AGLI

Recortes de Prensa    Martes 8 Diciembre  2009

 

Aniversario
La Constitución en ruinas
Pío Moa Libertad Digital 8 Diciembre 2009

Lo más graves que ha pasado en España desde comienzos de la transición no ha sido el persistente terrorismo, ni el 23-F, ni el 11-M, sino la liquidación de la Constitución por un Gobierno delincuente, en combinación con la ETA y los separatistas. Digo delincuente porque lo es, y sólo puede serlo, un Gobierno que torpedea la ley fundamental del Estado, que colabora para ello con la ETA y con los disgregadores de la unidad nacional.

Es en el estatuto catalán donde la ruina de la Constitución resulta más plenamente manifiesta. El estatuto no sólo deja en un residuo el Estado en Cataluña, es decir, deja en un residuo la unidad de España, como se jactaba Maragall, sino que va más allá, inventa una nueva nación, es decir, una nueva soberanía, idea que implícitamente se ha trasladado a los estatutos valenciano y balear, con gobiernos del PP, y explícitamente al de Andalucía (aquí, acompañada de irrisorias loas a España), con Gobierno del PSOE y apoyo del PP. Su inconstitucionalidad no hace falta que la decida ningún tribunal, Constitucional o no: es algo que entiende perfectamente cualquier ciudadano normal que conserve un mínimo de sentido común. Para más inri, el Tribunal Constitucional al que se ha encargado la perogrullesca labor de dictaminar está presidido por una juez política próxima al PSOE y simpatizante del separatismo vasco, entre otras prendas. Hasta ahí ha llegado la agresión a Montesquieu desde los tiempos de Mienmano.

La mezcla de frivolidad, de corrupción y de impulso delincuente en la mayoría (sí, la mayoría) de nuestros políticos, ha llevado a eso. La democracia salida del franquismo con las mejores condiciones sociales y económicas que nunca tuvo régimen español alguno desde la invasión napoleónica, la han echado abajo estos farsantes –o cosa mucho peor que farsantes–, han convertido el sistema en una democracia bananera o algo también peor. Con ello han quedado deslegitimados. Tenemos un Gobierno y una oposición ilegítimos, que han destruido la ley fundamental y han legalizado, justificado y premiado el asesinato terrorista y el crimen en general como forma de hacer política en España (en el caso del PP rajoyano, no oponerse es ser cómplice de todo ello). No por nada ese Gobierno se identifica con los bandidos (como observaron Marañón, Pérez de Ayala y Ortega) del Frente Popular, empezando por Negrín.
Ciertamente, la Constitución era contradictoria y ambigua, menos que mediocre, al nivel de quienes la elaboraron; pero era la ley básica y hecha por consenso, y aceptar que la pisoteen los políticos es aceptar la delincuencia como manera de hacer política. Esta es la situación actual del país.

La cosecha de un lustro
HERMANN TERTSCH ABC 8 Diciembre 2009

RESULTA que ahora nos salen unos cuantos socialistas alarmados por el cariz de los acontecimientos y, especialmente, por la bomba de relojería del Estatuto catalán colocada bajo la Constitución por el señor Rodríguez Zapatero. Por una vez, el señor Gregorio Peces Barba abandona su obsesión de insultar a la Iglesia Católica para advertir que la única nación soberana es España. Tiene toda la razón. Lo pone en esa Constitución que él ayudó a redactar y que el actual presidente juró en su día cumplir y hacer cumplir. Como sabemos, este último no ha hecho ni lo uno ni lo otro. Por el contrario, hemos asistido durante cinco años a un ejercicio de irresponsabilidad, soberbia, ignorancia y mentiras que nos lleva inevitablemente a una situación perfectamente traumática. Ahora salen algunos, callados como discretas meretrices durante todo este disparate, para decirnos que están preocupados y que deberíamos volver a tener el recurso previo de inconstitucionalidad.

Pues tienen razón. Siempre que enmiendan. Pero ya va a ser muy difícil evitar que nuestros nacionalistas socialistas, y viceversa, abandonen la deriva de confrontación con las instituciones del Estado y por supuesto con la Carta Magna en la que se fundamentan. También ha salido nuestro inefable cristiano socialista de la nueva aristocracia, el señor presidente del Congreso, José Bono, a decir que las leyes no son de chicle. Se lo podían haber contado todos ellos hace mucho tiempo al eterno adolescente y Gran Timonel. Pero ya sabemos que aquí los cargos y los sueldos los reparte exclusivamente quien ha liquidado todos los órganos del Partido Socialista como elementos de control y democracia interna. Ahora, pasado el Día de la Constitución, veremos cómo se las arreglan todos para ejercer la necesaria presión al Tribunal Constitucional para que corrija al alza los recortes absolutamente perentorios a esa locura que supone el acto de suicidio de uno de los Estados más antiguos del mundo.

Buscarán todo tipo de enredos para enfrentar a los españoles entre sí y volver a reagrupar a su bandería en unas filas prietas. Así, nos quieren tener a los españoles entretenidos con todo tipo de ocurrencias, desde el batiburrillo improvisado de la Ley de Economía Sostenible a nuevas ofensivas contra la religión, contra el supuesto facherío y contra el empresariado. Esta última, aunque también todas las anteriores, son una perfecta anomalía en una democracia europea. Que los sindicatos salgan a la calle apoyados por el Gobierno y movilizados con dinero público para intimidar al sector empresarial es una mamarrachada peligrosa y desde luego única en Europa. Que todos los paniaguados se lancen a combatir a los únicos que pueden crear empleo en una sociedad moderna es realmente una gesta propia de Hugo Chávez o Evo Morales, ese que ya ha logrado por la vía del populismo cargarse su siempre precario Estado de Derecho.

No es lo mismo democracia y Estado de Derecho, como bien saben los alemanes desde que votaron a Hitler o están comprobando los venezolanos hoy en día. No hay que dar un golpe militar para liquidar ese bien que garantiza la seguridad jurídica y física de todos los ciudadanos en un Estado que cumple sus reglas con la división de poderes y el cumplimiento de sus propias leyes. Cuando en España se está espiando y controlando desde el Ejecutivo a los ciudadanos, cuando los medios gubernamentales oficiales u oficiosos atacan a todo discrepante u opositor y cuando se producen extraños pero muy contundentes actos de amedrentamiento por parte de los poderes públicos, es que, junto a la ruina económica, España se aleja también de las normas exigibles de un Estado miembro de la Unión Europea. Cuando el Estado se inventa leyes que pasa de matute para investigar a los ciudadanos sin control judicial estamos cogiendo muy mal camino. Y cuando hay tanta gente que habla en voz baja, que no utiliza ya el teléfono para ninguna conversación seria por miedo a represalias, y alguno sufre agresiones físicas inexplicables y automáticamente se las atribuye a la policía política de «Fouché Rubalcaba», después de haber sufrido otras verbales en las televisiones del señor Zapatero, es que hay motivos para el miedo. Gran cosecha de un lustro.


