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Recortes de Prensa    Lunes 30 Noviembre  2009

 

Las reglas del juego
Enrique LÓPEZ La Razón 30 Noviembre 2009

Era previsible que cuando llegara el momento final de la resolución de los recursos planteados contra el Estatuto de Cataluña (presentados por el Defensor del Pueblo, Partido Popular y otras comunidades autónomas)–no se olvide–, las campañas contra el Tribunal se intensificarían. Lo grave de las mismas no es que se ponga en algún aprieto al Tribunal Constitucional o a sus miembros, puesto que todos ello gozan de una independencia que los hace inmunes a declaraciones, editoriales, insultos, etc.; lo grave es cómo se cuestionan las reglas del juego, como se deslegitiman a los órganos y los procedimientos, y todo ello para evitar una decisión que no gusta, o si a la postre se produce, para justificar el no acatamiento de la misma.

Es curioso cómo se repite la historia: cuando el Tribunal de Garantías de la Republica, se enfrentó en 1933 al recurso contra la Ley de Cultivos aprobada en Cataluña, declarándola a la postre inconstitucional, se produjo un debate igual al presente, con políticos que decían abiertamente que no acatarían la sentencia, y que la Ley se cumpliría al margen de lo que dictaminara el Tribunal de Garantías; ya se sabe lo mal que acabó aquella historia. Pero lo grave, insisto, no es el ataque al Tribunal, que lo es, sino cómo algunos están dispuestos a saltarse las reglas del juego, a no asumirlas cuando el resultado no es de su agrado. Para estos, los procedimientos legales son medios que sólo se utilizan cuando conducen a un fin preestablecido, en caso contrario, se debe prescindir de los mismos. Los que así piensan están haciendo un gran daño a la democracia, poniendo en juego los valores de justicia e igualdad sobre los que se asienta, y el principio de legalidad que garantiza la sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Una democracia en la que se prescinde de las reglas de juego, es una democracia enferma y condenada al fracaso, y si se permiten las vías de hecho superen a la legalidad, se estará justificando que esto se repita por cualquiera y en cualquier otra ocasión, y por desgracia en España ya sabemos cómo se puede acabar. Hay que tener cuidado cuando se es responsable político con las expresiones que se utilizan, y así cuando se dice que se defenderá la constitucionalidad del Estatuto hasta sus últimas consecuencias, hay que ser consciente de lo que se ha querido decir; la constitucionalidad se defiende ante el Tribunal y aquí no hay nada que objetar, es legítimo defender esto, pero no lo es menos defender lo contrario.

Ni unos son enemigos de España y su Constitución, ni los otros de Cataluña y su Estatuto, intentar enmarcar en estos términos las legítimas posiciones ante el Estatuto es un truco muy ramplón y evidente. Ahora bien, «Primero la Constitución, luego lo demás, incluidos Estatutos». La cuestión es si con frases como ésta se está queriendo decir que se irá más lejos, y al margen de lo que se decida, se utilizarán otros mecanismos no previstos en nuestra democracia; si es así además de grave y serio, es peligroso. Los que tienen responsabilidades políticas las deben ejercer precisamente con responsabilidad.

De ayer a hoy
J
osé María MARCO La Razón 30 Noviembre 2009

La Segunda República significó para Azaña el advenimiento de las luces y la vida moderna a nuestra pobre y atrasada España… hasta que comprendió que su soñada República había metido a España en un túnel de intolerancia, fanatismo y brutalidad nunca imaginado durante la Monarquía. Durante un tiempo, Azaña fue el amigo de Cataluña, hasta que cayó en la cuenta de cuál es la naturaleza del nacionalismo catalán y dedicó a sus representantes algunas críticas que siguen escociendo a estos peculiares especímenes de la casta, ya muy peculiar de por sí, del animal político español. De la reflexión sobre Azaña se pueden sacar muchas lecciones, algunas muy valiosas, sobre la nación española y su configuración política. Hay quien se atranca en su sectarismo primitivo, como Santos Juliá, y hay quien se interesa, sin identificarse necesariamente con ello, por lo que en Azaña hay de crítica más o menos velada a las propias posiciones. En otros tiempos Manuel Aragón fue de estos últimos, y uno de los mejores.

Hoy es magistrado del Tribunal Constitucional y ha acabado siendo uno de los dos jueces sobre los que se están ejerciendo las presiones que todos conocemos para que den su visto bueno al Estatuto de Cataluña. Ni qué decir tiene que el Gobierno actúa, siguiendo su línea, como un lobby más, sin intentar siquiera salvar las apariencias y proteger a los miembros del Constitucional, y en particular a Manuel Aragón, a quien él nombró, de esas presiones. Todo es bueno para conseguir los fines que uno se ha propuesto, incluido el descrédito de las instituciones. Como Manuel Aragón es hombre sensato y sensible, es posible que encuentre en el recuerdo de las atrocidades que Azaña escribió sobre el régimen que él mismo simbolizaba, materia de reflexión para estos momentos, que no deben de ser fáciles. Algo más de entereza que la demostrada por el primer don Manuel sí que le deseamos, sea cual sea su decisión.

Sánchez Ferlosio
Sin patria y sin nación
Agapito Maestre Libertad Digital 30 Noviembre 2009

Sánchez Ferlosio ha recibido el Premio Nacional de las Letras. Me alegro. Es un gran escritor. Comparto algunos de sus análisis sobre España, pero discuto, una y otra vez, que se haga pasar por pensamiento sensato, o sea, una meditación seria sobre la actual historia de España, lo que no son sino burdas afirmaciones al margen de la actual circunstancia del régimen político español. Por ejemplo, el otro día, decía un columnista de El Mundo que "creía", casi como si fuera un dogma de fe, en la frase del premiado: "La patria es un concepto venenoso".

La frasecita, como si fuera una letanía religiosa, era repetida por el citado periodista. ¡A eso le llamo yo fervor patriótico! Vale, pero menos, muchísimo menos de lo que cree el nuevo feligrés de Sánchez Ferlosio. Yo, por el contrario, tiendo a reírme de ese tipo de afirmaciones, sobre todo, si tenemos en cuenta que, en España, no sólo ha desaparecido del imaginario sentimental de los españoles la "idea" de patria, sino que incluso ha sido asesinado el concepto de nación democrática. El Estado nacional es, hoy por hoy, un cadáver. De ahí que sea imposible reanimar la democracia. Sin Estado nacional, sin saber qué debe hacerse desde el Estado en una nación, la democracia no es plausible.

Todo está arruinado en manos de unos descerebrados políticos que sólo piensan en su poder territorial. Sobre esta ruina se levanta el débil tejido político de la España "confederal" o como se llame. Las 17 taifas son la filfa de la democracia. La región de Cataluña está a la "vanguardia" de todas nuestras miserias. De ahí que, en esta circunstancia trágica y miserable para la democracia española, me cueste comprender a estos columnistas que alaban, como si fuera palabra divina, la vacuidad: "La patria es un concepto venenoso". ¿A qué patria se refieren? Sin duda alguna, a la española no creo que le afecte el insulto, pues que, lejos de ser mala y perversa, sólo sirve para que todos los "hijos de puta" de España escupan sus venenos.

¡Ay, amigos, cuánta distancia hay entre la ex España de Sánchez Ferlosio y sus seguidores por un lado, y la España de Galdós y de otros tantos millones de demócratas por otro! Mientras que la primera está dominada por el resentimiento de un pobre "cosmopolita" incapaz de hacerse cargo, o sea, merecedor, de su pasado, los segundos luchan por comprender y actualizar al gran Galdós cuando escribió: "Cercano al sepulcro, y considerándome el más inútil de los hombres, ¡aún haces brotar lágrimas de mis ojos, amor santo de la patria!".

La patria de los tontos, sin embargo, jamás entenderá a Galdós. Es una "patria" de antipatriotas. Sólo cultivan la patria chica. Es un gentío, o sea, lo contrario de la nación y la patria, sin otra "moral" que no sea la derivada de ganar votaciones. Una regla aritmética sencilla, la suma, ha terminado fácilmente con eso que llama "el pensador" Sánchez Ferlosio "patria". Zapatero y Sánchez Ferlosio, sí, están unidos por su "odio" común a la patria. Curioso. ¿O acaso no dijo Zapatero, el político que le ha concedido el premio a Sánchez Ferlosio, el hijo del escritor falangista Sánchez Maza, que la nación española era un concepto discutido y discutible?

La memoria, semilla y garantía de libertad
La ciudadanía no sólo debe condenar las acciones terroristas, también tiene que desenmascarar a quien las razona desde una ideología totalitaria
EDITORIAL El Correo 30 Noviembre 2009

El III Acto Institucional de Homenaje y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo cerró ayer en Vitoria su recorrido trienal por las capitales vascas, aportando dos novedades que denotan el grado de normalidad que ha alcanzado este tipo de actos en nuestro país: la asistencia de todas las asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA sin excepción y la presencia de familiares de personas asesinadas por otras bandas terroristas. Las dos novedades tienen un fuerte valor simbólico. Apuntan a la superación, esperamos que definitiva, de los 'años de plomo' que se vivieron en este país y que destacaron por dos características a cual más infame: el olvido general -cuando no el menosprecio-, de las víctimas del terrorismo y el empleo de instrumentos ilegales para combatirlo. El lehendakari quiso situarse ayer en lo que él mismo denominó «el ocaso sucio y borroso del terrorismo».

Desde esa perspectiva, que creemos y, sobre todo, deseamos que sea acertada, insistió en dos ideas que juzgamos fundamentales tanto para esta etapa terminal del terrorismo como para la que se iniciará cuando haya acabado. Se trata de las ideas de deslegitimación y de memoria. En aplicación de la primera, la ciudadanía vasca está llamada a ir a la raíz del problema, no sólo condenando las acciones criminales del terrorismo, sino desenmascarando también y rechazando la ideología totalitaria que lo impulsa y mantiene. Si así lo hace, el final del terrorismo sin duda se precipitará. La memoria de las víctimas y del mal causado nos servirá, por su parte, para construir un relato de lo sucedido en nuestro país en el que no se tergiversen las responsabilidades que cada cual ha contraído y no se confundan las víctimas y los victimarios. Así, la memoria de las víctimas no sólo será, como acertadamente dijo el lehendakari, «semilla de la libertad futura», sino también garantía de que el mal hasta ahora causado no volverá a repetirse jamás.

Estatut
Rajoy con barretina
Emilio Campmany Libertad Digital 30 Noviembre 2009

¡Qué poco dura la alegría en la casa del liberal-conservador! Pareció, aunque quizá fuera un sueño, que el PP volvía de su convención en Barcelona decidido a hacer oposición. Tan difusa, confusa y profusa es la política del Gobierno que hasta pesos medios como Soraya Sáinz de Santamaría pusieron contra las cuerdas a pesos pesados como De la Vega en el ring del Alakrana. ¡Qué digo pesos medios! Hasta un peso gallo como Floriano acorraló al super-pesado Rubalcaba. Fueron unos días vividos en nebulosa, en los que las imágenes nos llegaron como filtradas, deformadas, envueltas en irreales brumas.

Pero, ay amigo, llegó el editorial de los doce y el sueño se desvaneció. Durante unas horas, algunos líderes del PP salieron en defensa de la Constitución y del Tribunal encargado de velar por que se cumpla. Cuando Rajoy se puso de perfil, según la acertada expresión de El País, y dijo aquello de que no tenía nada que decir, todos los barandas del partido se dieron cuenta de qué había que contestar si algún periodista preguntaba sobre las presiones al Tribunal Constitucional: nada.

Al parecer, el oráculo Arriola tiene el asunto muy estudiado. Para ganar las elecciones generales, hay que mejorar sustancialmente los resultados en Cataluña. Y en Cataluña, es imposible que el PP mejore sus resultados mientras siga atacando al nacionalismo y a su estatuto.

