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Recortes de Prensa    Miércoles 9 Diciembre  2009

 

La Constitución inamovible e inalterable
Manuel Muela El Confidencial 9 Diciembre 2009

El aniversario de la Constitución española de diciembre de 1978 siempre suscita comentarios, muchos laudatorios, sobre todo de sus beneficiarios, aunque este año resulta destacable una proclamación uniforme: el orden constitucional goza de buena salud y no se requiere reforma alguna. Esto, expresado por quienes no se han cansado de apelar a la reforma constitucional tanto desde el gobierno como desde la oposición, nos indica que la situación es peor de lo que se piensa y que, por ello, pretenden huir de cualquier debate o controversia que pudiera poner en peligro el entramado de intereses políticos y económicos tejido durante décadas. La crisis española, real y lacerante, obliga a los máximos responsables de la misma a guarecerse del debate y, lo que es más importante, a eludir la exigencia de responsabilidades por su gestión de todos estos años.

Las constituciones liberales y democráticas llevan en su seno la idea de la perdurabilidad, ya que sus normas aspiran a ser el modo de vida política y de expresión jurídica de la sociedad en la que han de desenvolverse: son garantía de estabilidad, de pluralismo y del respeto por la separación de poderes. Por ello, las reformas constitucionales siempre exigen un amplio acuerdo para llevarse a cabo, con el fin de evitar que la propia constitución se convierta en un campo de batalla de la controversia política. En la tradición del constitucionalismo, los requisitos para la reforma constitucional varían desde los más rígidos, que suelen ser producto de la desconfianza, a los más flexibles, que son propios de países con larga tradición democrática.

En la historia constitucional española ha habido de todo, por causa de nuestras dificultades para establecer el orden constitucional y democrático. Porque, salvo en contadas ocasiones, el pueblo español no ha tenido capacidad para ejercer libremente su poder constituyente: los problemas dinásticos durante el siglo XIX, que enfangaron al país en las guerras carlistas, y la prolongación de los mismos a la primera parte del siglo XX, arruinaron sucesivamente cualquier intento de constitucionalismo democrático e integrador. Todavía hoy, la evolución política de España sigue siendo una obra inacabada, cuya conclusión desconocemos. Pocos creen de verdad en el mantenimiento prolongado del orden de la Transición, aunque sus protagonistas cierren filas ante los peligros que se derivan de la ruina progresiva de sus instituciones que ellos mismos, no los ciudadanos, se han ido encargando de dinamitar: la incapacidad del Tribunal Constitucional para dictar una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña es la expresión máxima de la decapitación de las instituciones constitucionales por parte de sus hacedores.

La desconfianza que inspiró el otorgamiento de la Constitución de 1978 está en el origen de los requisitos extremos que se exigen para su reforma, hasta el punto de hacerla imposible. Eso lo sabe bien el gobierno que, en la legislatura anterior, proclamó la necesidad y el propósito de la reforma constitucional, de la que nunca más se supo. Ahora, ese mismo gobierno declara que no es necesaria. Es la consecuencia lógica de la rigidez y, sobre todo, de la desconfianza: el muro del dogmatismo de la Transición va creciendo parejo con la descomposición de sus instituciones y el desapego de los ciudadanos. La burbuja de la España oficial engorda cual burbuja inmobiliaria sin que los españoles, pacíficos y pacientes, tengan la oportunidad de decidir sobre un orden que, a ojos vista, no tiene respuesta para sus inquietudes y angustias.

Nuestro país ha demostrado en los años de la Transición que es fácil de gobernar y que está abierto a los cambios. Y que es indulgente con los errores de sus gobernantes incluso en los supuestos de corrupción, tan de moda últimamente. Algo que sería impensable en las sociedades luteranas del centro y del norte de Europa. También es un país que, por su historia trágica, es alérgico a los conflictos. Pero sería un error creer que eso otorga impunidad indefinida. En mi opinión, se trata de unas características sociales que, conducidas positivamente, podrían servir para facilitar los cambios que ayuden a superar las amenazas ciertas que oscurecen nuestro porvenir: la crisis económica, que se presume larga, la debilidad institucional del Estado, fragmentado, costoso e ineficaz, y la exclusión social que empieza a aflorar tras los estallidos de las burbujas especulativas.

No hay, por desgracia, ningún bálsamo de fierabrás, pero sí es cierto que España necesita salir de este trance, poniendo todos los medios que estén a nuestro alcance; y hoy, que hablamos de la Constitución, corresponde llamar a la recuperación institucional del Estado: el modelo de Estado autonómico no solo no facilita la resolución de los problemas, sino que se constituye en un nudo gordiano que impide su superación. Cada día que pasa perdemos oportunidades, por la imposibilidad de ejecutar políticas de interés general, y ahondamos la grieta de la nación: abundan las razones para el cambio de marcha. Y este se podría hacer con la suavidad con la que se hace en los automóviles. Solo se requiere buen sentido, algo de experiencia y visión del porvenir.

Algunos, quizá muchos, pensarán que todavía hay la esperanza de que unas elecciones anticipadas marquen un nuevo rumbo. Puede ser, pero, desde mi punto de vista, resulta necesaria una operación de saneamiento previo, igual que ocurre con las empresas en crisis, para emprender el camino de la recuperación política y económica de España. Por ello, parece oportuno apelar a la constitución de un gobierno no partidario formado por personas de hondas convicciones democráticas que, desde el punto de vista profesional y social, gocen de apreciación y respeto, para acometer la tarea de buscar solución a los problemas nacionales, sin la servidumbre de la disciplina partidaria.