Razones para (no) reformar la Constitución
Ignacio Camacho Blog ABC 8 Diciembre 2009

La consideración general ante el muy recurrente debate sobre la vigencia de la Constitución del 78 es la de que ningún proyecto de reforma puede mejorarla si no cuenta con un respaldo igual o superior a la vigente. Eso significa en la práctica la necesidad de un consenso que en la actualidad parece muy distante, habida cuenta del clima de fuerte divisionismo y crispación política y sociológica de la vida española. Una constitución no debe cambiarse –ni siquiera en aquellos puntos en que es legalmente posible—por mayoría simple, que equivale a decir por simple mayoría, si no se quiere que se resienta la estructura política del Estado y se consagre la imposición de un modelo ideológico sobre otro, como sucedió en 1931 y por fortuna se evitó en 1978, lo que sin duda fue el mayor logro político de la Transición. Sentado este principio, existen varios puntos sobre los que viene planteándose con cierto acuerdo genérico la eventual posibilidad de una reforma, sin que ninguno de ellos arroje la clara necesidad de plantearla a corto plazo.

1. El orden de sucesión de la Corona. Siendo el punto de mayor consenso reformista –la necesidad de anular la prevalencia del varón sobre la mujer, art. 57.1—contiene un potencial de peligrosidad que no escapa ni a los propios Príncipes de Asturias: requiere mayoría agravada y un referéndum que en las actuales circunstancias podría convertirse en un inoportuno plebiscito sobre la monarquía, con el consiguiente desgaste y desestabilización que se encargarían de provocar los republicanos, independentistas y demás fuerzas radicales. Tarde o temprano habrá que hacer la modificación, pero no hay prisa; incluso aunque los Príncipes tuviesen un hijo varón, se podría esperar hasta la mayoría de edad de la Infanta Leonor, aunque hacerlo daría lugar a una posible polémica sobre derechos adquiridos. La salida de incluir esta modificación en un paquete global de reformas no se sabe si es una solución o un agravamiento del problema, porque obligaría a introducir enmiendas compensatorias al gusto de los mencionados radicales.

2. La reforma del Senado. Tiene consenso previo sobre su conveniencia y existe una idea genérica de convertirlo en “cámara territorial”, pero nadie ha puesto sobre la mesa una propuesta concreta ni se sabe hasta qué punto existiría ese acuerdo. Está clara la obsolescencia de la Cámara, que ni siquiera tiene derecho efectivo de veto, y habría que delimitar sus competencias para que no fuese una instancia de revisión del Congreso. Sin embargo, los aspectos de esa reforma están verdes, nadie los ha planteado seriamente y podría haber puntos muy polémicos. Entretanto, el Senado podría desarrollar potencialidades actuales que los partidos no desean aplicar, como la de ejercer funciones de cámara de fiscalización e investigación, al estilo de Estados Unidos.

3. El sistema electoral. Reforma prescindible, que además podría abordarse mediante la modificación de la ley de régimen electoral sin tocar la Constitución. Los partidos pequeños sueñan con ampliar el número de diputados, pero incluso eso podría hacerse sin reforma del marco de la Carta Magna. No está tan claro en el caso de la posible creación de un “colegio nacional” de restos para completar los cupos de circunscripciones provinciales restando peso de conjunto a las minorías territoriales sin mermar su representación.

4. El Estado autonómico. Aunque no ha aparecido de manera taxativa en los debates recurrentes sobre la reforma, es el verdadero motivo de la mayor parte de los planteamientos al respecto. De hecho, si el TC revoca aspectos esenciales del Estatuto de Cataluña –planteado por sus promotores Zapatero como una enmienda constitucional de hecho--, los partidos catalanes harán inevitable la apertura de un debate sobre la necesidad de modificar la Constitución para dar cabida a sus planteamientos soberanistas. Sería una grave equivocación que convertiría un problema político en un error sistémico, y equivaldría a tratar de convertir al nacionalismo en determinante de la estructura jurídica del Estado. Otra cosa es que, si el TC convalida el Estatuto catalán, lo que estará introduciendo es una reforma de facto del marco constitucional por la vía de la ley orgánica con referéndum y sanción jurídica.

Ésa era probablemente la idea de Zapatero cuando le dio curso al proceso estatutario, y la que subyace cuando afirma que espera “una gran sentencia” o que la Constitución “es mejorable pero funciona en lo sustancial”. Palabras tranquilizadoras que lo serían mucho más si no viniesen de un político acostumbrado a hablar en el viento de su conveniencia.

En todo caso, una eventual reforma de la Carta Magna carecería de legitimidad real si se plantease de un modo improvisado en mitad de una legislatura, y tendría que abordarse mediante un contrato político con los ciudadanos, es decir, mediante la convocatoria de unas elecciones expresamente declaradas como constituyentes por los dos principales partidos-eje de la vida pública española. El factor de desestabilización que ello supondría en la vida nacional queda al alcance de la evaluación con que cada cual quiera considerarlo.

Ps/ ¿Qué mejor cosa tenían que hacer los presidentes autonómicos del PP que no acudieron al homenaje a la Constitución del 6 de diciembre? No sólo le sirvieron al PSOE un impecable argumento de hipótesis inversa –el de qué se hubiese dicho en ausencia de López o Montilla—sino que se desentendieron de una obligación política y moral de primer orden, poniendo en una contradicción innecesaria el discurso constitucionalista de su partido y despreciando su propio compromiso con los ciudadanos a los que representan.

Reforma
Los partidos políticos y la democracia
Ramón Villota Coullaut Libertad Digital 8 Diciembre 2009

Los partidos son una pieza clave de nuestro sistema democrático y la Constitución reconoce su importancia cuando en su Título Preliminar –artículo 6º– dice sobre ellos: "Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos". A partir de aquí, nuestro sistema electoral es proporcional y con listas cerradas, lo que da un gran poder a la dirección del partido político. Esto hace que, al mismo tiempo, se limite el poder de aquellos militantes que no se encuentran a gusto con la dirección en un determinado momento y, por supuesto, el de los militantes de base, que al final son los sustentadores reales de la organización y de sus ideales.

Pero con el tiempo se ve más claramente la necesidad de modificar la Constitución cuando recoge, en su artículo 68 y para el Congreso, que el sistema electoral es el proporcional y que la circunscripción electoral es la provincia. Esto, que ha sido desarrollado por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, puede convertirse en un germen muy dañino para la democracia española, ya que un sistema electoral con circunscripciones más pequeñas, en donde se eligiera a un candidato exclusivamente, haría que el organigrama de los partidos políticos tuvieran menos importancia y que la ganaran los candidatos y los electores, que tendrían una referencia más concreta de a quien votan.

