AGLI

Recortes de Prensa    Domingo 27  Diciembre  2009

 

Un documento que compromete seriamente al Gobierno
EDITORIAL El Mundo  27 Diciembre 2009

REVELAMOS HOY la existencia de un documento que indica que el Gobierno, en plena negociación con ETA, esgrimió ante ella el chivatazo que evitó una operación contra su red de extorsión a empresarios, como prueba de que cumplía sus compromisos. Se trata de un acta redactada por ETA en 2006, y que incluye un entrecomillado atribuido a un negociador del Gobierno: «Os diré que por dar el aviso está encausado un alto policía de San Sebastián y casi el jefe de seguridad del PSOE». Si lo que dice ese acta es cierto, y no se nos ocurre por qué ETA iba a mentir al respecto, estaríamos ante un asunto de gravedad extrema, que explicaría además por qué desde todas las instancias se ha tratado de echar tierra sobre el asunto. De entrada, lo relatado en el documento, que está en poder de la Justicia francesa y que conoce la Inteligencia española, cuadra con una grabación que la Policía realizó sin su consentimiento a Elosua, propietario del bar Faisán y recaudador de la banda, en la que éste asegura que, quien le avisó de la operación, justificó que lo hacía «para no fastidiar el proceso».

El contenido del acta de ETA a la que ha tenido acceso EL MUNDO refuerza así la tesis de que fue el Gobierno quien gestionó el chivatazo. Pero tan definitoria como la literalidad del documento y lo que da verosimilitud a éste es el contexto en el que se producen los hechos. En 2006, los terroristas reprochaban al Gobierno que mantuviera su acoso a la banda mientras estaba negociando.

A partir del chivatazo se suceden toda una serie de acontecimientos que refuerzan la credibilidad del acta de ETA. Es revelador, por ejemplo, que una de las decisiones de Grande Marlaska -antes de que Garzón se hiciera cargo del caso- fuera apartar de la investigación al comisario general de Información, Telesforo Rubio, que se mostró poco colaborador. Está así mismo el hecho de que fueran imputados el ex director general de la Policía, García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de Álava. Se da la circunstancia también de que el jefe de seguridad del PSOE, Fernando Mariscal, a quien se ha señalado como presunto coordinador del soplo, fue apartado discretamente de su puesto. No parece casual que cuando la Fiscalía desarrolló una hipótesis alternativa a la del juez, lo hiciera buscando a los responsables del chivatazo entre los agentes. Tampoco, que Interior pusiera al frente de la investigación a agentes que habían participado en la propia operación Faisán. Además, Jon Iurrebaso, terrorista detenido en Francia en 2007, que aseguró ser negociador entre el Gobierno y ETA, llevaba un número de teléfono que correspondía a una tarjeta prepago utilizada por García Hidalgo.

Otro factor a tener muy en cuenta es que uno de los negociadores ante ETA era Gómez Benítez, abogado e íntimo amigo de Garzón, hombre vinculado al PSOE y hoy miembro del CGPJ. Eso abona la idea de que el chivatazo a ETA, su utilización en la negociación y el bloqueo de la investigación judicial, pudieran ser fases de un mismo plan. Cabe aquí recordar un episodio que consta en el sumario. Un comisario, para tranquilizar al jefe superior del País Vasco sobre su implicación en el caso, le dijo: «No te preocupes, Baltasar es amigo». ¿Explica eso que Garzón no avance en su investigación? Más aún: dado que el juez está hoy contra las cuerdas -el Supremo puede admitir una querella por prevaricación y cohecho contra él derivada del asunto de sus cursos en Nueva York, y tiene pendientes también los casos de las fosas de la Guerra Civil y las escuchas a los abogados de Gürtel-, ¿es ahora el lance del chivatazo el as en la manga que quiere utilizar para presionar a las instituciones a su favor?

Se podrá objetar que no cabe descartar la hipótesis de que el Gobierno fue ajeno al soplo y que sólo lo usó en su favor para convencer a la banda de su compromiso con el proceso. Pero se trata de una tesis que tendría más credibilidad si no supiéramos todos los demás pormenores. Si queda acreditado que el chivatazo se diseñó al más alto nivel del Gobierno estaríamos ante el asunto más grave desde que Zapatero llegó a La Moncloa. Tan escandaloso como el hecho inaudito de haber abortado una operación antiterrorista sería que el Gobierno hubiera estado mintiendo todos estos meses para tratar de ocultar su responsabilidad.

Chivatos ejemplares
ARTURO PÉREZ-REVERTE - XLSEMANAL  27 Diciembre 2009

Tendemos, porque nos tranquiliza la conciencia, a echarle la culpa de todo a la clase política, a los empresarios, a los sindicatos, al clima, a la mala suerte y al lucero del alba. Cogido aparte, cada uno de nosotros resulta inocente como un cervatillo. Nadie es nunca responsable de nada. Asombra la facilidad con que el ser humano se justifica, absolviéndose a sí mismo de todo: las matanzas de armenios, los campos de exterminio nazis, la Lubianka y los gulags soviéticos, Paracuellos, los años del franquismo, el terrorismo de ETA, las fosas comunes de Camboya, los burdeles de prisioneras en Bosnia. Lo que se tercie. Luego resulta que nadie sabía nada, que los ciudadanos honrados miraban hacia otro sitio. Y todo acaban comiéndoselo los de siempre: el dictador, el psicópata, el miliciano incontrolado, el falangista rencoroso, el malvado Carabel que actuaba por su cuenta. Cuatro gatos, en suma. Los demás estaban todos al margen. Estábamos. Y cuando pasa la racha, todo cristo saca del bolsillo y exhibe en público el certificado de buena conducta correspondiente, y luego sale a la puerta de la oficina y de la tienda, muy serio, a guardar el correspondiente minuto de silencio. Parece mentira, decimos, mirándonos unos a otros con la limpia mirada de la solidaridad fraterna a toro pasado, que siempre sale barata. Qué malos eran.

