AGLI

Recortes de Prensa    Sábado 5 Diciembre  2009

 

Un aniversario de cuerpo presente
Luis del Pino Libertad Digital 5 Diciembre 2009

ENTRADILLA AL PROGRAMA "SIN COMPLEJOS" DEL 5/DIC/2009

Mañana se cumplen treinta y un años desde que fuera proclamada la Constitución de 1978. Pero me parece que tenemos bastante poco que celebrar.

A lo largo de los últimos 200 años, hasta siete constituciones, más diversos proyectos que nunca llegaron a entrar en vigor, se han ido sucediendo en nuestro país.

Como si una maldición persiguiera a todos los intentos de instaurar unas reglas de juego aceptadas por todos, tan sólo dos de esas siete constituciones lograron alcanzar la mayoría de edad y superar los 18 años de tiempo de vigencia efectivo. Y en ambos casos, el precio que hubo que pagar, en términos democráticos, fue alto. La Constitución de 1876 basaba su solidez en la alternancia pactada entre los dos grandes partidos, cimentada en el masivo fraude electoral y el caciquismo. En cuanto a la de 1978, su periodo de vigencia estuvo salpicado por el reguero constante de asesinatos terroristas, y fomentó un caciquismo localista de nuevo cuño que terminó por dar al traste con el propio concepto de Nación.

Desde que fuera promulgada, la Constitución del 78 fue siendo violentada de manera gradual, hasta llegar a un punto en que no queda otro remedio que reconocer que hace mucho que dejó de estar vigente.

En el primer párrafo de "Conversación en La Catedral", mi obra preferida de Vargas Llosa, el protagonista se hace una pregunta que resume en una sola frase la trama argumental del libro: "¿Cuándo se jodió el Perú?".

Viendo los rasgados fragmentos de papel en que ha quedado convertido el texto constitucional, también nosotros podríamos preguntarnos cuándo, exactamente, se vino abajo eso que un día llegamos a denominar, ilusos de nosotros, la "Constitución del Consenso".

Nuestra Norma Suprema murió un 11 de marzo de 2004, cuando manos aún desconocidas asesinaron a 193 personas para influir en el resultado de las elecciones. A partir de ese momento, y desde el mismo instante en que nuestra clase política aceptó convertir aquel golpe de régimen en un secreto de familia que había que ocultar a ojos de todo el mundo, la Constitución dejó de existir.

Los acontecimientos posteriores, como el estatuto catalán o la huida legislativa hacia adelante de Zapatero, no son la causa de la muerte de la Constitución. Sólo son su consecuencia.

Pero, aunque tengamos clara la fecha oficial de fallecimiento de la Constitución del 78, lo cierto es que nuestra Carta Magna había entrado en estado de coma mucho antes.

Tal vez fuera en aquel momento en que un político insensato sentenció que Montesquieu había muerto y su partido comenzó a legislar para acabar con la independencia del poder judicial.

O quizá fue cuando el Tribunal Constitucional aceptó su sumisión al poder político, con la escandalosa sentencia sobre la expropiación de Rumasa.

O puede que fuera cuando instauramos la norma de que a los asesinados por ETA había que sacarlos de las iglesias por la puerta de atrás, mientras sus asesinos tomaban chiquitos en la plaza del pueblo.

O a lo mejor cuando el gobierno socialista decidió crear escuadrones de la muerte, en lugar de intentar deslegitimar a esa ideología nacionalista que hacía posible el terrorismo.

O quizá cuando nuestros propios servicios de información contribuyeron a organizar aquel golpe de estado del 23 de febrero, afortunadamente fallido.

O cuando nuestros espías inauguraron la moda de dedicar sus esfuerzos a espiar a los ciudadanos normales, en lugar de a los enemigos interiores o exteriores del país.

O cuando toda la clase política se puso de acuerdo en ocultar a los españoles aquel atentado del Corona de Aragón que causó decenas de muertos, decidiendo que los españoles no tenían derecho a conocer la verdad.

O puede, simplemente, que la Constitución entrara en estado vegetativo el mismo día en que perdimos de vista que cuando se niega un derecho constitucional, como por ejemplo el derecho a que los padres eduquen a sus hijos en castellano, se abre la veda para denegarlos todos.

No lo sé. Me siento incapaz de identificar cuándo se jodíó, exactamente, la Constitución del consenso. Lo único que acierto a constatar es que hoy en día está muerta.

El pasado 1 de diciembre, Santiago Abascal pronunció una conferencia en la que vino a reclamar algo que ya pusieron sobre la mesa diversas asociaciones cívicas antes de las últimas elecciones generales: es necesario proceder a una reforma urgente que restaure la vigencia de la Constitución y la blinde frente a futuros abusos.

No es importante, en estos momentos, debatir sobre cuál debe ser el alcance de esa reforma. Lo verdaderamente crucial ahora es darse cuenta de que ya no existe ninguna otra alternativa. La Constitución ha dejado de estar vigente. Y sólo quedan, por tanto, dos caminos: elaborar una nueva (que puede estar, o no, basada en la actual) o aprender a vivir en un estado de no-Constitución, es decir, en un régimen populista que sólo tendrá de democrático la apariencia.

Mañana celebramos el aniversario del nacimiento de la Constitución. Pero va a ser un aniversario triste, con nuestra pobre Carta Magna ahí tirada, de corpore insepulto. Aunque sólo fuera por caridad, creo que sería hora de que reclamáramos que entierren al difunto.

En el Reino Unido, los reyes son reyes en cuanto muere su predecesor, sin esperar a ninguna ceremonia de coronación. Ésa es la razón de la famosa fórmula: "El Rey ha muerto. Viva el Rey", que no pretende sino recalcar que la Corona jamás está vacante.

De la misma manera, mañana, día 6 de diciembre, cuando me levanté, dedicaré un momento a pensar con nostalgia en esa Constitución que nos han matado. Pero inmediatamente después me pondré a hacer cuanto esté en mi mano para conseguir que la entierren cuanto antes y que los españoles nos dotemos, cuanto antes, de una nueva Constitución.

Creo que es hora de que empecemos todos a reclamar una nueva Carta Magna. Pero una con la que podamos aprender de los errores cometidos. Una nueva Constitución cuyo maderamen esté protegido frente a la carcoma de los nacionalismos, de la corrupción, de los abusos de poder y del sectarismo.

Una nueva Constitución que haga que los españoles podamos ser, de una vez, ciudadanos libres e iguales.

Les invito a todos ustedes a trabajar también para ello.

http://fonoteca.esradio.fm/c.php?op=player&id=3784

Tratado de Lisboa
UE, RIP
GEES Libertad Digital 5 Diciembre 2009

Un ex comunista imputado penalmente (López Garrido) y un ex presidente francés poco propicio a los intereses antiterroristas de España (Giscard) defienden ahora un tratado europeo en dos periódicos de sus naciones respectivas. Es la metáfora perfecta del fin del proyecto europeo.

La realidad es ésta: se pierden diez años para rehacer unas reglas formales que escondan la falta de voluntad, no ya de progresar en la integración, que sería legítimo, sino de cumplir con el propio derecho vigente. Y, atención al lenguaje, los que hacen esto son los europeístas, y los que lo denunciamos, euroescépticos. No hay nada como repartir las subvenciones para garantizar la propaganda.

El espectáculo reciente, combinando los nombramientos más señalados con el de los comisarios, ha rebasado incluso el circo de tres pistas habitual.

Como se dice en esta casa, los hechos, sin ánimo de ser exhaustivos, son los siguientes.
Ya a finales de verano, Sarkozy prefería a Blair para la presidencia europea, pero Merkel, que tiene la ventaja de gastar algo menos dinero público y de insistir en que la pervivencia del euro requiere un poco de solidaridad al respecto, le dijo al ardoroso francés que mejor valía una personalidad menos marcada. Como el que paga manda, dicho y hecho. El resultado final ha sido el inane redactor de haikus, más una socialista inglesa – baronesa, porque aquí está ya todo el mundo contagiado de la actitud de estar en misa y repicando– para compensar. Un poder de perfil bajo que permita a los grandes seguir haciendo lo que quieren, y disimular que detrás de los cargos hay una política.