Quizá Arriola tenga razón. Quizá sea cierto que el PP jamás podrá ganar las elecciones generales sin hacerse nacionalista catalán, como ha hecho el PSOE. Quizá sea una verdad como un templo que Cataluña es independentista y, mientras forme parte de España y hasta que sus políticos crean llegado el momento de separarse, la única forma de alcanzar el Gobierno en España sea fingiéndose amigo de ellos. Pero si todo esto es el evangelio de la política española, ¿qué hace Rajoy que no retira el recurso contra el estatuto de Cataluña?

El País, al recoger la opinión de un líder popular anónimo (me pega que Lasalle), dice que en el PP reconocen que hoy sería impensable que iniciaran una campaña de recogida de firmas contra el estatuto como hicieron hace tres años. Y tanto que es impensable. Este PP jamás haría tal cosa. Pero, entonces, repito ¿por qué no retiran el recurso? En este absurdo sistema nuestro, en el que el Tribunal Constitucional no puede actuar de oficio para que se vea bien a las claras que está al servicio de los políticos, bastaría que el PP desistiera para que el estatuto fuera constitucional, por arte de birlibirloque, como la rana se convierte en príncipe gracias al beso de la princesa. Si tanto necesitan caerles bien a los nacionalistas catalanes, ¿por qué no se deciden a darles lo que quieren? Al menos sabrían a qué atenerse quienes les votan en Cataluña y en el resto de España.

Cada vez se nota más en España una mayor ausencia de bemoles. El presidente de Gobierno y la ministra de Defensa no se atreven a ordenar disparar contra los piratas que apresan nuestros barcos. Los nacionalistas catalanes no se atreven a reclamar la independencia, por más que no paran de amenazar con hacerlo. Y los del PP no se atreven a defender la Constitución como se merece ni a terminar de abandonarla a su suerte como han empezado a hacer. Entre incompetentes, indeseables e indecisos acabarán con la nación.

EL 'SECTOR DURO', EN MINORíA SEGúN SU 'CENSO'
ETA entra en crisis cuando el Gobierno se muestra firme
IMPRESIONES El Mundo  30 Noviembre 2009

UNA PRUEBA más de la decadencia de ETA es que el propio recuento que ha elaborado la dirección de la banda para saber cuántos de sus miembros siguen siendo partidarios de continuar matando reduce la lista a sólo 191. Son pocos, muy pocos si se tiene en cuenta que en ese grupo hay que incluir, además de a los miembros de los comandos, a los etarras huidos que residen en Sudamérica desde hace años y a los integrantes de las distintas organizaciones de la izquierda abertzale. Estos datos demuestran no sólo que la banda terrorista está dividida, sino que los partidarios de la línea dura han quedado en franca minoría respecto de quienes optan por apostar por la vía política. Aunque es cierto que el Estado de Derecho poco puede esperar de estas pugnas internas -por la propia naturaleza violenta de la organización, siempre llevan las de ganar los más radicales- es esperanzador ver que ETA ha entrado en crisis a partir de que el Gobierno ha descartado cualquier negociación y ha empezado a ser consciente de que con la violencia no conseguirá sus objetivos. Es una lección que conviene no olvidar.

 

Las reglas del juego
Enrique LÓPEZ La Razón 30 Noviembre 2009

Era previsible que cuando llegara el momento final de la resolución de los recursos planteados contra el Estatuto de Cataluña (presentados por el Defensor del Pueblo, Partido Popular y otras comunidades autónomas)–no se olvide–, las campañas contra el Tribunal se intensificarían. Lo grave de las mismas no es que se ponga en algún aprieto al Tribunal Constitucional o a sus miembros, puesto que todos ello gozan de una independencia que los hace inmunes a declaraciones, editoriales, insultos, etc.; lo grave es cómo se cuestionan las reglas del juego, como se deslegitiman a los órganos y los procedimientos, y todo ello para evitar una decisión que no gusta, o si a la postre se produce, para justificar el no acatamiento de la misma.

Es curioso cómo se repite la historia: cuando el Tribunal de Garantías de la Republica, se enfrentó en 1933 al recurso contra la Ley de Cultivos aprobada en Cataluña, declarándola a la postre inconstitucional, se produjo un debate igual al presente, con políticos que decían abiertamente que no acatarían la sentencia, y que la Ley se cumpliría al margen de lo que dictaminara el Tribunal de Garantías; ya se sabe lo mal que acabó aquella historia. Pero lo grave, insisto, no es el ataque al Tribunal, que lo es, sino cómo algunos están dispuestos a saltarse las reglas del juego, a no asumirlas cuando el resultado no es de su agrado. Para estos, los procedimientos legales son medios que sólo se utilizan cuando conducen a un fin preestablecido, en caso contrario, se debe prescindir de los mismos. Los que así piensan están haciendo un gran daño a la democracia, poniendo en juego los valores de justicia e igualdad sobre los que se asienta, y el principio de legalidad que garantiza la sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Una democracia en la que se prescinde de las reglas de juego, es una democracia enferma y condenada al fracaso, y si se permiten las vías de hecho superen a la legalidad, se estará justificando que esto se repita por cualquiera y en cualquier otra ocasión, y por desgracia en España ya sabemos cómo se puede acabar. Hay que tener cuidado cuando se es responsable político con las expresiones que se utilizan, y así cuando se dice que se defenderá la constitucionalidad del Estatuto hasta sus últimas consecuencias, hay que ser consciente de lo que se ha querido decir; la constitucionalidad se defiende ante el Tribunal y aquí no hay nada que objetar, es legítimo defender esto, pero no lo es menos defender lo contrario.

Ni unos son enemigos de España y su Constitución, ni los otros de Cataluña y su Estatuto, intentar enmarcar en estos términos las legítimas posiciones ante el Estatuto es un truco muy ramplón y evidente. Ahora bien, «Primero la Constitución, luego lo demás, incluidos Estatutos». La cuestión es si con frases como ésta se está queriendo decir que se irá más lejos, y al margen de lo que se decida, se utilizarán otros mecanismos no previstos en nuestra democracia; si es así además de grave y serio, es peligroso. Los que tienen responsabilidades políticas las deben ejercer precisamente con responsabilidad.

De ayer a hoy
J
osé María MARCO La Razón 30 Noviembre 2009

La Segunda República significó para Azaña el advenimiento de las luces y la vida moderna a nuestra pobre y atrasada España… hasta que comprendió que su soñada República había metido a España en un túnel de intolerancia, fanatismo y brutalidad nunca imaginado durante la Monarquía. Durante un tiempo, Azaña fue el amigo de Cataluña, hasta que cayó en la cuenta de cuál es la naturaleza del nacionalismo catalán y dedicó a sus representantes algunas críticas que siguen escociendo a estos peculiares especímenes de la casta, ya muy peculiar de por sí, del animal político español. De la reflexión sobre Azaña se pueden sacar muchas lecciones, algunas muy valiosas, sobre la nación española y su configuración política. Hay quien se atranca en su sectarismo primitivo, como Santos Juliá, y hay quien se interesa, sin identificarse necesariamente con ello, por lo que en Azaña hay de crítica más o menos velada a las propias posiciones. En otros tiempos Manuel Aragón fue de estos últimos, y uno de los mejores.

Hoy es magistrado del Tribunal Constitucional y ha acabado siendo uno de los dos jueces sobre los que se están ejerciendo las presiones que todos conocemos para que den su visto bueno al Estatuto de Cataluña. Ni qué decir tiene que el Gobierno actúa, siguiendo su línea, como un lobby más, sin intentar siquiera salvar las apariencias y proteger a los miembros del Constitucional, y en particular a Manuel Aragón, a quien él nombró, de esas presiones. Todo es bueno para conseguir los fines que uno se ha propuesto, incluido el descrédito de las instituciones. Como Manuel Aragón es hombre sensato y sensible, es posible que encuentre en el recuerdo de las atrocidades que Azaña escribió sobre el régimen que él mismo simbolizaba, materia de reflexión para estos momentos, que no deben de ser fáciles. Algo más de entereza que la demostrada por el primer don Manuel sí que le deseamos, sea cual sea su decisión.



PPC
"Habría que matarlos a todos"
José García Domínguez Libertad Digital 30 Noviembre 2009

El "creciente hartazgo" del que nos alertaba en ecuménico editorial ese Sánchez Mazas del catalanismo que responde por Enric Juliana, acaba de experimentar su plasmación empírica en la figura de un ilustre representante del sector porcino gerundense. Así, cierto Ramon Bagó ha depuesto lo que sigue ante un auditorio tan necesitado de asistencia veterinaria como el propio orador: "Tenemos al enemigo dentro de casa. Cómo podemos aguantar a estos del PP, cuando nos han pisoteado... habría que matarlos a todos".

Por lo demás, siendo un pobre hombre, no parece un hombre pobre, el tal Bagó. Presidente del principal consorcio turístico y hotelero de Cataluña, el Grupo Serhs; director general de Turismo de la Generalidad con Pujol; presidente del Salón Internacional del Turismo con Montilla; alcalde convergente de Calella con los votos de un par de tontos del Partido Popular; Cruz de San Jordi con Fèlix Millet, las atocinadas carnes del inductor Bagó representan el paradigma ético y estético de la célebre sociedad civil catalana. Huelga decir, en fin, que la respuesta de los populares ante su amenaza directa de asesinato ha resultado tan fulminante como implacable.

Durísimo, Jordi Cornet, secretario general del PPC, acaba de advertir que emitirán un comunicado de protesta si Bagó no enmienda esas palabras en la forma y plazo que él mismo considera oportunos. Más contundente aún si cabe, Alicia Sánchez Camacho se ha apresurado a manifestar, contra toda evidencia por cierto, que "no se pueden hacer estos atentados a la dignidad de un partido democrático". Tajante réplica que ha querido reforzar, sentenciando, drástica: "Parece que las bromas [sic] tienen que ir siempre contra el PP". ¿Querellas? No, gracias. ¿La Fiscalía? Ni está ni se la espera. ¿La prensa? Ni caso, de tan ocupada como anda en amenazar a su vez los jueces.

Así las cosas, repare por un instante el lector en el desgarro, en la ofensa infinita que, sin saberlo, causa a ese pobre desgraciado cada vez que adquiere cualquier producto del Grupo Serhs tomándolo por español. Y piense en cómo un pequeño esfuerzo, un simple testimonio de solidaridad, de reconocimiento a la sensibilidad criminal de ese Bagó, podría aliviar el inmenso daño que le venimos causando entre todos, al comprar sus mercancías. Medítese en ello. Es de justicia.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

A las barricadas, catalanistas
Luis de Velasco Estrella Digital 30 Noviembre 2009

La nueva ofensiva catalanista (léase "nacionalista") contra la largamente esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán la reabrió el propio Montilla el pasado domingo 22 con una serie de advertencias en caso de que esa decisión no gustase a los políticos catalanes. Esos mismos políticos que están, desde hace mucho tiempo, agitando el panorama, incluso con amenazas. Una especie de "estrategia de la tensión" aldeana, porque aldeanos son estos protagonistas.

Echemos la vista atrás, algo siempre instructivo. Cuando se inició la tramitación de este nuevo Estatuto, una encuesta oficial revelaba que el tema interesaba sólo al tres por ciento de la población catalana. Lógico, la gente tiene otras cosas de que preocuparse como para dedicar su tiempo a cosas de políticos, cada vez más desacreditados. En el referéndum, lo aprueba sólo poco más de un tercio del censo, más de veinticinco puntos por debajo de la aprobación de la Constitución española. Es mentira decir, como afirman algunos políticos catalanes, que ese Estatuto lo aprueba el setenta por ciento de los catalanes. Cuando la campaña de "agitprop" a cargo de los políticos catalanes con el reconvertido Montilla a la cabeza aumenta, crece el interés de los catalanes por el asunto. También lógico. ¿A quién no le interesa una batalla contra Madrit, paradigma del mal y causa de todas nuestras desgracias desde Felipe V?