Pensaba hoy en eso, recordando una historieta de hace cosa de un mes, que apareció fugazmente en la prensa y de la que nadie ha vuelto a ocuparse después: la del muchacho que asistía a una escuela de idiomas de Palma de Mallorca, y que tomando café con sus compañeros, fuera de clase, mostró su desacuerdo con la obligatoriedad de hablar catalán para trabajar en la sanidad balear. Al terminar el intercambio de opiniones, y tras dedicar al chico el inevitable epíteto multiuso de fascista, varios de sus compañeros fueron a denunciarlo a la profesora. Que era francesa, pero estaba aclimatada de maravilla; muy hecha, ya, al sitio donde se gana el jornal. Y ésta, claro, lo expulsó del centro. Con el respaldo de la dirección, por supuesto. «Se ha creado un mal ambiente en el grupo», fue el punto final. Y hasta luego, Lucas.

Ahora díganme que no es lo mismo. Que esos prometedores jóvenes que fueron a chivarse a la profesora eran, o son, diferentes a los que, con carnet de Falange Española Tradicionalista y de las JONS –obligatorio para todos, refresquen esa memoria histórica–, denunciaban hace setenta años al rojo de mierda que, contumaz, se mostraba en desacuerdo con la obligatoriedad de hablar español en vez de farfullar dialectos separatistas financiados por Moscú. Díganme también, de paso, si la mayor responsabilidad de que a ese chico lo expulsaran la tienen la profesora y la dirección del centro –esbirros, a fin de cuentas, de un sistema que les da de comer–, o la tienen los jóvenes compañeros que, a los veinte años, ya son capaces de actuar como ciudadanos ejemplares, dispuestos a limpiar la patria y el idioma de indeseables. Dirían algunos de ustedes, quizás, que no podemos elevar esto a otras categorías, comparando la actitud de esos muchachos con la de los ciudadanos alemanes que, en sus buenos tiempos del cuplé, denunciaban al vecino comunista o judío; o con la de los millones de delatores vocacionales o circunstanciales que, durante siglos, en España y fuera de ella, abastecieron las hogueras inquisitoriales, los paredones y cunetas de carretera, las cárceles y los innumerables caminos del exilio. Pero en mi opinión se trata del mismo reflejo infame: fundirse con el entorno que permite sobrevivir marcando el paso que toca. Eso, aplicando el beneficio de la duda. Porque hay otra lectura menos piadosa: ciertos gobiernos, determinadas convenciones sociales, tal o cual político o empresario, la profesora de la escuela de idiomas y los alumnos mismos, allí como en otros lugares, no son sino manifestaciones concretas, cristalizaciones perversas de lo que deseamos tener y lo que, en consecuencia, tenemos. Con nuestro voto y aplauso, y también con el silencio de los borregos, que no siempre es imbécil o cobarde, sino también cómplice. Ellos encarnan nuestros deseos. Nuestra turbia alma. Dicen lo que queremos escuchar y permiten hacer lo que anhelamos. Nos comen la oreja, y por eso están ahí. Por eso triunfan. Por eso duran tanto. Son nuestro infame retrato. Después, cuando la Historia pasa factura, tomamos distancia y negamos ser los que están en la foto, saludando alborozados puño alzado o brazo en alto, según la época, cantando a coro lo que toque. Llorando emocionados cuando pasa Fernando VII, llenándole a Franco la plaza de Oriente, pagándole el chiquito y la tapa a Iñaki de Juana Chaos, aplaudiendo al sinvergüenza del Cachuli en un plató de televisión, o lo que sea. Hay que ver, decimos, qué malos eran los malos, y qué tontos eran los tontos. Palabra oportuna, ésa: eran. Bálsamo de Fierabrás. Cómo nos gusta conjugar la cochina tercera persona del plural.

Dos artículos
Luis del Pino Libertad Digital 27 Diciembre 2009

El pasado día 21 de diciembre, Gabriel Moris publicaba un artículo en Libertad Digital haciendo un repaso de diversas noticias que hemos conocido en las últimas semanas, directa o indirectamente relacionadas con los atentados del 11 de marzo.

Recordaba Gabriel en su artículo, titulado "La deuda pendiente", algo que a veces se nos olvida: que "dado el silencio institucional sobre el tema, a nosotros, las víctimas, los que pensamos que la investigación del 11-M está por realizar, nos parece que todo ello [la publicación de noticias sobre el 11-M] puede representar, al menos, que el 11-M no se ha logrado olvidar por completo".

