perder.

La polémica sentencia sobre Cataluña
El Estatuto mete al Constitucional en un callejón sin salida
La división de los jueces en tres grupos bloquea el acuerdo - La mayoría rechaza la ponencia actual, pero ninguna propuesta alternativa logra consenso
JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid El País 29 Noviembre 2009

El Tribunal Constitucional se dispone a recortar el Estatuto catalán, anulando algunos artículos y matizando al menos otros 40, según las últimas deliberaciones. Pero el camino para llegar a la sentencia se vislumbra largo y tortuoso. Los diez magistrados del Tribunal Constitucional que dirimen el futuro del Estatuto de Cataluña no encuentran aún una salida para alumbrar la respuesta al recurso de inconstitucionalidad que presentó hace tres años el Partido Popular.

Las interminables deliberaciones en el pleno -la última sucedió hace sólo tres días- han puesto de manifiesto una división tan profunda y unas posturas tan aparentemente irreconciliables entre magistrados que parece inviable la aprobación inminente de un texto de sentencia por falta de una mayoría suficiente, según fuentes del alto tribunal.

En el plenario que delibera sobre el recurso del PP contra el Estatuto catalán se sientan cinco magistrados elegidos a propuesta del PSOE y otros cinco respaldados en su día por el PP. Pero eso no significa que haya dos bandos. En realidad, hay al menos tres, nada homogéneos, y cada uno de ellos carece del beneplácito de los otros, con lo que es imposible sumar los votos necesarios -un mínimo de cinco, siempre que entre ellos esté el de la presidenta del Tribunal Constitucional- para sacar adelante nada.

La magistrada progresista Elisa Pérez Vera, encargada de redactar la ponencia, ha tenido que corregir varias veces en los últimos meses un proyecto de sentencia -favorable a la mayor parte del Estatuto de Cataluña, aunque recoge importantes recortes a la norma- que, todavía hoy, cuenta con más votos en contra (seis) que a favor (cuatro). Pero ni siquiera entre el grupo de seis magistrados que se oponen al texto de Pérez Vera existe consenso suficiente para sacar adelante una propuesta alternativa.

A estos seis magistrados (cinco conservadores y el progresista Manuel Aragón Reyes) que se han pronunciado contra la ponencia de Pérez Vera les une una interpretación restrictiva del término "nación" incorporado al preámbulo -sostienen que carece de validez jurídica- y de los símbolos nacionales de Cataluña que recoge el título preliminar. Además, cuestionan el apartado que se refiere al "derecho y deber de conocer el catalán".

Lo que ocurre es que el acuerdo de esos seis jueces termina ahí: si tuvieran que proponer una redacción alternativa de esos aspectos del Estatuto no podrían, porque sostienen posturas diferentes: unos son más moderados -Aragón Reyes-, mientras otros querrían una sentencia más dura de inconstitucionalidad. Así que esa ponencia alternativa tampoco tendría una mayoría de seis votos. Del mismo modo, entre los cuatro magistrados progresistas que hoy día apoyan el texto de Pérez Vera las posturas son diversas: hay quienes aceptarían una redacción más tajante contra el Estatuto y quienes se cerrarían en banda ante esa posibilidad. Así que, en este momento, lo único claro es que la actual ponencia genera el rechazo de la mayoría, pero nadie sabe qué ponencia concitaría un apoyo suficiente.

En esas circunstancias, parece imposible aventurar el desenlace de un proceso que ha herido de muerte a la institución judicial más importante de España y ha crispado la vida política hasta cimas impensables. Especialmente en Cataluña, donde en estos días los principales representantes de la clase política, de los sectores económicos y de las entidades ciudadanas han advertido de las nefastas consecuencias que tendría una sentencia adversa al Estatuto.

En la recta final, el Tribunal Constitucional encara la elaboración de una sentencia histórica con un miembro menos, por el fallecimiento de Roberto García Calvo, que no ha sido sustituido; otro recusado, el progresista Pablo Pérez Tremps, y un tercio de sus componentes con el mandato cumplido desde hace dos años, mientras PP y PSOE son incapaces de acordar su renovación.

Independientemente del acuerdo final que permita desbloquear la actual situación, los magistrados han alcanzado un cierto grado de consenso para retocar y, en algún caso, eliminar por problemas de constitucionalidad, 40 de los casi 120 artículos recurridos por el PP, entre ellos los referidos a la lengua, el Defensor del Pueblo o el Poder Judicial catalán.

Así hablará el español del siglo XXI
POR ANTONIO ASTORGA ABC 29 Noviembre 2009

MADRID. Sostenía el inolvidable profesor de energía que fue, es y será Emilio Alarcos Llorach que una Gramática debía estar escrita del tal modo que «la entendieran hasta los boticarios». La Nueva Gramática de la Lengua Española (Espasa, 120 euros, a la venta el viernes), elaborada por las 22 Academias de la Lengua Española, cumple sobradamente el propósito. Se ha construido sobre una amplia y rica base documental: los fondos textuales del Corpus Diacrónico del Español (CORDE) y del Corpus de Referencia del Español Actual (CREA): 500 millones de formas, el tesoro del español de la RAE.

Un tributo al Periodismo
Una de las grandes novedades de la Nueva Gramática es la incorporación de más de 20.000 fragmentos (frases, citas, diálogos, artículos, informaciones, entrevistas...) después de un viaje submarino por obras literarias y por todos los periódicos de habla española. Como señala a ABC Ignacio Bosque, alma pater de la Gramática desde hace once años, «yo sí creo que la Prensa refleja el español vivo, actual, es representativa del español de hoy, lo defiendo».

Se ha trazado el gran mapa de la geografía del español: «Es Gramática descriptiva y normativa -explica Ignacio Bosque- que recomienda usos, y si pertenecen o no a la lengua culta. Ello implica una norma y la recomendación, en buena medida, de valorar el prestigio o el desprestigio de una construcción, además de tener forma, sentido, historia». En España todo el mundo dice «Voy a por el periódico», lo que en América suena muy mal, apunta Bosque, ponente de la Gramática. «Allí dicen «voy por...» Hay casos parecidos. Esta obra procura ser una Gramática perceptiva, si la construcción se emplea de forma coloquial o en registros formales, si pertenece a la lengua oral o escrita. Hablamos de todo ello con cierto detalle».

