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La escuela no admite el fracaso
Editorial La Razon 31 Diciembre 2009
Gobierno y PP están obligados a consensuar una reforma profunda y
ambiciosa
Haciendo honor a su promesa de informar antes de que terminara el
año sobre la viabilidad de un pacto educativo, el ministro Gabilondo
manifestó ayer que hay elementos de consenso suficientes para no
arrojar la toalla y proseguir las negociaciones entre las diferentes
partes, pero sobre todo con el PP. Es una buena noticia y pone de
manifiesto que el esfuerzo del ministro de Educación ha sido no sólo
voluntarioso o retórico. No obstante, cabe preguntarse si tanto el
Gobierno como la oposición están en condiciones de decirle a la
sociedad española que no es posible un pacto para sacar a la
enseñanza de la postración en que está sumida, con uno de los
índices de fracaso escolar más altos del mundo, con un profesorado
desmotivado, con una financiación tercermundista y con una
contaminación ideológica que esteriliza la calidad y malversa los
esfuerzos de mejora.
Precisamente porque PSOE y PP no se pueden permitir más frivolidades
partidistas y doctrinarias con la enseñanza, es exigible que pasen
sin demora de las buenas intenciones a los hechos y acuerdos
concretos. Ambas partes deben poner lo mejor de sí mismas, pero le
corresponde la carga de la prueba al PSOE, cuyas leyes promulgadas
durante la etapa de Felipe González y reeditadas tras la breve y
truncada reforma de Aznar son las causantes del desastre educativo
al que se ha llegado. Quiere esto decir que, constatada la buena
voluntad del ministro Gabilondo, sería frustrante que se
desperdiciara la ocasión de alcanzar un pacto ambicioso, profundo,
verdaderamente de Estado y con vocación de permanencia más allá de
la alternancia partidista en el poder. No es suficiente con parir un
acuerdo de mínimos, una especie de parcheo para ir tirando, como
mejorar algo la financiación, alargar el Bachillerato, reducir la
ESO o potenciar la Formación Profesional.
Todo eso está bien, pero no es bastante. El objetivo primordial es
mejorar la calidad docente, elevar los niveles de exigencia y
potenciar la integración del alumno. En suma, devolverle al ámbito
escolar su función primordial de transmisión de conocimientos, de
maduración personal y de incorporación a la sociedad de las nuevas
generaciones. Para llegar hasta aquí es imprescindible dejar a un
lado el proselitismo ideológico, al que tan aficionada es la
izquierda, sin otro marco de referencia que el establecido en la
Constitución. O lo que es igual, respetando escrupulosamente el
artículo 27 en el que se establece, por una parte, que «la educación
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en
el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales»; y, por otra, que «los poderes
públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones».
Sobre este bastidor constitucional PSOE y PP deberán tejer un modelo
que potencie el protagonismo del espacio educativo, que demande más
responsabilidad y mérito del alumno, que sea dirigido por un
profesorado más reforzado en su autoridad y en su formación y que
establezca mecanismos racionales de apoyo a los estudiantes con
problemas. Dicho lo cual, tampoco deberían renunciar los dos grandes
partidos a recuperar la función vertebradora que todo sistema
educativo tiene sobre un país. Las competencias autonómicas no
deberían ser excusas para fragmentar un modelo que ha de ser igual
para todos en sus fundamentos, empezando por la lengua común de
todos los españoles.
El País ya no está en vilo
Raúl Vilas Libertad Digital 31 Diciembre 2009
Pocas veces ha quedado mejor retratada la indigencia moral e
intelectual de esos bípedos que llamamos progres como en aquella
portada de El País tras la masacre de las Torres Gemelas. Con miles
de cuerpos carbonizados entre los escombros aún humeantes del World
Trade Center, el diario de Prisa abría así su edición del 12 de
septiembre de 2001: El mundo en vilo a la espera de las represalias
de Bush. Ni el mismísimo obispo Setién obró el milagro de convertir
víctimas en verdugos en tan poco tiempo.
La bomba del terrorista nigeriano que volaba de Ámsterdam a Detroit
no estalló. Por suerte y por la valiente respuesta de la
tripulación, no por esos controles de seguridad tan molestos y, como
se ha demostrado, absolutamente ineficientes. Nada más peligroso que
un político con coartada para recortar nuestras libertades, es que
les encanta, oiga. Los ciudadanos terminaremos subiendo a los
aviones en pelotas sin que, no lo duden, logren impedir que algún
terrorista más embarque armado hasta los dientes.
Pese al final feliz, la reacción del presidente de los Estados
Unidos no ha podido ser más contundente: "No descansaré hasta
apresar a los responsables", "utilizaremos toda nuestra fuerza como
nación para vencer a los terroristas", "este intento sirve para
recordarnos la grave amenaza contra nuestro país". Ojeo El País en
busca de un titular acorde con las palabras del comandante en jefe
del ejército del Imperio: "Terror en el globo ante la venganza de
Obama", imagino. Nada, no lo encuentro. Escudriño las páginas, pero
no hay suerte. A lo mejor están en cuadro por las vacaciones de
Navidad, pienso, pero en esa casa no celebran fiestas tan
retrógadas. Mi desconcierto aumenta.
¿Qué habrá cambiado? No es la primera vez que me hago la pregunta.
Estos tipos, los progres, reparten alegremente certificados de buena
conducta moral pero no son muy amigos de los espejos. Eso les
permite defender una cosa y la contraria sin despeinarse. Determinan
que una guerra es justa (Afganistán) o injusta (Irak) por un
papelito de la ONU, que depende del chalaneo pecuniario entre
Estados, como todas las decisiones de esa gran casa de la corrupción
universal. Siguen siendo marxistas, pero se han pasado de Karl a
Groucho, por aquello de los principios. Finalmente veo la luz, claro
que ha cambiado algo: Obama es negro. Sí, también son racistas.
11-M
Explosivos desconocidos
Gabriel Moris Libertad Digital 31 Diciembre 2009
No quisiera iniciar la segunda década del siglo XXI sin resaltar uno
de los aspectos más importantes derivados de la masacre del 11-M: la
imposibilidad de conocer, a día de hoy, el arma homicida.
Ayer, casualmente, pude ver un documental sobre el asesinato de
Trotsky. No me pasó inadvertido el hecho de que en el lugar del
crimen se encontraran los elementos del arma utilizada. De inmediato
valoré la posibilidad de que el asesino sólo contara con tiempo para
escapar y no para borrar las huellas de su crimen. Las diferencias
con la bien planificada masacre del 11-M saltan a la vista incluso
ante cualquier persona no iniciada en temas policiales.
Otro ejemplo que atrae mi atención es el del atentado de la T-4,
según nos dijeron, perpetrado por ETA. Sin entrar en detalles sobre
las características de ambos atentados, podemos resaltar lo
siguiente:
* En el de los trenes de cercanías se buscaba quitar la vida al
máximo número de los inocentes y laboriosos viajeros. Los daños
materiales, aunque cuantiosos, no eran el objetivo del atentado.
* En la terminal de Barajas perseguían destruir una obra
emblemática, no quitar la vida a los infortunados ecuatorianos que
dormían esperando la llegada de los suyos.
En el primer caso –en el del 11-M– el tonelaje de materiales
destruidos era muy inferior al de la T-4. Sin embargo, respecto al
11-M, se nos ha informado de que no se ha podido conocer la
naturaleza del explosivo; mientras que en la T-4 sí se conoció, a
pesar de que al encontrarse el explosivo entre toneladas de
escombros podría resultar tan complicado como encontrar una aguja en
pajar.
¿A qué responden las diferencias que encontramos entre los
resultados de ambas investigaciones? ¿Actuaron en su búsqueda los
mismos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado?
Durante estos días han saltado a algunos medios de comunicación las
declaraciones en sede judicial de los Tedax y peritos de la Policía
Científica que testificaron en el juicio que se sigue contra el Sr.
Sánchez Manzano y la perito que debió realizar los primeros análisis
de las muestras procedentes de los focos de explosión. Los testigos
ya citados hicieron unas declaraciones que, si son veraces, dejan
bien a las claras hasta qué nivel de la institución policial se
actuó de acuerdo con los protocolos establecidos. De ese nivel hacia
los mas altos responsables de la organización policial, hay un
trabajo de investigación que esperamos sea realizado por los órganos
judiciales competentes. Este proceso que se sigue a nivel de
responsabilidades civiles en la actuación policial del 11-M no tiene
su proceso gemelo en el ámbito penal. Parece como si la Audiencia
Nacional hubiera dado por finalizado su deber ineludible de
investigar, juzgar y condenar todos los aspectos penales del mayor
atentado terrorista de nuestra historia.
Al comienzo del juicio de la Casa de Campo, todos los españoles
pudimos escuchar de boca del presidente del Tribunal que el objetivo
de dicho juicio era el clarificar, y en su caso condenar, a los
veintinueve inculpados en el auto instruido por el juez Del Olmo. No
quisiera pecar de reiterativo recordando que de esos inculpados,
sólo tres lo fueron por su participación en los hechos, y, para ser
más preciso, sólo uno lo fue por su presencia en los trenes. En mi
modesta opinión, pienso que un crimen que podría ser considerado de
lesa humanidad no puede saldarse con un balance tan pobre como el
que nos dejó el juicio de la Casa de Campo. Del mismo juez Bermúdez
escuchamos que habría deducciones de testimonio y que de ese primer
juicio derivarían otros para descubrir a las mentes diabólicas que
lo concibieron así como para que la cadena logística desarrollada
para su ejecución quedara al descubierto. Dos años después de que la
Audiencia Nacional refrendara el fallo del juicio antes citado,
según mis conocimientos, no se ha iniciado ninguna investigación
seria sobre este caso. Las víctimas y los ciudadanos sí sabemos al
menos dos cosas:
1. Que la naturaleza del arma del crimen no la conocemos. Hecho que
considero insólito en la historia de las investigaciones policiales
españolas.
2. Que según el Tribunal Supremo, al no poder defenderse los muertos
de la vivienda de Leganés, éstos no podían ser condenados por el
Tribunal que presidió Gómez Bermúdez.
Un año más, quiero lanzar un deseo de esperanza para que todos,
víctimas, ciudadanos y servidores de nuestro Estado de Derecho,
actuemos con la moral, la ética y el rigor necesario para que la
lacra de este crimen que a todos nos envilece se clarifique en aras
de nuestra reconciliación mutua entre gobernantes y gobernados,
entre servidores y servidos, entre asesinos y asesinados.
La España de ZP y la real
Editorial www.gaceta.es 31 Diciembre 2009
ZP repitió su acostumbrado análisis optimista y frívolo de la
situación
Zapatero no defraudó. Como ya es habitual en sus comparecencias, su
último discurso del año ante los medios fue un nuevo ejercicio de
improvisación, vacuidad, buenos deseos y falacias. El gobernador del
Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez le había preparado
el terreno calentando el ambiente a primeras horas de la mañana
transmitiendo a la opinión pública lo que considera mejora de todos
los indicadores de actividad en el cuarto trimestre del año, aunque
matizaba que los datos aún son “escasos” y que la capacidad
informativa acerca de la evolución de la actividad es todavía
“limitada”.
El favor del gobernador cantaba mucho pero daba pie a ZP a su
acostumbrado análisis optimista y frívolo de la situación. El
presidente admitió que en este año “la crisis se ha manifestado en
toda su crudeza” y, a partir de ahí, se dedicó a ensalzar las
medidas emprendidas por el Gobierno –Plan E, créditos ICO…– pese a
sus nulos resultados, para concluir con la mejora de la situación
que le lleva a plantear como objetivo para el año que empieza a
“pasar de la recesión a la recuperación” y de “la fuerte pérdida de
empleo a la moderación y creación de empleo en la última parte de
2010”. Un gran dislate porque, como advirtió Mariano Rajoy en su
comparecencia, “o miente Zapatero o mienten los Presupuestos o
probablemente mienten los dos”, y recordó que las cuentas del Estado
recién aprobadas en el Congreso con el voto en contra del PP prevén
que el crecimiento “volverá a ser negativo” y habrá “300.000 parados
más”.