Efectivamente, seguimos sin saber quién cometió el 11-M, lo que quiere decir que quienes llevaron a cabo la masacre han conseguido uno de sus principales objetivos: quedar impunes, aunque sea de momento. Pero al menos han fracasado en otra de sus pretensiones: conseguir que el 11-M se olvidara, lo que les hubiera garantizado la impunidad perpetua. Tiene razón Gabriel en su observación: la publicación de noticias sobre los atentados del 11 de marzo tiene, en si misma, e independientemente del contenido concreto de esas noticias, dos efectos principales: representa una esperanza para las víctimas de la masacre y para los ciudadanos que no están dispuestos a olvidar, y constituye un nuevo mazazo para los que pretendieron desterrar el 11-M al baúl de los recuerdos.

Publica hoy, por su parte, José Antonio Baonza, miembro del Instituto Juan de Mariana, un acertado análisis jurídico sobre el último auto de la Audiencia Nacional en el que se desestimaba la solicitud de diligencias presentada por la familia Moris, para intentar averiguar los explosivos que se usaron en los trenes del 11-M. El artículo, titulado "Cosa juzgada y cubrir el expediente", resalta la ausencia de rigor jurídico con la que la Audiencia ha vuelto a rechazar seguir investigando un aspecto (el de los explosivos) que está lejos de quedar aclarado en las sentencias del 11.M, aún cuando nos creyéramos a pies juntillas la versión oficial.

La verdad es que a veces tiene uno la sensación, viendo la desfachatez con que actúan determinados poderes públicos en este tema, de estarse dando de cabezazos contra un muro imposible de romper.

Sin embargo, tal como recuerda Gabriel, es posible que cada uno de esos pequeños cabezazos represente una esperanza en sí mismo.

11-M
Cosa juzgada y cubrir el expediente
José Antonio Baonza Díaz Libertad Digital 27 Diciembre 2009

La cosa juzgada es una institución jurídica destinada a proteger las resoluciones adoptadas por los órganos jurisdiccionales en los conflictos donde intervienen aplicando el derecho. De otra manera, la labor de los tribunales sería meramente consultiva; se limitaría a emitir dictámenes u opiniones. Cuando una resolución judicial adquiere firmeza no puede modificarse y vincula al juez o tribunal que la dictó (cosa juzgada formal). Especialmente las sentencias firmes surten efectos de cosa juzgada material desde una doble perspectiva. Por un lado, su existencia supone la eliminación teórica de la posibilidad de volver a tratar y decidir el mismo asunto (efecto negativo de la cosa juzgada) y, por otro, en el caso de que se siga un segundo proceso por un hecho idéntico, la sentencia que recaiga en éste deberá ser acorde a la primera (efecto positivo).

Ahora bien, una de las singularidades del proceso penal respecto a los demás estriba en que no ampara la eficacia de la cosa juzgada material de carácter positivo o prejudicial. Antes al contrario, en los sistemas jurídicos de los países occidentales, y de aquellos adheridos al Pacto de Nueva York sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por España en 1977, rige el principio "non bis in idem", según el cual nadie puede ser juzgado, ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la Ley y el procedimiento penal de cada país. Dicho de otra manera, tal como declara la jurisprudencia del Tribunal Supremo, una vez resuelta una causa criminal por sentencia firme o resolución asimilada, no cabe seguir después otro procedimiento del mismo orden penal sobre el mismo hecho y respecto a la misma persona.

Vienen estas consideraciones al caso si se repasan los motivos de distintas resoluciones de la Audiencia Nacional (dictadas tanto por instructores como por salas de apelación) para desestimar la práctica de diligencias propuestas por las acusaciones particulares de Gabriel Moris y la Asociación de Ayuda a las víctimas del 11-M. En todas ellas se esgrime como obstáculo para acceder a las mismas los efectos de cosa juzgada formal y material que se derivarían de la sentencia firme del sumario principal del 11-M, tal como quedó después de que el Tribunal Supremo estimara algunos de los recursos de casación que se interpusieron en su día. Cuestión distinta es la petición de "reapertura del sumario", que únicamente podría conseguirse si prosperase un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo que no se ha promovido (Art. 954 y ss. LECr) pero que no cabe descartar en función del desenlace del procedimiento penal contra Sánchez Manzano y la química de los Tedax y el descubrimiento de nuevos elementos de prueba.

Subyace en esos argumentos una notable confusión sobre la cosa juzgada en el orden penal, lo cual permite llegar a decisiones profundamente injustas. En efecto, los órganos de la Audiencia Nacional presentan unos contornos de los hechos probados sobre los explosivos de esa primera sentencia que quedan desmentidos por su mera lectura. Con independencia de que su consistencia quedara todavía más en entredicho después de conocerse el Informe Iglesias, los magistrados soslayan que la sentencia no agotó la cuestión de la procedencia, naturaleza y suministro de los explosivos empleados en los atentados de los trenes. Esa limitación determina, por lo tanto, una eficacia relativa de la cosa juzgada material (en su vertiente negativa) sobre ese particular y la improcedencia de prejuzgar las diligencias para profundizar sobre ese aspecto como redundantes.