Los dos primeros volúmenes de la Nueva Gramática (Morfología y Sintaxis) comprenden 3.880 páginas (en 2010 se publicará el tomo de Fonética y Fonología, acompañado de un DVD que muestra la pronunciación del español), con letra bastante apretada. «Ha habido una escrupulosa voluntad de que aparezcan citados autores de todas las regiones del español», subraya a ABC el académico y discípulo de Alarcos Salvador Gutiérrez Ordóñez, que ha tenido mucho que ver en que la nave gramatical llegue a buen puerto: «Es una Gramática a años luz de la de 1931».

El proceso
De hace 78 años data la última edición de la Gramática de la Real Academia. En 1973 la Docta Casa publicó el «Esbozo de una nueva gramática de la lengua española», que no fue ulteriormente desarrollada. En los años 80, Alarcos Llorach redactó una Gramática muy clara y sencilla que no cuajó como Gramática académica. En 1998 la RAE se puso manos a la obra de una gramática académica descriptiva y normativa. Once años después ve la luz la Gramática del español de América.

¿Cómo se hizo? En la fase primera, el ponente (Bosque) sometía un esbozo de cada capítulo al dictamen de ocho gramáticos asesores de América y de España, y con sus sugerencias preparaba el borrador. En la segunda, los miembros de la Comisión de Gramática de la RAE supervisaban y discutían el borrador, y el ponente redactaba, con sus observaciones, el primer texto básico. La RAE envió el primer texto básico a todas las Academias y a los coordinadores de las ocho áreas lingüísticas; Chile, Río de la Plata, Andina, Caribe Continental, México y Centroamérica, Antillas, EE.UU. y Filipinas, y España. Las Academias estudiaban el texto y remitían sus observaciones, sugerencias y propuestas a los coordinadores de cada área, que las integraban y enviaban al ponente. Ignacio Bosque integró las observaciones coincidentes en un segundo texto básico y anotó el resto para su discusión posterior. Todo ello se trasladó a la Comisión interacadémica, que se reunía y aprobaba o rechazaba las observaciones no integradas. El texto, la versión provisional de cada uno de los capítulos, era remitido a todas las Academias para su estudio. Las Academias reciben el texto completo, y los delegados aprueban en el Pleno de la Asociación de Academias la versión definitiva.
No es una Gramática Parda, pues: «Por el color es un poco naranja por fuera. Pero por dentro es una Gramática profunda. La del español de principios del siglo XXI», concluye Salvador Gutiérrez.

ENCUENTRAN UN LANZADOR DE GRANADAS
Terroristas de ETA hieren a un guardia civil en la casa-cuartel de Leiza
Un guardia civil resultó herido en un brazo y tórax en un tiroteo con terroristas de ETA frente al cuartel de Leiza. Al parecer, los descubrió cuando intentaban atentar. La vida del agente no corre peligro. En los alrededores del edificio se ha descubierto un dispositivo para lanzar granadas.
Agencias Libertad Digital 29 Noviembre 2009

Un guardia civil resultó herido en un tiroteo registrado esta madrugada en la localidad navarra de Leiza. El agente ya ha sido intervenido y su vida no corre peligro.

El tiroteo tuvo lugar sobre las 3.30 horas cuando al parecer uno o varios terroristas se disponían a atentar en la casa-cuartel de esta localidad y fueron sorprendidos por el agente que se encontraba de guardia en las instalaciones, un caserío denominado "Casa Maxurrenea" ubicado dentro del caso urbano del pueblo, a 46 kilómetros de Pamplona.

El agente intentó identificarlos y fue en ese momento cuando se produjo el tiroteo. En el mismo ha podido resultar también herido, según las mismas fuentes, uno de los terroristas que se disponían a cometer el atentado.

Según informó en rueda de prensa el equipo médico del centro, el agente evoluciona favorablemente tras ser intervenido en el Hospital de Navarra, en Pamplona. En concreto, el director médico del Hospital de Navarra, Nacho Yurs, explicó que el agente llegó "consciente y en buen estado de salud" al centro hospitalario, con una herida con orificio de entrada y de salida en el antebrazo izquierdo. Se le apreció también una fractura de cúbito izquierdo.

No obstante, al parecer también recibió otro disparo en la zona del tórax, que impactó en el chaleco antibalas.

Querían atentar con granadas
Según han confirmado a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista, los etarras pretendían colocar un lanzagranadas en una ladera cercana al la casa cuartel de esta localidad desde donde poder atentar contra el edificio.

Estas fuentes recordaron que la banda terrorista ETA ya empleó este procedimiento en Navarra el 12 de octubre de 2002, cuando dos granadas impactaron contra la fachada de la casa cuartel de la Guardia Civil en la localidad navarra de Urdax, sin que ninguna de las personas que ocupaban el inmueble resultaran heridas.

En aquella ocasión, en un monte cercano al edificio se encontraron cuatro tubos lanzagranadas con temporizador. Dos granadas impactaron contra el cuartel, otra cayó en un río y una cuarta se quedó en el tubo.

Según precisaron las fuentes consultadas, la casa cuartel de Leiza se encuentra en una disposición muy similar a la del complejo de Udax. Asimismo, incidieron en la cercanía de Leiza con Guipúzcoa así como su fácil conexión con Francia.

Estas mismas fuentes añadieron que, tras la detención el pasado mes de abril uno de los últimos líderes de la banda terrorista, Jurden Martitegi, las fuerzas de seguridad le incautaron una serie de documentos en los que se recomendaba este tipo de atentados contra edificios con lanzagranadas.

