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Recortes de Prensa    Jueves 17 Diciembre  2009

 

La ideología y la "hoja de ruta" de Zapatero
Francisco Rubiales Periodista Digital 17 Diciembre 2009

La ideología de Zapatero es, en apariencia, un gran misterio porque, aunque él se define como "de izquierdas" su comportamiento es contradictorio y confunde a los analistas, que más bien se inclinan a pensar que el presidente es un pragmático sin otra ideología que el ansia de poder y el deseo de mantenerlo a cualquier precio. Sin embargo, hay pistas que permiten concluir que Zapatero es un neocomunista camuflaodo, muy cercano a las tesis y práxis del Socialismo del Siglo XXI, el movimiento que encabezan en América Latina el dictador venezolano Hugo Chávez y los hermanos Castro Ruz, dictadores cubanos.

Cuando llegó al poder, Zapatero se autosituó en el "Republicanismo" y se declaró admirador del pensador irlandés Philip Pettit, autor del libro "Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno" (Paidós, 1999), pero fue un engaño más porque el republicanismo es democrático, se basa en el consenso, respeta el juego de las mayorías y exige la aprobación de las leyes con grandes apoyos y mayorías muy sólidas, justo lo contrario de lo que Zapatero está haciendo en España.

Zapatero, en realidad, es, como todo marxista leninista, un adorador del Estado que antepone la fuerza del gobierno a la de la sociedad y de lo colectivo frente a lo indivídual. La democracia es justo lo contrario: predominio de la sociedad sobre el Estado y valoración suprema del indivíduo como ciudadano, que es el soberano del sistema. Si él fuera un latinoamericano, militaría claramente en el Socialismo del Siglo XXI, con el venezolano Chávez, el boliviano Evo Morales, el ecuatoriano Correa, el nicaragüense Daniel Ortega, el depuesto hondureño Zelaya y otros, todos ellos bajo la inspiración ideológica de Fidel Castro, inventor de la tesis de que al comunismo se puede llegar mejor a través de las urnas, aprovechando las debilidades y huecos de la democracia, que son muchos.

Pero Zapatero tiene el problema de ser un líder occidental, europeo, jefe del gobierno de un país que, a pesar de sus debilidades, sigue adotando la democracia y la recién conquistada libertad. Mostrar en Europa y en España, abiertamente, su verdadero rostro neo-comunista, próximo a las tesis totalitarias y poco amigo de las libertades y derechos individuales, podría resultarle suicida.

Por eso disimula, confunde y se traviste de demócrata, siempre con la ayuda de las medios y televisiones amigas, de lobbys y grupos de izquierda bien lubricados con dinero público y de un partido socialista al que ha domesticado con mano de hierro, alejando de sus centros de decisión a los demócratas y a la gente de conciencia, pero sin salirse jamás del guión neocomunista, de su hoja de ruta para la conquista de un poder político prácticamente ilimitado.

El socialismo del Siglo XXI, en síntesis, propugna la toma del poder a través de elecciones y el uso masivo del dinero público y de los recursos del Estado para que el líder siga manteniendose en el poder. Para lograrlo, el guión establece que hay que aplastar a la oposición y que, cuando sea posible, si es necesario, se reforme la Constitución para que el liderazgo sea eterno. El sistema, sin salirse formalmente de las reglas democráticas, se transforma así en una dictadura legalizada de partido único, ya que el lider siempre gana las elecciones y la oposición, desarticulada y desmoralizada, pierde siempre.

El guión ideado por Fidel Castro y apoyado con entusiasmo por Hugo Chávez establece que el poder del lider debe ser ilimitado y que si algún miembro de la oposición, a pesar de la propaganda y del acoso, logra ganar unas elecciones a alcalde o presidente regional, se le extrangula desde el poder central privándole de dinero público y desacreditándole a través de los medios y del sistema judicial, que previamente ha sido controlado por el gobierno, como todas las instituciones y los poderes fundamentales del Estado.

Una de las claves principales para el control del poder y de la sociedad es el clientelismo. Para establecerlo, se crean muchos y bien pagados puestos en el Estado, que se otorgan a amigos y partidarios, a cambio de lealtades y apoyos, en teoría inquebrantables.

El guión, que incluye acabar disimuladamente con las libertades individuales y el incremento de las libertades y derechos colectivos, fácilmente manipulables desde el poder, utilizando con falsedad el concepto de "mayoría", requiere aplastar y "freir" con impuestos a las clases medias, demasiado proclives a la libertad y a la crítica, bajar el nivel cultural de la población para que reflexione poco, y dividir a la sociedad en bandos enfrentados, para estimular el fanatismo, pone un especial énfasis en desmoralizar y desarticular a la sociedad civil, colocándola en estado de coma, aunque sin liquidarla.

El control de los medios de comunicación es imprescindible para la reinstauración neocomunista, para lo cual se utilizará el dinero y el poder público. El uso de la mentira y del engaño desde el poder está recomendado, siempre que sirva para alcanzar los objetivos sopremos, que son la perpetuación del líder y el dominio pleno del sistema.

Por último, el programa del Socialismo del Siglo XXI establece el control férreo del ejército por parte del poder ejecutivo, del mismo partido que sostiene al gobierno, al que es necesario someter para que no debata y se limite a obedecer, del Poder Judicial, del Parlamento y de cualquier fuerza importante de la sociedad, en especial de las religiones, los sindicatos y las grandes empresas, cuya voluntad debe conquistarse mediante concesiones, subvenciones, contratos públicos y otras ventajas.

Zapatero se ha encontrado en España con ventajes insospechadas para poder desplegar su falso socialismo. No ha necesitado reformar la Constitución porque la española, redactada sin las mínimas cautelas y controles democráticos al poder, permite casi todos los desmanes públicos, incluyendo la reelección indefinida del jefe del gobierno y el predominio del Ejecutivo sobre los restantes poderes. Hasta se ha encontrado instalado el sistema de espionaje ciudadano SITEL, que le permite ejercer un control férreo y mas allá de lo que está permitido en democracia, sobre la oposición, Internet, las relaciones humanas, los disidentes, los críticos, los frívolos y hasta la intimidad del ser humano.

Conocido el guión, basta compararlo con la hoja de ruta trazada y seguida en España por el "Zapaterismo" para descubrir que el plan para establecer el modelo del socialismo del siglo XXI ha sido seguido fielmente, con una precisión casi milimétrica, sin que la sociedad española, transformada por la nueva riqueza y el miedo en una inmensa manada de borregos, ni siquiera se haya dado cuenta de que está siendo conducida hacia el Gulag por líderes tan inmisericordes como falsos demócratas.

Su objetivo principal ha sido perpetuarse en el poder; ha intentado aplastar a la oposición; ha maniatado a la sociedad civil; ha "comprado" a gran parte de los medios de comunicación; ha sometido a la Justicia y al Parlamento; ha utilizado el dinero público para crear clientelismo; ha acosado a la religión; ha sometido a los sindicatos y al PSOE; ha comprado hasta a los pequeños partidos que necesita para controlar la mayoría en estos momentos iniciales de la gran conquista del poder, etc., etc.

Queda. sin embargo, por comprobar si también se va a poner en práctica el más siniestro y depravado designio del guión, el que afirma que las elecciones hay que ganarlas como sea, incluso haciendo votar a los muertos y a los inmigrantes o alterando las placas de los ordenadores centrales, si resultara necesario.

Ojalá no se atrevan a poner en práctica este último capítulo, el más canalla del guión.
Voto en Blanco

Independentismo contra catalanismo
VALENTÍ PUIG ABC 17 Diciembre 2009

LA disyuntiva entre soberanismo y autonomismo no es un juego de palabras. Tampoco es inútil distinguir entre nacionalismo y catalanismo. Del mismo modo, los vínculos entre independentismo y catalanismo son un lastre arcaico, si estamos hablando de equilibrio entre sociedad global y pertenencia. Dicho de otro modo: el independentismo y no España es el mayor obstáculo para la Cataluña catalanista. La lástima es que los ciudadanos de una sociedad plural como la catalana tengan que llegar a esta conclusión por un hastío y una pérdida de autoestima cívica que se traducen masivamente al lenguaje mudo del abstencionismo.