Ese gobierno, respaldado por el Congreso de los Diputados, debería procurar la restauración de la confianza para sanear la economía, recuperando la inversión y el crédito, además de capitanear la elaboración de proyectos de cambios constitucionales y electorales, con el objetivo de convocar elecciones en un plazo de dos años. Elecciones que tendrían carácter constituyente, con un cuerpo electoral libre e informado sobre los proyectos constitucionales. Sería un modo ordenado y pacífico de consultar a los españoles sin el corsé partitocrático, que viene impidiendo la consecución de la plenitud democrática, con resultados que a la vista están.

La pregunta final es si la crisis española ha madurado lo suficiente para provocar la catarsis. Confieso que no lo se, pero todo indica que España carece de capacidad política, económica y financiera para seguir instalada mucho tiempo en la autocomplacencia y la negación de la realidad.

Conocimiento del medio
FEDERICO JIMENEZ LOSANTOS El Mundo 9 Diciembre 2009

ES LÓGICO que una heroica profesora del colegio Sanchis Guarner de Valencia suspenda a una alumna de 10 años, al parecer brillantísima, por contestar en español -que es como llaman al castellano en todo el mundo- y no en valenciano una pregunta en la asignatura Conocimiento del medio. Si no se conoce el medio educativo, es difícil aprobar. Y hay que saber que ese medio está compuesto de progres por convicción o autoprotección que hacen de la negación del español por todos los medios el fundamento de su identificación política y de su promoción profesional. La niña que contaba el lunes su odisea educativa tiene al parecer las mejores calificaciones en lengua valenciana -espero que no sea el catalán por liebre que acostumbran a dar los catalanistas de Valencia y Baleares-, pero no se trata de saber bien valenciano, o catalán o gallego. Se trata de aprender a obedecer en materia lingüística, que es la vía regia para obedecer en todo a lo que manden los que manden, que siempre deben ser los progres. En ese medio, al menos.

Hay que conocer el medio de la profesora suspendedora y del fiero inspector de Camps, sí. Y para ello basta reparar en el calificativo elegido para descalificar al padre: «Fanático», adjetivo extensible a la niña porque «hace lo que el padre quiere». De «fanáticos» estaban llenos los psiquiátricos de la URSS. «Fanático» llamaban a Soljenitsin los progres de la Transición cuando dijo que para dictadura, el Gulag. Y Juan Benet dijo que gente como Soljenitsin justificaba de sobra que hubiera campos de concentración, aunque lamentaba que no fueran más eficaces. Pues bien, aquellos progres que ya en el 76 eran hegemónicos en ámbitos como la educación y el periodismo, hoy los controlan y gobiernan despóticamente. La lengua es en las regiones bilingües arma de represión de disidentes y de identificación con el medio, o sea, el rebaño. Camps debería hacer lo único que el PP nunca ha hecho allí, en Baleares o en Galicia: que la lengua vehicular de la enseñanza pueda ser el español para quien lo pida. Eso dice la Constitución que defienden, o no. Primera y única lección de conocimiento del medio pepero educativo: nunca molestar al PSOE y los nacionalistas, que nos llamarán fanáticos, qué miedo. Todo, hasta la EpC en inglés, menos garantizar de verdad, no de boquilla, la libre elección de lengua en la enseñanza, no sea que la gente elija español. Sí: conocemos el medio.

La "conversión" tardía de José María Aznar a la "democracia"
Francisco Rubiales Periodista Digital 9 Diciembre 2009

Bienvenida sea la "conversión" de José María Aznar a la democracia. Es tardía, pero positiva. Lástima que no creyera en la democracia cuando fue presidente de los españoles y que no aprovechara aquellos largos ocho años de gobierno, cuatro de ellos con mayoría absoluta, para legarnos un país demócrata, en lugar de haber alimentado la sucia partitocracia y la vil oligocracia desde la Moncloa.

Dice ahora Aznar que los políticos deben salir de las cajas de ahorro. Lo decimos también nosotros y lo dicen miles de demócratas españoles, pero Aznar no lo decía cuando mandaba y podía sacar a la jauría política de los consejos de administración de esas cajas, casi todas ellas con sus cuentas debilitadas y víctimas de los apaños de los políticos, de la mala gestión de los partidos y sindicatos y, a veces, de la más infecta corrupción política.

También habla ahora Aznar de la politización de la Justicia y es ahí donde los demócratas nos indignamos de su cinismo e hipocresía porque fue él, con su ministro Michavila, los que impulsaron aquel "Pacto por la Justicia" que facultó a los partidos políticos a nombrar jueces y magistrados en los altos tribanales del Estado, entre ellos ese Tribunal Constitucional que, aprisionado entre dos lealtades incompatibles, la lealtad a la Justicia y la lealtad a los partidos que designan a sus magistrados, es incapaz de parir con dignidad una condena al Estatut de Catalunya, claramente anticonstitucional, insolidario y atentatorio contra el sagrado principio de la igualdad entre los ciudadanos y los pueblos de España.