Por su parte, Barroso ha creado una comisión con siete vicepresidentes, siete. Tiene la gracia de nombrar comisario de Competencia a un nacional de un país en donde la concurrencia libre casi sólo existe en el fútbol, y como comisario de Mercado Interior a un nacional de un país, Francia, que se especializa por interpretar muy a su manera la prohibición de ayudas de Estado, una de las esencias de la Unión.

Hablando de esencias. Lo sustancial es que de la UE sólo queda la cáscara; el contenido se ha evaporado. Algo pudo sospecharse con la dilución de la directiva de servicios que supuso la renuncia deliberada a cumplir uno de los mandatos del tratado. Incapaces de cumplir el derecho aplicable, los intereses creados decidieron que hacía falta otro derecho. La intención simplificadora de la declaración de Laeken en 2001 todavía era buena, pero el proceso constituyente y la insistencia posterior en el tratado de Lisboa, que es lo mismo sin la fanfarria, ha culminado una situación en que lo de menos es que a partir de 2014 se aplicará un sistema de mayorías presuntamente más sencillo y eficiente, y lo de más el abandono de lo que durante 50 años ha sido el programa de la UE: la libre circulación, la creación de un mercado interior, y la cooperación creciente entre naciones a través de la aplicación de una comunidad de derecho en la que cada uno supiese a qué atenerse.

Cuando en enero se presente la Comisión a obtener el beneplácito del Parlamento con grandilocuentes expresiones de recuperación económica, lucha contra el desempleo y adhesión inquebrantable a la competencia creativa, no hagan mucho caso, porque el invento está muerto. Quizá sea hora de acometer la ampliación y darle la puntilla: que ingresen Turquía y los Balcanes, a ver si así, con sangre nueva, se puede hacer una ONU mejorada o una Organización Mundial del Comercio empeorada. La lápida dice así:

París 1951 - Lisboa 2007
RIP
Murió despeñada por exceso de ambiciones destruyendo un memorable intento de integración que garantizó la paz y prosperidad del continente durante cincuenta años.
Sus herederos: los socialistas de todos los partidos.
Esto sólo lo arregla San Benito –patrón del continente– o el Papa, que por algo eligió su mismo nombre.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

La Unión Europea y la diversidad lingüística
Juan Julio Alfaya Periodista Digital 5 Diciembre 2009

La Unión Europea necesita una urgente puesta al día en cuanto a los fundamentos de sus recomendaciones y leyes en materia lingüística, pues las actuales no responden a la realidad que vivimos, por ejemplo, los ciudadanos de las comunidades bilingües de España. Con respecto a este conflicto, parece que la UE ha optado por la «no intervención», lo que entra en abierta contradicción con su descarado intervencionismo, entrando como elefante en cacharrería, en temas tan delicados como el de los crucifijos en las aulas de los colegios.

Analicemos algunos de sus textos más contradictorios sobre «diversidad lingüística»:

La Unión Europea se funda en el principio de diversidad de culturas, costumbres y creencias. En ello están incluidas las lenguas.

En un continente en que se hablan tantas lenguas, es natural que sea así. Tan sólo las lenguas oficiales de los países de la UE se inscriben en tres familias lingüísticas: indoeuropea, finoúgrica y semítica. Y aún es poco comparado con otros continentes. La diversidad lingüística es ahora más patente porque tenemos muchos más contactos que antes con extranjeros. Son cada vez más frecuentes las situaciones en que necesitamos hablar lenguas distintas a la nuestra, en intercambios de estudiantes, inmigración, negocios en un mercado integrado en expansión, turismo y, en general, en el mundo globalizado.

El artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, adoptada en 2000, declara el respeto de la UE a la diversidad lingüística, y el artículo 21 prohíbe la discriminación por razón de lengua. El primero, junto con el respeto a la persona humana, la apertura a otras culturas y la tolerancia, es uno de los valores básicos de la UE.

[NOTA: Me gustaría saber cómo aplican la «prohibición por razón de lengua» a Cataluña, Galicia, País Vasco, Baleares y Valencia. Existe aquí un vacío legal importante que los nacionalistas aprovechan para hacer de las suyas, pues no parece que la UE considere la posibilidad de que en una determinada región los ciudadanos discriminados puedan ser los hablantes de la lengua oficial del Estado amparándose en la teoría de la "obligación de proteger a la lengua más débil". Esto se presta, en España, a numerosos abusos e ilegalidades disfrazadas de legalidad].

El principio se aplica no sólo a las 23 lenguas oficiales de la UE, sino también a la multitud de lenguas regionales y minoritarias habladas por diversos grupos de población.

[NOTA: En los documentos oficiales de la UE siempre se habla de "lenguas minoritarias", mientras que nuestros nacionalistas identitarios cambian adrede la expresión por la de "lenguas minorizadas", ya que de momento no se atreven a decir "lenguas discriminadas", "lenguas oprimidas" u otra "genialidad" por el estilo que pudiera ser rechazada por los expertos].

Por eso la Unión Europea no quiere ser un crisol reductor de las diferencias, sino un espacio que aprecia la diversidad como fuente de riqueza.

[NOTA: ¿Qué van a hacer los expertos europeos con las regiones donde la llamada "lengua propia" trata de hacer desaparecer del espacio público a la "lengua común" del Estado, reduciéndola al ámbito familiar y privado en el que ningún Estado tiene capacidad de intervenir? Seguro que de momento ni se lo plantean, porque el caso de España es totalmente atípico, pero tenemos que procurar que los expertos europeos abran los ojos a la realidad que estamos viviendo en nuestro país y no se queden anclados en trasnochados complejos y culpabilidades colonialistas que obstaculizan la solución de los nuevos problemas que plantean los nacionalismos identitarios neocolonialistas].

Conforme al Tratado de Lisboa, firmado por los Jefes de Estado o de Gobierno de todos los Estados miembros de la UE en diciembre de 2007, la UE debe respetar la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velar por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo.

[NOTA: ¿Por qué no envían una comisión secreta a Cataluña para que investigue lo que allí sucede en la enseñanza, la administración, la TV, la radio, la rotulación de los comercios, etcétera, donde impera el más absoluto desprecio a los derechos de los ciudadanos hispanohablantes?].

Ver http://europa.eu/languages/es/chapter/5
_________________
Juan Julio Alfaya
Gallegos Hispanohablantes
1) http://blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php
2) http://www.libertadengalicia.es/index.php/section-blog/39-gallegos-hispanohablantes

EN RESPUESTA AL EDITORIAL CONJUNTO
Una docena de colectivos cívicos lanza un manifiesto por la dignidad de España
Doce asociaciones, entre ellas Denaes, Profesionales por la Ética o Círculo Balear, han lanzado un manifiesto por "la dignidad de España" con motivo del Día de la Constitución. Piden respeto a la Carta Magna y lamentan que los partidos nacionales no cumplan con sus "responsabilidades históricas".
LIBERTAD DIGITAL 5 Diciembre 2009

El manifiesto, el primero que firman de forma conjunta los principales colectivos cívicos, recuerda que las "esperanzas e ilusiones" creadas por la Constitución no han desaparecido y evoca "los grandes servicios" que ha brindado la Carta Magna. Apunta también a los "escollos" que "un largo periodo de deslealtades nacionalistas" a España han propiciado, como el contenido del Estatuto catalán o el intento de "fomentar la desunión" del país mediante la transferencia de competencias.

También evocan las asociaciones "los ataques a la lengua española", la quema de banderas o la quema de fotografías del Rey, que evidencian, sostienen, "una voluntad firme y persistente de ofender a España y a los españoles". Además, recuerdan el intento de "intimidar al TC" de los firmantes del editorial conjunto de los periódicos catalanes. Apuntan que las "respuestas legítimas en democracia "se dan en las urnas" y no "con populismos callejeros".