Incluso lo percibe CiU. Necesita regresar a ese término medio del autonomismo, con ansias ulteriores inconcretas que fueron la identidad del pujolismo, para recuperar la centralidad del votante. A Artur Mas le correspondería articular un giro pragmático, flanqueado por la Unió Democràtica de Duran Lleida. La dificultad está en que el PSC subrayará en ese giro todo lo que pueda interpretarse como futura aproximación de CiU a entendimientos post-electorales con el PP. Sería un giro con riesgos pero muchos más los tiene considerar unos pactos con una ERC que se desintegra, radicaliza y se adentra más por la vía de la irresponsabilidad. Fácilmente entendería la sociedad catalana que la prioridad es salir de la crisis con capacidad competitiva y recuperando el prestigio económico de la Cataluña moderna. Para eso de poco sirven ni Zapatero ni ERC.

Alguien va y le dice a Cataluña: «Date el Estatuto que apetezcas, organízate a tu guisa y bajo tu propia soberanía, que yo no he de meterme en nada más en lo que te afecte, en ese Estatuto que te hayas dado, a tus relaciones conmigo...». Esas palabras suenan a familiares y no muy remotas. En realidad, eran una hipótesis del periodista Salvador Canals al analizar los problemas de la Segunda República en unos de sus mejores ensayos políticos, en 1931. Por contraste, aducía las razones a favor de un planteamiento por el que las Cortes Españolas, «plenamente soberanas, con monopolio de la soberanía en todos los territorios de la España europea, reconociendo aquella realidad de los particularismos geográficos e históricos e históricos que en España conviven, dictara en el Código fundamental normas por las cuales se fuera descentralizando todo lo descentralizable, a medida de la capacidad acreditada de cada una de aquellas personalidades vivas».

En diciembre de 2003, hace seis años, Rodríguez Zapatero, como secretario general del PSOE desde 2000, asiste a la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. A Zapatero le fascina la personalidad de Pasqual Maragall y le entusiasma la concepción del tripartito socialista-independentista-ecocomunista. Entonces se asoma al balcón de la Generalitat y sonríe al pueblo de Cataluña. Acaba de ver la luz. Como es habitual en estos casos, Convergencia criticó entonces la presencia de Zapatero en aquel balcón histórico como el «inicio de la subordinación a Madrid». En realidad, comenzaba la subordinación de Zapatero al tripartito.

Así fue como se llegó a una situación en la que Zapatero diría algo así como: «Enviadme el estatuto que deseeis y yo os lo apruebo». Por el camino, tuvo que engañar -políticamente hablando- a CiU y aferrarse a ERC. Ahora espera que el Tribunal Constitucional avale aquel primer impulso. Curiosa coincidencia, casi literal, entre la hipótesis analítica de Salvador Canals y las ofertas de Zapatero sobre el segundo estatuto catalán. Azares de la conciencia y de la inconciencia históricas.
www.valentipuig.com

Cara y cruz
Luis del Pino Libertad Digital 17 Diciembre 2009

Ayer conocíamos dos noticias que representan la cara y la cruz judiciales de las investigaciones del 11-M. Por un lado, el periódico El Mundo desvelaba las declaraciones en sede judicial de Alfonso Vega, en el marco de la querella presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M contra el ex-jefe de los Tedax, Sánchez Manzano.

El que fuera jefe de la pericia de explosivos durante el juicio del 11-M, declaró que la presencia de dibutil-ftalato en los análisis realizados a las muestras de los trenes no es un argumento que permita afirmar que el explosivo utilizado fuera Goma2-ECO. La razón es que el dibutil-ftalato es un componente muy común, que aparece en numerosos materiales utilizados en los propios trenes, como plásticos o pinturas.

Este detalle, en apariencia muy técnico, tiene mucha más importancia de lo que a primera vista parece, porque toda la sentencia del 11-M está construida en torno a la suposición de que en los trenes se utilizó Goma2-ECO. ¿Y cómo concluyeron los jueces que había estallado Goma2-ECO, si en los análisis aparecieron varios componentes (como por ejemplo el DNT o la nitroglicerina) que no forman parte de ese tipo de dinamita? Pues precisamente recurriendo al dibutil-ftalato. Como en los análisis apareció dibutil-ftalato y éste forma parte de la composición de la Goma2-ECO (pero no de otras dinamitas, como el Titadyn), Gómez Bermúdez concluyó que en los trenes se usó Goma2-ECO.

Pero, de acuerdo con las nuevas declaraciones de Alfonso Vega, ese dibutil-ftalato que apareció en los análisis podría provenir de cualquier sitio, con lo que todo el argumento se viene abajo. Lo único que nos queda de aquella malhadada pericial de explosivos es, por tanto, el hecho de que aparecieron varios componentes que NO forman parte de la Goma2-ECO.

Por tanto, si damos por buenas las muestras de los trenes que llegaron al juicio (lo cual requiere, por cierto, mucha buena fe), en los trenes tuvo que estallar algún otro tipo de explosivo, como por ejemplo Titadyn.

Lo más irónico es que hemos conocido esas nuevas declaraciones de Alfonso Vega el mismo día en que la Audiencia Nacional rechazaba, por enésima vez, la petición de reapertura del sumario del 11-M, formulada por la familia Moris y a la que se había adherido la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

La petición de reapertura se basaba, precisamente, en que seguimos sin conocer el arma del crimen utilizada para cometer el atentado. Y la Audiencia Nacional (ese órgano político que simula impartir Justicia, cuando lo que en realidad hace es controlar todos aquellos casos que puedan incomodar a la casta política) contesta a la petición diciendo que ésta es extemporánea e improcedente.

En realidad, la situación está bastante clara: nadie va a mover un dedo, desde los partidos o las altas instituciones del Estado, para aclarar el atentado del 11-M. La Audiencia Nacional ha cumplido eficazmente, en estos cinco años, su papel de tapón, enfangando el terreno de juego y procurando dilatar al máximo los procedimientos para que las propias víctimas de la masacre no pudieran impulsar ningún tipo de investigación real. Mientras tanto, todos los partidos miran hacia otro lado, y lo único que queda es un par de medios de comunicación empeñados en continuar haciendo preguntas molestas. Y una opinión pública que es perfectamente consciente de que la han engañado (aunque, por supuesto, “hay gente pa to”).

Si cabe alguna esperanza, ésa es que los procedimientos judiciales en instancias ordinarias puedan servir para algo. Aunque, por supuesto, el riesgo existe de que, de nuevo, los procedimientos se dilaten y nos vuelvan a enredar en el juego de albergar falsas esperanzas que luego, finalmente, queden en nada. Lo cual no es nada improbable, por cierto.

¿Pero acaso hay alguna otra alternativa? La verdad es que no muchas. Tal vez confiar en que un cambio político permita desbloquear la situación, al desaparecer de escena los “protectores” en los que algunos confían para seguir manteniendo su silencio. O esperar, por ejemplo, que alguien pueda decidir, en un momento determinado, que está harto de callarse. O dejar que la crisis del sistema induzca los ajustes de cuentas oportunos entre esos sectores que tan precario equilibrio alcanzaron después del 11-M.

Si quieren mi opinión, la crisis de legitimidad del actual sistema (de la que el miserable papel desempeñado por la Audiencia Nacional no es más que un ejemplo menor) terminará provocando una catarsis.
Aunque, como ya saben ustedes, yo soy un optimista patológico.

Impulso Ciudadano hace un llamamiento a partidos políticos
Redacción Minuto Digital 17 Diciembre 2009

Impuso Ciudadano insta a todos los partidos políticos a recuperar la centralidad política y abandonar los fracasados intentos secesionistas

A la vista del resultado de las autodenominadas consultas populares por la independencia de Cataluña, convocadas por distintos colectivos independentistas con el apoyo de fuerzas políticas parlamentarias, informamos a la opinión pública que:

1.- Impulso Ciudadano rechaza la dinámica sin sentido que distintas plataformas y entidades instrumentalizadas fundamentalmente por dos de los principales partidos políticos catalanes están intentando instalar a nivel político y social en Cataluña mediante la celebración, al margen de la legalidad, de consultas populares a favor de la independencia.