Aznar, por no haber cumplido su promesa electoral de "regenerar la democracia" española, es tan culpable como el incompetente Zapatero de la actual situación de postración de la democracia española y, entre otras muchas cosas, del drama que representa el actual chantaje catalán al Tribunal Constitucional y a España entera.

Recordemos que Aznar eligió personalmente a Rajoy como sucesor, "a dedo", como un monarca. Sabemos que Aznar se apoyó en el nacionalismo catalán cuando necesitaba sus votos para gobernar, como hace hoy Zapatero. No olvidemos que fue Aznar el que compró el SITEL (Aunque no se atrevió a activarlo), un sistema de espionaje que ahora, en manos de Rubalcaba, es criticado desde el PP como una temible herramienta para tiranos. Recordemos que Aznar no fue capaz de reformar la educación española, a pesar de que ya en su tiempo España era campeona europea de fracaso escolar y baja calidad educativa. Muchos populares se avergüenzan hoy de que Aznar no legislara contra el aborto durante su mandato, a pesar de que fue entonces cuando España se convirtió en el paraiso europeo del aborto permisivo. Recordemos, por último, aquel Aznar demonizador, bigote furibundo que presionaba a los medios de comunicación y los utilizaba con el mismo irrespeto a la democracia que exhibe hoy el vulgar Zapatero.

Si Aznar hubiera limpiado el país de miserables, si hubiera establecido normas claras y legales para una financiación limpia y transparente de los partidos y sindicatos, si hubiera salvaguardado la independencia de los tribunales, si hubiera limitado el poder de los nacionalistas, si hubiera suprimido las listas cerradas, que impiden al ciudadano votar en libertad, si hubiera puesto cerco a la corrupción, si hubiera reformado la injusta y antidemocrática Ley Electoral, si hubiera fortalecido la sociedad civil española, en lugar de acosarla y extenuarla, Zapatero no habría podido existir y la España actual, plagada de chorizos y de incompetentes en el timón, nunca habría sido posible.

Reconocemos que en Voto en Blanco, ante el demostrado drama de Zapatero, preferimos a Aznar, pero nos gustaría no tener que elegir entre esos dos mequetrefes de la democracia y poder optar por un tercero que fuera más deemócrata y digno de respeto ciudadano.
Voto en Blanco

11-M
Navidad 2009
Gabriel Moris Libertad Digital 9 Diciembre 2009

A nadie le pasa inadvertido durante estos días de diciembre que el ambiente callejero y las relaciones entre personas cobran un aspecto distinto al de los meses que nos precedieron en el calendario. Tanto cristianos como no creyentes nos hemos puesto de acuerdo en denominar esta época como "tiempo de Navidad". Todos coincidimos durante estos días en algunos lugares comunes: nos sentimos mas amigos, nos prodigamos en la marea consumista de nuestra sociedad, nos falta tiempo para relacionarnos con amigos y conocidos, las reuniones familiares son mas frecuentes que en otras épocas del año, y también solemos hacer algunos buenos propósitos de cara al año que se abre ante nuestra vida. Junto al ambiente alegre y festivo también cohabita en lo mas profundo de nuestro ser la añoranza de los que nos precedieron en el paso que inexorablemente tendremos que dar todos, cumpliendo las leyes que nos igualan a todas las personas.

En mi familia, vamos a vivir el sexto año consecutivo en que la ausencia de dos de nuestros seres queridos nos hace que esta celebración (vivida incluso con un sentido cristiano de la Navidad) nos impida gozar plenamente de la alegría generalizada que parece contagiar a la mayor parte de la sociedad española. Creo que no resulta difícil a nadie comprender que la pérdida de un hijo a manos de unos terroristas, con un desprecio total a la vida ajena, marque a cualquier familia de por vida.

No tengo ningún reparo en manifestar desde mis creencias que la época previa a la Navidad y la memoria del nacimiento de Jesús en Belén (efemérides que sustenta todo este período festivo) tienen un sentido más profundo que el que a diario le damos la mayor parte de la sociedad. Efectivamente, aquel niño que revolucionó al mundo, dio su vida no para iluminar las ciudades sino para iluminar las mentes y los corazones. Murió perdonando a los que lo mataron y proponiéndonos un reino basado en la verdad frente a la mentira, en el amor frente al odio y en la hermandad de todos los hombres sin distinción de credo y de razas.

Todo lo que antecede me lleva a hacer una reflexión sobre mi actitud ante el atentado de los trenes de cercanías que truncó tantas vidas y que abrió un nuevo período de la historia de España como el que padecemos actualmente. En algún sitio he leído "desde el 11-M todo es 11-M". Desconozco el autor de la frase, pero a mí me parece que no se puede resumir en tan pocas palabras lo que vivimos todos los españoles desde aquella fecha hasta hoy. Unos parecen estar muy satisfechos, otros lo están menos pero permanecen indiferentes e inactivos ante la situación; hay otro grupo (entre el que incluyo a algunas víctimas del 11-M) que se sienten insatisfechos tanto por el tratamiento y resultados que tenemos de dicho atentado como por el cambio que se ha operado en nuestra situación sociopolítica.

