AGLI

Recortes de Prensa    Miércoles 2 Diciembre  2009

 

La prueba del nueve
José Luis Manzanares Estrella Digital 2 Diciembre 2009

No se explica que quienes están convencidos de la constitucionalidad del nuevo Estatuto de Cataluña -no escribo Estatut porque utilizo el castellano- pidan al Partido Popular la retirada de su recurso en aras de la concordia entre las tierras y los pueblos de España, como se decía antes. Todos los españoles tenemos interés en que nuestra Carta Magna no sufra ningún recorte fraudulento por vía estatutaria, pero no podemos dirigirnos individualmente al Alto Tribunal. De ahí que, sea cual fuere la sentencia sobre el Estatuto, sólo a través de sus razonamientos y de su fallo se disiparán, en la medida que corresponda, las dudas sobre su encaje en nuestro Estado de Derecho.

Si la constitucionalidad del Estatuto no presentara sombras en materias de tanta envergadura como el uso de la palabra "nación" -aunque sea en el preámbulo-, la obligatoriedad del conocimiento de la lengua catalana, la fragmentación de la Justicia y la bilateralidad en algunas cuestiones de Estado, no habría ni recursos ni espera tensa del pronunciamiento judicial ni reproches a los recurrentes, entre los que se halla también, aunque pase a veces inadvertido, el Defensor del Pueblo.

Las palabras del presidente de la Generalidad pidiendo que el PP desista de su impugnación es la prueba del nueve en el temor al recorte sustancial de un texto que habría quedado limpio como una patena tras pasar por las Cortes Generales. Alfonso Guerra dixit.

La tardanza del Tribunal Constitucional en dictar sentencia, mientras que se desarrolla el Estatuto a marchas forzadas y se multiplican los hechos consumados, revela el desacierto en la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad. Con él no habríamos llegado a esta situación. Debería haberse mantenido para los Estatutos, dándoles además una preferencia absoluta e incluso fijando un plazo para resolver.

Llevamos casi cuatro años a la espera de una sentencia que se retrasa sine die entre filtraciones, recusaciones, prórroga indefinida de magistrados que debieron cesar hace mucho tiempo, campañas mediáticas bien sincronizadas y declaraciones inoportunas -¿o muy oportunas?- de relevantes políticos que pronostican toda clase de desgracias si el Tribunal Constitucional no se plegara a sus deseos. Se pide una sentencia más política que jurídica porque el Estatuto ya fue aprobado por el Parlamento de la Comunidad Autónoma y por las Cortes Generales, amén de refrendado en Cataluña.

El problema comenzó con aquello de la nación "discutida y discutible" y "la nación de naciones". Ahora, la "gran sentencia" que espera el presidente Rodríguez Zapatero llega demasiado tarde en todos los sentidos.

El poder y la gloria de los políticos catalanes
Juan Francisco Martín Seco Estrella Digital 2 Diciembre 2009

Varios diarios catalanes se han puesto de acuerdo, siguiendo tal vez instrucciones de los políticos, para intensificar la presión sobre el Tribunal Constitucional (presión que ya se venía ejerciendo desde hace tiempo por distintas instancias) y han escrito un editorial común repleto de falacias políticas, errores jurídicos, zafiedad y sectarismo.

Afirman que será la primera vez que el Alto Tribunal se pronuncie sobre una ley fundamental refrendada por los electores, pero ello es quizá porque también es la primera vez que una parte de la clase política ha querido romper el consenso constitucional y modificar la Carta Magna por la puerta de atrás, sin someterse a los mecanismos establecidos.

Los doctos periodistas, en un alarde de erudición, nos recuerdan "uno de los principios vertebradores de nuestro sistema jurídico de raíz romana: pacta sunt servanda". Pues bien, aquí no hay más que un pacto radical: la Constitución, y es éste el que se ha roto en los momentos presentes, y precisamente por todos aquellos que han defendido el Estatuto. Son ellos los que pretenden cambiar las reglas del juego. Si no se admite la Constitución y el Tribunal Constitucional, garante de la misma, desaparecen el propio Estatuto y la Generalitat, que sólo son y existen al amparo de la Constitución.

Afirman que nuestra Constitución es abierta. Confunden este concepto con el de flexible, condición de la que carece la Constitución española, por mucho que el proceso autonómico se haya dejado más abierto de lo que hubiera sido conveniente. Toda reforma precisa de un procedimiento complejo y dificultoso, que es el que ahora se pretende evitar atajando por la puerta de atrás y presionando al Tribunal Constitucional para que lo acepte.

Es difícil encontrar a alguien que esté de acuerdo al cien por cien con la Constitución. A mí, desde luego, me repelen muchos de sus elementos por obsoletos, comenzando por la Monarquía y terminando por el sistema autonómico; pero, como toda norma, es fruto del consenso en el que unos ceden en determinados aspectos para que otros hagan lo mismo. Todos renuncian a sus pretensiones máximas en aras de la concordia, por eso la concordia se quiebra cuando se pretende romper torticeramente las reglas del juego y conseguir con artimañas, con la coacción y el chantaje modificar el pacto constitucional.

Nuestro sistema político, empezando por la propia ley electoral, es bastante imperfecto. Las instituciones, entre las que se incluye el Tribunal Constitucional, dejan mucho que desear, pero los mayores responsables de ello son los políticos, sin que los catalanes supongan precisamente una excepción. Pero es que además, hoy por hoy, son las únicas que tenemos. La solución estará en perfeccionarlas, pero nunca pasar de ellas y actuar cada uno como le parezca. Es posible imaginarse el caos que se produciría si a todos los ciudadanos se les diese la oportunidad de cumplir tan sólo las leyes que les gustasen o ejecutar únicamente las sentencias con las que estuvieran de acuerdo.

Las amenazas, el chantaje y las presiones que desde las élites catalanas se están lanzando contra el Tribunal Constitucional resultan totalmente inadmisibles, atentan contra la libertad e independencia de esta instancia y generarán sospechas fundadas sobre la objetividad del veredicto si éste finalmente resultase favorable a la constitucionalidad del Estatuto.

No se diga que lo que se defiende es la dignidad de Cataluña. A ésta nadie la ataca y su dignidad está a salvo; lo que se defiende es el poder y la gloria de los políticos catalanes, emparentados desde hace muchos años con los medios de comunicación y los intereses económicos de la región. Es sintomático el manto de silencio que se ha extendido siempre sobre la corrupción en Cataluña, corrupción de la que, por otro lado, todo el mundo es consciente. Lo poco que de ella se ha sabido no se ha debido, desde luego, a la prensa de la Comunidad.

A pesar de que, gracias a la ley electoral, los políticos catalanes se han encontrado casi siempre con la posibilidad de chantajear -chantaje que se ha ejercido- al Gobierno nacional para obtener privilegios, a los catalanes no les ha ido demasiado bien con la Autonomía y el autogobierno. Factores emotivos y sentimentales, muy respetables por otra parte, de identificación con una región, se la llame como se la llame, con una lengua y con una historia se han utilizado para exacerbar una Autonomía que no ha revertido en ninguna ganancia especial para los ciudadanos. Más bien todo lo contrario. La endogamia ha facilitado la corrupción, el oscurantismo y la irresponsabilidad de los dirigentes. No es casualidad la enorme abstención que se produjo en el referéndum sobre el Estatuto y que no recibiese ni siquiera el cincuenta por ciento de la sanción de los ciudadanos. No, no se defiende la dignidad de Cataluña, sino el poder y la gloria de los políticos y de los periodistas catalanes.

www.telefonica.net/web2/martin-seco

España y sus ciudadanos soportan mal la descomposición
Francisco Rubiales Periodista Digital 2 Diciembre 2009

El reciente secuestro de tres cooperantes españoles en Mauritania podría ser, según numerosos analistas y obsevadores, consecuencia de la debilidad manifiesta y ostentosa del gobierno español en los planos interno e internacional.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero exhibió inseguridad, nervios y enfrentamientos internos durante la crisis del pesquero secuestrado Alakrana, comportamientos que convierten a España en una diana apetecible para pirsatas y delincuentes internacionales y que aceleran el desprestigio y pérdida de apoyos que reflejan las encuestas, según las cuales el PSOE retrocede en todos los territorios españoles, incluídos sus "reductos amurallados" de Extremadura y Andalucía.