De esta forma, una transición de nuestro sistema electoral al mayoritario evitaría la existencia de partidos políticos como grupos de presión y, al mismo tiempo, haría que los partidos políticos no necesitaran de estructuras tan amplias como las actuales –lo que no es más que una invitación a la corrupción, tanto porque las formaciones requieren organizaciones tan grandes que no se las pueden costear como porque se les acercan una gran cantidad de arribistas. Por tanto, ese ahorro en la estructura del partido político, que se construiría de abajo arriba, y no de arriba abajo, haría no sólo un partido más democrático, sino más barato.

Y los votantes, que al final son los puntos principales de la democracia, tendrían más fácil su elección entre diversos partidos políticos, cada uno de ellos en su circunscripción electoral, con un candidato único que tendría que rendir cuentas, algo que ocurre en países con democracias tan consolidadas como Gran Bretaña o Estados Unidos.

Ramón de Villota Coullaut es abogado, puede contactar con él aquí.

Presidentes autonómicos contra la Constitución
Pedro de Hoyos Periodista Digital 8 Diciembre 2009

Vamos a empezar por el principio, llevo 31 años pensando que esta Constitución no es buena, que España cometió un error al aprobarla y que es causa de gran parte de nuestros males actuales. Y una vez dicho esto diré que es la única que tenemos y mientras no la reformemos o no tengamos otra habrá que respetarla, acatarla y luchar democráticamente por cambiarla.

Así que no entiendo que buena parte de los presidentes de las autonomías no haya acudido al fiestorro oficial. Casi todos del PP, pero no sólo del PP. Las razones aducidas recuerdan a las que dan los niños cuando se corren las clases y son sólo eso: excusas baratas.

Viene bien un puente tan largo como éste para salir de casa a otra ciudad o ir al campo. Viene bien para acercarse a los grandes centros de compras y dejar allí nuestro dinero que es lo único que ya va quedando de la antigua navidad. Pero aquellos que son actores principales de nuestra política tienen una obligación para con la Ley más importante que nos une (¿O nos ata?) por mucho que les parta por el medio un fabuloso finde.

Todos los presidentes autonómicos deberían estar presentes en vez de escaquearse y hacer novillos infantiles, cuentan con infinidad de prebendas, la del sueldo generoso no es la más importante, que contrapesan estas incomodidades. La fiesta de la Constitución debería ser una de las más significativas para quienes se llenan la boca defendiéndola. Y sin embargo estaban en la playa, en el pueblo o en el centro comercial.

Claro que entre los que han acudido hay alguno que está pensando permanentemente la manera de saltársela y hacer de su estatut un sayo. No falta la actitud farisea del que ha acudido a la fiesta a dar supuestamente su apoyo a la primera ley de España mientras amenaza con toda suerte de catástrofes como no se interprete dicha ley de la manera que él dice y que a él interesa, interpretación que perjudica gravemente a otras autonomías que tienen las mismas razones que Cataluña para sentirse nación, que también como Cataluña tiene lengua propia y que también desearía tener acuerdos, conversaciones y relaciones bilaterales con el Estado. Pero no pueden (y en buena medida por las incapacidades, miedos y sumisión de los políticos locales)

Sin embargo de esta Constitución nace esta España desigual, la España de la Ley del embudo, ancho para uno y estrecho para otros, la España de las diferencias, la España de privilegiados económicos y la España de los emigrantes.

O se la apoya o se la combate, pero no se pueden hacer las dos cosas a la vez. O se la apoya con la asistencia y con las palabras de respeto que merecen los órganos emanados de ella sin amenazas, defendiendo sus artículos uno por uno, o no se la apoya y se la critica y se la combate educada, civilizada y democráticamente. No hay, no puede haber, medias tintas y menos entre los políticos. Con la de paro que hay.

Valencia
¿Quiénes son los fanáticos?
Cristina Losada Libertad Digital 8 Diciembre 2009

Una niña de 10 años suspende los exámenes por culpa del fanatismo de su padre. ¿Cómo dice? Es lo que viene a sostener, a instancias del diario El Mundo, la dirección del colegio público Sánchez Guarner de Valenciasobre el caso de Natalia Santacreu. La alumna responde en español a las preguntas escritas en valenciano, y esa licencia que se permite resulta intolerable a ojos de su maestra y de quienes dirigen el centro con fervoroso celo lingüístico. Para más, tiene la mala suerte de ser aplicada y sacar buenas notas en la asignatura de valenciano. Infortunio, en efecto, pues de ahí infieren sus profesores que es capaz, si quiere, de contestar en la vernácula y que no lo hace por instrucciones de su padre, el fanático.

Una desconocía que un colegio pueda expedir dictámenes de fanatismo sobre los padres de los alumnos con mayor premura que certificados de estudios. Pero ahí tenemos su definición, precisa y clara como el agua: fanática es la persona convencida de que, en un centro escolar español, su hijo tiene derecho a hacer en español los exámenes. Que se trate de la lengua oficial del Estado, cooficial en su comunidad autónoma y común de los españoles, nada importa a los "normalizadores" devotos. Digo mal, importa y mucho. El español, justamente, es el idioma a proscribir. Le darían más facilidades a Natalia si su lengua materna fuera el urdu o el árabe o el mandarín. Pero en español, ni la hora.

La identidad valenciana, la única y verdadera, pende de hilo tan frágil que se ha hecho imprescindible castigar a una buena alumna, propinarle sesiones de lavado de cerebro y amenazarla de expulsión. Pero, ojo, que los fanáticos no son los profesores que actúan de tal modo con una niña, sino el padre que insiste en reclamar un derecho individual sin respeto alguno por los derechos de las lenguas. Puro delirio, anteponer la persona al idioma, la identidad individual a identidades colectivas fabricadas. ¿A quién se le ocurre? Máxime en Valencia, cuyo presidente, Francisco Camps, ha negado siempre la existencia de cualquier conflicto por su política lingüística. Y es que, según la lógica perversa que rige en España desde hace décadas, los conflictos no los causa la imposición, sino quienes se resisten a plegarse. ¡Fanáticos!
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

España: una nación sostenible
JAIME MAYOR OREJA Eurodiputado ABC 8 Diciembre 2009

En estos días en que el presidente del Gobierno lanza otra más de sus vacuas iniciativas para afrontar la crisis económica, un proyecto de Ley de Economía Sostenible, hay quienes nos preguntamos si el señor Rodríguez Zapatero sería también capaz de ofrecer a los españoles como un elemento esencial de su forma de gobernar un proyecto auténtico y real de Nación sostenible. Porque a lo largo de sus años al frente del Gobierno, Rodríguez Zapatero ha ido desarrollando y consolidando lo que, tanto desde mi convicción como desde mi intuición, no es un proyecto sostenible de Nación sino, muy al contrario, un proyecto que daña en su más íntima esencia la sostenibilidad de España como Nación.

A pesar del creciente número de españoles que comparten este diagnóstico y a que es ya una mayoría quien siente una profunda desconfianza hacia el actual Gobierno, aún me genera dudas si esa misma mayoría de españoles comprende en toda su dimensión el significado y la esencia del proyecto que, sin ser suyo su diseño y autoría, está ejecutando materialmente Rodríguez Zapatero. Es preciso partir de reiterar una obviedad para evitar las tergiversaciones habituales: no, el presidente del Gobierno no quiere destruir España, aunque a veces lo parezca. Pero sí pretende llegar a una España debilitada, a una España alejada de su propia cultura y valores.