Yo me atrevo a pedir como regalo navideño o de reyes el que la verdad que vino a traer Jesús sea una realidad en los atentados del 11-M. Puedo parecer excesivamente ingenuo al hacer esta petición pero, al margen de cualquier consideración religiosa, creo que pedir la verdad en los tiempos que corren debía de ser un clamor popular. El actual ministro del Interior parece haber olvidado su frase de "España no se merece un Gobierno que nos mienta". Esta frase que sigue teniendo la misma vigencia que el día que fue lanzada por su inventor, ha sido proscrita por todos los poderes que conforman el denominado Estado de Derecho.

Me gustaría pedir igualmente que una vez conocida la verdad, se hiciera la justicia contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, porque sin la verdad de lo ocurrido en dichos atentados creo imposible que se haga. A este respecto recuerdo una frase que me dirigió un juez muy relacionado con el 11-M: "Confiad en la justicia divina". Con ello ya contamos de antemano pero mientras vivamos en este mundo hemos de perseguir y luchar por la justicia que vino a sembrar el niño de Belén. Para los no creyentes, creemos que bastará la justicia que consagra nuestra legislación. La aplicación de ésta tampoco resulta evidente en muchos casos.

Mis deseos navideños no sólo van dirigidos a los estamentos que tienen el deber de buscar y darnos a conocer la verdad del 11-M, sino a los individuos que conformamos tanto la sociedad como dichas instituciones. La responsabilidad individual debe contribuir a producir una responsabilidad colectiva que desemboque en producir una sociedad más verdadera, más justa y más fraterna.

Mi más sincera felicitación navideña a todos, no como un tópico sino que dicha felicidad sea producto de nuestra contribución para obtener los citados valores.

TRIBUNA / XXXI ANIVERSARIO DE LA CARTA MAGNA
La Constitución amenazada
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 9 Diciembre 2009

En memoria de mi colega y amigo Jordi Solé Turá

ES CIERTO que todas las Constituciones, en los países que las adoptan, nacen con vocación de eternidad. Es más: incluso sus autores querrían esculpirlas en bronce, como ocurría en la Roma clásica, para, evitar su reforma y conseguir así su supervivencia eterna. Pero desde el punto de vista del constitucionalismo democrático, esto no es de recibo. Así las cosas, nuestros constituyentes decidieron también que su obra debería perdurar hasta el fin de los siglos, cometiendo, de este modo, su mayor equivocación entre las varias que se pueden detectar en la Constitución vigente.

En efecto, cerraron la puerta a las reformas razonables y, sin embargo, dejaron abierta la ventana a una reforma inconfesable, que se puede llevar por delante, como un vendaval, a la propia Norma Fundamental, desde el momento en que, pecando de ingenuidad, redactaron un Título VIII con el que todo es posible.

Esto es, en su redacción, que se justifica para contentar a los nacionalistas vascos y catalanes, no cabe el concepto maximalista de la autodeterminación, pero sí el minimalista o interno, que se puede conjugar sin la inevitable secesión de un territorio del Estado a que pertenezca. En este caso, se circunscribiría únicamente al reconocimiento del autogobierno de una o de todas las partes de un Estado, pero sin salirse de él. Esta segunda acepción, minimalista o interna, es, pues, por la que optaron en su origen los nacionalistas catalanes, inicialmente, de forma tenue, con la reivindicación de la Mancomunidad, en los primeros años del siglo XX.

Sin embargo, no conviene olvidar ciertamente que, durante la corta duración de la I República, el 8 de marzo de 1873 ya se había proclamado el Estado catalán por primera vez. La segunda fue con motivo de la llegada de la II República, el mismo 14 de abril de 1931 y, por tanto, mucho antes de que se aprobase la Constitución por la que debería regirse España. Y, la tercera, se produjo como consecuencia de la victoria de la derecha en las elecciones generales que no aceptaron esos demócratas, el 6 de octubre de 1934. En consecuencia, tanto los nacionalistas vascos como los catalanes, que no llegan a la mitad de la población en ambos casos, aspiran desde hace más de un siglo a ejercer el llamado principio de autodeterminación de los pueblos para separarse de España y crear su propio Estado.

Con estas premisas era evidente que tanto en el proceso constituyente de 1931, como en el de 1978, había que encontrar una fórmula para controlar esta materia de alto voltaje. Sin embargo, no sólo no se hizo así, sino que en ambos casos se adoptó un sistema que en lugar de frenar las aspiraciones secesionistas de los nacionalistas vascos y catalanes, las facilitaban para poder llegar a donde hemos llegado, en este caso, con la complicidad del presidente del Gobierno.

En efecto, la mejor manera de lograr la integración de unos y otros era mediante la adopción del concepto minimalista o interno del principio de autodeterminación, según la doble alternativa de reconocérselo sólo a las tres regiones con mayor sentimiento identitario -esto es, País Vasco, Cataluña y Galicia- o, por el contrario, construir un Estado federal con igualdad de trato para todos los estados regionales que lo integrasen. Pues bien, los constituyentes de 1931 -unos absolutos irresponsables respecto a lo que estaba en juego y unos supinos ignorantes del Derecho Constitucional- quisieron inventar algo nuevo con esa concepción que bautizaron como Estado «integral», pero que ni ellos mismos sabían lo que significaba, tratando de crear una nueva categoría de Estado compuesto. De este modo, se procedió a adoptar un derecho a la autodeterminación de cada región española, basándolo en el principio dispositivo de que se podía acceder o no a la autonomía, cuando se quisiera y con las competencias, dentro de un límite, que se quisiera.

