AGLI

Recortes de Prensa    Jueves 31  Diciembre  2009

 

La escuela no admite el fracaso
Editorial La Razon 31 Diciembre 2009

Gobierno y PP están obligados a consensuar una reforma profunda y ambiciosa

Haciendo honor a su promesa de informar antes de que terminara el año sobre la viabilidad de un pacto educativo, el ministro Gabilondo manifestó ayer que hay elementos de consenso suficientes para no arrojar la toalla y proseguir las negociaciones entre las diferentes partes, pero sobre todo con el PP. Es una buena noticia y pone de manifiesto que el esfuerzo del ministro de Educación ha sido no sólo voluntarioso o retórico. No obstante, cabe preguntarse si tanto el Gobierno como la oposición están en condiciones de decirle a la sociedad española que no es posible un pacto para sacar a la enseñanza de la postración en que está sumida, con uno de los índices de fracaso escolar más altos del mundo, con un profesorado desmotivado, con una financiación tercermundista y con una contaminación ideológica que esteriliza la calidad y malversa los esfuerzos de mejora.

Precisamente porque PSOE y PP no se pueden permitir más frivolidades partidistas y doctrinarias con la enseñanza, es exigible que pasen sin demora de las buenas intenciones a los hechos y acuerdos concretos. Ambas partes deben poner lo mejor de sí mismas, pero le corresponde la carga de la prueba al PSOE, cuyas leyes promulgadas durante la etapa de Felipe González y reeditadas tras la breve y truncada reforma de Aznar son las causantes del desastre educativo al que se ha llegado. Quiere esto decir que, constatada la buena voluntad del ministro Gabilondo, sería frustrante que se desperdiciara la ocasión de alcanzar un pacto ambicioso, profundo, verdaderamente de Estado y con vocación de permanencia más allá de la alternancia partidista en el poder. No es suficiente con parir un acuerdo de mínimos, una especie de parcheo para ir tirando, como mejorar algo la financiación, alargar el Bachillerato, reducir la ESO o potenciar la Formación Profesional.

Todo eso está bien, pero no es bastante. El objetivo primordial es mejorar la calidad docente, elevar los niveles de exigencia y potenciar la integración del alumno. En suma, devolverle al ámbito escolar su función primordial de transmisión de conocimientos, de maduración personal y de incorporación a la sociedad de las nuevas generaciones. Para llegar hasta aquí es imprescindible dejar a un lado el proselitismo ideológico, al que tan aficionada es la izquierda, sin otro marco de referencia que el establecido en la Constitución. O lo que es igual, respetando escrupulosamente el artículo 27 en el que se establece, por una parte, que «la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales»; y, por otra, que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

Sobre este bastidor constitucional PSOE y PP deberán tejer un modelo que potencie el protagonismo del espacio educativo, que demande más responsabilidad y mérito del alumno, que sea dirigido por un profesorado más reforzado en su autoridad y en su formación y que establezca mecanismos racionales de apoyo a los estudiantes con problemas. Dicho lo cual, tampoco deberían renunciar los dos grandes partidos a recuperar la función vertebradora que todo sistema educativo tiene sobre un país. Las competencias autonómicas no deberían ser excusas para fragmentar un modelo que ha de ser igual para todos en sus fundamentos, empezando por la lengua común de todos los españoles.

El País ya no está en vilo
Raúl Vilas Libertad Digital 31 Diciembre 2009

Pocas veces ha quedado mejor retratada la indigencia moral e intelectual de esos bípedos que llamamos progres como en aquella portada de El País tras la masacre de las Torres Gemelas. Con miles de cuerpos carbonizados entre los escombros aún humeantes del World Trade Center, el diario de Prisa abría así su edición del 12 de septiembre de 2001: El mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush. Ni el mismísimo obispo Setién obró el milagro de convertir víctimas en verdugos en tan poco tiempo.

La bomba del terrorista nigeriano que volaba de Ámsterdam a Detroit no estalló. Por suerte y por la valiente respuesta de la tripulación, no por esos controles de seguridad tan molestos y, como se ha demostrado, absolutamente ineficientes. Nada más peligroso que un político con coartada para recortar nuestras libertades, es que les encanta, oiga. Los ciudadanos terminaremos subiendo a los aviones en pelotas sin que, no lo duden, logren impedir que algún terrorista más embarque armado hasta los dientes.

Pese al final feliz, la reacción del presidente de los Estados Unidos no ha podido ser más contundente: "No descansaré hasta apresar a los responsables", "utilizaremos toda nuestra fuerza como nación para vencer a los terroristas", "este intento sirve para recordarnos la grave amenaza contra nuestro país". Ojeo El País en busca de un titular acorde con las palabras del comandante en jefe del ejército del Imperio: "Terror en el globo ante la venganza de Obama", imagino. Nada, no lo encuentro. Escudriño las páginas, pero no hay suerte. A lo mejor están en cuadro por las vacaciones de Navidad, pienso, pero en esa casa no celebran fiestas tan retrógadas. Mi desconcierto aumenta.

¿Qué habrá cambiado? No es la primera vez que me hago la pregunta. Estos tipos, los progres, reparten alegremente certificados de buena conducta moral pero no son muy amigos de los espejos. Eso les permite defender una cosa y la contraria sin despeinarse. Determinan que una guerra es justa (Afganistán) o injusta (Irak) por un papelito de la ONU, que depende del chalaneo pecuniario entre Estados, como todas las decisiones de esa gran casa de la corrupción universal. Siguen siendo marxistas, pero se han pasado de Karl a Groucho, por aquello de los principios. Finalmente veo la luz, claro que ha cambiado algo: Obama es negro. Sí, también son racistas.

11-M
Explosivos desconocidos
Gabriel Moris Libertad Digital 31 Diciembre 2009

No quisiera iniciar la segunda década del siglo XXI sin resaltar uno de los aspectos más importantes derivados de la masacre del 11-M: la imposibilidad de conocer, a día de hoy, el arma homicida.