La dignidad de España, continúan, se "asienta en valores más sólidos y respetables", tales como "la libertad y la igualdad ante la ley", y la solidaridad entre "todos los territorios que configuran la nación española". Tras lamentar las exigencias del Gobierno catalán en torno al Estatuto, reclaman "respeto al pacto fundamental que supone la Constitución. También denuncian que "en estos preocupantes momentos", los partidos "supuestamente nacionales han dejado de cumplir con sus responsabilidades históricas".

El manifiesto, abierto a más adhesiones, está firmado por Círculo Balear, Asociación 11-M. Verdad y Justicia, Plataforma Ciudadana Peones Negros, Plataforma Valenciana por la Libertad Lingüística, Profesionales por la Ética, Asociación por la Tolerancia, Convivencia Cívica Catalana, Mesa por la Libertad Lingüística, Fundación Unidad + Diversidad, Fundación DENAES, Voces contra el Terrorismo y Asociación Víctimas del terrorismo Verde Esperanza.

LA DIGNIDAD DE ESPAÑA
"patria común e indivisible de todos los españoles"
El 6 de Diciembre de 1978 el pueblo español ratificó en referéndum la Constitución española. Hoy celebramos el 31 aniversario de este importante
acontecimiento histórico.

Las esperanzas e ilusiones despertadas por el marco jurídico destinado a la armonización de nuestra vida en común no han desaparecido. Tampoco sería
justo que olvidáramos los grandes servicios que nuestra Carta Magna ha brindado a la convivencia en libertad y al bienestar común.

Pero junto a las bondades de la Constitución y a las ventajas que su aplicación ha proporcionado a los españoles, no podemos olvidar los escollos y las dificultades con las que se enfrenta en estos días, culminación de un largo período de deslealtades nacionalistas a la Constitución y a España.

Deslealtad que podemos ejemplificar en la declaración de CIU, una vez que el Estatuto catalán pasó la criba del Congreso de Diputados: ‘Este Estatuto es sólo un peldaño más hacia la independencia de Cataluña’.

El carácter incluyente y abierto de nuestra Constitución ha servido para que los nacionalistas hayan utilizado las competencias transferidas para fomentar la desunión entre los españoles, cuando no el enfrentamiento.

También les ha servido para magnificar las diferencias y minimizar o esconder lo mucho que nos une, tras tantos siglos de historia en común.

Pero, además, no podemos olvidar los ataques a la lengua española, como símbolo de unidad y entendimiento. O la quema de banderas españolas. O los
silbidos al himno nacional. O la quema de fotos del Jefe del Estado. En resumen, una voluntad firme y persistente de ofender a España y a los españoles.

En fechas recientes hemos podido leer un editorial conjunto de doce periódicos catalanes, titulado ‘La dignidad de Cataluña’. Tanto este editorial, como el tripartito catalán y el resto de partidos nacionalistas, han tratado de intimidar al Tribunal Constitucional para que dicte una sentencia favorable a sus intereses partidarios. Y han amenazado con que la sociedad catalana articulará, si se ve defraudada, una respuesta legítima. Sin embargo, las respuestas legítimas, en democracia, se dan en las urnas y dentro del respeto debido a los procedimientos democráticos. No con populismos callejeros y algaradas.

Si la dignidad de los nacionalistas se fundamenta en la amenaza a las instituciones democráticas, a la violación de la Constitución, exigiendo una bilateralidad que crearía dos entes soberanos, a la exigencia de privilegios por razón del origen y a ilusorios derechos colectivos, la dignidad de España se asienta en valores más sólidos y respetables.

La dignidad de España se asienta en la libertad y en la igualdad ante la ley de todos los españoles; y se asienta en la solidaridad entre todos los territorios que configuran la nación española, cuya existencia sólo puede ser negada con base en la ignorancia o la mala fe.

Algunos nacionalistas se han atrevido a exigir al gobierno socialista (responsable último del inconstitucional Estatuto catalán) que cumpla los pactos acordados. Pero no podemos admitir que solamente nosotros, los ciudadanos españoles, tengamos que respetar los pactos que ellos hayan acordado con el gobierno, o entre ellos.
Nosotros exigimos respeto al pacto fundamental, aprobado por todos los electores españoles, la Constitución de 1978. Recordemos su artículo segundo: ‘La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española’. Unidad que está entrelazada constitucionalmente con la autonomía y la solidaridad.

En estos preocupantes momentos que nos ha tocado vivir, cuando los partidos supuestamente nacionales han dejado de cumplir con sus responsabilidades históricas y constitucionales, por el deseo de poder a cualquier precio y por las deslealtades nacionalistas, quedamos nosotros, los ciudadanos comprometidos con la Constitución y con España.

6 de Diciembre de 2009
FIRMADO POR:
CÍRCULO BALEAR
ASOCIACIÓN 11-M. VERDAD Y JUSTICIA
PLATAFORMA CIUDADANA PEONES NEGROS
PLATAFORMA VALENCIANA POR LA LIBERTAD LINGÜÍSTICA
PROFESIONALES POR LA ÉTICA
ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA
CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA
MESA POR LA LIBERTAD LINGÜÍSTICA
FUNDACIÓN UNIDAD + DIVERSIDAD
FUNDACIÓN DENAES
VOCES CONTRA EL TERRORISMO
ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL TERRORISMO VERDE ESPERANZA

Porqué AGLI no se ha adherido a este manifiesto
Nota del Editor 5 Diciembre 2009

Para adherirse a algo, en primer lugar hay que tener conocimiento de ello, cosa que en esta ocasión no ha ocurrido. Y no es por falta de elementos de conexión, nuestra dirección de correo electrónico está bien clarita en nuestra página, ahora más visible que antes, www.libertadidioma.com, y donde confluye la antigua y veterana dirección www.geocities.com/agli.geo.

En segundo lugar, no estamos de acuerdo en muchos de los puntos. Dice que el 6 Diciembre 1978, el pueblo español la ratificó en referendum, pero no dice que en aquella época los que no estábamos de acuerdo fuimos silenciados, y todo el peso de la propaganda oficial, a costa de nuestros bolsillos, fué un lavado de cerebro para que los indocumentados votaran a favor.

En segundo lugar, es absolutamente falso que la Carta Magna haya brindado a la convivencia en libertad y al bienestar común, por el contrario, ha sido un texto incumplido en el fondo y en la forma, y peor aún, "reinterpretado" por el Tribunal (Anti)Constitucional en contra de la letra, el espíritu y el sentido común, para convertirla en un baluarte de los nacionalistas.

Sitúa al mismo nivel los ataques a la lengua española (debería decir a los derechos de los ciudadanos, que tenemos deber de conocerla), con los ultrajes a la bandera, al rey (otro dispararte de la Constitución). Se olvida que ha sido el propio Tribunal (Ant)Constitucional el que ha perpetrado el mayor ataque contra los derechos de los ciudadanos con su infame sentencia del 94, por la que los niños carecen de derechos humanos y constitucionales.

Y basta por el momento. Nosotros somos constitucionalistas, especialmente en referencia al Art. 3.º, y así segiuremos aunque sea políticamente incorrecto y seamos ninguneados por intereses claramente anticonstitucionalistas.

Creando problemas
José Antonio VERA La Razón 5 Diciembre 2009

Ya sabemos que lo que se le da bien a este Gobierno es crear problemas, especialmente donde no los hay. Tenemos los grandes y conocidos ejemplos del estatuto catalán, la memoria histórica y el aborto, amén de otros menores que no alcanzaríamos a clasificar en esta columna. Ahora les ha dado por el crucifico. Dice Pajín que hay que quitar los crucifijos, y no sabemos si tendrá pensado también eliminar todos los símbolos religiosos de la vida pública. Así empezaron en la República y acabaron quemando conventos e iglesias y fusilando a los curas en los cementerios. No creo que lleguemos a tanto, pero haría bien el PSOE en tener cierta sensibilidad con tales asuntos, pues se comienza con los crucifijos y se termina prohibiendo la religión. Prohibir es algo que a ellos les gusta, ciertamente. El tabaco, algunas hamburguesas, cantar canciones en las bodas, rotular en castellano en Cataluña y las descargas musicales en Internet. Prohibir es una palabra a la que le han tomado la medida y a esa tarea se dedican en cuanto tienen oportunidad. Ahora con el crucifijo. Y en medio del barullo de siempre, por supuesto. Pajín quiere prohibirlos y el Grupo Socialista se suma a una propuesta de ERC en ese sentido. Aunque sale de inmediato Rodríguez Zapatero diciendo lo contrario, o al menos matizándolo. Hay precedentes similares, empero. Sucedió igual con el aborto y ya ven donde acabamos. De manera que en este caso hay que pensar que, más tarde o más temprano, los crucifijos desaparecerán de los colegios y de la vida pública. Lo que no es tarea menor. La cruz es el principal símbolo de nuestra cultura.