La clave es que muchos ciudadanos no soportan ya esa ineptitud del liderazgo y, sobre todo, la descomposición acelerada de la sociedad española, que irrumpe en sus vidas con indecencia cuando cada día leen la prensa o siguen los noticieros de la radio y la televisión, cuando conocen las alarmantes cifras del paro y cuando comprueban que no les llega el dinero a fin de mes.

Las imágenes de un gobierno ineficiente, de una Justicia controlada por los partidos políticos, de una corrupción imbricada en las entrañas del sistema, de una democracia transformada, a traición, en una oligocracia, de una crisis económica feroz que el gobierno no sabe combatir y de una situación generalizada de inseguridad en las calles y desconfianza frente al liderazgo y el sistema, han terminado por colmar el vaso y despertar la indignación de cientos de miles de españoles, que no están afiliados a partido alguno y que sólo desean libertad, eficacia, prosperidad y una sociedad más justa.

Aunque los fanatizados militantes de los partidos, acostumbrados a aprobar cualquier decisión de "los suyos" y a rechazar por sistema las ideas e iniciativas de "los otros", siguen resistiendo, existen ya suficientes indicios de que hasta los sectores más cultos y reflexivos de la militancia empiezan a desertar de los partidos ante la degeneración de la democracia, de los valores y de la convivencia.

La actual tendencia sociológica de España es, en cierto modo, sorprendente, porque los votos que pierde el PSOE por su mala gestión del poder no van a la oposición, sino a partidos minoritarios como UPyD, a Izquierda Unida, a partidos nacionalistas y, sobre todo, a engrosar el voto en blanco y la abstención. Si la actual tendencia de rechazo a los dos grandes partidos mantiene su ritmo de crecimiento y se consolida, el Voto en Blanco podría convertirse en el "tercer" mayor partido del país y, unido a la abstención, generaría un bloque descontento que superaría en votos a cualquiera de los dos grandes partidos españoles, lo que constituye, a todas luces, un hecho insólito entre las democracias occidentales y un claro fracaso de la política y de los políticos en España.

Las tendencias actuales reflejan que el PP ganaría las próximas elecciones, pero no tanto porque sube sino porque su adversario se hunde, mientras que muchos votantes intentan romper el bipartidismo con su voto. Pero lo que las encuestas reflejan con más claridad es el rechazo a los dos grandes partidos y la creciente protesta cívica ante la ineficiencia del gobierno, los privilegios injustos de la casta política, la corrupción y la injusticia que domina la vida social.

Los ciudadanos españoles, ahora inmersos en el complejo caldo de cultivo de una crisis económica que el gobierno no sabe atajar, están recibiendo tal cantidad de noticias negativas sobre su sistema político que no sólo se resquebrala la imagen del gobierno y la de los políticos, sino también la del mismo sistema democrático, que aparece como corrompido y transformado en un refugio para líderes incapaces.

Los telediarios, convertidos en crónicas interminables de crímenes y en reflejos de una sociedad insegura y envilecida, sin valores ni respeto, y en un espectáculo deprimente de corrupción y enfrentamientos diarios entre gobierno y oposición, escenificados con estilo barriobajero, alimentan a la sociedad con una sobredosis diaria de basura política, cultural y social difícil de soportar por una ciudadanía que cada día está más indignada ante fenómenos como el mal gobierno y la degradación de la política.

Como consecuencia, la sociedad se degrada, la convivencia se crispa, la gente es menos feliz, el país retrocede y la nación entera se vuelve más ineficaz y menos competitiva.

Voto en Blanco

Los deseos rara vez se hacen realidad
Vicente A. C. M. Periodista Digital 2 Diciembre 2009

El Sr. Zapatero está confundiendo el Congreso con su coto particular desde donde imponer su especial, por no decir infame y totalitaria, forma de gobernar. Hablar de que "desea que la sentencia del Tribunal Constitucional confirme lo que (él) votó en el Congreso, es decir la constitucionalidad del texto", supone una injerencia inadmisible de las muchas que ya se han escuchado desde este Gobierno de España y desde los círculos de poder y mediáticos de Cataluña. Una injerencia en confundir los deseos con las imposiciones descaradas.

Porque es un acto de totalitarismo decir que todo lo que el Congreso aprueba no admite réplica, ni discusión, ni puede ser recurrido. Nada más lejos e la realidad, sobre todo cuando lo que se aprueba va en contra del sentido común, de la propia Constitución e incluso de las libertades de los mismos ciudadanos que les otorgaron su voto. El Congreso es la foto de un determinado momento por el que se nombran a representantes por una legislatura. Lo que no es cierto es que es legislatura sea inamovible y mucho menos infalible. De hecho, el Congreso puede legislar con el único aval de las mayorías simples.

Por eso, para que exista una garantía sobre la validez de lo que ejecuta el poder legislativo, la propia Constitución prevé el órgano de vigilancia y juez supremo inapelable, el Tribunal Constitucional. Lo malo de esa Institución es su absoluta falta de independencia de los partidos políticos y del Gobierno. No hace falta recordar la bronca pública que la Sra. de la Vega le propinó a la Sra. Casas, o los lamentables episodios de intentar mantener mayorías para que las sentencias se ajusten a las pretensiones partidistas en uno u otro sentido.

Así que por un lado tenemos un Congreso que con una doble vara de medir es capaz de rechazar el Estatuto Vasco, llamado “Plan Ibarretxe”, mientras que por otro aprueba sin entrar a analizar el fondo del articulado el Estatuto de Cataluña y todo porque ha sido una “promesa” y una decisión personal del peor Presidente de Gobierno de la democracia, el Sr. Zapatero, al que le gustaría ver cumplidos sus deseos y que el TC no le fastidie su plan. Es claro que ese Estatuto es el “Plan Zapatero” acordado con Artur Mas de CiU y apoyado de modo entusiasta por un PSC radicalizado en el nacionalismo.

El Sr. Zapatero no se cansa de pedir “prudencia” cuando le conviene para otros asuntos de Estado. Sin embargo, en el caso del Estatuto de Cataluña, se ha sumado al acoso mediático y desvergonzado de todos los líderes políticos catalanes, con amenazas de insumisión del Presidente de la Generalidad, el Sr. Montilla y las llamadas a la “dignidad catalana”. Una dignidad que brilla por su ausencia y se convierte en descaro, en desafío y en una falta total de respeto hacia las Instituciones como el TC. Y solo porque existe una mínima posibilidad de que algunos jueces tengan un acto de conciencia profesional y de ética y dictaminen de acuerdo a la Ley y no de acuerdo a los “deseos” de nadie.

Sr. Zapatero, ¡Cállese de una vez! Sus buenos deseos son simple palabrería hueca y cortinas de humo que solo convencen a quien está cegado por la ofuscación sectaria o por los cómplices subvencionados que solo ven el color del dinero, oídos para sus mentiras y permanecen mudos ante los atropellos a sus conciudadanos. Si los deseos secumplieran, usted Sr. Zapatero estaría fuera del Gobierno hace tiempo. Yo también deseo que eso llegue a ser pronto una realidad.