Ayer, casualmente, pude ver un documental sobre el asesinato de Trotsky. No me pasó inadvertido el hecho de que en el lugar del crimen se encontraran los elementos del arma utilizada. De inmediato valoré la posibilidad de que el asesino sólo contara con tiempo para escapar y no para borrar las huellas de su crimen. Las diferencias con la bien planificada masacre del 11-M saltan a la vista incluso ante cualquier persona no iniciada en temas policiales.

Otro ejemplo que atrae mi atención es el del atentado de la T-4, según nos dijeron, perpetrado por ETA. Sin entrar en detalles sobre las características de ambos atentados, podemos resaltar lo siguiente:

* En el de los trenes de cercanías se buscaba quitar la vida al máximo número de los inocentes y laboriosos viajeros. Los daños materiales, aunque cuantiosos, no eran el objetivo del atentado.
* En la terminal de Barajas perseguían destruir una obra emblemática, no quitar la vida a los infortunados ecuatorianos que dormían esperando la llegada de los suyos.

En el primer caso –en el del 11-M– el tonelaje de materiales destruidos era muy inferior al de la T-4. Sin embargo, respecto al 11-M, se nos ha informado de que no se ha podido conocer la naturaleza del explosivo; mientras que en la T-4 sí se conoció, a pesar de que al encontrarse el explosivo entre toneladas de escombros podría resultar tan complicado como encontrar una aguja en pajar.

¿A qué responden las diferencias que encontramos entre los resultados de ambas investigaciones? ¿Actuaron en su búsqueda los mismos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado?

Durante estos días han saltado a algunos medios de comunicación las declaraciones en sede judicial de los Tedax y peritos de la Policía Científica que testificaron en el juicio que se sigue contra el Sr. Sánchez Manzano y la perito que debió realizar los primeros análisis de las muestras procedentes de los focos de explosión. Los testigos ya citados hicieron unas declaraciones que, si son veraces, dejan bien a las claras hasta qué nivel de la institución policial se actuó de acuerdo con los protocolos establecidos. De ese nivel hacia los mas altos responsables de la organización policial, hay un trabajo de investigación que esperamos sea realizado por los órganos judiciales competentes. Este proceso que se sigue a nivel de responsabilidades civiles en la actuación policial del 11-M no tiene su proceso gemelo en el ámbito penal. Parece como si la Audiencia Nacional hubiera dado por finalizado su deber ineludible de investigar, juzgar y condenar todos los aspectos penales del mayor atentado terrorista de nuestra historia.

Al comienzo del juicio de la Casa de Campo, todos los españoles pudimos escuchar de boca del presidente del Tribunal que el objetivo de dicho juicio era el clarificar, y en su caso condenar, a los veintinueve inculpados en el auto instruido por el juez Del Olmo. No quisiera pecar de reiterativo recordando que de esos inculpados, sólo tres lo fueron por su participación en los hechos, y, para ser más preciso, sólo uno lo fue por su presencia en los trenes. En mi modesta opinión, pienso que un crimen que podría ser considerado de lesa humanidad no puede saldarse con un balance tan pobre como el que nos dejó el juicio de la Casa de Campo. Del mismo juez Bermúdez escuchamos que habría deducciones de testimonio y que de ese primer juicio derivarían otros para descubrir a las mentes diabólicas que lo concibieron así como para que la cadena logística desarrollada para su ejecución quedara al descubierto. Dos años después de que la Audiencia Nacional refrendara el fallo del juicio antes citado, según mis conocimientos, no se ha iniciado ninguna investigación seria sobre este caso. Las víctimas y los ciudadanos sí sabemos al menos dos cosas:

1. Que la naturaleza del arma del crimen no la conocemos. Hecho que considero insólito en la historia de las investigaciones policiales españolas.
2. Que según el Tribunal Supremo, al no poder defenderse los muertos de la vivienda de Leganés, éstos no podían ser condenados por el Tribunal que presidió Gómez Bermúdez.

Un año más, quiero lanzar un deseo de esperanza para que todos, víctimas, ciudadanos y servidores de nuestro Estado de Derecho, actuemos con la moral, la ética y el rigor necesario para que la lacra de este crimen que a todos nos envilece se clarifique en aras de nuestra reconciliación mutua entre gobernantes y gobernados, entre servidores y servidos, entre asesinos y asesinados.

La España de ZP y la real
Editorial www.gaceta.es 31 Diciembre 2009

ZP repitió su acostumbrado análisis optimista y frívolo de la situación

Zapatero no defraudó. Como ya es habitual en sus comparecencias, su último discurso del año ante los medios fue un nuevo ejercicio de improvisación, vacuidad, buenos deseos y falacias. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez le había preparado el terreno calentando el ambiente a primeras horas de la mañana transmitiendo a la opinión pública lo que considera mejora de todos los indicadores de actividad en el cuarto trimestre del año, aunque matizaba que los datos aún son “escasos” y que la capacidad informativa acerca de la evolución de la actividad es todavía “limitada”.

El favor del gobernador cantaba mucho pero daba pie a ZP a su acostumbrado análisis optimista y frívolo de la situación. El presidente admitió que en este año “la crisis se ha manifestado en toda su crudeza” y, a partir de ahí, se dedicó a ensalzar las medidas emprendidas por el Gobierno –Plan E, créditos ICO…– pese a sus nulos resultados, para concluir con la mejora de la situación que le lleva a plantear como objetivo para el año que empieza a “pasar de la recesión a la recuperación” y de “la fuerte pérdida de empleo a la moderación y creación de empleo en la última parte de 2010”. Un gran dislate porque, como advirtió Mariano Rajoy en su comparecencia, “o miente Zapatero o mienten los Presupuestos o probablemente mienten los dos”, y recordó que las cuentas del Estado recién aprobadas en el Congreso con el voto en contra del PP prevén que el crecimiento “volverá a ser negativo” y habrá “300.000 parados más”.