ZP admitió que el debate sobre “si estábamos en crisis o en
desaceleración económica” fue “estéril”, eso sí, sin reconocer, en
ningún caso, que mintió, como lo hace ahora. La realidad es que los
indicadores reflejan un empeoramiento de la situación. Por un lado,
el comercio minorista se contrajo un 5,5%, arrojando el peor
registro desde marzo de este año. Un segundo dato negativo es la
caída del 3,6% del consumo eléctrico en noviembre, y un tercer
indicador negativo es el de la confianza del consumidor, que refleja
un retroceso de 20,7 puntos en noviembre y, lo que es peor, la falta
de confianza de los consumidores en las expectativas económicas.
Estos datos dibujan la triste realidad en el mes de noviembre. Una
realidad, desgraciadamente, mucho más negativa que la que nos pinta
ZP, y eso sin contar con el galopante déficit público, que cerrará
el año en el 10% del PIB; el aumento peligroso de la deuda pública,
que además se ha encarecido notablemente a causa de la rebaja del
rating de las grandes agencias de calificación Standard & Poor’s o
Moody’s o el alarmante problema del paro, que ronda ya el 20%, y que
sumado al déficit público, nos coloca también al frente del índice
de miseria elaborado también por Moody’s. En el terreno del balance
político los embustes van subiendo de tono. Al intolerable caso
Faisán, el del chivatazo de la Policía al aparato de extorsión
etarra, no duda en llamarlo “política antiterrorista”. Pero la cosa
no para ahí. El presidente afirma que “hay que respetar la acción de
la Justicia”, para acabar concluyendo que “tenemos un ministro
capaz, convincente y que dirige muy bien la política
antiterrorista”. ¿De qué Justicia habla ZP? Lógicamente de la que
está a su servicio, la que esconde los sumarios en los cajones y
retrasa las sentencias, como la del Estatut catalán, del que sin
ningún pudor afirmó: “El preámbulo no tiene tacha de
inconstitucionalidad y los símbolos nacionales entran perfectamente
en el marco de la Constitución”. Otro golpe de presión al tribunal
que analiza el texto, claro está que ese texto es su obra, la
dinamita que destruye la Nación española.
Adiós al 2009
Román Cendoya www.gaceta.es 31 Diciembre 2009
El fondo no se puede tocar tantas veces y la recuperación ni está ni
se la espera.
Corrupción masiva y generalizada y paro desbocado en una crisis sin
precedentes. Eso es lo que día a día, sin piedad, hemos sufrido en
España. Todo envuelto en la mentira gubernamental que, cada vez que
habla, o vende una realidad inexistente o divide a la sociedad.
Hemos “tocado fondo” y “lo peor de la crisis ya ha pasado” se ha
anunciado más de once veces. En noviembre Zapatero nos decía que “la
recuperación se ha iniciado” y, en diciembre, ha afirmado que “el
inicio de la recuperación es inminente”. Todo mentira. El fondo no
se puede tocar tantas veces, lo peor tampoco pasa cada mes y la
recuperación ni está ni se la espera. Corbacho dijo en agosto que
“no permitiremos que los parados queden desamparados”; por eso
Cáritas ha tenido que atender a más de 800.000 familias.
Termina un año en el que España se ha degenerado convirtiendo en
derecho el aborto. La ocupación de todos los espacios de la sociedad
por una casta política, en la que la mediocridad tiene rango de
categoría, aumenta la desafección en los ciudadanos. Las crisis de
Gobierno no han servido para mejorar los pésimos ministros que
sufrimos. Zapatero se somete a cualquier chantaje con la sumisión
del débil y necesita de terceros que le solucionen los conflictos.
Así ha sido con el Alakrana, Aminatu Haidar,… En Afganistán estamos
en una supuesta “misión de paz” compartiendo operación con las
fuerzas de EE UU que están en guerra. ¿Cómo se puede estar en el
mismo sitio, haciendo lo mismo y unos estar en paz y los otros en
guerra? Mentira.
Vamos a estar pagando este año durante mucho tiempo por el brutal
endeudamiento en el que nos ha enterrado el peor presidente de la
historia democrática española. Prometió pleno empleo y superar a
Francia en PIB y nos ha descarrilado del tren del progreso y
desarrollo. La mejor noticia de 2009 es que termina y se va. Adiós.
Lo malo es que Zapatero y su Gobierno se quedan. Como la oposición.
Un año perdido
El balance anual de Zapatero elude el principal error del Gobierno:
la improvisación
Editorial La Razon 31 Diciembre 2009
En efecto, el año que hoy termina ha sido malo, francamente negativo
para los españoles. Hasta el presidente del Gobierno admitió ayer,
en su balance final tras el Consejo de Ministros, que 2009 «ha sido
muy difícil». Si quien se define a sí mismo como un «optimista
antropológico» no titubea en el diagnóstico, es que el panorama es
aún más sombrío de cómo lo ha venido pintando el Gobierno durante
estos doce meses. De hecho, un solo dato basta para confirmarlo: de
enero a noviembre el número de parados ha aumentado en 740.000
personas. Otro dato más, conocido ayer mismo: la renta per cápita de
los españoles ha experimentado la menor subida de la historia de
este índice. Y un tercero, divulgado el lunes: el déficit público se
ha multiplicado por cinco.
Los hechos son los que son y cualquier intento de maquillarlos
sería, aparte de vano, ridículo. Es comprensible que el presidente
del Gobierno se esforzara ayer en pasar el mal trago de cerrar un
año tan calamitoso prometiendo que el próximo será de crecimiento,
dejará atrás la recesión y en unos meses se creará empleo neto. Es
decir, que en 2010 brillará el sol, saldrá el arco iris y florecerán
las margaritas entre los abundantes brotes verdes. Zapatero dice
basar su idílica visión en los informes del Banco de España, pero
esos mismos informes alertan de que la recuperación se irá al traste
si no se toman drásticas medidas de ajuste, de las que el presidente
socialista viene huyendo desde que admitió, con un año de retraso,
la crisis económica. Tampoco concuerda ese horizonte embellecido con
las previsiones del FMI, de la OCDE y de Bruselas para España, a la
que se califica como el «enfermo de Europa», pues las demás
economías comunitarias, con Alemania y Francia a la cabeza, cerrarán
el ejercicio con resultados positivos. Después de seis años, los
ciudadanos están al cabo de la calle de la gestión de Zapatero y de
la fiabilidad de sus promesas, entre las que sobresale ésta:
prometió el pleno empleo en las elecciones de 2008 y ha batido el
récord de parados de nuestra historia. No sin motivo, la encuesta
que hoy publica LA RAZÓN revela que el 69,2% de los españoles no
cree en la recuperación anunciada por el presidente. Y un 73,2% no
duda en suspender al Gobierno, coincidiendo con el líder de la
oposición, Mariano Rajoy, en que se ha perdido en improvisaciones un
año fundamental para combatir la crisis. Más ampliamente, el
veredicto de los encuestados sobre la gestión socialista durante
2009 es claramente demoledor: salvo en Sanidad y en Política
Antiterrorista, que reciben el aprobado, se censuran Política
Exterior (49,1%), Inmigración (54,8%), Justicia (53,3%) y Seguridad
Ciudadana (51,1%). Cuando un Gobierno cosecha una consideración
social tan baja es que no ha hecho bien su trabajo y, lo que es
peor, no tiene el crédito político necesario para remontar la dura
recesión económica.
Que Zapatero proclame sentidamente que su única obsesión es crear
empleo sirve de muy poco si no abandona su pasividad esperando que
los agentes sociales le saquen las castañas del fuego y dilatando
medidas poco agradables pero imprescindibles para reactivar la
economía. Acierta al promover pactos con el PP en educación, energía
y contención del déficit. Pero no basta. Ya debería haber aplicado
un plan de choque para reducir el gasto público y recortar una
burocracia artificialmente hinchada. Y, por supuesto, haber
impulsado una reforma laboral y fiscal que reanime la lánguida
existencia de la pequeña y mediana empresa, auténtico motor de
empleo sostenible.
Dependiente, independiente y pendencias
Daniel Martín Estrella Digital 31 Diciembre 2009
El idioma que habla un país, ese que tan poco tiene que ver con el
de lingüistas y gramáticos, suele revelar partes del subconsciente
nacional. Miguel de Unamuno afirmaba que la lengua es el sentido
común. Cuanto menos común y lógico sea ese sentido, así será y se
comportará la nación que lo practica.
Según la tiranía de lo políticamente correcto, en España ya no se
puede decir minusválido, impedido, incapacitado, paralítico,
parapléjico, etc. sino que, hasta por ley, es preferible ser
dependiente. ¿En qué país se vive cuando es preferible se desposeído
de la independencia que de una parte de la capacidad o la
posibilidad de autovalerse plena o parcialmente, aunque estas
describan mejor una realidad que la palabra dependiente tan solo
califica? En España, históricamente, siempre se ha preferido
depender, de ahí que esta palabra resulte socialmente menos enojosa.
Este particular aspecto de la realidad nacional refleja cómo
funcionan aquí las cosas. En España hay más gente que vive de lo
público que gente que vive para, por y según lo privado. Según eso,
España nunca será un país rico en cuanto esquilmado por la codicia
de aquellos que esperan que el Estado les resuelva todos los
problemas. Sólo en España pudo nacer un sistema donde al Estado
central se le unieron varios organismos públicos como Autonomías y
Municipios que, sin ningún reparo ni límite, también aportan para
que nuestro Estado de Beneficencia mantenga los ánimos tranquilos
mientras nuestras arcas y el futuro de la nación se van vaciando de
posibles y posibilidades. Al final será España entera la que dependa
de lo que nos den otras latitudes.
Lo curioso es que en este país -donde muchos reniegan de belenes y
cruficijos por, dicen, sentirse ofendidos- celebramos como en ningún
otro lado las fiestas navideñas y aledañas. Todo el mundo goza de
vacaciones y festividades como si les fuese el "alma" en ello.
Peculiar contradicción que también define el despropósito de país en
el que vivimos.
Porque, sobre todo, este asunto de la dependencia, del Estado
elefantiásico que todo lo puede y que todo lo paga, tiene mucho más
que ver con la caridad cristiana que con ningún otro elemento que
podamos imaginar. Como seres humanos que, aún, somos, nos disgusta
el sufrimiento ajeno y estamos de acuerdo con ayudar a los más
necesitados. El problema es que la ley de Dependencia no se puede
aplicar porque no hay recursos con que sufragar sus enormes gastos
ya que hay demasiados dependientes en el país: políticos,
sindicatos, patronales, funcionarios, pensionistas, empleados de
entes públicos y de colegios de afiliación obligatoria, cineastas,
demás culturetas, etc. De tal manera que los que realmente necesitan
ayuda siguen siendo los más dependientes.
Frente a esto, la independencia, la libertad, es en España poco
menos que una quimera. Son pocas las personas dispuestas a tirar
"palante" sin ayuda de lo público, sobre todo porque de esta manera
se compite en manifiesta inferioridad. Aparte de valor, para ser
independiente, por muy incapacitado que se esté, hace falta espíritu
quijotesco, y ya sabemos que Don Quijote es el más famoso de nuestra
Historia, aunque el menos leído y el más incomprendido.