Una segunda línea de argumentación sostiene que el juez de instrucción contradiría anteriores resoluciones del sumario dictadas por él mismo y confirmadas por la sala de apelación, es decir vulneraría la cosa juzgada formal. Sin embargo, dada la fase de instrucción en que se encuentra el sumario, esas decisiones tienen un carácter provisional y, en la medida que las diligencias deben dirigirse a la averiguación de la verdad material sobre los hechos, pueden reconsiderarse ante la aparición de nuevos datos. Por lo demás, el rechazo sistemático de las diligencias de prueba sobre los explosivos no va acompañado de un avance de las investigaciones oficiales, a pesar de haber transcurrido cinco años desde que el dimisionario juez del Olmo abriera dos causas relacionadas que luego se acumularon.

No obstante, el pasado mes de agosto, poco antes de rechazar las diligencias de prueba, el instructor actual levantó el secreto de las actuaciones al tiempo que desgajaba una parte para "investigar exclusivamente las personas relacionadas con la ayuda a huir de autores directos de los atentados del 11-M y explosión de las bombas de Leganés".

Nada ha vuelto a saberse de ese ímpetu estival por explorar vías de investigación que puede anticiparse que no llevan a ninguna parte, según reconoce el mismo instructor cuando sitúa a varios supuestos huidos a recaudo del régimen marroquí (lo cual veda su extradición a España para juzgarlos) o en paradero desconocido.

De forma alucinante, parece que los magistrados de la Audiencia Nacional que hasta ahora han afrontado unos delitos que podrían calificarse de lesa humanidad tan sólo habrían tratado de cubrir el expediente.
José Antonio Baonza Díaz es abogado y miembro del Instituto Juan de Mariana

Fin de año para el Gobierno
«La destemplanza es una reacción del Ejecutivo a la crisis en la que se halla instalado. La otra es reunirse con su partido para aplaudirse sin razón aparente que justifique tanta autocomplacencia»
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 27 Diciembre 2009

El Gobierno termina el año crispado y faltón. Fracasa la conferencia de presidentes autonómicos, con un formato imposible y un protocolo ridículo, y Rodríguez Zapatero acusa a los representantes del Partido Popular de «deslealtad con España». La vicepresidenta Fernández de la Vega, no se apea de calificativos como «cínico» , «hipócrita» y otros de semejante elegancia argumental, dirigidos a la oposición los miércoles en el Congreso, mientras los viernes, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, convierte el Palacio de la Moncloa en una sucursal de la calle Ferraz para arremeter contra Mariano Rajoy sin importarle el carácter institucional de esa tribuna. El ministro de Exteriores, por su parte, reserva los buenos modales para sus citas con autócratas caribeños y, sin enterarse de que este Gobierno va para seis años que está en el poder, tiene que recurrir a la descalificación de sus predecesores para defender una lamentable política exterior de autentica 'finlandización' de España que consiste en predicar que como tenemos tantos intereses que dependen de Francia y de Marruecos, realmente no disponemos apenas de margen para nada que no sea administrar como mejor se pueda nuestra posición en esta tenaza. José Blanco -aupado por una derecha torpe que insiste en convertirle en un inesperado estadista- y Leire Pajín se combinan para atribuir al PP un perverso regocijo en cada mal dato económico o en cada problema político que le surge al Gobierno.

La destemplanza que muestra el Gobierno es una reacción a la crisis en la que se encuentra instalado. La otra consiste en reunirse de vez en cuando con su partido para aplaudirse sin razón aparente que justifique tanta autocomplacencia, difícil de encajar, dicho sea de paso, con el estado del país.
El Gobierno, y particularmente su presidente, sufren un desplome de su credibilidad. La brecha entre la retórica dulzona de Rodríguez Zapatero y su pedestre pragmatismo es demasiado grande. El abismo entre sus pretensiones planetarias y la incompetencia gestora de un Gobierno de náufragos resulta ya imposible de ocultar.

Como los coches atrapados en la arena que cuanto más intentan salir, más se hunden, Rodríguez Zapatero parece haber confiado su recuperación política a dos operaciones de resultado más que dudoso. Por un lado, la Ley de Economía Sostenible que lejos de reflejar la capacidad de iniciativa del Gobierno, certifica su agotamiento tanto más preocupante cuanto que la legislatura no ha llegado siquiera a su segundo año. La falta de densidad política y económica del proyecto hace de él una pieza tan irrelevante para el pretendido cambio de modelo productivo que poco hay en ese texto que no pudiera haber sido introducido con unos cuantos -pocos- decretos y algunos artículos de los que se incorporaban a las leyes de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Porque tampoco aparece por ningún sitio lo que sí hubiera tenido sentido en las actuales circunstancias: un documento con vocación legislativa que definiera el terreno de una negociación seria y comprometida con el principal partido de la oposición sobre un proceso de reformas como el que reclama la economía española, necesitada, p ara empezar, de dosis masivas de confianza dentro y fuera de nuestro país.

De la misma manera, las expectativas depositadas en el desempeño de la presidencia semestral de la Unión Europea parece menguantes. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa singulariza, es cierto, el periodo de presidencia española pero también le resta capacidad de dirección y visibilidad, velada por la presidencia permanente del Consejo de la Unión que también se estrena con el belga Van Rompuy. El deterioro acelerado de la imagen de España, recluida en la enfermería de Europa, debilita objetivamente la posición de Rodríguez Zapatero como presidente de turno. Da la impresión de que incluso antes de empezar el semestre europeo, lo único que realmente interesa al presidente del Gobierno es que no se le dispute la condición de anfitrión de Barack Obama en la reunión Estados Unidos-Unión Europea que se celebrará en España en primavera.