Tratará de impedir que los estatutos decidan las inversiones del Estado

Los autores del editorial común a favor del Estatuto se lo dieron antes a Moncloa
La prensa como instrumento de agitación política

IMPRESIONES El Mundo  29 Noviembre 2009

EL HECHO de que los propios autores del editorial que doce diarios catalanes publicaron el jueves se lo dieran a conocer al menos un día antes al Gobierno es la prueba de que eran conscientes de que habían rebasado la frontera del periodismo para jugar directamente en el terreno de la política. Si ya es insólito que un periódico comunique por anticipado a los políticos lo que va a publicar al día siguiente, en este caso lo ha hecho una docena. ¿Qué pensarán los lectores de esos diarios al saber que el contenido que ellos leen lo han revisado antes los poderosos? Este episodio ayuda a comprender mejor lo que está ocurriendo en Cataluña, donde los periódicos vitorean a sus políticos y los políticos hacen lo propio con sus periodistas: en el fondo todos están en el mismo barco. Al prestarse a convertir los medios de comunicación en un instrumento más de presión política para intentar que el Tribunal Constitucional no recorte el Estatuto, se le está hurtando al periodismo su razón de ser como vigilante del poder. Gracias al aviso de los editorialistas, los ministros tuvieron tiempo de acordar la respuesta que iban a dar al texto. Lo acontecido es bochornoso, una farsa más propia de un régimen sin prensa libre que de una democracia.


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No pasaría nada
César VIDAL La Razon 29 Noviembre 2009

Cualquiera que oiga a los paniaguados del nacionalismo catalán en los últimos meses diría que si el Tribunal Constitucional no se rinde y da por bueno un estatuto anticonstitucional hasta las trancas va a sobrevenir el Apocalipsis. Parece como si Cataluña entera, ofendida en lo más hondo de su ser, se fuera a lanzar a la calle desgarrada entre el dolor de la afrenta y la tentación de la independencia y así nos situara a un paso del valle de Josafat. Todo mentira, como suele ser habitual en las declaraciones chantajistas que, por naturaleza, brotan del nacionalismo catalán. La verdad es que no pasaría nada.

¿Recuerdan ustedes cuando se dijo que si se ilegalizaba Batasuna ardería Euskadi? Hubo quien llegó a imaginarse Stalingrado y El Alamein juntos, pero en Mondragón. ¿Y ardió algo? A lo sumo, algún pitillo que se fumó un amigo de Otegui. ¿Y recuerdan cuando se decía que la Ley de Partidos iba a provocar que la sangre corriera por las calles vascas? Pues sucedió todo lo contrario. La «kale borroka» prácticamente desapareció y ETA se vio contra las cuerdas. A fin de cuentas, cuando se cumple la ley, los maleantes suelen recular. Seamos sensatos y no nos dejemos engañar por los interesados en vendernos la mula ciega.

El actual estatuto de Cataluña es un bochornoso montaje procedente de una oligarquía que sabe que sólo se puede mantener a costa no de chupar sino de vaciar el bote que llenamos entre todos. Por eso, el sesenta y cinco por ciento de los catalanes no lo refrendó en el referéndum, ya que están tan hartos de las sandeces de los nacionalismos de uno y otro signo que prefirieron irse a la playa. ¡Que se lo digan al ministro Corbacho en cuyo antiguo municipio ni el veinte por ciento respaldó el engendro! Se trata de un deplorable espectáculo, dicho sea de paso, que puede repetirse en las próximas autonómicas donde hay posibilidades de que la abstención llegue al sesenta por ciento.

 Si el Tribunal Constitucional cumple con su deber de defender la Constitución y liquida el Estatuto no pasará nada. Nada malo, quiero decir porque cosas positivas habría muchas. De entrada, los catalanes quizá se librarían de unas nomenklaturas derrochonas e ineficaces que están hundiendo la economía de una región que in illo tempore fue la primera de España. Acto seguido, los políticos catalanes –si no por decencia, sí por conveniencia– se dedicarían a articular políticas útiles de desarrollo y prosperidad para la región olvidándose de sandeces como esa de la «construcción nacional». Por añadidura, se acabaría esa tensión suicida que los oligarcas del nacionalismo llevan creando con el resto de España desde hace décadas.

Es decir, que millones de españoles dejarían de pensar que lo mejor que podría suceder es echar a Cataluña de España y que se las apañe por su cuenta sin vendernos ni un calzoncillo y fuera de la Unión europea. Finalmente, el TC recuperaría algo de su prestigio y podríamos creer que este sistema va a sobrevivir precisamente porque las instituciones funcionan. Sé que llorarán aquellos que fueron falangistas o franquistas hace décadas y ahora acercan sus labios sedientos a la teta del presupuesto, pero por ésos no deberíamos preocuparnos. Examinando su biografía de las últimas décadas, se descubre que no les costará encontrar un nuevo pesebre.

 

Defensores de la Transición, no
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 29 Noviembre 2009

POR lo que el nacionalismo tiene, como el amor, de enajenación, estoy dispuesto a entender todas las razones del editorial conjunto de los diarios catalanes en pro de su Estatuto, menos una: la que invoca el «espíritu de la Transición». Un enamorado puede proclamar a todos los vientos que su amada es la mujer más bella del mundo, aunque sea un adefesio, sin que nadie le contradiga. Lo que no puede es invocar los concursos de belleza. Es verdad que el «espíritu de la Transición está en peligro», como dice el editorial. Pero está en peligro por todas aquellas fuerzas que desde el comienzo vienen cuestionándola, socavándola, negándola legitimidad de origen y de funcionamiento. Unos lo hacen abiertamente, pidiendo una «segunda Transición» para comenzar todo desde el principio. Otros lo hacen solapadamente, aprovechando sus ventajas al tiempo que la minan y colocan cargas explosivas que provoquen su desplome, como este Estatuto. Y mi pregunta es: ¿qué ha hecho la prensa catalana contra esas fuerzas? ¿Dónde están los editoriales conjuntos frente a los ataques frontales a la Transición, a la Constitución que produjo, a las más altas instituciones del Estado, llegados muchas veces de órganos oficiales catalanes?

La Transición fue un «pacto de caballeros» por el que el Estado español cedía autonomía a sus diversas partes a cambio de que éstas aceptasen la soberanía general del Estado. Pero los nacionalistas no han cumplido ese pacto, no han aceptado esa soberanía, y la mejor prueba es un Estatuto que exige que Cataluña negocie de tú a tú con España y se creen instituciones paralelas a las estatales. ¿O lo niegan? Porque si no lo niegan, estaremos todos de acuerdo en que hay que quitar del Estatut todo que lo éste le quita a la Constitución.