Seguramente por todo ello España sigue siendo un país provinciano
que se centra en asuntos minoritarios, absolutamente localistas, sin
atender a los problemas serios, estructurales, que impiden imaginar
un futuro próspero. Estos asuntos esenciales exigen cierta
independencia de criterio y voluntad, y de momento la mayoría se
conforma con hacer fortuna a corto plazo, sin importar si quedará
algo para nuestros nietos.
De ahí que, en franca dependencia de la contingencia nacional,
España siempre haya sido un país más "de pendencias" que de
auténticos debates para decidir cuáles son sus auténticas
necesidades, las fundamentales dependencias y esclavitudes de las
que liberarse. Aquí, como en ninguna nación del globo, se odia la
libertad porque ésta obliga a mucho, y somos más de reclamar
derechos que de aceptar obligaciones.
Aun más, el sueño de la gran mayoría de la sociedad que tolera los
desmanes de nuestro sistema político y presupuestario sería la de
devenir en dependientes. Lo que deberíamos entender es que para
pagar tanta dependencia necesitamos más almas independientes, más
libertad, mucha más gente trabajando por mor de la nación. Algo
imposible mientras los impuestos tan solo sirvan para proteger
prebendas, sinecuras, simonías y nepotismos.
Así, desde mi más estricta independencia a pesar de ser
completamente incapaz para casi todo, minusválido y minusvalorado
socialmente, a pesar de los pesares, deseo desde aquí unas felices
fiestas a todo el mundo. Laicas, por supuesto, que el nacimiento de
Jesús de Nazaret así puede ser concebido. Por la gracia de Dios,
supongo.
dmago2003@yahoo.es
¿Legitimidad o irrelevancia?
José María Ruiz Soroa El País 31 Diciembre 2009
El control de constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, en sí
misma una cuestión que no debiera exceder de los parámetros de
visibilidad en que opera normalmente el Tribunal Constitucional, se
ha convertido en un problema político de primer orden. No es extraño
por ello que en el apasionado debate que ha generado hayan terminado
por comparecer las grandes cuestiones en torno a la justificación y
legitimidad del control mismo de constitucionalidad de las leyes
aprobadas por los representantes de los ciudadanos.
Si el TC decidiese por unanimidad se convertiría en un órgano
redundante e inútil
En definitiva, late en los argumentos de muchos la tensión constante
entre el principio democrático esencialista que proclama que son los
ciudadanos y sus representantes quienes deciden por mayoría y en
cada momento histórico lo que es justo y adecuado para regir la
comunidad; y el principio constitucional que, aún reconociendo el
anterior, le añade una cautela o control: lo deciden, sí, pero
dentro de los límites de la Constitución, establecidos en caso de
desacuerdo por un órgano extraparlamentario de tipo judicial.
Conviene ser muy conscientes de que éste y no otro es el terreno en
que nos movemos cuando, con mayor o menor apasionamiento y carga
retórica, apelamos al superior valor de la voluntad del pueblo
(catalán en este caso), o del Congreso de los Diputados, por
respecto al de una "aristocracia judicial no electa". O cuando, como
es el caso que deseo comentar ahora, se reclama limitar la capacidad
revisora del Tribunal Constitucional acerca de la constitucionalidad
de las leyes aprobadas por las cámaras de representantes de la
ciudadanía, exigiendo la unanimidad o mayoría cualificada de
miembros del tribunal para declararlas inconstitucionales, como ha
hecho el profesor Sánchez Cuenca (EL PAÍS 23/12/2009).
La idea de exigir la unanimidad o la supermayoría de miembros del
tribunal para sobreponerse a lo decidido por el órgano legislativo
es antigua: la formuló James B. Thayer en 1893 como una aplicación
concreta del principio judicial de self-restraint o de deferencia
ante el legislador: las leyes regularmente dictadas por las cámaras
legislativas, dijo, deben ser presumidas constitucionales salvo
casos de manifiesta e inequívoca violación constitucional. Y el
filtro adecuado para establecer si existe esa manifiesta violación
es, precisamente, el de exigir la unanimidad de los miembros del
tribunal. Si no hay unanimidad es porque existen opiniones
razonables discrepantes en el seno de la corte, y esa duda o
incertidumbre debe resolverse a favor del legislador regular: en la
duda, a favor del pueblo.
A esta misma idea, aunque de forma un tanto sibilina, parecía
referirse hace semanas el ministro de Justicia cuando argüía que el
Estatut goza de una "presunción fuerte" de constitucionalidad.
Ni que decir tiene que la regla thayeriana no puede ya aplicarse en
este caso. Es el propio legislador el que decidió en su momento que
nuestro Tribunal Constitucional decidiese por mayoría y no por
unanimidad, y sólo ese legislador puede cambiar la regla con
carácter general. Pero no cabe duda de que como ejercicio
intelectual estimulante sí podemos plantearnos si sería conveniente
establecer la regla en cuestión, es decir, si es cierto que "la
exigencia de una mayoría cualificada o incluso de unanimidad en la
toma de decisiones del Tribunal Constitucional resolvería el
problema de legitimidad que tiene éste hoy en día, y recortaría el
poder excesivo que hoy detenta para imponerse sobre la voluntad de
ciudadanos y representantes", como ha afirmado Sánchez Cuenca.
Que tendría menos poder es evidente. El problema es si le quedaría
alguno, es decir, si no se convertiría por esta vía al Tribunal
Constitucional en un convidado de piedra o en un órgano
institucionalmente irrelevante. Puesto que parece bastante claro que
rarísima vez se alcanzaría en su seno la unanimidad o la mayoría
cualificada necesarias para oponerse a una ley aprobada por el
Congreso, con lo que la mayoría en éste sabría de antemano que el
control de constitucionalidad era puramente formal o irrisorio.
Un Tribunal Constitucional que declara sistemáticamente que las
leyes cuestionadas son constitucionales (porque no alcanza la
unanimidad para decir lo contrario) deja de ser un Tribunal
Constitucional y pierde cualquier función apreciable en el sistema
político, salvo el de poner la guinda al legislativo. Con lo cual,
adicionalmente, se empobrece la calidad de la deliberación
democrática en el Parlamento, desde el momento en que los
representantes de la ciudadanía se saben inmunes al control
posterior.
Bastaría echar la vista atrás y, en un ejercicio, contrafáctico,
comprobar cuántas leyes han sido declaradas inconstitucionales en
los pasados 30 años por unanimidad del tribunal. Si son pocas, como
creo, ello demostraría que con la regla thayeriana el tribunal
prácticamente sobraría en nuestro sistema. Más que cargarse de
legitimidad, lo que sucedería es que se convertiría en un órgano
redundante e inútil aunque, eso sí, no problemático.
Pero para tal viaje, ¿no sería más sencillo suprimir el control
judicial de constitucionalidad?
José María Ruiz Soroa es abogado.
2010: ¡Insurrección fiscal!
Enrique de Diego Periodista Digital 31 Diciembre 2009
Queridos amigos de las clases medias: Manda la tradición en nuestra
querida España, ante la entrada de un nuevo año, desear prosperidad.
‘Próspero Año Nuevo’, ha sido el saludo habitual en circunstancias
temporales similares a las que vivimos.
Ahora resulta difícil pronunciar ese deseo porque confunde la
realidad que vivimos.
‘Próspero Año Nuevo’, cumplamos con la tradición, a todos, pero
vamos a afrontar una situación tremenda, sin precedentes, que
resultará desoladora y asoladora. Es mejor ver la realidad de
frente, no perder nunca su sentido, pues eso es el suicidio moral,
que no toparse con ella de golpe tras haber practicado de continuo
la evasión, lo que conduce al suicidio físico, que es lo que buscan
esta gentuza cruel y deshumanizada.
Los datos son desgranados en nuestra web y los conocéis bien: caída
del 47% de los ingresos del Estado por recaudación de tributos, lo
que indica que el hundimiento de la actividad económica se establece
en términos de auténtica hecatombe.
También sabéis que esto no nos ha caído de la noche a la mañana,
sino que se ha ido labrando durante décadas, organizando un modelo
social inviable, basado en la expoliación de las clases medias por
una casta parasitaria expansiva.
Ha llegado el momento de llevar la rebelión de las clases medias a
sus últimas consecuencias, porque es la única solución. Mantener la
deriva actual sólo nos llevaría a un abismo irreversible.
Mirad, en estos días llegan noticias cada vez más alarmantes del
mundo. En Venezuela, país productor de petróleo, los cortes de luz
son continuos, al igual que los de agua. La carestía de alimentos es
cada vez más fuerte. En Cuba, la cartilla de racionamiento, por la
que el Estado vende el equivalente a la comida de diez días al mes,
y de la que han desaparecido la carne y el pescado, va a ser
retirada, condenando a la hambruna a toda la población. Los
comunistas y los socialistas siempre han provocado estos terribles
desastres. Del socialismo sólo se sale con grandes penalidades.
Todo va a mejor si se toman las medidas adecuadas. Todo va a peor si
se ponen en marcha las erróneas. Y en España las que se han tomado
son simplemente demenciales. Esto nos lleva a la ruina y al hambre.
Y hay que frenarlo.
Por eso vamos a pasar a la insurrección fiscal. Sencilla, legal y
contundente. Ha de ser masiva. Ofreceremos asesoramiento gratuito,
contaremos con grandes profesionales. Hay que hacerlo. Sin miedo. No
podrá haber respuesta del sistema, porque es legal. Y si la hay,
iremos incrementando la rebelión.
El Estado está en quiebra, la Seguridad Social está en quiebra. Las
administraciones no pagan a sus proveedores. Hay ayuntamientos que
ni tan siquiera pagan las nóminas.
Y la respuesta es subir impuestos, tasas y freírnos a multas. Si no
mostramos la fuerza de la sociedad civil, terminaremos en una
tiranía en la que nos confiscarán los bienes para que puedan seguir
viviendo en la opulencia los miembros de la casta parasitaria.
Va a ser un año tremendo el que viene. La Plataforma de las Clases
Medias tiene un hándicap: no ofrece nada material. Ni está en
condiciones, ni pretende ofrecer puestos dentro de la casta
parasitaria. Nosotros queremos desmontarla.
Somos la única solución posible y ofrecemos dignidad. Esa dignidad
que habéis demostrado en todo momento. Y ahora hay que tener la
dignidad de indignarse. Esa indignación ha de dirigirse hacia los
auténticos culpables de esta situación tremenda, que recuerda una
etapa de posguerra, cuando no ha habido guerra desde hace 70 años.
Vamos a pasar a la ofensiva. Exhaustos. En medio de una situación
difícil y, con frecuencia, angustiosa.
Nosotros no somos triunfadores. Nosotros somos luchadores.
Hemos de indignarnos ante el robo continuo al que se nos somete.
Permitidme que muestre también mi indignación ante ese discurso de
moralina conservadora que incide en que esto es una crisis de
valores, que la gente ha vivido por encima de sus posibilidades, que
todo es causa de la codicia. A quienes se dirige ese discurso es
también a quienes, por ejemplo, la jerarquía católica nos pide cada
año que pongamos la crucecita en la declaración de la renta.
Ese bienestar al que aspiramos es totalmente justo y corresponde al
deseo humano de mejorar las condiciones de sus familiares, de sus
próximos, de sus compatriotas. Surge de la mejor caridad.
La gente no ha vivido por encima de sus posibilidades. Ha respondido
a expectativas racionales con dinero barato y la posibilidad de
dotarse de patrimonio para tener una vida más segura y transmitirlo
como herencia a las generaciones futuras.
Los que viven por encima de sus posibilidades son los políticos y
los sindicalistas, colocando a todos sus familiares y
correligionarios.