La corta vida de la II República impidió que se llegase a agotar este derecho a la autodeterminación interna, que ya habían ejercido Cataluña, País Vasco y, en parte, Galicia. Pero, aunque no hubiera estallado la Guerra Civil, cualquier experto en Derecho Constitucional, habría augurado un futuro incierto para ese invento español. Desde luego no existió, entre nosotros, un debate ni siquiera parecido lejanamente al que hubo, por ejemplo, en el proceso constituyente de las 13 ex colonias británicas, que dio lugar a que se aprobase la Constitución más antigua todavía vigente en el mundo y que inventaron, ellos sí, el sistema presidencialista de gobierno, el control de constitucionalidad de las leyes y, en fin, el sistema federal, solucionando así la provisionalidad de la Confederación que había durado unos pocos años.

En este escenario, brillaron, por ejemplo, las tesis opuestas de Thomas Jefferson y de Alexander Hamilton, pues mientras el primero era partidario de repartir más el poder entre los nuevos estados, Hamilton, por el contrario, sin abdicar de su federalismo, defendía la supremacía del Estado federal sobre los estados miembros.

En nuestro caso, el despiste constitucional de juristas como Jiménez de Asúa fue sorprendente, pues creían haber encontrado la fórmula mágica para resolver nuestro problema histórico. Así señalaba, por ejemplo, que «deliberadamente no hemos querido decir en nuestra Constitución que España es una República Federal, no hemos querido declararlo, porque hoy tanto el unitarismo como el federalismo están en franca crisis teórica y práctica. Sirva de ejemplo el caso de Alemania. Vemos en su Constitución de 1919 cómo se ensanchan los poderes del Reich y cómo los antiguos Estados reciben el nombre menos ambicioso de Länder. El Estado federal alemán va transformándose en Estado integral (sic)?».

Pues bien, lo terrorífico de la situación actual es que en 1978, a fin de resolver el eterno problema de la vertebración de España, se volvió la mirada otra vez a la perniciosa Constitución de 1931, empeorándose incluso el sistema que había fletado ésta, con un reparto de competencias absolutamente confuso que conlleva a que estemos siempre en un proceso constituyente, que convierte a nuestra Constitución, como dije hace 28 años, en una norma inacabada porque no expone el diseño final de nuestro Estado. Ahora bien, a trancas y barrancas, en el año 2004 teníamos un Estado Autonómico provisional que podía haber durado de forma indefinida.

EL GOBIERNO presidido por Rodríguez Zapatero, aun no siendo culpable directo de nuestra odisea constitucional, cometió la imprudencia de soltar las amarras que frenaban a los nacionalismos vasco y catalán. Porque el error enorme de nuestros constituyentes y gobernantes no fue sólo el de imitar y empeorar el sistema de descentralización territorial de la II República, sino que lo potenciaron incluso con una ley electoral que favorece a los partidos nacionalistas, permitiéndoles desempeñar un papel abusivo en la política nacional.

La consecuencia es que el reconocimiento del derecho a la autodeterminación en su acepción minimalista o interna, que hubiese podido satisfacer las ambiciones minoritarias de los nacionalistas de haberse regulado bien y de forma definitiva, lo que ha conseguido, al ser un proceso constituyente o estatuyente interminable, es que ha dado paso a que se esté reivindicando ya el derecho de autodeterminación maximalista, externo o separatista. Y ahí estamos.

El pecado mortal del presidente del Gobierno no proviene únicamente de haberse dejado seducir por las sirenas nacionalistas, sino, sobre todo, de que no es consciente de que no es posible una revolución constitucional como la que ha emprendido, sin contar con el apoyo de media España, representada por el Partido Popular. Si el Tribunal Constitucional no lo remedia, nuestro Estado se convertirá en un cascarón vacío, al haber transferido muchas de sus competencias al Estatuto de Cataluña.

El Consejo de Estado, en su dictamen reciente, lo dejó muy claro, al reconocer que deben quedar claras cuáles son las competencias exclusivas del Estado. Pero si Zapatero oyó a las sirenas nacionalistas, no escuchó lo que le recomendó el alto organismo consultivo. En definitiva, no quedan más que tres posibilidades ante el horizonte político que ya está emergiendo, si se quiere encontrar el modelo perdido de Estado:

Que todo siga igual, y entonces todo cambiará, a diferencia de lo que decía Lampedusa, pero a peor evidentemente. Que el Tribunal Constitucional, iluminado por el espíritu paráclito consolador, eche abajo el inconstitucional Estatuto de Cataluña y a todo lo que se le parezca. Y, por último, que los dos grandes partidos nacionales lleguen al acuerdo y al convencimiento de que la única forma de arreglar este desaguisado, es rectificando a los padres constituyentes, para proceder a la reforma total del Título VIII de la Constitución y, previamente, de la ley electoral, porque sólo así se podrá evitar la amenaza a nuestra Constitución.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Hermann Tertsch
Agresión a la libertad
Juan Morote Libertad Digital 9 Diciembre 2009

Los ciudadanos que tenemos un amor infinito a la libertad estamos harto acostumbrados a los atentados que sufren en sus personas, familias y haciendas los defensores de la libertad, en todos aquellos países en los que las dictaduras, más o menos encubiertas, son la forma de gobierno. De hecho, hace mucho tiempo que dejaron de sorprendernos, aunque nos sigan indignando los constantes atentados a cualquier forma de pensamiento alternativo en Cuba, Venezuela o Bolivia, y no digamos nada de los asesinatos sistemáticos y absolutamente silenciados en Occidente, cometidos por los regímenes de Irán, Korea o China. Lamentablemente el mundo libre no cobija a más de la séptima parte de la población mundial, si realizamos una estimación generosa.