Durante las últimas semanas, se ha puesto de manifiesto el mejor retrato, la mejor síntesis de ese proyecto insostenible de España que está ejecutando implacablemente el presidente del Gobierno. Por una parte, hemos asistido al rechazo por parte de la mayoría gubernamental a las enmiendas de totalidad a la Ley del aborto. Por otra parte, hemos sido también testigos de la calculada presión ejercida sobre los miembros del Tribunal Constitucional que tienen que dictar sentencia respecto de la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Ambos hechos no son tan independientes entre sí como pudiera parecer. Tampoco son dos improvisaciones no medidas previamente. Ambos hechos, más allá de su diferente naturaleza, son dos caras de una misma moneda. Son dos evidencias de la crisis que atraviesa España, una crisis nacional y una crisis de valores, por más que tenga en su vertiente económica y social su manifestación más visible. Y esa crisis, que es única pero que tiene múltiples rostros, que es una crisis total, se seguirá ahondando mientras que el proyecto de Rodríguez Zapatero siga determinando el Gobierno y por extensión el futuro de España.
Por ello, resulta esencial entender ese carácter total de la crisis, por encima de sus diferentes vertientes. El proyecto de Rodríguez Zapatero conduce a que todos entremos en crisis. Conduce a que la crisis alcance nuestros valores más esenciales y profundos como sociedad.

Es cierto que se atisban reacciones ante las aberraciones morales que establece la Ley del aborto. Pero, frente a ello, quienes impulsan la misma, juegan con la enorme ventaja de encontrarse con una sociedad inerme e indefensa, a veces incluso en exceso aletargada y conformista, que no les plantea excesivas dificultades, a pesar de ser inmensa la mayoría social que sostiene y defiende valores radicalmente opuestos a lo que en la misma se regula.

La propuesta de eliminar el crucifijo de las aulas de los centros públicos y concertados es otra buena muestra de que se sienten fuertes y decididos a imponer sus criterios sin vacilación, precisamente porque no encuentran una resistencia social y moral con la suficiente fortaleza.

La crisis de valores es el escenario perfecto para llevar a la práctica esas decisiones. Una España sumida en la debilidad, deliberadamente conducida a ella desde el Gobierno, es perfecta para poder ahondar en un proyecto que acabe conduciendo a un ambiente político y social asfixiante para quienes deseamos hacer valer convicciones, creencias o principios. En su concepción de este proyecto, sus defensores incluso mantienen y procuran hacer creer a la sociedad que aquéllos que defienden los valores en realidad no son buenos demócratas, sino tan sólo dogmáticos y radicales a los que sus propias creencias limitan su propia libertad y la del conjunto de la sociedad. Y esa estrategia conduce a que, en muchos, la crisis de valores se traduzca, precisamente, en una crisis «de valor» a la hora de atreverse a decir y defender aquello en lo que íntimamente creen.

El miedo reverencial a discrepar sin temor y abiertamente de la moda dominante, de la socialización de la «nada», alimenta la osadía de unos y la falta de valor de otros.

Pero no caigamos en el error de creer que cuestiones como el aborto, la adoctrinadora educación para la ciudadanía o la eliminación del crucifijo son elementos menores o meras cortinas de humo. Porque forman parte esencial del proyecto de Rodríguez Zapatero.

Y si bien en este ámbito dicho proyecto avanza con el mayor de los descaros, en el ámbito territorial, en el concepto de Nación, la ejecución del proyecto de Rodríguez Zapatero es más compleja, más sutil, por cuanto se enfrenta, al menos, a una mayor capacidad de defensa. A fecha de hoy, la principal expresión de la crisis nacional que padecemos se concentra en la presión directa a la garantía y la independencia del Tribunal Constitucional.

Y tampoco caigamos aquí en otro error intencionado. Cuando algunos tratan de asignar la exclusiva o la máxima responsabilidad a los nacionalistas catalanes de la presión sobre el Tribunal Constitucional demuestran que siguen sin comprender el significado y el objetivo del proyecto de Rodríguez Zapatero. Porque los que están presionando más al Tribunal Constitucional no son ni ERC ni el resto de partidos nacionalistas ni mucho menos el PSC. Todos ellos no son sino subalternos, cómplices útiles hoy, por más que mañana puedan convertirse en piezas incontrolables.

Pero es Rodríguez Zapatero y su proyecto insostenible de España el principal factor de presión hacia los magistrados. Es la búsqueda de una España irreconocible, ajena al modelo que impulsó la Constitución de 1978, el elemento básico de esa presión. Una España irreconocible que se basa en algo tan imposible como un precario equilibrio entre la no ruptura y la máxima debilidad como Nación. En definitiva, una Nación insostenible. Moverse en ese terreno incierto entre la comodidad y la debilidad, de un lado, y la ruptura que encarnan los sucesivos socios del proyecto de Rodríguez Zapatero, del otro, es lo que nos está conduciendo en términos económicos, sociales y políticos a una España insostenible.

Cuando se acentúa la primera opción, la debilidad, el proyecto de Rodríguez Zapatero deja de ser adversario y se convierte en aliado potencial del proyecto de ETA. Y basta recordar aquí por dónde comenzó esa búsqueda de una España irreconocible durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero. Pero cuando se acentúa la otra vertiente, la ruptura, como ETA hizo en su momento, la posibilidad de acuerdo se hace imposible. Y así terminó la primera parte de la negociación entre el Gobierno y la organización terrorista.

En definitiva, parto del convencimiento de que nada ha sido casual. Y no es casual lo que hemos visto estas semanas en el asunto del Estatuto catalán. No es casual que la información que ha sido origen y causa de este terremoto político no provenga de los periódicos catalanes sino de un medio de comunicación nacional, como «El País». No es casual que la Moncloa y los miembros del Gobierno conocieran el editorial compartido con los medios catalanes un día antes de su publicación.

No es casual la templada respuesta del Gobierno a las reacciones de los nacionalistas catalanes ni las declaraciones de Rodríguez Zapatero reiterando que espera una gran sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que ocurra con el Estatuto catalán va a ser determinante y decisivo para conocer el destino final de lo que es un buque insignia del proyecto de la España irreconocible - e insostenible- que arrancó con la negociación política con ETA y que se concentra hoy en Cataluña y en su nuevo Estatuto.

De todas las urgencias políticas que tenemos ante nosotros, la primera de todas ellas es la definición y determinación de un proyecto de regeneración y rectificación de la actual España insostenible.