Los que han vivido por encima de sus posibilidades han sido todos
los alcaldes y los concejales, especialmente los de urbanismo,
corrompiéndose de manera generalizada.
Esa sí ha sido la codicia que nos ha hundido.
La codicia de los políticos y los sindicalistas depredando las cajas
de ahorro. Esa sí ha sido la codicia.
La codicia del presidente del Gobierno gorroneando todas las
vacaciones de los contribuyentes.
La codicia del presidente del Congreso construyendo un hipódromo con
curiosas y cuantiosas donaciones de empresas, que luego pagamos los
indefensos miembros de las clases medias.
La codicia de la secretaria general del PP que cobra cinco sueldos
del erario público.
Esa es la codicia, no la de las buenas gentes que han buscado, con
esfuerzo y con trabajo, lo mejor para los suyos.
O ellos o nosotros. No queda otra que cortarles los suministros, que
ir a la insurrección fiscal.
Sangre, sudor y lágrimas, eso es lo que nos han preparado, mientras
ellos viven en la opulencia.
Tengamos la dignidad de indignarnos. Impidamos que sigan chupándonos
la sangre, viviendo de nuestro sudor y provocando las lágrimas de
los nuestros.
Corajudos miembros de las Plataformas de las Clases Medias viene un
año de lucha y sufrimiento.
Os pido lucha.
Me comprometo a luchar desde la dignidad y desde la indignación.
Fuerza y honor
Enrique de Diego
TRIBUNA / MODELO DOCENTE
Educación: tarde, mal y nunca
ROSA DIEZ El Mundo 31 Diciembre 2009
ESE PODRÍA ser el eslogan de cabecera que enmarcaría la reunión que
mantuvieron esta semana la Secretaria General del PP, María Dolores
de Cospedal, y el Ministro de Educación, Gabilondo, para abordar lo
que han dado en llamar el «Pacto Educativo». Tras ella volvieron a
insistir en la necesidad de firmar un gran acuerdo que recogiera de
la imperiosa urgencia de modificar los hábitos y costumbres en las
aulas para que el profesor recupere su autoridad; de la necesidad de
invertir más recursos en Educación; de la precariedad de nuestro
sistema educativo? Nada que objetar a esas declaraciones y el resto
de las realizadas para ratificar el buen clima entre ambos
dirigentes (el uno del Gobierno, la otra del partido principal de la
oposición) en fechas en las que la preocupación por el bajo nivel de
nuestros educandos preocupa a propios y extraños.
Pero mucho me temo que ahí se quedará todo: en una declaración de
buenas intenciones. Y quizá en un papelito suscrito entre ambos
partidos políticos para disimular la vaciedad de contenidos de lo
que llamarán pomposamente el Pacto por la Educación; como llamaron
el Pacto sobre la Justicia a repartirse los puestos en el Consejo
General del Poder Judicial.
Voy a darles algunas claves de lo que a nuestro juicio debiera
formar parte del contenido de un pacto por la educación en España.
En primer lugar y de forma principal quiero destacar que la
educación en España no tiene arreglo mientras en nuestro país
coexistan 17 normas educativas que establecen sistemas diferentes,
exigencias distintas y/o currículos incompatibles. En tanto la
educación no pase a formar parte de lo que son competencias
exclusivas del Estado, esto no tiene arreglo. Cualquier decisión que
se tome al margen de esta primera exigencia estará destinada al
fracaso.
La gran asignatura pendiente en nuestro país es que el Estado
recupere la competencia de Educación; y no lo planteo como la
reformulación sobre el modelo territorial del Estado -cuestión esta
en la que más bien pronto que tarde deberemos entrar-, sino como la
conclusión de una reflexión serena y desprejuiciada sobre las
consecuencias que han tenido en nuestra capacidad como país que
nuestros jóvenes se hayan educado a partir de 17 leyes que conviven
en un espacio de poco más de 40 millones de ciudadanos y entre las
que ni siquiera existe correspondencia en lo que se estudia y se
deja de estudiar, cuando no en el idioma en el que se educa a
nuestros jóvenes, y que ha dejado de ser la lengua común en cinco de
las CCAA del Estado español.
Pero claro, la recuperación por parte del Estado de esta competencia
no forma parte ni de los deseos del PSOE ni de las exigencias del
PP. Ellos están mucho más preocupados por mantener sus respectivos
chiringuitos que por garantizar el futuro de las nuevas
generaciones. A ambos les falta ambición de país y les sobra
ambición partidaria. A ambos les queda grande el oficio de gobernar.
Sentenciado ya el fracaso en lo sustancial, quiero hacer algunas
consideraciones respecto del papel que van a estudiar a propuesta
del Gobierno. Me llama la atención que en el preámbulo se le de
tanta importancia a la «modernización del sistema». El pacto, antes
que modernizar, debe mejorar nuestra educación. No siempre lo
moderno es lo óptimo y lo tradicional lo malo. Por ejemplo, el
aumento del número de ordenadores en los centros escolares -muy
moderno- se ha demostrado contraproducente desde el punto de vista
de la calidad del sistema en varios países de nuestro entorno, tales
como Holanda, Irlanda o Suecia.
De otra parte, resulta imprescindible especificar (cuantificar, por
tanto) en cuantos puntos se propone reducir el fracaso y el abandono
escolar dentro de un periodo de tiempo razonable; las leyes y los
pactos han de poder ser evaluados de forma precisa o en su misma
formulación estaremos anunciando el fiasco.
Sobran declaraciones autocomplacientes, tales como que se ha
universalizado la educación en España: muchos jóvenes de 15 años
tienen dificultades para comprender textos o gráficos sencillos, las
carencias gramaticales de los universitarios se han convertido en un
obstáculo para encontrar el primer empleo, en muchos centros no es
obligatorio respetar a los compañeros, ni a los profesores, ni
estudiar? ¿Es eso la universalización de la educación? ¿No será más
bien que imponemos a nuestros jóvenes la obligación de ir a clase
aunque no nos preocupemos de su aprendizaje?
Puestos a pedir está muy bien que se quiera «universalizar» de cero
a tres años; pero no hay ningún informe internacional que afirme que
eso contribuye a la mejora del éxito escolar futuro de los
estudiantes. Por ejemplo, en Finlandia se comienza a escolarizar a
los siete años. Pero ya que tenemos en España a casi todos
escolarizados de tres a seis años, lo fundamental sería definir los
contenidos educativos básicos de esa etapa, tal como el aprendizaje
de la lectura. Pero claro, aquí topamos otra vez con la política en
el peor sentido de la palabra: 17 poderes políticos con aspiraciones
de estado pugnando por introducir la diferencia entre ciudadanos
españoles desde la más tierna edad de sus administrados.
Si al Gobierno socialista y al PP les preocupara educar a las
futuras generaciones el pacto se fijaría en estas cosas que parecen
menores; sólo si se aprende a leer y a comprender correctamente en
los primeros años del aprendizaje se podrán conseguir todos los
demás objetivos que marca la LOE para esta etapa. Además únicamente
así se proporcionaría una igualdad real de oportunidades entre niños
de entornos culturales bajos y los niños que provienen de entornos
culturales medios o altos. Un sistema educativo que consigue que
todos los niños lean mucho y bien es además una herramienta
excelente para afianzar su desarrollo social, personal, intelectual
y afectivo.
De otra parte el documento del Gobierno carece de total autocrítica.
Si no se empieza por reconocer que el modelo Logse/LOE ha sido un
fracaso y que revalorizar el esfuerzo significa, por ejemplo,
impedir que alumnos con ocho asignaturas suspensas pasen de curso,
cualquier pacto de estado estará abocado al fracaso, aunque lo
suscriba no sólo el Partido Socialista y el Partido Popular sino
todo el Parlamento.
Rosa Díez es diputada nacional y portavoz de Unión Progreso y
Democracia.
2009, año demoledor para España
Editorial ABC 31 Diciembre 2009
EL año 2009 concluye poniendo a España ante un futuro inmediato
lleno de incertidumbres e inseguridades. La realidad no justifica
ningún otro pronóstico. Baste comprobar que la salida de la crisis
económica en España se confía a la recuperación de los principales
países europeos, más que a nuestras propias capacidades, limitadas
por el Gobierno a subvencionar sin límite el fracaso de su política
con un gasto público que hace imposible la regeneración de la
economía productiva. A pesar de todo, y aunque habrá que aceptar que
lo que el Gobierno llama recuperación consiste, sencillamente, en no
caer más, el verdadero problema de España es que se encuentra en un
estado de decadencia que nos impedirá recuperar las ambiciones y los
protagonismos que se han ido alcanzando en estas últimas décadas,
hasta la llegada del PSOE al poder en 2004.
Desde entonces, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha manejado los
intereses nacionales con escaso rigor político y nula
profesionalidad en la gestión, tomando decisiones -inmigración,
política exterior, autonomías, economía- que ahora nos retratan como
el nuevo «enfermo de Europa». Zapatero puede negarlo una y otra vez
con ejercicios de «optimismo antropológico» como los que ayer
demostró de nuevo al hacer balance de un año demoledor para España.
Pero el optimismo no resuelve por sí mismo los conflictos. De hecho,
este deterioro sólo ha sido un reactivo para que den la cara las
carencias acumuladas en nuestro sistema político y social.
El modelo educativo falla en sus aspectos esenciales de formación,
profesorado y homogeneidad. La Justicia se resiente de los efectos
de la crisis, pero su situación interna de politización y penuria de
medios venía de antes. La organización autonómica del Estado está
infiltrada por el soberanismo separatista, que ha sabido aprovechar
la renuncia de la izquierda española a mantener su compromiso
nacional.
La Constitución atraviesa su peor momento gracias a unos pactos
estatutarios desleales con la nación española. La política exterior
nos ha situado en terreno de nadie mientras otros salen de sus
crisis, mantienen sus liderazgos y recogen frutos de su coherencia
como aliados. El «efecto Obama» fue un espejismo para el Gobierno, y
el Parlamento se ha convertido en un mercado de apoyos que el
Ejecutivo paga a las minorías a precio de oro. Y desde 2004, no ha
vuelto a haber un pacto de Estado entre Gobierno y el PP. Esa es la
realidad -y su percepción por cada vez más ciudadanos, según las
encuestas-, y no la que Zapatero se empecina en dibujar.
Zapatero y la post-recesión
VALENTÍ PUIG ABC 31 Diciembre 2009
LA versión económica que ayer dio Zapatero tuvo ese tono bonancible,
previsto y autosatisfecho que supera de largo la inverosimilitud de
una leyenda artúrica. El viento que barre la sociedad española para
Zapatero solo es una brisa. En un mapa de la Unión Europea publicado
ayer por «The Wall Street Journal» España aparecía con el estigma
cartográfico de «alto riesgo» en términos de sostenibilidad de las
finanzas públicas. Con el rotativo de Rupert Murdoch en los
quioscos, Zapatero estaba hablando en La Moncloa con aquel rebozo
risueño que le comunica la Ley de Economía Sostenible. Con esas
cosas de la brisa el presidente del Gobierno ya lleva quemados unos
dos equipos económicos.
Socialmente, la percepción negativa del paro es muy elevada y las
perspectivas del déficit público son de dimensión estratosférica. Es
el goteo cruento de las colas del paro, del desplome de la pequeña
empresa y de la inasequibilidad crediticia. A estas alturas, ya poco
importa que Zapatero negase la crisis tres veces, por lo menos.
Cunde la impresión de que la economía española tendrá que
espabilarse por su cuenta, ajena a la acción de un Estado que ha
estado gastando mucho más de lo que le correspondía, más de lo que
puede, recaudando mucho menos. Michel Spence es el penúltimo de los
premios Nobel de economía que diagnostica una recuperación tardía de
España en comparación con el resto de la Unión Europea, con los
Estados Unidos y las economías emergentes. Dice que España ha
despertado de un sueño con un fuerte dolor de cabeza y antes de que
se le pase tendrá que esperar mucho tiempo.