Todavía nos duele más presenciar atentados contra la libertad en el mundo teóricamente libre. España, o lo que queda de ella, forma parte de ese mundo libre, al menos en hipótesis. Sin embargo, hemos asistido en los últimos años a un incesante ejercicio de acoso y derribo a aquellos periodistas que no se han plegado a las consignas del poder. Hablo del poder y no del Gobierno; ya que si el Gobierno es poder, no deja de serlo la oposición. En España, más originales que en ningún sitio, contamos con periodistas defenestrados mediante una actuación en cuadrilla perpetrada por el Gobierno junto a la oposición. Así, Federico Jiménez Losantos y César Vidal fueron víctimas de esta conjura, como lo fue en su día Antonio Herrero.

Ayer saltaba a la portada de los digitales la agresión sufrida por Hermann Tertsch. Nuestro compañero en Telemadrid y ABC ostenta el dudoso honor de haber sido despedido por el presidente del consejo de administración del medio para el que trabajó, en plena junta general de accionistas. El hecho se produjo hace poco más de dos años y medio, Jesús de Polanco (don Jesús del gran poder, como lo bautizara García), anunció en la reunión del órgano de gobierno de PRISA, el cese de Hermann Tertsch como periodista del diario El País. Pero claro, para la izquierda liberticida, el despedir a alguien no es bastante, lo verdaderamente importante para estos progres es lograr que el periodista díscolo no vuelva a encontrar ningún medio desde el que continuar ejerciendo su labor.

Exactamente a esta tarea se han lanzado los integrantes de la caterva mediática de la izquierda. Normalmente, los capos mafiosos de los años veinte solían encargar los trabajos más sucios, los más degradantes, al más acabado de sus matones, uno de aquellos al que si mataban o detenían, la organización no se resentía lo más mínimo. En este caso, han elegido a un sujeto ("muy bueno" en palabras de Gallardón) caracterizado por su irrelevancia en el share de pantalla para la misión de desprestigio y calumnia a Hermann Tertsch. Estos iletrados progres deberían saber que los micrófonos matan, que existe una gravísima responsabilidad de los presentadores, periodistas y comunicadores. Nuestros progres de diseño, con cámara, micrófono y papel a disposición, pueden haber sido tan responsables de la agresión a Tertsch como lo fue la Radio de las Mil Colinas de la matanza de tutsis en Ruanda en 1994.

De Liria (Valencia). Padre de una niña de tres años
Jorge Martín: "Llevo más de cinco meses luchando para que mi hija estudie en español"
"Fuentes de la Consejería de Educación me han dicho que han perdido el recurso de alzada que presenté"
Belén Piedrafita www.lavozlibre.com 9 Diciembre 2009

Madrid.- Jorge Martín, de Liria (Valencia) lleva meses luchando contra la Administración para que su hija de tres años pueda estudiar en castellano. "Considero bastante inconstitucional el hecho de no poder estudiar en España en español".

- ¿Cuántos colegios hay en Liria y cuáles son sus líneas de enseñanza?
- El pueblo tiene seis centros, dos de ellos públicos y cuatro concertados. Los dos colegios públicos tienen tres clases por curso, pero en las tres la línea de enseñanza es la PEV (Programa de Enseñanza en Valenciano); por el contrario, de los cuatro concertados, uno es PEV y los otros tres poseen la línea PIP (Programa de Incorporación Progresiva del Valenciano), habitualmente denominada línea de castellano.

- Su hija inició la escolarización el pasado mes de septiembre. ¿Cuándo supieron ustedes qué tipo de educación deseaban?
- Desde siempre. Visto que no es posible escolarizar a la niña cien por cien en español, nuestra intención es que nuestra hija recibiera educación bilingüe, y por eso escogimos la modalidad de PIP o línea de castellano. Por ello, como sabíamos cuántos centros había en la localidad y qué líneas tenía cada uno, el pasado 8 de mayo rellenamos el impreso de preinscripción y pedimos que la niña obtuviera plaza en dos colegios concertados con línea de castellano, pero nos concedieron uno público con línea de valenciano (el Sant Miquel) bajo el argumento de que los que habíamos solicitado no tenían plazas. Por ello, mi mujer y yo decidimos presentar una alegación en el colegio concertado que habíamos escogido, el Francisco Llopis, ya que sabíamos que era el primer paso para poder seguir la cruzada.

- ¿Recibieron alguna respuesta?
- Sí. A los tres días nos dijeron que valoraban que quisiéramos realizar los estudios en ese centro y que nos daban la razón en tanto en cuanto el colegio que nos habían adjudicado no tenía la modalidad PIP, pero que las cosas estaban así y que ellos no podían hacer nada. La respuesta no me extrañó porque ya me imaginaba que me iban a contestar eso, pero sabía que era el paso previo antes de remitir la alegación correspondiente a la directora territorial de Educación, que era un trámite que debía seguir.

