AGLI

Recortes de Prensa    Martes 29 Diciembre  2009

 

Para espectacular, el chivatazo
EDITORIAL Libertad Digital 29 Diciembre 2009

Los peores temores sobre el lamentable caso del chivatazo por parte de gente del Interior al aparato de extorsión etarra se han confirmado. No sólo la banda fue advertida de una operación antiterrorista desde instancias oficiales, sino que el propio Gobierno utilizó ese infame aviso como baza negociadora con la que otorgarse el crédito y la confianza de los terroristas.

Y es ahora, cuando la luz empieza a iluminar lo que el Gobierno ha condenado a las tinieblas desde hace tres años, el momento en el que Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior y principal responsable del chivatazo, se saca de la chistera un atentado, supuestamente espectacular, que la ETA estaría ultimando y para el que las Fuerzas de Seguridad del Estado están ya preparándose. Pero debe tratarse sólo de esas fuerzas, porque la Asociación Española de Escoltas, afectada de lleno por el terrorismo, se ha enterado por la prensa momentos después de que Rubalcaba revelase a la opinión pública los planes de la ETA.

Curiosamente, en el mismo momento y lugar donde Rubalcaba ha hecho de adivino, Rodolfo Ares, consejero vasco de Interior, ha asegurado que la ETA pasa por horas bajas y que adolece de una "debilidad operativa que nace del acoso judicial, policial, de la cooperación internacional y del aislamiento social". Estos no son, definitivamente, muy buenos mimbres para la gran operación de que presume el ministro. Parece todo una simple cortina de humo de las que Rubalcaba es tan amigo. Frente al escándalo, que lo es, y mayúsculo, el ministro lanza un cohete hacia otra parte, cohete que seguirán los medios adictos al Gobieno y la totalidad de las televisiones, necesitadas en época navideña de noticias de verdad para editar los informativos.

Si Rubalcaba trata de evitar que se hable del chivatazo por el descrédito político que implica, el hombre del Gobierno en la negociación, José Manuel Gómez Benítez, camina sobre el filo de la navaja al desvelarse que su principal argumento negociador con los etarras fue, precisamente, la manita que desde Interior les echaron a los cobradores de la ETA. Se da la circunstancia, además, de que Gómez Benítez es un íntimo de Garzón, instructor del chivatazo; caso que, incomprensiblemente, mantiene metido en un cajón de su juzgado de la Audiencia Nacional.

Gómez Benítez, por su parte, es actualmente vocal del Consejo General del Poder Judicial, y ha sido el partido del Gobierno quien le ha colocado ahí, quizá por los servicios prestados durante los años de la falsa tregua etarra. Es evidente que Gómez Benítez tiene que ser cesado de inmediato de su cargo por una cuestión de ética elemental. Su amigo Baltasar Garzón, a quien ha protegido dentro del CGPJ siempre que ha tenido ocasión de hacerlo, debe inhibirse sin falta del sumario del chivatazo dejando paso a otro juez que reactive la instrucción del mismo.

El caso del chivatazo, que empezó oliendo mal, ha terminado viciando todo el aire a su alrededor. Ni el Gobierno ni la Audiencia Nacional hacen nada al respecto más que silenciar primero y tender una cortina de humo después. Tanto el ministro como el juez instructor están tan salpicados por el asunto que deberían dejar de serlo cuanto antes. Los pecados políticos y los delitos penales de la época de la negociación no han prescrito y no deberían hacerlo antes de que sus responsables hayan pagado por ello.

El sembrador de vientos
M. MARTÍN FERRAND ABC 29 Diciembre 2009

ESTÁ en la naturaleza del mal su propio engorde y, por ello, son pocas las calamidades que se arreglan por sí solas. Ya nos lo advirtió, siete siglos antes de Cristo, el profeta Oseas: «Siembran vientos y cosechan tempestades: su grano no dará mies; ni la espiga, harina; y si la da, extranjeros la devorarán». Ayer, también en ejercicio profético, nos avanzó La Vanguardia que el Tribunal Constitucional, después de tres larguísimos años de dilaciones y espera, dictará sentencia sobre el Estatuto de Cataluña en los próximos días. Es la tempestad que se corresponde con el viento que sembró el Gobierno de Felipe González cuando derogó el Recurso Previo de Inconstitucionalidad. Es también, y por decirlo todo, el fruto de la dejación del Gobierno de José María Aznar, que no quiso aprovechar su mayoría absoluta para abordar la «regeneración democrática» que nos había prometido y en la que estaba incluida la reposición de tan necesario recurso.

Parece ser que la presidenta María Emilia Casas y la ponente Elisa Pérez Vera han pastoreado convenientemente a la grey que les acompaña y que un honroso resultado de siete a tres alumbrará una sentencia que no conseguirá por sí sola, sea cual fuere su contenido, neutralizar los muchos efectos -no todos benéficos- que la aplicación del Estatut, y la entrada en vigor de las normas que de él se derivan, han generado en Cataluña. Son de hecho, una modificación encubierta de la Constitución que, en Cataluña como en otras Autonomías, han pretendido los nuevos Estatutos con el entusiasmo y amparo de José Luis Rodríguez Zapatero, gran sembrador de vientos de nuestra raquítica democracia.

Está claro que el grano no nos dará la mies del progreso auténtico y que la espiga tampoco producirá la harina de la creación de empleo y la reducción del déficit; pero, ¿quién será el extranjero que devorará nuestros frutos? Las profecías, por fantasiosas que parezcan, siempre terminan por cumplirse y, en España, tanto más cuanto mayor sea el mal que pronostican. Aprender de los errores cometidos es una prueba de sabiduría y, a la vista de los males generados por la irresponsable supresión del recurso previo, cabría suponer que, dentro de esta legislatura, el Gobierno lo repondrá para que, como ahora acontece, el carro no vuelva a ponerse delante de los bueyes y los efectos perduren aún después de desaparecida la causa que los provocó.

La buena educación
Editorial ABC 29 Diciembre 2009

LAS bases del pacto educativo que propone el Partido Popular al Gobierno hacen de esta propuesta una política de sentido nacional, con un enfoque muy distinto al oportunista que suele aplicar el Partido Socialista a sus ofrecimientos de consenso imposible al principal partido de la oposición. El deficitario estado actual de la educación en España se revela no sólo en los informes y las estadísticas publicados de forma periódica, sino en la percepción general de educadores e instituciones docentes. Y este es el resultado de un sistema basado en la legislación socialista, principalmente la LOGSE, que el Gobierno del PP intentó encauzar con la Ley Orgánica de Educación, inmediatamente neutralizada por el PSOE tras su victoria en 2004. No hay más responsable de este fracaso que el modelo educativo socialista. Por tanto, la primera condición del PP al pacto sobre educación con el PSOE es alcanzar un diagnóstico común.

Tal premisa, elemental y de sentido común, choca con el sesgo sectario que el PSOE ha impuesto en sus reformas educativas, asentadas en el adoctrinamiento -Educación para la Ciudadanía- y el premio a la mediocridad. El PP propone, por el contrario, un sistema educativo sustentado en principios que hacen de la educación, en primer lugar, un instrumento de vertebración nacional, porque reclama la igualdad de oportunidades para todos los españoles, la enseñanza obligatoria del castellano y la impartición de asignaturas comunes que faciliten a los jóvenes una formación homogénea. En segundo lugar, es un modelo que defiende un orden de valores, como la libertad de elección de los padres, la autoridad del profesor, el reconocimiento del esfuerzo individual y el ofrecimiento de alternativas para evitar el abandono escolar.

Al PP se le reprocha que suele limitarse a criticar al Gobierno. No será en esta ocasión, en la que sabido aprovechar para plantear un auténtico reto no sólo al PSOE, sino a la sociedad española en su conjunto. Los socialistas no deberían poner estas cuestiones en manos de minorías que, en el mejor de los casos, ignoran el interés de España. El pacto educativo de los populares, al que ha tenido acceso ABC, es una oferta ambiciosa y viable para corregir un problema que reduce de forma angustiosa la capacidad de España para progresar como nación, competir con los grandes países europeos y abrir horizontes a nuestros jóvenes.

Dos incógnitas para 2010
Lorenzo Contreras Estrella Digital 29 Diciembre 2009

El año 2010 se ofrece a las expectativas cargado de certezas sobre la continuidad de la crisis, pero también abastecido de incógnitas respecto a cuestiones cruciales, como por ejemplo el fallo del Tribunal Constitucional sobre el estatuto de Cataluña y el futuro de ETA como factor determinante del movimiento independentista vasco. La sentencia del Constitucional arrojará luz para discernir la orientación del zapaterismo en la recta final, que no en el final de la recta, de su tiempo de poder. Le quedan, en efecto, todavía dos años de mandato, que no son pocos para complicar el escenario nacional en casi todos sus aspectos.