Hemos vivido con ella desde niños y está presente a cada paso que damos en la vida. Cuando nacemos, cuando nos casamos, cuando nos morimos. La llevamos desde pequeños en el cuello, está en las procesiones, en la puerta de muchas casas, en las ropas de los nazarenos. A los militares les dan cruces cuando se les quiere destacar en sus actos o destinos. Se dice que un juramento sin una cruz es siempre menos juramento. Vivimos rodeados de cruces y crucifijos y la mayoría de nosotros lo vemos como algo normal y natural, porque es propio de nuestra cultura.

Pero ahora hay que eliminarlos. Lo propone primero un partido extremo y radical como ERC y de inmediato se suma a la propuesta el PSOE. Es lo peor de todo. Que ERC lo plantee no sorprende a nadie. Que se sume el PSOE, sí. González y Guerra eran tan ateos como Zapatero. Pero tenían clara la importancia de no dividir a la sociedad por cuestiones de símbolos. Nunca llegaron a tanto. ¿Qué tienen de malo los crucifijos en las escuelas?. Hemos convivido con ellos durante toda nuestra vida y no han sido motivo de frustración alguna. Al contrario, a veces reconfortan.

El problema que tal símbolo pudiera suscitar a los ciudadanos de otras creencias que viven en España, por lo demás, debiéramos solventarlo como hacen ellos con nosotros cuando viajamos a sus países. Nos obligan a convivir con sus divisas, nos gusten o no. En absoluto los cambian para que nos sintamos mejor. Lo normal es respetar las costumbres del país al que vas. Lo anormal, lo que hacemos aquí: quitamos los crucifijos para que nuestros visitantes se sientan como en casa. Y tampoco es eso.

El edén de Zapatero nos pilla un poco lejos
Juan Carlos Escudier  El Confidencial 5 Diciembre 2009

Tras descubrir que era de izquierdas todo lo que hacía, ya fuera bajar impuestos o subirlos, mejorar las pensiones de los pobres o dar cheques-bebé a los ricos, Zapatero nos ha revelado que cualquier cosa que proponga contribuye a cambiar el modelo productivo, y por eso el anteproyecto de ley de Economía Sostenible le ha salido tan largo. No es sólo lo del famoso coche eléctrico, que parece haber sido inventado por Miguel Sebastián mientras repartía bombillas de bajo consumo. Es que, a partir de este momento y con independencia de su contenido, cualquier iniciativa del Gobierno forma parte de su estrategia de “sostenibilidad”, ya sea la reforma de la ley del Registro Civil, la nueva regulación de las Cajas de Ahorro, el tradicional plan anual de Hacienda contra el fraude fiscal o la perpetuamente anunciada integración de los regímenes de la Seguridad Social.

Bajo esta premisa, sería injusto calificar el anteproyecto de errático compendio de propuestas inconexas o de absurda mezcla de churras con merinas. Visto así, la panoplia de planes, comités, comisiones interministeriales y futuras leyes, reglamentos y códigos que han de nacer al amparo de esta guía de la modernidad debe de ser contemplada como el programa de un visionario que pone el futuro por escrito para que nada se le olvide. Los parados habrán de tener paciencia, pero en cuanto se cambie la formación profesional y se presente el Plan de Competitividad Industrial 2020, no habrá albañil que no pueda reciclarse y participar de las oportunidades que se le abrirán en sectores tales como el aeroespacial, la biotecnología, las tecnologías sanitarias o de la información.

¿Imposible? Las Vegas era un páramo yermo del desierto de Mojave antes de que Bugsy Siegel pusiera en pie el Flamingo. Es verdad que a Siegel las cosas no le funcionaron a la primera y que sus colegas de la mafia prefirieron darle matarile antes que pedirle explicaciones, pero suyo será siempre el mérito de haber fundado la ciudad del neón y del pecado. Quizás en eso pensaba Rajoy cuando definía el proyecto de Zapatero como un luminoso en un solar vacío.

Nadie discute la necesidad de eliminar los trámites burocráticos para constituir empresas, aumentar la carga fiscal de las remuneraciones de los directivos, acelerar el pago a los proveedores antes de que se arruinen, modernizar la Justicia o elevar la eficiencia energética de los edificios públicos. Lo que no se entiende es que no se hubiera hecho antes y que ahora, su mero enunciado se presente como la revolución más importante que vieron los siglos pasados y los venideros. No queda más remedio que dar la razón a la oposición cuando afirma que de la chistera de Zapatero ya no salen conejos sino humo, algo que, por otra parte, no es propio de un abanderado de la lucha contra el cambio climático.

Estamos ante el improvisado intento de vestir un santo con retales, con el riesgo evidente de que el resultado sea un indescriptible adefesio. Prueba de ello ha sido la revuelta generada en torno a una disposición adicional de la ley, que dejaba en manos de un comité del Ministerio de Cultura la facultad de cerrar aquellas páginas web que, a su juicio, atenten contra la propiedad intelectual, pisoteando de paso varios preceptos constitucionales y saltándose a la torera el control judicial. Bastaron unas horas para que el presidente del Gobierno anunciara la modificación de este apartado, lo que confirma que el anteproyecto era demasiado largo para que se lo hubiera leído entero y que todo puede cambiarse si enerva a mucha gente, especialmente a potenciales votantes. ¿Qué rigor tiene una norma que ha de corregirse al día siguiente de ser presentada? ¿Cuál es el porvenir que espera a una ministra, la de Cultura, a la que se desautoriza de manera tan tajante?

Después de meses de espera y de la expectativa generada, la frustración respecto de la nueva regulación y de la estrategia que la acompaña está plenamente justificada. Es pobre en contenidos concretos, ya que se limita a proclamar principios cuyo desarrollo se pospone a fases posteriores, y técnicamente es lamentable. Sirva el siguiente ejemplo: se introducen como correcciones a la Ley de Mercado de Valores la adición de un párrafo en el artículo 25.2, se modifica los apartados 1 y 3 del 70 bis, se redacta de nuevo buena parte de 84.1, se amplía el 84.2, se cambia el 85.2, se modifican el 95, el 97.1, el 98.3, el 99, el 100 y el 101, se añade un 101 bis, se corrige el 102, se amplía el 106, el 107 y el 116. Si la cita ley exige tantas enmiendas, ¿no hubiera sido mejor plantear su reforma de manera independiente?

Sobre el mercado laboral conocemos que el Gobierno no transigirá con rebajar el coste de los despidos. Nada más hay sobre la mesa, a excepción del compromiso de trasladar a empresarios y sindicatos propuestas aún no definidas sobre negociación colectiva, bonificaciones a la contratación, fomento del empleo juvenil y de reducción de temporalidad. Eso sí, después de que en el último año se perdieran un millón y medio de empleos, se ha reparado por fin en que en ese país tan lejano y desconocido como es Alemania existe una fórmula que permite combinar la reducción de jornada con las prestaciones por desempleo, y se va a imitar por si aquí funciona. Nadie ha preguntado por qué esa medida no se puso en práctica cuando diariamente 6.000 personas se inscribían como parados en las oficinas del INEM.