2.- Impulso Ciudadano expresa su preocupación por la erosión del clima de convivencia que estos actos irresponsables están produciendo en el presente y por el mal que puedan acarrear en el futuro. Las plataformas organizadoras y los partidos que las apoyan activamente, o las consienten con su actitud pasiva, someten a la sociedad catalana de forma irresponsable a una tensión que le es ajena. Estas fuerzas políticas, al dar soporte por intereses espurios a entidades minoritarias, están cometiendo un error histórico de consecuencias impredecibles, pretendiendo forzar a la ciudadanía a posicionarse y tomar partido en relación a un falso dilema, tratando de distraerles de los problemas reales que les preocupan – crisis económica, paro, sanidad, educación, justicia – y empujándolos a enfrentarse por cuestiones ideológicas y ficticios imaginarios colectivos. Los penosos resultados de participación obtenidos por los impulsores ponen de manifiesto que la independencia de Cataluña es un objetivo absolutamente marginal que no es pretendido por la mayoría de los ciudadanos de Cataluña.

3.- Impulso Ciudadano lamenta la deriva soberanista y la radicalización de CiU que parece alejarse definitivamente del sentido común, la centralidad, la integración y la convivencia. Igualmente, Impulso Ciudadano denuncia la inhibición culpable del PSC-PSOE y su anteposición de la estrategia de partido y de los equilibrios de poder a los principios que deberían regir la actuación de un partido que proclama su compromiso con el conjunto de España.

4.- Impulso Ciudadano denuncia el papel de los medios de comunicación públicos de Cataluña como vaso transmisor y amplificador de unos actos promovidos por entidades minoritarias, papel de colaborador necesario que ha sido clave para dar apariencia institucional a lo que no era más que una burda escenificación con objetivos políticos.

5.- Para Impulso Ciudadano es clarificador el escaso porcentaje de participación dado por los propios organizadores. De todas maneras, incluso éste debe ser puesto en cuarentena porque ha sido facilitado por quienes propugnaban el voto favorable a la independencia (son datos de parte), corresponde a zonas presuntamente favorables a estas tesis y el censo se ha incrementado con menores y extranjeros que en un referéndum oficial no podrían ejercer el derecho al voto. Ahora bien, la gravedad de las consultas a favor de la independencia reside en el hecho mismo y en cómo éste pueda funcionar como resorte de una espiral de tensión que se extienda inevitablemente a otras comunidades.

6.- Por todo ello, Impulso Ciudadano emplaza a las fuerzas políticas catalanas a recuperar el sentido común y a cerrar el camino a inviables – por faltos de apoyo popular- delirios separatistas. Es hora de trabajar por el conjunto de los ciudadanos y dedicar todos los esfuerzos a superar los tiempos de crisis económica y a mejorar las condiciones sociales de todos los catalanes en un marco de convivencia y de respeto al orden constitucional.

Luis Suárez: «No se puede negar la Historia»
Varios historiadores critican la censura a Franco en la exposición del Alcázar. «No me imagino un museo de la Historia en Rusia sin Lenin», afirma Luis Suárez
17 Diciembre 09 - Madrid - R. N. La Razon 17 Diciembre 2009

Las «sugerencias» del Ministerio de Defensa sobre la inconveniencia de que personajes como Franco o Miguel Primo de Rivera aparezcan citados en según qué circunstancias en el Museo del Ejército, así como la supresión de los recuerdos a los «héroes del Alcázar» y a Moscardó no gustan a los historiadores.

La información publicada ayer por este periódico, en el que responsables del Ministerio de Defensa instaban a los del Museo a ceñirse a la Memoria Histórica es considerada un sinsentido por los historiadores consultados por LA RAZÓN. Luis Suárez afirma tajantemente que «no se puede negar la historia. Se puede ser partidario o no de un personaje o un régimen, pero no se puede omitir». Así, Suárez cree que «Franco tuvo una enorme importancia en la Historia del siglo XX, y yo no me imagino un museo de la historia en Rusia sin Lenin ni Stalin». El historiador achaca la idea del Ministerio a «la debilidad del estado democrático español». Por último, consideró que «es como decir que no existieron Azaña o Alcalá Zamora» y recalcó que «no se puede desmantelar la Historia, porque un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirla de nuevo».

Por su parte, Julián Casanova señaló que «si la noticia es así, pues, la verdad, no tiene mucho sentido» porque «en ningún momento se puede ocultar a ese personaje». No obstante, afirmó que «otra cosa es el contenido referido a él; si alguien intenta hacer apología del franquismo y tergiversar la historia, eso sí que afecta a la ley, pero no es el caso si sólo se trata de informar sobre el personaje». De esta manera, el historiador consideró que el paradigma de los museos de historia es el de Berlín, que cuenta quiénes han sido las principales figuras de su Historia y que dice perfectamente quién fue Hitler y qué fueron los campos de concentración. Pero claro, todo esto es válido si sólo y nada más se ha pretendido ocultar un nombre».

Por último, César Vidal, historiador y periodista, señaló «los británicos han logrado honrar a Cromwell y a los soldados realistas; los americanos pueden sentirse orgullosos de Lee y de Grant, y los rusos recuerdan a Zhukov y a Kutusov. Por lo visto, sólo los españoles vamos a arrastrar el baldón de no saber respetar a nuestros héroes por encima de ideologías. Triste es decirlo, pero a la ignorancia y el sectarismo se suma ahora la vileza moral».

La gran carrera de Franco
La Asociación de Militares Españoles (AME) destacó ayer «los éxitos militares» de Francisco Franco y su «impresionante» carrera militar como datos para «no negar» la Historia y evitar su mención en el nuevo Museo del Ejército. El secretario general de AME, José María Pairet, declaró a Servimedia que Defensa debería hacer distinción entre lo político y lo militar del general Franco y no prohibir al Museo del Ejército citar a Franco, en respuesta a la información publicada ayer por LA RAZÓN. Pairet afirmó que los españoles «tendríamos que estar orgullosos» de la vertiente militar de Franco y de sus operaciones militares por lo que, a su juicio, debería aparecer sin discusión en el nuevo museo. «Negar la Historia es estar más próximo a la Enciclopedia Soviética», que cambiaba según quien mandaba, sostiene Pairet. Por ello, entiende que Franco debe estar presente por sus «victorias militares» y también por su presencia en la historia española, al margen de las connotaciones políticas.

La Fundación de la Lengua Española impulsará el idioma en Brasil y Estados Unidos
El Plan Estratégico contempla la promoción del español en universidades y en empresas
 www.lavozlibre.com 17 Diciembre 2009

Valladolid.- La Fundación de la Lengua Española impulsará la promoción del idioma en universidades y empresas de Brasil y Estados Unidos. Esta es la conclusión extraída del plan estratégico presentado por la Fundación para los próximos dos años. Si bien inicialmente, y durante sus tres años de vida, la Fundación se ha centrado en la consolidación regional, de cara al futuro la entidad privada se plantea como principal objetivo su posicionamiento en el ámbito internacional.

Dentro de esta línea de actuación, la Fundación centrará sus programas en las universidades de Estados Unidos y de Brasil, con la doble perspectiva de promover la enseñanza del español y de fomentar, mediante acuerdos y becas, el bilingüismo entre los estudiantes de Castilla y León.

La Fundación de la Lengua Española cuenta con una plantilla de 23 personas y posee en diez localidades de Castilla y León centros de integración de inmigrantes en los que se enseña el idioma y en cuya red participan unas 10.000 personas. La Fundación echó a andar en 2007 y en su cuarto año de andadura potenciará sus portales digitales (www.fundacionlengua.es y www.canaldesarrollo.org) e impulsará actuaciones propias, marcadas por la internacionalización, que “no se solapen con otras auspiciadas por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua”, indicó su presidente, José Vega.

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La Constitución, puesta a prueba
IGNACIO SOTELO El País 17 Diciembre 2009

Los hay que consideran un desatino criticar una Constitución que nos ha traído el periodo de libertad y prosperidad más largo de nuestra historia, máxime cuando legitima el orden democrático establecido. Empero, cabe pensar que los déficits que en la Constitución se constatan no han impedido el espléndido despegue del país, haciendo patente que una cosa es la escrita y otra, la real; o bien que los tres decenios de vigencia no han pasado en balde y la España de hoy -muy distinta, y sin duda mucho mejor que aquélla en la que se aprobó- muestra deficiencias que eran imprevisibles o imposibles de solventar en el contexto sociopolítico de entonces.