Pero España asume la presidencia semestral de la UE cuando Europa se despierta a la realidad de su progresiva centrifugación de la escena mundial en beneficio de potencias económicas y demográficas arrolladoras como China e India. Y comprueba con decepción creciente cómo Barack Obama, el presidente de los europeos para Estados Unidos, otorga carta de naturaleza a este proceso dando por concluido el largo capítulo de la asociación transatlántica que dominó la segunda mitad del siglo pasado. No sólo eso. Obama, en Oslo primero y en Copenhague después, ha mostrado un rostro que incomoda a sus adeptos y deja en evidencia la falta del mínimo sentido crítico de los que han hecho del presidente de los Estados Unidos un objeto de culto a la personalidad pueril. De ahí que aunque el entorno de Rodríguez Zapatero se empeñe en construir una imagen de cercanía y amistad personal entre ambos mandatarios que no parece acreditada, tampoco en este capítulo se deben airear grandes expectativas.

En este contexto, resultan aún más extravagantes los aplausos que la bancada socialista se dedicaba para celebrar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2010, una 'autoovación' que sólo se explica por el gusto que el Gobierno está desarrollando hacia las victorias pírricas.

La lealtad es cosa de dos
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 27 Diciembre 2009

LA última cantinela del Gobierno es la «deslealtad del PP con las instituciones». «El PP no arrima el hombro», «el PP no hace más que criticar», repiten como muñecos de ventrílocuo desde el presidente a Leire Pajín. Lo que indica dos cosas: que su cinismo ha llegado a la desfachatez y que saben tan poco de democracia como de economía.

¿Cómo se atreve a tachar de desleal al PP alguien que se ha pasado cinco años tratando de echarle de la escena política, de establecer un «cordón sanitario» en su entorno, de firmar pactos con los demás partidos para no llegar a ningún acuerdo con él? Y ahora, cuando las cosas vienen mal dadas, pide su ayuda y le llama desleal por no prestársela. Según tal teoría, la lealtad consiste en machacar al otro cuando las cosas me van bien y reclamar su apoyo cuando me van mal. Algo que no funciona en la política ni en la vida. Pero es que, además, lealtad, en democracia, significa que cada uno cumpla con su papel. El del Gobierno, es gobernar. El de la oposición, criticar lo que el Gobierno hace mal. Que es lo que el PP ha venido haciendo. ¿Acaso tenía que haber aplaudido cuando el presidente prometió a los catalanes darles el Estatuto que quisieran? ¿O cuando se lanzó a unas negociaciones con una ETA maximalista? ¿O cuando dijo que no había crisis económica? ¿Tenía que respaldarlo entonces, como tiene que hacerlo ahora, cuando sus medidas no surten efecto? No, su deber es advertir de sus errores.

Pero este Gobierno, cuya malicia sólo es superada por su ignorancia, pretende, sin ni siquiera disculparse, que el PP se corresponsabilice de sus fracasos y le llama desleal por no hacerlo. Cuando nadie ha sido más desleal que él. «Ha engañado a todo el mundo», dice Pujol de Zapatero. Por eso no le cree ya nadie. ¿O acaso hay que considerar leal al PNV por apoyar unos presupuestos que antes había criticado? Eso no es lealtad. Eso es vender sus votos a cambio de pingües beneficios, que pagaremos a escote el resto de los españoles. Eso sí que es deslealtad con España.

En su alocución navideña, el Rey pidió la unidad de las fuerzas políticas para resolver los enormes problemas con que se enfrenta el país. Era su deber. Pero la lealtad es un camino de doble dirección y, hasta ahora, Zapatero sólo ha circulado en la suya. Si quiere demostrar que es de verdad leal a las instituciones, lo primero que tiene que hacer es dejarse de alianzas con quienes intentan romper España y formar gobierno con el principal partido de la oposición, como hicieron los alemanes ante la emergencia nacional que suponía absorber los 17 millones de compatriotas del Este. Hoy, en España, se trata de absorber los 4, camino de 5, millones de parados. Mientras no haga eso, pensaremos que estamos ante otra de sus triquiñuelas. O deslealtades.

Una niña baja sus notas por no escribir los exámenes en valenciano
De sobresaliente a suficiente por usar el castellano
27 Diciembre 09 - C. S. Macías La Razon 27 Diciembre 2009

MADRID- La escuela se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para algunos padres. Asignaturas como Educación para la ciudadanía, enfretamientos a causa de los símbolos religiosos y algunas medidas que impone la «inmersión» lingüística están sembrando el descontento y la confrontación.

Natalia es una niña sobresaliente. Desde que comenzó sus estudios no ha bajado su rendimiento escolar. Su padre, Juan Vicente Santacreu la define como una niña «muy motivada». «Tiene un nivel de inglés semejante al de segundo de bachillerato; amplios conocimientos de informática y sabe mecanografía», cuenta su padre. Pero Natalia, que cursa 5º de primaria en el Colegio Público Sánchez Guarner, ha obtenido la calificación de suficiente en la asignatura de Conocimiento del Medio y no por sus bajos conocimientos, sino por responder en castellano.