El Constitucional, después de tres años de mutismo, da la impresión de que tendrá irremediablemente que "romper a hablar". Cuando lo haga y como lo haga estará jugando con el signo de nuestro destino colectivo. Está condenado a pronunciarse en una situación de aquí te espero. Nacionalistas catalanes y paralelamente vascos ya tienen trazados sus planes. Y sin duda los pondrán en marcha aunque ello no significa que la fortuna política les vaya a favorecer.

Lo que el "Estatut" ofrezca en su configuración final y lo que ETA, supuestamente moribunda y desahuciada, decida sobre sus propios pasos, serán elementos esenciales para trazar la cartografía política. Y todo ello en medio de un escalofriante escepticismo, que no tanto indiferencia, de la sociedad en su porcentaje ciudadano mayoritario. El último sondeo del CIS ha situado a la clase política en un triste lugar privilegiado de desdén colectivo. El tercer puesto en la lista de problemas. O, si se prefiere, la calamidad política nacional número tres.

La Cataluña antitaurina, es decir, antiespañola en el plano de la intención manifestada, necesita apuntillar al mítico toro del paisaje político. Puede acertar o tal vez recibir los tres avisos. Ya veremos. España se la juega y Zapatero también en el orden personal y de partido. Si el toro es devuelto a los corrales, no parece que vaya a ser indultado, sino más bien conducido al desolladero. Es la otra modalidad de haber quedado para el arrastre. Mal asunto para el toro ibérico.

O sea, que podemos perder todos. Pero conviene ser optimistas. Ya verán ustedes cómo el año 2010 responde a los saludables vaticinios de Elena Espinosa, siempre asesorada por Zapatero. Los signos externos de la opinión pública no son infalibles. O no son dogmas de fe. Cierto que, según las encuestas, el setenta por ciento de los catalanes son hostiles a la fiesta nacional. Pero también es verdad que el mensaje de Navidad del Rey ha tenido una excelente acogida televisiva en Euskadi. Quien lo hubiera dicho. Desde luego, no los arúspices del nacionalismo vasco.

Inevitablemente hay otro toro sobre la arena: ETA y su cortejo abertzalista. La banda parece que ha vuelto a dinamizar a sus presos adictos, los que le van quedando. Pero al margen de ello, y volviendo al símil taurino, podríamos decir que en su ganadería hay turno para el "sobrero". Un toro que puede ser sorprendentemente bravo y, desde luego, peligroso. No por los reclusos inmovilizados, aburridos y enchiquerados, sino por los que aún están en condiciones reglamentarias de embestir.

Curiosamente, los menos alarmados ante esa perspectiva, aunque en su medida lo estén, no son los zapateristas o los "lopistas" del País Vasco, sino los nacionalistas, los de Urkullu. No les agrada que el abertzalismo radical empiece a moverse bien por el ruedo. A los peneuvistas no parece que les baste con movilizar a "su clero" contra el nuevo obispo Munilla, el que está destinado a ocupar la vacante que deja en Donostia monseñor Uriarte, siempre dispuesto a conversar con ETA si hace falta. Lo que como tales nacionalistas les incordia es que el abertzalismo se apunte otra vez a ser la infantería de la banda. Pasaron los tiempos del coqueteo con los de la pistola. Ahora dicen que todo o nada. O ETA desaparece -previo pago de su importe, claro- o el juego se malogra.

El TC no cumple con su deber
El Alto Tribunal está 'dubitativo'.
Editorial www.gaceta.es 29 Diciembre 2009

En un nuevo ejercicio de pueril irresponsabilidad, hasta altas autoridades del Gobierno se dedican últimamente al bonito juego de hacer quinielas con la fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, vaticinando además si será una “sentencia interpretativa” o no. El presidente y demás miembros del Gobierno sabrán lo que dicen y por qué lo dicen: si no lo saben, son unos inconscientes indignos de ostentar los cargos que ocupan; si lo saben, tendrían que explicar cómo lo han sabido y qué clase de contactos turbios hay con un organismo que necesita vitalmente ser independiente del Ejecutivo so pena de hundirse en el descrédito.

Ahora parece que los últimos rumores señalan un plazo que va desde hoy mismo hasta el 15 de enero. No vamos a entrar en este juego estúpido. Pero creemos que este lamentable asunto contiene algunas enseñanzas que queremos destacar.

Es evidente que tanto los autores del proyecto de Estatuto como los políticos que lo alentaron y los parlamentarios que lo retocaron han sido plenamente conscientes, desde el primer día, de que se trata de un texto plagado de preceptos inconstitucionales, empezando por la idea inspiradora de la totalidad del documento. De no ser así, carecerían de sentido todas las abiertas presiones y amenazas de los nacionalistas y socialistas de Cataluña, desde el presidente de la Generalidad hasta el último chiquilicuatro de Esquerra Republicana. Todos ellos son los principales responsables de este engendro.

Sentado esto, los propios magistrados del TC, con su presidenta a la cabeza, no están tampoco exentos de responsabilidad, ni mucho menos. Han incumplido su deber de forma clamorosa, y no sólo por la vulneración de los plazos establecidos por la Ley que regula la Institución, sino por otras razones de más fondo, entre las cuales no es la menor el haber sido tan impúdicamente sensibles a las presiones políticas y mediáticas. Se suponía que el cargo de magistrado constitucional debería recaer en personas con la entereza personal y moral suficiente para resistir estas presiones; si no son capaces de eso, deberían haberse ido a sus casas cuanto antes.

No vale apelar con grandes palabras huecas a la importancia de una sentencia de consenso o usar cualesquiera otros artificios verbales para escabullirse de su responsabilidad. Está perfectamente previsto qué hay que hacer si no hay consenso: se vota. Y si hay empate, el presidente tiene voto de calidad. No lo han hecho. Han incumplido su deber. No han querido hacerse responsables de sus actos.

Han querido escurrir el bulto, como gráficamente reza la expresión popular. Unos magistrados así no merecen serlo. Y su presidente, menos que nadie. El Rey ha pedido respeto a las instituciones. Bien estaría si sus componentes fueran los primeros en dar ejemplo.

Y si tratan de esconderse tras el burladero de la sentencia interpretativa (que es lo mismo que dar luz verde para cualquier cosa, renunciando a establecer lo que es y lo que no es constitucional), a la indignidad moral añadirán la responsabilidad política de propiciar la descomposición de nuestra democracia por la vía de haber reducido la Constitución a puro papel mojado. Porque no es cierto que esta sentencia sea técnicamente difícil: sólo requiere magistrados a la altura de lo que se esperaba de ellos, gusten o no sus decisiones: capaces de defender sus puntos de vista y de asumir su responsabilidad.

Por una sentencia que ilusione
Jorge Buxadé www.gaceta.es 29 Diciembre 2009

A vuelta de la Navidad se extiende el rumor de que cualquier día de éstos nos madrugamos con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

No escribiré acerca de las presiones al Tribunal, o de la parsimoniosa elaboración del texto, ni siquiera de la posición cicatera de quienes aprovecharon la ola del nuevo Estatuto para reinventarse el suyo. Hagamos el esfuerzo de separarnos de lo que se decía durante la tramitación del documento, de lo que se ha dicho pendiente la sentencia, y de lo que presumiblemente dirán unos y otros al calor de su lectura. Lo que interesa es aquello que resulta genuinamente cierto antes, durante y después de la sentencia de marras. Es imperativo recordar que los Estatutos no son más que la norma institucional básica de las comunidades, y que éstas tienen su origen, (ya se denominen regiones, ya nacionalidades), única y exclusivamente en la Constitución, a diferencia de España que aparece como el sujeto autor del texto; que nuestra Constitución es sólo una norma jurídica que tiene por función regular las relaciones humanas, no crearlas, desvirtuarlas o caricaturizarlas; que los estatutos son normas de rango inferior a la Constitución y las autonomías son parte de un todo que denominamos Nación; que la Nación es el cuerpo político y la Constitución la forma jurídica, y que el poder soberano y primario del Estado dado por la Constitución se deposita en el conjunto del pueblo español, del mismo modo que el poder subordinado y derivado de las autonomías se atribuye aparte del total conjunto y por ello cualquier aspecto que afecte a la soberanía nacional debe ser dilucidado por el conjunto del pueblo español, que actúa como fiduciario o administrador y por tanto ni siquiera actúa como vero domino con facultades de disposición.