Estos últimos días, el tumulto ha crecido y el fin de fiesta, de momento, resulta ser esa curiosa declaración de todos los periódicos catalanes, bajo el muy digno título de "La dignidad de Catalunya", nada menos. Tras este banderín de enganche viene eso que algunos llaman de manera pomposa y malintencionada la "sociedad civil". Ese grupo incluye desde patronales y sindicatos hasta colegios profesionales, Cámaras de Comercio pasando por alguna institución cultural y un club de fútbol que es mes que un club. Punto. Ahí acaba esa llamada "sociedad civil". Cierto que son gente importante y poderosa y cierto que el impulso, el compromiso de la sociedad, de la población en nuestro país es ridículo. Pero ¿sólo eso es la "sociedad civil"? ¿O son algunos dirigentes? Por ejemplo, las Cámaras de Comercio, cuya afiliación en toda España es obligatoria y se financian con impuestos, ¿han hecho una mínima encuesta para saber qué opinan sus obligados afiliados? Frente a esa dirigencia, un diario, eso sí, de Madrid, informa que, en escasas horas, las adhesiones en Facebook alcanzaban la cifra de cuatro mil. Estratosférica cifra si recordamos que la población de Cataluña es de cerca de siete millones. Falta pues mucha sociedad civil, la de verdad.

Todas estas manifestaciones y adhesiones inquebrantables en nombre de un pueblo que en su mayoría mira asombrado o ausente lo que pasa, tienen un denominador común que hay que atreverse a desenmascarar. Es el del apoyo al Gobierno catalán de turno, a éste o al que sea, por una razón fácil de entender: relaciones de clientela cimentadas en años de presupuestos crecientes y cotos cerrados. Los manifestantes y adherentes, unidos por la obtención de favores, ayudas, contratos, subvenciones, más contratos, palmaditas, etc., procedentes del Gobierno catalán de turno, saben perfectamente dónde reside el poder: en el Estado autonómico y no en ese "Estado residual" central como lo definió, acertadamente, Maragall. Tan sencillo como eso. El manoseado seny se impone otra vez. En último término, se trata de no enfrentarse con el poder. Es comprensible.

Lo que puede ser menos comprensible es la actuación de algunos políticos, concretamente los, en su origen y hasta su conversión al credo, no nacionalistas, con el PSC-PSOE a la cabeza. Pero es fácilmente entendible y se explica con dos palabras: burdo oportunismo. Hay que mantener el bien remunerado puesto de trabajo, el propio, como sea. Así, al frente de la manifestación catalanista haciendo méritos aparece Montilla (con su ridículo catalán, según allí dicen). Montilla nos ha hecho añorar a Pujol (que es más honrado políticamente porque él sí se cree eso de fer país y demás historias) y al pionero en esas lides, Maragall. Ese burdo oportunismo que comparten el resto de los políticos catalanes con Mas a la cabeza, les lleva a olvidar que, en democracia, las leyes están por encima de las personas y que, a pesar de sus enormes limitaciones y lacras, el Tribunal Constitucional es la instancia constitucional para decidir. Es un tribunal enormemente desacreditado pero, como decían los norteamericanos del primer Somoza, "es el nuestro". Hay que respetarlo aunque ellos no se respeten.

Pero no olvidemos al principal actor y causante de este enorme desaguisado que, termine como termine, terminará mal. No es otro que el Sr. Zapatero, el mismo que abrió, sin necesidad ni demanda social alguna, el melón estatutario y que dijo aquello de "Pasqual, aprobaremos lo que venga de Cataluña". El mismo personaje que ahora, en plena ofensiva nacionalista, mira para otro lado, dice que "es interesante" y sonríe. Irresponsabilidad sideral, histórica, como narrará la historia de estos años, cuando se escriba.

Discurso de gobierno
Mariano Rajoy reclama en LA RAZÓN que se respete el fallo del TC sobre el Estatut
Editorial La Razón 30 Noviembre 2009

Las encuestas de intención de voto constatan desde hace tiempo una tendencia pronunciada que sitúa al Partido Popular como la opción favorita para una mayoría de españoles. Mientras el Gobierno recoge los frutos amargos de su gestión incompetente en forma de pérdida de crédito y confianza a un ritmo acelerado, el principal partido de la oposición ha abierto una brecha importante y ha progresado sustancialmente en la consideración de una parte decisiva del electorado. El liderazgo de Mariano Rajoy ha sido clave en el crecimiento consolidado de un partido que ha pasado sus dificultades o sus turbulencias, en expresión de la dirección nacional del PP. Rajoy, con mano firme, pero con ánimo templado, sin atender a las presiones y en un ejercicio de absoluta independencia, supo encauzar convenientemente los puntuales desarreglos en la organización. La Convención Nacional de Barcelona supuso un extraordinario impulso a un proyecto de alternativa de gobierno, y en ella se puso un especial énfasis en la propuesta programática y en la idea de ofrecer a la sociedad española un PP «nacional, unido y limpio». Rajoy entendió adecuadamente lo que los ciudadanos estaban demandando del partido que aspira a dirigir los destinos del país. Nada debía distraer esfuerzos ni la atención de lo realmente prioritario, los problemas de la gente. En este sentido, el presidente del PP supo dar el golpe en la mesa en el instante adecuado para que se comprendiera que los intereses personales no cuentan cuando está en juego el bien común.

Ese bien colectivo pasa hoy por distintos frentes ante los que el Gobierno está haciendo aguas. Desde la recesión económica a la defensa del derecho a la vida, pasando por la crisis política en Cataluña a cuenta del recurso de inconstitucionalidad sobre el Estatut, entre otros. Para todos ellos, Mariano Rajoy ofrece hoy en LA RAZÓN un planteamiento que nos parece ajustado y conveniente. Piensa Rajoy, como hemos defendido también editorialmente, que «la única salida al lío» del Estatut «es el respeto a las reglas de juego y a lo que digan los tribunales». Y apunta además un dato clave: «Los nacionalistas apoyaron en su día la existencia del Tribunal, sus funciones y su forma de elegirlo. Tú no puedes apoyar unas reglas y luego decir que ya no valen porque en un momento dado no te benefician».

Sobran las palabras. Anuncia también que el PP recurrirá al TC la ley de plazos del aborto, además de que perseverará en la «protección de la maternidad». Ambos pronunciamientos nos parecen necesarios, porque están cargados de razones jurídicas, políticas y sociales. En cuanto a la economía, las propuestas de Mariano Rajoy difieren radicalmente de las políticas del Gobierno, porque pasan por la austeridad, el control del déficit y de la deuda y las reformas estructurales, «sobre todo en el mercado laboral». En fin, todo aquello a lo que el Ejecutivo socialista ha renunciado con el resultado conocido, porque, como asegura el presidente del PP, «Zapatero debería haber aprendido que con márketing y propaganda no se sale de la crisis». Y que, por supuesto, no hay milagros.

Rajoy ofrece un discurso sólido y solvente y, lo que es más importante, con respuestas claras frente a las dificultades que padecen los ciudadanos. Como certifican los sondeos, ha moldeado una apuesta en la que millones de españoles confían, y lo ha hecho desde la independencia de criterio, sin dejarse llevar por oportunismos ni coyunturas. Bajo su liderazgo incontestable, el PP aparece unido y como una alternativa a un Gobierno desgastado.

La indigna apelación a la dignidad
Vicente A. C. M. Periodista Digital 30 Noviembre 2009

Como siempre que se hace un mal uso y abuso de una palabra, esta llega a perder su significado real para pasar a engrosar la lista de términos “discutidos y discutibles”. Y si no que se lo pregunten al presidente del Gobierno, el Sr. Zapatero. Esa palabra es “dignidad”. Si vamos a su definición por la R.A.E. indica que es la cualidad de digno, así como la gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse. Pues a lo que parece, existen demasiados dirigentes desde el Sr. Zapatero, su Gobierno y por supuesto la mayoría de dirigentes catalanes que han perdido esa dignidad y se dedican a lanzar sus envenenadas acusaciones a todo aquél que se opone al actual texto del Estatuto de Cataluña.

¿Y qué pasa con la dignidad de los españoles?¿En donde quedará la dignidad de unos jueces que sentencien bajo presiones políticas de una determinada forma, a sabiendas de incumplir su juramento de defender la Constitución? Desde luego no existe ninguna dignidad en el panfleto incendiario que editaron los doce periódicos catalanes ni la radiodifusión del mismo por varias emisoras de esa Comunidad. Desde luego que no existe dignidad alguna en querer aparentar una lealtad institucional y constitucional, cuando los hechos y la leyes derivadas de ese Estatuto violan derechos fundamentales de los ciudadanos como es el de usar y educarse en la lengua oficial de España.

Lo que carece de dignidad es querer aprovecharse de las instituciones democráticas para imponer un sistema totalitario y exduyente. Esa dignidad la perdieron los parlamentarios de aquellas formaciones políticas como el PSOE, IU y todas las fuerzas nacionalistas que aprobaron el Estatuto de Cataluña como pago a un apoyo político para mantener en el poder al Sr. Zapatero. Fue el mismo Sr. Zapatero el que en un acto de indignidad absoluta prometió al Sr. Maragall en un mitin refiriéndose al Estatuto que “Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña”. Y así fue y en esas estamos desde hace más de tres años.

Ha sido el Sr. Zapatero el que en un nuevo acto de presión inadmisible al TC ha dicho que “espera del Constitucional una gran sentencia”. Yo no sé si la sentencia será grande en el sentido literal, aunque creo que sí pues el Estatuto está recurrido en innumerables artículos, empezando por el preámbulo. Lo que sí que espero es que sea una sentencia justa y no sujeta a influencias sectarias. Ya sé que eso es pedir un imposible dada la propia estructura del TC y el papel desastroso y de descrédito que ha adquirido por sus actuaciones y enfrentamientos internos por el dominio de la Institución.

Desde luego sería un acto de dignidad de los jueces que componen el actual TC el que dicten de una vez sentencia y a continuación presenten todos su dimisión y se renueve esa Institución. Eso sí que el nuevo TC deje de ser corrompido por las manos de los partidos políticos y sus componentes sean promovidos desde la propia judicatura, basándose en currículos profesionales y no en afinidades políticas o de cualquier tipo. Sería entonces poco cuestionables las sentencias que emitieran Sus Señorías, cosa que ahora es imposible de decir.

Lo lamentable es que, en un asunto de vital importancia para la Gestión del Estado y para la propia supervivencia de España como Nación, estemos ante la inseguridad de que se dicte una sentencia justa y acorde al espíritu y letra de la Constitución. Es evidente que mantener este retraso injustificado solo favorece la especulación y el que se radicalicen las posturas y los enfrentamientos, dudándose incluso de la competencia y legitimidad del TC para emitir una sentencia. El caso es que sea cual sea habrá consecuencias, porque lo de acatar no es lo mismo que asumir y la Justicia no acaba en el TC.

El gondolero
CARTA DEL DIRECTOR, PEDRO J. RAMIREZ El Mundo 30 Noviembre 2009

La alfombra roja con la que el PSOE se rindió homenaje a sí mismo el pasado fin de semana me recordó enseguida el terciopelo del mismo color de la cubierta de la góndola Bucintoro sobre la que el Dogo de Venecia reunía a todos los notables de su ciudad-Estado con tanto más lujo y ostentación cuanto mayor fuera la crisis de la Serenísima República. El razonamiento era muy similar al que impulsaría a Calonne, uno de los últimos ministros de Hacienda de Luis XVI, a descartar cualquier recorte en el gasto que mermara el boato de Versalles o a los hermanos Marx en el Oeste a mostrar todo su alborozo mientras iban convirtiendo en astillas los vagones del tren para alimentar la caldera de la locomotora. Es la regla de oro de toda huida hacia delante: cuanto peor te vayan las cosas, más imprescindible es aparentar que te van bien ante tus amigos, enemigos o prestamistas.

Hay que reconocer que en este caso estamos ante un grupo humano muy necesitado de inyecciones de autoestima. Basta repasar las fotos del desfile ministerial por la pasarela para comprender que vistos uno por uno, y no digamos nada como grupo, se trata de un Gobierno en serias dificultades al que no hay remodelación que lo reanime.