Ambas hipótesis, lejos de contradecirse, se complementan. Por un lado, la realidad constitucional no coincide con el texto escrito -larga es la lista de normas, como, por ejemplo, el derecho de "disfrutar de una vivienda digna y adecuada" (artículo 47), que se quedan en simples aspiraciones sin la menor base real-, pero, por otro, también es cierto que la Constitución escrita ha de ir adaptándose a las circunstancias cambiantes, de modo que la reforma constitucional es el motor que la mantiene viva. Una herencia trágica del constitucionalismo español es que las Constituciones que hemos tenido en los siglos XIX y XX no supieron o no pudieron reformarse a tiempo. Como la única forma de desatascar el proceso, se suprimían de manera violenta.

Los tres largos años de espera de una sentencia sobre el Estatut ha puesto de manifiesto fallos graves en instituciones claves del Estado, hasta el punto de que los que aplaudían la rigidez del texto constitucional, confundiendo la sacralidad con su intocabilidad, han terminado por convencerse de que el mayor defecto de la Constitución radica en la forma en que resuelve, más bien no resuelve, la cuestión capital de la organización territorial. Una vez constituidas las Autonomías según las vías que marca el Título VIII, la Constitución poco dice sobre el Estado Autonómico resultante.

Al eminente administrativista Ramón Parada he oído decir, con su peculiar ironía gallega, que la Constitución en este tema semeja un banquete en el que no se sabe quiénes son los invitados -el mapa autonómico se confeccionó más tarde, y con resultados bastante catastróficos, a juzgar por las enormes diferencias en población o arraigo histórico de las distintas Autonomías- ni cuál va a ser el menú: las competencias al final se concretan en los respectivos Estatutos. Pero mientras la Constitución ha quedado bastante blindada, es relativamente fácil, según los intereses cambiantes de la clase política de cada una de las Autonomías, modificar o sustituir los Estatutos. Afirmar que con ellos semodifica la Constitución no sólo es obvio, sino que pone de relieve su mayor defecto: el de haber dejado abierto el proceso. Algo que también caracterizó a las Leyes Fundamentales del régimen anterior, pero si esto facilitó en su día una reforma sin ruptura, el que la Constitución deje menos espacio para las reformas que los Estatutos favorece, en cambio, las rupturas.

A menudo se ha ensalzado la Constitución por no haber sido un trágala de una de "las dos Españas", como desgraciadamente lo había sido en el pasado. Es verdad que el temor compartido a futuras contiendas civiles propició un consenso, nuevo en nuestra historia, del que podemos sentirnos orgullosos, pero ello no fue óbice para que en algunas cuestiones que se consideraron esenciales se impusiera una parte, como ocurrió en el Título II sobre la Corona: prueba de ello es que para evitar que se modificara a las primeras de cambio se blindase con un procedimiento excepcional para su reforma.

En otros casos en los que tampoco se logró consenso, como en la organización territorial, se optó por superponer, pese a que se excluyesen, las dos soluciones en litigio. Así, la Constitución prescribe, por un lado, un Estado unitario -un solo Estado y un único pueblo o nación- como quería una buena parte de los españoles, pero para dar satisfacción a la otra parte más minoritaria que hubiera preferido una Federación, algunos incluso una Confederación, como paso previo a la autodeterminación soberanista, sobre el Estado unitario se superpuso "la autonomía de las nacionalidades y regiones", una forma de descentralización que el texto constitucional no concreta. El sarcasmo llega al extremo de que algunos se congratulen de la fuerza inventiva española, capaz de idear un llamado Estado de las Autonomías, que se diferenciaría de las tres especies de Estado conocidas, el unitario, el federal y el confederal.

No se insiste lo suficiente que España es un Estado unitario, que mantiene la provincia como su organización territorial propia, sobre el que luego se montan las Autonomías, como superestructuras añadidas de descentralización abierta, cuya congruencia con el Estado unitario subyacente es harto problemática. En las Autonomías uniprovinciales, la provincia queda únicamente como distrito electoral, que, al limitar la Constitución a 400 diputados como máximo -actualmente son 350-, suprime de hecho el sistema proporcional en las provincias con menos población, de modo que el tercer partido en votos no obtiene más que un pequeño número de diputados. La provincia como circunscripción electoral y las listas cerradas y bloqueadas han deteriorado hasta extremos inconcebibles la democracia en España.

En las Autonomías pluriprovinciales se superponen tres estratos, el municipio, la provincia y la autonomía, con competencias y delimitaciones que no siempre se perfilan con nitidez. Tan compleja organización territorial, si facilitase un control más cercano de la acción pública, podría ofrecer algunas ventajas, pero muchos lo ponen en duda. Tal vez sólo responda al afán de contentar las ilusiones identitarias de algunas regiones, pero con el costo de duplicar la Administración autonómica con la provincia. Se paga a un alto precio el que no encaje en el Estado unitario subyacente una Autonomía a la que se han concedido competencias que incluso sobrepasan a las del Estado federal. Lo más grave, sin embargo, de la superposición de ambos modelos territoriales es que se hayan concebido como un proceso abierto y, pasados 30 años, en vez de haberse cerrado, la incertidumbre vaya en aumento.

A la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional, tres puntos conviene subrayar. Primero, la Constitución deja abierto el Estado Autonómico resultante, y son los Estatutos los que llenan este vacío. Es una vía pésima de ampliar/reformar la Constitución, pero es la que ha trazado. Segundo, es de difícil encaje, si no contradictorio, superponer sobre un Estado unitario Autonomías con competencias que igualan o superan a las de un Estado federal. Tercero, la relación radial desde un Estado central unitario con cada una de las Autonomías supone una bilateralidad que impulsa una dinámica hacia un Estado confederal, con las tendencias centrífugas a él inherentes.

La solución hubiera sido un Estado federal, que desde el Estado unitario y centralista del franquismo hace 30 años era inalcanzable, y hoy, con la fuerza que ha adquirido el nacionalismo periférico, beneficiario directo de la bilateralidad confederal que se ha impuesto, probablemente sea demasiado tarde.

Ignacio Sotelo es catedrático de Sociología en excedencia.

Nacionalismo exasperado en la Iglesia Universal
EDITORIAL Libertad Digital 17 Diciembre 2009

Desde que el pasado mes de noviembre Benedicto XVI nombrara a José Ignacio Munilla nuevo obispo de San Sebastian, tras la renuncia por motivos de edad de Juan María Uriarte, no han faltado dirigentes nacionalistas que hayan criticado el nombramiento. Así, el presidente del PNV de Guipuzcoa, Joseba Egibar, ya consideró que el hasta ahora obispo de Palencia es un "ultraconservador", cuya intención no es otra que la de "despersonalizar, desafectar y desarraigar" la Iglesia vasca. En términos parecidos se expresó el secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, quien exigió al nuevo prelado "conciencia de la realidad social de Euskal Herria y que de esa manera actúe".

Y es que Munilla, aunque sea donostiarra, tiene un terrible "pecado": No es nacionalista. Y ya sabemos desde los tiempos de Arzalluz que los nacionalistas prefieren antes un "negro, negro que hable euskera" antes que un "vasco que lo desconoce". El caso es que Munilla también habla euskera, pero hemos de reconocer abiertamente, eso sí, que su conocimiento de la "realidad social" de su nueva diócesis no pasa por compartir los delirios nacionalistas entorno a Euskal Herría.

Dada la lamentable penetración del nacionalismo en el clero vasco, no hay que extrañarse, por mucho que sea un grave y delirante gesto con escasos precedentes, que ahora el 77 por ciento de los curas de la diócesis de Guipúzcoa (y 11 de sus 15 arciprestes) hayan querido también expresar públicamente su "dolor y profunda inquietud" ante el nombramiento de su nuevo obispo.