No se puede defender la Transición mientras se la envía al cuarto de los trastos viejos. No se puede invocar la dignidad de Cataluña, menospreciando la dignidad de España. No se puede arremeter contra «la caverna madrileña y su coro mediático» desde la unanimidad más absoluta. No se puede deslegitimar a un tribunal cuando se teme que pueda decidir contra uno, tras ignorarlo cuando parecía que iba a decidir a favor. No se puede, en fin, con buena fe, defender una cosa y la contraria.

Aquí nadie ha negado la «identidad catalana». Lo que se cuestiona es arrogarse que sea la única de España, para obtener ventajas con ello. ¿Acaso no hay una identidad gallega, una identidad aragonesa, una identidad andaluza, una identidad vasca, una identidad castellana, y tantas otras, tan honorables? Pese a las orejeras del nacionalismo, no creo que se atrevan a negarlas. Bueno, pues a la suma de todas esas identidades, la catalana incluida, se llama España, que es lo que niega ese Estatuto. Por eso hay que podarlo. Para conservar el espíritu de la Transición, no para desahuciarlo.
 



Seguidismo del terror
La izquierda abertzale no afronta otro dilema que no sea desmarcarse de ETA
EDITORIAL El Correo 29 Noviembre 2009

La coincidencia en estos días de la operación policial y judicial contra 34 miembros de Segi, el rebrote de la violencia callejera en Euskadi y el primer aniversario del asesinato del empresario Inaxio Uria ofrece un elocuente recordatorio de lo que significa para esta tierra la pervivencia de ETA. Elocuente porque retrotrae al enorme sufrimiento que ha provocado la organización terrorista a lo largo de su sangrienta trayectoria, obligando paulatinamente a todos aquellos vascos que aún se mostraban distantes ante esa herida colectiva -como ocurrió tras el atentado contra Uria- a encarar la devastación que la banda ha ido sembrando a su paso.

Elocuente también porque tanto el 'manual de hostigamiento' incautado a los integrantes de Segi arrestados, como las imputaciones del juez Marlaska contra ellos, confirman la determinación de ETA de seguir amedrentando a la ciudadanía democrática por distintos medios y con una amplia lista de potenciales objetivos. Resulta evidente a estas alturas que el miedo que tratan de inocular los pistoleros de la banda y los aprendices de la 'kale borroka' no logra imponerse ni al cerco desplegado por el Estado de Derecho en su contra, ni a la progresiva debilidad que ha vuelto aún más porosas las estructuras criminales. Y es obvio también que todo ello ha contribuido a ensanchar el desánimo en aquellos sectores de la izquierda abertzale no tan irreductibles como para no volverse conscientes de la marginación a la que les conduce el seguidismo del terror; pero incapaces, al tiempo y todavía, de abortarlo de una vez por todas.

Es ésta, y no otra, la disyuntiva que aflora tras los últimos movimientos y propuestas con los que la izquierda abertzale pretende proyectar, en vano, la efervescencia política y social de que gozaba antaño. Pero que intente conseguir ese soplo de aire sin cumplir lo que reiteradamente se le exige, que no es otra cosa que un desmarque de ETA explícito y sin posibilidad alguna de vuelta atrás, ya no depende tanto de sus fantasmales iniciativas como de la condescendiente credibilidad que le otorguen quienes parecen añorar fallidas estrategias de diálogo para el final del terror.

Ahora hay problema
Pilar FERRER La Razon 29 Noviembre 2009

En sus largos años al frente de la Generalitat, Jordi Pujol solía decir que Cataluña no era un problema para España. El honorable demostró su sentido de Estado, colaboró con Felipe y Aznar, y pactó leyes importantes en el Congreso. Pero el día en que José Luis Rodríguez Zapatero pronunció en el Palau de San Jordi la famosa frase «Os daré lo que me pidáis», se abrió una grieta de irreparables consecuencias. Aquella irresponsabilidad se cargaba de un plumazo el espíritu de la Transición, su acuerdo autonómico, el Estatut de Sau y un estilo de hacer política con altura y sensatez.

La inmensa mayoría de los catalanes dejaron claro lo poco que les importaba la gresca nacionalista. Con su sentido pragmático, funcionaron muy bien bajo el lema de «menos nación y más financiación». Las veleidades de Zapatero y el espectáculo bochornoso de un Tribunal Constitucional enquistado, enfrentado y desprestigiado, enardecen a ciertos políticos que no se merecen una tierra, una lengua, una cultura extraordinarias y unas gentes que siempre fueron abiertas, cosmopolitas y avanzadas. Acierta de pleno Duran Lleida cuando demanda un acuerdo entre el PSOE y el PP para desbloquear el TC. Porque los monstruos separatistas, antaño controlados, comienzan a desbocarse. Sea cual sea la sentencia sobre el Estatut, ya nace envenenada. Recordando las reflexiones de Pujol, Cataluña, ahora, sí es un problema.

ETA, suma y SEGI
Vicente A. C. M. Periodista Digital 29 Noviembre 2009

Hoy nos hemos levantado con un nuevo atentado de la banda criminal terrorista ETA, en el que ha resultado herido un agente de la Guardia Civil en el acuartelamiento de la población navarra de Leitza. Por suerte, la vida de esa persona no corre peligro. Su actuación parece haber evitado que ETA consiguiera su plan de provocar un atentado de mayores proporciones y con mayor número de víctimas. Pero este nuevo episodio de violencia terrorista me hace plantearme algunas reflexiones sobre la actitud del Gobierno del Sr. Zapatero.

Es sabido que durante aquél vergonzoso “proceso de paz”, el Gobierno del Sr. Zapatero se dedicó a realizar una serie de actuaciones de concesiones al entorno etarra. Se mantuvieron públicas reuniones con representantes de la izquierda abertazle. Se llamó “hombres de paz” a terroristas como Otegi, Permach. Se le dio un trato de favor especial hasta lograr su liberación y posterior huida del sanguinario terrorista de Juana Chaos. Se habló de acomodar la Ley a lo que “aconsejara la jugada”. Se legalizó a ETA en las listas electorales permitiendo su presencia en Ayuntamientos como este de Leitza. Se acudió al Parlamento Europeo presentando a Batasuna como una Organización democrática.Y lo mas mezquino, el caso del "chivatazo a ETA" o del bar Faisán, una traición aún pendiente de cerrarse.