Pese a la bondad de sus intenciones, Zapatero vive un auténtico drama: quiere convertir al país en un nuevo Silicon Valley en el que el I+D+i brote espontáneamente de las fuentes de los parques, sustituir al peón del pañuelo de cuatro nudos por el científico de bata blanca, conseguir energía limpia de la mar océana y de la vientos del norte y del sur y llenar las carreteras de silenciosos coches eléctricos. Su problema es que no tiene claro cómo se hace porque la fabricación de paraísos terrenales venía sin manual de instrucciones.

Entre tanto, se olvida que lo verdaderamente insostenible para una economía es tener una tasa de paro del 20% y que, aún iniciándose hoy mismo la salida de la crisis, es posible que pase una década antes de que se recuperen los niveles de empleo de 2008. ¿Pedimos a los parados que recorran sin agua el interminable desierto que nos separa de la tierra prometida? Es aquí donde el Gobierno tiene sus ausencias. Entre tantos planes de futuro, se echa en falta uno para el presente. Si Zapatero espera que patronal y sindicatos le hagan el trabajo es que es un ingenuo bastante irresponsable.

El poder de Internet contra ZP o de cómo Rajoy ya se sabe Presidente
Federico Quevedo  El Confidencial 5 Diciembre 2009

Recientemente –tan cerca como el pasado martes-, en uno de esos desayunos que se celebran en Madrid y a los que acuden como invitados importante personajes del mundo de la política, la empresa y otros sectores sociales, un destacado empresario, muy conocido, se dirigía al grupo de interlocutores que ocupaba su misma mesa, la mayoría de ellos igualmente conocidos e importantes, en estos términos: “Este Gobierno va cuesta abajo y sin frenos, y a este paso es imposible que llegue a 2012… Zapatero no va a tener más remedio que adelantar las elecciones para dentro de un año, más o menos”. Su opinión fue inmediatamente ratificada por el resto de comensales de su mesa, uno de los cuales añadió a esa reflexión esta otra: “Rajoy, me consta, lo tiene todo preparado para una campaña electoral que podría coincidir con las catalanas o, como muy tarde, con las autonómicas y municipales de 2011, pero nunca más allá del verano de ese año porque, en caso contrario, Zapatero aguantará hasta 2012 aunque tenga que prorrogar el Presupuesto… El PP está listo para un adelanto electoral y Rajoy sabe que, de producirse, llegará a La Moncloa antes de marzo de 2012 y ni siquiera tendrá que convocar un Congreso como está previsto en los Estatutos de su partido, por lo que todos sus supuestos ‘enemigos’ tendrán que esperar a una mejor ocasión que puede estar muy lejos, tanto que ya ni Gallardón tendría opciones a ser el sustituto”.

Más o menos. Aunque las ponga entre comillas las palabras no son textuales –mi fuente tampoco las apunto con exactitud-, pero sí lo es el fondo de lo que se estaba hablando en aquella mesa de gente de esa que habitualmente decimos muy bien informada. Lo cierto, en cualquier caso, es que ambas reflexiones coinciden, con bastante exactitud, con la realidad. El Gobierno de Rodríguez está en descomposición. Pocas veces –al menos que yo recuerde- un presidente del Gobierno se ha visto obligado a rectificar en un plazo de pocas horas dos acciones no menores llevadas a cabo por los suyos, y eso ocurrió el pasado jueves cuando Rodríguez desautorizó, primero, la ley que él mismo había defendido un día antes en el Congreso a raíz de la revuelta que se organizó en Internet y, después, a sus propios compañeros de partido que habían apoyado e, incluso, ampliado una iniciativa de ERC para retirar los crucifijos de las escuelas, lo cual generó un verdadero torbellino de declaraciones en contra de una medida absolutamente arbitraria y atentatoria de la libertad religiosa. Lo cierto es que en ambos casos el Gobierno de quien presume a los cuatro vientos de la defensa de los derechos civiles se había cubierto de gloria con dos medidas que implicaban una asfixia de la libertad y de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y un sometimiento sin precedentes a los intereses espurios de ‘castas’ cuasi franquistas.

Todo lo que hace le sale mal
No voy a insistir en lo que ya he venido escribiendo estos días atrás, pero es evidente que el Gobierno navega a la deriva, sin rumbo alguno, y que todo lo que hace le sale mal, y eso ocurre cuando un Gobierno encara la recta final de su mandato. ¿Significa esto que Rodríguez se va a rendir y convocar elecciones ante la evidencia de su incapacidad para gobernar? En absoluto. Es más, seguro que él está convencido de que hace las cosas bien, y da por hecho que lo que ahora parece torcido se enderezará en pocos meses gracias no se sabe muy bien si a la intercesión de Santa Rita, o a su supuesta buena estrella alineada en la constelación de la Alianza de Civilizaciones con la de Obama una vez que éste acabe con los talibanes gracias a la colaboración de nuestra tropas. Bromas aparte, ustedes y yo sabemos que eso no va a ocurrir, que lejos de ver alguna luz al final del túnel de la crisis seguimos inmersos en la más tenebrosa de las tinieblas y sin esperanzas de que la situación mejore a medio plazo, y si algo se demostró el pasado jueves es que ya no son necesarias las organizaciones sociales o sindicales para movilizar a los ciudadanos contra una decisión injusta del Gobierno, que bastan cientos de miles de conexiones a Twitter o Facebook para que se configure la rebelión. Una advertencia: ¿es posible una huelga general sin que la convoquen los sindicatos? Sí, hoy es posible, y el Gobierno lo sabe. Rodríguez, por lo tanto, puede ser el campeón de la autoestima, pero la reacción social parece imparable.

Hace ahora cuatro años este mismo periódico se hacía eco en un confidente de lo que se llamó el poder de Internet contra ZP, pero entonces se trataba de un buen número de páginas web que nacían a la sombra de la oposición a un Gobierno que gozaba del viento a favor… Quizá fuera premonitorio, pero cuatro años después Internet hierve por doquier contra el Gobierno de Rodríguez, y el viento a favor se ha transformado en huracán en contra. En lugar de mirar, como sería lógico en un partido que presume de estar con los jóvenes y de apoyar el progreso, por los intereses de los internautas, el Gobierno ha preferido situarse del lado del clasismo y de quienes se resisten a perder sus privilegios. Ha preferido, en definitiva, ponerle muros al campo, levantar barreras que coarten la libertad porque, no se crean todo lo que oyen, la supuesta rectificación no deja de ser más que un aplazamiento de algo que Rodríguez le debe a los autores con los que ha alcanzado un pacto casi podríamos decir que de sangre. El rechazo social es inevitable y cada vez mayor, y ese rechazo social que se extiende por la red sin posibilidad de freno, acabará por hacer mella en el ánimo de formaciones políticas que hoy todavía le conceden cierto margen de pacto a Rodríguez, pero que le dejarán caer de modo inmisericorde el día que les alcance el temor a un castigo electoral por hacerlo.

Ahora le toca a Rajoy
Es lo que Rajoy llama el ‘ciclo político’, y sabe que éste se ha acabado y que el siguiente le toca a él. El Partido Popular podría perder la oportunidad que tan fácilmente le está brindando Rodríguez si vuelve a verse inmerso en una batalla cainita como la que protagonizó hace unas semanas, por eso, aunque no es descartable que viéndose acorralado Rodríguez vuelva a recurrir al ataque en toda regla contra el PP a cuenta del ‘caso Gürtel’, la única opción que le cabe a Rajoy si esto ocurre es la de reaccionar con rapidez para evitar el daño y revertir el ataque sobre los muchos asuntos que en estos momentos atosigan al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Ofreciendo, al mismo tiempo, una imagen de responsabilidad en aquellos asuntos que afectan a la dignidad nacional, como cuando el pasado martes la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que retiraba la pregunta y la interpelación de su Grupo sobre el secuestro del 'Alakrana', toda vez que el nuevo secuestro de Mauritania exigía un comportamiento responsable de todas las fuerzas políticas. Una acción que dejó en evidencia, por mezquino, sectario y miserable, al portavoz Socialista, José Antonio Alonso, quien lejos de agradecer un gesto que había pedido su propio presidente del Gobierno, no dudó en aprovechar esa ventaja para criticar a los ‘populares’, en una evidencia más del caos en el que vive sumida la izquierda que gobierna.