Hace pocos meses, la niña valenciana recibía el primer suspenso de su vida en dicha asignatura por haber «hecho el examen en castellano», como rezaba la nota que su profesora, Inés Marzo, le escribió al lado de la calificación. En esa ocasión sólo le puntuaron las preguntas en la que había que responder como V (verdadero) o F (falso). «Si escribes bien las respuestas es porque has entendido bien la pregunta en valenciano» escribió la profesora en otra de sus correcciones. Y así, hasta en tres exámenes consecutivos.

El director del Colegio explica que dicha asignatura «es la única» que se imparte y se evalúa por escrito en valenciano en su curso por lo que debe responder en dicha lengua, máxime cuando no tiene ningún problema para ello, pues «saca notas altas en Lengua Valenciana». De hecho, desde el colegio aseguran que toda la polémica responde al «carácter» del padre, y que la pequeña «no contesta en esa lengua porque el padre no quiere».

Juan Vicente Santacreu, padre de Natalia, es valenciano «de pura cepa», y domina el valenciano, su lengua materna, pero reclama el «derecho a decidir cómo educar a su hija y en qué lengua, además del derecho de Natalia de expresarse en castellano». Según denuncia Santacreu, esto está afectando a la niña que incluso está siendo sometida a «mobbing» por parte de algunos profesores y el director del centro que llegaron a amenazarla con la expulsión.

Desde la Consejería de Educación valenciana se ha abierto una investigación para que sea el inspector del centro quien compruebe los hechos y notifique si se ha cometido algún tipo de infracción. Además, aseguran que los padres, a principio de curso, tienen la posibilidad de solicitar la opción de estudiar dicha asignatura en castellano o poder responder en dicha lengua, algo que los padres desconocen. La consejería considera que éste es un caso aislado y destacan que más de 20.000 niños están exentos de estudiar en valenciano.

QUIERE MÁS APOYO AL GALLEGO
El fiscal jefe del TSJ de Galicia también cree que son una "nación"
Mientras en el TC siguen dilucidando si Cataluña será o no nación en el preámbulo del Estatuto, hay quien pide lo mismo para otras regiones de España. Es el caso del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que sostiene que su región también lo es.
LIBERTAD DIGITAL 27 Diciembre 2009

En una entrevista en el Faro de Vigo, Carlos Varela se ha referido a una posible reforma del Estatuto de Galicia. Aunque prefiere no posicionarse, sí deja claro que quiere un cambio que "mejore los avances conseguidos y vayamos hacia delante, nunca para retroceder o mermar nuestras competencias".

Preguntado sobre si Galicia es una nación, el fiscal cita a Castelao y su explicación de por qué, en su opinión, sí lo es: "tenía lengua propia, economía propia y hábitos psicológicos reflejados en una comunidad de cultura". "Yo coincido totalmente con la definición que da Castelao", apunta.

Respecto del gallego y su introducción forzosa en ámbitos públicos como la Justicia, Varela se posiciona a favor de más apoyos para dicha lengua. Dice que queda mucho "por avanzar" y que en ese ámbito, el judicial, su uso "está en pañales". Si no se le apoya, advierte, su empleo "retrocederá".

Una legislatura para sentenciar
Vicente A. C. M. Periodista Digital 27 Diciembre 2009

No puedo sino estar de acuerdo con las declaraciones de la Sra. de Cospedal sobre la deliberada lentitud del Tribunal Constitucional en resolver sobre los recursos de inconstitucionalidad al Estatuto de Cataluña. Tenemos que admitir que van a pasar casi cuatros años, es decir el equivalente a una legislatura completa, tan solo por la politización de una Institución Judicial que debería ser independiente. Pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que las Instituciones Judiciales de España dependen y mucho de los partidos políticos, sobre todo del PSOE y del PP.

En lo que no puedo estar de acuerdo es que la culpa sea exclusivamente de los magistrados del TC. Porque por una parte tanto el PSOE como el PP han estado durante estos años en una batalla continua por el control de todas las Instituciones Judiciales, incluido el TC. Así que si el tiempo ha pasado, sin que este Organismo dicte sentencia, ha sido por razones extrajudiciales y de índole partidista. Tampoco es que el PP o el resto de recurrentes al Estatuto hayan mostrado demasiado interés, e incluso en algún momento han llegado casi a transmitir el sentimiento de haberse arrepentido de presentar el recurso.

Es indudable que los partidos políticos se mueven por estrategias de poder en las que se intenta alcanzarlo por los medios necesarios, renunciando a ideologías y discursos coherentes si la situación lo requiere, por ejemplo en el caso de elecciones autonómicas o municipales. De la defensa a ultranza de los valores constitucionales y los derechos de los ciudadanos, se puede pasar sin rubor a mirar a otro lado y consentir que esos derechos se pisoteen en aras a pactos de Gobierno. No es la primera vez que vemos aplicar un doble rasero por el PP en el tema lingüístico y permitir que el español sea denigrado en comunidades autónomas donde gobierna o ha gobernado como Baleares, Valencia o Galicia.

Es por eso que si la Sra. de Cospedal viene ahora con este discurso, no deja de ser otro vaivén político y un adelanto ante lo que ya presume o sabe con certeza de lo que va a ser un dictamen descafeinado que va a dejar a Cataluña en una posición de País asociado de facto, reconociéndola como Nación, si no en la definición, sí en su desarrollo del articulado, incluyendo los signos nacionales, la relación de bilateralidad en igualdad con España, la imposición del catalán como lengua nacional única, etc.