Al optimismo antropológico de Zapatero le vienen los achaques y las
jaquecas. Una neuralgia alcanza a todo el sistema nervioso de
nuestra economía ante la inoperancia de una política de «atrezzo».
Incluso con los sindicatos soplando a favor y el empresariado en
plena crisis de dirigencia, las hipótesis de futuro post-recesivo
están hipotecadas. Al referirse a los indicios de recuperación,
Martin Wolf decía ayer en «Financial Times» que los apuntalamientos
de la economía global siguen siendo peligrosamente frágiles, de
manera que en lugar de palmearnos en la espalda por el buen trabajo
hecho más necesitamos sostener el esfuerzo para reinstalar la
economía mundial en la salud vigorosa.
Algo se le escapa a Zapatero o es que Martin Wolf desbarra. Para La
Moncloa, la mejoría económica de España está a la vista mientras que
para el FMI, la OCEDE, la Comisión Europea, el Banco de España, el
Banco Central Europeo. «Financial Times» y «The Wall Street Journal»
el panorama está más que nublado. Fue ayer el día elegido por
Zapatero por inyectar en vena una inusitada ilusión económica.
Llovía en Madrid y en los embalses de la economía el rasero de la
crisis quedaba sobrepasado. Por delante, dos años de bajón fiscal.
La neuralgia atenaza las cuentas del Estado. Ciertamente, el Banco
de España ha constatado la mejora de los indicadores en este último
trimestre de 2009, pero entiende que son datos «escasos» y que la
información sobre los procesos todavía es «limitada».
Rodríguez Zapatero habló ayer de contener el gasto, pero de la forma
aletargada e improbable a que ya nos tiene acostumbrados. Su talante
permanece perfectamente ajeno a que los ingresos del Estado hayan
descendido más del 22 por ciento y el aumento de los gastos esté en
un 21,5. Su corte de Camelot fue concebida antes de que existieran
los agujeros astrofísicos de las cuentas públicas y el «big bang» de
la destrucción de empleo.
www.valentipuig.com
Miedo a cataluña
EDURNE URIARTE ABC 31 Diciembre 2009
Más aún que la completa conversión del PSC al nacionalismo étnico,
otro fenómeno representa mejor la deriva del sistema autonómico que
con tantas esperanzas la democracia española construyó en la
Transición. Es el miedo a Cataluña que acalla y paraliza a las
élites del resto de España, y no sólo a las élites de izquierdas. A
los intelectuales, a los líderes empresariales, a los juristas, a
los periodistas, sumisos y temerosos en tantos y tantos casos a toda
la mitología de ese fantasma étnico llamado Cataluña.
Y digo fantasma étnico porque lo más patético de este fenómeno es
que la Cataluña que tanto temen esas élites es una entelequia
política construida por la clase política catalana, nacionalista y
socialista, para apuntalar y ampliar su poder. Todas las encuestas y
estudios politológicos realizados desde el inicio de la Transición
muestran que la gran mayoría de catalanes se sienten españoles y
mantienen una identidad dual que no es conflictiva. O que el
independentismo es minoritario en Cataluña, exactamente igual que lo
ha sido siempre. O que se nos olvida que allí donde el
independentismo registra la mayor fuerza, en el País Vasco, llega a
duras penas al 30 por cien.
Pero da igual, porque nuestro sistema autonómico se desarrolla
constreñido y coartado por ese fantasma étnico. Por lo que le pueda
pasar a uno y a su imagen si se atreve a cuestionar «Cataluña», o
aquello de «la dignidad de Cataluña» que esgrimían los medios
catalanes. De ahí el escandaloso retraso del Tribunal Constitucional
o el silencio de los intelectuales o los balbuceos de una buena
parte de la élite política.
El fantasma étnico construido por la élite dirigente nacionalista y
socialista funciona y domina las decisiones relevantes sobre nuestro
sistema autonómico. Tanto como para llevarlo a una crisis de grandes
dimensiones en no mucho tiempo.
ZP cierra el año apostando por la
constitucionalidad del Estatuto
El presidente del Gobierno, "más que satisfecho" con el
balance de su gestión. Asegura a LA GACETA que "somos más fuertes en
el mundo" pese a gestiones como la del 'Alakrana' o el 'caso
Haidar'.
Miguel Gil www.gaceta.es 31 Diciembre 2009
Madrid. José Luis Rodríguez Zapatero concluye 2009 más que
satisfecho. Sentencia que ha sacado adelante su proyecto político
pese a “la magnitud y el alcance” de la crisis. Y lo hace sin negar
la evidencia de la pésima coyuntura económica que se ha atravesado
durante 2009 –“ha sido un año muy difícil”–, la sangría del
desempleo –“son cifras muy duras, altas”–, o la necesidad de
reformas estructurales como la del mercado laboral –”renovación del
mercado de trabajo”–. Al contrario. Ya sin elecciones inmediatas en
el horizonte, ahora sí, el presidente del Gobierno admite que “la
crisis se ha manifestado con toda su crudeza”.
El mensaje de ayer del presidente fue muy claro: “La recuperación se
confirmará en 2010”, estamos en “tránsito”, siempre garantizando la
“protección social” desde el Ejecutivo. “Pasemos de la recesión a la
recuperación”, reiteró Zapatero durante su rueda de prensa tras el
último Consejo de Ministros del año, donde también anunció que en
2010 se creará “empleo neto”.
Pese a que reconoció: “No estuve muy acertado cuando tuvimos aquel
estéril debate sobre si estábamos en crisis o no” (sin citar que fue
en un contexto de la importancia de una campaña electoral), Zapatero
sentenció que “volvería a hacer” la misma política económica.
Bajo la premisa de que la recuperación “está empezando”, el
presidente del Gobierno se comprometió al “mantenimiento de la
cohesión social y de la armonía social”. Confía en nuevo modelo
productivo de la economía española intervenida por la denominada Ley
de Economía Sostenible, que prevé aprobar entorno al próximo verano.
De hecho, anunció que entregará a los órganos consultivos su
anteproyecto el ocho de enero (cuando se conocerá que sucede
finalmente con la anunciada disposición adicional sobre descargas en
la red), de forma que la norma pueda ser estudiada en el Congreso de
los Diputados en febrero.
“El Gobierno ha mantenido todos sus compromisos sociales, un
compromiso firme que mantendremos”, repetía Zapatero. Así, también
incidió en que su programa ha salido adelante ante las dificultades:
financiación autonómica (sin consenso con el principal partido de la
oposición), Ley del Aborto (no incluida en su programa electoral y
también sin consenso con el PP y amplio y manifiesto rechazo
social), subida de pensiones, Plan E, créditos ICO, ampliación de
ayudas por desempleo y nueva regulación audiovisual. Asimismo,
Zapatero se jactó de haber mantenido la cohesión y el diálogo con
todos los sectores durante este año.
En el debe, “la incapacidad de los agentes sociales” –él no se
incluye– para abordar los cambios del mercado laboral, además de los
ya más de cuatro millones de parados. “Mi única obsesión es la
recuperación económica y la creación de empleo”, aseguró.
José Luis Rodríguez Zapatero también incidió en su intención de que
la patronal y los sindicatos alcancen en 2010 un acuerdo sobre
“renovación del mercado de trabajo” y anunció que el 22 de enero el
Gobierno aprobará políticas sobre la materia que presentará ante los
denominados agentes sociales.
Ambos compromisos, junto con la confianza en la Ley de Economía
Sostenible, se unen al objetivo del Gobierno de cerrar el Pacto por
la Educación que negocia con el PP en estos momentos. José Luis
Rodríguez Zapatero vinculó su anunciada e inexistente entrevista
antes de concluir el año con el líder de la oposición, Mariano
Rajoy, a que este pacto educativo tenga su “impulso definitivo”. Sin
embargo, no parece que haya fecha alguna en el horizonte, porque el
presidente del Gobierno esgrimió que un encuentro como éste
“conviene prepararlo bien”.
En ese futuro encuentro con Rajoy también pretende abordar asuntos
energéticos –aunque no insistió en la materia como en ocasiones
anteriores–, y en la necesidad de desarrollar planes de austeridad y
contención del déficit en las administraciones autonómicas (asunto
que aprovechó para descargar la responsabilidad del Ejecutivo, como
ya se hizo en la malograda Conferencia de Presidentes, recordando
que las autonomías gestionan cerca del 50% de los recursos
públicos).
“Mi única obsesión es la recuperación económica y la creación de
empleo”, aseguró el presidente. “No tengo ni un minuto en la agenda
para pensar en 2012, sólo estoy concentrado, con todas mis energías
y ganas, en ganar la recuperación económica y volver cuanto antes a
crear empleo” , aseguró tras ser preguntado sobre el debate acerca
de su reelección o no en las próximas generales y la caída del PSOE
y su propia imagen en las encuestas.
Presión al TC
Preguntado sobre la retrasadísima sentencia del Tribunal
Constitucional del Estatuto de Cataluña, Zapatero volvió a decir que
“el preámbulo del Estatuto no tiene ninguna tacha de
inconstitucionalidad y los símbolos nacionales entran perfectamente
en el marco de la Constitución”. El presidente espera “una gran
sentencia”.
Y por otra parte, Zapatero recordó a las tres víctimas mortales de
ETA y evocó las detenciones de este año. Se dirigió a los
terroristas para indicar “que pierdan toda esperanza, porque sólo
tienen un fin, una salida: entregar las armas y acabar con la
violencia”. Ahora bien, también señaló, en respuesta a una pregunta,
que la última negociación con ETA “sin duda ha tenido un efecto de
debilitamiento del bloque que ha apoyado la violencia fanática y
terrorista”.
Sobre política exterior, Zapatero aseguró en su balance que 2009 ha
sido “el año de la consolidación de la posición de España”. Citó
como ejemplo la presencia de nuestro país en el G20, y añadió que
hoy “somos más fuertes en el mundo” y aún lo seremos más con la
inminente presidencia española de turno de la UE.
Preguntado por LA GACETA acerca de la incidencia en esa imagen de
sucesos como la gestión del secuestro del Alakrana o el caso Haidar,
Zapatero, visiblemente nervioso, aseguró que el balance de estas
gestiones no es otro “que están aquí salvos, que les han liberado en
un tiempo razonable”. Molesto, añadió que “decir que afecta a la
imagen de España son intentos bastante lamentables”. Y sobre el caso
Haidar en concreto, explicó que “al revés, más que debilitar
fortalece, no me haga poner ejemplos de lo que es debilitar...”.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
El PP cierra el año traicionando a sus
votantes
EDITORIAL Libertad Digital 31 Diciembre 200
Núñez Feijóo devolvió la Xunta de Galicia al PP el pasado 1 de marzo
entre promesas de regeneración democrática y, sobre todo, de
extensión de las libertades civiles y lingüísticas a todos los
ámbitos de la sociedad y especialmente al educativo. Los escándalos
de gastos suntuarios con cargo al erario público por parte de los
altos dirigentes socialistas y nacionalistas crearon el caldo de
cultivo para lo primero y la rebelión ciudadana encabezada por
Galicia Bilingüe –y personificada en la figura de Gloria Lago–, para
lo segundo.