CONGRESO | Sesión de control al Gobierno
Zapatero 'desea' que el TC respalde el 'sentimiento amplio' de los catalanes
Afirma que espera que la sentencia 'confirme la constitucionalidad' del Estatut
Marisa Cruz | Madrid El Mundo 2 Diciembre 2009

El presidente del Gobierno ha asegurado que "respeta" el editorial publicado hace una semana por 12 periódicos catalanes reclamando una sentencia del Tribunal Constitucional favorable al estatuto de Cataluña, porque "expresa el sentimiento amplio de la sociedad catalana que desea autogobierno, que nadie utilice su voluntad para enfrentar territorios y que desea seguir aportando todo lo que ya ha aportado en términos históricos, políticos, económicos y culturales a la España democrática".

José Luis Rodríguez Zapatero se ha expresado en estos términos durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, cuando el diputado de IU-ICV, Joan Herrera, le ha instado a pronunciarse sobre el texto refrendado por los 12 medios de comunicación catalanes ante el temor de que la sentencia del Constitucional recorte aspectos clave de la ley orgánica catalana.

Zapatero ha reiterado que cuando la sentencia se emita todo el mundo deberá "acatarla" y ha insistido en que él no quiere hacer valoraciones previas sobre la misma. Sin embargo, ha asegurado que "desea" una sentencia que "confirme la constitucionalidad del Estatuto" y que, por tanto, "reciba el apoyo de la inmensa mayoría de los ciudadanos y de los catalanes".

El presidente aspira a que el TC "trabajando con libertad, autonomía e independencia" emita una sentencia que "consolide el proyecto de desarrollo territorial de España" que tiene, ha añadido, "una pieza clave en el Estatuto de Cataluña". "Si tuviera que votar de nuevo el Estatut", ha recalcado, "lo votaría con el mismo convencimiento de su constitucionalidad".

Blog El blog de Santiago González
Catalunya o la Humanidad
Santiago González El Mundo 2 Diciembre 2009

La ministra de Cultura es de entre sus homólogos/as (¿o tal vez deberíamos decir femílogos/as, de acuerdo con quienes dicen 'feminicidio'?) la peor valorada en las encuestas, sin que se me alcance la razón. Pues anda que no hay para elegir personal incompetente, de uno y otro sexo (o género, o génera) en las cuadrillas que selecciona Zapatero.

Hoy quiero destacar un acierto de Ángeles González-Sinde, que es, por tanto, un acierto del Gobierno: la compra del archivo de Agustí Centelles, el gran fotógrafo de la guerra civil en Cataluña. Centelles, militante del PSUC, fue uno de tantos republicanos que se encaminaron al exilio en marzo de 1939. Con él viajaba su archivo fotográfico, unos 10.000 negativos y con él estuvieron en los campos de concentración de Argelès-sur-mer y Bram. Ocupaban más que el reloj del padre de Bruce Willis, durante su estancia en campos de concentración japoneses y debió de ser más difícil conservarlos. Después permanecieron 37 años en unos botes de leche condensada, en casa de unos payeses de Carcasona, tal como cuenta aquí 'Factual'.

El ministerio de Cultura ha pagado por el archivo 700.000 euros a los hijos de Centelles, mientras la Generalitat ofrecía 500.000. El conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, ha acusado a los Centelles de practicar "una política de chantaje, de inadmisible presión constante sobre la Generalitat con sus bailes de cifras". Los hijos del periodista, dignos albaceas de su padre, han recordado la sensación de maltrato con que murió su padre en 1985 y del ninguneo al que se han sentido sometidos.

Ellos comprendieron que estaban hablando de cosas diferentes cuando el Govern declaró la obra de su padre 'Patrimonio Cultural de Catalunya', como si los miembros el tripartito hubieran sido ellos mismos víctimas de la educación que inoculan a los escolares, según la cual, la guerra civil fue una agresión de España contra Cataluña. Los hijos de Agustí Centelles, piensan, con toda la razón del mundo, que éste es un planteamiento muy romo y que la obra de su padre desborda tan chato horizonte para ser patrimonio de la humanidad.

La obra de Centelles irá al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Allí tendrá una exposición permanente con su nombre, un laboratorio, una biblioteca y un premio internacional de fotografía. El Ministerio promoverá dos exposiciones en las Universidades de Columbia y Yale, en Estados Unidos. No hay color entre ambas propuestas.

La ministra de Cultura acaba de tener un gran acierto, que compensa algunos de sus errores. Lo que resulta difícil es imaginar la razón por la que una ministra de Cultura de Zapatero envía a Cataluña parte del archivo histórico de Salamanca, aceptando como bueno un criterio territorial, que, caso de ser aplicado ahora, habría dado la razón a la Generalitat frente a los hijos de Centelles, a la actual ministra de Cultura de Zapatero y a la razón.

LOS MéDICOS DEBERáN SABER CATALáN
Papanatismo idiomático del Gobierno balear
IMPRESIONES El Mundo 2 Diciembre 2009

EL GOBIERNO balear acaba de hacer público el sistema de baremación para puntuar a los aspirantes a médicos de atención primaria que contratará el año que viene. Lo que llama poderosamente la atención es que hablar el catalán con alto nivel proporciona cinco puntos, hablarlo normalmente vale cuatro, mientras que ser doctor en medicina merece dos puntos. Haber publicado un trabajo especializado reporta un solo punto. El sistema comporta lisa y llanamente la exclusión de los profesionales que se expresen en castellano, que, por mucha formación y experiencia que tengan, no van a conseguir plaza de médico. Como ya hizo el Gobierno vasco hace unos años, el Ejecutivo balear valora muchísimo más el conocimiento de la lengua que la destreza profesional. En Baleares, se va a permitir que un médico confunda una faringitis con una pulmonía, pero no que no sepa hablar en catalán

Zapatero votaría hoy lo mismo sobre el Estatuto de Cataluña
M. CALLEJA / E. MONTAÑÉS | MADRID ABC 2 Diciembre 2009

Tras el «rodaje» europeo en la XIX Cumbre Iberoamericana celebrada en Estoril y que culminó anoche con la celebración en la capital lusa de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido que afrontar hoy los «asuntos de casa». Han de lavarse «trapos sucios» de la política doméstica todavía como el debate del «Estatut» -para el que ha pedido explicaciones el Grupo ICV- o las gestiones de los secuestros de tres cooperantes españoles en Mauritania y de los marineros del «Alakrana», que ha sido aparcado temporalmente de la sesión de control en deferencia a los tres catalanes aún retenidos.

Zapatero ha driblado la solicitud de ICV de que el Gobierno inste a la renovación inmediata de los miembros del Tribunal Constitucional y en alusión a la pregunta sobre el editorial publicado en la prensa catalana bajo el título «La dignidad de Cataluña», para presionar al TC sobre la sentencia del Estatuto de Autonomía, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que los respeta, «como todos los editoriales».

Zapatero relató a continuación una lista de deseos: «Deseo una sentencia del Tribunal Constitucional que reciba el acatamiento y el apoyo de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Deseo que la sentencia confirme la constitucionalidad del Estatuto. Deseo que el Tribunal Consitucional trabaje con libertad e independencia, y deseo que consolide el proyecto de desarrollo territorial de España, que tiene en este Estatuto una pieza importante». Pese a decir todo esto, Zapatero aseguró que no hará juicios previos, y dejó claro que si tuviera que votar hoy el Estatuto, «lo votaría con el mismo convencimiento de constitucionalidad».

Letanías de ICV: «España es un Estado Federal que cabe en la Constitución» Tras la letanía de recriminaciones y advertencias que le ha lanzado Joan Herrera, portavoz de ICV, de que es nada menos que el Estato de las autonomías el que está «en juego», la «Cataluña de la que yo formo parte y que entiende que España es un Estado Federal y que eso cabe en la Constitución» -ha dicho-, el presidente del Gobierno ha ido un paso más allá del «respeto» que ya expresó el mismo día de la publicación del artículo en los rotativos catalanes y ha advertido que expresa «un sentimiento ampliamente mayoritario en la sociedad catalana, que desea autogobierno, que desea ser respetada, que desea que nadie, desde el resto de España, utilice su voluntad para enfrentar territorios». Pero, como viene haciendo en las últimas semanas, el líder del PSOE ha pedido «acatamiento y apoyo» de la «inmensa mayoría de los ciudadanos» españoles y catalanes.