ZP admitió que el debate sobre “si estábamos en crisis o en desaceleración económica” fue “estéril”, eso sí, sin reconocer, en ningún caso, que mintió, como lo hace ahora. La realidad es que los indicadores reflejan un empeoramiento de la situación. Por un lado, el comercio minorista se contrajo un 5,5%, arrojando el peor registro desde marzo de este año. Un segundo dato negativo es la caída del 3,6% del consumo eléctrico en noviembre, y un tercer indicador negativo es el de la confianza del consumidor, que refleja un retroceso de 20,7 puntos en noviembre y, lo que es peor, la falta de confianza de los consumidores en las expectativas económicas. Estos datos dibujan la triste realidad en el mes de noviembre. Una realidad, desgraciadamente, mucho más negativa que la que nos pinta ZP, y eso sin contar con el galopante déficit público, que cerrará el año en el 10% del PIB; el aumento peligroso de la deuda pública, que además se ha encarecido notablemente a causa de la rebaja del rating de las grandes agencias de calificación Standard & Poor’s o Moody’s o el alarmante problema del paro, que ronda ya el 20%, y que sumado al déficit público, nos coloca también al frente del índice de miseria elaborado también por Moody’s. En el terreno del balance político los embustes van subiendo de tono. Al intolerable caso Faisán, el del chivatazo de la Policía al aparato de extorsión etarra, no duda en llamarlo “política antiterrorista”. Pero la cosa no para ahí. El presidente afirma que “hay que respetar la acción de la Justicia”, para acabar concluyendo que “tenemos un ministro capaz, convincente y que dirige muy bien la política antiterrorista”. ¿De qué Justicia habla ZP? Lógicamente de la que está a su servicio, la que esconde los sumarios en los cajones y retrasa las sentencias, como la del Estatut catalán, del que sin ningún pudor afirmó: “El preámbulo no tiene tacha de inconstitucionalidad y los símbolos nacionales entran perfectamente en el marco de la Constitución”. Otro golpe de presión al tribunal que analiza el texto, claro está que ese texto es su obra, la dinamita que destruye la Nación española.

Adiós al 2009
Román Cendoya www.gaceta.es 31 Diciembre 2009

El fondo no se puede tocar tantas veces y la recuperación ni está ni se la espera.

Corrupción masiva y generalizada y paro desbocado en una crisis sin precedentes. Eso es lo que día a día, sin piedad, hemos sufrido en España. Todo envuelto en la mentira gubernamental que, cada vez que habla, o vende una realidad inexistente o divide a la sociedad. Hemos “tocado fondo” y “lo peor de la crisis ya ha pasado” se ha anunciado más de once veces. En noviembre Zapatero nos decía que “la recuperación se ha iniciado” y, en diciembre, ha afirmado que “el inicio de la recuperación es inminente”. Todo mentira. El fondo no se puede tocar tantas veces, lo peor tampoco pasa cada mes y la recuperación ni está ni se la espera. Corbacho dijo en agosto que “no permitiremos que los parados queden desamparados”; por eso Cáritas ha tenido que atender a más de 800.000 familias.

Termina un año en el que España se ha degenerado convirtiendo en derecho el aborto. La ocupación de todos los espacios de la sociedad por una casta política, en la que la mediocridad tiene rango de categoría, aumenta la desafección en los ciudadanos. Las crisis de Gobierno no han servido para mejorar los pésimos ministros que sufrimos. Zapatero se somete a cualquier chantaje con la sumisión del débil y necesita de terceros que le solucionen los conflictos. Así ha sido con el Alakrana, Aminatu Haidar,… En Afganistán estamos en una supuesta “misión de paz” compartiendo operación con las fuerzas de EE UU que están en guerra. ¿Cómo se puede estar en el mismo sitio, haciendo lo mismo y unos estar en paz y los otros en guerra? Mentira.

Vamos a estar pagando este año durante mucho tiempo por el brutal endeudamiento en el que nos ha enterrado el peor presidente de la historia democrática española. Prometió pleno empleo y superar a Francia en PIB y nos ha descarrilado del tren del progreso y desarrollo. La mejor noticia de 2009 es que termina y se va. Adiós. Lo malo es que Zapatero y su Gobierno se quedan. Como la oposición.

Un año perdido
El balance anual de Zapatero elude el principal error del Gobierno: la improvisación
Editorial La Razon 31 Diciembre 2009

En efecto, el año que hoy termina ha sido malo, francamente negativo para los españoles. Hasta el presidente del Gobierno admitió ayer, en su balance final tras el Consejo de Ministros, que 2009 «ha sido muy difícil». Si quien se define a sí mismo como un «optimista antropológico» no titubea en el diagnóstico, es que el panorama es aún más sombrío de cómo lo ha venido pintando el Gobierno durante estos doce meses. De hecho, un solo dato basta para confirmarlo: de enero a noviembre el número de parados ha aumentado en 740.000 personas. Otro dato más, conocido ayer mismo: la renta per cápita de los españoles ha experimentado la menor subida de la historia de este índice. Y un tercero, divulgado el lunes: el déficit público se ha multiplicado por cinco.

Los hechos son los que son y cualquier intento de maquillarlos sería, aparte de vano, ridículo. Es comprensible que el presidente del Gobierno se esforzara ayer en pasar el mal trago de cerrar un año tan calamitoso prometiendo que el próximo será de crecimiento, dejará atrás la recesión y en unos meses se creará empleo neto. Es decir, que en 2010 brillará el sol, saldrá el arco iris y florecerán las margaritas entre los abundantes brotes verdes. Zapatero dice basar su idílica visión en los informes del Banco de España, pero esos mismos informes alertan de que la recuperación se irá al traste si no se toman drásticas medidas de ajuste, de las que el presidente socialista viene huyendo desde que admitió, con un año de retraso, la crisis económica. Tampoco concuerda ese horizonte embellecido con las previsiones del FMI, de la OCDE y de Bruselas para España, a la que se califica como el «enfermo de Europa», pues las demás economías comunitarias, con Alemania y Francia a la cabeza, cerrarán el ejercicio con resultados positivos. Después de seis años, los ciudadanos están al cabo de la calle de la gestión de Zapatero y de la fiabilidad de sus promesas, entre las que sobresale ésta: prometió el pleno empleo en las elecciones de 2008 y ha batido el récord de parados de nuestra historia. No sin motivo, la encuesta que hoy publica LA RAZÓN revela que el 69,2% de los españoles no cree en la recuperación anunciada por el presidente. Y un 73,2% no duda en suspender al Gobierno, coincidiendo con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, en que se ha perdido en improvisaciones un año fundamental para combatir la crisis. Más ampliamente, el veredicto de los encuestados sobre la gestión socialista durante 2009 es claramente demoledor: salvo en Sanidad y en Política Antiterrorista, que reciben el aprobado, se censuran Política Exterior (49,1%), Inmigración (54,8%), Justicia (53,3%) y Seguridad Ciudadana (51,1%). Cuando un Gobierno cosecha una consideración social tan baja es que no ha hecho bien su trabajo y, lo que es peor, no tiene el crédito político necesario para remontar la dura recesión económica.