Desaparecidos
IGNACIO CAMACHO ABC 8 Diciembre 2009

TODOS los presidentes autonómicos del Partido Popular encontraron algo mejor que hacer el Día de la Constitución que personarse en el Congreso a celebrarla. Unos estaban de puente, otro de viaje oficial y algunos pensarían que habían cumplido inaugurando en sus dominios una biblioteca o un parque. Ya es casualidad que ninguno tuviese la efeméride nacional marcada en su agenda, y que nadie en la dirección del partido fuese capaz de recordarles el compromiso moral y político de su presencia en un acto institucional del Estado al que representan. Tanto llenarse la boca de constitucionalismo militante y luego se les olvida, vaya por Dios, felicitarle a la Carta Magna el cumpleaños.

A eso se llama brillar por su ausencia. Justo el día en que un lendakari vasco acude por primera vez, ya era hora, a compartir la fiesta de la igualdad entre españoles. Los barones territoriales de la derecha sirvieron en bandeja los reproches a sus adversarios socialistas, encantados de encontrarse con la Constitución para ellos solos aunque alguno, como Montilla, pretenda dilatarla con un fórceps jurídico para que quepa en ella su Estatuto soberanista. Ay, lo que se habría oído si los desaparecidos del homenaje hubiesen sido los barandas del PSOE. Y con razón. Con la misma razón que asiste ahora a quienes reclaman un mínimo de coherencia y seriedad a los representantes institucionales de casi la mitad de las autonomías creadas al amparo de la Carta Magna. Dignatarios tan enfrascados en su poder virreinal que por lo visto han olvidado el origen de la estructura que les otorga su rango.

La espantá de los taifas peperos ha reforzado además la sospecha de que el suyo es un partido involuntariamente confederado en organizaciones autónomas al amparo de los poderes regionales. Dejaron solo a Rajoy, que parecía estar allí porque es el único que no tiene dónde gobernar, y abandonaron todo el protagonismo en manos de los socialistas. Pero sobre todo se desentendieron del discurso constitucionalista que da sentido nacional a su política, con una negligencia displicente o soberbia y una imperdonable pereza institucional. Los políticos han de saber mejor que nadie la importancia que los símbolos y los gestos tienen en su oficio, y para los del PP no hay ahora mismo elemento de mayor fuerza simbólica que la Constitución que ampara la igualdad de los ciudadanos de España donde quiera que vivan o nazcan. El domingo, en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, la apatía de un grupo de dirigentes desganados ofendió la dignidad de los españoles a los que representan sin que el partido que teóricamente los cohesiona pudiese articular una respuesta presentable. Porque nada se puede presentar donde nadie está presente y porque no hay dejadez más expresiva que la ausencia.

PSOE para después de Zapatero
VALENTÍ PUIG ABC 8 Diciembre 2009

UN PSOE hoy irremediablemente uncido al destino del zapaterismo está encogiendo todos sus márgenes de maniobra necesarios para renovarse y reemplazar personalidades. En parte, tenía que ser así porque es propio de los partidos gobernantes, aunque en este aspecto el zapaterismo sobrepasa algunos -muchos- extremos. Está bastante más posicionado en un radicalismo improvisador que en los matices de la post-socialdemocracia. A veces parece incluso ajeno a aquella amalgama de continuidad en las siglas y mutación en los contenidos que mantuvo al socialismo español en vida en el exilio hasta re-emerger con Felipe González al amparo de la social-democracia alemana. Algo se ha extraviado entre el pragmatismo evolutivo a finales de la guerra fría y el cortoplacismo como sistema de surfeo en el siglo XXI.

Consecuentemente, por ahora el zapaterismo ha arrasado en el PSOE. Hace unos días, unas tímidas sugerencias de retorno al recurso de constitucionalidad previo fueron acalladas de inmediato y José Bono solo enarbola de vez en cuando su viejo pasado de aspirante al liderato. Con el Estatuto catalán, cruje la ya baqueteada identidad del socialismo hispánico. Las últimas semanas han sido prácticamente devastadoras para el zapaterismo, del secuestro del «Alakrana» a la huelga de hambre de la activista saharaui Aminetu Haidar, pasando por la cuestión de los crucifijos o el enfrentamiento con los internautas. Cierto: son episodios de muy distinta naturaleza pero su acumulación las suma sintéticamente, a modo de la configuración de un iceberg.

A estas alturas, que Zapatero mantenga la ilusión de aprovechar políticamente la presidencia semestral europea tiene algo de espejismo. En los platillos de la balanza, una situación interna tan equiparable a un maremágnum difícilmente dejará trasladar la atención pública a la galería de trofeos audiovisuales que ofrece una presidencia semestral de la Unión Europea, y mucho menos cuando el Tratado de Lisboa ha generado la designación de un presidente propio, Herman Van Rompuy, y con socios de tanto fuste político como Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, sin olvidar que Durao Barroso tiene que marcar territorio en la Comisión.

No es venturoso el percance actual con Marruecos, una viñeta prácticamente inaugural para el semestre europeo de Zapatero. Es una desgracia si tenemos en cuenta los preparativos tan rigurosos que habían estado haciendo la diplomacia y la administración pública en general. Insospechadamente, el ministro Moratinos anda abrumado por las nubes de arena de esa nueva «marcha verde». Tampoco está en su mejor momento el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, aunque diga que la presidencia será histórica. Personalidad de virtudes políticas inclasificables, su discreción en los empeños preparatorios ha sido abrumadora.

En una fase determinante de la recesión económica, haber apañado con tanta repentización un anteproyecto de Ley de Economía Sostenible no ayuda a congratularse con un electorado que va engrosando visiblemente los porcentajes del desconcierto. En los evidentes recintos de racionalidad que sobreviven en el PSOE estas cosas se perciben con mucha alarma, aunque, claro está, todavía sería más alarmante cualquier especulación abierta sobre un PSOE para después de Zapatero. Ideólogos y estrategas reflexionan en silencio, con frugalidad de anacoretas en el áspero desierto, mientras coros y solistas del zapaterismo cantan lo que ya no se sabe si es el preludio o una premonición de «finale».
www.valentipuig.com

La mayoría de los españoles creemos necesaria la reforma de la Constitución de 1978
Juan Julio Alfaya Periodista Digital 8 Diciembre 2009

Yo voté que NO a la Constitución de 1978. Hoy, a la vista de nuestro desolador panorama político, con dos grandes partidos estatales chantajeados por unos «partidos nacionalistas bisagra», endiosados gracias a una Constitución diseñada con una ingenuidad imperdonable, me enorgullezco de aquel NO que entonces tantos me reprocharon. No es que en 1978 fuera yo un experto en Derecho Constitucional, pero acostumbro a fiarme de mis “vibraciones” y aquello, sinceramente, me las daba malas, pero que muy malas.

De hecho, a partir de 1978, ETA resurgió con más fuerza que nunca. Sus atentados aumentaron en número e intensidad. Recordemos el secuestro y asesinato de José María Ryan, ingeniero-jefe de la central nuclear de Lemóniz en 1981; el primer atentado con coche bomba en Madrid, en septiembre de 1985, con un muerto y 16 heridos; la bomba que mató a 12 guardias civiles e hirió a 50 en julio de 1986 en la Plaza de la República Dominicana de Madrid; o el atentado de Hipercor, el 19 de junio de 1987, que causó la muerte de 21 personas e hirió a 45. Suma y sigue.