Aunque los firmantes de este escrito de apenas un folio hayan querido disimular las razones ideológicas y políticas de su desaprobación, ¿qué "estilo eclesial" pretenden defender quienes, para empezar, cuestionan un nombramiento hecho por el Papa y que, lejos de dar la bienvenida o hacer determinadas reclamaciones a su nuevo obispo, lo que hacen es descalificarlo cuando ni siquiera ha tenido tiempo de ejercer su cargo? ¿Es acaso ésta una muestra de "fidelidad al espíritu del Concilio Vaticano II" que los firmantes dicen defender? Si es así, será porque confunden lo de aplicar a la vida el principio eclesial de la encarnación en el pueblo con los delirios nacionalistas que han imperado en el País Vasco.

Los firmantes se jactan de "conocer de cerca la trayectoria pastoral" de Munilla, "profundamente marcada por la desafección y falta de comunión con las líneas diocesanas". Lo que es conocido es el historial de buena parte del clero vasco en simbiosis con el nacionalismo y del papel que han tenido los seminarios hasta en la historia de ETA. ¿Forman parte de esas "líneas diocesanas" en Guipuzcoa no acudir a los funerales de las víctimas de ETA, tal y como aconsejó el Consejo Presbiteral al entonces nuevo, y también criticado, obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez? ¿Es muestra de comunión con las líneas diocesanas aseverar, tal y como hizo su añorado monseñor Setién, que "la paz y la normalidad en el País Vasco pasa por el ejercicio del derecho a la autodeterminación"? Lo decimos porque no sabemos que ninguno de los firmantes de ahora elevara entonces la más minima protesta ante este u otro de los muchos exabruptos de aquel obispo de San Sebastián.

Esperemos que este nuevo pastor de la Iglesia que se autodenomina católica no se deje influir por quienes han olvidado que "nadie puede estar al servicio de dos amos" y que tenga, a diferencia de sus antecesores, también presentes las palabras de Juan Pablo II cuando advertía de que "Europa está como debilitada por las tendencias al particularismo que van acentuándose y que generan reflejos inspirados por el racismo y el nacionalismo más primitivos. Si la comunidad internacional no se muestra capaz de resolver el problema de los nacionalismos, continentes enteros sufrirán de gangrena".

Las sotanas de la tribu
IGNACIO CAMACHO ABC 17 Diciembre 2009

QUÉ pena que esas gregorianas voces rebeldes alzadas contra el nuevo obispo de Guipúzcoa no se oyesen en todos estos años de dolor para entonar siquiera un compasivo responso, un piadoso gorigori por las víctimas del terrorismo. Qué lástima de coraje desperdiciado, tan útil como hubiera sido en la cristiana defensa del quinto mandamiento. Qué tristeza de sotanas ausentes en el consuelo, qué malograda energía de pastores callados ante la quijada siniestra de Caín. Y qué despilfarro de bravura este reciente motín diocesano, esta asonada de trabucaires insurrectos, esta sindicada rebelión de parroquias y arciprestazgos que tanto se echaba en falta cuando los báculos episcopales se inclinaban en reverenciosa aquiescencia con los verdugos. Qué asco de hipocresía, qué farisaica blancura de sepulcros podridos.

Esta arriscada clerecía carlistona que ahora recibe con rebrincos al prelado Munilla es la misma que arrastraba sus casullas en acólita sumisión al designio nacionalista. La que cobijaba en sacristías a los cómplices del terror. La que negaba funerales a los asesinados y predicaba comprensión para las razones de los asesinos. La que santificaba la viscosa equidistancia de los setienes y uriartes, la que ejercía de mediadora con los terroristas, la que retiraba su amparo a las víctimas de la coacción y del chantaje. La que siempre encontraba excusas y subterfugios para la violencia, la que siempre eludía con jesuíticos casuismos la condena del crimen, la que enfatizaba el sufrimiento de los perseguidores y minimizaba la angustia de los perseguidos. La que consagraba el vino áspero de las herrikotabernas. La tropilla talar del aranismo más rancio, la guardia vestal de las esencias del soberanismo, la levítica cuadrilla espiritual que amparaba con su doblez el delirio de la hegemonía étnica. La turbia centinela moral de un evangelio hemipléjico en cuya doctrina cabe antes un camello por el ojo de una aguja que un no nacionalista en el reino de los cielos.

Ahora han urdido una conspiración de batzoki contra un obispo euskaldun al que, siendo de su tierra y hablando su lengua autóctona, no consideran uno de los suyos. El viejo resabio tribal del nacionalismo se activa en cuanto atisba señales de discrepancia en el caserío o en la aldea. Coto privado de feligresía unívoca, reserva espiritual, vallado identitario de almas inmaculadamente fieles a la religión del diferencialismo. El recelo cimarrón se agrupa en reflejo de autodefensa para estigmatizar al recién llegado, aunque se trate sólo de un recién regresado al territorio vernáculo en el que goza del mismo derecho de acogida que quienes se consideran sus dueños. Enfermizo estigma de la otredad refugiado hasta en la soledad parroquial de una fe de campanario. Obcecada, prejuiciosa obsesión que convierte la acción pastoral de estos curas montaraces en la confusa hechicería de unos santones de tribu.

Zapatero y Mandela
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 17 Diciembre 2009

Desde el «Bambi» que le colgó Alfonso Guerra, a Zapatero le han llamado de todo: frívolo, improvisador, irresponsable, radical, mentiroso, asustadizo, desleal. Lo último es chantajeable. Hoy, le chantajean Marruecos y Aminatu Haidar, como ayer le chantajearon los piratas somalíes y los gibraltareños, los sindicatos y los nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y canarios. Le chantajeó incluso un etarra, De Juana, ¿recuerdan su huelga de hambre? Más algún otro del que no nos enteramos. Suele ocurrir cuando alguien adquiere fama merecida o inmerecida de demasiado complaciente.

No es éste, sin embargo, el rasgo más característico de nuestro presidente de Gobierno. Lo que mueve a Zapatero, lo que persigue desde que llegó al poder con una determinación digna de mejor causa es ganar la guerra que perdió uno de sus abuelos frente al otro. No vino, como nos dijo, a hacer una «Segunda transición». Vino a enterrar la primera, y con ella, el compromiso que representó entre las dos Españas de renunciar a sus posiciones extremas, para encontrar un espacio común, donde pudieran vivir todos los españoles. El famoso «consenso» del que tanto se habló, la «tercera España» equidistante de las otras dos, por la que suspiraba Antonio Machado, finalmente conseguida. Pero lo que comenzó como sueño alcanzado iba a alejarse con el paso de los años. Las dos Españas que nos hielan el corazón, no estaban por la labor. Una entró a tiros en el Congreso con ánimo de secuestrarlo, intento por fortuna abortado. La otra empezó a cuestionar la Transición. La llegada al poder del nieto de un colaborador de Franco confirmó sus temores de que la derecha volvía, y con ella, la España de siempre. Únanse los que sólo habían aceptado a regañadientes el compromiso por no sentirse españoles -los nacionalistas- y tendrán una combinación explosiva. Faltaba la chispa que la hiciera explotar. Se la proporcionó el 11-M, donde el gobierno Aznar cometió todos los errores posibles: no prever los atentados, dar información errónea sobre ellos, empecinarse en el error. Todo el afán de revancha acumulado durante el franquismo y el resentimiento hacia Aznar estallaron como una olla exprés. La Transición pasó de cuestionada a amortizada, y la Constitución, de terreno común a campo de enfrentamiento.

El hombre para esta nueva etapa era José Luis Rodríguez Zapatero, que representaba el nuevo -¿o era el viejo?- espíritu. No perdió un minuto en llevarlo a la práctica. Su primer cuidado fue expulsar de la escena política al PP, cosa fácil, al haber quedado grogui por la derrota. No contento con eso, «pasó» de todo lo que oliera a derecha en España y estableció lazos con los partidos nacionalistas más extremos, como ERC en Cataluña y el BNGA en Galicia, mientras en el País Vasco iniciaba una negociación con ETA, sin hacer caso de las malas experiencias de gobiernos anteriores, incluido el de Felipe González. Nos salvó el extremismo de unos extremistas que lo querían todo, pues de haber aceptado lo que les ofrecía -a los catalanes, el estatuto que le pidieran, a ETA, más que un estatuto-, a estas horas, España hubiese dejado de ser nación y puede, Estado.