De la Vega lleva encima los errores en la gestión de la crisis del Alakrana -tanto echarse el Estado a las espaldas alguna vez tenía que dar un traspié- y la sentencia que certifica que metió la pata querellándose contra González Pons por el bien poco relevante asunto de su empadronamiento en Valencia. Mucho peor es lo de Chaves, pues si toda España sabía que favoreció a la empresa que contrató a su hija, saltándose la Ley de Incompatibilidades, ahora también sabe ya que mintió en el Parlamento; y si esta expresión no le parece justa, que emprenda acciones legales contra el apoderado de Matsa, pues es él quien le ha dejado en evidencia. En cuanto a la pobre, aunque batalladora, Elena Salgado, he ahí la imagen andante de la impotencia: cualquiera diría que cada día que pasa va encogiendo más y más para dejar todo lo patente que sea posible lo grandes que le van el ropaje y la enjundia de su cargo.

Y si esto ocurre con los vicepresidentes, pasar revista a los ministros equivale a visitar una planta de quemados y otra de traumatismos varios con algunas incrustaciones de personajes en busca de autor. Aunque Rubalcaba sigue siendo una figura fuera de toda clasificación, su buena labor en la lucha contra ETA queda seriamente empañada por el escándalo del Faisán y no son de recibo sus malos modos cuando la oposición plantea algo tan lógico como la regulación del Gran Hermano que anida en el sistema Sitel. Tanto Moratinos -obligado a replegar velas tras el nulo eco de su amago de candidatura europea-, como la generala Chacón, como el ministro de Justicia han quedado salpicados por las distintas chapuzas conectadas con el Alakrana y van desdibujándose en sus pretendidos perfiles de avezado estadista, futura presidenciable y revelación de la temporada. En mejor condición permanecen José Blanco, Trinidad Jiménez y Miguel Sebastián, y los demás carecen de peso político, aunque Bibiana Aído se lleve la palma -y no lo digo sólo por la Ley del Aborto- en el arte de crear nuevos problemas sin resolver ninguno de los existentes.

Pero la clave no está en la tripulación, sino en el gondolero. Muy apurado ha debido de sentirse Zapatero para tener que recurrir a la exposición ornamental de lo que va quedando de Felipe González, justo en el momento en que se hacía patente que el GAL y otros desmanes le habían privado de toda opción de presidir la UE. Cualquiera que haya oído al ex presidente hablar en privado de su sucesor podrá sentirse escandalizado ante la impostura de ese cierre de filas, pero así funcionan los partidos y en el PP ocurrirá lo mismo el día que Rajoy necesite el refuerzo retrospectivo de Aznar.

Aparquemos, pues, hasta otro día las lamentaciones sobre la esclerosis partitocrática que bloquea toda genuina regeneración de nuestra vida pública y centrémonos, como digo, en el capitán de la galera. Isaiah Berlin comentaba, medio en serio, medio en broma, que él era «un taxi intelectual» porque «la gente me para, me pide un destino y allá vamos». Aunque el «zorro» que merodeaba por doquier terminó dando paso al «erizo» que se plantó en la defensa de «una única gran cosa» -la esencia de la libertad-, él se refería a su versatilidad para abordar los más distintos asuntos desde las más diversas perspectivas y no veía nada innoble en esa condición de pensador en alquiler. ¿Podemos absolver igualmente a Zapatero de su alborotada actividad como conductor de un taxi político, aéreo, marítimo o terrestre, al que hemos visto subir los más inquietantes pasajeros? Depende de a dónde termine llevándonos, pero el paisaje circundante cada vez pinta peor.

La pasada legislatura vimos cómo Arnaldo Otegi le mandó una carta, pidiéndole que pasara a recoger a unos amigos, que ya le dirían ellos a dónde tenía que llevarles. Y para allá que se fue, olvidándose de todo lo demás. Por poco lo desvalijan y lo pasan a cuchillo, pero es justo reconocer que supo zafarse a tiempo y que la mayoría de los que le tendieron la emboscada, a la que tan crédulamente acudió, están ya donde merecen.

Entre tanto el gondolero había subido a bordo a toda la troupe del nacionalismo catalán, a ratos juntos y a menudo simplemente revueltos, poniendo por delante que les llevaría a donde ellos le dijeran, incluso si eso suponía enfilar la nave del Estado hacia la más rugiente catarata. Y para allá que se fue, olvidándose de todo lo demás. Por eso se aprobó un Estatut que hace trizas la Constitución cuando nadie lo demandaba en la calle y sólo era necesario para que el PSC disfrazara su pacto de poder anti natura con los independentistas de ERC. Del Volem l'Estatut hemos pasado al Manifiesto de los Doce, protagonizado en gran medida por los mismos oligarcas cuyo estómago agradece lo que su propia inteligencia desdeña. Maragall fue el muñidor de aquel papel y el patético Montilla -último conde don Julián de nuestra larga Historia- ha sido el promotor de éste.

«¿Por qué no podrá el PSC defender los mismos valores y comportarse del mismo modo que los socialistas vascos?», me preguntaba no hace mucho el presidente de una comunidad autónoma gobernada por el PSOE. «Porque no le salen las cuentas», le contesté. Pero incluso el cínico oportunismo de fulanos que balbucean señas de identidad imaginarias debería tener sus límites cuando está en juego el modelo de convivencia. Y si no se los imponen sus propios escrúpulos, debería ser el gondolero quien lo hiciera: mira, Pepe, cuando se navega en esta barca, cuando se pertenece a la Ejecutiva Federal de este partido, hay cosas que no se pueden ni decir, ni hacer, ni consentir.

¿O es tolerable que con el sello de una Generalitat presidida por un dirigente del PSOE se difunda un panfleto con formato y trazas de pasaporte que comienza diciendo «Catalonia is a nation in the north east of the Iberian Peninsula» que limita con Francia y Andorra por el norte y con las comunidades autónomas de Aragón y Valencia -pobres territorios sin identidad y sin Historia a lo que parece- por el oeste y por el sur? ¡Y quienes no ponen la menor objeción a manifestaciones institucionales como ésa, a la extirpación del español del sistema educativo, a la coacción que se ejerce sobre los comerciantes o a aquel pacto del Tinell que trataba al PP como apestado tienen todavía la desfachatez de invocar el «espíritu de la Transición»!

Sólo Jordi Pujol, desmarcándose de la propia línea oficial del partido que fundó -Artur Mas va a lo suyo, a explotar las contradicciones de la farsa montillesca-, acaba de tener la lucidez de subrayar que «aun suponiendo que el Estatut pueda representar algún progreso en algún punto concreto, es dudoso que nos compense del desgaste tan grande que hemos tenido». Y ha puesto ejemplos concretos como la financiación o el traspaso de la red de Cercanías, sugiriendo certeramente que los catalanes habrían salido mucho más favorecidos si esos asuntos se hubieran negociado bajo el paraguas del anterior Estatut -el único que fue fruto de un consenso digno de tal nombre- y no bajo el foco de la fundada sospecha de una operación soberanista, desestabilizadora para el resto de España. Debe de ser que Pujol -quien también advierte que «durante el franquismo el prestigio de Cataluña era mayor que ahora»- es mucho menos catalanista que Montilla o que uno que se llama Zaragoza?

Pero estamos donde estamos. El próximo día 13 más de 160 municipios celebrarán un sucedáneo de referéndum independentista, las juventudes de ERC -siempre tan amables- distribuirán felicitaciones navideñas con una imagen del Rey ahorcado y en la web de Ràdio Catalunya puede leerse un artículo dirigido a los magistrados Guillermo Jiménez, Vicente Conde, Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata, Ramón Rodríguez Arribas y Manuel Aragón con un título inequívoco: «Excel.lentíssims Cabrons». Por lo menos el escriba del Manifiesto de los Doce ha tenido el detalle de llamarles sólo «irreductibles».

Aquí tiene, pues, Zapatero el resultado de su frivolidad. Dice, llamándose andana, que ha leído con «respeto» e «interés» el editorial conjunto de la prensa catalana, cuando en realidad es su verdadero instigador, pues no en vano sus ministros y él proclaman una y otra vez que el texto cuestionado ante el Tribunal es plenamente constitucional. Si el Gobierno de la nación insiste en ello, ¿cómo no atribuir motivaciones espurias y adjetivos degradantes a la media docena de magistrados que se niega a pasar del todo por el aro?

Las cosas han llegado, pues, a un punto en el que este asunto ya sólo puede acabar mal de una manera (con un fuerte chute de victimismo que aprovecharán los más radicales) o de la otra (con el acoquine de los magistrados y el desmantelamiento del Estado Constitucional del 78). Pero entre tanto aguarda de qué lado de la barca caerá el rayo, el gondolero ya tiene a nuevos pasajeros a bordo. Hace unos cuantos meses que los líderes sindicales le ofrecieron protección frente al oleaje del canal y los disturbios de la calle, explicándole que ellos le indicarían qué dirección debía tomar para encontrar la «salida social» a la crisis. Y para allá que se fue, olvidándose de todo lo demás. Ahora con el paro por encima de los cuatro millones -y creciendo- ha tenido que inventarse el mantra de la Economía Sostenible para seguir ganando tiempo, es decir perdiéndolo, hasta ver si la grúa de la coyuntura internacional le saca del dique seco en el que se ha quedado varado.

La crisis del Alakrana ha puesto de manifiesto que de nada sirve tener fragatas de combate para hacer frente a los piratas si quien debe apretar por control remoto hasta el gatillo de un simple rifle es el alegre gondolero o alguno de sus pinches. No anhelamos contar con un gran timonel, pero sí al menos con alguien que sepa fijar el rumbo y mantenerlo de forma coherente. Sobre todo porque cuando una nave queda a la deriva, las apariencias sólo se pueden salvar durante un rato. No en vano al final de la escapada la Bucintoro -despojada ya de toda su aurífera tramoya- pasó de gran góndola de Estado a infecta galera en la que Napoleón encerraba a sus prisioneros. Pero como el que no se consuela es porque no quiere, déjenme añadir que ya sólo quedan como máximo dos años, tres meses y unos pocos días para esas próximas elecciones generales en las que tendremos la oportunidad de echar por la borda al alegre gondolero.

pedroj.ramirez@elmundo.es

La mina enterrada
IGNACIO CAMACHO ABC 30 Noviembre 2009

POR una de esas paradojas de la política en las que a menudo colisionan los intereses con los principios, resulta probable que una de las personas a las que más conviene una sentencia interpretativa del Estatuto de Cataluña sea Mariano Rajoy, el responsable del principal de los recursos inaceptablemente demorados por el Tribunal Constitucional. Se entiende por sentencia interpretativa un fallo ambiguo, no pero sí, quizá pero ya veremos, que cuestione o enmiende los aspectos estatutarios más conflictivos sorteando el varapalo directo de una revocación derogatoria para evitar un colapso político y un embrollo jurídico de dimensiones apoteósicas, toda vez que la demora culpable del propio TC ha propiciado que el texto «cause estado» a través de su vigencia legal. Se trataría de una suerte de «castración química» que vendría a deflactar el potencial soberanista del Estatut sin alterar del todo el escenario derivado de su entrada en vigor. Un apaño para salvar la cara sin dejar vencedores unívocos ni vencidos claros.

Esa sentencia zigzagueante, politiquera y sinuosa supone una compleja obra de ingeniería jurídica en la que parece empeñada como mal menor -su tesis avalista ha quedado en minoría- la presidenta del Tribunal y principal responsable del bloqueo, consciente de que satisfaría numerosos intereses políticos que dependen de la esperada fumata blanca de los magistrados. Permitiría en primer lugar una salida acolchada para Zapatero y daría margen al statu quo catalán, pero también ofrecería al PP la posibilidad de mantener su actual estrategia de normalización en Cataluña, puesta en peligro por la radical reacción de una oligarquía político-social que amenaza con volver a los tiempos de las notarías y los cordones sanitarios. Resulta muy significativo el silencio de Rajoy ante el recrudecimiento preventivo y victimista de la polémica estatutaria; la cautela proviene de la conciencia de que una victoria judicial podría reabrir la enconada dialéctica de la legislatura anterior, pulverizar su expectativas de alianzas y arrastrarlo a una encerrona electoral en la que la salvaguarda de sus principios le dejase, derrota mediante, sin poder para aplicarlos.