La Constitución, dice su artículo 2, se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, que luego califica como Patria; esto es, como se es de veras Nación, hacia fuera, con voluntad de integración, con vocación universal, aunando esfuerzos. Y es indisoluble, porque lo es el cuerpo político, la soberanía como Poder. Puede que el Constitucional eluda estas cuestiones y nos enrede en la maraña competencial haciéndonos retroceder cientos de años. O puede que vigorice su propia doctrina y se eleve sobre los partidismos egoístas y nacionalismos trasnochados y dibuje una España en movimiento que está dispuesta a ser superada por realidades superiores pero nunca a volver sobre sus pasos. Una cosa veo clara: no es hora de sentencias interpretativas y formularias que pretendan la letra que a todos satisfaga; es la hora de una sentencia lírica, de verso sincero que nos diga que este proyecto que llamamos España será viable si el timonel gobierna, las velas no se agrietan, el mástil es firme y los remeros bogan.

Jorge Buxadé es vicepresidente de Fundación Persona.

Chivatazo a ETA
Ceses y dimisiones que no admiten retrasos
Guillermo Dupuy Libertad Digital 29 Diciembre 2009

Ya sabíamos que el Gobierno de Zapatero, por dar una anestesiante cobertura a sus alianzas con los separatistas, no tuvo empacho en prenegociar secretamente una tregua con los terroristas, implicar al parlamento en favor de un proceso dialogado del fin de la violencia y hasta anunciar públicamente desde El País su disposición a acabar de la mano de los nacionalistas, y "a cambio de una tregua cuanto antes", con el actual Estatuto de Guernica.

Sabíamos también, por boca de Fernando Savater, la disposición de Zapatero de "dar una salida a los presos"; como sabíamos, así mismo, de los intentos del Gobierno de silenciar –incluso denigrar– a las víctimas del terrorismo contrarias a esa paz falsa y envilecida. Ya sabíamos que, una vez llegado el ansiado comunicado de tregua, el Gobierno de Zapatero dijo haber "verificado" la renuncia definitiva de ETA a la violencia, supuesta renuncia que, en gran parte, desmentía la propia organización terrorista en los comunicados en los que recordaba al Ejecutivo sus "compromisos adquiridos".

Sabíamos que, por sostener esa mentira institucionalizada, el Gobierno de Zapatero dijo "no tener constancia" de la comisión por parte de la banda de unos delitos de extorsión, a pesar de haber sido denunciados por empresarios vascos y navarros y justificados por los propios etarras en una entrevista concedida a Gara. Ya sabíamos que el Ejecutivo concedió en Estrasburgo un aval internacional a la negociación con la banda terrorista, o que accedió a que el PSE se sentara públicamente con Batasuna, o que permitió que los proetarras pudieran, con otras siglas, volver a presentarse a las elecciones.

Sabíamos que el Gobierno de Zapatero redujo casi hasta la nada, tal y como reflejan las estadísticas, el número de detenciones de miembros de ETA, o que respaldó que la Fiscalía durante un tiempo se alineara con las tesis de los abogados defensores en casi todas las causas abiertas contra la organización terrorista, o que tuvo la intención de excarcelar a un etarra tan histórico y sanguinario como Ignacio de Juana Chaos. Sabemos también desde hace años que por esa "paz sucia" hubo agentes de la policía que, bien motu proprio, bien siguiendo órdenes de sus superiores, alertaron al aparato de extorsión de ETA de que estaban siendo vigilados por orden del juez Grande-Marlaska.

Lo que no sabíamos, hasta que lo publicara el pasado domingo el diario El Mundo, es que uno de los representantes del Gobierno trató de calmar la insaciabilidad e impaciencia de los etarras esgrimiendo, en favor del Gobierno y de su voluntad de negociación, la comisión de ese delito de colaboración con banda armada como fue el chivatazo policial a ETA. Lo que tampoco sabíamos hasta ahora es que ese representante del Gobierno es nada menos que el actual vocal del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, íntimo amigo del juez Garzón y aupado a su actual cargo por el PSOE.

Ante estos nuevos datos, a la ya debida dimisión de Rubalcaba debe acompañarle el inmediato cese de Gómez Benítez y la inhibición de Garzón en favor de otro magistrado en la causa abierta por el chivatazo.

Aun en el improbable caso de que los policías perpetraran ese delito de colaboración con banda armada motu proprio, quien tiene que asumir la responsabilidad política por semejante delito es quien en el momento de perpetrarlo ostentaba la responsabilidad de ser ministro del Interior, en este caso, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Así mismo parece evidente que, por mucho que no fueran altas instancias del Gobierno las que dieran la orden de perpetrarlo, alguien que, como Gómez Benítez, ha alegado en favor del Ejecutivo la comisión de un delito como el que nos ocupa no debería poder representar cargo institucional alguno, menos aun relacionado con la Justicia. ¿O es que nos hemos vuelto todos locos?

En cuanto a Garzón, si su pasado respaldo a la "paz sucia" de ZP –"por la paz hay que hablar hasta con el diablo"–, ya le desacreditaba como juez instructor de un caso como el del chivatazo a ETA, su intima relación con Gómez Benítez le obliga, aun con más razón, a dejar paso a otro magistrado. De hecho, cuando a la Comisión Disciplinaria del CGPJ han llegado asuntos que implicaban a Garzón, Gómez Benítez se ha abstenido, dada la antigua relación profesional y pública amistad que aun les une. De no hacerlo, Garzón no haría más que alimentar las ya de por sí fundadas sospechas de que su notorio y escandaloso retraso en la instrucción de esta causa se debe a que desea tenerla como medio de presión al Gobierno ante las causas abiertas contra él por los asuntos de sus retribuidos cursos en Nueva York, su delirante proceso judicial contra Franco o el de las escuchas a los abogados del caso Gürtel.

Y es que por mucho que ahora el Gobierno de Zapatero esté en una "fase de confrontación con ETA" –por utilizar la elocuente expresión del propio Rubalcaba–, nada justifica la condescendencia, política y penal, hacia quienes colaboraron con ella.

Galicia
El fiscal y la nación según Stalin
Cristina Losada Libertad Digital 29 Diciembre 2009

Sabíamos que a Conde-Pumpido le gustaba tocar la Internacional al piano. Es lo que procede cuando se guardan viejos esqueletos franquistas –y condenas de muerte a republicanos– en el armario familiar. Ahora hemos sabido que uno de sus protegidos, el fiscal superior de Galicia, coincide con Stalin. Según acaba de declarar, la comunidad en la que ejerce sus funciones es una nación, pues se ajusta a la definición que diera Castelao. Una definición, que tal y como aclaró el autor de Sempre en Galiza, procede del mismísimo Padrecito, el que desató el Terror, mantuvo su dictadura con una orgía de crímenes y ahogó en sangre las pretensiones de autonomía de las "repúblicas socialistas soviéticas".

Castelao era un águila. Así lo atestiguan sus memorables líneas dedicadas a elogiar la solución (final) que Stalin concibió para "el problema nacional". En cuanto al fiscal superior, que suscribe el disparate de esos dos peritos en naciones, pertenece a otra especie hoy abundante. Una que carece de respeto por la legalidad que ha de defender y que vulnera el principio de imparcialidad al que está sujeta. Y una que utiliza su condición de autoridad judicial para dar carta de naturaleza a los designios políticos de nacionalistas y socialistas. Es la especie que se mancha la toga cuanto haga falta, como predicó Conde-Pumpido en los días de vino y rosas con la ETA, para torcer la ley a conveniencia.

Carlos Varela, que ése es nuestro fiscal, encalla, además, en el ridículo. Sostiene que Galicia es una nación porque no sólo tiene "lengua propia", sino también "economía propia" y "hábitos psicológicos" propios. Por fortuna, el segundo supuesto rasgo nacional no se mantiene: cuando más "propia" era la economía gallega, las gentes emigraban por millares. La idea de que exista una psicología común a los gallegos raya en los estereotipos más vulgares.

Aunque ya puestos, el fiscal olvida otras señas de identidad irrefutables. Tenemos clima propio, gastronomía propia, folklore propio y un sinfín de hechos diferenciales de esa clase. Incluso disponemos de imitadores propios del nacionalismo catalán y hasta de tontos propios. Si bien, por azares de la humana naturaleza, nuestros tontos son un calco de los tontos de cualquier nación, región y lugar del orbe.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

La lengua viva
Disquisiciones sobre las lenguas regionales
Amando de Miguel Libertad Digital 29 Diciembre 2009

Lenguas "propias" son todas, propias de quienes las hablan. Hay después lenguas comunes a una nación y otras particulares o regionales, que se hablan en una parte de esa nación. Algunas lenguas nacionales son también de comunicación internacional, como el español o el inglés.