Pocas veces un compromiso electoral se formuló de manera tan clara,
explícita y reiterada por parte de un político: derogación del
decreto de política lingüística del PSOE-BNG durante los primeros
100 días de Gobierno y libertad de elección de la lengua en la
enseñanza obligatoria. Promesas que repitió a los pocos días de
ganar las elecciones al declarar que su objetivo era "promocionar y
proteger el gallego bajo un marco de libertad lingüística, y no de
imposición" y anunciar el fin de las Galescolas bajo la premisa de
que no quería "imposición lingüística de ningún tipo"; y a
principios de abril, cuando reafirmó sus compromisos bajo la
proclama de que iba a "restaurar los derechos civiles de los
gallegos" y de que ajustaría su política lingüística "a la opinión
de los padres".
Pero ni a los 100 días derogó el decreto de política lingüística
(más bien pervirtió su promesa nombrando a un conocido defensor de
la imposición del gallego, Anxo Lorenzo, como responsable de
Política Lingüística de la Xunta), ni el nuevo decreto que debía
restaurar la libertad de elección de la lengua ha sido otra cosa que
un enjuague con el que camuflar su flagrante y masivo engaño a los
electores gallegos.
De las tres medidas en que debía concretarse esa liberalización
educativa –autonomía parental para escoger la lengua en las
troncales, casilla vinculante en el sobre de matrícula y libre
expresión del alumno en clase– sólo la tercera aparece de una manera
difuminada en el borrador del nuevo decreto (ya que no habrá
libertad para utilizar los libros de texto en el idioma preferido
por el alumno). En su lugar, Feijóo ha optado por imponer una
enseñanza trilingüe en castellano, gallego e inglés como señal de
pluralismo y diversidad: se ha trocado la libertad de elección por
la coacción de un "equilibrio" precocinado.
Parece que en el nuevo PP no han terminado de entender que libertad
consiste en no coaccionar a los individuos a la hora de adoptar sus
decisiones y no en imponerles el menú lingüístico que el
planificador de turno considera óptimo para una determinada
sociedad. Así de simple: de lo que se trataba era de ampliar el
rango de opciones de los padres y de los alumnos, no de
predeterminarlo a una única opción donde todas las lenguas estén
proporcionalmente representadas.
No sabemos si Feijóo mintió deliberadamente a sus votantes cuando
realizó las promesas anteriores o si ha sido incapaz de resistir a
las presiones de los nacionalistas. Pero en cualquiera de los dos
casos, por falta de voluntad y de capacidad, ha incumplido la que
sin lugar a dudas fue su principal promesa electoral. Tal y como ha
declarado Gloria Lago sobre Feijóo en esRadio: "Este señor nos ha
engañado y se ha aprovechado de la ilusión de unos padres que han
trabajado y se han arriesgado".
Así cierra el año el PP, renunciando a una de las principales
señalas de identidad de todo partido liberal-conservador: la defensa
de la libertad como principio rector de una sociedad, también en la
enseñanza. Lo peor es que no parece haber sido un error, sino una
consolidada estrategia dentro de la formación política. Desde Elche,
liberales y conservadores sobran; de ahí que Rajoy desee para el año
que viene la misma deslealtad que ha ofrecido a sus bases en 2009.
Un Gobierno aburrido
«Lo peor que podría hacer el Gobierno vasco es asustarse ante su
propia imagen e intentar mejorarla con planes o discursos
pretendidamente ilusionantes. Su éxito a largo plazo pasa por
insistir en su mayor cualidad: la aburrida normalidad»
J. M. RUIZ SOROA El Correo 31 Diciembre 2009
Anda el Gobierno desolado ante las últimas encuestas, que muestran
una opinión mayoritaria más bien desfavorable a su existencia y a su
gestión pública. Tanto, que empieza a emitir las estupideces que
parecen de rigor en estos casos: no hemos sabido vender nuestra
gestión, nuestros méritos están tapados por la crisis, necesitamos
de comunicadores frescos y de discurso renovado, es un problema de
imagen, el cambio no se percibe en unos pocos meses, y así
sucesivamente.
Hay un punto que olvida el Gobierno y que me permito recordarle,
aunque sólo sea para endulzarle un poco el momento: las encuestas de
opinión miden eso, el nivel de difusión de una opinión. Pero lo que
las encuestas no miden es la intensidad con que se poseen las
opiniones, es decir, la fuerza de ese sentimiento o actitud que
detectan en las preferencias observadas. Y ése de la intensidad es
un dato político bastante más relevante que el de la amplitud
numérica de la opinión en sí misma. La política siempre ha sabido
que el sentimiento intenso de una minoría prevalece a la larga sobre
el sentir débil o disperso de una mayoría. ¿O no recuerdan su época
de asamblearismo en la universidad o en la fábrica?
Pues bien, aplicado al caso del Gobierno socialista, esta reflexión
les debería llevar a no preocuparse en demasía por las encuestas;
más aún, debieran verlas como un sesgo social a su favor. Por una
sencilla razón: porque la intensidad, tanto del rechazo como de la
aprobación que recibe este Gobierno, es bajísima. Es un Gobierno que
no levanta pasiones en ningún sentido del término. Y, aunque suene
quizás un tanto rebuscado, ése es precisamente el meollo del tan
anunciado cambio en la política vasca: abandonar la pasión. Así que
no se asusten, que van por el buen camino.
El cambio no consistía en hacer las mismas cosas pero al revés que
los nacionalistas, sino en no hacer el tipo de cosas que los
nacionalistas, y sobre todo Ibarretxe, hacían un día sí y otro
también. El cambio era dejar de generar un ambiente político
artificialmente excitado a base de propuestas heroicas para resolver
el conflicto secular, para conseguir la paz, para establecer
relaciones amables con nuestros vecinos, o para cualquier otra gran
hazaña vivencial. La política nacionalista era siempre la política
de la excitación, de los grandes momentos y de las decisiones
fascinantes. Por eso, cuando llega un Gobierno como éste, que se
limita a gestionar calladamente los asuntos cotidianos, que carece
de planes estrella para lograr la armonía universal en dos minutos,
sucede que se propaga inicialmente un sentimiento de privación
relativa, de estar a una dieta política pobre en calorías. La gente
echa en falta algo, aunque no sabe muy bien qué, y se aburre.
Percibe vagamente que le han quitado algo, que la política vasca ha
dejado de ser un juego embriagador de instantes trascendentales, y
culpa de su recobrada sobriedad al Gobierno. Pero le culpa sin
demasiada convicción, sin intensidad. Llega una etapa posheroica en
la política vasca. Falta que el personal se acostumbre a ello, pero
en eso estamos.
El aburrimiento es una forma válida de gobierno. Probablemente la
más congruente con una democracia asentada. La política sólo es
apasionante para el público en tiempos de revolución o gran
conmoción. En los de normalidad, el gobierno no es sino una
actividad bastante insípida y opaca, carente de cualquier capacidad
de seducción o entusiasmo. Al liberalismo siempre le han reprochado
los amigos de las emociones fuertes (los de la dialéctica
'amigo-enemigo' como eje de la política) que pretendía convertir la
política en un supermercado de banalidades. Es probablemente cierto:
el discurso del 'derecho a decidir' o de la 'muerte de nuestra
identidad' excitan al personal, las 'políticas activas de empleo' le
dejan frío. Eso ganamos: nos acercamos a la normalidad democrática
en Euskal Herria.
Resistencias al cambio, a estar a dieta de emociones fuertes, las
hay, cómo no. En primer lugar están los que necesitan de la
sobreexcitación para poder medrar, los nacionalistas. La cuestión es
no darles carnaza ni píldoras calóricas. Las buscan con afán,
incluso se obligan a ver al Rey en ETB para poder indignarse, pero
son sustitutivos de de bajo poder calórico.
Más difícil de tratar es la exigencia de espectáculo de los medios
de comunicación, que se han acostumbrado entre nosotros a tener en
la política una veta de emociones garantizadas que poder exhibir en
primera página. Quitarles el filón atenta a su negocio y a sus
hábitos, y reaccionan por ello con acritud y despego hacia el
Gobierno. Para ellos, un Gobierno aburrido es un Gobierno fracasado,
no tanto porque les importe la sustancia política como porque
desciende el nivel de espectáculo. Hay que aceptarlo resignadamente:
los medios serán los últimos en asumir la política pobre en
calorías.
En román paladino, lo peor que podría hacer el Gobierno ahora es
asustarse ante su propia imagen e intentar mejorarla a base de
planes o discursos pretendidamente ilusionantes. Al contrario, su
éxito a largo plazo pasa por insistir en su mayor cualidad: la
aburrida normalidad. Divertida es la vida, no la política.
"equilibrio" entre español, gallego e
inglés
Feijóo cambia la libertad de elección de lengua por un "modelo
trilingüe"
No habrá libertad de elección de lengua en los colegios gallegos.
Lejos de sus promesas electorales, Feijóo presentó lo que llamó
"decreto trilingüe". Se impartirá un tercio de las asignaturas en
castellano, un tercio en gallego y otro en inglés. Los padres no
decidirán.
r. vilas Libertad Digital 31 Diciembre 2009
El borrador del nuevo decreto que regulará el uso del gallego en la
enseñanza dista mucho de lo que Feijóo prometió en la campaña
electoral:
* Los padres elegirán el idioma de las asignaturas troncales.
* Habrá una casilla con la pregunta vinculante en el sobre de
matrícula.
* Los alumnos tendrán libertad para utilizar oralmente y por escrito
cualquiera de las dos lenguas en el aula.
El presidente de la Xunta compareció a última hora de este miércoles
y aunque dijo que "pasamos de un decreto en el que se imponía a los
chicos la lengua en la que tenían que hablar en clase a un decreto
en el que se les da libertad", no habló de la libre elección del
idioma en las asignaturas troncales, ni de la casilla con la
pregunta vinculante en el sobre de matrícula para esta cuestión. En
el borrador del decreto se intenta disimular el incuplimiento, al
dejar a la elección de los padres, en primaria, qué asignatura de
las troncales (Matématicas o Conocimiento del Medio) se estudia en
gallego o castellano, pero necesariamente tendrá que ser una en cada
en lengua. Además, la decisión final dependerá de los consejos
electorales, con importante presencia de los sindicatos
nacionalistas.
En secundaria, más de lo mismo. No se podrán estudiar todas las
asignaturas troncales en la lengua de elección del alumno. La
doctrina ya no es la libertad de elección, ahora es el "equilibrio"
entre las dos lenguas. Feijóo sí dijo en su comparecencia de este
miércoles que los alumnos "serán libres de dirigirse al profesor en
la clase en gallego o en castellano, salvo en las de lengua gallega
o castellana". Sin embargo, en el borrador no se recoge el derecho a
usar los libros de texto en el idioma elegido por el alumno.
Sólo en la primera etapa educativa, educación infantil, parece que
los padres podrán decidir. Aunque en la redacción deilberadamente
confusa del borrador no queda muy claro, ya que se habla de que el
profesorado también tendrá en cuenta "la lengua predominante del
contorno".
Feijóo ha encontrado en el inglés la coartada para no cumplir con
sus compromisos. Se refirió a la nueva legislación como "decreto
trilingüe" con el que según dijo busca que "los alumnos se expresen
en las tres lenguas". De esta forma, las asignaturas se repartirán
un tercio en gallego, un tercio en castellano y otro en inglés. Pero
en el borrador se dice que en aquellos centros que no estén en
disposición de impartir el tercio de las asignaturas en inglés, que
obviamente serán la mayoría porque no hay profesorado preparado para
eso, se repartirán estas asignaturas entre gallego y castellano
siendo de nuevo determinate la decisión del consejo escolar.