A partir de la división de España en "nacionalidades" (comunidades de primera) y "regiones" (comunidades de segunda), los nacionalismos se crecieron y España comenzó un lento pero implacable proceso de debilitamiento del Estado. Como consecuencia de ello, hoy estamos de nuevo a la cola de Europa. Ahora sí, a algunos les sirve de consuelo (e incluso les parece un progreso) el que las niñas de 16 años puedan abortar sin tan siquiera informar a sus padres.

Según una encuesta de Metroscopia, el 84% de los españoles (es decir, ocho de cada diez) creemos que la Constitución necesita reformas. Si las necesitan los edificios, ¿no las va a necesitar un texto tan complejo surgido más de la presión y el apremio por la necesidad de consenso para lograr una transición pacífica que de una visión serena y realista de lo que debe ser un Estado de Derecho moderno y democrático?

Seis de cada diez entrevistados (58%) sólo creen necesario realizar "pequeñas modificaciones" en la Carta Magna. Debo aclarar que yo no me encuentro dentro de ese 58%, sino dentro de la cuarta parte (26%) favorable a "una reforma a fondo".

El 66% seguimos prefiriendo la Monarquía parlamentaria a la República, si bien el porcentaje de partidarios de una tercera república se ha incrementado notablemente, llegando al 25%, o sea, la cuarta parte del país.

Me parece muy interesante el dato de que casi la mitad de los entrevistados (48%) blindaría las competencias del Estado para impedir nuevas transferencias a las comunidades autónomas. Esto quiere decir que los ciudadanos empiezan a tomar conciencia de que el Estado de las Autonomías es más que probable que acabe en un Reino de Taifas. Recordemos que el califato de Córdoba, tras el derrocamiento del califa Hisham III, se dividió en treinta y nueve pequeños reinos.

Hay tres naciones en Europa cuya integridad territorial se considera intocable: Francia, Inglaterra y Alemania, sin embargo aquel mapa que las Waffen-SS le presentaron en su día a Hitler, el Mapa de la Europa de las Etnias, parece gozar hoy de la complacencia de los tres estados que forman el núcleo de la UE, a quienes no preocupa en absoluto la balcanización de las naciones de segunda, entre las cuales, obviamente, se encuentra España.

Mapa de la Europa de las Etnias
http://img152.imageshack.us/img152 /1568/mapaetniaswaffenss1db.jpg


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Políticos
Reescribiendo la historia
Clemente Polo Libertad Digital 8 Diciembre 2009

El pasado 15 de octubre, el Sr. Montilla, pesidente del Gobierno autónomo catalán, hizo una declaración institucional con motivo del sexagésimo noveno aniversario del fusilamiento del Sr. Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña en 1939, que, huido a Francia al finalizar la contienda, fue capturado por las fuerzas de ocupación alemana y entregado al régimen del general Franco en 1940. En su declaración, el president Montilla "instaba a la Fiscalía General del Estado a plantear un recurso para revisar la sentencia dictada por el Tribunal de Responsabilidades Políticas contra el presidente Companys, y la sentencia del Consejo de Guerra que le va a condenar a muerte". Según el Gobierno catalán, la anulación del "juicio sumarísimo" constituye "un paso imprescindible para la plena restitución de la memoria del president Companys..., un acto de justicia, congruente con la declaración de ilegitimidad de las leyes y los juicios franquistas".

Todo el documento exhuma una retórica vacua, encaminada no a restablecer la memoria y la dignidad del Sr. Companys, como hipócritamente afirma, sino a falsear la historia misma, envolviendo la figura del desaparecido en un relicario, a modo de brazo incorrupto, con el propósito inconfensable por parte de quienes impulsan la iniciativa de obtener una rentabilidad política. ¿Ante quién se puede plantear un recurso para anular un juicio cuya funesta consecuencia, el fusilamiento del Sr. Companys, tuvo lugar hace sesenta y nueve años? Habría tenido sentido intentarlo, en todo caso, cuando el dictador vivía, mientras pervivió su régimen, no ahora. Y, ¿cómo se pueden anular las leyes franquistas bajo las que hemos vivido tantos españoles durante décadas? Serían ilegitimas, como dice el Sr. Montilla, pero él me temo que, como casi todos los antifranquistas actuales, las acató sin rechistar demasiado durante décadas. Siento enorme curiosidad por saber de las andanzas del Sr. Montilla hasta 1978, cuando dio sus primeros pasos en política.

La petición del Gobierno catalán de anular el juicio sumarísimo del president Companys tiene tan poco sentido como solicitar a la Fiscalía General del Estado que se anulen todas las detenciones y asesinatos que se produjeron en Cataluña mientras el Sr. Companys ocupó el cargo de president de la Generalitat. La memoria histórica del Sr. Companys se recupera investigando con seriedad el papel que desempeñó en la gobernación y el desgobierno de Cataluña y aclarando las responsabilidades en que incurrió por su desleal comportamiento hacia la República, haciendo, junto con otros líderes, "todo lo necesario (y bastante más de lo necesario), para aumentar temerariamente la importancia de la región en los problemas de la guerra", como reconocía el Sr. Azaña. No nos engañemos: detrás de la iniciativa del presidente Montilla y del Gobierno catalán no hay interés alguno en recuperar la figura histórica del Sr. Companys y honrar su trágico destino, sino en vender a cierto segmento del electorado un antifranquismo de baratillo, a toro desollado, treinta y cuatro años después de la muerte el dictador, un gesto tan valeroso como el de los aguerridos iraquíes que derribaron con furia las estatuas de Saddam Hussein tras la entrada victoriosa de las tropas estadounidenses en Bagdad: ni un minuto antes de que el dictador huyera.

De la pasión por encubrir los hechos históricos no escapan tampoco los acontecimientos más triviales de nuestra agitada vida política. En un agrio intercambio mantenido en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso el 18 de noviembre de 2009, la diputada Sáenz de Santamaría, portavoz del PP en el Congreso, acusó a la Sra. Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno y responsable del Gabinete de crisis creado para resolver el secuestro del pesquero "Alakrana" por piratas somalíes, de no haber estado a la altura de las circunstancias durante los 47 días que estuvo el barco en manos de los delincuentes. Pues bien, la vicepresidenta, en lugar de dar explicaciones con humildad sobre la lamentable actuación del Gobierno y el patético y confuso desenlace del caso –todavía no sabemos con certeza si bajaron a algunos los tripulantes a tierra ni si persiguieron a los últimos piratas que abandonaron el barco y por qué no fueron capaces de darles alcance–, acusó a la portavoz del PP de "ponerse del lado de los piratas" por mor de sacar rédito político al secuestro.