Todos esos errores de bulto en los que para el Sr. Zapatero, los fines siempre han justificado a los medios usados, son los que no se quieren reconocer, aunque en los últimos tiempos se está en la dirección aparente del acoso y detención de los terroristas y del entramado que le le apoya. Todo excepto la disolución de los Ayuntamientos donde la organización ANV sigue gobernando y financiándose a costa de los impuestos de los ciudadanos. Y esa falta de voluntad es simplemente política que hace sospechar que como el dicho, se aprieta, pero no se ahoga.

La detención de los cachorros de ETA, los dirigentes de la Organización juvenil de SEGI, va en el camino propagandístico habitual, de modo similar al macro proceso 18/98. Con decenas de detenciones y una sentencia pobre. Por ahora, en el caso de SEGI, estamos en el comienzo de la operación. Ya veremos en qué acaba. Mientras, lo importante, es decir, la disolución de los Ayuntamientos donde Gobierna ANV, sigue esperando a que el Gobierno del Sr. Zapatero dé muestras de su verdadera voluntad de oposición a ETA. Sinceramente creo que nunca lo hará, porque sabe que es precisamente en esas localidades, como Leitza, donde el independentismo vasco y ETA tienen un apoyo ciudadano importante.

Habrá que esperar a que se convoquen elecciones municipales para intentar que no se cuelen candidaturas camufladas de democráticas que sustituyan a la ilegalizada ANV. Espero que entonces el Fiscal general Sr. Conde Pumpido no diga que no se tiene información y vuelva a permitirse de facto el resquicio para que estén los mismos perros pero con distinto collar. Y lo de perros lo digo en todos los sentidos. Sería vergonzoso que eso ocurriera y frustrante para muchos ciudadanos que creen ver en la nueva actitud del PSE una voluntad de lucha en los dos frentes, en el de vencer mediante la acción policial y convencer mediante una pedagogía de diálogo abierto con quien renuncie al uso del terrorismo como arma de coacción para el logro de objetivos políticos.

Desde aquí expreso mi solidaridad con las FFyCCSE en su impagable servicio a la libertad de los españoles y cuyo sacrificio tendrá siempre nuestra gratitud y reconocimiento. Ahora más que nunca adquiere su significado el lema de ese Cuerpo “El Honor es mi divisa”. Para los españoles es un auténtico privilegio y Honor contar con la Guardia Civil. La casta política española debería aplicarse ese mismo lema, pero mientras ANV siga libremente ejerciendo, será una mancha de indignidad.

El Estatut anula al Constitucional
MATÍAS VALLÉS La Opinión 29 Noviembre 2009

El pasado martes, tanto El País como El Mundo se concentraban desde sus portadas en la pomposa toma de posesión del Consell de Garanties Estatutaries, un remedo del Tribunal Constitucional cuya creación contempla el vigente Estatut catalán. Ese mismo día, La Vanguardia consagraba la imagen central de su primera página a otra institución irremediablemente catalana, Samuel Eto'o. Se volvía así a demostrar que cualquier referéndum sobre el Estatut hubiera gozado de mayor participación extramuros de Cataluña, frente al escaso entusiasmo estatutario en la geografía abarcada por la norma. Liquidado el trámite del Inter milanés, la atención de la opinión volvió a centrarse con renovados bríos en la larga siesta del Tribunal Constitucional, a partir de un editorial conjunto de la prensa escrita de aquella nacionalidad -¿cuál es la diferencia exacta con nación?-. Cuando menos, el texto devuelve la fe en el poder declinante de la palabra.

No hay sentencia del Constitucional sobre el Estatut. La frase anterior no es una información redundante, sino una opinión arriesgada, porque se ha instalado la verdad virtual de que existe un veredicto sobre el recurso masivo interpuesto principalmente por el PP. Se ha movilizado La dignidad de Cataluña -por retomar el título del editorial a doce- en torno a una entelequia, el fallo inexistente de la auténtica corte suprema. En la era de internet, hechos, impresiones o sensaciones poseen una validez intercambiable, la polémica precede al acontecimiento. Sin embargo, la rebelión de los periódicos catalanes es legítima y quizás tardía. Después de tres años baldíos, los magistrados del tribunal se hallan en la línea de salida, enredados todavía con el término "nación". No han avanzado más que las interminables tertulias de bar que se inflaman a diario en cuanto surge el toponímico "los catalanes". Si tan doctos juristas no han encontrado solución en ese plazo, es porque no la hay. Por tanto, nada hace inadmisible la viabilidad de la ley.

El Estatut ha anulado al Constitucional. Una carta parcial ha derrotado al poderoso aparato estatal, en una reedición del mito del Alcorcón. Cabe hablar de los magistrados supervivientes, porque la mitad de ellos han caducado a más velocidad incluso que el prestigio del tribunal. Se ha registrado incluso un fallecimiento, lo cual invita a una solución al estilo de Gabriel García Márquez, donde el "hecho biológico inevitable" resuelva la parálisis con una extinción de la cámara a lo largo del próximo medio siglo, sin un pronunciamiento sobre el estatuto cuestionado. De momento, el Constitucional puede atribuirse el estímulo de la participación democrática, porque la ley cuestionada sería hoy votada por un mayor contingente de catalanes.

Los rasgadores profesionales de vestiduras y el PP acusan a los editorialistas catalanes de presionar al Constitucional. En primer lugar, no hay agitación exterior capaz de conmover la solemne pereza jurídica de esa institución. En segundo lugar, lo grave sería que un texto periodístico no aspirara a presionar. Cada palabra pronunciada en democracia golpea con mayor o menor efecto, de ahí que las dictaduras adopten la medida preventiva de liquidar la libertad de expresión, para que sus poderes funcionen sin interferencias. En todo caso, se podría lamentar que el descrédito del altísimo tribunal haya tenido que esperar a su nula gestión de los recursos sobre el Estatuto, cuando existe el precedente sonrojante de los Albertos.

