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La prueba del nueve
José Luis Manzanares Estrella Digital 2 Diciembre 2009
No se explica que quienes están convencidos de la constitucionalidad
del nuevo Estatuto de Cataluña -no escribo Estatut porque utilizo el
castellano- pidan al Partido Popular la retirada de su recurso en
aras de la concordia entre las tierras y los pueblos de España, como
se decía antes. Todos los españoles tenemos interés en que nuestra
Carta Magna no sufra ningún recorte fraudulento por vía estatutaria,
pero no podemos dirigirnos individualmente al Alto Tribunal. De ahí
que, sea cual fuere la sentencia sobre el Estatuto, sólo a través de
sus razonamientos y de su fallo se disiparán, en la medida que
corresponda, las dudas sobre su encaje en nuestro Estado de Derecho.
Si la constitucionalidad del Estatuto no presentara sombras en
materias de tanta envergadura como el uso de la palabra "nación"
-aunque sea en el preámbulo-, la obligatoriedad del conocimiento de
la lengua catalana, la fragmentación de la Justicia y la
bilateralidad en algunas cuestiones de Estado, no habría ni recursos
ni espera tensa del pronunciamiento judicial ni reproches a los
recurrentes, entre los que se halla también, aunque pase a veces
inadvertido, el Defensor del Pueblo.
Las palabras del presidente de la Generalidad pidiendo que el PP
desista de su impugnación es la prueba del nueve en el temor al
recorte sustancial de un texto que habría quedado limpio como una
patena tras pasar por las Cortes Generales. Alfonso Guerra dixit.
La tardanza del Tribunal Constitucional en dictar sentencia,
mientras que se desarrolla el Estatuto a marchas forzadas y se
multiplican los hechos consumados, revela el desacierto en la
supresión del recurso previo de inconstitucionalidad. Con él no
habríamos llegado a esta situación. Debería haberse mantenido para
los Estatutos, dándoles además una preferencia absoluta e incluso
fijando un plazo para resolver.
Llevamos casi cuatro años a la espera de una sentencia que se
retrasa sine die entre filtraciones, recusaciones, prórroga
indefinida de magistrados que debieron cesar hace mucho tiempo,
campañas mediáticas bien sincronizadas y declaraciones inoportunas
-¿o muy oportunas?- de relevantes políticos que pronostican toda
clase de desgracias si el Tribunal Constitucional no se plegara a
sus deseos. Se pide una sentencia más política que jurídica porque
el Estatuto ya fue aprobado por el Parlamento de la Comunidad
Autónoma y por las Cortes Generales, amén de refrendado en Cataluña.
El problema comenzó con aquello de la nación "discutida y
discutible" y "la nación de naciones". Ahora, la "gran sentencia"
que espera el presidente Rodríguez Zapatero llega demasiado tarde en
todos los sentidos.
El poder y la gloria de los políticos
catalanes
Juan Francisco Martín Seco Estrella Digital 2 Diciembre 2009
Varios diarios catalanes se han puesto de acuerdo, siguiendo tal vez
instrucciones de los políticos, para intensificar la presión sobre
el Tribunal Constitucional (presión que ya se venía ejerciendo desde
hace tiempo por distintas instancias) y han escrito un editorial
común repleto de falacias políticas, errores jurídicos, zafiedad y
sectarismo.
Afirman que será la primera vez que el Alto Tribunal se pronuncie
sobre una ley fundamental refrendada por los electores, pero ello es
quizá porque también es la primera vez que una parte de la clase
política ha querido romper el consenso constitucional y modificar la
Carta Magna por la puerta de atrás, sin someterse a los mecanismos
establecidos.
Los doctos periodistas, en un alarde de erudición, nos recuerdan
"uno de los principios vertebradores de nuestro sistema jurídico de
raíz romana: pacta sunt servanda". Pues bien, aquí no hay más que un
pacto radical: la Constitución, y es éste el que se ha roto en los
momentos presentes, y precisamente por todos aquellos que han
defendido el Estatuto. Son ellos los que pretenden cambiar las
reglas del juego. Si no se admite la Constitución y el Tribunal
Constitucional, garante de la misma, desaparecen el propio Estatuto
y la Generalitat, que sólo son y existen al amparo de la
Constitución.
Afirman que nuestra Constitución es abierta. Confunden este concepto
con el de flexible, condición de la que carece la Constitución
española, por mucho que el proceso autonómico se haya dejado más
abierto de lo que hubiera sido conveniente. Toda reforma precisa de
un procedimiento complejo y dificultoso, que es el que ahora se
pretende evitar atajando por la puerta de atrás y presionando al
Tribunal Constitucional para que lo acepte.
Es difícil encontrar a alguien que esté de acuerdo al cien por cien
con la Constitución. A mí, desde luego, me repelen muchos de sus
elementos por obsoletos, comenzando por la Monarquía y terminando
por el sistema autonómico; pero, como toda norma, es fruto del
consenso en el que unos ceden en determinados aspectos para que
otros hagan lo mismo. Todos renuncian a sus pretensiones máximas en
aras de la concordia, por eso la concordia se quiebra cuando se
pretende romper torticeramente las reglas del juego y conseguir con
artimañas, con la coacción y el chantaje modificar el pacto
constitucional.
Nuestro sistema político, empezando por la propia ley electoral, es
bastante imperfecto. Las instituciones, entre las que se incluye el
Tribunal Constitucional, dejan mucho que desear, pero los mayores
responsables de ello son los políticos, sin que los catalanes
supongan precisamente una excepción. Pero es que además, hoy por
hoy, son las únicas que tenemos. La solución estará en
perfeccionarlas, pero nunca pasar de ellas y actuar cada uno como le
parezca. Es posible imaginarse el caos que se produciría si a todos
los ciudadanos se les diese la oportunidad de cumplir tan sólo las
leyes que les gustasen o ejecutar únicamente las sentencias con las
que estuvieran de acuerdo.
Las amenazas, el chantaje y las presiones que desde las élites
catalanas se están lanzando contra el Tribunal Constitucional
resultan totalmente inadmisibles, atentan contra la libertad e
independencia de esta instancia y generarán sospechas fundadas sobre
la objetividad del veredicto si éste finalmente resultase favorable
a la constitucionalidad del Estatuto.
No se diga que lo que se defiende es la dignidad de Cataluña. A ésta
nadie la ataca y su dignidad está a salvo; lo que se defiende es el
poder y la gloria de los políticos catalanes, emparentados desde
hace muchos años con los medios de comunicación y los intereses
económicos de la región. Es sintomático el manto de silencio que se
ha extendido siempre sobre la corrupción en Cataluña, corrupción de
la que, por otro lado, todo el mundo es consciente. Lo poco que de
ella se ha sabido no se ha debido, desde luego, a la prensa de la
Comunidad.
A pesar de que, gracias a la ley electoral, los políticos catalanes
se han encontrado casi siempre con la posibilidad de chantajear
-chantaje que se ha ejercido- al Gobierno nacional para obtener
privilegios, a los catalanes no les ha ido demasiado bien con la
Autonomía y el autogobierno. Factores emotivos y sentimentales, muy
respetables por otra parte, de identificación con una región, se la
llame como se la llame, con una lengua y con una historia se han
utilizado para exacerbar una Autonomía que no ha revertido en
ninguna ganancia especial para los ciudadanos. Más bien todo lo
contrario. La endogamia ha facilitado la corrupción, el oscurantismo
y la irresponsabilidad de los dirigentes. No es casualidad la enorme
abstención que se produjo en el referéndum sobre el Estatuto y que
no recibiese ni siquiera el cincuenta por ciento de la sanción de
los ciudadanos. No, no se defiende la dignidad de Cataluña, sino el
poder y la gloria de los políticos y de los periodistas catalanes.
www.telefonica.net/web2/martin-seco
España y sus ciudadanos soportan mal la
descomposición
Francisco Rubiales Periodista Digital 2 Diciembre 2009
El reciente secuestro de tres cooperantes españoles en Mauritania
podría ser, según numerosos analistas y obsevadores, consecuencia de
la debilidad manifiesta y ostentosa del gobierno español en los
planos interno e internacional.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero exhibió inseguridad,
nervios y enfrentamientos internos durante la crisis del pesquero
secuestrado Alakrana, comportamientos que convierten a España en una
diana apetecible para pirsatas y delincuentes internacionales y que
aceleran el desprestigio y pérdida de apoyos que reflejan las
encuestas, según las cuales el PSOE retrocede en todos los
territorios españoles, incluídos sus "reductos amurallados" de
Extremadura y Andalucía.