- ¿Cuándo presentó dicha alegación?
- El 11 de junio remití un documento al PROP (la Dirección Territorial de Educación), explicando todos los pasos que había dado hasta la fecha y pidiendo que no se vulnerara mi derecho como padre a escoger el idioma de escolarización de mi hija. Además, le exponía que me parecía injusto que no hubiera un colegio público en la localidad con línea de castellano y les pedía que por favor me dieran una respuesta cuanto antes, ya que no quería que se me pasaran los plazos para presentar la matrícula o tener que ir después con prisas o despistado.

- ¿Cuál fue la resolución de esta segunda alegación?
- Pasaron los días y seguía sin saber nada, así que insistí telefónicamente y por correo. Tras ello logré reunirme con José Vicente Navarro Rubio, inspector de Educación de la zona. Tenía grandes expectativas puestas en este encuentro pero me decepcionó mucho. Cuando me reuní con él pensaba que era una persona de palabra, de las que se visten por los pies, pero con el tiempo me he dado cuenta de que no es así.

- ¿Qué ocurrió?
- Que actuó con mala fe, diciendo mentiras y falacias. Cuando le expuse mi caso, me dijo que no me preocupara, que cuando llegara el plazo presentara la matrícula de mi hija en el colegio que me habían adjudicado (el Sant Miquel) y que no me preocupara, que eso sólo era un trámite. Me dijo que hasta que la directora territorial de Educación, Virginia Jiménez, no decidiera a qué colegio iba a ir mi hija, que la niña podría estar en cualquiera, y que cuando ella decidiera se haría un traslado de expediente y la niña al fin estudiaría en el Francisco Llopis. Sin embargo, a día de hoy mi hija sigue en el colegio público Sant Miquel.

- ¿Qué paso dio a continuación?
- Fui a hablar con el director del colegio público que me habían adjudicado para exponerle la situación y explicarle que el proceso que había entablado no iba en absoluto contra él ni contra su colegio. Le dije que las instalaciones estaban muy bien y que el trato era genial, pero que la pega que encontraba era que solamente se estudiaba en valenciano. Le expliqué que estaba pendiente de obtener respuesta de la Dirección Territorial de Educación y le pregunté si en el caso de que la respuesta fuera afirmativa, podría trasladar a la niña a otro centro. El director me contestó diciendo que no habría ningún problema, que tendría que ir a la Dirección Territorial, presentar el carnet de mi hija y de inmediato se haría el traslado de expediente. Francamente, el hombre me trató muy bien, la verdad es que no tengo ninguna queja de él.

"LA DIRECTORA TERRITORIAL DE EDUCACIÓN NO TUVO EL VALOR DE REUNIRSE CONMIGO"
- ¿Decidió por tanto matricular a su hija en el Sant Miquel?
- Sí, pero pasaron las semanas y yo seguía sin saber nada del recurso interpuesto. Durante ese tiempo me dediqué a perseguir al inspector por teléfono, por correo electrónico y en persona, hasta que llegó agosto y yo seguía sin obtener respuesta. Por ello empecé a intentar localizar a la propia directora territorial de Educación: le envié varios correos electrónicos e intenté hablar con ella por teléfono pero fue imposible, no tuvo el valor de reunirse conmigo.

- ¿De qué fechas estamos hablando?
- De entre mediados y finales de agosto. El día 21, viendo que se acababan las vacaciones escolares y que la niña iba a tener que incorporarse al colegio, inicié un recurso de alzada y lo presenté ante el PROP. En él me quejaba de la falta de profesionalidad de la Dirección Territorial en un tema tan importante como la educación de mi hija, y tres días después pedí por escrito y con registro de entrada poder mantener una reunión personalmente con la directora territorial de Educación con el fin de explicarle personalmente todo lo que pongo en mis duras alegaciones, pero nunca me contestó. Lo único que hizo fue mandar a uno de sus inspectores a hablar conmigo, y sólo por teléfono.

- ¿Cuándo comenzó su hija el colegio?
- El pasado 8 de septiembre. Un día después Virginia Jiménez, la directora territorial de Educación, respondió a mi alegación del 11 de julio diciéndome que dado que había matriculado a mi hija en el colegio público Sant Miquel, ya no tenía derecho a hacerlo en el concertado de mi elección. Si te fijas en las fechas, esa afirmación no tiene sentido, ya que si la niña comenzaba las clases un día antes a la fuerza tenía que estar matriculada en algún centro. Además, la propia directora territorial actuó con bastante mala fe, ya que no envió esta respuesta a mi casa (como cabría esperar), sino al colegio concertado Francisco Llopis.

- ¿Qué medidas llevó a cabo tras recibir esta respuesta?
- El 6 de octubre presenté un nuevo recurso de alzada al director general de Ordenación y Centros Docentes, Francisco Baila. Sin embargo, más de un mes después seguía sin obtener respuesta por lo que el 13 de noviembre contacté con la Consejería de Educación en Valencia y me dijeron que lo habían perdido. Nadie sabe dónde está y según me han informado desde Consejería están tratando de localizarlo. Comuniqué el incidente a mi abogado y me reuní con él para que me informara de la forma en la que puedo ir contra la Dirección Territorial de Educación y contra Virginia Martínez..

- ¿En qué estado de ánimo se encuentra ahora?
- Llevo más de cinco meses con esta cruzada y no tengo intención de parar aquí. Me he puesto en contacto con varios medios de comunicación con el objetivo de intentar darles donde más les duele, esto es, haciendo público el caso. Quiero denunciar la mutilación de un derecho fundamental reflejado en la Constitución Española y contra el que ninguna ley o estatuto autonómico puede manifestarse.