Zapatero votaría hoy lo mismo sobre el Estatuto de Cataluña
Zapatero insistió en que la sentencia debe servir para «la integración» y en ese sentido ha demandado el trabajo de todos para lograrla, evitando la cita directa, aunque sí velada, al PP como responsable de que estemos «en esta situación». Se ha apresurado a respaldar de nuevo el «Estatut», ante las incesantes recriminaciones de Herrera, quien ha alertado al Grupo Socialista de que «estamos ante el momento más trascendental para el Estado de las autonomías, y no sólo para Cataluña». Esta convicción coincide con el «peor momento de la historia del Tribunal Constitucional», ha sentenciado.

Herrera ha tenido tiempo para recordar las recusaciones, la falta de relevos, la plaza desierta por muerte de un magistrado, las filtraciones a la prensa y la «politización inaceptable» de un Tribunal que es el «corazón enfermo» de la democracia. Como remedio curativo, el portavoz de ICV ha demandado «acabar con la situación de bloqueo», porque ya no basta con «señalar al principal responsable, ni con decir hay que acatar la sentencia». «Hay que desbloquear y hacer los nombramientos pendientes, y si no es posible, hay que reformar la Ley Orgánica del Tribunal Cosntitucional», ha insistido.

Galicia Bilingüe presenta un modelo en el que conviven las dos lenguas oficiales
SANTIAGO ABC  2 Diciembre 2009

La asociación Galicia Bilingüe presentó ayer una propuesta de modelo educativo en el que los padres o alumnos elegirían el idioma vehicular de las materias troncales, mientras las demás asignaturas se impartirían en la otra lengua oficial de Galicia. En el caso más extremo, el desequilibrio sería de cinco horas en favor de la lengua elegida. La asociación cree que con este proyecto, «Feijóo puede cumplir con rapidez y sin un elevado coste económico con el compromiso adquirido en las pasadas elecciones, el de libertad para elegir la lengua de enseñanza».

Aulas únicas
En los casos en que el centro cuente con un único aula por curso, GB defiende que se utilice «la lengua predominante» en las asignaturas troncales, pudiendo siempre los alumnos utilizar «en cualquier caso oralmente y por escrito» el idioma de su elección. Para los ciclos formativos de educación profesional y el Bachillerato, debido a la complejidad curricular de su elevado número de optativas, la asociación apuesta por un sistema de libre elección totalmente abierto: «Los profesores podrían utilizar la lengua que quisieran en clase y los alumnos serían libres de usar el idioma en el que mejor se expresen y estudien».

Imposición lingüística
Nota del Editor  2 Dic
iembre 2009

Para este viaje no hacen falta alforjas. Si en un mismo lugar, los alumnos tienen que oir (y como consecuencia entender) la lengua regional, se les está imponiendo. Que pregunten a los padres, si prefieren que sus hijos estudien con alumnos que utilizan la lengua regional o el inglés.

Napoleón IV de Cataluña
Pablo Yáñez www.lavozlibre.com 2 Diciembre 2009


El pasado jueves se presentó en Madrid un manifiesto contra la imposición del catalán en Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares en lo que supone la primera iniciativa conjunta de las asociaciones cívicas que defienden la libertad lingüística en estas comunidades.

Ante una realidad más evidente cada día, impuesta desde la esfera política en contra de la voluntad de los ciudadanos de cada uno de esos territorios, el Manifiesto es la respuesta cívica de quienes creen que la libertad también se pone en riesgo cuando se impone a los ciudadanos la lengua que tienen que hablar.

Cuando eso se hace desde un poder político ajeno, con el beneplácito de quienes han sido elegidos para servir al interés general, y en nombre de una realidad ficticia inventada para justificar lo que en Napoleón hubiésemos llamado imperialismo, ese riesgo se convierte en atropello a la libertad, y la denuncia en heroicidad.

Y es que los Países Catalanes es la Euskal Herria de quienes justifican declarar el catalán lengua ‘propia e histórica’ de Aragón, de quienes prefieren en Baleares un médico que hable catalán a un buen médico, de quienes apartan el castellano de la educación en Valencia y de aquellos que dictan ‘los editoriales de la vergüenza’ en busca del pensamiento único.

Porque es más fácil construir una realidad de artificio si ésta ha de sostenerse en el adoctrinamiento de la juventud a través de una educación que ‘borra la diversidad’ o en unos medios ‘comprados’ por el poder al servicio de unos mecanismos de información mas propios de regímenes anteriormente vividos.

La respuesta debe ser, como en este caso, colectiva, argumentada, basada en la razón y no en la historia que unos quisieron crear. Debe tener la firmeza de quienes no necesitamos manipular ni imponer para vivir en paz. Debe plantarse ante quienes defienden el pensamiento único, la intolerancia y el imperialismo, antaño por la fuerza, hoy por la lengua.

Yo me uno al manifiesto porque no tolero el pancatalanismo, porque no tolero la imposición ni de las lenguas ni de los modelos sociales. Mi apoyo es para quienes luchan contra el adoctrinamiento en Baleares, Aragón y Valencia. Es necesario dotar a esa gente del reconocimiento que merecen, como ya se ha hecho en Galicia, Cataluña o el País Vasco. Mi apoyo es a una sociedad civil que le dice a sus gobernantes que la libertad no se toca.


Polémica por los criterios de baremación de la sanidad balear
Un nivel medio de catalán vale el doble que la posesión de un doctorado en Medicina

www.lavozlibre.com 2 Diciembre 2009

Palma (Mallorca).- Las primeras oposiciones que el Gobierno balear ha convocado para su sistema público de salud están siendo objeto de polémica debido al criterio de baremación establecido. La Consejería de Salud ha determinado que la posesión de un nivel C de catalán (medio) puntuará el doble que un doctorado en Medicina. Hasta el momento, 1.352 aspirantes a una plaza en los puestos de administrativo, celador, fisioterapeuta o auxiliar de enfermería han sido excluidos del examen por no poseer los niveles A o B (elemental), lo que supone el 13% de los que se han presentado a los concursos publicados, Por su parte, los médicos y enfermeros, categorías con carencias de personal, poseen una moratoria de dos años para presentar un certificado acreditativo de uno de los dos niveles.

Tanto el servicio de Salud de Baleares (IB-Salut) como algunos sindicatos han realizado cursos intensivos de catalán a lo largo del año para que los trabajadores pudieran tener la titulación antes del examen. Además, el IB-Salut realizó una prueba específica de nivel que equivalía a la obtención del título, a pesar de lo cual la exclusión ha alcanzado a un gran número de solicitantes.

El criterio de baremación publicado por la Consejería de Salud necesario para obtener una plaza de médico en un centro de salud ha levantado numerosas críticas. Por cada curso académico en el cual el solicitante haya sido profesor titular, sólo se obtienen 0,5 puntos; por la publicación de un libro científico o por la obtención de un premio de ámbito internacional, un punto; los cuatro años de investigación necesarios para obtener un doctorado en Medicina valen dos; y cuatro años de experiencia en el puesto al que se aspira, 4,8. Sin embargo, la posesión de un nivel B o elemental de catalán retribuye con 3 puntos, el nivel medio o C, con cuatro, y el nivel avanzado o D, con cinco. Para poder obtener una plaza los solicitantes a cada una de las categorías tenían que cumplimentar un formulario en el que dichos criterios de baremación quedaban específicados.

Mientras que el Servicio de Salud de Baleares alegó que el criterio había sido acordado con los sindicatos, el Colegio de Médicos criticó que se valoraran tan poco aspectos profesionales como el doctorado. Por su parte, el Sindicato Médico calificó de "salvajada" que se dé más importancia al conocimiento de una lengua que al trabajo científico.