Y es que aquí la equivalencia retraso es igual a reconocimiento de inconstitucionalidad no se puede aplicar, porque se basa en un hecho falso y es que durante estos casi cuatro años el TC ha estado dedicado a este asunto que solo es complejo por lo extenso del articulado, pero no por la claridad del texto. Justo ha sido todo lo contrario, a lo que se ha dedicado es a intentar desequilibrar la balanza de votos cada uno a su posición prejuzgada. Y en estos cuatro años la imagen que define la situación fue la de la Vicepresidenta la Sra. de la Vega abroncando públicamente a la Presidenta del TC Dª María Emilia Casas. Eso sin olvidar el bloqueo de las renovaciones de los magistrados y la prórroga forzosa mediante ley “ad hoc” del Gobierno para la Presidenta del TC.

Así que sea lo que sea que sentencie el TC, tiene toda la apariencia que como dicen muchos será “interpretativo”, es decir ambiguo y que hará que cada parte sienta que se le da la razón. Eso llevado a la realidad, significa que el nacionalismo catalán va a lograr su objetivo y habrá dado otro paso de gigante en su avance imparable hacia la secesión y la desaparición de la estructura territorial de la España actual. Y aquí los ciudadanos somos los que deberemos pedir responsabilidades a los que han cometido un acto de alta traición a España.

De hecho, existen culpables en todos los Estamentos, empezando por el promotor el Presidente del Gobierno Sr. Zapatero, siguiendo por el PSOE y los diputados que aprobaron el texto en el Congreso de los Diputados, la oposición que no ha sabido o querido hacer su trabajo y por último, unos magistrados que no han sabido abstraerse de las presiones mediáticas y políticas para cumplir de un modo justo con sus funciones.Solo espero que cuando exista una verdadera Justicia en España, ésta llegue a alcanzarles y hacerles pagar por sus actos

Albert Boadella analiza los 'butifarréndums'
"Que se larguen de una puta vez"
Cataluña le ha dejado de interesar "en todos los sentidos"
Lucía Fernández Periodista Digital 27 Diciembre 2009

El pasado fin de semana ha tenido lugar en 166 municipios catalanes un referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña. La participación no superó del 30% y en los resultados el sí alcanzó el 94%. Con o sin Estatuto, los nacionalistas siguen propiciando la inestabilidad de España.

El actor, director y dramaturgo barcelonés Albert Boadella, Premio Espasa de Ensayo 2007 por su libro 'Adiós Cataluña', en declaraciones a Periodista Digital, Boadella ha dado su opinión sobre el proceso independentista:

"Yo creo que el proceso de secesión de Cataluña es irreversible porque el conjunto de los gobiernos españoles, especialmente el último, ha dejado que fuera creciendo una separación inicialmente cultural y luego en el mundo de la educación hasta conseguir unas generaciones que son auténticas enemigas de España"

Este referéndum era, a todas luces, ilegal. Pero, ¿podría ser la base para la convocatoria de uno vinculante en el futuro?:
"Yo creo que sí. Se apoyarán en tratados internacionales, en una jurisprudencia que encontrarán en Europa. Es muy posible que encuentren la forma entre las coacciones morales y los ardides legales para conseguir otra convocatoria"

DESAGRADABLES Y ANTIPÁTICOS
Boadella dice no haberse sorprendido por lo ocurrido en la consulta:

"No me ha sorprendido. Desde hace unos años siempre he tratado de contar al resto de los españoles que lo de Cataluña no era una historia cultural sino que había muchísima gente, especialmente gente que forma parte de un estatus político, que no quería estar en España"

La imagen de los catalanes con su persistencia en el logro de la independencia se ve perjudicada en el resto de España:
"Hemos pasado de una imagen de los catalanes como gente que estaba en otra tesitura desde el punto de vista cultural, del europeísmo, gente seria, trabajadora... a ser unos tipos pesados, maleducados, una gente se pasa el día de mal humor, reclamando... Es falso que los españoles les odien, lo que pasa es que se han vuelto gente desagradable y antipática"

"QUE SE LARGUEN DE UNA PUTA VEZ"
El director de Els Joglars no ha previsto hacer campaña en caso de que se allanara el camino para hacer una consulta en toda Cataluña:
"No tengo ninguna intención de hacer campaña a favor ni del sí ni del no. Si viera al conjunto de los españoles en contra quizá sí haría alguna cosa pero me da la sensación de que o los españoles no se dan cuenta de lo que allí ocurre o les importa un rábano. Y no digamos al propio gobierno"

"Con Cataluña he roto todas las relaciones diplomáticas, casi familiares y muchas incluso de amistad. No digamos desde el punto cultural. Me ha dejado de interesar en todos los sentidos"

"Tenemos que hacer una asociación que se llame Que se larguen de una puta vez porque me parece que dura demasiado esta historia y ha contaminado el conjunto de la política española desde hace mucho tiempo. Que se resuelve como se resuelva pero que no den más la lata"

"He nacido en Cataluña por un accidente sexual. Hubiera preferido nacer en otra parte pero no puedo hacer nada, soy catalán me guste o me guste"

Estudio | Confirmado por el Instituto de la Lengua
Burgos, ¿cuna del español?
Efe | Burgos El Mundo 27 Diciembre 2009

Un estudio que acaba de culminar el Instituto de la Lengua de Castilla y León (ILCYL) confirma que los Cartularios de Valpuesta contienen las palabras más antiguas escritas en español, más de un siglo anteriores a las registradas en las Glosas Silenses o Emilianenses.