La clave es que muchos ciudadanos no soportan ya esa ineptitud del
liderazgo y, sobre todo, la descomposición acelerada de la sociedad
española, que irrumpe en sus vidas con indecencia cuando cada día
leen la prensa o siguen los noticieros de la radio y la televisión,
cuando conocen las alarmantes cifras del paro y cuando comprueban
que no les llega el dinero a fin de mes.
Las imágenes de un gobierno ineficiente, de una Justicia controlada
por los partidos políticos, de una corrupción imbricada en las
entrañas del sistema, de una democracia transformada, a traición, en
una oligocracia, de una crisis económica feroz que el gobierno no
sabe combatir y de una situación generalizada de inseguridad en las
calles y desconfianza frente al liderazgo y el sistema, han
terminado por colmar el vaso y despertar la indignación de cientos
de miles de españoles, que no están afiliados a partido alguno y que
sólo desean libertad, eficacia, prosperidad y una sociedad más
justa.
Aunque los fanatizados militantes de los partidos, acostumbrados a
aprobar cualquier decisión de "los suyos" y a rechazar por sistema
las ideas e iniciativas de "los otros", siguen resistiendo, existen
ya suficientes indicios de que hasta los sectores más cultos y
reflexivos de la militancia empiezan a desertar de los partidos ante
la degeneración de la democracia, de los valores y de la
convivencia.
La actual tendencia sociológica de España es, en cierto modo,
sorprendente, porque los votos que pierde el PSOE por su mala
gestión del poder no van a la oposición, sino a partidos
minoritarios como UPyD, a Izquierda Unida, a partidos nacionalistas
y, sobre todo, a engrosar el voto en blanco y la abstención. Si la
actual tendencia de rechazo a los dos grandes partidos mantiene su
ritmo de crecimiento y se consolida, el Voto en Blanco podría
convertirse en el "tercer" mayor partido del país y, unido a la
abstención, generaría un bloque descontento que superaría en votos a
cualquiera de los dos grandes partidos españoles, lo que constituye,
a todas luces, un hecho insólito entre las democracias occidentales
y un claro fracaso de la política y de los políticos en España.
Las tendencias actuales reflejan que el PP ganaría las próximas
elecciones, pero no tanto porque sube sino porque su adversario se
hunde, mientras que muchos votantes intentan romper el bipartidismo
con su voto. Pero lo que las encuestas reflejan con más claridad es
el rechazo a los dos grandes partidos y la creciente protesta cívica
ante la ineficiencia del gobierno, los privilegios injustos de la
casta política, la corrupción y la injusticia que domina la vida
social.
Los ciudadanos españoles, ahora inmersos en el complejo caldo de
cultivo de una crisis económica que el gobierno no sabe atajar,
están recibiendo tal cantidad de noticias negativas sobre su sistema
político que no sólo se resquebrala la imagen del gobierno y la de
los políticos, sino también la del mismo sistema democrático, que
aparece como corrompido y transformado en un refugio para líderes
incapaces.
Los telediarios, convertidos en crónicas interminables de crímenes y
en reflejos de una sociedad insegura y envilecida, sin valores ni
respeto, y en un espectáculo deprimente de corrupción y
enfrentamientos diarios entre gobierno y oposición, escenificados
con estilo barriobajero, alimentan a la sociedad con una sobredosis
diaria de basura política, cultural y social difícil de soportar por
una ciudadanía que cada día está más indignada ante fenómenos como
el mal gobierno y la degradación de la política.
Como consecuencia, la sociedad se degrada, la convivencia se crispa,
la gente es menos feliz, el país retrocede y la nación entera se
vuelve más ineficaz y menos competitiva.
Voto en Blanco
Los deseos rara vez se hacen realidad
Vicente A. C. M. Periodista Digital 2 Diciembre 2009
El Sr. Zapatero está confundiendo el Congreso con su coto particular
desde donde imponer su especial, por no decir infame y totalitaria,
forma de gobernar. Hablar de que "desea que la sentencia del
Tribunal Constitucional confirme lo que (él) votó en el Congreso, es
decir la constitucionalidad del texto", supone una injerencia
inadmisible de las muchas que ya se han escuchado desde este
Gobierno de España y desde los círculos de poder y mediáticos de
Cataluña. Una injerencia en confundir los deseos con las
imposiciones descaradas.
Porque es un acto de totalitarismo decir que todo lo que el Congreso
aprueba no admite réplica, ni discusión, ni puede ser recurrido.
Nada más lejos e la realidad, sobre todo cuando lo que se aprueba va
en contra del sentido común, de la propia Constitución e incluso de
las libertades de los mismos ciudadanos que les otorgaron su voto.
El Congreso es la foto de un determinado momento por el que se
nombran a representantes por una legislatura. Lo que no es cierto es
que es legislatura sea inamovible y mucho menos infalible. De hecho,
el Congreso puede legislar con el único aval de las mayorías
simples.
Por eso, para que exista una garantía sobre la validez de lo que
ejecuta el poder legislativo, la propia Constitución prevé el órgano
de vigilancia y juez supremo inapelable, el Tribunal Constitucional.
Lo malo de esa Institución es su absoluta falta de independencia de
los partidos políticos y del Gobierno. No hace falta recordar la
bronca pública que la Sra. de la Vega le propinó a la Sra. Casas, o
los lamentables episodios de intentar mantener mayorías para que las
sentencias se ajusten a las pretensiones partidistas en uno u otro
sentido.
Así que por un lado tenemos un Congreso que con una doble vara de
medir es capaz de rechazar el Estatuto Vasco, llamado “Plan
Ibarretxe”, mientras que por otro aprueba sin entrar a analizar el
fondo del articulado el Estatuto de Cataluña y todo porque ha sido
una “promesa” y una decisión personal del peor Presidente de
Gobierno de la democracia, el Sr. Zapatero, al que le gustaría ver
cumplidos sus deseos y que el TC no le fastidie su plan. Es claro
que ese Estatuto es el “Plan Zapatero” acordado con Artur Mas de CiU
y apoyado de modo entusiasta por un PSC radicalizado en el
nacionalismo.
El Sr. Zapatero no se cansa de pedir “prudencia” cuando le conviene
para otros asuntos de Estado. Sin embargo, en el caso del Estatuto
de Cataluña, se ha sumado al acoso mediático y desvergonzado de
todos los líderes políticos catalanes, con amenazas de insumisión
del Presidente de la Generalidad, el Sr. Montilla y las llamadas a
la “dignidad catalana”. Una dignidad que brilla por su ausencia y se
convierte en descaro, en desafío y en una falta total de respeto
hacia las Instituciones como el TC. Y solo porque existe una mínima
posibilidad de que algunos jueces tengan un acto de conciencia
profesional y de ética y dictaminen de acuerdo a la Ley y no de
acuerdo a los “deseos” de nadie.
Sr. Zapatero, ¡Cállese de una vez! Sus buenos deseos son simple
palabrería hueca y cortinas de humo que solo convencen a quien está
cegado por la ofuscación sectaria o por los cómplices subvencionados
que solo ven el color del dinero, oídos para sus mentiras y
permanecen mudos ante los atropellos a sus conciudadanos. Si los
deseos secumplieran, usted Sr. Zapatero estaría fuera del Gobierno
hace tiempo. Yo también deseo que eso llegue a ser pronto una
realidad.
CONGRESO | Sesión de control al Gobierno
Zapatero 'desea' que el TC respalde el
'sentimiento amplio' de los catalanes
Afirma que espera que la sentencia 'confirme la constitucionalidad'
del Estatut
Marisa Cruz | Madrid El Mundo 2 Diciembre 2009
El presidente del Gobierno ha asegurado que "respeta" el editorial
publicado hace una semana por 12 periódicos catalanes reclamando una
sentencia del Tribunal Constitucional favorable al estatuto de
Cataluña, porque "expresa el sentimiento amplio de la sociedad
catalana que desea autogobierno, que nadie utilice su voluntad para
enfrentar territorios y que desea seguir aportando todo lo que ya ha
aportado en términos históricos, políticos, económicos y culturales
a la España democrática".