Que Zapatero proclame sentidamente que su única obsesión es crear empleo sirve de muy poco si no abandona su pasividad esperando que los agentes sociales le saquen las castañas del fuego y dilatando medidas poco agradables pero imprescindibles para reactivar la economía. Acierta al promover pactos con el PP en educación, energía y contención del déficit. Pero no basta. Ya debería haber aplicado un plan de choque para reducir el gasto público y recortar una burocracia artificialmente hinchada. Y, por supuesto, haber impulsado una reforma laboral y fiscal que reanime la lánguida existencia de la pequeña y mediana empresa, auténtico motor de empleo sostenible.

Dependiente, independiente y pendencias
Daniel Martín Estrella Digital 31 Diciembre 2009

El idioma que habla un país, ese que tan poco tiene que ver con el de lingüistas y gramáticos, suele revelar partes del subconsciente nacional. Miguel de Unamuno afirmaba que la lengua es el sentido común. Cuanto menos común y lógico sea ese sentido, así será y se comportará la nación que lo practica.

Según la tiranía de lo políticamente correcto, en España ya no se puede decir minusválido, impedido, incapacitado, paralítico, parapléjico, etc. sino que, hasta por ley, es preferible ser dependiente. ¿En qué país se vive cuando es preferible se desposeído de la independencia que de una parte de la capacidad o la posibilidad de autovalerse plena o parcialmente, aunque estas describan mejor una realidad que la palabra dependiente tan solo califica? En España, históricamente, siempre se ha preferido depender, de ahí que esta palabra resulte socialmente menos enojosa.

Este particular aspecto de la realidad nacional refleja cómo funcionan aquí las cosas. En España hay más gente que vive de lo público que gente que vive para, por y según lo privado. Según eso, España nunca será un país rico en cuanto esquilmado por la codicia de aquellos que esperan que el Estado les resuelva todos los problemas. Sólo en España pudo nacer un sistema donde al Estado central se le unieron varios organismos públicos como Autonomías y Municipios que, sin ningún reparo ni límite, también aportan para que nuestro Estado de Beneficencia mantenga los ánimos tranquilos mientras nuestras arcas y el futuro de la nación se van vaciando de posibles y posibilidades. Al final será España entera la que dependa de lo que nos den otras latitudes.

Lo curioso es que en este país -donde muchos reniegan de belenes y cruficijos por, dicen, sentirse ofendidos- celebramos como en ningún otro lado las fiestas navideñas y aledañas. Todo el mundo goza de vacaciones y festividades como si les fuese el "alma" en ello. Peculiar contradicción que también define el despropósito de país en el que vivimos.

Porque, sobre todo, este asunto de la dependencia, del Estado elefantiásico que todo lo puede y que todo lo paga, tiene mucho más que ver con la caridad cristiana que con ningún otro elemento que podamos imaginar. Como seres humanos que, aún, somos, nos disgusta el sufrimiento ajeno y estamos de acuerdo con ayudar a los más necesitados. El problema es que la ley de Dependencia no se puede aplicar porque no hay recursos con que sufragar sus enormes gastos ya que hay demasiados dependientes en el país: políticos, sindicatos, patronales, funcionarios, pensionistas, empleados de entes públicos y de colegios de afiliación obligatoria, cineastas, demás culturetas, etc. De tal manera que los que realmente necesitan ayuda siguen siendo los más dependientes.

Frente a esto, la independencia, la libertad, es en España poco menos que una quimera. Son pocas las personas dispuestas a tirar "palante" sin ayuda de lo público, sobre todo porque de esta manera se compite en manifiesta inferioridad. Aparte de valor, para ser independiente, por muy incapacitado que se esté, hace falta espíritu quijotesco, y ya sabemos que Don Quijote es el más famoso de nuestra Historia, aunque el menos leído y el más incomprendido.

Seguramente por todo ello España sigue siendo un país provinciano que se centra en asuntos minoritarios, absolutamente localistas, sin atender a los problemas serios, estructurales, que impiden imaginar un futuro próspero. Estos asuntos esenciales exigen cierta independencia de criterio y voluntad, y de momento la mayoría se conforma con hacer fortuna a corto plazo, sin importar si quedará algo para nuestros nietos.

De ahí que, en franca dependencia de la contingencia nacional, España siempre haya sido un país más "de pendencias" que de auténticos debates para decidir cuáles son sus auténticas necesidades, las fundamentales dependencias y esclavitudes de las que liberarse. Aquí, como en ninguna nación del globo, se odia la libertad porque ésta obliga a mucho, y somos más de reclamar derechos que de aceptar obligaciones.

Aun más, el sueño de la gran mayoría de la sociedad que tolera los desmanes de nuestro sistema político y presupuestario sería la de devenir en dependientes. Lo que deberíamos entender es que para pagar tanta dependencia necesitamos más almas independientes, más libertad, mucha más gente trabajando por mor de la nación. Algo imposible mientras los impuestos tan solo sirvan para proteger prebendas, sinecuras, simonías y nepotismos.

Así, desde mi más estricta independencia a pesar de ser completamente incapaz para casi todo, minusválido y minusvalorado socialmente, a pesar de los pesares, deseo desde aquí unas felices fiestas a todo el mundo. Laicas, por supuesto, que el nacimiento de Jesús de Nazaret así puede ser concebido. Por la gracia de Dios, supongo.

dmago2003@yahoo.es

¿Legitimidad o irrelevancia?
José María Ruiz Soroa El País 31 Diciembre 2009

El control de constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, en sí misma una cuestión que no debiera exceder de los parámetros de visibilidad en que opera normalmente el Tribunal Constitucional, se ha convertido en un problema político de primer orden. No es extraño por ello que en el apasionado debate que ha generado hayan terminado por comparecer las grandes cuestiones en torno a la justificación y legitimidad del control mismo de constitucionalidad de las leyes aprobadas por los representantes de los ciudadanos.