Dándole la vuelta al editorial único, la aprobación del Estatut por parte de un Constitucional desacreditado sería denigratoria para la dignidad de Cataluña. El tribunal carece de la ironía suficiente para enfrentar a sus críticos a una contradicción lógica. Sobre todo, le falta poder de convicción, porque la primera calidad de su pronunciamiento debió ser la iluminación y la persuasión, dos virtudes inalcanzables para sus miembros. La Constitución establece que el pueblo español es el sujeto de la soberanía nacional. De ella emanan los poderes del Estado, incluido el Constitucional. De ahí que, una vez que los ciudadanos han ratificado personalmente una norma en referéndum, y por elevada que fuera la abstención, no hay nada que añadir.

Mentiras gordas
Nota del Editor 29 Noviembre 2009

Decir que la soberanía reside en el pueblo español y seguidamente dar por buena una norma que han aprobado algunos catalanes, demuestra la calaña del editorialista de La Opinión, mejor sin opinión.Utilizando el mismo razonamiento, cualquier ciudadano, a nivel individual puede aprobar la norma constitucional que le venga en gana.

La estabilidad del tripartito, a examen con la sentencia
 La Razon 29 Noviembre 2009

Barcelona- No es la primera vez que voces del PSOE no ven con buenos ojos el pacto de Montilla con ERC y probablemente no será la última. Sin embargo, esta presión no es un elemento desestabilizador del Ejecutivo catalán. En los últimos meses, el presidente de la Generalitat, José Montilla, ha defendido en repetidas ocasiones agotar la legislatura y siempre ha sido partidario de solucionar las rencillas internas del tripartito de puertas adentro de cara a dar una estabilidad que en el primer gobierno formado por PSC, ERC e ICV brilló por su ausencia. Hasta el momento, el tripartito se ha ido entendiendo –incluso ICV votó en contra de la Ley de educación– y Montilla no ha cambiado a ninguno de los consejeros que conforman el ejecutivo. Sin embargo, la sentencia del Estatut puede romper la paz interna si los partidos no logran consensuar una respuesta unitaria. ERC no apoyó el Estatut y no esconde que apuestan por ser contundentes y, aunque todavía se recuerda en Ferraz cuando Montilla le dijo a Zapatero «los socialistas catalanes te queremos, pero queremos más a Cataluña», el PSC tendrá que hacer equilibrios también con el PSOE. No hay que olvidar que ni siquiera cuando la presión por la negociación de la financiación autonómica era máxima, los socialistas catalanes rompieron la disciplina de voto en el Congreso. Por eso y pese a que las elecciones en principio no se celebrarán hasta el próximo otoño, no dejan de hacerse cábalas de pactos postelectorales que vayan más allá de la fórmula del tripartito. Montilla ha negado cualquier posibilidad de pacto con el PP y le ha pedido a Artur Mas que haga lo mismo, pero los convergentes no quieren cerrar ninguna puerta. En el caso de que se diera la sociovergencia, hay socialistas que apuestan porque Carme Chacón sea «conseller en cap».

Las trampas y chanchullos de Carlos Callón y su "Mesa"
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 29 Noviembre 2009

He aquí la noticia tal como la publicó Faro de Vigo el día 28: "La Unión Europea lanza una advertencia a la Xunta para indicarle que su política lingüística en relación al gallego no va bien encaminada y que se tomarán medidas al respecto si los pasos dados no se rectifican". Esta frase entra en abierta contradicción con la respuesta del Sr. Leonard Orban (Comisario europeo de Multilingüismo de la Unión Europea) en nombre de la Comisión a la pregunta escrita de la Sra. Edit Bauer (Eslovaquia), el 4 de mayo de 2009, en la que dice textualmente:

"No existe ninguna ley comunitaria que regule el uso de las lenguas dentro de los Estados miembros, ni el Tratado prevé más poderes para la adopción de tales disposiciones. La Comisión sólo puede actuar si una cuestión está relacionada con la aplicación de la legislación comunitaria. Este podría ser el caso, por ejemplo, cuando una disposición nacional sobre el uso de las lenguas constituye un obstáculo injustificado a la libre circulación de trabajadores o de los demás ciudadanos".

Y añade: "En la actualidad, no existe jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre esta cuestión. En cualquier caso, una denuncia de discriminación tiene que ser examinada en primer lugar por un órgano jurisdiccional nacional, que estaría en una mejor posición para considerar todas las circunstancias pertinentes de la situación en juego". [...] "Los Estados miembros siguen siendo los encargados de adoptar decisiones con respecto a su política lingüística interna, incluidas las lenguas regionales y minoritarias, para lo que el Consejo Europeo de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias proporciona un marco global. Este marco no es parte de la legislación comunitaria".

O sea que la noticia tiene trampa y no sé cómo Faro de Vigo no la ha revisado antes de publicarla, pues la Unión Europea como tal no puede lanzar ninguna advertencia a la Xunta sobre su política lingüística. Leonard Orban lo dice claramente: "No existe ninguna ley comunitaria que regule el uso de las lenguas dentro de los Estados miembros, ni el Tratado prevé más poderes para la adopción de tales disposiciones". [...] "En cualquier caso, una denuncia de discriminación tiene que ser examinada en primer lugar por un órgano jurisdiccional nacional, que estaría en una mejor posición para considerar todas las circunstancias pertinentes de la situación en juego".

Es decir, cualquier irregularidad de la Xunta en materia lingüística tendría que ser examinada, en primer lugar, por un órgano jurisdiccional nacional, en este caso, español.

La asociación que utilizó el nombre de la Unión Europea para intimidar a la Xunta es la misma que distribuyó expedientes sancionadores entre algunos comerciantes de La Coruña por no rotular en gallego, sin tener competencia para ello, pues no se trata de ningún organismo oficial y mucho menos de un organismo con potestad sancionadora. Como ya se pueden imaginar, estamos hablando de la Mesa por la Normalización Lingüística que preside Carlos Manuel Callón Torres, una asociación que se define a sí misma como "plataforma independiente, plural y apartidaria", aunque no tenga nada de independiente, de plural ni de apartidaria, pues su presidente fue concejal del BNG en su pueblo natal y sigue estando estrechamente vinculado a los nacionalistas del BNG.