José Luis Rodríguez Zapatero se ha expresado en estos términos
durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, cuando
el diputado de IU-ICV, Joan Herrera, le ha instado a pronunciarse
sobre el texto refrendado por los 12 medios de comunicación
catalanes ante el temor de que la sentencia del Constitucional
recorte aspectos clave de la ley orgánica catalana.
Zapatero ha reiterado que cuando la sentencia se emita todo el mundo
deberá "acatarla" y ha insistido en que él no quiere hacer
valoraciones previas sobre la misma. Sin embargo, ha asegurado que
"desea" una sentencia que "confirme la constitucionalidad del
Estatuto" y que, por tanto, "reciba el apoyo de la inmensa mayoría
de los ciudadanos y de los catalanes".
El presidente aspira a que el TC "trabajando con libertad, autonomía
e independencia" emita una sentencia que "consolide el proyecto de
desarrollo territorial de España" que tiene, ha añadido, "una pieza
clave en el Estatuto de Cataluña". "Si tuviera que votar de nuevo el
Estatut", ha recalcado, "lo votaría con el mismo convencimiento de
su constitucionalidad".
Blog El blog de Santiago González
Catalunya o la Humanidad
Santiago González El Mundo 2 Diciembre 2009
La ministra de Cultura es de entre sus homólogos/as (¿o tal vez
deberíamos decir femílogos/as, de acuerdo con quienes dicen
'feminicidio'?) la peor valorada en las encuestas, sin que se me
alcance la razón. Pues anda que no hay para elegir personal
incompetente, de uno y otro sexo (o género, o génera) en las
cuadrillas que selecciona Zapatero.
Hoy quiero destacar un acierto de Ángeles González-Sinde, que es,
por tanto, un acierto del Gobierno: la compra del archivo de Agustí
Centelles, el gran fotógrafo de la guerra civil en Cataluña.
Centelles, militante del PSUC, fue uno de tantos republicanos que se
encaminaron al exilio en marzo de 1939. Con él viajaba su archivo
fotográfico, unos 10.000 negativos y con él estuvieron en los campos
de concentración de Argelès-sur-mer y Bram. Ocupaban más que el
reloj del padre de Bruce Willis, durante su estancia en campos de
concentración japoneses y debió de ser más difícil conservarlos.
Después permanecieron 37 años en unos botes de leche condensada, en
casa de unos payeses de Carcasona, tal como cuenta aquí 'Factual'.
El ministerio de Cultura ha pagado por el archivo 700.000 euros a
los hijos de Centelles, mientras la Generalitat ofrecía 500.000. El
conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, ha acusado a los
Centelles de practicar "una política de chantaje, de inadmisible
presión constante sobre la Generalitat con sus bailes de cifras".
Los hijos del periodista, dignos albaceas de su padre, han recordado
la sensación de maltrato con que murió su padre en 1985 y del
ninguneo al que se han sentido sometidos.
Ellos comprendieron que estaban hablando de cosas diferentes cuando
el Govern declaró la obra de su padre 'Patrimonio Cultural de
Catalunya', como si los miembros el tripartito hubieran sido ellos
mismos víctimas de la educación que inoculan a los escolares, según
la cual, la guerra civil fue una agresión de España contra Cataluña.
Los hijos de Agustí Centelles, piensan, con toda la razón del mundo,
que éste es un planteamiento muy romo y que la obra de su padre
desborda tan chato horizonte para ser patrimonio de la humanidad.
La obra de Centelles irá al Centro Documental de la Memoria
Histórica de Salamanca. Allí tendrá una exposición permanente con su
nombre, un laboratorio, una biblioteca y un premio internacional de
fotografía. El Ministerio promoverá dos exposiciones en las
Universidades de Columbia y Yale, en Estados Unidos. No hay color
entre ambas propuestas.
La ministra de Cultura acaba de tener un gran acierto, que compensa
algunos de sus errores. Lo que resulta difícil es imaginar la razón
por la que una ministra de Cultura de Zapatero envía a Cataluña
parte del archivo histórico de Salamanca, aceptando como bueno un
criterio territorial, que, caso de ser aplicado ahora, habría dado
la razón a la Generalitat frente a los hijos de Centelles, a la
actual ministra de Cultura de Zapatero y a la razón.
LOS MéDICOS DEBERáN SABER CATALáN
Papanatismo idiomático del Gobierno balear
IMPRESIONES El Mundo 2 Diciembre 2009
EL GOBIERNO balear acaba de hacer público el sistema de baremación
para puntuar a los aspirantes a médicos de atención primaria que
contratará el año que viene. Lo que llama poderosamente la atención
es que hablar el catalán con alto nivel proporciona cinco puntos,
hablarlo normalmente vale cuatro, mientras que ser doctor en
medicina merece dos puntos. Haber publicado un trabajo especializado
reporta un solo punto. El sistema comporta lisa y llanamente la
exclusión de los profesionales que se expresen en castellano, que,
por mucha formación y experiencia que tengan, no van a conseguir
plaza de médico. Como ya hizo el Gobierno vasco hace unos años, el
Ejecutivo balear valora muchísimo más el conocimiento de la lengua
que la destreza profesional. En Baleares, se va a permitir que un
médico confunda una faringitis con una pulmonía, pero no que no sepa
hablar en catalán
Zapatero votaría hoy lo mismo sobre el
Estatuto de Cataluña
M. CALLEJA / E. MONTAÑÉS | MADRID ABC 2 Diciembre 2009
Tras el «rodaje» europeo en la XIX Cumbre Iberoamericana celebrada
en Estoril y que culminó anoche con la celebración en la capital
lusa de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, José Luis
Rodríguez Zapatero ha tenido que afrontar hoy los «asuntos de casa».
Han de lavarse «trapos sucios» de la política doméstica todavía como
el debate del «Estatut» -para el que ha pedido explicaciones el
Grupo ICV- o las gestiones de los secuestros de tres cooperantes
españoles en Mauritania y de los marineros del «Alakrana», que ha
sido aparcado temporalmente de la sesión de control en deferencia a
los tres catalanes aún retenidos.
Zapatero ha driblado la solicitud de ICV de que el Gobierno inste a
la renovación inmediata de los miembros del Tribunal Constitucional
y en alusión a la pregunta sobre el editorial publicado en la prensa
catalana bajo el título «La dignidad de Cataluña», para presionar al
TC sobre la sentencia del Estatuto de Autonomía, el jefe del
Ejecutivo ha subrayado que los respeta, «como todos los
editoriales».
Zapatero relató a continuación una lista de deseos: «Deseo una
sentencia del Tribunal Constitucional que reciba el acatamiento y el
apoyo de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Deseo que la
sentencia confirme la constitucionalidad del Estatuto. Deseo que el
Tribunal Consitucional trabaje con libertad e independencia, y deseo
que consolide el proyecto de desarrollo territorial de España, que
tiene en este Estatuto una pieza importante». Pese a decir todo
esto, Zapatero aseguró que no hará juicios previos, y dejó claro que
si tuviera que votar hoy el Estatuto, «lo votaría con el mismo
convencimiento de constitucionalidad».
Letanías de ICV: «España es un Estado Federal que cabe en la
Constitución» Tras la letanía de recriminaciones y advertencias que
le ha lanzado Joan Herrera, portavoz de ICV, de que es nada menos
que el Estato de las autonomías el que está «en juego», la «Cataluña
de la que yo formo parte y que entiende que España es un Estado
Federal y que eso cabe en la Constitución» -ha dicho-, el presidente
del Gobierno ha ido un paso más allá del «respeto» que ya expresó el
mismo día de la publicación del artículo en los rotativos catalanes
y ha advertido que expresa «un sentimiento ampliamente mayoritario
en la sociedad catalana, que desea autogobierno, que desea ser
respetada, que desea que nadie, desde el resto de España, utilice su
voluntad para enfrentar territorios». Pero, como viene haciendo en
las últimas semanas, el líder del PSOE ha pedido «acatamiento y
apoyo» de la «inmensa mayoría de los ciudadanos» españoles y
catalanes.