******************* Sección "bilingüe" ***********************
Estatut
No afloje, magistrado
Clemente Polo Libertad Digital 2 Diciembre 2009

Tras varios meses de apagón informativo en torno al devenir del recurso presentado contra el Estatut de Cataluña por el PP, hace dos semanas se recibían por fin noticias de que el órgano supremo encargado de velar por la constitucionalidad de las normas palpita. Han pasado tres años y medio desde que el Estatut de la comunidad autónoma de Cataluña fue aprobado, en el referendum celebrado el 18 de junio de 2006 con una participación del 49,4% del censo electoral, y algo más de tres años desde que el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad... y seguimos esperando a que el Tribunal Constitucional (TC) salga de su prolongado estado de hibernación y tenga a bien emitir una sentencia que aclare si el texto aprobado por el 54% de los diputados en el Congreso el 16 de abril de 2006 es o no constitucional.

Las noticias publicadas apuntaban a que seis miembros de los diez encargados de examinar el recurso han rechazado el borrador propuesto por la Sra. Pérez Vela, magistrada ponente y encuadrada en el ala "progresista" (¡vamos, una santa!), que avalaba la constitucionalidad del Estatut en algunos aspectos clave. Hay pues alguna esperanza de que el TC declare inconstitucional algunos artículos contrarios a la letra y al espíritu de la Constitución de 1978 que cuestionan dónde está residenciada la soberanía, el papel central del castellano en tanto que lengua oficial del Estado, la libertad de enseñanza, el derecho de los ciudadanos a elegir su lugar de residencia y la lengua en que quieren educar a sus hijos y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.

Desde hace décadas, el Gobierno catalán vulnera estos derechos constitucionales y la situación se ha agravado durante las presidencias de los Sres. Maragall y Montilla, dos líderes del PSC que se han plegado a todas las exigencias de los independentistas de ERC, incumplido los reales decretos de enseñanzas mínimas de 2006 y patrocinando diversas normas y reglamentos contrarios a la libertad de enseñanza y empresa. En un acto de cinismo sin parangón, el Parlamento ha aprobado la Ley de Educación de Cataluña (LEC) en 2009 que pretende, entre otras cosas, dar cubertura legal al incumplimiento flagrante a algunas normas del Estado. Felizmente, la LEC también ha sido recurrida por el PP y el futuro de este recurso pende de la suerte que corra el Estatut.

Desde que se presentó el recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno nacionalista que preside el Sr. Montilla ha repetido una y otra vez que nada tiene que decir el TC sobre una norma que se sustenta en un pacto político entre Cataluña y España y ha amenazado con (¿promover?) la desafección de Cataluña en caso de que el TC ose recortar el Estatut. En otras ocasiones, he comentado el disparate en que incurre el Honorable Sr. Montilla al negar al TC capacidad para juzgar la constitucionalidad de las normas (Montilla contra la constitución), un hecho sólo comparable al que supondría que el TC cuestionara la capacidad del Gobierno catalán y del Parlament de Cataluña para proponer y aprobar normas en Cataluña.

Pero en esta España de democracia de pandereta –controlada por castas de políticos profesionales (partidos) cuya larga mano ha convertido a los parlamentos en meras palancas de transmisión de los dictados del poder ejecutivo y aspira a domesticar también a los integrantes de la cúpula del sistema judicial–, a los políticos al estilo del Sr. Montilla se les escapa que las normas que redactan y aprueban los parlamentos autonómicos y las Cortes españolas puedan ser inconstitucionales, tengan en su base pactos, romances o folletines. Es el caso del Estatut, un texto de dudosa constitucionalidad incluso tras la operación de cirugía aplicada en el Congreso al proyecto impulsado por el Sr. Maragall y aprobado en el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005. Porque su entendimiento no alcanza más allá, ha vuelto a insistir en el mismo planteamiento en un acto de homenaje al Lluch celebrado el 22 de noviembre, confundiendo la pluralidad de España reconocida en la Constitución con la bilateralidad en las relaciones entre Cataluña y España que promueve el Estatut y en la que se pretende fundamentar jurídicamente la opresión que padecemos muchos españoles en esta Cataluña nacionalizada.

Los guardianes profesionales de las esencias nacionalistas se han apresurado a llamar a la rebelión a los ciudadanos de Cataluña si se recorta el Estatut. Para el Sr. Mas, cuyo partido, CDC, pasa estos días por horas bajas al haber trascendido que se benefició a través de la Fundación Trías Fargas del dinero robado por el Sr. Millet al Consorcio y la Fundación del Palau de la Música, un posible recorte del Estatut le viene como anillo al dedo para distraer la atención del personal hacia "Madrid". También le va muy bien a los dirigentes de ERC, a los que las encuestas les vaticinan un buen batacazo, una vez que los ciudadanos han podido constatar tras seis años en el Gobierno que a sus dirigentes lo que les pone son las marchas nocturnas con antorchas y banderas y la utilización de la administración pública para emplear a sus inquisidores atentos a detectar y castigar a los "malos" catalanes. Tampoco le va mal al PSC y al Sr. Montilla girar el punto de mira a "Madrid" y sacar a pasear la "desafección", tocados como están sus líderes, incluso personalmente, por la corrupción que ha destapado la operación Pretoria.

¿Cuál es el temor de los verdaderos demócratas? Que las presiones y amenazas de los nacionalistas catalanes hagan temblar los débiles cimientos de La Moncloa y el presidente y la vicepresidenta pongan en marcha el "Gabinete de presiones" con el fin de cambiar el sentido del voto del Sr. Aragón Reyes, el díscolo magistrado del ala "progresista" del TC que se ha atrevido a poner trabas a la "constitucionalización" del Estatut. Como decía en mi anterior artículo sobre esta cuestión, una sentencia que recorte el Estatut no resolverá los múltiples problemas políticos, administrativos y sociales que van a generar los estatutos a la carta, tanto los aprobados en la pasada legislatura como los que se están aprobando en ésta, pero al menos servirá para establecer "algunos límites a las pretensiones de los nacionalistas de gobernar Cataluña sin contar con el resto de las instituciones del Estado español", como pretende el Estatut, y al "abuso interpretativo que se hace de algunos artículos en Cataluña" y que acaban desnaturalizando los principios esenciales recogidos en el Título Preliminar y vaciando los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo de la Constitución española. No afloje Sr. Aragón Reyes, pues de usted depende en gran medida que el Estado de las autonomías no devenga un Estado sin autonomía, además, claro está, del bienestar de mis dos hijos nacidos en Cataluña.
Clemente Polo es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Autónoma de Barcelona

Epidemia de referendos
M. MARTÍN FERRAND ABC 2 Diciembre 2009

EL próximo 13 de diciembre, festividad de Santa Lucía, benéfica protectora de quienes tienen problemas con la vista, más de doce docenas de municipios catalanes celebrarán sendos referendos para tomar la temperatura a la fiebre del independentismo, uno de los muchos síntomas con los que cursa la más vieja de las enfermedades políticas de Cataluña, el victimismo. Semejante brote consultivo arranca del ejemplo que hace tres meses provocó el municipio de Arenys de Munt, un lugar del Meresme que, puestos a santos, tiene en su escudo una imagen de San Martín, a caballo, en el conocido momento de partir en dos su capa para entregarle la mitad a un menesteroso.

La consulta de Arenys le sirvió de pretexto al presidente de ERC, el notable pensador ripollés Joan Puigcercós, para proclamar que «queremos (ser) un Estado para dejar de pagar a los ministerios de Madrid, esa banda de corruptos que después nos envía a los abogados del Estado de Falange». Tan delicada destilación intelectual se complementa ahora, ante la convocatoria del enjambre de referendos que se le viene encima a ese centenar y medio de ayuntamientos catalanes, con otra sutil reflexión del alcalde arenyense: «Hay que terminar con el expolio, la exclavitud y la humillación», una trilogía de ambiciones que, sin referencias de tiempo y lugar, podría suscribir cualquiera, aún sin estar tocado por la gracia de la catalanidad más desbocada y vociferante.