Hoy, sin duda, quien tiene el viento a favor es el PP. Son pocos los sectores sociales y empresariales que duden ya del final de ciclo de Rodríguez y no vean al PP ganando las elecciones. Procesos como éste los hemos vivido antes, e igualmente se observaba como la atención social cambiaba, y de prestársela al Gobierno pasaba a prestársela a la oposición. Ocurrió con Aznar en los últimos años de Felipe –aún recuerdo los encuentros con Botín y las alabanza de éste al entonces líder del PP-, y con Felipe cuando ya era evidente que la UCD se venía abajo. Pasó menos con Rodríguez porque, francamente, nadie creyó nunca que pudiera ganar unas elecciones, como sin embargo así ocurrió después. Y le pasa ahora a Rajoy que empieza a comprobar como a su alrededor todo el mundo –incluso formaciones políticas que antaño le negaban su favor ante notario- se vuelve a mirarle y presta atención a lo que dice y a lo que hace. Su obligación es no defraudar, y eso significa no solo esperar a ver pasar el cadáver de su enemigo, sino –como hizo en Barcelona- ir más allá en el camino de la necesaria regeneración sistémica que necesita este país para volver a creer en sí mismo. Rajoy va a ser presidente, eso ya no lo dudan ni quienes pretendieron su lugar al frente del PP. Ahora solo falta que Rodríguez ponga fin cuanto antes a su propia agonía.

http://twitter.com/Federicoquevedo y tambien en www.facebook.com

Melancolía constitucional
Bonifacio de la Cuadra El País 5 Diciembre 2009

A punto de cumplirse un nuevo aniversario -el 31º- de la aprobación en referéndum de la Constitución, produce melancolía el recuerdo de aquellos 15 meses constituyentes y del orden de prioridades con el que se negoció el texto y se establecieron las renuncias a los símbolos e identidades que podían perjudicarlo. Esa melancolía se acrecienta cuando, tres décadas después, algunos de los beneficiados por aquel pacto de convivencia, que les permite ejercer la política en una democracia en paz, tratan de socavarlo mediante la apelación a una configuración unitaria de España, que entonces no prosperó, ya que el consenso convirtió al Estado español en una organización territorialmente plural, capaz de conciliar dentro del mismo las distintas "nacionalidades y regiones" que solidariamente lo integran.

El tiempo constituyente fue comprensivo con personajes inefables, como el senador por Soria Fidel Carazo, que clamaba para que el consenso no expulsara "a Dios de la Constitución", o el también senador -de designación real- almirante Marcial Gamboa, que sólo admitía la disolución del matrimonio "por la muerte de uno de los cónyuges". Pero fue exigente para establecer compromisos políticos que nuclearon las reglas de juego de la convivencia democrática. Así, la temprana renuncia de los comunistas a la República y a su bandera, seguidos más tarde por los socialistas, tuvo su correspondencia en la renuncia de don Juan Carlos a los poderes absolutos heredados de Franco y en su presión sobre la Unión de Centro Democrático (UCD) para que la izquierda fuera coprotagonista de una Constitución que pudo haber sido -sin ese impulso- obra sólo de lo que se llamaba entonces la mayoría mecánica, UCD y Alianza Popular (AP), con la exclusión de socialistas, comunistas y nacionalistas.

El reconocimiento y garantía constitucional del "derecho a la autonomía de las nacionalidades" fue una audacia política de UCD para incorporar a Cataluña al proceso y cumplía una exigencia de Coordinación Democrática, órgano unitario de la oposición antifranquista, creado en los últimos meses de vida del dictador. A sólo dos años de su muerte, produjo un tremendo impacto político, pero hubo arrestos para sacarlo adelante, aunque edulcorándolo con una redacción que mencionara en el mismo artículo a la Patria. Miquel Roca, que el 18 de marzo de 1978 selló el pacto en La Moncloa con Adolfo Suárez, junto a Jordi Pujol, introdujo el término "nacionalidades" en la ponencia constitucional. Se impuso por seis votos a uno. El peso jurídico del ponente comunista y catalán Jordi Solé Tura, lamentablemente fallecido ayer, se hizo notar en éste como en otro puntos progresivos de la Constitución. El único ponente en contra, Manuel Fraga (AP), dejó claro el "hecho indiscutible de que nación y nacionalidad es lo mismo".

He aquí las opiniones de otros dos diputados de AP y ex ministros de Franco: Licinio de la Fuente atribuyó a la constitucionalización de las nacionalidades "un riesgo de desintegración nacional y la punta de lanza que irá introduciéndose en la estructura unitaria de España"; y Federico Silva Muñoz hizo una apocalíptica advertencia sobre "los peligros de secesión" que albergaba en su seno la palabra. Desde UCD, Rafael Arias Salgado defendió incorporar el término para "afrontar la crisis palpable del Estado centrista autoritario propio del régimen dictatorial de los 40 años anteriores y lograr una Constitución aceptable y aceptada por una abrumadora mayoría de españoles, incluidos los del País Vasco y Cataluña".

Con estos antecedentes, ¿cómo es posible que varias decenas de años después el PP, que alardea de proconstitucional, se haya empeñado en retroceder a posiciones derrotadas entonces, mediante un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, superador de dos exámenes parlamentarios y un referéndum popular y cuyo contenido no significa hoy más nacionalismo del que representó la incorporación del término "nacionalidades" a la Constitución? ¿Se da cuenta el PP, que quiere proclamarse heredero de UCD, que, en lo que se refiere a la Constitución, no es más que una excrecencia de AP, la mitad de cuyos 16 diputados no la votaron, y que con su actitud de eliminar de la decisión sobre el recurso a determinados magistrados del Tribunal Constitucional o negarse a renovar a otros que tienen el mandato concluido, su apelación, después de todo eso, al respeto debido al máximo intérprete de la Norma Fundamental, tiene toda la apariencia de una actuación políticamente fraudulenta?

Con el recurso del PP contra el Estatut, contrario al espíritu integrador de la Constitución respecto a la Cataluña no independentista, el principal partido de la oposición puede propinar, además, un golpe definitivo a la credibilidad del Tribunal Constitucional, instrumento básico, en sus primeros años, para imponer a los jueces la aplicación directa de los derechos y libertades que consagra y para concretar y fijar el ambiguo Título VIII, De la organización territorial del Estado, pero aquejado hoy por una grave gripe de falta de auctoritas, por la contaminación que la política partidista ha introducido en su seno, que le aleja de los valores, principios y claves de la Constitución a interpretar. Ojalá un último impulso de profesionalidad jurídica conduzca a elaborar una sentencia capaz de imponer el imperio de la Constitución sin dejar de integrar a la Cataluña democrática en el proyecto colectivo de España.

El inacabable debate sobre la nación
El Tribunal Constitucional puede perfectamente aceptar la definición de Cataluña como nación recogida en el Estatuto. De ella no se derivan necesariamente consecuencias soberanistas
JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO El País 5 Diciembre 2009

Empieza a ser agotador, pero el Tribunal Constitucional obliga a reanudar el debate en torno a la nación, destinado, por lo que se ve, a eternizarse. Según parece, una mayoría de magistrados de tan alto órgano se oponen al uso del término "nación" en el Estatuto catalán y, a partir de ello, están dispuestos a rechazar este texto legal como inconstitucional. Con lo que plantean un problema político de muy difícil salida, pues se trata de una norma aprobada por los Parlamentos catalán y español y ratificada en referéndum por el conjunto de los ciudadanos de Cataluña. Sirven así en bandeja al catalanismo agraviado el choque frontal con una institución básica del Estado español y su llamamiento a la rebelión y la ruptura. Al dictaminar de esta manera, esta institución se pone al mismo nivel primario y anticuado del nacionalismo catalán -o de cualquier otro, en este caso del español, que viva en el mundo mental de hace un siglo-.