- ¿Qué conclusión extrae de todo este proceso?
- Francamente, no entiendo porque mi hija no va a poder estudiar en castellano si yo soy español y vivo en España. Por supuesto, también entiendo también que estamos en Valencia y que se debe de enseñar el valenciano. Estoy de acuerdo con que es un idioma que está muy vivo y no se debe perder, pero considero bastante inconstitucional el hecho de no poder estudiar en España en español. Eso es lo que me motiva a la hora de presentar todas estas alegaciones. Creo que tengo razón y no voy a parar hasta conseguir que me la den.


 


******************* Sección "bilingüe" ***********************
Reinventar la galleguidad
Un gran «lobby» de centros gallegos en Sudamérica
Además de reincidir en la importancia del voto en urna, Feijóo realizó un llamamiento en el noveno pleno del Consello de Comunidades Gallegas -en el que estuvieron representados 138 de los 149 centros gallegos- para que estas instituciones aseguren su futuro conformando un «lobby» regional: «Unirse, federarse, y confederar a los centros entre sí en cada nación para ser más fuertes y blindar así el futuro de la colectividad en el mundo», señalaba. El presidente de la Xunta estuvo acompañado por la titular de Traballo, Beatriz Mato, el secretario xeral de Emigración, Santiago Camba, y el presidente del Consello da Cultura Galega, Ramón Villares.
ALFREDO AYCART | MONTEVIDEO (URUGUAY) ABC Galicia 9 Diciembre 2009

En uno de los viajes con menos contenido público pero más sentido estratégico de los desarrollados por los presidentes autonómicos en las últimas décadas, el titular de la Xunta de Galicia ha lanzado el reto que, a su juicio, puede marcar el futuro de la pervivencia de los estrechos lazos entre las dos Galicias, la del interior y la de la diáspora. Se trata de reinventar la galleguidad, para adaptarla a las necesidades del siglo XXI y, sobre todo, a una realidad sociológica profundamente distinta a la que marcó el concepto a principios del siglo pasado.

Agotada ya la primera, e incluso la segunda generación, Alberto Núñez Feijóo se dirigió a los nietos y biznietos de los primeros emigrantes. Primero en Buenos Aires, en la graduación de la primera promoción de estudiantes del Colegio Santiago Apóstol, y después en Montevideo, en el pleno del Consello de Comunidades Gallegas, el presidente de la Xunta subrayó la necesidad de que las nuevas generaciones vean en la galleguidad -«cordial», por supuesto- algo que les aporta orgullo y al mismo tiempo posibilidades. «Antes, mucho antes de que lo dijera Obama, cada uno de vosotros ya dijo a los gallegos de allá: ¡nosotros podemos!», enfatizó ayer.

En esa línea, en todos los actos públicos de su primer viaje oficial a Iberoamérica, tanto en Brasil, como en Argentina y Uruguay, el jefe del ejecutivo autónomo celebró la puesta en macha de la tarjeta sanitaria para los emigrantes como un hito en la política que pretende equiparar los derechos de los gallegos residentes en el exterior a los de los que siguen viviendo en la Comunidad.

Pero lejos quedan los tiempos de las adhesiones inquebrantables. En uno de los escasos actos con emigrantes de base, una octogenaria le espetó públicamente al presidente cuándo pensaba cumplir su compromiso de garantizar la enseñanza en castellano en la Comunidad. La interpelación permitió al titular del ejecutivo gallego reiterar su apuesta por la multiculturaldad y el plurilingüismo, en una enseñanza que debe incluir asinaturas en castellano, en inglés y en gallego.
También fue insistente al establecer como principio fundamental el derecho al voto en urna «de cristal, como en todo Occidente» como única manera de garantizar la transparencia y la equidad de los sufragios emitidos desde fuera de Galicia.

Feijóo llegó a sugerir que el actualmente masivo voto por correo -ligado a todo tipo de especulaciones sobre su legitimidad- se convierta en minoritario y sujeto a controles exhaustivos y a la obligación de la certificación. La estrategia del gabinete del presidente gallego era clara: pocos mensajes, pero contundentes y ni una sola bandera del partido, para evitar cualquier insinuación que desvirtuara el carácter institucional del viaje.

En ese afán,la Xunta llegó a limitar hasta el extremo el tradicional baño de multitudes con la emigración y, por supuesto, huir de la empanada o el pulpo en las escasas recepciones, para satisfacción del supuesto progresismo de la oposición y desilusión de los emigrantes. A la postre, ni siquiera con los guiños astronómicos se evitaron las críticas de PSOE y BNG. Tan inevitables como previsibles.

Desprecio de los Kirchner
Como previsible era también el desprecio de los Kirchner al presidente gallego. La titular de la República, empeñada en priorizar los intereses partidistas sobre su acción de Gobierno, declinó cualquier contacto con la delegación gallega. Nada que ver con los parabienes a Touriño. Ahí dio muestras de cintura el gabinete de presidencia de la Xunta, que sustituyó los contactos al nivel de Gobierno por la cordial entrevista y la firma de convenios de colaboración con el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri.

Un político más riguroso y comprometido con la cortesía institucional.
 

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