Zapatero votaría hoy lo mismo sobre el Estatuto de Cataluña
Zapatero insistió en que la sentencia debe servir para «la
integración» y en ese sentido ha demandado el trabajo de todos para
lograrla, evitando la cita directa, aunque sí velada, al PP como
responsable de que estemos «en esta situación». Se ha apresurado a
respaldar de nuevo el «Estatut», ante las incesantes recriminaciones
de Herrera, quien ha alertado al Grupo Socialista de que «estamos
ante el momento más trascendental para el Estado de las autonomías,
y no sólo para Cataluña». Esta convicción coincide con el «peor
momento de la historia del Tribunal Constitucional», ha sentenciado.
Herrera ha tenido tiempo para recordar las recusaciones, la falta de
relevos, la plaza desierta por muerte de un magistrado, las
filtraciones a la prensa y la «politización inaceptable» de un
Tribunal que es el «corazón enfermo» de la democracia. Como remedio
curativo, el portavoz de ICV ha demandado «acabar con la situación
de bloqueo», porque ya no basta con «señalar al principal
responsable, ni con decir hay que acatar la sentencia». «Hay que
desbloquear y hacer los nombramientos pendientes, y si no es
posible, hay que reformar la Ley Orgánica del Tribunal
Cosntitucional», ha insistido.
Galicia Bilingüe presenta un modelo en el
que conviven las dos lenguas oficiales
SANTIAGO ABC 2 Diciembre 2009
La asociación Galicia Bilingüe presentó ayer una propuesta de modelo
educativo en el que los padres o alumnos elegirían el idioma
vehicular de las materias troncales, mientras las demás asignaturas
se impartirían en la otra lengua oficial de Galicia. En el caso más
extremo, el desequilibrio sería de cinco horas en favor de la lengua
elegida. La asociación cree que con este proyecto, «Feijóo puede
cumplir con rapidez y sin un elevado coste económico con el
compromiso adquirido en las pasadas elecciones, el de libertad para
elegir la lengua de enseñanza».
Aulas únicas
En los casos en que el centro cuente con un único aula por curso, GB
defiende que se utilice «la lengua predominante» en las asignaturas
troncales, pudiendo siempre los alumnos utilizar «en cualquier caso
oralmente y por escrito» el idioma de su elección. Para los ciclos
formativos de educación profesional y el Bachillerato, debido a la
complejidad curricular de su elevado número de optativas, la
asociación apuesta por un sistema de libre elección totalmente
abierto: «Los profesores podrían utilizar la lengua que quisieran en
clase y los alumnos serían libres de usar el idioma en el que mejor
se expresen y estudien».
Imposición lingüística
Nota del Editor 2 Diciembre 2009
Para este viaje no hacen falta alforjas. Si en un
mismo lugar, los alumnos tienen que oir (y como consecuencia
entender) la lengua regional, se les está imponiendo. Que pregunten
a los padres, si prefieren que sus hijos estudien con alumnos que
utilizan la lengua regional o el inglés.
Napoleón IV de Cataluña
Pablo Yáñez www.lavozlibre.com 2 Diciembre 2009
El pasado jueves se presentó en Madrid un manifiesto contra la
imposición del catalán en Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña y
Baleares en lo que supone la primera iniciativa conjunta de las
asociaciones cívicas que defienden la libertad lingüística en estas
comunidades.
Ante una realidad más evidente cada día, impuesta desde la esfera
política en contra de la voluntad de los ciudadanos de cada uno de
esos territorios, el Manifiesto es la respuesta cívica de quienes
creen que la libertad también se pone en riesgo cuando se impone a
los ciudadanos la lengua que tienen que hablar.
Cuando eso se hace desde un poder político ajeno, con el beneplácito
de quienes han sido elegidos para servir al interés general, y en
nombre de una realidad ficticia inventada para justificar lo que en
Napoleón hubiésemos llamado imperialismo, ese riesgo se convierte en
atropello a la libertad, y la denuncia en heroicidad.
Y es que los Países Catalanes es la Euskal Herria de quienes
justifican declarar el catalán lengua ‘propia e histórica’ de
Aragón, de quienes prefieren en Baleares un médico que hable catalán
a un buen médico, de quienes apartan el castellano de la educación
en Valencia y de aquellos que dictan ‘los editoriales de la
vergüenza’ en busca del pensamiento único.
Porque es más fácil construir una realidad de artificio si ésta ha
de sostenerse en el adoctrinamiento de la juventud a través de una
educación que ‘borra la diversidad’ o en unos medios ‘comprados’ por
el poder al servicio de unos mecanismos de información mas propios
de regímenes anteriormente vividos.
La respuesta debe ser, como en este caso, colectiva, argumentada,
basada en la razón y no en la historia que unos quisieron crear.
Debe tener la firmeza de quienes no necesitamos manipular ni imponer
para vivir en paz. Debe plantarse ante quienes defienden el
pensamiento único, la intolerancia y el imperialismo, antaño por la
fuerza, hoy por la lengua.
Yo me uno al manifiesto porque no tolero el pancatalanismo, porque
no tolero la imposición ni de las lenguas ni de los modelos
sociales. Mi apoyo es para quienes luchan contra el adoctrinamiento
en Baleares, Aragón y Valencia. Es necesario dotar a esa gente del
reconocimiento que merecen, como ya se ha hecho en Galicia, Cataluña
o el País Vasco. Mi apoyo es a una sociedad civil que le dice a sus
gobernantes que la libertad no se toca.
Polémica por los criterios de baremación de la sanidad balear
Un nivel medio de catalán vale el doble que la posesión de un
doctorado en Medicina
www.lavozlibre.com 2 Diciembre 2009
Palma (Mallorca).- Las primeras oposiciones que el Gobierno balear
ha convocado para su sistema público de salud están siendo objeto de
polémica debido al criterio de baremación establecido. La Consejería
de Salud ha determinado que la posesión de un nivel C de catalán
(medio) puntuará el doble que un doctorado en Medicina. Hasta el
momento, 1.352 aspirantes a una plaza en los puestos de
administrativo, celador, fisioterapeuta o auxiliar de enfermería han
sido excluidos del examen por no poseer los niveles A o B
(elemental), lo que supone el 13% de los que se han presentado a los
concursos publicados, Por su parte, los médicos y enfermeros,
categorías con carencias de personal, poseen una moratoria de dos
años para presentar un certificado acreditativo de uno de los dos
niveles.
Tanto el servicio de Salud de Baleares (IB-Salut) como algunos
sindicatos han realizado cursos intensivos de catalán a lo largo del
año para que los trabajadores pudieran tener la titulación antes del
examen. Además, el IB-Salut realizó una prueba específica de nivel
que equivalía a la obtención del título, a pesar de lo cual la
exclusión ha alcanzado a un gran número de solicitantes.
El criterio de baremación publicado por la Consejería de Salud
necesario para obtener una plaza de médico en un centro de salud ha
levantado numerosas críticas. Por cada curso académico en el cual el
solicitante haya sido profesor titular, sólo se obtienen 0,5 puntos;
por la publicación de un libro científico o por la obtención de un
premio de ámbito internacional, un punto; los cuatro años de
investigación necesarios para obtener un doctorado en Medicina valen
dos; y cuatro años de experiencia en el puesto al que se aspira,
4,8. Sin embargo, la posesión de un nivel B o elemental de catalán
retribuye con 3 puntos, el nivel medio o C, con cuatro, y el nivel
avanzado o D, con cinco. Para poder obtener una plaza los
solicitantes a cada una de las categorías tenían que cumplimentar un
formulario en el que dichos criterios de baremación quedaban
específicados.
Mientras que el Servicio de Salud de Baleares alegó que el criterio
había sido acordado con los sindicatos, el Colegio de Médicos
criticó que se valoraran tan poco aspectos profesionales como el
doctorado. Por su parte, el Sindicato Médico calificó de "salvajada"
que se dé más importancia al conocimiento de una lengua que al
trabajo científico.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Estatut
No afloje, magistrado
Clemente Polo Libertad Digital 2 Diciembre 2009
Tras varios meses de apagón informativo en torno al devenir del
recurso presentado contra el Estatut de Cataluña por el PP, hace dos
semanas se recibían por fin noticias de que el órgano supremo
encargado de velar por la constitucionalidad de las normas palpita.