Si el TC decidiese por unanimidad se convertiría en un órgano redundante e inútil
En definitiva, late en los argumentos de muchos la tensión constante entre el principio democrático esencialista que proclama que son los ciudadanos y sus representantes quienes deciden por mayoría y en cada momento histórico lo que es justo y adecuado para regir la comunidad; y el principio constitucional que, aún reconociendo el anterior, le añade una cautela o control: lo deciden, sí, pero dentro de los límites de la Constitución, establecidos en caso de desacuerdo por un órgano extraparlamentario de tipo judicial.

Conviene ser muy conscientes de que éste y no otro es el terreno en que nos movemos cuando, con mayor o menor apasionamiento y carga retórica, apelamos al superior valor de la voluntad del pueblo (catalán en este caso), o del Congreso de los Diputados, por respecto al de una "aristocracia judicial no electa". O cuando, como es el caso que deseo comentar ahora, se reclama limitar la capacidad revisora del Tribunal Constitucional acerca de la constitucionalidad de las leyes aprobadas por las cámaras de representantes de la ciudadanía, exigiendo la unanimidad o mayoría cualificada de miembros del tribunal para declararlas inconstitucionales, como ha hecho el profesor Sánchez Cuenca (EL PAÍS 23/12/2009).

La idea de exigir la unanimidad o la supermayoría de miembros del tribunal para sobreponerse a lo decidido por el órgano legislativo es antigua: la formuló James B. Thayer en 1893 como una aplicación concreta del principio judicial de self-restraint o de deferencia ante el legislador: las leyes regularmente dictadas por las cámaras legislativas, dijo, deben ser presumidas constitucionales salvo casos de manifiesta e inequívoca violación constitucional. Y el filtro adecuado para establecer si existe esa manifiesta violación es, precisamente, el de exigir la unanimidad de los miembros del tribunal. Si no hay unanimidad es porque existen opiniones razonables discrepantes en el seno de la corte, y esa duda o incertidumbre debe resolverse a favor del legislador regular: en la duda, a favor del pueblo.

A esta misma idea, aunque de forma un tanto sibilina, parecía referirse hace semanas el ministro de Justicia cuando argüía que el Estatut goza de una "presunción fuerte" de constitucionalidad.

Ni que decir tiene que la regla thayeriana no puede ya aplicarse en este caso. Es el propio legislador el que decidió en su momento que nuestro Tribunal Constitucional decidiese por mayoría y no por unanimidad, y sólo ese legislador puede cambiar la regla con carácter general. Pero no cabe duda de que como ejercicio intelectual estimulante sí podemos plantearnos si sería conveniente establecer la regla en cuestión, es decir, si es cierto que "la exigencia de una mayoría cualificada o incluso de unanimidad en la toma de decisiones del Tribunal Constitucional resolvería el problema de legitimidad que tiene éste hoy en día, y recortaría el poder excesivo que hoy detenta para imponerse sobre la voluntad de ciudadanos y representantes", como ha afirmado Sánchez Cuenca.

Que tendría menos poder es evidente. El problema es si le quedaría alguno, es decir, si no se convertiría por esta vía al Tribunal Constitucional en un convidado de piedra o en un órgano institucionalmente irrelevante. Puesto que parece bastante claro que rarísima vez se alcanzaría en su seno la unanimidad o la mayoría cualificada necesarias para oponerse a una ley aprobada por el Congreso, con lo que la mayoría en éste sabría de antemano que el control de constitucionalidad era puramente formal o irrisorio.

Un Tribunal Constitucional que declara sistemáticamente que las leyes cuestionadas son constitucionales (porque no alcanza la unanimidad para decir lo contrario) deja de ser un Tribunal Constitucional y pierde cualquier función apreciable en el sistema político, salvo el de poner la guinda al legislativo. Con lo cual, adicionalmente, se empobrece la calidad de la deliberación democrática en el Parlamento, desde el momento en que los representantes de la ciudadanía se saben inmunes al control posterior.

Bastaría echar la vista atrás y, en un ejercicio, contrafáctico, comprobar cuántas leyes han sido declaradas inconstitucionales en los pasados 30 años por unanimidad del tribunal. Si son pocas, como creo, ello demostraría que con la regla thayeriana el tribunal prácticamente sobraría en nuestro sistema. Más que cargarse de legitimidad, lo que sucedería es que se convertiría en un órgano redundante e inútil aunque, eso sí, no problemático.

Pero para tal viaje, ¿no sería más sencillo suprimir el control judicial de constitucionalidad?

José María Ruiz Soroa es abogado.

2010: ¡Insurrección fiscal!
Enrique de Diego Periodista Digital 31 Diciembre 2009

Queridos amigos de las clases medias: Manda la tradición en nuestra querida España, ante la entrada de un nuevo año, desear prosperidad. ‘Próspero Año Nuevo’, ha sido el saludo habitual en circunstancias temporales similares a las que vivimos.

Ahora resulta difícil pronunciar ese deseo porque confunde la realidad que vivimos.

‘Próspero Año Nuevo’, cumplamos con la tradición, a todos, pero vamos a afrontar una situación tremenda, sin precedentes, que resultará desoladora y asoladora. Es mejor ver la realidad de frente, no perder nunca su sentido, pues eso es el suicidio moral, que no toparse con ella de golpe tras haber practicado de continuo la evasión, lo que conduce al suicidio físico, que es lo que buscan esta gentuza cruel y deshumanizada.

Los datos son desgranados en nuestra web y los conocéis bien: caída del 47% de los ingresos del Estado por recaudación de tributos, lo que indica que el hundimiento de la actividad económica se establece en términos de auténtica hecatombe.

También sabéis que esto no nos ha caído de la noche a la mañana, sino que se ha ido labrando durante décadas, organizando un modelo social inviable, basado en la expoliación de las clases medias por una casta parasitaria expansiva.

Ha llegado el momento de llevar la rebelión de las clases medias a sus últimas consecuencias, porque es la única solución. Mantener la deriva actual sólo nos llevaría a un abismo irreversible.