Gabriel Ter-Sakarian Arambarri añade un último dato a la disquisición de las palabras vascas a partir de la raíz <ur>. "En la región que más adelante se llamó Armenia, estuvo el reino de Urartu. Eso sí que suena a vasco". Ya sabemos que "ur" en vasco es "agua". Recordemos Urgull, Usúrbil, Urmia.

José Antonio Martínez Pons revela un suceso para rebelarse, pero el hombre no se ahoga; sólo se desahoga. Resulta que el Gobierno de su comunidad (Baleares) ha decidido eliminar de las listas de interinos a la docencia a los que "no estén en posesión de no sé qué nivel de catalán". Es decir, que don José Antonio se encuentra con varias titulaciones superiores, sus oposiciones sacadas, "en las que, por supuesto, nadie me exigió ningún nivel de castellano", amén de sus bastantes publicaciones en castellano y en mallorquín, incluido algún premio literario. Pues bien, con ese equipaje, se encuentra que "no podría ejercer como docente en mi tierra porque no tengo el mentado nivel de catalán". Vivir para ver.

Don José Antonio me señala que en mallorquín castizo se dice o se decía "bones tardes", pero "bon dia", "bona nit" o "bon vespre". Quizá por influencia del catalán se tienda a decir ahora "bona tarda". Sigo maravillado con la opción del plural que se utiliza en castellano. También observo que, en ciertos ambientes empresariales o periodísticos, empiezo a oír en castellano la fórmula en singular ("buen día", etc.).

Paco Rodríguez recuerda que una amiga suya, compañera de estudios de Salamanca, llamaba "probables" a los partidarios de imponer el bable en Asturias. Son los que pretenden traducir "campo magnético" por "prau que atrapa". Naturalmente se trata de una broma, un viejo chiste. Nadie debe ofenderse, pero todavía no ha habido un Premio Nobel de Literatura que haya escrito en bable (tampoco en catalán, vasco o gallego).
Contacte con Amando de Miguel

Nervios y presagios del ministro Rubalcaba
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 29 Diciembre 2009

El ministro más inteligente del Gobierno de Zapatero (he estado a punto de poner el único pero me he contenido a tiempo) está haciendo cosas muy inusuales en su dilatada trayectoria política. Hace nada nos dejó perplejos con su pérdida de nervios en los pasillos del Parlamento, cosa inhabitual, extraña y sorprendente en alguien que si tiene demostrada una cualidad es el control de la situación, su templanza y su capacidad de salir de los peores pasos. Ahora, cosa inaudita en un ministro del Interior, poco menos que nos anuncia un secuestro de ETA.

Relacionar ambas cosas puede ser perverso y maligno, cualidades que también le han sido frecuentemente atribuidas, pero sin duda la coincidencia de asuntos y de imprevistas reacciones nos obliga a la pregunta ¿Qué provoca los nervios de Alfredo Pérez Rubalcaba y que motivo tiene para alarmarnos con negros presagios?.

Para lo primero si creo tener respuesta. El “caso Faisan”. A Rubalcaba ese episodio , siendo ya ministro de Interior y cuando el Proceso de Paz no se caía de la boca de Zapatero, es lo que le saca (no se crean que era por lo de Sitel) verdaderamente de quicio. Porque es un hecho que el chivatazo a los responsables del aparato de extorsión a ETA tuvo lugar. Que ese chivatazo fue realizado por la propia policía a es otra evidencia. Archivar de prisa y corriendo el caso-es lo que tiene la amistad de Garzon- sólo ha servido para que las sospechas crezcan y las ultimas revelaciones de la documentada Angeles Escrivá en El Mundo destapando que Gómez Benítez, enviado del Gobierno y ahora ascendido a vocal del Consejo del Poder Judicial llegó a exhibirlo como prueba de buena voluntad, en su afán de perseverar en aquel desdichado intento de negociar con ETA, suponen el colmo de la ignominia y del bochorno.

Es algo muy grave y aún puede serlo más, silos hechos lo desmienten, ese N O en mayúsculas como contestación a la pregunta directa de si el Gobierno ordeno tal acción. Entonces ¿Quién lo ordenó entonces?. Porque producirse se produjo. Eso no lo niega nadie. Que además, sea el interesadamente voluble juez Garzón el “guardián de la llave del calabozo” no es para tranquilizar a nadie. Y menos a quien vivió los días del GAL.

La segunda parte de la pregunta, el anuncio de un secuestro espectacular o un no menos estremecedor atentado que ETA estaría preparando si que me deja sin una hipótesis razonable. Que ETA siempre está intentando una acción de estas es una obviedad. Que es una necesidad de los terroristas, golpeados, con voces internas insinuando dejar las armas y cada vez con menos “sonido” en la calle, también es algo a incorporar al análisis. Como lo es su “gusto” por las grandes fechas y acontecimientos: la T-4 fue un 30 de diciembre y el ingreso en la UE lo saludo con otro par de asesinatos. Pero eso ya lo sabemos. ¿Pero que sabe o que pretende Rubalcaba ofreciéndonos ese titular clamoroso?. Porque lo novedoso en un ministro de Interior y en Rubalcaba es dar en este preciso momento ese verdadero susto a todos. ¿Qué busca el ministro?. Porque desde luego algún efecto busca.Don Alfredo no ha dado en su vida puntada sin hilo. ¿Una cortina de humo? ¿Despistar? ¿Advertir?. Pero ¿a quien?. ¿A la población o sibilínamente el mensaje o el intento de despiste a quien va dirigido es a la propia ETA?.

La bola de nieve del déficit
Editorial La Razón 29 Diciembre 2009

La caída de la recaudación y el aumento del gasto quintuplican los números rojos

Los datos sobre el déficit del Estado hasta noviembre, difundidos ayer por el secretario de Estado de Economía, confirman las peores previsiones del Gobierno y se acercan a las vaticinadas por Bruselas, que sitúan un cierre del año con un déficit superior al 10% del PIB. De momento, las cifras relativas a los once primeros meses de 2009 son de escalofrío: se ha quintuplicado con respecto al mismo periodo del año pasado y supera los 71.500 millones de euros, lo que equivale al 6,79% del PIB. Esta cantidad es el resultado de unos pagos que aumentaron el 21,5% y de unos ingresos que bajaron el 22,2%. La caída de la recaudación fiscal es especialmente acusada en el IVA (29,7%), mientras que el capítulo de gasto más oneroso ha sido el de las transferencias corrientes (paro), que subió un 28,5%.

La situación futura no pinta mejor, pues el Estado se ve obligado a asumir un endeudamiento mayor y si hace un año éste se situaba en los 36.200 millones, en noviembre pasado se había disparado a los 108.800 millones. Eso significa que la carga financiera, que ya se come un tercio del déficit, irá adquiriendo mayores proporciones, sobre todo si, como prevé el Banco Central Europeo, los tipos de interés emprenden una carrera al alza. Es precisamente Bruselas la instancia más preocupada por la evolución del déficit español, no sólo por las magnitudes previstas, sino también por la ausencia de un plan creíble de reequilibrio presupuestario. Tiene razón Carlos Ocaña cuando afirma que reconducir el déficit público ha de ser un esfuerzo compartido por todas las Administraciones, pues parte de la responsabilidad del endeudamiento reside en unas autonomías y ayuntamientos que gastan sin miramientos y despilfarran para alimentar a sus beneficiados.

Mientras no se meta en cintura el gasto de los gobernantes locales y regionales la recuperación de la economía española será mucho más lenta, más agónica y más destructora de empleo. Ahora bien, ni el secretario Ocaña ni la vicepresidenta Salgado deberían escudarse en la irresponsabilidad de los demás para maquillar la suya propia. Resulta inaudito escuchar, a estas alturas del déficit, que «el Gobierno está trabajando en un programa de consolidación fiscal con el que implicar al resto de las Administraciones en la reducción del déficit público». Eso es lo único que ha hecho hasta ahora el Gobierno: esbozar un programa. Ni siquiera se sabe si tal esbozo tiene que ver con el plan de reequilibrio financiero para el periodo 2010-2012 que envió a las Cortes hace casi dos meses y del cual no se ha vuelto a saber nada. Lo cierto es que si el Gobierno central no da ejemplo ni puede exigir a los demás el rigor que él mismo no tiene, ¿qué mensaje de credibilidad se está dando de la economía española? ¿Cómo mejorar entre los inversores internacionales la pésima imagen de ser el enfermo de Europa?