El director del ILCYL, Gonzalo Santonja, ha explicado que mientras las glosas registradas en los monasterios de Santo Domingo de Silos (silenses) y San Millán de la Cogolla (emilianenses) son del siglo XI, los cartularios de Valpuesta contienen palabras en español escritas en el siglo IX.

Santonja ha insistido en la complejidad del estudio que será publicado en los próximos meses "aunque la preocupación es más por evitar erratas que por sacar la publicación antes".

El director del ILCYL se ha mostrado "muy satisfecho" por el resultado del estudio dada la dificultad de analizar este compendio de documentos que fueron agrupados por un clérigo del santuario de Valpuesta, en el norte de la provincia de Burgos, en el siglo XII.

Aunque habitualmente se utiliza la denominación de cartulario para un documento escrito por dos o tres personas a lo largo del tiempo, en este caso se trata de un compendio de documentos que el clérigo realizó con todo lo que iba encontrando en el santuario.

De hecho, la complejidad del estudio se encuentra en que se trata de escritos realizados en diferentes momentos por más de una treintena de personas, lo que ha hecho "muy difícil" identificar "la mano" que elaboró cada uno de estos textos.

Santonja ha señalado que no se trata del origen del español, sino del registro escrito más antiguo que se conoce hasta ahora "porque el español nació en la calle, no en un monasterio ni debajo de ninguna piedra".

En este sentido, ha criticado los "localismos" que pretenden vincular el nacimiento del idioma a un monasterio concreto, lo que ha calificado de "patochada".


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Balance de 2009
El PP destaca la ´vuelta a la normalidad lingüística´
Los populares gallegos hicieron un balance positivo del año que termina destacando también la "austeridad y eficencia en el gato público"
EUROPA PRESS | SANTIAGO DE COMPOSTELA La Opinión 27 Diciembre 2009

El PPdeG hizo hoy balance positivo del año que termina "porque supuso la vuelta a la Xunta tres años y medios después", y resumió en "dos buenas noticias" sus ocho primeros meses de Gobierno: "austeridad y eficiencia en el gasto público y la vuelta a la normalidad lingüística con el fin de las imposiciones".

En un comunicado, la formación resalta que la política del Ejecutivo que dirige Alberto Núñez Feijóo es "la de promover el gallego, pero siempre desde la libertad", y recuerda que esta semana presentará el borrador del decreto que regulará el uso del idioma en la enseñanza. "Cumplirá con el compromiso de Feijóo de convertir el gallego en nexo entre habitantes y no como elemento de confrontación", subraya.

Así, los 'populares' reivindican la gestión de su partido al frente de la Xunta como "el fin del despilfarro de dinero público", algo que ejemplifican en la disminución del número de consellerías --que pasó de las 14 del Gobierno bipartito a las 10 actuales--.

Respecto al año que viene, defienden que el inicio del Año Santo "puede ser clave" para el futuro económico y social de la comunidad. Con todo, el PPdeG "no caerá en la autocomplacencia" --apuntan-- y, por eso, inciden en que "lo mejor de la Xunta está por llegar". "Y lo mejor de Galicia también", concluyen.

ÉL APUESTA POR EL 29; ELLA, POR PRIMEROS DE ENERO
Zapatero y De la Vega, convencidos de que el fallo del Estatut está al caer
En el Gobierno están convencidos de que el fallo de la esperada sentencia del Estatuto está a punto de anunciarse, tres años después de que comenzaran las deliberaciones. Las alertas, cuentan, se mantienen a la espera y De la Vega y Zapatero no tienen vacaciones.
LIBERTAD DIGITAL 27 Diciembre 2009

Según cuenta El Mundo, ni José Luis Rodríguez Zapatero ni María Teresa Fernández de la Vega se van de vacaciones en Navidad este año. El motivo oficial, claro, no es que estén alerta ante un inminente fallo, aunque la posibilidad de que éste esté al caer planea en las decisiones de ambos. Zapatero ha dicho que quiere ultimar los preparativos para la presidencia europea y De la Vega ha alegado que no puede marcharse mientras continúe el secuestro de los cooperantes.

Presidente y vicepresidenta barajan incluso fechas posibles para el anuncio de la esperada y tardía sentencia del TC. Zapatero apunta al 29 de diciembre, es decir, el próximo martes. De la Vega se decanta por la primera quincena de enero.

En cualquier caso, en ámbitos gubernamentales no esperan una gran tormenta política tras una sentencia trascendental para el futuro de nuestro país. El presidente, según El Mundo, sólo espera un par de semanas de declaraciones y titulares encendidos e incluso alguna manifestación en Cataluña. Pero opina que después el debate se diluirá.

En su opinión, la sentencia será de carácter interpretativo, es decir, abierta a múltiples lecturas y a que cada uno, por tanto, la juzgue favorable para sus propios intereses. Sí opinan que el fallo no será cien por cien favorable al texto pero con un resultado "menos trágico", dicen, del que esperaban.
 

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