Obviamente la culpa de esta incongruencia está en el retraso culpable del TC, cuya falta de acuerdo ha permitido la vigencia del Estatuto y la subsiguiente situación de hechos consumados. El PP estaba obligado a recurrir, contando con un fallo en tiempo y forma, en defensa de su concepto de la nación española; pero la incuria del manoseado y titubeante Tribunal y su injustificable atasco procesal han convertido los recursos -son siete, sólo uno del PP- en una mina explosiva enterrada bajo el inestable suelo de la política española. Una mina de efectos imprevisibles que ahora no encuentra artificieros capaces de desactivarla sin que les estalle en las manos.

Crisis constitucional
GABRIEL ALBIAC ABC 30 Noviembre 2009

POCA solución hay ya. La larga parálisis del Tribunal Constitucional ha desembocado en lo que era previsible: una crisis constitucional de hecho. El Estatuto de Cataluña era casi transparentemente incompatible con aspectos cruciales de la Constitución española. Un rápido esclarecimiento de esos puntos hubiera dado ocasión a corregir lo corregible y, si era preciso, volver a la casilla de partida. No se hizo. Tal vez porque la inercia se ha convertido en la única norma de funcionamiento de la política española y ha acabado por contaminar también a la última instancia de control de garantías. Era, a poco que se pensase en frío, un mal cálculo: la política aborrece el vacío, y el paréntesis -el largo paréntesis- generado por el Constitucional, ha ido siendo llenado por un despliegue institucional de las tesis del Estatuto, que buscaba fijar una situación materialmente irreversible. El doble golpe de la formación de un remedo catalán de Tribunal Constitucional propio y de un manifiesto de uniformidad editorial sin precedente en la prensa española, alza acta de que los últimos envites han sido hechos. Y la expresión del Presidente Montilla, llamando a ir hasta las últimas consecuencias para imponer su vigencia, es cualquier cosa menos retórica.

En sus fundamentos hay algo difícilmente conciliable: la Constitución española pone como sujeto constituyente al pueblo español; el Estatuto otorga esa potestad a la nación catalana. Uno de los dos textos tiene que ser reformado para que el otro exista. Y, dada la preeminencia de la Constitución sobre cualquier otra norma, no queda más que excluir la viabilidad del Estatuto catalán. Al menos, hasta que una sustancial reforma de la Constitución española haya sido llevada a cabo. Sólo entonces, si esa reforma hace desaparecer del texto al sujeto constituyente de la de 1978, la nación española, podrá pasarse a elaborar un Estatuto que otorgue función constituyente a una región concreta, la que sea, del país que se extingue. Sería, pienso yo, abrir una dinámica desastrosa. Pero legal, en todo caso. Porque toda Constitución que sea tal incluye una previsión precisa de los procedimientos mediante los cuales pueda, en su totalidad, ser modificada.

En la Constitución de 1978, esos procedimientos están muy claramente definidos en el Artículo 168, que establece las condiciones de reforma cuando lo que esté en juego sean aspectos axiales del texto:

«1.Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo II, Sección 1.a, del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2.Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3.Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación».

Es un procedimiento complejo, pero factible. Puede que haya llegado el momento de aplicarlo. Puede que este pobre país haya llegado a ese confín de su destino que Francesco Guicciardini describe como el drama mayor de un ciudadano: «Todas las ciudades, todos los estados, todos los reinos son mortales...

Pero un ciudadano que se halla ante el fin de su patria no debe dolerse tanto de la desgracia de ella cuanto de la suya propia: porque a la patria le ha sucedido lo que en cualquier caso debía sucederle, pero la desgracia es la de aquel al que le tocó nacer en el tiempo en que tal infortunio va a producirse».

La salida del PP
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 30 Noviembre 2009

En el clima político creado por doce periódicos catalanes al publicar el editorial titulado «La dignidad de Cataluña» ¿el Partido Popular habría podido celebrar, tal cual, la convención que hizo en Barcelona hace unos días? Es cierto que Mariano Rajoy, Camacho et alii no entraron en las cuestiones que siguen trabando a los miembros del TC hasta el punto de hacer imposible su acuerdo sobre el Estatut pero, aun así, el programa ý el tono habrían sido otro muy distintos.

Parece claro que es el PP el partido que sale más perjudicado de la galvanización de la opinión pública en torno al debate sobre la inconstitucionalidad del Estatut. Es verdad que en estos momentos cabe hablar de las dificultades que también puede tener Zapatero a causa de este más que maldito embrollo pero no podemos olvidar que los socialistas tienen una posición privilegiada al estar al frente del Gobierno central y del gobierno catalán. ¿Qué «cordón sanitario» habría podido aislar más al PP que el debate sobre el nuevo Estatuto catalán? Es verdad que ha sido Zapatero el responsable de esta situación pero justamente para hacérselo pagar al PP.

Llegados a este punto del proceso catalán, las actitudes evasivas con las que Rajoy trata de desvanecerse y pasar de largo no parecen ni las más aconsejables ni las más inteligentes. Entre otras cosas debería hacerse a la idea de que el PP está solo, si acaso con el apoyo de Rosa Diez, y que son vanas las esperanzas que trata de poner en CiU. Las aspiraciones al poder de Artur Mas no pasan por Madrid sino por el gobierno de la Generalidad y, por lo mismo, por reafirmar si es necesario ante notario su rechazo a cualquier entendimiento con el PP

En estas circunstancias la única salida del PP, digna y brillante (incluso electoralmente) sería la contraria a la que le recomiendan los Arriola, es decir, la propia de un partido verdaderamente nacional.

Sobredosis de convencimiento
Manuel Martín Ferrand Estrella Digital 30 Noviembre 2009

"Si la libertad significa algo,
es el derecho de decir a los demás
lo que no quieren oír"
(George Orwell)

Es posible que la fe pueda abrirnos las puertas del más allá; pero, en lo que respecta al más acá, las ideas incuestionables constituyen una rémora que lastra el progreso, adelgaza la libertad, fomenta el fanatismo y, en su versión partitocrática, acaba con la democracia representativa. Me refiero, naturalmente, a las ideologías cerradas -en lo político, en lo social y en lo territorial-, a las que se sienten en posesión de la verdad y niegan el pan y la sal a los diferentes e, incluso, a los distantes y sencillamente tibios en las pasiones bajo las que muchos tienden a agruparse, bien sea por convicción o interés.

Sospecho, queridos lectores, que buena parte de los males que nos afligen se sustentan en la sobredosis de convencimiento, de fe, que marca la conducta de quienes, en los distintos ámbitos de poder que nos afectan, dudan menos de lo que sería conveniente. Un exceso de certeza es, siempre, el origen de una calamidad. Tenemos un rico muestrario de ejemplos para ilustrar esa afirmación -¿demasiado cierta?- en cualquiera de los epígrafes de la actualidad en curso.

Nuestras crisis en curso son hijas de la certeza infundada. José Luis Rodríguez Zapateo, el líder que no duda, después de enzarzarnos a todos en un grosero regüeldo de los odios históricos, ha decidido, convencido de su sabiduría (!), elaborar la tortilla de la recuperación económica nacional sin romper los huevos de una drástica transformación laboral que nos sitúe en un plano competitivo con el resto de la UE. Pretende la multiplicación de los panes y los peces, pero sin haber nacido en Belén.

El último de los zarandeos a nuestra convivencia nacional, el editorial conjunto de los diarios catalanes, es otro caso de certeza -real o impostada, es lo mismo- nacionalista y berroqueña. Es el síntoma del gran fracaso de convivencia española y la ruptura de unos supuestos que, durante siglos, han animado la Nación española. Los nacionalismos, tanto más cuanto mayor es su componente identitario y territorial, han pasado a ser, para unos, una manera de vivir y, para otros, una referencia victimista que, frente al Estado, produzca efectos contrarios, separadores, a la intención integradora que animó a los redactores de la Constitución de 1978.

En un país en el que los líderes, prisioneros de sus certezas, no se permiten el lujo de la duda y la inmensa mayoría de los ciudadanos votan, sin mayores reflexiones, un símbolo partidista mejor que un programa o un proyecto, hay poca esperanza de futuro. Especialmente si se tiene en cuenta que un hiperdesarrollo administrativo ha esclerotizado la vida pública hasta convertirnos en meros contribuyentes.

Son muy pocas las cuestiones que se someten a revisión, incluso en el plano personal y la inercia de una gigantesca y gastosa máquina pública nos tiene secuestrados. Los dos grandes partidos nacionales no manejan proyectos de regeneración, sino que tratan de perpetuar el modelo vigente sin más aspiración hipotética que un turno de alternancias, y los demás, los pequeños partidos periféricos, todos fervorosos de su propio ombligo, tampoco manejan proyectos nacionales. Se limitan, en el mejor de los casos, al regocijo de lo próximo.

España es un lujo que no nos podemos permitir. Vamos perdiendo presencia y respeto internacionales y, aun así, nadie reacciona. Al hilo del Estatuto de Cataluña ha germinado una espiral, ya dibujada en otras peripecias anteriores, que puede dañar seriamente el futuro común; pero, cada cual en sus certezas, tampoco es mucha la reacción que ello genera. Es el marco para la desesperanza común que sólo puede aliviarse con un proyecto también común y de altos vuelos. Sin certezas, con voluntad y ambición cívicas. Con algo más que una política de campanario para feligreses partidarios.

P.S.: Con estas líneas me despido de los lectores de ESTRELLA DIGITAL. Durante una década, unas veces con más frecuencia y otras con menos, ha constituido para mí un privilegio colaborar en lo que ha sido una de las grandes tribunas de libertad en la prensa española y, además, un fenómeno pionero en la periodismo digital no derivado de las publicaciones de papel. Suspendo ahora mi presencia en este rincón de la red. Volveremos a encontrarnos en la esquina de cualquier periódico, diario o semanal, en el dial de una emisora de radio o en la sintonía de una de televisión. En internet, que es uno de los vectores del futuro. Con mi agradecimiento.

GABILONDO VE 'INDISPENSABLE' QUE SE ESTUDIE
Lo clave de enseñar una 'misma' Historia de España
IMPRESIONES El Mundo 30 Noviembre 2009

LA AFIRMACIÓN de Ángel Gabilondo de que es partidario de que en nuestro país se estudie «una misma Historia de España», así como que declare «indispensable» que se conozca «esta diversidad conjunta que se llama España», debería llevar a los partidos -al menos a los de ámbito nacional- a revisar si tales principios están siendo respetados y a actuar en consecuencia. Resulta descorazonador comprobar cómo la enseñanza de la Historia se está utilizando demasiadas veces en España no para cohesionar, sino para separar y enfrentar, convirtiendo además a los escolares en víctimas de posiciones ideológicas muy definidas. Coincidimos con Gabilondo en que es compatible que haya «un conocimiento en cada comunidad de su propia identidad» con mostrar lo que compartimos en conjunto. Pero son los nacionalistas los que no parecen dispuestos a admitirlo. El problema es que la mesura a la que apela el ministro en el Foro de EL MUNDO supone predicar en el desierto cuando no todos actúan con lealtad y no se quiere o no se puede forzar la voluntad de los gobiernos autonómicos.

Solo pretendemos que nuestros hijos aprendan el español, la lengua de nuestro país, algo que a los gallegos nos está resultando imposible.
Paco SandePeriodista Digital 30 Noviembre 2009

El Tribunal Supremo ha rechazado que los padres puedan elegir el idioma en que estudian sus hijos, como argumento al recurso interpuesto por el padre de un alumno del colegio Los Sauces de Vigo que exigía las clases íntegramente en castellano para su hijo. El juez considera que dar la posibilidad de que los padres escogiesen en todo el Estado la lengua en que quieren que sean instruidos sus hijos ‘conduciría a resultados absurdos, ya que todos podrían reivindicar así una instrucción impartida en cualquier lengua en cualquiera de los territorios’.