Han pasado tres años y medio desde que el Estatut de la comunidad
autónoma de Cataluña fue aprobado, en el referendum celebrado el 18
de junio de 2006 con una participación del 49,4% del censo
electoral, y algo más de tres años desde que el PP presentó un
recurso de inconstitucionalidad... y seguimos esperando a que el
Tribunal Constitucional (TC) salga de su prolongado estado de
hibernación y tenga a bien emitir una sentencia que aclare si el
texto aprobado por el 54% de los diputados en el Congreso el 16 de
abril de 2006 es o no constitucional.
Las noticias publicadas apuntaban a que seis miembros de los diez
encargados de examinar el recurso han rechazado el borrador
propuesto por la Sra. Pérez Vela, magistrada ponente y encuadrada en
el ala "progresista" (¡vamos, una santa!), que avalaba la
constitucionalidad del Estatut en algunos aspectos clave. Hay pues
alguna esperanza de que el TC declare inconstitucional algunos
artículos contrarios a la letra y al espíritu de la Constitución de
1978 que cuestionan dónde está residenciada la soberanía, el papel
central del castellano en tanto que lengua oficial del Estado, la
libertad de enseñanza, el derecho de los ciudadanos a elegir su
lugar de residencia y la lengua en que quieren educar a sus hijos y
la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.
Desde hace décadas, el Gobierno catalán vulnera estos derechos
constitucionales y la situación se ha agravado durante las
presidencias de los Sres. Maragall y Montilla, dos líderes del PSC
que se han plegado a todas las exigencias de los independentistas de
ERC, incumplido los reales decretos de enseñanzas mínimas de 2006 y
patrocinando diversas normas y reglamentos contrarios a la libertad
de enseñanza y empresa. En un acto de cinismo sin parangón, el
Parlamento ha aprobado la Ley de Educación de Cataluña (LEC) en 2009
que pretende, entre otras cosas, dar cubertura legal al
incumplimiento flagrante a algunas normas del Estado. Felizmente, la
LEC también ha sido recurrida por el PP y el futuro de este recurso
pende de la suerte que corra el Estatut.
Desde que se presentó el recurso de inconstitucionalidad, el
Gobierno nacionalista que preside el Sr. Montilla ha repetido una y
otra vez que nada tiene que decir el TC sobre una norma que se
sustenta en un pacto político entre Cataluña y España y ha amenazado
con (¿promover?) la desafección de Cataluña en caso de que el TC ose
recortar el Estatut. En otras ocasiones, he comentado el disparate
en que incurre el Honorable Sr. Montilla al negar al TC capacidad
para juzgar la constitucionalidad de las normas (Montilla contra la
constitución), un hecho sólo comparable al que supondría que el TC
cuestionara la capacidad del Gobierno catalán y del Parlament de
Cataluña para proponer y aprobar normas en Cataluña.
Pero en esta España de democracia de pandereta –controlada por
castas de políticos profesionales (partidos) cuya larga mano ha
convertido a los parlamentos en meras palancas de transmisión de los
dictados del poder ejecutivo y aspira a domesticar también a los
integrantes de la cúpula del sistema judicial–, a los políticos al
estilo del Sr. Montilla se les escapa que las normas que redactan y
aprueban los parlamentos autonómicos y las Cortes españolas puedan
ser inconstitucionales, tengan en su base pactos, romances o
folletines. Es el caso del Estatut, un texto de dudosa
constitucionalidad incluso tras la operación de cirugía aplicada en
el Congreso al proyecto impulsado por el Sr. Maragall y aprobado en
el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005. Porque su
entendimiento no alcanza más allá, ha vuelto a insistir en el mismo
planteamiento en un acto de homenaje al Lluch celebrado el 22 de
noviembre, confundiendo la pluralidad de España reconocida en la
Constitución con la bilateralidad en las relaciones entre Cataluña y
España que promueve el Estatut y en la que se pretende fundamentar
jurídicamente la opresión que padecemos muchos españoles en esta
Cataluña nacionalizada.
Los guardianes profesionales de las esencias nacionalistas se han
apresurado a llamar a la rebelión a los ciudadanos de Cataluña si se
recorta el Estatut. Para el Sr. Mas, cuyo partido, CDC, pasa estos
días por horas bajas al haber trascendido que se benefició a través
de la Fundación Trías Fargas del dinero robado por el Sr. Millet al
Consorcio y la Fundación del Palau de la Música, un posible recorte
del Estatut le viene como anillo al dedo para distraer la atención
del personal hacia "Madrid". También le va muy bien a los dirigentes
de ERC, a los que las encuestas les vaticinan un buen batacazo, una
vez que los ciudadanos han podido constatar tras seis años en el
Gobierno que a sus dirigentes lo que les pone son las marchas
nocturnas con antorchas y banderas y la utilización de la
administración pública para emplear a sus inquisidores atentos a
detectar y castigar a los "malos" catalanes. Tampoco le va mal al
PSC y al Sr. Montilla girar el punto de mira a "Madrid" y sacar a
pasear la "desafección", tocados como están sus líderes, incluso
personalmente, por la corrupción que ha destapado la operación
Pretoria.
¿Cuál es el temor de los verdaderos demócratas? Que las presiones y
amenazas de los nacionalistas catalanes hagan temblar los débiles
cimientos de La Moncloa y el presidente y la vicepresidenta pongan
en marcha el "Gabinete de presiones" con el fin de cambiar el
sentido del voto del Sr. Aragón Reyes, el díscolo magistrado del ala
"progresista" del TC que se ha atrevido a poner trabas a la
"constitucionalización" del Estatut. Como decía en mi anterior
artículo sobre esta cuestión, una sentencia que recorte el Estatut
no resolverá los múltiples problemas políticos, administrativos y
sociales que van a generar los estatutos a la carta, tanto los
aprobados en la pasada legislatura como los que se están aprobando
en ésta, pero al menos servirá para establecer "algunos límites a
las pretensiones de los nacionalistas de gobernar Cataluña sin
contar con el resto de las instituciones del Estado español", como
pretende el Estatut, y al "abuso interpretativo que se hace de
algunos artículos en Cataluña" y que acaban desnaturalizando los
principios esenciales recogidos en el Título Preliminar y vaciando
los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo de la
Constitución española. No afloje Sr. Aragón Reyes, pues de usted
depende en gran medida que el Estado de las autonomías no devenga un
Estado sin autonomía, además, claro está, del bienestar de mis dos
hijos nacidos en Cataluña.
Clemente Polo es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico
en la Universidad Autónoma de Barcelona
Epidemia de referendos
M. MARTÍN FERRAND ABC 2 Diciembre 2009
EL próximo 13 de diciembre, festividad de Santa Lucía, benéfica
protectora de quienes tienen problemas con la vista, más de doce
docenas de municipios catalanes celebrarán sendos referendos para
tomar la temperatura a la fiebre del independentismo, uno de los
muchos síntomas con los que cursa la más vieja de las enfermedades
políticas de Cataluña, el victimismo. Semejante brote consultivo
arranca del ejemplo que hace tres meses provocó el municipio de
Arenys de Munt, un lugar del Meresme que, puestos a santos, tiene en
su escudo una imagen de San Martín, a caballo, en el conocido
momento de partir en dos su capa para entregarle la mitad a un
menesteroso.
La consulta de Arenys le sirvió de pretexto al presidente de ERC, el
notable pensador ripollés Joan Puigcercós, para proclamar que
«queremos (ser) un Estado para dejar de pagar a los ministerios de
Madrid, esa banda de corruptos que después nos envía a los abogados
del Estado de Falange». Tan delicada destilación intelectual se
complementa ahora, ante la convocatoria del enjambre de referendos
que se le viene encima a ese centenar y medio de ayuntamientos
catalanes, con otra sutil reflexión del alcalde arenyense: «Hay que
terminar con el expolio, la exclavitud y la humillación», una
trilogía de ambiciones que, sin referencias de tiempo y lugar,
podría suscribir cualquiera, aún sin estar tocado por la gracia de
la catalanidad más desbocada y vociferante.