Pero ésta era -¿y sigue siendo?- la «agenda Zapatero». Acabar con la vieja, caduca, retrógrada, España de derechas. Desquitarse de las derrotas, humillaciones y desencantos de la izquierda durante siglos. Para ello encontró ayuda en los muchos resentidos que hay en un país donde la envidia es el pecado nacional y toda contrariedad se torna ofensa personal.

Lo que olvidó este hombre, demostrando que su incapacidad como estadista supera incluso a su capacidad de rencor, es que cometía el mismo error que intentaba corregir: su intento de amputar la derecha le dejaba sin medio país. Y si Franco no consiguió acabar con la izquierda española en un régimen totalitario, menos iba a conseguir él acabar con la derecha en un régimen de libertades. Sin embargo, en vez de desanimarse por ello, se volcó aún más en su proyecto, con el resultado de que olvidó el resto de los problemas de España, sobre todo la necesidad de cambiar un modelo económico fundado en el ladrillo por otro basado en la competitividad, productividad y modernización. Nada de extraño que la crisis económica nos haya cogido prácticamente en cueros y que si en parados estamos a la cabeza de los países de nuestro entorno, en recuperación estamos a la cola. Zapatero ha perdido cinco años negociando con ETA, discutiendo sobre el Estatuto catalán y tratando de acabar con la derecha, por desconocer lo que Publilius Syrus recomendaba: «no te vengues del vecino quemándole la casa, si está al lado de la tuya». Ahora, pide ayuda, ¿adivinan a quién?, al PP para apagar el incendio.

La venganza no ha sido nunca una buena política. Puede traer alguna satisfacción personal, pero en el marco de las relaciones humanas, ha sido siempre una fuente de desgracias, al volverse contra quienes la practican, en un intercambio de golpes sin fin, que termina con ambas partes deshechas, como Goya mostró con brutal realismo en uno de sus aguafuertes. Al parecer, no hemos aprendido.

Me ha sugerido estas reflexiones, aparte de la actualidad española, la película «Invictus», recién estrenada en Nueva York, otra obra maestra de Clint Eastwood. Basada en la vida de Nelson Mandela, nos presenta, con una calidad artística insuperable, no sólo a uno de los personajes más carismáticos de nuestro tiempo, sino también la dimensión moral de su ejemplo, que desborda por los cuatro costados la pantalla. Pese a haber estado 28 años en la cárcel, el primer presidente negro surafricano no accedió al poder con ánimo de revancha, sino dispuesto a ser el presidente de todos sus compatriotas. Para demostrarlo, la primera decisión que tomó fue que sus guardaespaldas serían los de su antecesor, blancos por tanto. Una decisión, como otras por el estilo, que le trajo críticas de sus propios seguidores. Pero Mandela era consciente de que todo intento de ajustar cuentas iba a dar al traste con la frágil democracia que inauguraba y, posiblemente, con el propio país. A diferencia de Zapatero, Mandela sabía que la mejor venganza es no parecernos a quien nos injurió, sino ser mejor que él.

Quien se recrea en ella mantiene abiertas las viejas heridas, y la tarea de todo gobernantes auténtico es cerrarlas. En el film, vemos cómo Mandela insiste en mantener la bandera, el himno y otros símbolos de un régimen que había significado opresión y humillación para los negros, pero necesarios para mantener unido un país amenazado por la secesión e incluso por la guerra civil. La cima de esta política integradora le lleva a adoptar como deporte nacional el rugby, practicado por los blancos y despreciado por los negros. Pero ayudado por el capitán de la selección, papel que Matt Damon borda, logra que Suráfrica sea readmitida en las competiciones internacionales de las que llevaba años excluida y que el país entero vibre al unísono cuando su selección conquista la copa del mundo.

La realidad surafricana no es tan risueña como nos muestra Eastwood en su última película, pero tampoco tan diferente, ya que el país se libró del baño de sangre que muchos le predecían, gracias a la visión de su primer presidente negro.

Cine
Lluvia de albóndigas en Cornellá
José García Domínguez Libertad Digital 17 Diciembre 2009

No saciados con la inminente prohibición de los toros, los pequeños polpotianos del tripartito se han propuesto acabar cuanto antes con el cine; un objetivo estratégico que pretenden coronar por medio de la norma pedánea que obligará a proyectar la mitad de las películas en la lengua propia de José Montilla. En fin, que la idea no es mala lo demuestran los primeros resultados empíricos del asunto.

Así, en la cuna del catalanismo más combativo, esto es, en el municipio de Cornellá del Llobregat, cero parroquianos acudieron a contemplar la versión vernácula de Lluvia de albóndigas. O, mejor dicho, Pluja de mandonguilles, no exactamente un remake de El séptimo sello, por cierto. Ni un alma. Nadie. Un hito más memorable aún si se tiene en cuenta que la entrada resultaba gratis total. Pero ni con ésas accedió el personal a tragarse las pelotitas normalizadas.

Aunque siempre podría aducirse que en Cornellá, como apenas llevan un cuarto de siglo sometidos a la inmersión, quizá no pillen el idioma. Sin embargo, en eso que TV3 llama "la Cataluña catalana" las cifras no resultaron menos esperanzadoras: sólo un nueve por ciento de los espectadores eligió las sesiones en catalán. Deserción popular ante la que el consejero de Cultura ha puesto el dedo en la llaga, señalando al único responsable del fiasco: el general Franco. Pues, como es fama, fue el Caudillo quien prohibió a Hollywood traducir todas sus producciones a los doscientos idiomas y cerca de dos mil dialectos que se hablan en Europa.

Un "déficit democrático" inadmisible que las autoridades locales se aprestan a corregir ahora por medio del preceptivo bálsamo libertario de siempre: amenazas, inspecciones, expedientes administrativos y multas. Al tiempo, y con tal de sosegar a los exhibidores llamados a la quiebra, el consejero les ha explicado un cuento chino que los malos economistas llaman "Ley de Say", la superstición de que toda oferta crea su propia demanda. Una ingeniosa fantasía según la cual hasta sería factible ganarse la vida vendiendo el diario Avui en los quioscos. "¡Que la gente pueda elegir!", ha apostillado Tresserras, que por tal responde el susodicho. Con dos mandonguilles, sí señor. Aunque, ya puestos, sólo le ha faltado recitar su sarcasmo ante la puerta de un colegio.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Nacionalistas con alzacuellos
Editorial La Razon 17 Diciembre 2009

Abrupta revuelta del clero guipuzcoano contra el nombramiento del obispo Munilla

Tras casi tres décadas con la Diócesis de San Sebastián bajo la influencia nacionalista más o menos marcada de José María Setién y Juan María Uriarte, el Vaticano decidió dar un golpe de timón a una comunidad que había padecido un lento, pero paulatino, declive de la vida eclesial en sus distintos aspectos y que, en líneas generales, no supo estar nunca a la altura de las circunstancias en los embates del terrorismo. El Papa decidió nombrar a José Ignacio Munilla como nuevo obispo de San Sebastián, cargo del que tomará posesión el próximo 9 de enero en una celebración religiosa que tendrá lugar en la catedral del Buen Pastor. Monseñor Munilla no es un desconocido en el País Vasco ni en la Iglesia española. Nacido en San Sebastián, su primera labor pastoral fue la de coadjutor en la parroquia de La Asunción, de la localidad guipuzcoana de Zumárraga, donde realizó una magnífica labor con su empuje y compromiso en una época dura y en una zona especialmente castigada por ETA. Aquel trabajo fue reconocido con su designación como obispo de Palencia en 2006, el más joven de España a sus 44 años.

Más allá de sus cualidades pastorales incuestionables, las primeras palabras de su predecesor en San Sebastián, monseñor Uriarte, presagiaban las dificultades de Munilla en la diócesis con la petición a la comunidad católica de que fuera reconocido como «su legítimo pastor» y el recuerdo a la feligresía de la importancia de la comunión del pueblo con su obispo. Lamentablemente, Uriarte se quedó muy corto en su apreciación sobre el grado de descontento por la elección de un perfil como el del nuevo prelado, absolutamente alejado de la corriente dominante en el clero guipuzcoano, marcadamente nacionalista. En un hecho con muy pocos precedentes, por no decir ninguno, una mayoría del clero de la provincia emitió ayer un comunicado en el que rechazaba la designación vaticana. Un 77 por ciento de los párrocos de Guipúzcoa, entre los que se encuentran los 11 de los 14 arciprestes de la diócesis, considera que Munilla «no es en modo alguno la persona idónea para desempeñar el cargo asignado», manifiesta su «disconformidad y desaprobación» y «lamenta y deplora» que esta decisión «no haya respetado el sentir» de la Iglesia diocesana y sus organismos pastorales. Además, afirma que Munilla cuenta con «una trayectoria pastoral profundamente marcada por la desafección y falta de comunión con las líneas diocesanas».