En lo que a mí respecta muy poco tengo que decir ante el hecho de que algunos ayuntamientos de Cataluña modifiquen sus tradicionales diversiones locales, desde las sonoras aplec de sardanes a los deslumbrantes castellets del folclore clásico, y las sustituyan por referendos estrambóticos y sin garantía alguna; porque, ¿cómo se hace un referéndum sin el padrón municipal a la vista? En el de Arenys participaron menores de edad, extranjeros no residentes y, quizá, vecinos de otros lugares próximos porque cabe suponer que ninguno de los concejos afectados por esta fiebre se atreviera a utilizar el censo, lo que constituiría una infracción de las leyes protectoras de datos y un allanamiento de la intimidad de los vecinos, especialmente de los no participantes en la mascarada. Se entienden las razones de tanta bulla, pero cansan y aburren. Hartan. La confusión entre autonomía y separatismo, la que nos alumbra, ya no da más de sí. ¿Hasta cuando y hasta dónde?

Los fachas de Montilla
EDURNE URIARTE ABC 2 Diciembre 2009

Este discurso de Montilla y los nacionalistas catalanes sobre los independentistas que generamos «algunos medios de Madrid» y «la derecha» es muy viejo. Habitual, por ejemplo, en el País Vasco cada vez que se ha detenido a miembros de las organizaciones del entorno etarra. Es que ustedes fabrican radicales con esas detenciones, lo que deben hacer es integrar a las criaturas, esas que quieren eliminar a todos los que se oponen a la independencia. Discurso que ha sido dominante, por cierto, hasta que el PSOE se ha colocado claramente en frente. De ahí que Grande-Marlaska haya podido hacer las últimas detenciones sin que nadie le acusara de fabricar nuevos radicales.

La diferencia en Cataluña es que el PSC se ha sumado allí al discurso nacionalista de la fabricación de independentistas. No lleven ustedes la contraria a estos radicales, déles lo que pidan, que es, casualmente, lo mismo que pedimos nosotros. Y si no les dan lo que piden, es que son ustedes unos fachas. Es la segunda parte de este discurso y de esta estrategia. Y ha tenido y tiene un enorme éxito en toda España porque el término facha lo define la izquierda en nuestro país, exclusivamente. Y lo ha aplicado tanto a los que persiguen a ETA como, ahora, a los autonomistas que respetan la Constitución.

Pero los auténticos fachas, que son quienes quieren acabar con el Estado de las Autonomías por métodos antidemocráticos, igual que los independentistas vascos y catalanes, son una minoría tan insignificante que ni siquiera tienen presencia en el debate político y mucho menos abrigo en el seno de «la derecha y los medios de Madrid», que son autonomistas. Los únicos ultras que tienen abrigo en partidos democráticos, organizan consultas ilegales con la vista gorda del PSC y coaccionan al Estado son los independentistas. Y esos son los fachas de Montilla y los suyos, exclusivamente.

Carta abierta al presidente de la Xunta, Núñez Feijóo
www.lavozlibre.com 2 Diciembre 2009

Estimado Sr. D. Alberto Núñez Feijóo:

He sido votante ocasional del PP y me alegré de su victoria en las autonómicas gallegas el pasado 1 de marzo. En la campaña electoral, uno de los temas más importantes, y el prioritario para muchos, fue la política lingüística. Y sin duda por ese tema muchos gallegos cambiaron su voto y apoyaron esta vez al PP. Usted prometió en campaña que los padres gallegos podríamos elegir la lengua en la que nuestros hijos recibirían la enseñanza y el idioma de los libros; dijo que en septiembre habría una casilla en la hoja de matrícula para elegir gallego o castellano; y afirmó que, si ganaba, derogaría en los primeros cien días de su gobierno el Decreto de enseñanza en gallego impuesto por el Bipartito. Y no ha cumplido.

Hace poco leí en la prensa que, en un acto multitudinario de su partido, daba las gracias a sus votantes y, presumiendo de ser un político honrado, volvía a comprometerse ante todos los gallegos a "no mentir y mirar a los ojos". Pues bien: soy un ciudadano gallego, padre de familia y médico, que me considero traicionado por el actual presidente de la Xunta y también por todos los políticos de su partido. Y mirándole a los ojos le digo: señor Feijóo, mis hijas, de 6 y 5 años, y miles de niños gallegos, siguen recibiendo la enseñanza mayoritariamente en gallego contra la voluntad de sus padres. La Consellería de Educación no nos ha permitido ni siquiera comprar los libros en castellano, aduciendo que no podía ser porque seguía vigente el Decreto -así contestaron a mi petición-. Se nos sigue privando del derecho efectivo de poder elegir y se sigue incumpliendo la Ley de Normalización Lingüística gallega que dice en su artículo 13 que los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua materna.

Usted ha mentido, señor Feijóo: no ha cumplido lo que prometió y nos está ocasionando un grave perjuicio. Si el 1 de marzo hubiera vuelto a ganar el Bipartito, yo con mi familia me hubiera marchado de Galicia, donde llevo viviendo 27 años, por la falta de libertad manifiesta en este tema, que era cada vez más agobiante. Pero el PP consiguió mayoría y nos quedamos, confiando en su palabra. Es incomprensible su actitud, más aún, sabiendo que cuenta con el apoyo de todos sus votantes para derogar el Decreto que impone el gallego como lengua principal para la enseñanza de todos los niños gallegos. Si le han votado es porque quieren que tome esa medida. Y no sólo sus votantes: la gran mayoría de los padres gallegos, muchos que votaron a los socialistas, están en contra del decreto. Eso se ha comprobado con los resultados de la Consulta que hizo en junio la consellería de Educación, pues sólo el 12.5 por ciento de los padres contestaron que preferían la enseñanza en gallego al nivel que impone actualmente para todos el Decreto que aprobaron socialistas y nacionalistas, y que usted, señor Feijóo, está manteniendo, convirtiéndose en el principal responsable de la imposición lingüística que ahora sufrimos en Galicia.

No presuma de honradez. Sus palabras y sus actuaciones, o mejor dicho, su falta de actuación, le condenan. Sólo queremos que cumpla lo que prometió y por lo que le votamos. Me encantaría poder tener un encuentro cara a cara con usted y le diría, mirándole a los ojos, que nos ha mentido, que nos ha traicionado y que nos está ocasionando perjuicios injustos, manteniendo la situación de franca ilegalidad que perjudica a miles de gallegos que tenemos el castellano como lengua propia. ¿Es usted capaz de aguantar mi mirada?

PEDRO Mª LARRAURI

Y venga a imponer el gallego
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 2 Diciembre 2009

PSdeG y BNG se niegan a que el español sea declarado oficial en el ayuntamiento de Vigo, el presidente de la Mesa Por La Imposición Lingüística aprovecha su posición en una ONG (¿?) que se supone que asesora a la UE para presionar a la Xunta, los sindicatos de la enseñanza amenazan con una huelga si a la Xunta se le ocurre aprobar otro decreto que no sea el que ellos quieren, en la página oficial de la Xunta, aunque hagas clic en "castellano", la gran mayoría de las informaciones están únicamente en gallego, idioma único en el que se expresan nuestros gobernantes autonómicos e idioma único en el que se redactan las notificaciones e informes de la administración autonómica... ¿Y me quieren hacer creer que no hay imposición lingüística? ¡Por favor!

Parece que no cuenta el hecho de que en las oposiciones del bipartito se valoraba más el conocimiento del gallego que la experiencia laboral, que las asignaturas eran mayoritariamente en gallego y los libros, a excepción del de idioma español, todos en gallego. Los medios de comunicación escritos o hablados íntegramente en gallego reciben unas subvenciones que no reciben los demás medios, y encima se arriesgan a sufrir ataques de la "kale borroka galega" como le ocurrió a una televisión local de Vigo por usar el español.