En lo que a mí respecta muy poco tengo que decir ante el hecho de
que algunos ayuntamientos de Cataluña modifiquen sus tradicionales
diversiones locales, desde las sonoras aplec de sardanes a los
deslumbrantes castellets del folclore clásico, y las sustituyan por
referendos estrambóticos y sin garantía alguna; porque, ¿cómo se
hace un referéndum sin el padrón municipal a la vista? En el de
Arenys participaron menores de edad, extranjeros no residentes y,
quizá, vecinos de otros lugares próximos porque cabe suponer que
ninguno de los concejos afectados por esta fiebre se atreviera a
utilizar el censo, lo que constituiría una infracción de las leyes
protectoras de datos y un allanamiento de la intimidad de los
vecinos, especialmente de los no participantes en la mascarada. Se
entienden las razones de tanta bulla, pero cansan y aburren. Hartan.
La confusión entre autonomía y separatismo, la que nos alumbra, ya
no da más de sí. ¿Hasta cuando y hasta dónde?
Los fachas de Montilla
EDURNE URIARTE ABC 2 Diciembre 2009
Este discurso de Montilla y los nacionalistas catalanes sobre los
independentistas que generamos «algunos medios de Madrid» y «la
derecha» es muy viejo. Habitual, por ejemplo, en el País Vasco cada
vez que se ha detenido a miembros de las organizaciones del entorno
etarra. Es que ustedes fabrican radicales con esas detenciones, lo
que deben hacer es integrar a las criaturas, esas que quieren
eliminar a todos los que se oponen a la independencia. Discurso que
ha sido dominante, por cierto, hasta que el PSOE se ha colocado
claramente en frente. De ahí que Grande-Marlaska haya podido hacer
las últimas detenciones sin que nadie le acusara de fabricar nuevos
radicales.
La diferencia en Cataluña es que el PSC se ha sumado allí al
discurso nacionalista de la fabricación de independentistas. No
lleven ustedes la contraria a estos radicales, déles lo que pidan,
que es, casualmente, lo mismo que pedimos nosotros. Y si no les dan
lo que piden, es que son ustedes unos fachas. Es la segunda parte de
este discurso y de esta estrategia. Y ha tenido y tiene un enorme
éxito en toda España porque el término facha lo define la izquierda
en nuestro país, exclusivamente. Y lo ha aplicado tanto a los que
persiguen a ETA como, ahora, a los autonomistas que respetan la
Constitución.
Pero los auténticos fachas, que son quienes quieren acabar con el
Estado de las Autonomías por métodos antidemocráticos, igual que los
independentistas vascos y catalanes, son una minoría tan
insignificante que ni siquiera tienen presencia en el debate
político y mucho menos abrigo en el seno de «la derecha y los medios
de Madrid», que son autonomistas. Los únicos ultras que tienen
abrigo en partidos democráticos, organizan consultas ilegales con la
vista gorda del PSC y coaccionan al Estado son los independentistas.
Y esos son los fachas de Montilla y los suyos, exclusivamente.
Carta abierta al presidente de la Xunta,
Núñez Feijóo
www.lavozlibre.com 2 Diciembre 2009
Estimado Sr. D. Alberto Núñez Feijóo:
He sido votante ocasional del PP y me alegré de su victoria en las
autonómicas gallegas el pasado 1 de marzo. En la campaña electoral,
uno de los temas más importantes, y el prioritario para muchos, fue
la política lingüística. Y sin duda por ese tema muchos gallegos
cambiaron su voto y apoyaron esta vez al PP. Usted prometió en
campaña que los padres gallegos podríamos elegir la lengua en la que
nuestros hijos recibirían la enseñanza y el idioma de los libros;
dijo que en septiembre habría una casilla en la hoja de matrícula
para elegir gallego o castellano; y afirmó que, si ganaba, derogaría
en los primeros cien días de su gobierno el Decreto de enseñanza en
gallego impuesto por el Bipartito. Y no ha cumplido.
Hace poco leí en la prensa que, en un acto multitudinario de su
partido, daba las gracias a sus votantes y, presumiendo de ser un
político honrado, volvía a comprometerse ante todos los gallegos a
"no mentir y mirar a los ojos". Pues bien: soy un ciudadano gallego,
padre de familia y médico, que me considero traicionado por el
actual presidente de la Xunta y también por todos los políticos de
su partido. Y mirándole a los ojos le digo: señor Feijóo, mis hijas,
de 6 y 5 años, y miles de niños gallegos, siguen recibiendo la
enseñanza mayoritariamente en gallego contra la voluntad de sus
padres. La Consellería de Educación no nos ha permitido ni siquiera
comprar los libros en castellano, aduciendo que no podía ser porque
seguía vigente el Decreto -así contestaron a mi petición-. Se nos
sigue privando del derecho efectivo de poder elegir y se sigue
incumpliendo la Ley de Normalización Lingüística gallega que dice en
su artículo 13 que los niños tienen derecho a recibir la primera
enseñanza en su lengua materna.
Usted ha mentido, señor Feijóo: no ha cumplido lo que prometió y nos
está ocasionando un grave perjuicio. Si el 1 de marzo hubiera vuelto
a ganar el Bipartito, yo con mi familia me hubiera marchado de
Galicia, donde llevo viviendo 27 años, por la falta de libertad
manifiesta en este tema, que era cada vez más agobiante. Pero el PP
consiguió mayoría y nos quedamos, confiando en su palabra. Es
incomprensible su actitud, más aún, sabiendo que cuenta con el apoyo
de todos sus votantes para derogar el Decreto que impone el gallego
como lengua principal para la enseñanza de todos los niños gallegos.
Si le han votado es porque quieren que tome esa medida. Y no sólo
sus votantes: la gran mayoría de los padres gallegos, muchos que
votaron a los socialistas, están en contra del decreto. Eso se ha
comprobado con los resultados de la Consulta que hizo en junio la
consellería de Educación, pues sólo el 12.5 por ciento de los padres
contestaron que preferían la enseñanza en gallego al nivel que
impone actualmente para todos el Decreto que aprobaron socialistas y
nacionalistas, y que usted, señor Feijóo, está manteniendo,
convirtiéndose en el principal responsable de la imposición
lingüística que ahora sufrimos en Galicia.
No presuma de honradez. Sus palabras y sus actuaciones, o mejor
dicho, su falta de actuación, le condenan. Sólo queremos que cumpla
lo que prometió y por lo que le votamos. Me encantaría poder tener
un encuentro cara a cara con usted y le diría, mirándole a los ojos,
que nos ha mentido, que nos ha traicionado y que nos está
ocasionando perjuicios injustos, manteniendo la situación de franca
ilegalidad que perjudica a miles de gallegos que tenemos el
castellano como lengua propia. ¿Es usted capaz de aguantar mi
mirada?
PEDRO Mª LARRAURI
Y venga a imponer el gallego
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 2 Diciembre 2009
PSdeG y BNG se niegan a que el español sea declarado oficial en el
ayuntamiento de Vigo, el presidente de la Mesa Por La Imposición
Lingüística aprovecha su posición en una ONG (¿?) que se supone que
asesora a la UE para presionar a la Xunta, los sindicatos de la
enseñanza amenazan con una huelga si a la Xunta se le ocurre aprobar
otro decreto que no sea el que ellos quieren, en la página oficial
de la Xunta, aunque hagas clic en "castellano", la gran mayoría de
las informaciones están únicamente en gallego, idioma único en el
que se expresan nuestros gobernantes autonómicos e idioma único en
el que se redactan las notificaciones e informes de la
administración autonómica... ¿Y me quieren hacer creer que no hay
imposición lingüística? ¡Por favor!
Parece que no cuenta el hecho de que en las oposiciones del
bipartito se valoraba más el conocimiento del gallego que la
experiencia laboral, que las asignaturas eran mayoritariamente en
gallego y los libros, a excepción del de idioma español, todos en
gallego. Los medios de comunicación escritos o hablados íntegramente
en gallego reciben unas subvenciones que no reciben los demás
medios, y encima se arriesgan a sufrir ataques de la "kale borroka
galega" como le ocurrió a una televisión local de Vigo por usar el
español.