Mirad, en estos días llegan noticias cada vez más alarmantes del mundo. En Venezuela, país productor de petróleo, los cortes de luz son continuos, al igual que los de agua. La carestía de alimentos es cada vez más fuerte. En Cuba, la cartilla de racionamiento, por la que el Estado vende el equivalente a la comida de diez días al mes, y de la que han desaparecido la carne y el pescado, va a ser retirada, condenando a la hambruna a toda la población. Los comunistas y los socialistas siempre han provocado estos terribles desastres. Del socialismo sólo se sale con grandes penalidades.

Todo va a mejor si se toman las medidas adecuadas. Todo va a peor si se ponen en marcha las erróneas. Y en España las que se han tomado son simplemente demenciales. Esto nos lleva a la ruina y al hambre. Y hay que frenarlo.
Por eso vamos a pasar a la insurrección fiscal. Sencilla, legal y contundente. Ha de ser masiva. Ofreceremos asesoramiento gratuito, contaremos con grandes profesionales. Hay que hacerlo. Sin miedo. No podrá haber respuesta del sistema, porque es legal. Y si la hay, iremos incrementando la rebelión.

El Estado está en quiebra, la Seguridad Social está en quiebra. Las administraciones no pagan a sus proveedores. Hay ayuntamientos que ni tan siquiera pagan las nóminas.

Y la respuesta es subir impuestos, tasas y freírnos a multas. Si no mostramos la fuerza de la sociedad civil, terminaremos en una tiranía en la que nos confiscarán los bienes para que puedan seguir viviendo en la opulencia los miembros de la casta parasitaria.

Va a ser un año tremendo el que viene. La Plataforma de las Clases Medias tiene un hándicap: no ofrece nada material. Ni está en condiciones, ni pretende ofrecer puestos dentro de la casta parasitaria. Nosotros queremos desmontarla.
Somos la única solución posible y ofrecemos dignidad. Esa dignidad que habéis demostrado en todo momento. Y ahora hay que tener la dignidad de indignarse. Esa indignación ha de dirigirse hacia los auténticos culpables de esta situación tremenda, que recuerda una etapa de posguerra, cuando no ha habido guerra desde hace 70 años.

Vamos a pasar a la ofensiva. Exhaustos. En medio de una situación difícil y, con frecuencia, angustiosa.
Nosotros no somos triunfadores. Nosotros somos luchadores.
Hemos de indignarnos ante el robo continuo al que se nos somete.

Permitidme que muestre también mi indignación ante ese discurso de moralina conservadora que incide en que esto es una crisis de valores, que la gente ha vivido por encima de sus posibilidades, que todo es causa de la codicia. A quienes se dirige ese discurso es también a quienes, por ejemplo, la jerarquía católica nos pide cada año que pongamos la crucecita en la declaración de la renta.

Ese bienestar al que aspiramos es totalmente justo y corresponde al deseo humano de mejorar las condiciones de sus familiares, de sus próximos, de sus compatriotas. Surge de la mejor caridad.

La gente no ha vivido por encima de sus posibilidades. Ha respondido a expectativas racionales con dinero barato y la posibilidad de dotarse de patrimonio para tener una vida más segura y transmitirlo como herencia a las generaciones futuras.

Los que viven por encima de sus posibilidades son los políticos y los sindicalistas, colocando a todos sus familiares y correligionarios.
Los que han vivido por encima de sus posibilidades han sido todos los alcaldes y los concejales, especialmente los de urbanismo, corrompiéndose de manera generalizada.

Esa sí ha sido la codicia que nos ha hundido.
La codicia de los políticos y los sindicalistas depredando las cajas de ahorro. Esa sí ha sido la codicia.
La codicia del presidente del Gobierno gorroneando todas las vacaciones de los contribuyentes.

La codicia del presidente del Congreso construyendo un hipódromo con curiosas y cuantiosas donaciones de empresas, que luego pagamos los indefensos miembros de las clases medias.
La codicia de la secretaria general del PP que cobra cinco sueldos del erario público.
Esa es la codicia, no la de las buenas gentes que han buscado, con esfuerzo y con trabajo, lo mejor para los suyos.

O ellos o nosotros. No queda otra que cortarles los suministros, que ir a la insurrección fiscal.
Sangre, sudor y lágrimas, eso es lo que nos han preparado, mientras ellos viven en la opulencia.
Tengamos la dignidad de indignarnos. Impidamos que sigan chupándonos la sangre, viviendo de nuestro sudor y provocando las lágrimas de los nuestros.

Corajudos miembros de las Plataformas de las Clases Medias viene un año de lucha y sufrimiento.
Os pido lucha.
Me comprometo a luchar desde la dignidad y desde la indignación.

Fuerza y honor
Enrique de Diego

TRIBUNA / MODELO DOCENTE
Educación: tarde, mal y nunca
ROSA DIEZ El Mundo 31 Diciembre 2009

ESE PODRÍA ser el eslogan de cabecera que enmarcaría la reunión que mantuvieron esta semana la Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, y el Ministro de Educación, Gabilondo, para abordar lo que han dado en llamar el «Pacto Educativo». Tras ella volvieron a insistir en la necesidad de firmar un gran acuerdo que recogiera de la imperiosa urgencia de modificar los hábitos y costumbres en las aulas para que el profesor recupere su autoridad; de la necesidad de invertir más recursos en Educación; de la precariedad de nuestro sistema educativo? Nada que objetar a esas declaraciones y el resto de las realizadas para ratificar el buen clima entre ambos dirigentes (el uno del Gobierno, la otra del partido principal de la oposición) en fechas en las que la preocupación por el bajo nivel de nuestros educandos preocupa a propios y extraños.

Pero mucho me temo que ahí se quedará todo: en una declaración de buenas intenciones. Y quizá en un papelito suscrito entre ambos partidos políticos para disimular la vaciedad de contenidos de lo que llamarán pomposamente el Pacto por la Educación; como llamaron el Pacto sobre la Justicia a repartirse los puestos en el Consejo General del Poder Judicial.