No cabe duda de que si algún pacto es urgente y muy necesario entre los gobiernos central, regionales y locales, ése es el de hacer un frente común para frenar drásticamente el déficit y recortar los gastos en no menos de un 30%. Pero para alcanzar este imperioso objetivo, el Gobierno de la nación debe tomar la iniciativa, realizar las propuestas y dar ejemplo. Es decir, debe poner fin a sus improvisaciones, a sus truculentas medidas populistas que sólo generan más gasto y al vasto clientelismo que cultiva con un sinfín de subvenciones. Gobernar en tiempos de crisis exige sacrificios, no malgastar el escaso dinero de todos para quedar bien y repartir sonrisas.

Déficit escalofriante
Germán Yanke Estrella Digital 29 Diciembre 2009

Los datos hechos públicos ayer por el secretario de Estado de Hacienda son escalofriantes: el déficit público desde enero a noviembre ha llegado al 6,79% del PIB. Esta cifra, el cálculo del déficit sobre el PIB y no la diferencia entre ingresos y gastos es una curiosidad de los economistas pero, en la realidad, no aminora el pavor: los ingresos, respecto a 2008, han descendido más del 22% y los gastos han aumentado en un porcentaje parecido (21,5%). Las cuentas públicas plantean así un grave problema que hay que afrontar con urgencia. Es verdad que la explicación de buena parte del incremento del gasto está en el mayor importe de la protección social, consecuencia del imparable aumento del paro, y en las medidas anticrisis pero incluso los que defienden que el Estado, en circunstancias como las que vive la economía española, debe gastar para atender obligaciones y suplir la apatía de otros agentes tienen que llevarse las manos a la cabeza a estas alturas y corregir la deriva. Todo el esfuerzo de años por el control del déficit, que nos llevó incluso al superávit, se ha venido abajo a velocidad vertiginosa: el déficit se ha quintuplicado en un año y su porcentaje de incremento supera al de la mayoría de los países del mundo.

Mejor actuar razonablemente, de todos modos, que llevarse las manos a la cabeza, aunque lo peor es no reparar en la gravedad de la situación. Con déficit la recuperación es más difícil. Es evidente que a medio plazo lo es, pero la experiencia, como demuestra el caso de Japón, enseña también que no sirve para salir de la recesión. Tendremos que pagarlo a costa de lo contribuyente de dentro de nada y tendremos que abonar los intereses inmediatamente convirtiendo una parte del gasto, cada día mayor, en nada productiva. Nuestro déficit -y de ahí la existencia del Pacto de Estabilidad en la Unión- afecta también a nuestros socios que, además de exigirnos un control que ahora no tenemos, pueden presionar al Banco Central Europeo para establecer una política monetaria que no nos convendrá en absoluto. La economía no funciona con la simpleza de "gastemos más ahora, que lo necesitamos" y ya veremos más adelante (en la esperanza de que las cosas mejoren), porque el gasto de hoy, cuando no analizamos seriamente lo que en realidad necesitamos y podemos permitirnos, afecta directamente al sistema, no sólo al del futuro o, como tópicamente se dice, al de generaciones venideras.

No queda otra que contener seriamente el gasto, de analizar con rigor y poner coto al despilfarro de algunas partidas y, en especial, a la de las administraciones autonómicas con sus duplicidades y ausencia de verdadero control y de poner en marcha, de una vez, las reformas estructurales. El pacto necesario no puede ser hoy sobre declaraciones de buena voluntad como la Ley de Economía Sostenible, sino sobre el doloroso catálogo que compense los tipos de cambio fijos y resuelva la escasísima movilidad de la mano de obra. O se ponen a ello, que pueden aunque sea costoso y duro, o la meta no es otra que más paro.

DA LARGAS EN EL CONGRESO A VARIAS DE LAS PREGUNTAS DEL PP SOBRE EL CASO
Queda para las hemerotecas que el Gobierno niega que ordenó el chivatazo
IMPRESIONES El Mundo 29 Diciembre 2009

EL GOBIERNO, en una respuesta por escrito al Parlamento, asegura que «no» ordenó el chivatazo a ETA. Utiliza además ese monosílabo en mayúsculas, para resultar más concluyente. La aseveración queda para las hemerotecas, como quedó aquella otra famosa de Felipe González de «no hay pruebas ni las habrá» a una pregunta sobre los GAL, lo cual no quiere decir ni que lo ocurrido sea equivalente ni que el resultado vaya a ser el mismo en este caso. Rubalcaba, como responsable de Interior, y Gómez Benítez, en cuanto que identificado como el interlocutor «número 4» con ETA, perdieron ayer la ocasión de responder al contenido de las actas de la banda desvelado por EL MUNDO, que indica que el chivatazo se gestionó al más alto nivel político para favorecer el diálogo.

El Ejecutivo ha venido contestando con burdas evasivas a muchas de las cuestiones que el PP le ha planteado sobre el caso y así ha sucedido también con la última batería de 25 preguntas parlamentarias, que responde en apenas folio y medio. El Gobierno escurre el bulto argumentando que las decisiones sobre la investigación son competencia del juez, pero no es menos cierto que algunas iniciativas corresponden al ámbito policial y al Ministerio Público, que sí controla. Esa cautela oficial fue ayer rechazada no sólo por partidos como el PP -que ha pedido la comparecencia urgente de Rubalcaba en el Congreso- y UPyD, sino por sindicatos de la Policía y la Guardia Civil que censuran el «silencio» del Gobierno.

ZP, la estupidez humana y las palabras que no se lleva el viento
Pepe Álvarez de las Asturias Semanal Digital 29 Diciembre 2009

Aprovechando el fin de este annus horribilis, repasamos algunas frases míticas de Mister Paz y su posible relación con la Teoría de la Estupidez Humana de Carlo Cipolla.

"Tengo la firme convicción, avalada por años de observación y experimentación, de que los hombres no son iguales, de que algunos son estúpidos y otros no lo son." Estoy con Carlo Maria Cipolla al cien por cien. El gran historiador económico italiano realizó, en su genial obra Allegro ma non troppo, una afilada y certera reflexión sobre la estupidez humana (¿existe otra?) que ha cobrado un intensísimo sentido de la actualidad en Ezpaña durante los últimos años. Concretamente desde marzo de 2004.

Cipolla definió cinco categorías fundamentales de personas: Inteligentes (benefician a los demás y a sí mismos), Incautos (benefician a los demás y se perjudican a sí mismos), Malvados (perjudican a los demás y se benefician a sí mismos) y Estúpidos, (perjudican a los demás y a sí mismos). Detengámonos un poco más en estos últimos. Como afirma categóricamente Cipolla en La Quinta Ley Fundamental, "la persona estúpida es el tipo de persona más peligroso que existe. El estúpido es más peligroso que el malvado". Y continúa: "La mayoría de las personas estúpidas son fundamentalmente y firmemente estúpidas (…) Nadie sabe, entiende o puede explicar por qué esta absurda criatura hace lo que hace. En realidad no existe explicación -o mejor dicho- solo hay una explicación: la persona en cuestión es estúpida." ¿Qué, les va sonando a alguien? Por si acaso aún dudan: "La capacidad de hacer daño que tiene una persona estúpida depende de dos factores principales: del factor genético y del grado de poder o autoridad que ocupa en la sociedad".

Hay quien piensa que el personaje en cuestión no es estúpido sino malvado, que tiene un Plan y lo lleva a cabo con maliciosa precisión. Pero según el maestro Cipolla "las acciones de un malvado siguen un modelo de racionalidad: racionalidad perversa, si se quiere, pero al fin y al cabo racionalidad. El malvado quiere añadir un "más" a su cuenta causando un "menos" a su prójimo. Desde luego, esto no es justo, pero es racional, y si es racional uno puede preverlo. Con una persona estúpida no existe modo alguno racional de prever si, cuándo, cómo, y por qué, una criatura estúpida llevará a cabo su ataque. Frente a un individuo estúpido, uno está completamente desarmado." Y lo que es peor, "el estúpido no sabe que es estúpido. Esto contribuye poderosamente a dar mayor fuerza, incidencia y eficacia a su acción devastadora". Aterrador.

Por si el lector (o lectora) se encuentra un poco obtuso (u obtusa) con la inminente llegada de la Nochevieja, el amigo Carlo María nos ofrece la pista definitiva para reafirmarnos en ese personaje estúpido que usted y yo estamos pensando desde hace rato: "Con la sonrisa en los labios, como si hiciese la cosa más natural del mundo, el estúpido aparecerá de improviso para echar a perder tus planes, destruir tu paz, complicarte la vida y el trabajo, hacerte perder dinero, tiempo, buen humor, apetito, productividad, y todo esto sin malicia, sin remordimientos y sin razón. Estúpidamente".