Este fallo del Tribunal Supremo rechaza de lleno las demandas de los padres que reivindican la elección de idioma en los centros de enseñanza, ya que en este caso habría que segregar a los alumnos de cada curso por lengua. Esta opción se tuvo en cuenta a la hora de elaborar el nuevo decreto que regulará el uso del gallego y castellano en la enseñanza. De hecho la plataforma Galicia Bilingüe exige del gobierno de la Xunta que cumpla con su promesa electoral en la que se aseguraba un ‘bilingüismo integrador basado en el conocimiento de ambas lenguas y el derecho de la libre opción lingüística’, sin embargo la sentencia echa por tierra esa promesa.

El artículo anterior me lo encontré hace unos días en un periódico digital y, como daban la opción de comentar la noticia, le escribí el siguiente comentario:
-No hace mucho un recién llegado a una aldea del municipio de Mazaricos, denuncio a un vecino, porque las vacas de este último le ensuciaban la “calle” delante de su puerta con sus excrementos.

Un juez dictamino que el denunciante tenia razón, y que el vecino denunciado debía, por todos los medios, evitar que sus vacas ensuciasen la calle delante de la puerta del denunciante.

El denunciado pregunto al juez: ¿si quería que le pusiese pañales a las vacas?

Aquí se puede ver con claridad meridiana la ignorancia de un juez, tal vez bien intencionado, que en su vida había vivido en Mazaricos, ni tenía la más remota idea de la forma de vida de esta aldea, donde es mas difícil no pisar mierda que pisarla.

En el caso de este otro juez que juzga que los padres gallegos no tenemos potestad para decidir la lengua en la que van a estudiar nuestro hijos, también, queda patente que, este juez, a lo mejor también bien intencionado, no tiene ni pajolera idea de por lo que estamos atravesando los gallegos, ni la dictadura nacionalista-galeguista a la que nos vemos sometidos.

A su vez, mi comentario, fue prontamente contestado por un tal Ricardo Arias, como sigue:

-Me resulta realmente asombroso el escuchar hablar de no sé qué dictadura nacionalista. Aquí en Galicia nadie tiene más problemas lingüísticos que los que él mismo se quiera inventar, sea desde posturas excluyentes nacionalistas, o sea desde el viejo auto-odio y auto-vergüenza por nuestra cultura que hoy representa Galicia Bilingüe. Resulta sintomático que se digan bilingües pero todas sus posturas vayan contra el gallego, y que hayan surgido hoy en día, no hace 30 o 40 años... supongo que el "bilingüismo" de entonces es el resultado pretendido.

En fin, lo de siempre: el mismo auto-odio por lo nuestro que llena de uralita nuestro paisaje rural, y que sigue avergonzándose de una lengua de paletos. Nada nuevo bajo el sol. Resulta algo cansino, eso sí, que se sigan llenando la boca de una imposición que sólo existe en sus cabezas.

Algunos ya estamos algo hartos tanto de un nacionalismo que no comprende que este país es como es y no una extraña patria que se inventan, como también de los viejos y clásicos reductos de la ignorancia vergonzante que suponen que los niños que aprenden gallego no sabrán hablar bien español.

Afortunadamente esta sentencia deja las cosas bien claras. Algunos opinantes, siempre más listos que nadie, creerán que varios magistrados del Supremo "no tienen ni pajolera idea". Claro que no. Él sí que sabe: de Derecho y de lo que se tercie. Léase la sentencia y se comprenderá que la esencia de la misma radica en salvar la seguridad jurídica, la claridad de una aplicación general de la norma legal, dejando al margen que a simple voluntad de los padres pueda ser base para una educación a la carta. En definitiva: se opta por la seguridad jurídica frente al hágase lo que a mí me da la gana.
Ricardo Arias

A ver don Ricardo.
La sentencia dice, más o menos, que los padres no podemos elegir la lengua en que estudian nuestros hijos, porque de dejar que tal cosa sucediese, podría darse tal situación en que un padre pudiese elegir que su hijo no estudiase esta o aquella materia, por ejemplo: ciencias o matemáticas.

Pero, no es tal. Los padres no tratamos de elegir, ni una educación a la carta, ni la lengua por capricho, ni por la voluntad de hacer lo que nos dé la gana, sino con el solo fin de que nuestros hijos, NUESTROS, ¿se entera don Ricardo? Puedan estudiar y aprender el idioma español, la lengua de nuestro país, NUESTRA LENGUA, algo que, a los padres gallegos, nos está resultando imposible.

Algo que no sucede en ninguna otra parte del mundo.
Pero, al parecer, a usted esto se la trae al pairo. Usted lo que desea es que todos los niños de Galicia estudien, POR IMPOSICION el gallego, porque eso es lo que a usted le gusta. Y como la sentencia salió de acuerdo con su idea de como debe ser en Galicia la educación, usted tan contento. ¿Que pasaría, me pregunto, si el juez hubiese fallado al contrario?

Más que seguro que sus protestas así como las protestas nacionalistas iban a poder oírse hasta en Australia.

Estoy de acuerdo con usted en que este “país” (¿aquí, al decir “país “supongo que se refiere usted a Galicia?, ¡faltaría mas!) es como es. Y es por eso don Ricardo, que algunos afeamos nuestro rural con uralita, porque este “país es como es. Por eso y porque muchos de nosotros no podemos techar nuestra vivienda con un tejado de teja de barro rojo, de esa tan bonita que están sacando ahora al mercado y no tenemos mas remedio que acudir a la vieja, contaminante y socorrida uralita. ¿Se entera usted don Ricardo?

Mire don Ricardo, lo bueno nos gusta a todo el mundo, y a todo el mundo nos gustaría una casa de cantería fina, con un soberbio tejado de teja roja, paneles solares y tal, así como también nos gustaría poder mandar a nuestros hijos a un colegio bilingüe o trilingüe, donde pudiesen estudiar, castellano, ingles y gallego, pero como la mayoría de nosotros no vamos a poder llegar a eso mas que en sueños, nos vamos a tener que contentar con la casa que podamos, con suerte, comprar, con tejado de uralita o lo que se tercie y mandar a nuestros hijos al grupo escolar de nuestro pueblo, donde esperábamos, por lo menos, que, además del gallego, les enseñasen, bien , el español, cosa con la que, al parecer, algunos de ustedes no están de acuerdo. 30 Noviembre 2009

Pienso también que, uno puede tener esta u otra idea, pero no puede pretender imponérsela a los demás. ¿No le parece don Ricardo?

Y en cuanto a eso de que algunos gallegos tenemos vergüenza de hablar en gallego, que nos avergonzamos de nuestras raíces y que si patatín, que si patatán. Mire usted don Ricardo, esa tonadilla, también a mi, ya me tiene un poco harto. El por qué, de que yo elija esta u otra lengua para la educación de mis hijos, no es cosa suya. Yo educo a mis hijos como me sale del “prefijo”, y ni me preocupa un pimiento lo que usted pueda pensar, ni en lo que usted haga o vaya a hacer con los suyos. Así que por favor, limítese usted a hacer lo mismo y no trate de pensar por mí. ¿Vale?

La recuperación de la lengua gallega?
Juan Julio Alfaya Periodista Digital 30 Noviembre 2009

La utilización política que subyace detrás de la Propuesta Institucional del Consello da Cultura Galega, publicado hace pocos días, es de extrema gravedad. Entre otras cosas afirma el Consello que el gallego es una lengua que los poderes públicos tienen la obligación de promocionar ya que está en "clara desventaja con respecto al castellano, resultado del maltrato que recibió en el pasado". Parece que el Consello estuviera hablando de violencia de género, sin tener en cuenta el maltrato que está recibiendo, no el español sino los niños que quieren estudiar en español, pero eso no cuenta. Que el "desafío" es la "recuperación del gallego como lengua que refuerce nuestra propia identidad".

La recuperación del gallego es algo deseable por todos y a lo que nadie se opone. El problema y la polémica se producen por el método utilizado para recuperar la lengua que es la imposición del gallego en el ámbito académico y cultural. Utilizar la formación académica de nuestros hijos con fines políticos en los que unos pocos –entre ellos todos los que viven del "quiosco lingüístico-nacionalista"– saldrán ampliamente beneficiados, no se corresponde con la puesta en práctica del respeto a los valores democráticos, ni de respeto a la libertad, ni a la tolerancia, ni a la tan olvidada Constitución Española, en clara contradicción con algunos puntos del Estatuto de Autonomía.

El Consello en su escrito llega a manipular los términos de la polémica afirmando que en el debate, "el gallego significa imposición y el castellano libertad", aludiendo después, sin venir a cuento, a la "historia remota y reciente de nuestro país".

Todo el mundo sabe –aunque no todos lo reconozcan– que el objetivo de los que reclamamos libertad no es, ni mucho menos, la imposición del español (o castellano, como gusta al nacionalismo) sino la libertad de elegir entre las dos lenguas oficiales de Galicia. Ahí es donde los integrantes del "quiosco lingüístico" protestan porque es muy probable que no todos opten por el gallego. Esto, evidentemente, preocupa porque "se va a perder el gallego" dicen, que en realidad, lo que quieren decir es: "Nos van a cerrar el chiringuito, si no tenemos clientela". Un miedo infundado por otra parte, porque supongo que alguno habrá que siga la ideología "da nosa identidade".

Promover la recuperación de una lengua es muy loable, pero con libertad. No se puede obligar a nadie por decreto a utilizar una lengua que no es la suya, más cuando la suya es tan legítima como la "propia do país".

Virginia R. Mateos
Vigo
http://www.farodevigo.es/cartas/2009/11/29/recuperacion-lengua-gallega/390771.html
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Gallegos Hispanohablantes
1) http://blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php
2) http://www.libertadengalicia.es/index.php/section-blog/39-gallegos-hispanohablantes


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Paradojas catalanas
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 30 Noviembre 2009

Lunes, 30 de noviembre de 2009.- Los nacionalistas catalanes (incluidos los vergonzantes del PSC ) saben perfectamente que el Estatuto todavia vigente, rebasa con mucho la Constitución, pero saben también que si no aprovechan esta ocasión, con un presidente de Gobierno que los necesita y que tiene unas ideas harto extrañas de lo que debe ser España en el futuro, no volverán a tener otro momento de oro como el actual para dar un paso decisivo hacia la independencia de Cataluña.

De este modo, el escollo más importante que deben sortear para conseguir su objetivo final es el Tribunal Constitucional, último baluarte de la Constitución y de la unidad de España. Y de ahí que, temerosos de que se dicte una sentencia adversa para sus designios, hayan entablado una ofensiva insólita contra una institución fundamental del Estado.

Sin embargo, actuando así, no hacen sino poner en evidencia unas contradicciones que demuestran la fragilidad de sus argumentos. Unos botones de muestra nos señalarán tan curiosa paradoja.

El presidente Montilla, que está dispuesto a mantener como sea la integridad del Estatuto, frente a lo que diga el Tribunal Constitucional, hace cuatro años justamente ahora, es decir, cuando era entonces Ministro de Industria del Gobierno de España, firmó, como miembro del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, 62 enmiendas al texto del Estatuto remitido por el Parlamento catalán.

En ellas se criticaba el monopolio del catalán como lengua común, la bilateralidad, la excesiva descentralización del Poder Judicial, el intento de no preservar la unidad del mecado y, por encima de todo, se afirmaba allí que el término "nación" utilizado en el Estatuto era incompatible con el artículo 1.2 de nuestra Constitución. En este caso, no hay duda de que el hábito hace al monje o, dicho de otra manera, basta con cambiar de gorra para pensar de una u otra manera.