Con este modelo la opinión de los padres no cuenta realmente, contra
lo prometido por el propio Feijóo, que reconoció que lo que busca es
contentar a todos, a "los padres que votaron al PP, los padres que
votaron al PSOE y los padres que votaron al BNG". Es más, Feijóo se
atrevió, incluso, a dirigirse a los padres "que prefieren hablar
predominantemente en gallego y a los que prefieren hablar
predominantemente en castellano" para pedirles que "participen en la
educación de sus hijos" y aprendan con ellos inglés. "Vamos a evitar
ese riesgo que existía antes de que había clases predominantemente
en un único idioma de los dos oficiales en Galicia", añadió Feijóo.
Por último, el presidente de la Xunta explicó que todavia se trata
de un borrador y que lo discutirá con los "actores implicados".
el futuro de la enseñanza no universitaria Los padres podrán elegir
en primaria y la ESO el idioma de dos asignaturas
Los centros harán una consulta a los progenitores cada cuatro años,
que en infantil será cada curso
La Xunta asegura que se acaba con el
monolingüismo
Feijóo se la juega con un decreto trilingüe
Reconoce que el 33% del inglés no se puede aplicar todavía
Redacción Periodista Digital 31 Diciembre 2009
Feijóo dejará en manos de los padres la elección de asignaturas en
gallego y castellano. Y el inglés hace su aparición sin haber
todavía profesorado especializado. El borrador del decreto prometido
por el presidente de la Xunta en campaña electoral ha visto
finalmente la luz y a primera vista convence a pocos.
El decreto que ahora inicia una fase de consulta y que entrará en
vigor en toda la enseñanza no universitaria a partir del próximo
curso responde a varios principios, explicó Feijoo, como son
salvaguardar los derechos constitucionales y estatutarios, y ser
consecuentes con la Ley de Normalización, el Estatuto de Autonomía,
el fomento del gallego o el programa electoral, entre otros.
* En Infantil, el profesorado utilizará en el aula el idioma
predominante entre el alumnado, y debe procurar que se adquiera un
conocimiento adecuado de la segunda. El proceso será el siguiente:
se le preguntará a cada familia por la lengua que prefiere para su
hijo, y esta cuestión se contestará anualmente, marcando una
casilla, en el proceso de preinscripción en el colegio.
* El sistema de votaciones, según recoge el borrador del decreto,
queda de la siguiente manera.
* En Primaria, ESO y Bachillerato, se garantizará la adquisición de
la competencia lingüística en las dos lenguas oficiales de Galicia
(gallego y castellano) y se potenciará otra tercera, principalmente
el inglés.
* Se establece que un tercio de las horas semanales se oferte en
gallego, otro tercio en castellano y el restante, en lengua
extranjera.
* Para la definición de la distribución, se tendrá en cuenta
nuevamente la opinión que expresen los tutores legales, a través de
una consulta que se realizará cada cuatro años y que orientará la
repartición horaria.
* En Primaria, que tiene 25 horas semanales, la opinión mayoritaria
de las familias será vinculante para determinar la lengua vehicular
de las materias instrumentales -Conocimiento del Medio y Matemáticas
(hasta diez horas semanales)-, que serán una en gallego y otra en
castellano.
* En la ESO, que cuenta con 32 horas semanales, los parientes
directos de los educandos decidirán en qué lengua se dan las
asignaturas de Ciencias Sociales y Matemáticas, que suman hasta
siete horas a la semana.
* En el resto, será el Consejo Escolar quien apruebe una propuesta
horaria equilibrada, teniendo en cuenta la opinión de los
familiares.
COLECTIVOS OPUESTOS PERO UNIDOS EN EL RECHAZO
La plataforma Queremos Galego y el sindicato CIG ya anunciaron la
convocatoria para el próximo 21 de enero de una jornada de paro
general en la enseñanza gallega con el objetivo de mostrar "el
rechazo" al nuevo borrador.
Galicia Bilingüe, que demandaba poder elegir (a través de la
matricula) en qué idioma recibir la totalidad de las asignaturas
troncales, también prepara movilizaciones. Su líder, Gloria Lago, ha
manifestado que se rebelarán contra esta decisión de la Xunta.
La Mesa por la Libertad Lingüística encabeza las críticas al
trilingüismo porque considera que no se trata de “ser iguales por
tercios” y critica que se sustituya el “estudio del inglés" por
"estudio en inglés".
Lo curioso es que tanto la concentración para el día 21 como las
amenazas con rebelarse han sido puestas de manifiesto antes incluso
de conocerse el borrador. Sea como fuere, el presidente de la Xunta
tiene por delante una duro camino para conseguir un consenso que
ahora parece no tener ni de aquellos que más le apoyaron en materia
lingüística durante la campaña electoral.
El nuevo decreto del gallego fija un tercio
de la docencia en castellano, otro en gallego y otro en inglés
Elisa Álvarez La Voz 31 Diciembre 2009
El borrador del nuevo decreto del gallego que el Gobierno mantenía
bajo llave por fin se ha dado a conocer. Se denominará Decreto do
Plurilingüismo no Ensino non Universitario de Galicia y recoge
prácticamente todas las hipótesis que se barajaban estas semanas
sobre las lenguas en la enseñanza. Son las bases de una norma que
según el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, habla por
primera vez de un plurilingüismo y olvida «discusións antigas» entre
el idioma del Estado español, «e a nosa lingua».
El decreto que ahora inicia una fase de consulta y que entrará en
vigor en toda la enseñanza no universitaria a partir del próximo
curso responde a varios principios, explicó Feijoo, como son
salvaguardar los derechos constitucionales y estatutarios, y ser
consecuentes con la Lei de Normalización, el Estatuto de Autonomía,
el fomento del gallego o el programa electoral, entre otros.
A partir del próximo curso los padres elegirán cada año, mediante la
preinscripción de matrícula, el idioma en el que quieren escolarizar
a sus hijos en la etapa de infantil, en función de cuál sea la
lengua materna. Esta decisión será vinculante y se utilizará el
idioma que salga por mayoría. Aunque tras la reunión del Consello de
la Xunta no se aclaró si la decisión se tomará en base a la lengua
materna o a la que decidan los progenitores -podría ser que
quisieran escolarizar a sus hijos en otra-, el documento recoge
claramente que será «preguntándolle a cada fillo pola lingua
materna». Esto quiere decir que se mantienen los mismos criterios
que en la actual norma, con una excepción, que el Decreto 124/2007
del bipartito añadía que al menos el 50% debería darse en gallego,
algo que aquí desaparece, y se traduce en realizar actividades para
que se adquiera conocimiento en la lengua no elegida. En primaria,
secundaria y bachillerato el borrador establece que se impartirá un
tercio de las horas lectivas en castellano, otro tercio en gallego y
otro en inglés. Una de las principales novedades es que los padres
decidirán incluso en qué lengua se darán algunas asignaturas. En
concreto, su decisión será vinculante en Coñecemento do Medio y en
Matemáticas . Cada cuatro años se hará una consulta entre los
progenitores en la que se decidirá cuál de ellas se da en castellano
y cuál en gallego (en primaria), o incluso si quieren las dos en
gallego o las dos en castellano (en secundaria).
Decisión orientativa
En esta consulta también se les preguntará por el idioma del resto
de las materias, aunque en este caso la decisión mayoritaria solo
será orientativa, no vinculante. La decisión final la tomará el
consello escolar del centro, pero siempre manteniendo el equilibrio
entre lenguas. Es decir, si los padres eligen que en secundaria
quieren Ciencias Sociais y Matemáticas en castellano, deberán darse
en gallego las otras, para que no haya desequilibrio. Una de las
consecuencias de la norma, es que en un colegio podrán impartirse en
gallego unas materias y en otro centro otras.
Feijóo se escuda en el inglés para impedir
la libertad lingüística
El presidente de la Xunta presenta el borrador del "decreto
trilingüe"
Efe www.lavozlibre.com 31 Diciembre 2009
Santiago de Compostela.- Alberto Núñez Feijóo explicó ayer, al
término del Consejo de la Xunta, lo que él llama "decreto
trilingüe". En la presentación del borrador del nuevo decreto del
gallego, el presidente de la Xunta proclamó: "Pasamos de un decreto
en el que se imponía a los chicos la lengua en la que tenían que
hablar en clase a un decreto en el que se les da libertad". Sin
embargo, obvió la libre elección del idioma en las asignaturas
troncales, así como la casilla con la pregunta vinculante en el
sobre de matrícula para esta cuestión. El borrador tampoco recoge el
derecho a usar los libros de texto en el idioma deseado.
El presidente gallego indicó que su intención es que las materias
escolares se impartan a razón de un tercio en gallego, un tercio en
castellano y un tercio en inglés u otra lengua extranjera, y que los
padres puedan elegir el predominio de una sobre otra.
En la conferencia de prensa, indicó que pretende que los padres de
los alumnos puedan elegir la lengua de sus hijos en educación
infantil, decidir en primaria que Matemáticas sea en gallego y
Conocimiento del medio en castellano o viceversa, y que ambas sean
en uno u otro idioma en Secundaria, donde tampoco se podrá elegir
lengua en la que estudiar las materias troncales.
Feijóo afirmó que el "decreto trilingüe" que quiere adoptar tiene
como "objetivo final" el conocimiento por parte de los alumnos de
tres lenguas, aunque sin incrementar los recursos actuales, si bien
el consejero de Educación, Jesús Vázquez, que le acompañó, anunció
que aumentará los cursos de formación del profesorado y fomentará la
movilidad entre centros.
Subrayó que su deseo es que los alumnos pasen de "monolingüismo al
trilingüismo" y afirmó que el decreto pretende establecer que "los
alumnos sean libres de dirigirse al profesor en la clase en gallego
o en castellano, salvo en las de lengua gallega o castellana".
"Vamos a evitar ese riesgo que existía antes de que había clases
predominantemente en un único idioma de los dos oficiales en
Galicia", comentó Feijóo.
Apuntó que su intención es "volver al equilibrio entre gallego y
castellano, y inglés" y "evitar lo que ocurría antes, y es que de 25
horas en Primaria obligatoriamente 14 tenían que ser exclusivamente
en gallego".
Precisó que en base al decreto aprobado por el anterior Gobierno de
la Xunta, que establecía una obligatoriedad de como mínimo el 50 por
ciento de las clases en gallego, había excesos que llevaron a que en
la practica se fomentara el monolingüísmo.
Subrayó que sus propuestas del decreto serán remitidas al Consello
da Cultura Galega y a la Real Academia de la Lengua Gallega conforme
a su compromiso.
Consideró que si los partidos políticos asumen la "moderación" y la
"independencia" necesarias, "estoy seguro de que el consenso social
que ya existe en las calles de la cordialidad lingüística puede
incorporarse al ámbito de la política".
Feijóo aseguró que esas "bases" del nuevo decreto que prevé
establecer el Gobierno autonómico, gobernado por el PPdeG, "cumple
la ley de normalización lingüística y el programa electoral
mayoritariamente votados en las urnas", en que su formación ganó los
comicios en marzo pasado.
También dio a entender que el decreto respetará una reciente
sentencia del Tribunal Supremo que "dice que los padre no tienen
derecho a exigir un sistema educativo en el que todas las
asignaturas se den en un sólo idioma de su elección".
El presidente gallego afirmó que su ambición es "preparar las
generaciones futuras para un mundo cada vez más globalizado" y
auguró que otras comunidades autónomas con varios idiomas oficiales
estarán interesadas en analizar su proyecto.
GALICIA | 'Decreto trilingüe'
Feijóo propone 'equilibrio' entre
castellano y gallego en la enseñanza
Efe | Santiago de Compostela El Mundo 31 Diciembre 2009
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado un
nuevo decreto en el que pretende establecer un "equilibrio" entre el
gallego y el castellano en la educación primaria y secundaria a
partir del próximo curso escolar, y la incorporación de una tercera
lengua.