Lo más curioso de todo este asunto es que Carlo M. Cipolla publicó su obra en 1998 y murió en 2.000. Es decir, unos años antes de que José Luis Rodríguez Zapatero, alias Mister Paz, dejara de ser nadie para convertirse en Presidente del Gobierno de Ezpaña, Adaliz de la Alianza de Civilizaciones, Confluencia Interplanetaria y Ministro de Deportes todo en uno. Ergo, a pesar de lo que pueda parecer, es imposible que Cipolla se inspirara en nuestro presi a la hora de desarrollar su Teoría de la Estupidez Humana. Sin embargo, son muchas (demasiadas) las evidencias que incitan a pensar que Mister Paz es un devoto cumplidor de las Leyes Fundamentales y un fidelísimo paradigma de lo que Cipolla definió como el Poder de la Estupidez.

Y como muestra, unos cuantos botones en forma de frases que, por cierto (y por suerte), no se llevó el viento. Éste es le personaje que nos gobierna desde hace más de 5 años y que ahora va a co-pilotar los designios de Europa durante 6 meses. Tiempo más que suficiente para hundirla en las procelosas aguas de… pues eso, de la imprevisible estupidez.

"La Tierra no es de nadie, salvo del viento"; "La vuelta al crecimiento económico es inminente" (Inminente: adj. Que amenaza; part. act. de imminēre, amenazar); "La cuestión no es qué puede hacer Obama por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por Obama"; "Seis millones, seis millones. Barbarie, dolor, memoria. Paz. Paz. Con mi afecto al pueblo judío y mi amistad para Israel"; "El Islam es un pacífico y tolerante elemento de identidad de muchos pueblos (…) no hay incompatibilidad alguna entre la democracia y el mundo árabe"; "Jesucristo dijo «la verdad os hará libres» mas yo os digo: la libertad os hace verdaderos"; "PAZ. Vivir en PAZ, la más grande utopía universal. Con emoción y admiración... a Ghandi. De España, un país en paz, un país para la paz"; "Estoy aquí para cambiar el orden mundial"; "Otegui es un hombre de paz"; "Mi patria no es España sino la libertad"; "Bajar impuestos es de izquierdas"; "Fumar es de derechas"; "Humildemente me defino como un adalid de la paridad, justiciero de las mujeres, rojo feminista y anarcosindicalista"; "El silencio es la mejor plataforma para el diálogo"; "Si algo va bien hay que profundizar en su cambio"; "Un fracaso de la derecha alemana" (Merkel); "Trato de comprender a quienes se declaran creyentes"; "Motivos para creer. Por el pleno empleo" (Cartel electoral); "Los 130.000 no son parados, sino que son personas que se han apuntado al paro"; "Toda patria verdadera debe tener sus raíces en el cielo, y las únicas estrellas que pueden guiarnos en la oscuridad de este mundo son nuestros valores"; "Los valores de la derecha cotizan en la Bolsa; los de la izquierda cotizan en el corazón"; "El cambio climático ha provocado ya más víctimas que el terrorismo internacional y su potencial de destrucción es también muy superior"; "Thank you, sólo hablo español"; "Yo tengo dos hijas. La mayor, vio ´Bambi´ unas quinientas veces, y yo con ella. ¿Y cómo termina ´Bambi´? Se convierte en el rey de la selva"; "Yo puedo equivocarme, pero no engañar sobre la crisis económica"; "La tempestad es fuerte, pero tenemos un barco sólido que conoce bien su rumbo"; "Seguiré luchando contra el viento de la desigualdad y la marea de la intolerancia"; "Estoy a gusto conmigo mismo (…) Créame, soy completamente transparente. Esto es lo que hay".

En fin. Todas estas frases son, desgraciadamente, reales como la vida misma (están convenientemente reseñadas en la novela satírica "Bienvenido, Mister Paz", de un servidor de ustedes). La lista es interminable; y hablamos sólo de palabras. Las acciones dan más miedo aún, y algún día las repasaremos. Porque es muy necesario recordar en manos de quién estamos. Y el peligro que tiene el personaje. Tengamos siempre bien presente la Quinta Ley Fundamental de la Estupidez Humana. Por favor.

Feliz 2010 (¡glups!).

El PP pone la enseñanza del castellano como elemento básico del pacto educativo
Ángel Gabilondo dará cuenta esta tarde sobre la viabilidad del consenso político para Educación
M. MORENO | MADRID ABC 29 Diciembre 2009

Las tesis del PP
La Libertad de elección de los padres debe disponer del marco más favorable para su ejercicio.
Vertebración. Hay que fortalecer la concepción del sistema educativo como elemento clave para la vertebración de la sociedad española.
Enseñanza del castrellano. Es la lengua común de los españoles y la lengua oficial del Estado. Debe, en consecuencia, establecerse por ley la garantía de la enseñanza en lengua castellana en toda España y en todas las etapas educativas.
Convivencia en las aulas. Introducir una serie de medidas de gran calado que generen un nuevo clima en las instituciones educativas y entre los estudiantes.
Recuperar y fortalecer valores como el esfuerzo.y recuperear al cultura de la evaluación.
Refromar la Secundaria y hacer un Bachillerato de tres años.
Reforzar la figura del profesor y reconocer su autoridad.

El Partido Popular condiciona el pacto educativo a una «previa concordancia sobre el diagnóstico de la situación educativa en España» y situa la vertebración como punto básico. Así se recoge en un documento elaborado por el principal grupo de la oposición, que debería ser debatido hoy en las instancias correspondientes del PP y al que ha tenido acceso en exclusiva ABC.

Precisamente hoy, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, dará cuenta de la situación de las negociaciones sobre el mencionado pacto, en cumplimiento del compromiso que en su día contrajo para antes de fin de año de informar sobre la viabilidad de uno de sus grandes compromisos, por no decir el principal, desde que accedió al cargo.

Fracaso y abandono escolar
La postura popular es bien conocida aunque ahora se plasma en un documento. Así, el diagnóstico que exige el PP para seguir adelante con el ansiado pacto incluye varios aspectos. Así, este acuerdo debe asentarse sobre la vertebración del sistema,con programas comunes y garantías para la enseñanza del castellano, en la calidad para acabar con el fracaso escolar, en la cultura del esfuerzo y en el reconocimiento de la autoridad del profesor.

El pacto debe partir del hecho de que, desde 1990, año en que se aprobó la extinta Logse, «en España se ha implantado un modelo educativo que, con muy leves retoques, viene funcionando ya casi veinte años». En definitiva, el PP alienta la tesis de la «inestabilidad» del sistema educativo como la causa de todos los males.

El fracaso escolar, que el texto de los populares mantiene en el 31% , y el abandono prematuro de las aulas, son otros de los argumentos que esgrimen desde el PP para orientar el pacto. «Los resultados de este modelo educativo, lejos de resultar satisfactorios, constituyen un rotundo fracaso». Además, denuncian «graves deficiencias en el aprendizaje de materias básicas; empobrecimiento de los contenidos educativos; deterioro de los valores en los que se sustenta la tarea educativa y del clima escolar».

Para el principal partido de la oposición, «la consecuencia de todo ello es que la educación constituye una de las grandes debilidades nacionales y una hipoteca para su futuro; si el sistema funcionase razonablemente bien, no habría que cambiar el modelo y la legislación vigente».

Asimismo, «un pacto debe sustentarse sobre propuestas concretas. Hay que ir de lo general a lo particular dejando claros los objetivos y principios que se defienden para apostar seguidamente por medidas concretas».

El PP entiende que para que haya un auténtico acuerdoque garantice un cambio de modelo con garantía de estabilidad en el tiempo, «hace falta consenso entre las dos grandes fuerzas políticas con capacidad de gobierno, al que se podrán ir incorporando el resto de fuerzas y sectores del mundo educativo».
En definitiva, debe «garantizar y ampliar las libertades educativas» mediante el desarrollo del artículo 27 de la Constitución. En este apartado, «la libertad de elección de los padres debe disponer del marco más favorable para su ejercicio».

Según reza el documento al que ha tenido acceso ABC, el eventual acuerdo debería «fortalecer la concepción del sistema educativo como elemento clave para la vertebración de la sociedad española» Ello significa, entre otros matices, «la continuidad en el carácter nacional de los cuerpos docentes o la necesaria existencia de un currículo básico común».