Por otro lado, en lo que respecta al Tribunal Constitucional, a fin de coaccionarle o intimidarle, se le está atacando porque opinan que carece de legitimidad, ya que se afirma que actua con sólo 10 de los 12 miembros que lo integran, ya que uno falleció sin haber sido sustituido y otro fue recusado, y además cuatro ya han superado su tiempo de nueve años y se ha prorrogado su mandato.

Siendo esto verdad, el Tribunal tiene toda la legitimidad que le confiere la Constitución, hasta el mismo instante en que sea renovado, porque los magistrados no son culpables de esta situación, sino los partidos que no han hecho los deberes a su tiempo.

Sea lo que sea, el caso es que se negará, pero sólo naturalmente si nos les gusta la sentencia, la validez del fallo y que se haya dicho incluso que deberían dimitir en bloque. Pues bien, estando el Estatuto recurrido y sin esperar a lo que diga la sentencia, el presidente Montilla ha puesto en marcha uno de los órganos objeto del recurso que se considera inconstitucional, esto es el Consell de Garanties Estaturies, un remedo de Tribunal Constitucional para andar por casa.

Por consiguiente, este Consell no tendrá la legitimidad debida, mientras no se dicte una sentencia que lo valide. Es más; resulta curoso que siendo la función del mismo velar por la adecuación al Estatuto de las disposiciones de la Generalitat, se haya infringido en su composición lo que establecen los artículos 19, 41 y 153, sobre la igualdad del hombre y la mujer, ya que de los nueve miembros del Consell, sólo hay una mujer.

Si ni siquiera se aplica este principio en el momento en que se pone en funcionamiento un órgano que nace para que el Estatuto se respete, haciendo funciones de Tribunal Constitucional bis, habrá que ver cómo se aceptarán sus decisiones, cuando precisamente está en entredicho su propia existencia, al menos mientras que no la valide una sentencia favorable del Tribunal Constitucional.

Podríamos seguir con las paradojas de los nacionalistas catalanes, pero baste con recordar una última; Esquerra Republicana votó en contra del Estatuto en el Congreso de Diputados, pero ahora no toleraría que el Tribunal Constitucional recortase una coma de esa norma que dicho partido no asumió. Ver para creer.

El desarme emocional
El homenaje anual en reconocimiento a las víctimas del terrorismo entró ayer en una nueva etapa al reunir a todos los damnificados
TONIA ETXARRI El Correo 30 Noviembre 2009

El homenaje que ayer recibieron las víctimas del terrorismo no era el primero. Pero fue el decisivo para el desarme emocional. Un gran paso adelante sin vuelta atrás que, sin duda, marcará un punto de inflexión en la historia del desamparo, la incomunicación y el recelo que ha supuesto para estas familias el recorrido de su vida desde el momento en que los terroristas acabaron con la vida de sus seres queridos. En estos cuarenta años de falta de libertad en Euskadi por culpa del terrorismo y la intolerancia se tardó demasiado tiempo hasta que las instituciones brindaran un homenaje con la máxima solemnidad que se merecían a todas las víctimas de la violencia.

Corregido el catastrófico error de las negociaciones del Gobierno de Zapatero con ETA, que abrió una profunda herida en el cuerpo social de las víctimas y levantó muros de desconfianza y desengaño entre sus propios caídos, los damnificados se han sentido reconocidos. Porque los nacionalistas del PNV recorrieron parte del camino con parsimonia, tropezando en la piedra de la equidistancia. Pero empujados por el coraje de mujeres como Maixabel Lasa tendrán que admitir que, para lograr el desarme emocional de las víctimas y de su gran entorno social y afectivo, para lograr que encuentren su sitio sin mirar quien se sienta a su lado, sin tener la necesidad de denunciar que sus muertos lo fueron por la libertad, sin la ansiedad del temor a ser utilizadas en cambalaches políticos, soberanistas o treguas trampas, necesitaban recibir un mensaje inequívoco como el que recibieron ayer con la presencia de los tres lehendakaris antecesores de Patxi López.

Han tenido que celebrarse tres ediciones para que, por fin, hayan querido participar todas las asociaciones implicadas, todas las víctimas de cualquier manifestación de violencia, tanto la superada del Batallón Vasco Español y la triple A o la del GAL, como la de ETA, todavía activa aunque con su capacidad ciertamente disminuida. Y si ayer por fin todas las víctimas quisieron involucrarse en una ceremonia cuyos organizadores del Gobierno vasco, Maixabel Lasa, Txema Urkijo, se habían bregado con sumo cuidado, fue porque ahora ven que su reconocimiento en la sociedad empieza a ser un hecho porque los esfuerzos institucionales empiezan a concretarse en gestos.

Después de tantos años en los que el péndulo político o bien les pedía silencio o, por el contrario, les acusaba de estar instrumentalizadas al servicio de determinadas siglas partidarias, ahora comprueban que la restauración de la memoria necesaria sobre su sufrimiento va acompañada de la recuperación de su dignidad porque la deslegitimación del terrorismo es el «santo y seña» del nuevo Gobierno vasco. Y para deslegitimar no se puede estar mirando hacia otro lado como ha ocurrido en Euskadi durante tantos años cuando la bota de ETA pisoteaba los derechos elementales de los ciudadanos. Para deslegitimar el terrorismo hay que derrotarlo con la ley en la mano.

Hasta ahora, ningún Gobierno lo había dicho de una forma tan clara. Ni había actuado con tanta firmeza contra la publicidad etarra en las calles. El lehendakari Patxi López, en presencia de sus tres antecesores en el cargo, volvió a referirse a la necesidad de derribar el muro de la vergüenza de nuestras calles, en las que tantas veces se ha querido convertir a los asesinos en héroes, y la viuda del artificiero Manuel Jódar agradeció ese empeño en el que está entregado desde el primer día el consejero Ares. Las víctimas del terrorismo han ido tomando nota.

Y cuando ETA recibió al nuevo lehendakari con el atentado contra el inspector Puelles y le oyeron decir que derrotar al terrorismo es posible, sin impunidad, con la aplicación de la Justicia y con el Estado de Derecho por delante, empezaron a percatarse del vuelco institucional que se iba a producir en la sensibilidad hacia las víctimas del terrorismo. Atrás han quedado los mandatos de gobiernos marcados por la falta de decisión en la lucha contra ETA y todas sus ramificaciones políticas, cediéndoles en muchas ocasiones cobertura ideológica que los ciudadanos demócratas no podían compartir.

Por esa razón, lejos quedan ya los reparos expuestos en la celebración del año pasado por Covite, por ejemplo, que exigió como condición para su asistencia que el lehendakari de entonces, Ibarretxe, no tomara la palabra. Lejos queda también la distancia de Maite Pagazaurtundua que, desde que Patxi López juró su cargo en Gernika, supo que el nuevo Ejecutivo no piensa confundir a la población diciendo que «todas las ideas son respetables». Porque en una sociedad democrática no se pueden admitir las ideas que defiendan la esclavitud, preconicen la xenofobia o ensalcen el nazismo o el terrorismo.

Con la coartada de la libertad de expresión, muchos intolerantes han pretendido imponer sus normas anteponiendo los movimientos populares a las normas de la sociedad democrática, o tratando de convertir los parlamentos en un órgano de contrapoder blindado, con perdón, de la actuación de los tribunales. Pero, además del comienzo del desarme emocional, tendrán que darse más pasos para acabar definitivamente con el desarme material. Le toca al entorno de ETA apuntarse a la democracia y dejar de vivir sometido al poder fáctico de la banda.

Venga, un esfuerzo más todavía...
El autor se dice dispuesto a aceptar que gente de Batasuna quiera dar un paso hacia la democracia, pero avisa de que la democracia exige persuadir, no imponer
FERNANDO SAVATER El Correo 30 Noviembre 2009

Con notable unanimidad, las fuerzas políticas representadas en el Parlamento vasco han rechazado la declaración «de principios y voluntad» que hizo Batasuna en Alsasua recientemente. Ha sido calificada de «más de lo mismo» y sin duda en gran medida lo es. Pero, aunque estemos ya un poco o mucho cansados de repetir los mismos argumentos, no me resisto a intentarlo de nuevo como esfuerzo de apelación a una improbable pero nunca descartable buena voluntad. Quién sabe, a veces la dichosa buena voluntad no es sino un beneficio colateral de las malas circunstancias: precisamente como las que ahora atraviesan sin duda las fuerzas políticas ligadas a la estrategia terrorista y la propia ETA, en su aún peligrosa pero ya irreversible fase terminal.

Lo primero sobre lo que deben aclararse quienes promueven el escrito es si éste se dirige solamente a su parroquia (para dar la animosa impresión de que algo se mueve hacia delante, pese a los indicios adversos) o también pretende convencer a una parte significativa del resto de la sociedad. Si este segundo fuera el caso, no empiezan bien: titular 'un primer paso para el proceso democrático' es una ridiculez. Hay mucha gente descontenta con tal o cual aspecto de nuestro sistema democrático, pero nadie, créanme, nadie (fuera quizá de la secta abertzale radical) sigue a estas alturas esperando que la democracia se inaugure en Euskadi. Otra cosa sería que ese 'primer paso' fuera a ser dado por los que en efecto están fuera de la democracia que compartimos, a saber: los terroristas, quienes les apoyan y quienes les justifican. Pero todos sabemos que ese primer paso debería ser la renuncia a la violencia y la coacción, llamada para embellecerla 'lucha armada'. Como de ese paso desgraciadamente no se habla en el escrito, el título sobra. si se quiere convencer a los que no están convencidos.

Más adelante se menciona que la prioridad es superar el actual marco jurídico-político, un escenario que «perpetúa el conflicto político y armado». Pero resulta evidente que el conflicto político puede y debe afrontarse dentro del marco actual -se daría también en cualquier otro- como demuestran todos los días los debates parlamentarios y las propuestas de los partidos. En democracia, el conflicto político incluso sobre temas esenciales es algo tan natural como hacer regates y tirar a puerta en el fútbol. Lo que en cambio perpetúa el conflicto armado es no aceptar el espacio exclusivamente político de los conflictos, o sea pretender liquidar al árbitro o a los delanteros del adversario para así mejorar el tanteador. Desde el sistema político se puede ir más allá del escenario actual. si es que efectivamente se cuenta con una mayoría social a favor. Lo que es inadmisible es dar por sentado que uno tiene derecho de antemano a esa mayoría y reivindicarla por la fuerza si tarda en sernos reconocida.

Se insiste en que «los marcos legales vigentes no pueden ser freno a la voluntad popular libre y democráticamente expresada, sino garantes de su ejercicio». Hombre, claro: eso es precisamente lo que ocurre ahora. Lo que nadie puede pedir es que no haya ningún tipo de marco legal, como en Somalia, para que cada cual pesque en el río revuelto sin pagar gabelas o piratee la voluntad popular como le apetezca. Porque ya no cuela llamar 'autodeterminación' o 'libre expresión de la voluntad popular' a cuanto va contra el actual Estado español de Derecho y tachar de opresión a lo que contraría a los nacionalistas radicales. El que quiera ponerlo todo patas arriba tiene que resignarse a las dificultades de la empresa y a que muchos no le secunden en esa tarea, sino lo contrario. Las instituciones legales, por democráticas que sean, pueden ser cambiadas, pero existen y son tozudas: ni las bombas pueden borrarlas ni ellas van a suicidarse para agradar a quienes nos harán mañana el favor de dejar de ponerlas. De modo que cuanto antes se hagan a la idea, mejor.

Algunos estamos dispuestos a aceptar que hay gente en Batasuna intentando dar un paso hacia la democracia que hasta ahora han conculcado. Pero les pedimos un esfuerzo más todavía. Primero, que para demostrar su opción por la vía política y democrática rechacen inequívocamente la utilización de la violencia terrorista. Segundo, que admitan que cuando se hace política uno puede democráticamente ganar o perder: y que si lo que se propone es un cambio radical y total del marco político actual, las probabilidades de éxito a corto o medio plazo son inversamente proporcionales a lo ambicioso del proyecto. La paciencia es una virtud democrática y no hay más remedio que persuadir cuando de veras se renuncia a imponer. Nadie puede decir que es demócrata sólo si los demás se avienen de inmediato a suscribir sus ideas.