Voy a darles algunas claves de lo que a nuestro juicio debiera formar parte del contenido de un pacto por la educación en España. En primer lugar y de forma principal quiero destacar que la educación en España no tiene arreglo mientras en nuestro país coexistan 17 normas educativas que establecen sistemas diferentes, exigencias distintas y/o currículos incompatibles. En tanto la educación no pase a formar parte de lo que son competencias exclusivas del Estado, esto no tiene arreglo. Cualquier decisión que se tome al margen de esta primera exigencia estará destinada al fracaso.

La gran asignatura pendiente en nuestro país es que el Estado recupere la competencia de Educación; y no lo planteo como la reformulación sobre el modelo territorial del Estado -cuestión esta en la que más bien pronto que tarde deberemos entrar-, sino como la conclusión de una reflexión serena y desprejuiciada sobre las consecuencias que han tenido en nuestra capacidad como país que nuestros jóvenes se hayan educado a partir de 17 leyes que conviven en un espacio de poco más de 40 millones de ciudadanos y entre las que ni siquiera existe correspondencia en lo que se estudia y se deja de estudiar, cuando no en el idioma en el que se educa a nuestros jóvenes, y que ha dejado de ser la lengua común en cinco de las CCAA del Estado español.

Pero claro, la recuperación por parte del Estado de esta competencia no forma parte ni de los deseos del PSOE ni de las exigencias del PP. Ellos están mucho más preocupados por mantener sus respectivos chiringuitos que por garantizar el futuro de las nuevas generaciones. A ambos les falta ambición de país y les sobra ambición partidaria. A ambos les queda grande el oficio de gobernar.

Sentenciado ya el fracaso en lo sustancial, quiero hacer algunas consideraciones respecto del papel que van a estudiar a propuesta del Gobierno. Me llama la atención que en el preámbulo se le de tanta importancia a la «modernización del sistema». El pacto, antes que modernizar, debe mejorar nuestra educación. No siempre lo moderno es lo óptimo y lo tradicional lo malo. Por ejemplo, el aumento del número de ordenadores en los centros escolares -muy moderno- se ha demostrado contraproducente desde el punto de vista de la calidad del sistema en varios países de nuestro entorno, tales como Holanda, Irlanda o Suecia.

De otra parte, resulta imprescindible especificar (cuantificar, por tanto) en cuantos puntos se propone reducir el fracaso y el abandono escolar dentro de un periodo de tiempo razonable; las leyes y los pactos han de poder ser evaluados de forma precisa o en su misma formulación estaremos anunciando el fiasco.

Sobran declaraciones autocomplacientes, tales como que se ha universalizado la educación en España: muchos jóvenes de 15 años tienen dificultades para comprender textos o gráficos sencillos, las carencias gramaticales de los universitarios se han convertido en un obstáculo para encontrar el primer empleo, en muchos centros no es obligatorio respetar a los compañeros, ni a los profesores, ni estudiar? ¿Es eso la universalización de la educación? ¿No será más bien que imponemos a nuestros jóvenes la obligación de ir a clase aunque no nos preocupemos de su aprendizaje?

Puestos a pedir está muy bien que se quiera «universalizar» de cero a tres años; pero no hay ningún informe internacional que afirme que eso contribuye a la mejora del éxito escolar futuro de los estudiantes. Por ejemplo, en Finlandia se comienza a escolarizar a los siete años. Pero ya que tenemos en España a casi todos escolarizados de tres a seis años, lo fundamental sería definir los contenidos educativos básicos de esa etapa, tal como el aprendizaje de la lectura. Pero claro, aquí topamos otra vez con la política en el peor sentido de la palabra: 17 poderes políticos con aspiraciones de estado pugnando por introducir la diferencia entre ciudadanos españoles desde la más tierna edad de sus administrados.

Si al Gobierno socialista y al PP les preocupara educar a las futuras generaciones el pacto se fijaría en estas cosas que parecen menores; sólo si se aprende a leer y a comprender correctamente en los primeros años del aprendizaje se podrán conseguir todos los demás objetivos que marca la LOE para esta etapa. Además únicamente así se proporcionaría una igualdad real de oportunidades entre niños de entornos culturales bajos y los niños que provienen de entornos culturales medios o altos. Un sistema educativo que consigue que todos los niños lean mucho y bien es además una herramienta excelente para afianzar su desarrollo social, personal, intelectual y afectivo.

De otra parte el documento del Gobierno carece de total autocrítica. Si no se empieza por reconocer que el modelo Logse/LOE ha sido un fracaso y que revalorizar el esfuerzo significa, por ejemplo, impedir que alumnos con ocho asignaturas suspensas pasen de curso, cualquier pacto de estado estará abocado al fracaso, aunque lo suscriba no sólo el Partido Socialista y el Partido Popular sino todo el Parlamento.

Rosa Díez es diputada nacional y portavoz de Unión Progreso y Democracia.

2009, año demoledor para España
Editorial ABC 31 Diciembre 2009

EL año 2009 concluye poniendo a España ante un futuro inmediato lleno de incertidumbres e inseguridades. La realidad no justifica ningún otro pronóstico. Baste comprobar que la salida de la crisis económica en España se confía a la recuperación de los principales países europeos, más que a nuestras propias capacidades, limitadas por el Gobierno a subvencionar sin límite el fracaso de su política con un gasto público que hace imposible la regeneración de la economía productiva. A pesar de todo, y aunque habrá que aceptar que lo que el Gobierno llama recuperación consiste, sencillamente, en no caer más, el verdadero problema de España es que se encuentra en un estado de decadencia que nos impedirá recuperar las ambiciones y los protagonismos que se han ido alcanzando en estas últimas décadas, hasta la llegada del PSOE al poder en 2004.

Desde entonces, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha manejado los intereses nacionales con escaso rigor político y nula profesionalidad en la gestión, tomando decisiones -inmigración, política exterior, autonomías, economía- que ahora nos retratan como el nuevo «enfermo de Europa». Zapatero puede negarlo una y otra vez con ejercicios de «optimismo antropológico» como los que ayer demostró de nuevo al hacer balance de un año demoledor para España. Pero el optimismo no resuelve por sí mismo los conflictos. De hecho, este deterioro sólo ha sido un reactivo para que den la cara las carencias acumuladas en nuestro sistema político y social.