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Un decreto sin sorpresas
FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS La Opinión 29 Diciembre 2009

El suspense toca a su fin. En cuestión de horas el gobierno Feijóo alumbrará el borrador de nuevo decreto que regulará la presencia de la lengua gallega en la enseñanza, llamado a reemplazar a la polémica normativa del bipartito. El texto, una vez conocido por el consello, será remitido a diferentes instancias e instituciones, a fin de que lo valoren y hagan sus aportaciones, que, aviso a navegantes, en ningún caso serán tenidas en cuenta si entran en contradicción con la filosofía que inspira el nuevo modelo de normalización lingüística en la educación no universitaria. La Real Academia Galega y el Consello da Cultura figuran en lugar destacado entre los organismos a cuya consideración se somete la nueva norma. A eso se había comprometido públicamente el presidente Feijóo, que presume de cumplir su palabra y el programa electoral, que a sus efectos sitúa en un mismo plano de obligación. Por eso se aprueba ahora, porque así se le prometió a la ciudadanía, aunque en campaña electoral también había anunciado la derogación inmediata del decreto vigente y no se derogó para no crear un vacío legal, algo que nadie había previsto por muy obvio que resultase.

Por más que el secretario xeral de Política Lingüística haya procurado no adelantar acontecimientos, en los varios foros en los que compareció en las últimas semanas -alguno de ellos, auténtico territorio comanche- Anxo Lorenzo dejaba caer algunas líneas maestras, por otra parte coincidentes con lo anticipado por el propio presidente en las muchas ocasiones en que se le preguntó por este asunto. De modo que no hay casi margen para la sorpresa. Ya sabemos que el nuevo decreto no será reglamentista, sino flexible, de modo que se adapte a los diferentes contextos en que se encuentra el gallego. La correlación de fuerzas entre los dos idiomas propios de Galicia no es la misma en A Coruña o en Vigo que en O Courel o en A Terra Chá. Eso se tendrá en cuenta, por sentido común, a la hora de graduar la proporción de materias que cursarán los alumnos en una y otra lengua.

Sabe que inevitablemente determinados sectores interpretarán la medida como regresiva, pero Lorenzo defiende que el decreto en preparación no afecta al núcleo duro de la vigente ley de normalización, aprobada por consenso en los albores de la autonomía. Se sigue apostando por la promoción del gallego para situarlo en plano de igualdad con el castellano y para defender los derechos de los gallegohablantes a vivir en el idioma que han escogido, algo que también hay que garantizarle a aquellos castellanoparlantes, muchos o pocos, que perciben una imposición del otro idioma.

Se trata de desactivar el conflicto social, que muchos no quiere ver y que está ahí. El responsable de la política lingüística considera prioritario rebajar la tensión a la que se ha llegado por el giro que el bipartito imprimió a la cuestión idiomática: una vuelta de tuerca, una espoleta que detonó un malestar cívico que se iba acumulando en ciertos sectores sociales. Hay quien interpreta como un gesto de distensión que en este tema el conselleiro de Educación haya pasado a un prudente segundo plano después de protagonizar varias salidas de tono, que recalentaron innecesariamente el ya de por sí encendido debate.

Aunque no puedan reconocerlo en público, a Feijóo y a Lorenzo, como al ámbito galleguista del Pepedegá en general, no les disgusta nada la idea lanzada por Anxo Quintana en una recientes jornadas de su think tank: eso de que la vía para ganar nuevos hablantes y defensores del gallego ha de ser la seducción. Les encanta no tanto por ser una idea brillante, sino porque en el fondo también es un inequívoco reconocimiento de que, en cuestión tan delicada como la lengua, por el método del palo y tentetieso -que eso es la imposición- no se consigue nada positivo.

fernandomacias@terra.es

La década soberanista
RAFAEL LEONISIO El Correo 29 Diciembre 2009

INVESTIGADOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA DE LA UPV-EHU

El interés con el que el Gobierno vasco preparó el 30 aniversario del Estatuto no debe sorprender a nadie, puesto que el discurso de los socialistas vascos en las últimas décadas ha destacado por una defensa acérrima del Estatuto y del autogobierno. A pesar de los embates que desde finales de la década de los 90 el nacionalismo vasco dio al Estatuto, el PSE continuó impertérrito defendiendo lo que el socialismo vasco considera no un mero listado de transferencias sino un gran pacto de convivencia entre vascos y entre éstos con el resto de españoles. Un ejemplo de ello es la frase que Patxi López le espetó a Ibarretxe en el Debate de Política General de 2002: «Señor lehendakari, rechazamos su propuesta, su contenido y su procedimiento, y le decimos que la bandera del Estatuto, que ustedes han arrojado hoy al suelo, la seguiremos enarbolando los socialistas». Y es que es ésta una de las cuestiones donde se va a notar el cambio que pretenden protagonizar los socialistas. Tengamos en cuenta que las tres legislaturas de Ibarretxe destacaron por otros tantos proyectos de superación de los límites del autogobierno.

El primero, la llamada Asamblea de Municipios de Euskal Herria o Udalbiltza, fue la plasmación de la «institución única y soberana para el conjunto de Euskal Herria» que ETA reclamaba en su comunicado de tregua en septiembre de 1998. La unidad nacionalista en torno a ese proyecto tuvo dos momentos. El primero en febrero de 1999, cuando se constituyó la Asamblea de Electos de Euskal Herria, cuya finalidad era «coadyuvar a la estructuración política de Euskal Herria dando un testimonio de su territorialidad y con la pretensión de englobar en un marco común a los representantes municipales de los seis territorios vascos». El segundo momento tuvo lugar unos meses después con la constitución, sobre la base de la Asamblea de Electos, de Udalbiltza, la que pretendía ser la primera institución nacional vasca. Sin embargo, la ruptura de la tregua dio al traste con la unidad nacionalista en torno a esta institución.

El segundo proyecto, presentado en el Debate de Política General de 2002, fue el denominado 'plan Ibarretxe'. La propuesta, definida como un «pacto para la convivencia», tenía tres pilares: el pueblo vasco tiene identidad propia, tiene derecho a decidir su futuro y se deben respetar las decisiones de los ciudadanos de los tres ámbitos jurídico-políticos en los que se divide el pueblo vasco. Se trataba de superar el Estatuto y sustituirlo por otro documento que reconociera la identidad nacional vasca y la capacidad de Euskadi de decidir su propio futuro, incluyendo la independencia, aunque en este caso la propuesta era la libre asociación de Euskadi a un Estado español plurinacional. El articulado concreto del plan vio la luz el 25 de octubre de 2003 (en el aniversario del referéndum del Estatuto de Gernika y de la Ley Confirmatoria de Fueros de 1839). En él se especificaba que el estatus de libre asociación era para Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, aunque dejaba la puerta abierta a la incorporación de Navarra (para el País Vasco francés solo se preveían acuerdos de cooperación). Establecía la nacionalidad vasca y la capacidad de Euskadi para optar a cualquier otro nuevo estatus de relación con el Estado. Fue aprobado por el Parlamento vasco en diciembre de 2004 y rechazado por el Congreso de los Diputados en febrero de 2005. Este rechazo y la bajada electoral de la coalición PNV-EA en las inmediatas elecciones autonómicas hicieron que el plan fuera guardado en un cajón y sustituido por un tercer proyecto.

El proyecto de ley de consulta, presentado en 2007, también estaba de nuevo centrado en el derecho a decidir. Ibarretxe presentó dos alternativas para el 25 de octubre de 2008 (de nuevo la fecha tótem): o bien los ciudadanos vascos acudían a las urnas para ratificar un acuerdo político entre Euskadi y el Estado basado en el rechazo a la violencia y en el compromiso por parte del Estado de incorporar a su ordenamiento jurídico el respeto a la voluntad de la sociedad vasca; o bien lo hacían para trasladar un «mandato imperativo a todas las partes (ETA, Gobierno español y partidos políticos vascos)» con el objetivo de desarrollar un proceso de diálogo y negociación que desembocara en el fin de la violencia y «en la solución del conflicto de normalización política». En cualquier caso las miras estaban puestas en la segunda mitad de 2010, fecha en la que debería celebrarse otro referéndum (¿quizá un 25 de octubre?) que plasmara el derecho de los vascos a decidir libremente su propio futuro, es decir, un referéndum de autodeterminación. El acuerdo con el Gobierno central no llegó, e Ibarretxe convocó un referéndum en el que se preguntaba a los vascos si apoyaban dos cuestiones: un final dialogado de la violencia tras declarar ETA su voluntad de dejar las armas y una negociación entre los partidos vascos para alcanzar un acuerdo sobre el derecho a decidir.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional prohibió la consulta y la llegada de los socialistas al Gobierno vasco ha hecho que éste haya apartado de su agenda política este proyecto y cualquier otro que pretenda superar el Estatuto de Gernika. Es éste, como decíamos al principio, uno de los grandes elementos del cambio: ya no hay iniciativas gubernamentales dirigidas a la superación de los límites del autogobierno vasco, sino que éstas más bien van encaminadas a su defensa y a prestigiar el Estatuto. Un ejemplo de esto último es la declaración del 25 de octubre, fecha del referéndum estatutario, como día festivo a partir de 2011.