El comunicado comparte en buena medida el espíritu de los dirigentes del PNV que se manifestaron contra la elección del nuevo obispo. El cierre de filas de esa parte del clero que comulga con el nacionalismo antes que con la fe católica reviste de un claro componente político la abrupta revuelta contra el obispo. La propia nota demuestra por sí sola que la Diócesis necesita cambios muy profundos, pero además la trayectoria de buena parte de ese clero equidistante entre verdugos y víctimas, cuando no cómplice con los terroristas, o el desplome imparable de la vida eclesial justifican la urgencia de una suerte de catarsis que sea capaz de reflotar una diócesis, que en otros tiempos fue una de las más importantes de España hasta la llegada de monseñor Setién. Desde aquella fecha hasta hoy, la Iglesia se olvidó allí de su misión pastoral y se dedicó a servir sólo a una parte de la población, mientras se olvidaba de la otra.

La llegada del obispo Munilla debe marcar un antes y un después en una etapa negra de la Iglesia vasca. La dirigirá además un vasco euskaldún, y lo hará sobre aquellos que han instrumentalizado la fe y han manipulado el mensaje católico. Soplan aires nuevos, de cambio, para una institución necesitada de recuperar la función que nunca debió perder.



La Mesa por la Libertad Lingüística reclama acabar con la discriminación en la Selectividad
La asociación gallega solicita que los estudiantes de territorios bilingües se examinen sólo de una lengua
Belén Piedrafita www.lavozlibre.com 17 Diciembre 2009

Vigo.- La Mesa por la Libertad Lingüística de Galicia presentó en junio, ante la Alta Inspección de Educación del Estado, una iniciativa que solicitaba la reforma de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), a la vez que iniciaban una recogida de firmas dirigida a obtener el mayor número posible de apoyos a su propuesta. “Si bien nuestra intención era presentarlas en el año 2010 ante las instancias educativas regionales y nacionales, la elaboración del próximo decreto de la Xunta de Galicia nos ha hecho cambiar el plan inicial”, informan fuentes de la asociación. “Aunque en este nuevo decreto deberían plasmarse las promesas electorales de libertad que realizó el entonces candidato del Partido Popular, el señor Feijóo, todos los indicios apuntan a que nuestras expectativas de libertad de lengua se verán defraudadas”, añaden.

La Mesa por la Libertad Lingüística desea que su propuesta de reforma de las pruebas de la selectividad sea incorporada lo antes posible a la legislación regional gallega, razón por la cual desean aumentar de forma sustancial el número de firmas de la lista. “El momento parece oportuno ante la importancia de las decisiones que han de tomar los políticos al mando en este momento”, informan desde la Junta Directiva de la asociación.

“Nuestra petición es bien sencilla: solicitamos la reforma del régimen de selectividad para igualar la duración de los exámenes de la parte común de todos los estudiantes permitiendo a los de territorios con regímenes de normalización lingüística examinarse de una sola de las lenguas oficiales en su territorio, a su elección, y, a los mismo efectos, computándoles la de su elección en la nota media del bachillerato”, informan fuentes de la Junta Directiva del colectivo.

“Deseamos acabar con la discriminación que sufren los estudiantes con residencia en las regiones españolas sometidas a regímenes de normalización lingüística”, añaden desde la Mesa. Hasta el momento cerca de 500 personas han suscrito esta iniciativa.

“Ciudadanos de toda España han visto la gravedad de la discriminación que sufren los estudiantes que quieren acceder a la universidad en las regiones sujetas a normalización lingüística forzosa”, declaran. “Diga lo que diga una justicia mediatizada, algunos españoles no somos libres en España, y eso es lo que queremos transmitir al resto de españoles que no viven en carne propia e inmediata este grave problema, pero la discriminación en una o varias regiones españolas es, sin duda, un grave problema nacional”.

La Mesa por la Libertad Lingüística ha revitalizado su campaña de firmas. “Queremos invitar a todas aquellas personas que estén de acuerdo con acabar con la discriminación lingüística en la selectividad a que añadan su firma en nuestra página web: www.libertadlinguistica.com”. Para completar el proceso resulta imprescindible seguir cuatro pasos: “Cada persona deberá darnos sus datos, gracias a ello recibirá un correo electrónico que deberá abrir; una vez abierto tendrá que seguir el enlace que aparece, tras lo cual realizará la firma definitiva”, informa la Mesa por la Libertad Lingüística.

Lorenzo Castelreanas: "Después de la Ley de Lenguas vendrá la de educación"
El presidente de la Asociación Lengua Común considera que el aragonés podría desplazar al castellano
Belén Piedrafita www.lavozlibre.com 17 Diciembre 2009

Zaragoza.- Lorenzo Castelreanas Puyó, originario de Sigüés, un pequeño pueblo de Zaragoza, es el presidente de la Asociación Lengua Común, una nueva entidad constituida en el verano de 2009 como respuesta a la tramitación parlamentaria de la Ley de Lenguas de Aragón. Además, es afiliado a la Asociación por la Tolerancia, de Cataluña.

- ¿Por qué tomaron la decisión de crear la Asociación Lengua Común?
- Porque nos dimos cuenta de que no había ninguna otra plataforma similar en Aragón. En principio fuimos doce socios constituyentes los que dimos origen a la asociación, y actualmente nos encontramos en fase de expansión. Vamos a realizar nuestra presentación a la sociedad y para ello estamos elaborando los documentos necesarios, pero además vamos a establecer unos servicios jurídicos que una vez que la Ley de Lenguas de Aragón entre en vigor serán más que necesarios.

- ¿Por qué decidió afiliarse a Tolerancia?
- Porque vi que la lengua iba a ser un problema vital en Aragón. Me di cuenta de que se estaban empezando a pisotear derechos básicos reconocidos en la Constitución y creí necesario hacer algo.

"LA LEY DE LENGUAS DE ARAGÓN PROVIENE DE LAS LEYES LINGÜÍSTICAS CATALANAS"
- ¿Cuál es la postura exacta de la Asociación Lengua Común respecto a la Ley de Lenguas de Aragón?
- La Ley de Lenguas declara como lenguas propias de Aragón tanto el aragonés como el catalán, pero no el castellano, que considera “lengua oficial”, lo que en algunos círculos se asocia a procesos coloniales. Eso significa que automáticamente los derechos de los hablantes de castellano como lengua materna y común, que la Constitución reconoce, se pueden ver conculcados por las leyes lingüísticas. El castellano o español no sólo es la lengua mayoritaria oficial sino que también es una lengua propia y de uso predominante, pero esta ley no lo contempla así. Sobra decir que la Ley de Lenguas de Aragón proviene de las leyes lingüísticas catalanas. Cuando el nacionalismo catalán quiso propugnar el bilingüismo, haciendo presente el catalán, se basó en el concepto del catalán como lengua materna, un concepto reconocido por la UNESCO. Sin embargo, una vez que el catalán estaba instaurado, el paso siguiente era suprimir ese bilingüismo y marginar el castellano, para lo cual lógicamente había que obviar el concepto en el que se habían apoyado previamente, ya que en caso contrario se verían obligados a reconocer que el castellano era la lengua materna del 60 ó 70% de la población catalana. Esta concepción se ha extendido a Aragón, por lo que en nuestra Ley de Lenguas también se ha ignorado dicho concepto.

- ¿Piensan que debería promocionarse el aragonés y el catalán en Aragón? ¿Cómo lo harían?
- Por supuesto. Nosotros somos partidarios de que se proteja y se promocione el aragonés y el catalán desde el punto de vista cultural, pero somos totalmente contrarios a su cooficialización. En otros países europeos existen modelos de preservación, protección y promoción de las lenguas que no pasan necesariamente por la cooficialización, sino por la oficialización en términos meramente culturales y mediáticos.