La portavoz Sáenz de Santamaría, en lugar de aprovechar la ocasión para sacarle los colores a la siempre desabrida y en esta ocasión histérica vicepresidenta, pidió que retirase esas palabras para que no constasen en el diario de sesiones del Congreso. ¡Qué torpeza de su parte pretender eliminar las palabras pronunciadas en el hemiciclo por la Sra. de la Vega que no ofenden a quien iban dirigidas sino que avergüenzan a quien las profirió! Y por eso mismo deben aparecer reflejadas con fidelidad en el diario de sesiones para que cualquier investigador futuro sepa apreciar la finura conceptual y dialéctica de los formidables estadistas sobre cuyos hombros recae en estos momentos el peso del Gobierno de España.
De hipócritas, retóricas, interesadas e inútiles se puede tachar las obsesiones de algunos políticos de baratillo por "anular" juicios cuyas trágicas sentencias fueron ejecutadas hace seis o siete décadas y de torpe e ingenuo el empecinamiento de algunos diputados por limpiar el diario de sesiones de las inoportunas e indignas palabras pronunciadas contra ellos en una sesión parlamentaria. Como preguntaba hace unas semanas el Sr. Marías (El folklore de los huesos insignes, El País Semanal) en relación al debate suscitado por la exhumación de los huesos de Federico García Lorca, ¿tan difícil resulta entender que "la 'indigna' sepultura de Lorca es un recuerdo necesario de la indigna muerte que sufrió", y no respetarla sería, a la larga, poco menos que "blanquear" a sus verdugos? ¿Y que "se puede preferir dejar a los muertos allí donde cayeron, no traficar con ellos ni trasegarlos para complacer a los vivos"?
Clemente Polo es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Autónoma de Barcelona. Escribe regularmente en su blog.

La fiesta
Alfonso USSÍA La Razón 8 Diciembre 2009

Se celebró en el Congreso de los Diputados la fiesta en honor de la Constitución. Su presidente, José Bono, estuvo impecable. Ausencias y presencias. La más destacada, la del «Lehendakari» Pachi López, que está ganándose los respetos y las admiraciones día tras día. Pachi López viene de la emigración. Sus antepasados llegaron a la Vizcaya industrial en busca del porvenir, y él nació vasco por los cuatro costados. Lo contrario que su inmediato compañero en el protocolo de la fiesta, José Montilla, presidente de la Generalidad de Cataluña. Montilla quiere ser más catalán que los catalanes por su complejo de charnego. Es natural de Córdoba, como las morenas de piel de cobre de Romero de Torres. No le gustó el discurso de José Bono.

En la primera fila, ante ellos, la mosquita muerta. O mejor, la mosquita indolente. María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, muy cerquita de Zapatero. A la derecha de la señora Casas, en actitud orante, el presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar. A Zapatero se le notaba algo ido, con una saharaui en huelga de hambre rondándole la cabeza. Moratinos acababa de informarle: «Todo arreglado, Presidente. Aminatu Haidar sigue en huelga de hambre, y Marruecos nos ha negado por segunda vez el permiso para aterrizar. Esto marcha». Deslumbrante la presidenta del Parlamento vasco, Arancha Quiroga, aún más inteligente y firme que guapa, aunque parezca imposible. Rajoy, con escaso séquito.

Ningún presidente autonómico del Partido Popular se desplazó al Congreso. Por fin, Leire Pajín, acertó en la ironía y estuvo certera. «Es que se han ido de puente». Fraga y Carrillo sentados y con bastón. Miguel Herrero les hacía guardia. Más a Carrillo que a Fraga. Rumores y chismes. Que si Miguel Herrero, Jorge Verstrynge, Federico Mayor Zaragoza y Alberto Oliart se están pensando muy seriamente formar un conjunto musical: «Los Pijos Malones», con Javier Arzallus de vocalista. Y mucha gente dándole a los canapés. Toda la banda de los «Croquétez» accedió a los amplios espacios del Congreso de los Diputados. Ocupan posiciones estratégicas, cercanas a las puertas que traspasan los camareros para salir con las bandejas repletas de frituras. Lo que más éxito tiene entre los «Croquétez» son las gambas a la gabardina. Se lo oí a «Tip». Una gamba observa la expresión de angustiosa impaciencia de otra: «Te veo muy preocupada». «Lo estoy. Mamá se ha ido a un cóctel, son las once y no ha vuelto todavía».

Treinta y un años de Constitución. Nada es perfecto y todo mejorable y empeorable; lo segundo, con mayores posibilidades. No obstante, a la Constitución tenemos mucho que agradecerle todos los españoles. Y tampoco es tan mayor para exponerla a excesivos manoseos. Para preservarla de las enfermedades nacionalistas está doña Emilia Casas, y mucho me temo que doña Emilia no tiene ningún sentido de la preservación. Se han terminado los canapés. No contaban con la presencia de los «Croquétez». Todos abandonan el Congreso de los Diputados, con la memoria enriquecida con el gesto seco de Montilla, la naturalidad de Pachi López, la boca abierta de Emilia Casas, la palabra certera de José Bono, el vacío de los presidentes autonómicos del PP, y la cabeza a pájaros de Zapatero, con una saharaui en huelga de hambre horadándole la chochola.

ECHA BALONES FUERA SOBRE EL 'ESTATUT'
Aciertos y desaciertos de la portavoz del PP
IMPRESIONES El Mundo 8 Diciembre 2009

LA PORTAVOZ del Grupo Popular, ya sólidamente consolidada en su puesto, ofrece hoy en EL MUNDO algunas respuestas brillantes y certeras sobre la debilidad del Gobierno -«una vicepresidenta quemada, una ministra de Economía de las peor valoradas, ¿Quo vadis, Zapatero?»- y otras que no podemos compartir sobre la polémica del Estatut. Soraya Sáenz de Santamaría reprocha con mucha razón al ministro Rubalcaba que haya mentido al Parlamento y que se esconda detrás de los policías en el caso Faisán, así como su negativa a regular por ley orgánica el funcionamiento del Sitel. Sin embargo, se equivoca -como lo hace todo su partido- al abordar la polémica catalana. Sostiene la portavoz que «el problema no es el Estatut, sino el tripartito» -obviando que un Gobierno sin Estatut no tendría instrumentos para ejercer el soberanismo- y cuando se le pregunta por la posible retirada del recurso ante el TC, no responde con las razones de fondo de la denuncia que presentó el PP, sino echando balones fuera sobre los recursos presentados por Aragón y Baleares. Como si fuera lo mismo.

¿Eliminar el gallego ralentiza el aprendizaje de idiomas?
Avisan de que eliminar el 50% de materias en gallego supondrá una enseñanza de idiomas "de 3 o 4 velocidades"
EUROPA PRESS La Opinión 8 Diciembre 2009

La próxima derogación del decreto del gallego en la enseñanza por la actual Xunta y el nuevo texto que presentará este mes instaurará un aprendizaje de idiomas "de tres o cuatro velocidades", en el caso de que elimine la instrucción de al menos un 50 por ciento de asignaturas en gallego y se deje al libre albedrío de cada centro o de los padres la elección de la lengua en la que reciben la clase sus hijos, según advirtieron los equipos de normalización y dinamización lingüística (EDNL) de Galicia.