Pero ¿es que nos toman por idiotas? ¡Y encima van de víctimas! Esto es increíble. Estamos soportando la mayoría de los gallegos una presión constante de un grupúsculo fundamentalista en todas partes, y encima dicen que lo hacen por Galicia. ¿No será otra cosa? Tal vez sean los suculentos beneficios que rodean al negocio del gallego: editoriales de libros, diccionarios, amén de los consabidos escritores de lengua única. Yo comprendo que se prefiera ser un idolatrado escritor gallego, como Rivas, en Galicia con escasa competencia, que un mediocre escritor nacional. Es comprensible, pero de ahí a meternos a todos en ese saco, nos guste o no, es más propio de una dictadura fundamentalista que de una democracia con respeto a la libertad de decisión individual.

Manu de la Bastida
Martes 01 de diciembre de 2009
http://www.lavozdegalicia.es/cartasdirector/2009/02/21/0112AF4FE67ED4A6BC8300D13A01B4156D0B.htm#comentario

Bula a la catalana o la impunidad radical
Pepe Álvarez de las Asturias Semanal Digital 2 Diciembre 2009

Es realmente preocupante y sorprendente la infinita permisividad de la que gozan los independentistas catalanes más radicales a la hora de ejercer radicalidad.

Ya estamos otra vez con la tontería nacionalist permanent y el Estatut de las Pelots. Es que no paran, oiga. La penúltima, lo de los 12 defensores de la dignitat, todos a una Fuenteovejuna i la Geltrú, amenazando veladamente al TC, que sólo lleva 4 años deliverando si el Estatut de las Pelots es o no constitucional. Y mientras, el Estatut de las Pelots (aprobado por el 36% de los catalanes) campando a sus anchas por la Catalunya Imperial, haciendo y deshaciendo negocis, amordazando o cortando lenguas, reivindicando o amenazando, según el día, multando y robando a manos llenas el agua dorada del Oasis Catalán, también llamada pela.

Y uno, qué quieren que les diga, está hasta las pelots. Y no entiende por qué el TC, salvaguarda de nuestra reverenciada Constitución, tarda años en tomar una decisión tan decisiva, tan esperada y tan necesaria para saber de una maldita vez si la Constitución permite a un par de millones de ciudadanos españoles romper España o no. ¡María Emilia, que te duermes!

Pero la cuestión, para mí, no es sólo ésta. Lo que más me preocupa, me sorprende y hasta me alucina, es la infinita permisividad de la que gozan los independentistas catalanes més radicals a la hora de salirse del tiesto de manera más bien grave. Lo que realmente me flipa en colores es la bula fiscal y social que tienen estos chicos para insultar, amedrentar, quemar, amenazar e incluso agredir físicamente con absoluta impunidad, o sea, sin que les den un capón siquiera. No entiendo cómo los jovencitos de ERC (esos simpaticots) pueden colgar al Rey de España del cuello en el juego del ahorcado, El Joc del Penjat, partirse de risa con la gracia real ("licencia humorística" dicen) y que al Fiscal General del Estado no se le haya movido ni una ceja (¿o era zeja?).

No entiendo cómo un señor diputado del Congreso de los Diputados del Reino de España puede gritar «¡Viva la República, muerte al Borbón!» mientras quema y entierra la Carta Magna, y siga ocupando su escaño de diputado en el Congreso de los Diputados del Reino de España, y además cobrando su sueldo de diputado pagado por usted y por mí, entre otros millones de españoles. No entiendo cómo se pueden quemar banderas españolas o fotos del Rei Joan Carles I con fanática alegría en actos conmemorativos varios y variopintos, en plena calle, y que no intervengan las Fuerzas de Seguritat del Estat Espanyol con toda contundencia y efectividad, en plan beltxas, con el consiguiente cupo de detenidos, condenados y encarcelados. No entiendo cómo se puede hundir un barrio entero y que dos calles más allá ni se enteren del agujero negro porque la prensa catalana (la de la dignitat), le esté bailando una moixiganga al Govern del 3 per cent, del CAC y de la madre que los parió. No entiendo cómo se puede llamar malnacidos a los extremeños, tal cual, o declarar tranquilamente que «Los españoles son tan cazurros que te quitan las ganas de ser unionista», por muy directivo del Barça que seas o por muy Xavier Sala i Martín que te llames, y que no tiren el carnet al retrete los tropecientos mil culés no nacionalistas que pululan por España y parte del extranjero. No entiendo cómo se puede hacer un homenaje a un terrorista de Terra Lliure (Martí Marcó), a pecho descubierto, en un espacio municipal, y que no se produzca ni una sola detención por enaltecimiento del terrorismo (y mira que era fácil, que sólo asistieron 50 energúmenos de las JERC). No entiendo cómo se puede permitir que los mismos energúmenos de las JERC (¡si es que hasta tienen siglas de terroristas!) "celebren" el Día de la Constitución invitando a acudir al acto de turno para «arrancar una página de la Constitución española» y que ni siquiera los disuelvan a manguerazo limpio, aprovechando el fresquito del 6 de diciembre. No entiendo cómo se puede amenazar de muerte a miembros del partido opositor («Mira debajo de tu coche, hijo de puta»), apedrear a conferenciantes discrepantes e incluso, en un alarde de cinefilia mafiosa, enviar una carta intimidatoria con foto y una bala de verdad clavada en la frente sangrante (de la foto, por ahora), y que acciones tan democráticas no tengan ni una vaga respuesta por parte de… nadie.

No entiendo, lo juro, por qué esta gentuza tiene el privilegio de la impunidad absoluta, una bula que ignoro quién les ha concedido. Y por qué. La batasunización de los radicales catalanes es cada día más nítida, explícita y preocupante, pero aquí no pasa nada. ¿Será porque gobiernan a pachas con el PSC del charnego Montilla? ¿Será porque son los amigotes de la Chacón, Rubianes y su puta España? ¿Será porque son los mimados de Mister Paz, el que sembró todo este lodo, el que echó a Maragall a los perros, el que timó a Mas sibilinamente entre cigarro y cigarro, el que espera optimista un «Gran Estatuto»? ¡No, hombre no! ¿Cómo se puede pensar tal barbaridad? Lo que pasa es que después de ahorcar al Rey o amenazar de muerte al enemigo luego piden disculpas, echan unas risas con la broma y se olvida la cosa. ¿No ves que son catalanes, o sea, cultos, civilizados y modernos? No como esos vascos brutotes y belicosos. Aquí hay seny. No se manchan las manos de sangre, sólo incitan a otros a que lo hagan. Y llegará el día en que haya un muerto, o varios, y entonces nos preguntaremos ¿cómo hemos llegado a esto?

Pues nada, así seguiremos, con estatut o sin estatut, aguantando a los terroristas de las JERC y a sus jefes de tribu, los Cuatro Joanes del Apocalipsis Catalán (Joan Tardá, el primitivo; Joan Puigcercós, el trepa; Joan Puig, el de los nazis de Air Berlín; Joan Ridao, el que sabe leer), flanqueados, por si acaso, por dos Joanes extra: Joan Laporta, més que un president; y Joel Joan, el actor amigo de Xirinacs y de ETA que define España como «Un Estado parásito, una realidad macabra, un desvío de la Historia» y luego lloriquea porque no le dan trabajo en el cine español. Y a Carod-Rovira, el cachondo de la corona de espinas, que no se llama Joan pero tampoco es catalán, como Montilla, el del estatut hasta sus últimas consecuencias.

Y mientras seguimos, con paciencia infinita, soportando a esta panda de insoportables en la eterna espera de la decisión del TC, recuerdo aquellas ocho fórmulas mágicas que nos prometió Mister Paz para colarnos el término ´nación´ en el Estatut de las Pelots, pero que nunca llegó a desvelar. Yo le propongo éstas: Conde-nación, Alie-nación, Aluci-nación, Maqui-nación, Conster-nación, Recli-nación, Indig-nación, Termi-nación; y, si la RAE lo permitiera, una novena extra: Cerce-nación.
Que tome nota el TC. Y que espabile. Por pura dignitat.