- ¿Cómo cree que va a afectar la Ley de Lenguas a Aragón?
- Hoy se debate en las Cortes el proyecto presentado por el PSOE, al que presuponemos que se le incorporarán las enmiendas introducidas por Chunta Aragonesista. Una vez que la ley entre en vigor, empezarán a surgir problemas. Calculamos que en cuestión de dos o tres años la gente comenzará a percatarse del verdadero alcance de la ley, la cual está siendo elaborada en medio del absoluto desconocimiento de la sociedad civil aragonesa.

- El proyecto de Ley de Lenguas presentado por el PSOE declara la “voluntariedad” y la “territorialidad” del aragonés y del catalán, pero no su cooficialidad.
- Es cierto, pero gracias a una intervención nefasta del PAR y del PP esa cooficialidad que el PSOE no introducía va a ser posible. La Ley del Patrimonio Cultural, aprobada en 1999 por el Gobierno del PP y del PAR, manifiesta explícitamente en su artículo cuarto que el aragonés y el catalán son lenguas propias de Aragón. Posteriormente, en una segunda disposición derogatoria, manifiesta que una futura Ley de Lenguas deberá fijar la cooficialidad de ambas lenguas. El PSOE, que quería controlar dicha cooficialidad para no verse obligado a incorporarla de inmediato, presentó una enmienda para derogar esa disposición de la Ley del Patrimonio, pero ese intento se vio frustrado porque el PAR se abstuvo y, vergonzosamente, el PP votó en contra. Resulta irónico que mientras que el PAR y el PP están montando unas auténticas bufonadas junto a la Plataforma No Hablamos Catalán con objeto de intentar provocar el desgaste político del PSOE, resulta que existe una legislación elaborada por ellos donde se habla del aragonés y del catalán como lenguas propias de Aragón y se declara que en el caso de que se elabore una Ley de Lenguas, esta debe contemplar su cooficialidad. Y son incapaces de apoyar al PSOE para derogar estos extremos.

"LA CHA Y EL PAR QUIEREN QUE EL ARAGONÉS SEA LA LENGUA QUE CONSTITUYA LA IDENTIDAD NACIONAL"
- El proyecto presentado por el PSOE permite que el aragonés y el catalán se promocionen pero incide específicamente en que sólo será posible en sus territorios de desarrollo o de expansión. ¿Qué cree que implicaría la oficialidad?
- Esta ley es muy etérea, una simple exposición de intenciones, pero su aplicación dependerá de lo que decida el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, un organismo que se constituirá una vez aprobada la Ley de Lenguas y que determinará la política lingüística de Aragón. Lo que ocurre es que el partido que realmente ha estado detrás de las iniciativas y ha tomado el protagonismo es Chunta Aragonesista, aliado preferente y casi filial de ERC. Además, tanto la Chunta como el PAR coinciden en que el aragonés tiene que ser la lengua que constituya la identidad nacional y con el tiempo las bases de un nacionalismo aragonés. Para ellos, es el aragonés el idioma que debe ser realmente cooficializado, el destinado a desplazar al castellano, y el catalán se quedará en una zona circunscrita.

- El número de hablantes de aragonés no llega a los 10.000 ¿Cree que una lengua tan pequeña puede llegar a desplazar en algún momento al castellano?
- Sí, y por una sencilla razón: porque no lo han planteado como un derecho individual sino territorial. Las leyes hablan de “territorios de uso predominante de las lenguas”, de “zonas de utilización histórica”, pero no se atreven a decir cuáles son, sino que lo posponen a lo que decida el Consejo de Lenguas. Pero además de esto hay un apartado realmente tenebroso que determina la existencia de zonas de “transición-recepción”, esto es, de aquellas ciudades que no pertenecen a estas zonas de utilización de lenguas propias, pero que teóricamente son receptoras de ciudadanos aragoneses con una lengua distinta al castellano, lo que inevitablemente nos remite a Zaragoza. En cuanto entre en vigor esta ley todos estos grupos ligados al PAR y a la Chunta empezarán a dirigirse a la administración en aragonés, y esta deberá responderles en su lengua. Está claro que va a ser un proceso lento pero la cooficialidad puede acelerarlo.

- ¿Cuál es la principal pega que plantean a la cooficialidad?
- Una vez que la Administración declara una lengua como cooficial, esta se introduce en la enseñanza. Inmediatamente después de la Ley de Lenguas, viene la de educación, que es la que concretará todos esos aspectos.

- ¿Cómo cree que debería incorporarse el catalán y el aragonés a la enseñanza en Aragón?
- Somos partidarios de la promoción y del fomento del aragonés (el catalán no hace falta, ya que en la zona oriental ya existen multitud de asociaciones culturales pancatalanistas espléndidamente financiadas por la Generalitat e incluso apoyadas por el Ministerio de Educación y por la Diputación Provincial de Huesca). Sin embargo, pensamos que todas las leyes de normalización que se han hecho en España se han concebido desde unos principios totalmente equivocados. Se les ha dado la iniciativa a los nacionalismos, que a partir de la lengua desean crear una serie de entidades nacionales. Debería haberse enfocado de una forma similar a como se ha hecho en Europa, donde se han fomentado y promocionado las lenguas regionales pero con ciertos límites. La propia Carta de las Lenguas Europeas reconoce que España es el lugar que más protege y fomenta sus lenguas, y sin embargo está recibiendo continuos ataques por tener grupos ligados a los nacionalismos.

- El principal motivo de discusión que ha impedido que la Ley de Lenguas salga adelante antes ha sido la discusión entre si lo que se habla en Aragón Oriental es o no catalán. ¿Qué opina?
- El PAR, el PP y la No Hablamos Catalán no ponen en cuestión la política de cooficialidad, sino que sólo discuten acerca de si lo que se va a oficializar es el catalán o “modalidades lingüísticas aragonesas”. Pero este no es un asunto baladí, ya que hay muchos puestos de trabajo en juego. El tema de catalán o de no catalán ya está resuelto. Hace un tiempo, el Tribunal Supremo dictaminó que a efectos filológicos, el valenciano y el resto de modalidades de Baleares y de Aragón pertenecen al tronco del catalán. Esa es la realidad. El problema es la cooficialización.

- ¿Cuál cree que es el origen de esta polémica?
- Para entender esto hay que comprender cuál es la situación política de Aragón. El PSOE de Aragón está controlado por un grupo muy reducido que pertenece a la zona oriental: el presidente Marcelino Iglesias; el matrimonio formado por Eva Almunia y Carlos Escó (el poder fáctico en la sombra); el presidente y el vicepresidente de la diputación de Huesca; la jefa del gabinete de prensa (María Cuartero, la esposa de Marcelino Iglesias); y el alcalde de Camporrels, Pascual Antillach, director del gabinete de prensa. Este es el grupo que controla y domina en el PSOE de Aragón. Además, algunos de ellos están ligados a Òmnium Cultural, aunque intentan que no se sepa. El propio Marcelino Iglesias fundó la sede de Òmnium en la Ribagorza oscense. Sin embargo, Marcelino sólo es una comparsa. En estos momentos está de retirada y el PSOE de Aragón está preparando el terreno para Eva Almunia. Ella fue consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón y en estos momentos está como secretaria de Estado en el Ministerio de Educación y en la Oficina de Desarrollo Autonómico. Además, es mano derecha de Zapatero. Lo que este grupo pretende es crear una situación en la cual el nacionalismo catalán no se vea molestado ni enfadado por las leyes lingüísticas de Aragón. Lógicamente esto son terrenos minados, por lo que había que hacerlo con pies de plomo; esa es la razón por la que el PSOE dejó que fuera Chunta quien tomara la iniciativa.

- ¿Qué medidas tomarán una vez que se apruebe la Ley de Lenguas?
- La estudiaremos y formaremos un equipo jurídico para que todas aquellas personas que vean marginados sus derechos puedan pedir consejo. Asimismo, se la enviaremos a juristas con experiencia en este campo para que nos digan si esas leyes dejan unos recovecos y unas fisuras por las cuales se puede introducir perfectamente la ley de política lingüística catalana. Además, elaboraremos propuestas políticas que trasladaremos a partidos que consideramos receptivos a nuestras posiciones.

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