PRESENTA EL NUEVO DECRETO LINGÜÍSTICO
La palabra de Núñez Feijóo, a prueba este miércoles
Ya no podía dilatarlo más. Núñez Feijóo dijo que presentaría el nuevo decreto lingüístico en 2009 y lo hará este miércoles, 30 de diciembre. Será el momento de comprobar si cumple con su palabra. Muy pocos confían en que lo haga. En unas horas lo sabremos.
raúl vilas La Razón 29 Diciembre 2009

Este miércoles sabremos por fin si el presidente de la Xunta de Galicia cumple o no con su palabra y garantiza, con el nuevo decreto sobre el uso del gallego, la libertad lingüística de los ciudadanos de esta región del noroeste español, como prometió durante la campaña electoral que la aupó a la presidencia autonómica.

Su compromiso era presentar esta nueva legislación, que derogará el anterior decreto del gobierno bipartito (PSOE-BNG), en este año. Núñez Feijóo ha dilatado el proceso todo lo que ha podido, y será en el último consejo de Gobierno de 2009, este miércoles día 30, apenas 24 horas antes de las campanadas de fin de año.

Con esta tardanza, Feijóo ha generado una gran incertidumbre que ha alimentado aún más la creciente desconfianza de las asociaciones y particulares que desde la sociedad se han implicado en la defensa de la libertad lingüística. Este asunto fue fundamental en las pasadas elecciones y el presidente gallego se sirvió del mismo, comprometiéndose a garantizar, si era elegido, la libertad de los padres para elegir en que lengua educan a sus hijos.

Sin embargo, desde que ganó las elecciones se ha convertido en una cuestión incómoda para Feijóo. Las presiones han ido creciendo día a día, incluso dentro del propio PP gallego. Y es que más allá de las consideraciones puramente políticas o ideológicas, en torno a la imposición del gallego se ha tejido una importante red de intereses económicos de la que se benefician principalmente editoriales y medios de comunicación, que no están dispuestos a que se les termine el chollo tan fácilmente.

Durante los meses que lleva en el poder, el presidente gallego ha estado mucho más preocupado por tranquilizar a estos sectores que por cumplir con la palabra dada a quienes le ayudaron a ganar las elecciones. Prueba de ello es la única medida que ha tomado hasta ahora en esta materia: El nombramiento del nacionalista Anxo Lourenzo, firme partidario de la imposición del gallego, como Director de Política de Lingüística.

Lourenzo fue uno de los responsables de la campaña a favor del controvertido decreto 124/2007 –que impone el gallego en la enseñanza– desarrollada por la Universidad de Vigo bajo el título "Europa é plurilingüe. Quen sabe galego, sabe máis".

Es precisamente Lourenzo el encargado de redactar el nuevo decreto que se presenta este miércoles, lo que explica la desconfianza que ha manifestado la presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago que cree que "servirá únicamente para suavizar la nefasta política lingüística del bipartito, y no para resolver un grave problema que afecta a la educación de los escolares gallegos". Lago, en declaraciones a la Agencia Gallega de Noticias, explicó que el nuevo decreto "será un placebo, un documento con el que el presidente pretende esconder o tergiversar su compromiso electoral, pero que mucho me temo que dejará patente que Núñez Feijóo nos engañó, a mí, a los socios de Galicia Bilingüe y a los gallegos que fueron a votar convencidos de que podrían escoger la lengua vehicular de la enseñanza".

Unas promesas, la de Feijóo, que Galicia Bilingüe ha demostrado su viabilidad y fácil aplicación, con una propuesta que ha remitido al presidente de la Xunta de Galicia hace unas semanas. Como ha reiterado esta asociación en múltiples ocasiones, lo único que hace falta para que Feijóo cumpla es voluntad de cumplir. Pero quizá sea ese el problema. En las últimas semanas desde la Xunta y el PP gallego han intentado desviar el debate hacia la enseñanza del inglés. El mensaje oficial es que el debate no debe girar en torno al gallego o castellano, sino a una mayor presencia del inglés en las aulas. Otro mal augurio para quienes, en su día, creyeron en Feijóo. Este miércoles se resolverá la incógnita.

Cataluña aprueba un código que ignora al consumidor castellanohablante
La ley de consumo de la Generalitat blinda el aranés, pero no el español
No hay rastro del castellano en el nuevo Código de Consumo de Cataluña, supervisado por Esquerra.
Joan Planes La Razón 29 Diciembre 2009

BARCELONA-El Gobierno de laGeneralitat aprobó la semana pasada el nuevo Código de Consumo de Cataluña, una normativa tiene como principales objetivos regular y mejorar los derechos de los consumidores. Está escrito bajo la supervisión de la Agencia Catalana de Consumo (ACC), dirigida por Jordi Anguera, de Esquerra Republicana.

Uno de los artículos de la nueva normativa, concretamente el capítulo VIII, hace referencia a los derechos lingüísticos de los consumidores. Parece una continuación, más fuerte si acaso, de la Ley de Política Lingüística aprobada por la Generalitat en 1998, bajo el mandato de CiU y que ha sido seguida sin complejos por los dos ejecutivos tripartitos.

Sólo en catalán
Los citados artículos dictaminan que los consumidores tienen derecho a recibir en catalán las invitaciones a comprar, la información, la documentación referente a contratos y facturas. El castellano no aparece.

La misma normativa también regula que los consumidores o clientes tienen derecho a recibir en catalán los contratos de adhesión, con cualquier tipo de cláusula, la información necesarias para el consumo adecuado y el acceso a todo tipo de conocimiento sobre salud y seguridad. Sigue sin aparecer el castellano.

El siguiente artículo hace referencia a otro idioma, pero no es el castellano. Es el aranés. Concretamente, dice que «la Generalitat tiene que velar por el fomento en las relaciones de consumo, del uso de la lengua occitana, denominada aranés en el Vall d’Aran, dentro de este ámbito territorial, donde es idioma propio». De esta manera, el tripartito blinda los derechos de los consumidores, pero sólo en los idiomas catalán y aranés. En otras palabras, no hay rastro del castellano todo el texto de la normativa. Otr apartado de la normativa deja claro que no existe la más mínima intención de dejar atrás una ley vigente que permite las multas.

Oscurantismo
El diputado del Grupo Mixto en el Parlament, José Domingo, ha denunciado a LA RAZÓN que las catorce preguntas que se han enviado por escrito al gobierno catalán referentes a asuntos lingüísticos siguen sin respuesta por parte del tripartito. Cuatro de las cuestiones son del propio Grupo Mixto y las otras diez, del PP. Prácticamente todas las preguntas hacen referencia al número de sanciones a establecimientos comerciales por la polémica Ley de Política Lingüística. Cabe recordar que esta ley, ideada por CiU y aplicada con más rigor por el tripartito, permite sancionar a los comercios que no rotulen en catalán.

Su aplicación siempre ha sido motivo de discusión y el criterio que seguido por la Agencia Catalana de Consumo (ACC), aún más. Domingo señala que desde que en el pasado mes de enero la ACC pasara a manos del republicano Jordi Anguera «la situación ha empeorado, porque parece que le gusta mucho sancionar».

El diputado lamenta que «el departamento de Economía de la Generalitat no contesta sistemáticamente a ninguna de las preguntas que se formulan sobre los asuntos relacionados con los requerimientos y procedimientos sancionadores llevados a cabo por la Agencia».

Los notarios, también
Josep Lluís Carod-Rovira, vicepresidente de la Generalitat; Montserrat Tura, consejera de Justicia; y el decano del Colegio de Notarios de Cataluña, Joan Carles Ollé, han sellado un acuerdo para fomentar el uso del catalán. En virtud del pacto, se pondrán en marcha cursos de acogida lingüística para notarios llegados de otras comunidades autónomas así como recursos lingüísticos en línea y diferentes herramientas de autoaprendizaje, traducción y corrección. El objetivo, según el Govern, es garantizar el derecho a la ciudadanía a ser atendida en catalán. De momento, sólo el doce por ciento de las escrituras públicas notariales están redactadas en esta lengua. Para Carod, queda «un largo camino».

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