Pero ¿es que nos toman por idiotas? ¡Y encima van de víctimas! Esto
es increíble. Estamos soportando la mayoría de los gallegos una
presión constante de un grupúsculo fundamentalista en todas partes,
y encima dicen que lo hacen por Galicia. ¿No será otra cosa? Tal vez
sean los suculentos beneficios que rodean al negocio del gallego:
editoriales de libros, diccionarios, amén de los consabidos
escritores de lengua única. Yo comprendo que se prefiera ser un
idolatrado escritor gallego, como Rivas, en Galicia con escasa
competencia, que un mediocre escritor nacional. Es comprensible,
pero de ahí a meternos a todos en ese saco, nos guste o no, es más
propio de una dictadura fundamentalista que de una democracia con
respeto a la libertad de decisión individual.
Manu de la Bastida
Martes 01 de diciembre de 2009
http://www.lavozdegalicia.es/cartasdirector/2009/02/21/0112AF4FE67ED4A6BC8300D13A01B4156D0B.htm#comentario
Bula a la catalana o la impunidad radical
Pepe Álvarez de las Asturias Semanal Digital 2 Diciembre 2009
Es realmente preocupante y sorprendente la infinita permisividad de
la que gozan los independentistas catalanes más radicales a la hora
de ejercer radicalidad.
Ya estamos otra vez con la tontería nacionalist permanent y el
Estatut de las Pelots. Es que no paran, oiga. La penúltima, lo de
los 12 defensores de la dignitat, todos a una Fuenteovejuna i la
Geltrú, amenazando veladamente al TC, que sólo lleva 4 años
deliverando si el Estatut de las Pelots es o no constitucional. Y
mientras, el Estatut de las Pelots (aprobado por el 36% de los
catalanes) campando a sus anchas por la Catalunya Imperial, haciendo
y deshaciendo negocis, amordazando o cortando lenguas, reivindicando
o amenazando, según el día, multando y robando a manos llenas el
agua dorada del Oasis Catalán, también llamada pela.
Y uno, qué quieren que les diga, está hasta las pelots. Y no
entiende por qué el TC, salvaguarda de nuestra reverenciada
Constitución, tarda años en tomar una decisión tan decisiva, tan
esperada y tan necesaria para saber de una maldita vez si la
Constitución permite a un par de millones de ciudadanos españoles
romper España o no. ¡María Emilia, que te duermes!
Pero la cuestión, para mí, no es sólo ésta. Lo que más me preocupa,
me sorprende y hasta me alucina, es la infinita permisividad de la
que gozan los independentistas catalanes més radicals a la hora de
salirse del tiesto de manera más bien grave. Lo que realmente me
flipa en colores es la bula fiscal y social que tienen estos chicos
para insultar, amedrentar, quemar, amenazar e incluso agredir
físicamente con absoluta impunidad, o sea, sin que les den un capón
siquiera. No entiendo cómo los jovencitos de ERC (esos simpaticots)
pueden colgar al Rey de España del cuello en el juego del ahorcado,
El Joc del Penjat, partirse de risa con la gracia real ("licencia
humorística" dicen) y que al Fiscal General del Estado no se le haya
movido ni una ceja (¿o era zeja?).
No entiendo cómo un señor diputado del Congreso de los Diputados del
Reino de España puede gritar «¡Viva la República, muerte al Borbón!»
mientras quema y entierra la Carta Magna, y siga ocupando su escaño
de diputado en el Congreso de los Diputados del Reino de España, y
además cobrando su sueldo de diputado pagado por usted y por mí,
entre otros millones de españoles. No entiendo cómo se pueden quemar
banderas españolas o fotos del Rei Joan Carles I con fanática
alegría en actos conmemorativos varios y variopintos, en plena
calle, y que no intervengan las Fuerzas de Seguritat del Estat
Espanyol con toda contundencia y efectividad, en plan beltxas, con
el consiguiente cupo de detenidos, condenados y encarcelados. No
entiendo cómo se puede hundir un barrio entero y que dos calles más
allá ni se enteren del agujero negro porque la prensa catalana (la
de la dignitat), le esté bailando una moixiganga al Govern del 3 per
cent, del CAC y de la madre que los parió. No entiendo cómo se puede
llamar malnacidos a los extremeños, tal cual, o declarar
tranquilamente que «Los españoles son tan cazurros que te quitan las
ganas de ser unionista», por muy directivo del Barça que seas o por
muy Xavier Sala i Martín que te llames, y que no tiren el carnet al
retrete los tropecientos mil culés no nacionalistas que pululan por
España y parte del extranjero. No entiendo cómo se puede hacer un
homenaje a un terrorista de Terra Lliure (Martí Marcó), a pecho
descubierto, en un espacio municipal, y que no se produzca ni una
sola detención por enaltecimiento del terrorismo (y mira que era
fácil, que sólo asistieron 50 energúmenos de las JERC). No entiendo
cómo se puede permitir que los mismos energúmenos de las JERC (¡si
es que hasta tienen siglas de terroristas!) "celebren" el Día de la
Constitución invitando a acudir al acto de turno para «arrancar una
página de la Constitución española» y que ni siquiera los disuelvan
a manguerazo limpio, aprovechando el fresquito del 6 de diciembre.
No entiendo cómo se puede amenazar de muerte a miembros del partido
opositor («Mira debajo de tu coche, hijo de puta»), apedrear a
conferenciantes discrepantes e incluso, en un alarde de cinefilia
mafiosa, enviar una carta intimidatoria con foto y una bala de
verdad clavada en la frente sangrante (de la foto, por ahora), y que
acciones tan democráticas no tengan ni una vaga respuesta por parte
de… nadie.
No entiendo, lo juro, por qué esta gentuza tiene el privilegio de la
impunidad absoluta, una bula que ignoro quién les ha concedido. Y
por qué. La batasunización de los radicales catalanes es cada día
más nítida, explícita y preocupante, pero aquí no pasa nada. ¿Será
porque gobiernan a pachas con el PSC del charnego Montilla? ¿Será
porque son los amigotes de la Chacón, Rubianes y su puta España?
¿Será porque son los mimados de Mister Paz, el que sembró todo este
lodo, el que echó a Maragall a los perros, el que timó a Mas
sibilinamente entre cigarro y cigarro, el que espera optimista un
«Gran Estatuto»? ¡No, hombre no! ¿Cómo se puede pensar tal
barbaridad? Lo que pasa es que después de ahorcar al Rey o amenazar
de muerte al enemigo luego piden disculpas, echan unas risas con la
broma y se olvida la cosa. ¿No ves que son catalanes, o sea, cultos,
civilizados y modernos? No como esos vascos brutotes y belicosos.
Aquí hay seny. No se manchan las manos de sangre, sólo incitan a
otros a que lo hagan. Y llegará el día en que haya un muerto, o
varios, y entonces nos preguntaremos ¿cómo hemos llegado a esto?
Pues nada, así seguiremos, con estatut o sin estatut, aguantando a
los terroristas de las JERC y a sus jefes de tribu, los Cuatro
Joanes del Apocalipsis Catalán (Joan Tardá, el primitivo; Joan
Puigcercós, el trepa; Joan Puig, el de los nazis de Air Berlín; Joan
Ridao, el que sabe leer), flanqueados, por si acaso, por dos Joanes
extra: Joan Laporta, més que un president; y Joel Joan, el actor
amigo de Xirinacs y de ETA que define España como «Un Estado
parásito, una realidad macabra, un desvío de la Historia» y luego
lloriquea porque no le dan trabajo en el cine español. Y a
Carod-Rovira, el cachondo de la corona de espinas, que no se llama
Joan pero tampoco es catalán, como Montilla, el del estatut hasta
sus últimas consecuencias.
Y mientras seguimos, con paciencia infinita, soportando a esta panda
de insoportables en la eterna espera de la decisión del TC, recuerdo
aquellas ocho fórmulas mágicas que nos prometió Mister Paz para
colarnos el término ´nación´ en el Estatut de las Pelots, pero que
nunca llegó a desvelar. Yo le propongo éstas: Conde-nación,
Alie-nación, Aluci-nación, Maqui-nación, Conster-nación,
Recli-nación, Indig-nación, Termi-nación; y, si la RAE lo
permitiera, una novena extra: Cerce-nación.