Entre los nueve integrantes del Consejo de Garantías Estatutarias sólo hay una mujer
El «Constitucional» catalán incumple la igualdad que propugna el Estatut
F. Velasco La Razón 2 Diciembre 2009

MADRID- El Estatut dedica varios de sus artículos a propugnar la igualdad del hombre y la mujer en todo lo que se refiere a la participación en los ámbitos públicos y privados. Hasta tres preceptos de la norma autonómica, que está pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional, aluden al compromiso de las administraciones públicas en pro de esa igualdad de oportunidades. Sin embargo, se da la paradoja de que en el recién creado Consejo de Garantías Estatutarias, una especie de «Tribunal Constitucional» catalán, encargado de velar para que las disposiciones de la Generalitat «se adecúen al Estatut y a la Constitución», sólo figura una mujer entre sus nueve integrantes. Se trata de Antonia Agulló, elegida a propuesta del PSC.

Este órgano está formado por nueve juristas nombrados por el presidente de Cataluña, dos terceras partes a propuesta del Parlamento catalán y una tercera parte a propuesta del Gobierno autonómico. Entre estos miembros figuran Pere Jover i Presa como presidente, del PSC, y Enric Fossas, Marc Carrillo y Eliseo Aja –estos tres del Ejecutivo de Montilla–, Àlex Bas y Joan Egea –propuestos por CiU–, Jaume Vernet –por ERC–, Julio Añoveros –por el PP–, además de la citada Antonia Agulló, del PSC.

De esta forma, se observa cómo la igualdad entre hombres y mujeres en un órgano cuyos miembros ostentan la condición de «altos cargos de especial relieve institucional» queda más que lejana, pese a que, al tratarse de un número impar, nunca podría darse una paridad exacta.

Esta composición viene, además, a chocar con el criterio defendido por el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien se ha mostrado favorable a la paridad en distintos ámbitos de la vida pública, incluido en el propio Gobierno. Las listas electorales deben igualmente respetar el mismo número de hombres y mujeres.

Incluso para las próximas elecciones al Consejo Fiscal, las asociaciones deberán presentar candidaturas donde se cumpla ese mismo criterio. Esta «tendencia» a la igualdad, a la paridad, parece que no ha sido tenida en cuenta a la hora de designar los componentes del «Tribunal Constitucional» catalán. Es decir, que ni el presidente de la Generalitat, José Montilla, ni el Parlament ni el Ejecutivo autonómico han encontrado más que a una jurista «de competencia y prestigio reconocidos, con más de quince años de experiencia profesional» y que tenga la «condición política» catalana para ocupar tan relevante cargo.

Dictámenes vinculantes
El Consejo de Garantías Estatutarias es una institución más que relevante dentro del Estatut, toda vez que, a diferencia del Consejo Consultivo al que sucede, podrá emitir informes vinculantes cuando se pronuncie sobre cuestiones relativas a la «Carta de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña». También serán vinculantes sus informes si se refieren a proyectos y proposiciones de Ley del Parlamento que desarrollen o afecten a determinados derechos reconocidos en la propia norma estatutaria.

Respuesta a Carlos Callón
Nota de prensa:  <info@corunaliberal.es>  2 Diciembre 2009

Un pomposo nombre el de “Agencia Europea de la Lenguas Memorizadas” para una ONG sin ninguna representación en la Unión Europea, puro efecto propagandístico a un mínimo coste. El comunicado es un ejercicio de dictado escrito por Carlos Callón, y la demostración de la falta de escrúpulos del presidente de la Mesa por la normalización lingüística que ha perdido todo pudor y nos muestra su carencia de principios.

La asociación que preside Carlos Manuel Callón es la misma que amenazaba con abrir expedientes sancionadores a los comerciantes de La Coruña por no rotular en gallego, sin tener competencia para ello. No debiera por tanto sorprendernos que ahora utilice el nombre la de Unión Europea para intimidar a la Xunta como antes simulo ser un organismo oficial con potestad sancionadora. Lo que nos sorprende es la impunidad con la que actúa, el incomprensible eco mediático de sus ocurrencias o las abultadas subvenciones que recibe de los organismos oficiales mientras amenaza a comerciantes, gobierno autonómico y por extensión a todos los gallegos.

Atentamente,
Pilar Pato Alonso, presidente de Coruña Liberal
Para más información
Pilar Pato tlf 619 106 784
José Antonio Amado tfl 679 581 482

El PSOE rechaza que el castellano sea cooficial en el Concello de Vigo
Solicitudes e impresos en ambas lenguas
Ésta no ha sido la primera moción de características similares que el gobierno municipal de Vigo tumba al PP en materia de lengua. Con fecha de 15 de julio de 2009 - no fue debatida en pleno hasta septiembre-, los populares solicitaron la adopción de medidas para la libre elección de la lengua oficial en el ayuntamiento. Si bien, en esta ocasión las pretensiones de la oposición se dirigían a que toda la documentación, comunicación y escritos, fueran bilingües. Actualmente, sólo los impresos y solicitudes que dependen del Gobierno estatal son accesibles en castellano.
E. P. RODRÍGUEZ-SOMOZA | VIGO ABC 2 Diciembre 2009

Las palabras del ex presidente autonómico, Emilio Pérez Touriño, esta pasada semana en las que reconocía haber sido coaccionado durante su mandato por los chantajes y presiones del BNG, sobre todo en materia de lengua, toman de nuevo relevancia; en esta ocasión, en el consistorio vigués. Tal y como aseguró ayer Ignacio López-Chaves, concejal del PP en el Ayuntamiento de Vigo, «parece que le tienen miedo a hablar de idiomas». El también parlamentario gallego aseguró que el PSOE se siente impuesto en esta materia, por lo que dejan poco margen de maniobra a las iniciativas populares, «que son rechazadas sin que se lleguen incluso a debatir».

Como muestra, el representante popular olívico se refirió a la última de las mociones presentadas por su grupo al respecto, en la que se solicitaba el reconocimiento del castellano como lengua cooficial en el Concello. La propuesta se basaba en modificar la ordenanza de Normalización Lingüística para que el castellano acompañará en el texto al gallego, y no como reza en la actualidad. Así, en el articulado de dicho precepto puede leerse: «El gallego es el idioma oficial del Ayuntamiento de Vigo».

Sin opción a réplica, la iniciativa de los populares fue rechazada por los grupos que sustentan el gobierno municipal en bipartito, una actitud impositiva sobre la que llamó la atención López-Chaves, quien argumentó que la negativa de PSOE y BNG va contra los dictámenes de la Constitución, de la que recuerda hace pocos días el propio alcalde de Vigo, Abel Caballero, alardeaba públicamente.

En su conversación con ABC, López-Chaves se mostró convencido de que los socialistas «han pagado un nuevo peaje por mantener intacta su sociedad con los nacionalistas», y aferrarse al sillón de mando de la ciudad. «Presentamos la moción en el mes de agosto y no llegó al pleno hasta el pasado lunes, por lo que sólo nos queda pensar que la coacción del BNG no sólo se ha limitado a Pérez Touriño. Puede que, como éste, cuando pierdan las elecciones lleguen a reconocerlo», señaló.

La Ordenanza a la que hacía referencia la moción del PP data de 1988 sin modificación posterior, a la que sí han accedido otros ayuntamientos, puesto que tal y como dicta la Constitución y reza el Estatuto de Autonomía, «el castellano y el gallego son oficiales en la Comunidad».
Es más, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia obligó en su momento al municipio coruñés de As Pontes a modificar un artículo similar, aunque entonces optaron por vaciarlo de contenido.
 

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