Lo que resulta extraño es que ni cuando distribuyeron los falsos "expedientes sancionadores" en La Coruña ni ahora que hablan en nombre nada menos que de la Unión Europea, fueron sancionados por ello. ¿No les resulta chocante tanta impunidad?

En este caso, Carlos Manuel Callón Torres ha actuado a través de la EBLUL (European Bureau for Lesser Ussed Lenguages) que, traducido al español, sería la Agencia Europea para las Lenguas Minoritarias (los nacionalistas cambian "lenguas minoritarias" por "lenguas minorizadas"; la carga ideológica del término resulta evidente, pero en cualquier caso "lenguas minorizadas" es una traducción inexacta de "Lesser Ussed Lenguages"). La EBLUL no pasa de ser más que una ONG que al parecer ha nombrado un "Comité del Estado español del European Bureau for Lesser-Ussed Languages" formado por tres personajes de altísimo nivel: Carlos Manuel Callón Torres, "o da Mesa", el nacionalista catalán Manel Rodríguez Pérez-Caurel y el nacionalista vasco Mikel Etxebarria Etxeita.

La EBLUL se define así misma como una ONG (en inglés NGO): "The European Bureau for Lesser-Used Languages (EBLUL) is a democratically governed Non-Governmental Organisation (NGO) promoting languages and linguistic diversity" (La Oficina Europea de Lenguas Minoritarias (EBLUL) es una Organización No Gubernamental (ONG) gobernada democráticamente para la promoción de las lenguas y la diversidad lingüística).

En la respuesta a la petición 0602/2007, presentada por Simeon Stavrakidis, de nacionalidad griega, en nombre del semanario Logos tis Pellas, sobre la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias (EBLUL) (observen que los escritos oficiales nunca dicen "lenguas minorizadas"), encontramos la definición exacta de la citada ONG: "La EBLUL es una organización no gubernamental (ONG) independiente basada en una red de Comités de los Estados miembros. Los Comités de los Estados miembros de la EBLUL son órganos autónomos e independientes y funcionan como ONG nacionales. Así, representan las lenguas minoritarias del Estado correspondiente". Y punto.

Por si las dudas, aquí tienen su página web: http://www.eblul.org/. Total, mucho ruido y pocas nueces.

Entre los nuevos artefactos de los proetarras está el «voto incendiario»
La «justicia popular» del nuevo manual de SEGI: «Dar palizas al enemigo»
J. M. Zuloaga La Razon 29 Noviembre 2009

MADRID- El «Manual básico de la lucha popular» que ha sido incautado por la Policía Nacional durante la operación contra SEGI incluye una serie de instrucciones que demuestran que ETA ha ordenado a su rama juvenil un aumento de la violencia en general, según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas.

Una de las modalidades de «lucha» que se incluyen en el texto es la de la «justicia popular», que incluye «palizas», quema de vehículos y construcciones de los considerados como «enemigos». Asimismo, se indica a los militantes de SEGI que no duden en utilizar la fuerza si alguien se interpone en el momento de cometer un atentado de terrorismo callejero o si les llama la atención. «Hacerle frente y le haremos caer, con toda la fuerza que sea necesaria».

Entre los nuevos artefactos para la «kale borroka» («lucha callejera») que incluye el manual está el «voto incendiario», con el que se pretende quemar todas las papeletas y tratar de boicotear los comicios. Por lógicas razones de seguridad no se dan detalles de éste ni de los otros artilugios. En el caso del «voto incendiario», se indica que el proetarra tiene un minuto tras depositar la papeleta en la urna.

A los jóvenes proetarras se les indica que hay que «enseñarle los dientes al enemigo para defender Euskal Herria» y que la intención del manual es «fijar un nuevo punto de partida para el desarrollo de las dinámicas de sabotaje. Estamos preparando de manera ordenada y en un punto de vista uniforme las fuerzas, el enfado y el ansia de respuesta del pueblo. ¡Golpeemos juntos, en la misma dirección!».

Los objetivos que se fijan son: bienes materiales, bancos, sedes políticas, intereses estatales, trenes, autobuses, antenas, repetidores, juzgados, sedes de medios de comunicación, bienes personales de los enemigos (coches de policías), negocios de cipayos (ertzainas), casas o coches de cargos electos, ataques directos a patrullas de agentes de las Fuerzas de Seguridad, etc.

Militante abertzale
En el manual se indica que, además de participar en el terrorismo callejero, se debe militar en alguna de las organizaciones de la llamada «izquierda abertzale». En este sentido, les advierten de que hay que «hacer una clara diferenciación entre los modos de lucha callejera y la lucha armada (...) la lucha popular no necesita una preparación tan especializada como la lucha armada (...) más allá del sabotaje y de la dinámica de enfrentamiento, para el que quiera hacerse con un mayor compromiso en la lucha a favor de Euskal Herria ya hay una Organización que practica la lucha armada, Euskadi Ta Askatasuna (ETA)».

A los individuos que van a participar en el terrorismo callejero se les exige disciplina y que tengan en cuenta que «no es lo mismo elmodo en el que llevaremos a cabo un ataque a la respuesta que daremos a una sede del Partido Socialista que a una sede de Aralar; no es lo mismo la respuesta que daremos contra la muerte de un gudari (miembro de ETA que equiparan a soldado vasco) que la respuesta que daremos ante la detención de un joven».

Segi propone envenenar depósitos de agua y sabotear trenes, «aunque haya muertos»
D. MARTÍNEZ / J. PAGOLA | MADRID ABC 29 Noviembre 2009

Envenenar depósitos de agua o introducir «papeletas incendiarias» para quemar urnas en elecciones en las que no se puedan presentar las candidaturas de ETA son algunos de los sabotajes que se proponen en un manual de «kale borroka» incautado a los cabecillas de Segi detenidos esta semana.