A cierto emperador pagano, perseguidor del cristianismo, se le exigió en su día para poder ser bautizado que adorase lo que había perseguido y persiguiese lo que había adorado. Quitándole las implicaciones teológicas a este planteamiento, puede servir de orientación al esfuerzo político que la mayoría parlamentaria del País Vasco exige a quienes quieren próximamente verse representados junto a ellos en las instituciones que tanta sangre ha costado defender contra sus agresores.

Las víctimas y el cambio
Iñaki EZKERRA La Razón 30 Noviembre 2009

El cambio político vasco ha conllevado un cambio en el tratamiento institucional de las víctimas del terrorismo. No podía ni debía ser de otra manera. La constante actitud de reconocimiento a ese colectivo por parte del nuevo Gobierno vasco, su anuncio oficial de acercar a éstas a la escuela vasca, la eliminación de pintadas y carteles etarras y el mismo homenaje de ayer en el que Patxi López tuvo que oír «lo que no quería» de algunas de las viudas de asesinados, son un hecho real e indiscutible.

El Lehendakari llegó a condenar «los atajos indefendibles que se buscaron para acabar con el terrorismo». Si se refería a la trama de los GAL y a la negociación con ETA debía haber aprovechado la ocasión para pedir perdón por ambas, por la primera, como socialista, por la segunda, como actor en la ominosa reunión con Otegi. Que no lo hiciera no quita valor ni al acto de ayer ni al propio cambio en sí. El cambio sigue adelante. Pero serían deseables determinados gestos de rectificación como el de sustituir en la dirección de la Oficina de Atención a las Víctimas a personas como Maixabel Lasa y Txema Urkijo, que ocuparon esos cargos durante el período más negro de la reciente historia vasca, como ha sido el de Ibarretxe. La web que dirigen invoca una dura frase de Luther King: «Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos». Hasta hace muy poco esa misma Oficina era la representación solemne del silencio al que se refiere esa frase.

Catalunya o la caja de Pandora
ANTONIO ELORZA El País 30 Noviembre 2009

La capacidad del actual gobierno para meterse en camisas de once varas es prácticamente infinita. El último hallazgo ha sido la propuesta de un mea culpa parlamentario por la expulsión de los moriscos en 1609, lo cual, si la cosa se toma en serio, debiera arrastrarnos a una revisión general de la historia de España y de sus antecedentes hasta tiempos de los visigodos, con el fin de no perder demasiado tiempo y publicar la lista de perdones solicitados de una sola vez. No en vano somos el país donde se hurgó siglos atrás en los archivos para probar y contraprobar las situaciones de limpieza de sangre. Aun cuando sólo partamos del siglo XV, por la misma regla de tres que a los moriscos, nos toca pedir perdón a los judíos por su expulsión de 1492 y persecuciones anteriores, a los conversos de judíos secularmente discriminados, a los descendientes de los guanches en Canarias (si hay alguno localizable), a los indios de toda América por el trato dado en la conquista, a los gitanos, a Francia por los vencidos de Bailén abandonados en la isla Cabrera, a Cuba por la reconcentración de Weyler, a Filipinas por el fusilamiento de Rizal. La memoria histórica se convierte así en masoquismo histórico (por mucho que yo comparta la crítica de la citada expulsión de 1609 y de los demás episodios mencionados).

Más allá de los resultados de lo que ya es una crisis anunciada del orden constitucional, el tema del Estatuto de Cataluña responde a esa misma forma de hacer política del presidente Zapatero, lanzándose a tumba abierta en busca de resultados a corto plazo, sin preguntarse por la racionalidad y los costes futuros de cada operación. Nos encontramos ante un embrollo, un maldito embrollo, donde por encima de los inciertos resultados (o desastres) a que se llegue, resulta imprescindible tirar del hilo de madeja y señalar a los causantes de que un problema perfectamente resoluble dentro de nuestro marco legal se haya transformado en un perverso juego político donde todas las combinaciones posibles arrojan una suma negativa. En cualquier caso todos pierden, salvo las opciones extremas.

El voto es el eldorado de Zapatero. Para obtenerlo en Barcelona hizo la insensata promesa de que lo que se atara en Cataluña quedaría atado en Madrid, y más tarde logró a trancas y barrancas gracias a CiU el respaldo a un Estatuto que tampoco satisfacía demasiado en el Principado y cuya constitucionalidad era ampliamente cuestionada, y no sólo por la horda españolista. A quienes ahora opinan que es preciso dar el visto bueno al Estatut por conveniencia política, por ánimo de conciliación, conviene advertirles que el ajuste de las piezas resulta capital para el buen funcionamiento del Estado de las Autonomías, y que los desajustes se pagan con malestar, o "desencuentro" como ahora se dice en plan fino, siendo el único baremo para apreciarlos el Tribunal Constitucional, sobre la base de la prioridad inexcusable del texto de 1978. En ese año hubo una Constitución, no "un pacto" entre iguales, debiendo ser recordado que la bilateralidad es lo propio de las Confederaciones y que en los dos últimos siglos todas han estallado. Antes del parto y después del parto, Zapatero careció además de una sola idea. Sólo maniobras, como la actual duplicidad, lanzando a Chacón contra el PP, mientras él sólo muestra "interés" ante el manifiesto de los diarios.

En tanto que defensor de la fórmula "nación de naciones", que recoge sobre una base empírica y no ideológica el engarce de los procesos de construcción nacional catalán y vasco en torno al eje nacional español -identidades duales y elecciones cantan-, no creo que lo esencial sea la fórmula adoptada en el Preámbulo del Estatut. Puede hablarse así de "nación vasca" y de "nación catalana", sin por ello negar a la nación española. Lo grave es la ulterior puesta en cuestión del ordenamiento constitucional, cuando además, en contra de lo que opina Pérez Royo, la preeminencia de la Constitución hace imprescindible comprobar la constitucionalidad de los Estatutos, si se aprecian contradicciones, a no ser que fragmentemos la soberanía. La democracia es un procedimiento, no unos resultados políticos. Alzar la bandera de Cataluña contra España aquí y ahora no es sólo anticonstitucional, sino antidemocrático. Pero ahí estamos: bilateralidad igual a dos soberanías enfrentadas. Fractura.

Además, cuentan la tardanza en producir la sentencia y las filtraciones. Parece absurdo que haya magistrados en el TC que no tengan, además de la propia, especialización probada en Derecho Constitucional, pero todo queda en segundo plano ante el coste de esta injustificable espera. ¿Quién la provocó? ¿quién hace unas filtraciones orientadas a obstaculizar una declaración parcial de inconstitucionalidad? La información aquí publicada pone de manifiesto que alguien dentro del Tribunal ha vulnerado el deber del secreto por intereses políticos. Esto es intolerable y si el TC funciona así, sembrando por tolerancia pasiva la crispación y el desconcierto entre los ciudadanos, más vale que desaparezca. ¿A quién favorecieron tardanza y filtraciones? La única hipótesis verosímil es que a la opción del Gobierno. Al causante en definitiva del embrollo.

Antonio Elorza es catedrático de Ciencia Política.

La Generalitat subvenciona el «espacio sonoro catalán»
La Conselleria de Cultura premiará a las discográficas que apuesten por hacer música en ese idioma
Víctor Fernández. - Barcelona La Razón 30 Noviembre 2009

El ICIC (Instituto de Industrias Culturales), organismo dependiente de la conselleria de Cultura de la Generalitat, cuenta desde este mes con una nueva herramienta. Son las bases que regulan la concesión de subvenciones para proyectos de las empresas discográficas catalanas, y alguno de sus puntos clave promete crear polémica entre la industria musical en Cataluña.

Entre los requisitos demandados por el ICIC destaca el uso de la lengua catalana y autoría catalana, valorando especialmente que el uso del idioma lo realicen «autores no nacidos y no residentes en Cataluña y en aquellos productos que por sus características puedan favorecer la integración lingüística de los inmigrantes».

También se valorará notablemente el interés cultural y social de la actividad. Esto quiere decir, según la resolución, que se premiará «su contribución a la creación de un espacio sonoro catalán». No queda muy claro en ninguno de los puntos del documento qué quiere decir realmente «espacio sonoro catalán», aspecto que queda abierto a la libre interpretación de quien se presente a las ayudas.

El ICIC subvencionará a los que favorezcan que la música sea «vía de integración en la sociedad catalana de los sectores menos favorecidos o de la inmigración, la recuperación y difusión del patrimonio nacional, etc.». En otro de los puntos del documento también se afirma que se puntuará positivamente para ayudas la participación de músicos nacidos o domiciliados en Cataluña en estos proyectos. Así, están asegurados los apoyos económicos para grupos y cantantes como Pep Sala, Gerard Quintana, Els Pets o Gossos.

Menos burocracia
Para este departamento dependiente de la conselleria de Tresserras, dichos aspectos sirven para llevar a cabo una reforma en su política discográfica y eliminar las «cargas administrativas». Todo ello supone, siempre según el ICIC, un mayor rigor en las concesiones de ayudas «dado que mayoritariamente los criterios de valoración tienen un carácter reglado y, por lo tanto, se refuerza la transparencia».

Como con los festivales
No es la primera vez que el ICICInstituto de Industrias Culturales se mueve por peculiares caminos para determinar qué tipo de ayudas debe recibir el sector musical.

Por ejemplo, en el terreno de los festivales ya determinó hace tiempo un sistema de puntos peculiar: obtienen 1,5 puntos por cada 10 por ciento de intérpretes nacidos o domiciliados en Cataluña y otros 1, 5 por cada 10 por ciento de artistas que compongan e interpreten en catalán.

Permanece en la prisión de Teixeiro
El independentista Uxío Caamaño, detenido en A Coruña
Condenado por colocar una bomba en un cajero de Caixa Galicia en Santiago el 23 de julio de 2005, que causó daños materiales,
AGENCIAS La Opinión 30 Noviembre 2009

El independentista Uxío Caamaño, condenado por colocar una bomba en un cajero de Caixa Galicia en Santiago el 23 de julio de 2005, que causó daños materiales, permanece en la cárcel coruñesa de Teixeiro tras haber sido detenido el pasado viernes.

Así lo confirmaron hoy a Europa Press fuentes de Instituciones Penitenciarias, que precisaron que el joven, por el momento, "se queda" en el penal de Teixeiro.

Caamaño, natural de Vigo y miembro del grupo independentista gallego Assembleia da Mocidade Independentista (AMI), fue arrestado la semana pasada después de que el Tribunal Supremo ratificase la condena de cuatro años y nueve meses de prisión que le fue impuesta.

El independentista, que estaba en busca y captura, tendrá que permanecer en la cárcel para cumplir el año y medio que le queda de pena tras ser detenido la semana pasada en A Coruña.

El resto de condena ya lo cumplió como preso preventivo a la espera de juicio en una cárcel de Cádiz, hasta que en noviembre del pasado año la Audiencia Nacional aceptó su recurso y lo puso temporalmente en libertad. Junto a él, en 2005 fue detenida por la misma explosión Xiana Rodríguez.

SENTENCIA
La sentencia emitida por la Audiencia Nacional hace más de un año consideró a Uxío Caamaño autor de un delito de daños terroristas con finalidad de subvertir el orden constitucional (tres años), un delito de uso ilegítimo de vehículo con motor (1.626 euros de multa), y un delito de falsedad en documento oficial (un año y nueves meses y 1.286 euros de multa). Por su parte, consideró a Xiana Rodríguez culpable de los mismos delitos de daños terroristas y uso ilegítimo de vehículo con motor.

No obstante, la joven salió de prisión hace un año, donde se encontraba desde 2005 al haber cumplido ya la totalidad de su condena en carácter preventivo. Además, la Sala condenó a ambos a indemnizar conjuntamente tanto a las empresas como a los particulares afectados por la explosión.

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