La portavoz de la Coordinadora de EDNL, Valentina Formoso, explicó en declaraciones a Europa Press, que la libre elección de lengua en las aulas pondrá trabas al aprendizaje y la promoción del gallego, que "no se va a conseguir sin ese 50 por ciento -que propone el vigente decreto 124/2007--, algo que afectaría "sobre todo en ámbitos urbanos, en donde hay muy poco contacto con la lengua" gallega.

"La enseñanza tiene que ser igualitaria, tiene que ser igual para todos", destacó Formoso tras rechazar la fórmula de que el porcentaje de materias que se impartan en un idioma u otro deba variar en función del contexto geográfico. En este caso, recordó que en Galicia existen dos lenguas oficiales que, en el ámbito de conocimiento, de su uso y de su estatus social, "no se encuentran en situación de igualdad", por lo que "si no se garantiza la competencia del alumnado" --en ambas lenguas-- este se verá "discriminado".

DEBATE SIN RESOLVER
Respecto a las perspectivas de cara al contenido del nuevo decreto del gallego en la enseñanza, el filólogo gallego y secretario del Consello da Cultura Galega, Henrique Monteagudo, consideró en declaraciones a Europa Press que la propuesta de la Xunta sobre el idioma va "hacia los tres tercios" --castellano, gallego e inglés equitativamente-- pero, recordó, el Gobierno gallego tendrá en cuenta la "libre elección de los padres" que "legalmente no es muy defendible", en alusión a una sentencia del Tribunal Supremo que niega el derecho de los progenitores a escoger el idioma de la educación de sus hijos.

"En el Gobierno y en el PP hay un debate que no tienen resuelto. Hay una línea que va hacia el consenso y hay otra que va hacia una confrontación, que sectores dentro del partido ven bien", explicó. Monteagudo vinculó este último caso a las tesis de la asociación Galicia Bilingüe, que esta semana presentó en A Coruña su propia propuesta de decreto en la que se propone que los padres escojan el idioma de las asignaturas troncales con tan solo marcar una casilla en el sobre de matrícula, impartiéndose finalmente en la lengua que escoja la mayoría.

Monteagudo incidió en que esta coincidencia en las tesis se observa en el lugar escogido para presentarla, ya que le pareció "significativo geográficamente" que la asociación afincada en Vigo presentase su propuesta en A Coruña, que vinculó "a la polémica del topónimo" y a "cierta convivencia de sectores del PP" coruñés.

En el polo opuesto a esta tendencia, el filólogo propuso que la legislación camine "hacia un modelo flexible y que no obligue a los centros "a dar pasos atrás" en materia lingüística, en alusión a aquellos claustros de centros que decidieron aplicar el 50 por ciento de asignaturas en gallego como marca el decreto 124/2007. "No se entiende ni se justifica que a los lugares en los que el gallego avanzó ahora desde arriba, desde la Xunta, se les obligue a retroceder".

Aún en el hipotético caso de admitir las propuestas de la Xunta -con las que no está de acuerdo--, Monteagudo establecería "una solución que no cree un problema nuevo", permitiendo la docencia en gallego en un 50 por ciento a "centros que quieran cumplir el decreto vigente" y, en aquellas escuelas "en los que no se llegó" a ese porcentaje "porque hay una resistencia", abogaría por "flexibilizar de cara a un 30 o 40 por ciento" en función de la decisión del propio centro.

En este sentido, advirtió a la Xunta de que el modelo que pretende asumir "es mejor" únicamente "desde el punto de vista de --evitar-- la conflictividad" y el debate social, ya que a nivel pedagógico "es malo" al impedir una equidad educativa entre centros y entre el alumnado.

"NO HAY INFORMACION DE APLICACION"
Otro de los puntos clave en el debate lingüístico en Galicia es el grado de cumplimiento del decreto vigente que, según manifestaron varios de los entrevistados, representa "una incógnita". El vicepresidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Fran Rei, indicó que la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria -tanto el actual Gobierno como el anterior-- "no proporcionó datos" al respecto, mientras que uno de los puntos que explicita el decreto 124/2007 "era que se iba a realizar un seguimiento año a año".

"Tenemos una queja en el Valedor do Pobo desde noviembre de 2008 y aún estamos esperando algún tipo de respuesta", lamentó Rei tras aclarar que el propio valedor "se dirige por carta" a la asociación "para comunicar que el trámite se sigue solicitando" a la Xunta.

A pesar de ello, afirmó que un estudio de la Universidade de Vigo elaborado en 2008 alertaba de que en el 70 por ciento de los centros de enseñanza de la ciudad "no se llegaba al 50 por ciento" de asignaturas en gallego y, según "el día a día" en la asociación, la tendencia es que "en ámbitos urbanos se incumple" el decreto, además de algún caso puntual "en zonas rurales". Asimismo, mencionó varios casos en centros de Infantil y Primaria de Ferrol "en los que no hay libros de texto en gallego".

Por su parte, el presidente de la Federación de Centros Públicos de Galicia, Xosé Antonio Pardo, aseguró que el decreto, en aquellos centros que cumplen con ese 50 por ciento, se aplica "con toda normalidad" y que este grado de implantación "depende del proyecto curricular" de cada escuela. "Se estaba respetando en la mayoría, y en los concertados, creo que también".

La Coordinadora de equipos de normalización lingüística explicó, por su parte, que el estado de implantación del decreto "es muy variado, en unos se cumple mas o menos", aunque constató "un numero muy importante -de centros-- en los que no se está cumpliendo". "Hay gente que se queja, en relación a las materias".

Además, denunció que en muchos de los centros gallegos "no se realizaron los proyectos lingüísticos" de carácter formativo destinados al profesorado, y que suponía "el primer elemento para llegar a ese 50 por ciento" de asignaturas impartidas en cada idioma oficial.

SIN RECURSOS PARA EL INGLES
Respecto a la implantación del inglés como idioma de enseñanza de las clases, la portavoz de la Coordinadora de EDNL gallega advirtió de que "los centros no están dotados, ni hay aulas bien dotadas de recursos" para darle a dicho idioma "un porcentaje similar" al gallego o al castellano.

"Faltan ordenadores, para que los alumnos puedan escuchar ejercicios, no hay profesorado nativo, no hay lectores y esa es la formula para la lengua extranjera, que consideramos que se debe aprender", explicó Formoso, tras destacar que los estudiantes gallegos, al conocer varias lenguas, tienen mayor facilidad y aptitudes para el aprendizaje de idiomas que otras Comunidades Autónomas.

Finalmente, tras exigir "recursos" para dar cumplimiento a la enseñanza de idiomas en los centros gallegos, recordó que "no todo el alumnado tiene como primera lengua extranjera el inglés, sino también francés" e invitó al gobierno gallego a que "tenga en cuenta" la situación.
 

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