La última «hoja de ruta» diseñada por la «izquierda abertzale» para «enseñarle los dientes al enemigo», tiene como objetivo encauzar «de manera ordenada y uniforme las fuerzas, el enfado y el ansia de respuesta del pueblo». «¡Golpeemos juntos, en la misma dirección!», arenga el panfleto. Segi se ufana de que la «kale borroka» «transmitió fuerza, contagiaba pasión y, como consecuencia, trajo la unión a la lucha de nuevas generaciones». Este es el legado de los «argala», «txomin», «ternera», «txeroki», Otegi...: una parte de la juventud vasca degenerada, arrojada a una lucha sin futuro. Pero el monstruo creado -ETA-, ambicioso él, quiere más, exige la incorporación a su causa de jóvenes de última generación. Por eso, «es muy importante seguir adoctrinando a las nuevas generaciones con estos modelos».
«Implicación de la herriko»

La estrategia de Segi propone que el «modelo de lucha popular» -manifestaciones- tiene que ser accesible, evitando la especialización para que pueda participar el mayor número de individuos. «Y en el pueblo, cuando haya que poner barricadas, con naturalidad, pediremos en la herriko la implicación de la gente». En el siguiente nivel de «lucha» -la «kale borroka»- sí se exige preparación y medidas de seguridad para evitar bajas entre los «borrokalaris».

Así, aconseja sobre cómo preparar y ejecutar los sabotajes y, en su caso, afrontar las detenciones. Se instruye acerca de los objetivos. Y entre los adversarios hace distingos, porque, si se trata de responder a una situación grave, «tendremos que quemar una sede del PSOE, o «apedrear» un batzoki del PNV. «A los ladrones electos de Aralar les tiraremos piedras ; pero a los del PP, cócteles». Recuerda a todo aquel que quiera «un mayor compromiso en la lucha» que hay una organización que «practica la lucha armada»: ETA.

En su parte final da instrucciones para los ataques, incluidas emboscadas y trampas. Propone sabotajes contra el ferrocarril, como cortocircuitos en la catenaria, barricadas, manipular el cambio de agujas, borrar el sistema eléctrico de semáforos, pese a reconocer que «pueden provocar muertes». El manual plantea, además, el envenenamiento de depósitos de agua de enemigos «muy significados», y el «voto incendiario» para quemar urnas en aquellas elecciones en las que no se pueda presentar ETA. Explica cómo echar pegamento en un papel, mezclarlo con glicerina e introducir el papel en el sobre. «Tienes un minuto de tiempo para votar y marchar». Incluso «podemos introducir un sobre de plástico pequeño en el sobre para que el fuego sea más efectivo con la mezcla en su interior de potasio clorado y azúcar. Esta mezcla cuando queme el otro dará más fuerza al fuego».

Un centenar de ateneos, casales y bares dan apoyo al separatismo
M. J. C. | BARCELONA ABC 29 Noviembre 2009

Pese a la fuerte atomización del independentismo radical, el apoyo social de que dispone es más amplio de lo que parece. Se calcula que existen un centenar de locales, creados a partir del año 2000, donde este movimiento celebra sus reuniones. Casales, ateneos, bares repartidos en Cataluña se han convertido en centros neurálgicos de estos grupos que han encontrado en internet una impagable herramienta de comunicación y de convocatoria de actos prosoberanistas.

Otra vía de encuentro es la celebración de conciertos de rock de influencia vasca o de cantautores defensores de la causa independentista. Esos locales frecuentados se concentran principalmente en Gerona y Barcelona. En la Ciudad Condal, hace años que el barrio de Gràcia se ha convertido en feudo de movimientos alternativos, donde se mezclan independentistas, «okupas», antisistema, antifascistas, antiglobalización y simpatizantes de Batasuna.

En la comarca barcelonesa del Vall_s esta ideología también tiene bastante predicamento en localidades como Tarrasa, Sabadell o Cardedeu. En la comarca de Osona, donde también existe un amplia red social, el éxito de las consultas se ha traducido en la adhesión de 34 municipios a la plataforma Osona-Decideix.

Quema de banderas
Pero es en la provincia de Gerona donde los defensores del separatismo siempre han tenido un mayor arraigo. Ciudades como Olot, Salt o la propia capital han sido escenario de protestas contra los Reyes o de quema de banderas españolas. Todos estos establecimientos mantienen un estrecho contacto entre sí, pero la red se extiende a algunas poblaciones de la Comunidad Valenciana.

El papel de esta red de apoyo a la causa soberanista será esencial en estas vísperas de la consulta, que es apoyada por un total de 66 personalidades catalanas del mundo cultural, social, económico y académico, y 34 entidades se han adherido al manifiesto de apoyo a las consultas sobre la independencia.

La «infantería cultural» del independentismo está formada, entre otros, por el lingüista Joan Solà, galardonado por la Generalitat con el Premio de Honor de las Letras Catalanas; el ex consejero de Gobernación y de Justicia Agustí Bassols; el filólogo y ex rector de la Universidad de Barcelona Antoni Maria Badia i Margarit; el historiador residente en México Josep Maria Muri; la escritora Isabel-Clara Simó; el actor Joel Joan, y el cocinero Santi Santamaría. Entre los que apuestan decididamente por que Cataluña se convierta en «una nación soberana plenamente reconocida en el contexto internacional», están también el actor Carles Canut, el poeta Sebastià Alzamora, el escritor Jordi Coca, el escultor Jaume Rodri, y el filólogo Toni Strubell, distinguido por la Generalitat con la Cruz de Sant Jordi. En el manifiesto se considera que Cataluña está en una encrucijada histórica difícil y decisiva, y que requiere instrumentos que no permiten el actual marco constitucional, «con serias limitaciones».

Sin autorización judicial
Conviene recordar que ya con motivo de la consulta de Arenys de Munt (Barcelona), la Justicia dejó claro que un ayuntamiento no puede dar apoyo a las consultas independentistas y dio la razón al Gobierno en el recurso presentado contra el acuerdo del citado consistorio, en el que se impulsaba el referendo propuesto por ERC.

En esta ocasión, el Estado también ha advertido que mirará con lupa la actuaciones de los consistorios de las localidades donde se celebrarán las citadas iniciativas para impedir que se proporcione cualquier tipo de logística a las entidades cívicas organizadoras (censo, locales, papeletas...). Y que impugnará ante los tribunales todas las consultas que vulneren la ley.

Las sentencias dictadas hasta ahora apelan a la Constitución, el Estatuto y las leyes estatales y autonómicas, según las cuales, «el Estado ostenta la competencia exclusiva en materia de autorización para la convocatoria de consultas populares».

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