¿Qué es una nación? Desafío a cualquiera de los magistrados, o a cualquiera que se sienta aludido, a que defina las naciones en términos "objetivos". ¿Intentará, como en los viejos tiempos, anclarlas en las "razas"? ¿Será, por el contrario, capaz de clasificar al género humano en grupos lingüísticos, de distinguir entre lenguas y "dialectos" y de negar que hay lenguas, como el español, comunes a muchas naciones, como hay naciones con varias lenguas? ¿O serán las religiones las líneas divisorias entre los grupos humanos y nos dirá que las naciones se ajustan a ellas? No pretenderá, espero, que es la "historia" lo que está por encima de cualquier debate y lo que define a las colectividades de forma indubitable. ¿Retornará, entonces, a las "formas de ser", las psicologías colectivas, el Volksgeist, y a la cantinela de que los catalanes son tacaños, los andaluces graciosos y que la música de Chaikovski revela "la profunda tristeza del alma rusa"?

Las naciones no se definen por ninguno de estos rasgos pretendidamente objetivos, sino por un elemento subjetivo, como dijo Ernest Renan hace ya un siglo y cuarto -¡a finales del XIX, señores!-: la "voluntad de ser nación". Y esa voluntad, en contra de lo que creen los nacionalistas, no es innata, sino que se moldea de manera intencionada a través de ceremonias, conmemoraciones, actos cívicos y, sobre todo, del sistema educativo, como sabe cualquier científico social actual tras los trabajos de Elie Kedourie y tantos otros. A partir de ahí, es difícil negar a Cataluña su cualidad de "nación", porque hay un hecho innegable: que una mayoría de su población lo cree así. Como tampoco pueden negar nacionalistas vascos o catalanes que España es igualmente nación -y no un mero "Estado"-, pura y simplemente porque muchos millones de personas se sienten partícipes de esa comunidad ideal, es decir, se sienten, o nos sentimos, "españoles".

Pero de que Cataluña sea "nación" no se derivan consecuencias soberanistas. Porque, de acuerdo con nuestra Constitución actual, la soberanía nacional reside en el "pueblo español"; no en la nación, cuidado, sino en el pueblo. El término que tendría consecuencias jurídicas -si alguno las tiene en este movedizo terreno, más metafísico-político que jurídico- sería, por tanto, pueblo. Y, curiosamente, ese vocablo no parece ser tan polémico, ya que la mayoría de los actuales Estatutos incluyen referencias al pueblo aragonés, al andaluz, al extremeño o al riojano sin que nadie se escandalice. ¿Qué tiene, por tanto, de malo que el texto catalán reconozca la declaración de esa unidad identitaria -Cataluña- como nación, especialmente en los términos en que lo hace, que no son más que la constatación de un hecho (que "el Parlamento de Cataluña... ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación"), un hecho que, por otra parte, ocurrió exactamente en esos términos?

El TC podría perfectamente aceptar el texto tal como está, aunque añadiendo la interpretación de que esta declaración no implica consecuencias soberanistas. Porque un término político, como nación, tiene sin duda intenciones y derivaciones políticas. Pero no las tiene jurídicas, o al menos no las tiene claras o definidas. Si aceptamos que las naciones no pueden definirse en términos objetivos, sino subjetivos, la conclusión es que se trata de grupos humanos que poseen -o, más bien, creen poseer- rasgos culturales comunes. Rasgos que, eso sí, son aceptados de forma voluntaria por sus miembros, es decir, que se sienten parte de ese grupo, que no han sido adscritos a él contra su voluntad. Ese grupo, además, debe encontrarse asentado de forma estable sobre un determinado territorio, ya que sin territorio no hay nación (piénsese en los gitanos, o en tantos otros grupos étnicos dispersos o nómadas, que pueden reclamar una identidad, pero no nacional). Y ahí viene la consecuencia política: que esos grupos humanos que creen poseer rasgos culturales comunes y que viven en un territorio bien definido sienten que poseen ciertos derechos sobre tal territorio. Juan Linz explicó muy bien que el planteamiento nacional empieza por lo cultural pero deriva siempre hacia lo territorial. Y Max Weber, hace ya un siglo, dijo que el concepto de nación "se halla siempre orientado hacia el poder político"; en términos de Edward Shils, las naciones tienen una "propensión hacia la autonomía" o el autogobierno. Al proclamarse nación, por tanto, los catalanes expresan una intención indiscutible de detentar un cierto grado de autogobierno. La pregunta es: ¿es esto contrario a la actual Constitución? Porque hay que recordar que esa misma Constitución proclama en su artículo segundo el "derecho a la autonomía" de "regiones y nacionalidades". ¿Quiere el TC dar marcha atrás ahora en esa declaración pactada durante la Transición?

Por supuesto que nadie ha podido establecer, de una forma clara y aceptable, en qué consiste ese "derecho a la autonomía"; pero el Tribunal puede aclarar que se refiere al grado de autogobierno actualmente existente -y permanentemente renegociado- en nuestra estructura política autonómica. No tiene por qué significar un derecho a la independencia política o a la separación de España. Nadie se rasga las vestiduras en Reino Unido porque Escocia se declare a nation (aunque, para ser más exactos, ni Escocia declara nunca nada ni Cataluña ni España lo hacen ni pueden hacerlo, ya que no existen; son los individuos o ciudadanos que viven insertos en esos grupos humanos que ellos definen como nación los que declaran). Ello supone que se les reconozcan unos rasgos culturales propios y que se asuma que poseen un cierto pasado común -es decir, una cierta visión del pasado, en general muy alejada de lo que un historiador profesional suscribiría-; y, desde luego, un cierto grado de autogobierno, que no tiene por qué consistir en una estructura política plenamente independiente.

Porque no estamos ya en un mundo en el que pueda pensarse en independencia plena, a la antigua, es decir, como hace un siglo, en el apogeo de la era nacionalista, con naciones soberanas en sentido estricto. No están los tiempos para erigir nuevas fronteras, acuñar moneda propia ni incluso tener un ejército totalmente ajeno a la comunidad internacional en la que estamos insertos. Menos aún -mucho menos aún- podemos pensar hoy en sociedades con una homogeneidad cultural interna ni remotamente aproximada a la soñada por los nacionalistas. Michael Keating ha definido el mundo en que habitamos como uno de "naciones post-soberanas". Y la terminología jurídica debería ser capaz de adecuarse a los cambios sociales y políticos que ha sufrido el mundo.

Relativicemos, pues, el valor de los términos relacionados con las identidades colectivas, sin obsesionarnos por clasificarlos de manera pétrea. Reconozcamos su carácter impreciso, polisémico y fluido y no intentemos apresarlos en las leyes de una manera fija e inmutable. Dejemos abierta la posibilidad de que evolucionen, cambien de significado o desaparezcan y sean sustituidos por otros nuevos. El Constitucional puede perfectamente aceptar la definición de Cataluña como nación en los términos recogidos en el Estatuto, es decir, como una constatación de lo que aprobó el Parlamento catalán, remitiéndolo al término "nacionalidad" reconocido por la Constitución. Pero a la vez puede especificar, si lo cree preciso, que ello no debe interpretarse en términos soberanistas, pues la Constitución establece de manera tajante que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Resolvería de esta manera un problema político endiablado y se ajustaría, además, a la situación real en la que vivimos.

José Álvarez Junco es historiador.

¿ Porque El País busca también la quiebra de España
Nota del Editor 5 Diciembre 2009

El periódico, mejor dicho, el panfleto El País, que está en quiebra financiera, hace ya muchos años que entró en quiebra ética, y ahora está empeñado en propagar la quiebra a España, publicando esta basura panfletaria zapateril. A ver cuando se percatan de que ZP está en nómina de otros intereses que no los de España, para aniquilarla.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
¿Y por qué no?
XAVIER PERICAY ABC Cataluña 5 Diciembre 2009

COMO es bien sabido, una de las principales características de un régimen totalitario es la anulación del libre albedrío. El individuo deja de ser alguien capaz de elegir entre dos o más opciones, alguien capaz de decidir por sí mismo, y se convierte en un sujeto pasivo, conformado y, a menudo, satisfactoriamente feliz. Por supuesto, no todos los totalitarismos son iguales, no todos alcanzan una eficacia parecida. Los hay más burdos y los hay más sofisticados. Pero puede que sus manifestaciones más llamativas e interesantes no se den tanto en el seno de un sistema dictatorial, donde tienen, al cabo, una naturaleza previsible, como en un régimen de libertades —en una democracia, en una palabra—.