Que tome nota el TC. Y que espabile. Por pura dignitat.
Entre los nueve integrantes del Consejo de Garantías Estatutarias
sólo hay una mujer
El «Constitucional» catalán incumple la
igualdad que propugna el Estatut
F. Velasco La Razón 2 Diciembre 2009
MADRID- El Estatut dedica varios de sus artículos a propugnar la
igualdad del hombre y la mujer en todo lo que se refiere a la
participación en los ámbitos públicos y privados. Hasta tres
preceptos de la norma autonómica, que está pendiente de la decisión
del Tribunal Constitucional, aluden al compromiso de las
administraciones públicas en pro de esa igualdad de oportunidades.
Sin embargo, se da la paradoja de que en el recién creado Consejo de
Garantías Estatutarias, una especie de «Tribunal Constitucional»
catalán, encargado de velar para que las disposiciones de la
Generalitat «se adecúen al Estatut y a la Constitución», sólo figura
una mujer entre sus nueve integrantes. Se trata de Antonia Agulló,
elegida a propuesta del PSC.
Este órgano está formado por nueve juristas nombrados por el
presidente de Cataluña, dos terceras partes a propuesta del
Parlamento catalán y una tercera parte a propuesta del Gobierno
autonómico. Entre estos miembros figuran Pere Jover i Presa como
presidente, del PSC, y Enric Fossas, Marc Carrillo y Eliseo Aja
–estos tres del Ejecutivo de Montilla–, Àlex Bas y Joan Egea
–propuestos por CiU–, Jaume Vernet –por ERC–, Julio Añoveros –por el
PP–, además de la citada Antonia Agulló, del PSC.
De esta forma, se observa cómo la igualdad entre hombres y mujeres
en un órgano cuyos miembros ostentan la condición de «altos cargos
de especial relieve institucional» queda más que lejana, pese a que,
al tratarse de un número impar, nunca podría darse una paridad
exacta.
Esta composición viene, además, a chocar con el criterio defendido
por el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
quien se ha mostrado favorable a la paridad en distintos ámbitos de
la vida pública, incluido en el propio Gobierno. Las listas
electorales deben igualmente respetar el mismo número de hombres y
mujeres.
Incluso para las próximas elecciones al Consejo Fiscal, las
asociaciones deberán presentar candidaturas donde se cumpla ese
mismo criterio. Esta «tendencia» a la igualdad, a la paridad, parece
que no ha sido tenida en cuenta a la hora de designar los
componentes del «Tribunal Constitucional» catalán. Es decir, que ni
el presidente de la Generalitat, José Montilla, ni el Parlament ni
el Ejecutivo autonómico han encontrado más que a una jurista «de
competencia y prestigio reconocidos, con más de quince años de
experiencia profesional» y que tenga la «condición política»
catalana para ocupar tan relevante cargo.
Dictámenes vinculantes
El Consejo de Garantías Estatutarias es una institución más que
relevante dentro del Estatut, toda vez que, a diferencia del Consejo
Consultivo al que sucede, podrá emitir informes vinculantes cuando
se pronuncie sobre cuestiones relativas a la «Carta de los derechos
y deberes de los ciudadanos de Cataluña». También serán vinculantes
sus informes si se refieren a proyectos y proposiciones de Ley del
Parlamento que desarrollen o afecten a determinados derechos
reconocidos en la propia norma estatutaria.
Respuesta a Carlos Callón
Nota de prensa: <info@corunaliberal.es> 2 Diciembre 2009
Un pomposo nombre el de “Agencia Europea de la Lenguas Memorizadas”
para una ONG sin ninguna representación en la Unión Europea, puro
efecto propagandístico a un mínimo coste. El comunicado es un
ejercicio de dictado escrito por Carlos Callón, y la demostración de
la falta de escrúpulos del presidente de la Mesa por la
normalización lingüística que ha perdido todo pudor y nos muestra su
carencia de principios.
La asociación que preside Carlos Manuel Callón es la misma que
amenazaba con abrir expedientes sancionadores a los comerciantes de
La Coruña por no rotular en gallego, sin tener competencia para
ello. No debiera por tanto sorprendernos que ahora utilice el nombre
la de Unión Europea para intimidar a la Xunta como antes simulo ser
un organismo oficial con potestad sancionadora. Lo que nos sorprende
es la impunidad con la que actúa, el incomprensible eco mediático de
sus ocurrencias o las abultadas subvenciones que recibe de los
organismos oficiales mientras amenaza a comerciantes, gobierno
autonómico y por extensión a todos los gallegos.
Atentamente,
Pilar Pato Alonso, presidente de Coruña Liberal
Para más información
Pilar Pato tlf 619 106 784
José Antonio Amado tfl 679 581 482
El PSOE rechaza que el castellano sea
cooficial en el Concello de Vigo
Solicitudes e impresos en ambas lenguas
Ésta no ha sido la primera moción de características similares que
el gobierno municipal de Vigo tumba al PP en materia de lengua. Con
fecha de 15 de julio de 2009 - no fue debatida en pleno hasta
septiembre-, los populares solicitaron la adopción de medidas para
la libre elección de la lengua oficial en el ayuntamiento. Si bien,
en esta ocasión las pretensiones de la oposición se dirigían a que
toda la documentación, comunicación y escritos, fueran bilingües.
Actualmente, sólo los impresos y solicitudes que dependen del
Gobierno estatal son accesibles en castellano.
E. P. RODRÍGUEZ-SOMOZA | VIGO ABC 2 Diciembre 2009
Las palabras del ex presidente autonómico, Emilio Pérez Touriño,
esta pasada semana en las que reconocía haber sido coaccionado
durante su mandato por los chantajes y presiones del BNG, sobre todo
en materia de lengua, toman de nuevo relevancia; en esta ocasión, en
el consistorio vigués. Tal y como aseguró ayer Ignacio López-Chaves,
concejal del PP en el Ayuntamiento de Vigo, «parece que le tienen
miedo a hablar de idiomas». El también parlamentario gallego aseguró
que el PSOE se siente impuesto en esta materia, por lo que dejan
poco margen de maniobra a las iniciativas populares, «que son
rechazadas sin que se lleguen incluso a debatir».
Como muestra, el representante popular olívico se refirió a la
última de las mociones presentadas por su grupo al respecto, en la
que se solicitaba el reconocimiento del castellano como lengua
cooficial en el Concello. La propuesta se basaba en modificar la
ordenanza de Normalización Lingüística para que el castellano
acompañará en el texto al gallego, y no como reza en la actualidad.
Así, en el articulado de dicho precepto puede leerse: «El gallego es
el idioma oficial del Ayuntamiento de Vigo».
Sin opción a réplica, la iniciativa de los populares fue rechazada
por los grupos que sustentan el gobierno municipal en bipartito, una
actitud impositiva sobre la que llamó la atención López-Chaves,
quien argumentó que la negativa de PSOE y BNG va contra los
dictámenes de la Constitución, de la que recuerda hace pocos días el
propio alcalde de Vigo, Abel Caballero, alardeaba públicamente.
En su conversación con ABC, López-Chaves se mostró convencido de que
los socialistas «han pagado un nuevo peaje por mantener intacta su
sociedad con los nacionalistas», y aferrarse al sillón de mando de
la ciudad. «Presentamos la moción en el mes de agosto y no llegó al
pleno hasta el pasado lunes, por lo que sólo nos queda pensar que la
coacción del BNG no sólo se ha limitado a Pérez Touriño. Puede que,
como éste, cuando pierdan las elecciones lleguen a reconocerlo»,
señaló.
La Ordenanza a la que hacía referencia la moción del PP data de 1988
sin modificación posterior, a la que sí han accedido otros
ayuntamientos, puesto que tal y como dicta la Constitución y reza el
Estatuto de Autonomía, «el castellano y el gallego son oficiales en
la Comunidad».
Es más, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
obligó en su momento al municipio coruñés de As Pontes a modificar
un artículo similar, aunque entonces optaron por vaciarlo de
contenido.
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