Feijóo explicó, al termino de una reunión del Consello de la Xunta,
que su objetivo inmediato es establecer la paridad entre ambas
lenguas oficiales e incorporar el inglés u otra lengua extranjera en
el currículo escolar.
El presidente gallego indicó que su intención es que las materias
escolares se impartan a razón de un tercio en gallego, un tercio en
castellano y un tercio en inglés u otra lengua extranjera, y que los
padres puedan elegir el predominio de una sobre otra.
A elección de los padres
En la conferencia de prensa, indicó que pretende que los padres de
los alumnos puedan elegir la lengua de sus hijos en educación
infantil, decidir en primaria que matemáticas sea en gallego y
conocimiento del medio en castellano o viceversa, y que ambas sean
en uno u otro idioma en secundaria.
Feijóo afirmó que el "decreto trilingüe" que quiere adoptar tiene
como "objetivo final" el conocimiento por parte de los alumnos de
tres lenguas, aunque sin incrementar los recursos actuales, si bien
el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, que le acompañó, anunció
que aumentará los cursos de formación del profesorado y fomentará la
movilidad entre centros.
Subrayó que su deseo es que los alumnos pasen del "monolingüismo al
trilingüismo" y afirmó que el decreto pretende establecer que "los
alumnos sean libres de dirigirse al profesor en la clase en gallego
o en castellano, salvo en las de lengua gallega o castellana".
"Pasamos de un decreto en el que se imponía a los chicos la lengua
en la que tenían que hablar en clase a un decreto en el que se les
da libertad", precisó.
"Vamos a evitar ese riesgo que existía antes de que había clases
predominantemente en un único idioma de los dos oficiales en
Galicia", comentó Feijóo.
El nuevo decreto lingüístico
Los padres elegirán el idioma de la
enseñanza
El consello escolar de cada centro se encargará de decidir en qué
idioma se impartirán las asignaturas teniendo en cuenta la opinión
de las familias y asegurando un reparto equitativo entre gallego y
castellano
PAULA PÉREZ/C. V. | SANTIAGO La Opinión 31 Diciembre 2009
Ocho meses después de llegar a la Xunta, el Gobierno de Núñez Feijóo
tiene listo el borrador de decreto que sustituirá a la polémica
normativa aprobada por el bipartito, que obliga a impartir un mínimo
del 50% de las clases en gallego. La propuesta -que fue presentada
in extremis, a pocas horas de cumplirse el plazo de fin de año que
se habían marcado- establece que se impartirá un tercio de las
asignaturas en gallego, otro tercio en castellano y se reservará el
mismo porcentaje para un idioma extranjero. La principal novedad es
que los padres podrán elegir por primera vez en qué lengua desean
que se enseñen dos de las asignaturas "instrumentales" de las etapas
de Educación Primaria y Secundaria: matemáticas y sociales. La
opinión mayoritaria será vinculante para cada centro. En el resto de
materias las familias serán consultadas sobre sus preferencias y, en
base a sus opiniones, serán después los consellos escolares de cada
colegio los que decidan en qué idioma se ofrecerá cada clase
garantizando siempre un equilibrio exacto de horas entre las dos
lenguas oficiales.
Si los centros no dispusiesen de los recursos necesarios para
impartir un tercio de asignaturas en un idioma extranjero, ese cupo
se redistribuiría entre el gallego y el castellano respetando
siempre que ninguna de las dos lenguas oficiales predomine sobre la
otra. Las reglas son distintas para Infantil, donde los padres
elegirán cada año, cuando formalicen la preinscripción, qué lengua
prefieren para la escolarización de sus hijos. La consulta a las
familias de los alumnos que estudien Primaria y Secundaria se hará
cada cuatro años también a través de los sobres de matrícula.
"La máxima que busca este decreto plurilingüe es la libertad a
través del conocimiento", proclamó ayer el presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, que compareció acompañado del conselleiro de
Educación, Jesús Vázquez, tras la reunión del Consello de la Xunta,
para informar sobre el borrador que ahora inicia su ronda de
consultas.
El objetivo del jefe del Ejecutivo gallego es "blindar el equilibrio
entre las lenguas" para evitar entrar en contradicciones con la Lei
de Normalización Lingüística. Por esa razón la capacidad de elección
de los padres queda siempre supeditada a que no se impartan más
horas de gallego que de castellano.
El conselleiro de Educación admitió que los colegios aún no disponen
de los recursos necesarios para impartir el tercio de asignaturas en
una lengua extranjera y eludió dar un plazo para hacer efectivo este
porcentaje. Por esta razón, en la práctica la mayoría de los
colegios tendrán que redistribuir el tercio de horas que se
reservaban para un idioma extranjero entre las otras dos lenguas
oficiales, de manera que el porcentaje de gallego y castellano
quedará repartido al 50%. En todo caso el mínimo al que obliga esta
norma es del 33%. En el decreto del bipartito, por el contrario, la
obligación era dar "al menos" el 50% en gallego, si bien no
contemplaba el idioma extranjero.
Pero Feijóo ha querido también respetar su compromiso electoral de
dejar elegir a los padres, aunque su opinión será sólo vincunlante
en dos materias. En Educación Primaria las materias de Coñecemento
do Medio y Matemáticas se impartirán una en gallego y otra en
castellano, según la opción mayoritaria marcada por los padres en
cada centro. "Tendrán que elegir un idioma para cada asignatura
porque en esta etapa sólo hay 25 horas semanales de clase y si se
dan las dos en gallego o las dos en castellano se rompería el
equilibrio", aclaró Feijóo.
En Secundaria se dará a elegir a los padres la lengua de las clases
de Matemáticas y Coñecemento Social. Aquí no será necesario que
repartan una para cada idioma ya que en este nivel hay 32 horas
semanales y se podría compensar el equilibrio con otras materias.
Aunque un fallo del Tribunal Supremo dictaminaba que los padres no
pueden elegir el idioma en el que estudian sus hijos, el conselleiro
de Educación defendió que su decreto "es respetuoso con la legalidad
vigente". El presidente de la Xunta afirmó ayer que "por primera
vez" en el sistema educativo gallego se "deja elegir a los padres".
Cuando todavía ni se sabía con seguridad qué novedades traería
consigo el prometido decreto de Núñez Feijóo sobre el uso del
gallego en la enseñanza, las dos organizaciones enfrentadas por sus
puntos de vista en la cuestión lingüística, la plataforma Queremos
galego y la asociación Galicia Bilingüe, coincidían en afilar sus
cuchillos y lanzar advertencias al titular del Gobierno autonómico.
Los primeros, para exigirle que no hubiera involuciones respecto a
la lengua. Los segundos, para pedirle que cumpliera sus promesa
electorales. De hecho, Queremos galego convocó una concentración
ayer en Santiago ante el Consello de la Xunta que dio luz verde a la
nueva normativa poniéndose en el peor de los casos y entonando un
réquiem anticipado por el idioma.
Antes de saber el contenido de la legislación elaborada por el
secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, el portavoz
de la plataforma, Carlos Callón, anunciaba ya, junto al responsable
de CIG-Ensino, Anxo Louzao, una movilización para el día 21 de enero
en forma de huelga en la enseñanza. El objetivo: intentar que la
Xunta "desista de esta política de exterminio hacia la normalización
lingüística", según explicó Louzao, que habló de "un día negro para
el gallego".
Tras afirmar que resulta una "vergüenza" que el Gobierno gallego
actúe "con nocturnidad y alevosía", en plenas fiestas, Callón señaló
que las propuestas educativas de la Xunta del PP "crean
enfrentamientos" y "para lo único que sirven es para atacar la
lengua".
Las posturas de ambos colectivos no cambiaron tras las presentación
del borrador del decreto, a última hora de la tarde. Callón, también
presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, se remitió a
una reflexión más sosegada el sábado, pero avanzó que el texto "crea
enfrentamientos en las comunidades educativas porque traslada la
responsabilidad del Gobierno a los centros de enseñanza". A grandes
rasgos también, indicó que la presencia del gallego de un tercio es
"inconstitucional". "La ley que desarrolla el proceso de
galleguización de la enseñanza tiene que ser progresiva y no se
pueden aprobar normas que reduzcan la presencia del gallego con
respecto a la norma anterior", argumenta. "No tiene fuerza jurídica
porque es inconstitucional porque va contra la letra de la Lei de
Normalización Lingüística y del espíritu de las últimas sentencias
del Constitucional y del Supremo" que no otorgan a los padres
potestad sobre el idioma en que estudian sus hijos.
En donde Callón ve un defecto, Galicia Bilingüe. que no interpreta
la norma de la misma manera, también. Precisamente el colectivo que
denunció la imposición lingüística que suponía, a su juicio, el
decreto elaborado por el bipartito, catapultó al debate electoral
del 1 de marzo la cuestión lingüística y logró que el presidente de
la Xunta, cuando todavía era candidato, apoyase sus pretensiones.
Feijóo cumple su compromiso de igualar
gallego y castellano
La norma que se aplicará el próximo curso y acabará con la cruzada
impositora del bipartito de Touriño apuesta por el inglés
ANA MARTÍNEZ | SANTIAGO ABC 31 Diciembre 200
El equipo de Feijóo presentó en su último consejo de gobierno de
este año, por primera vez vespertino, las bases para la elaboración
del decreto del plurilingüismo en el sistema educativo no
universitario, que deroga la norma 124/2007 del bipartito de Touriño
y Quintana. «Es difícil buscar un sistema más equilibrado; estoy
seguro de que muchas comunidades estudiarán con detenimiento estas
bases», pronosticó el presidente de la Xunta.
El borrador que desgranó el consejero de Educación, Jesús Vázquez
Abad, apoya la participación de las familias en la definición del
marco lingüístico escolar y garantiza el equilibrio entre las dos
lenguas cooficiales, con presencia de una tercera, en todas las
etapas educativas. En Infantil, el profesorado utilizará en el aula
el idioma predominante entre el alumnado, y debe procurar que se
adquiera un conocimiento adecuado de la segunda. El proceso será el
siguiente: se le preguntará a cada familia por la lengua que
prefiere para su hijo, y esta cuestión se contestará anualmente,
marcando una casilla, en el proceso de preinscripción en el colegio.
El presidente gallego dice que «es difícil buscar un sistema más
equilibrado que el que proponemos»
En Primaria, ESO y Bachillerato, se garantizará la adquisición de la
competencia lingüística en las dos lenguas oficiales de Galicia
(gallego y castellano) y se potenciará otra tercera, principalmente
el inglés. Con esta finalidad, se establece que un tercio de las
horas semanales se oferte en gallego, otro tercio en castellano y el
restante, en lengua extranjera. Para la definición de la
distribución, se tendrá en cuenta nuevamente la opinión que expresen
los tutores legales, a través de una consulta que se realizará cada
cuatro años y que orientará la repartición horaria. En Primaria, que
tiene 25 horas semanales, la opinión mayoritaria de las familias
será vinculante para determinar la lengua vehicular de las materias
instrumentales -Conocimiento del Medio y Matemáticas (hasta diez
horas semanales)-, que serán una en gallego y otra en castellano. En
la ESO, que cuenta con 32 horas semanales, los parientes directos de
los educandos decidirán en qué lengua se dan las asignaturas de
Ciencias Sociales y Matemáticas, que suman hasta siete horas a la
semana. En el resto, será el Consejo Escolar quien apruebe una
propuesta horaria equilibrada, teniendo en cuenta la opinión de los
familiares.
Para asegurar la potenciación fuera del currículum de la lengua
gallega, se contará igualmente con el papel activo de los centros,
particularmente a través de los equipos de dinamización, a los que
se incorporan por primera vez padres y madres, con el fin de
preservar, de este modo, la integración activa de las familias en la
promoción de la lengua gallega.
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