En este sentido, Cataluña, y en especial la Cataluña de estos últimos años, es un parque temático excelente, incomparable. Esta semana, por ejemplo, hemos tenido el caso Centelles. ¿Que dónde está el totalitarismo, tal vez se pregunten ustedes? Pues muy sencillo: está en que los medios políticos y culturales catalanes, junto a los medios a secas —esos del editorial único—, consideren anómalo, insólito, cuando no una agresión intolerable, que los archivos del fotógrafo Agustí Centelles hayan sido vendidos por sus hijos al Ministerio de Cultura y este vaya a exponerlos en el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca. Una reacción de este tipo se sostiene en una sola y muy elemental creencia: la obra de un fotógrafo catalán no puede conservarse —y la conservación, en términos museísticos, incluye la difusión y la investigación vinculadas a esos fondos— si no es en Cataluña y a cargo de Cataluña. O sea, si no se ocupa de ello Catalunya, SL.

Pero lo más grave no es que todos o casi todos esos representantes de la cultura, la política y los medios piensen así, sino que también lo hagan la mayoría de los ciudadanos que se interrogan sobre lo sucedido. Es decir, que la mayoría den por hecho que esos archivos tenían que acabar en alguna parte de Cataluña y no en cualquier otra parte de España, o, lo que es lo mismo, que a nadie se le haya ocurrido preguntarse: ¿y por qué no? ¿Por qué no han de estar en Salamanca, donde existe un centro del Estado creado «ex profeso» para albergar esa clase de fondos, con unas posibilidades infinitamente superiores a las de cualquiera de los centros análogos que la Generalitat tenga ya o alcance a tener? Pues bien, esa aceptación resignada de que las cosas no pueden ser más que como dispone el «statu quo» nacionalista es una de las muestras más palmarias del grado de sometimiento del ciudadano a los designios del poder y, en definitiva, del grado de penetración del totalitarismo.

Sí, ya sé que también ha habido quien, como Pilar Rahola, ha querido ver en la compra del archivo una evidencia de la mala fe de la ministra, de sus aviesas intenciones, porque Ángeles González-Sinde se adhirió en su momento al «Manifiesto por la lengua común». Pero eso, francamente, más que una muestra de totalitarismo, es una pura sandez.

Los colegios catalanes podrán decidir cuántas horas imparten de cada asignatura
El decreto de autonomía establece que los centros pueden perder parte de los recursos si no cumplen su plan de objetivos
ESTHER ARMORA | BARCELONA ABC 5 Diciembre 2009

Las escuelas públicas y concertadas de Cataluña tendrán libertad absoluta para decidir cómo organizan su currículo, es decir, «la distribución de las áreas y materias por ciclos y cursos, el uso del tiempo y los espacios, la agrupación del alumnado, las tareas de asignación al profesorado y su formación», entre otros conceptos.
Así lo establece el borrador del decreto de autonomía de centros, al que ha tenido acceso ABC, del que se desprende que los colegios tendrán libertad absoluta para determinar las horas de cada asignatura, lo que confirma los temores de los colectivos defensores del bilingüismo de que suponga «la eliminación definitiva de la tercera hora de castellano en los colegios». El texto, que podría ser aprobado por el Ejecutivo catalán en el plazo de cuatro meses, obliga a las escuelas a presentar en el plazo de cuatro años un proyecto educativo en el que fijen sus objetivos académicos. Del cumplimiento de éstos dependerán, en parte, los recursos que reciban de la Administración.

Dentro del proyecto educativo, las escuelas deberán presentar también su plan lingüístico que, según especifica el borrador, «deberá concretarse a partir de la realidad sociolingüística del entorno y de acuerdo con el régimen lingüístico del sistema educativo establecido en las leyes».

Capacitación del profesorado
Añade que el citado proyecto determina «el uso de las lenguas en el centro, el del catalán como lengua vehicular, así como el aprendizaje de las dos lenguas oficiales y las extranjeras». La nueva normativa de autonomía de centros contempla una mayor evaluación al sistema educativo, que realizará la Agencia de Evaluación de la Educación de la Generalitat, que será de nueva creación y velará por el cumplimiento de los objetivos de los centros y la capacitación del profesorado. El decreto prevé que, en caso de incumplimiento de los objetivos se pueda cesar a los miembros del equipo, además de pedir la revisión de los proyectos del centro.
En el caso de que los resultados sean positivos, se reconocerá a los docentes con grados en su carrera profesional, lo que conllevará también un aumento de sueldo. Los aspectos que se tendrán en cuenta en la evaluación de los centros serán académicos (rendimiento escolar, absentismo), satisfacción de las familias y cohesión social, entre otros.

La Cámara vasca no logra consensuar un texto de apoyo al euskera
PSE y PNV se culpan mutuamente de impedir un acuerdo unánime «en un día tan señalado»
EL CORREO | VITORIA. 5 Diciembre 2009

El Parlamento ha sido una de las pocas instituciones vascas que no ha promovido ninguna declaración de apoyo al euskera con motivo del Día Internacional de la lengua vasca ante la imposibilidad de PNV, PSE y PP de consensuar un texto común. Durante el pleno de ayer, parlamentarios de los tres grupos se reunieron para impulsar un texto partiendo de un documento propuesto por los nacionalistas.

En un comunicado, el PNV aseguró que su texto era «equilibrado y medido», basado en declaraciones que en otras instituciones han sido aprobadas e incluso propuestas por PSE y PP, «formaciones que en el Parlamento han impedido alcanzar un acuerdo». Por su parte, el portavoz del PSE en materia de Euskera, Vicente Reyes, explicó que su grupo planteó otro documento y se mostró dispuesto a cotejar los dos y a llegar a un consenso. Sin embargo, «el PNV no ha querido», dijo. El propuesto por el PSE planteaba que «el euskera no es patrimonio de nadie y necesita el acuerdo y el esfuerzo de todos».

La opción del PNV estaba basada en la necesidad del desarrollo de políticas activas a favor del uso del euskera, que dichos programas se hallen avalados por amplios acuerdos políticos y sociales, y en el «imprescindible compromiso y adhesión» de la sociedad vasca en la defensa de la lengua.

Colaboración vasco-navarra
Ante esta situación, el PNV lamentó que el Parlamento haya sido incapaz de ponerse de acuerdo y aseguró que, «una vez más, PSE y PP han primado el mantenimiento de su frente común, caracterizado por la escasa implicación con el euskera, en lugar de propiciar en un día tan señalado una declaración unánime». Del otro lado, Reyes recordó que «en lo que va de legislatura hemos acordado textos entre el PNV, el PP y el PSE mucho más comprometidos» y mostró su sorpresa por la negativa de los jeltzales a llegar a un consenso.

Donde sí se pudieron de acuerdo los grupos parlamentarios fue a la hora de aprobar una enmienda de transacción presentada por PNV, PSE y PP en la que se insta al Ejecutivo a dar los pasos necesarios para la firma de un convenio de colaboración entre los gobiernos vasco y navarro y la Oficina Pública de la Lengua Vasca para «impulsar el uso del euskera y construir una convivencia entre las lenguas lo más equilibrada posible». Todos los grupos apoyaron la medida, excepto UPyD, que se abstuvo.

El Gobierno vasco anunció ayer mismo que impulsará junto al Instituto Vasco de la Administración Pública la elaboración de un diccionario vasco de Derecho, en euskera y en castellano, para unificar el lenguaje jurídico en las dos lenguas.

 

Recortes de Prensa   Página Inicial