El modelo educativo falla en sus aspectos esenciales de formación, profesorado y homogeneidad. La Justicia se resiente de los efectos de la crisis, pero su situación interna de politización y penuria de medios venía de antes. La organización autonómica del Estado está infiltrada por el soberanismo separatista, que ha sabido aprovechar la renuncia de la izquierda española a mantener su compromiso nacional.

La Constitución atraviesa su peor momento gracias a unos pactos estatutarios desleales con la nación española. La política exterior nos ha situado en terreno de nadie mientras otros salen de sus crisis, mantienen sus liderazgos y recogen frutos de su coherencia como aliados. El «efecto Obama» fue un espejismo para el Gobierno, y el Parlamento se ha convertido en un mercado de apoyos que el Ejecutivo paga a las minorías a precio de oro. Y desde 2004, no ha vuelto a haber un pacto de Estado entre Gobierno y el PP. Esa es la realidad -y su percepción por cada vez más ciudadanos, según las encuestas-, y no la que Zapatero se empecina en dibujar.

Zapatero y la post-recesión
VALENTÍ PUIG ABC 31 Diciembre 2009

LA versión económica que ayer dio Zapatero tuvo ese tono bonancible, previsto y autosatisfecho que supera de largo la inverosimilitud de una leyenda artúrica. El viento que barre la sociedad española para Zapatero solo es una brisa. En un mapa de la Unión Europea publicado ayer por «The Wall Street Journal» España aparecía con el estigma cartográfico de «alto riesgo» en términos de sostenibilidad de las finanzas públicas. Con el rotativo de Rupert Murdoch en los quioscos, Zapatero estaba hablando en La Moncloa con aquel rebozo risueño que le comunica la Ley de Economía Sostenible. Con esas cosas de la brisa el presidente del Gobierno ya lleva quemados unos dos equipos económicos.

Socialmente, la percepción negativa del paro es muy elevada y las perspectivas del déficit público son de dimensión estratosférica. Es el goteo cruento de las colas del paro, del desplome de la pequeña empresa y de la inasequibilidad crediticia. A estas alturas, ya poco importa que Zapatero negase la crisis tres veces, por lo menos. Cunde la impresión de que la economía española tendrá que espabilarse por su cuenta, ajena a la acción de un Estado que ha estado gastando mucho más de lo que le correspondía, más de lo que puede, recaudando mucho menos. Michel Spence es el penúltimo de los premios Nobel de economía que diagnostica una recuperación tardía de España en comparación con el resto de la Unión Europea, con los Estados Unidos y las economías emergentes. Dice que España ha despertado de un sueño con un fuerte dolor de cabeza y antes de que se le pase tendrá que esperar mucho tiempo.

Al optimismo antropológico de Zapatero le vienen los achaques y las jaquecas. Una neuralgia alcanza a todo el sistema nervioso de nuestra economía ante la inoperancia de una política de «atrezzo». Incluso con los sindicatos soplando a favor y el empresariado en plena crisis de dirigencia, las hipótesis de futuro post-recesivo están hipotecadas. Al referirse a los indicios de recuperación, Martin Wolf decía ayer en «Financial Times» que los apuntalamientos de la economía global siguen siendo peligrosamente frágiles, de manera que en lugar de palmearnos en la espalda por el buen trabajo hecho más necesitamos sostener el esfuerzo para reinstalar la economía mundial en la salud vigorosa.

Algo se le escapa a Zapatero o es que Martin Wolf desbarra. Para La Moncloa, la mejoría económica de España está a la vista mientras que para el FMI, la OCEDE, la Comisión Europea, el Banco de España, el Banco Central Europeo. «Financial Times» y «The Wall Street Journal» el panorama está más que nublado. Fue ayer el día elegido por Zapatero por inyectar en vena una inusitada ilusión económica. Llovía en Madrid y en los embalses de la economía el rasero de la crisis quedaba sobrepasado. Por delante, dos años de bajón fiscal. La neuralgia atenaza las cuentas del Estado. Ciertamente, el Banco de España ha constatado la mejora de los indicadores en este último trimestre de 2009, pero entiende que son datos «escasos» y que la información sobre los procesos todavía es «limitada».

Rodríguez Zapatero habló ayer de contener el gasto, pero de la forma aletargada e improbable a que ya nos tiene acostumbrados. Su talante permanece perfectamente ajeno a que los ingresos del Estado hayan descendido más del 22 por ciento y el aumento de los gastos esté en un 21,5. Su corte de Camelot fue concebida antes de que existieran los agujeros astrofísicos de las cuentas públicas y el «big bang» de la destrucción de empleo.
www.valentipuig.com

Miedo a cataluña
EDURNE URIARTE ABC 31 Diciembre 2009

Más aún que la completa conversión del PSC al nacionalismo étnico, otro fenómeno representa mejor la deriva del sistema autonómico que con tantas esperanzas la democracia española construyó en la Transición. Es el miedo a Cataluña que acalla y paraliza a las élites del resto de España, y no sólo a las élites de izquierdas. A los intelectuales, a los líderes empresariales, a los juristas, a los periodistas, sumisos y temerosos en tantos y tantos casos a toda la mitología de ese fantasma étnico llamado Cataluña.

Y digo fantasma étnico porque lo más patético de este fenómeno es que la Cataluña que tanto temen esas élites es una entelequia política construida por la clase política catalana, nacionalista y socialista, para apuntalar y ampliar su poder. Todas las encuestas y estudios politológicos realizados desde el inicio de la Transición muestran que la gran mayoría de catalanes se sienten españoles y mantienen una identidad dual que no es conflictiva. O que el independentismo es minoritario en Cataluña, exactamente igual que lo ha sido siempre. O que se nos olvida que allí donde el independentismo registra la mayor fuerza, en el País Vasco, llega a duras penas al 30 por cien.

Pero da igual, porque nuestro sistema autonómico se desarrolla constreñido y coartado por ese fantasma étnico. Por lo que le pueda pasar a uno y a su imagen si se atreve a cuestionar «Cataluña», o aquello de «la dignidad de Cataluña» que esgrimían los medios catalanes. De ahí el escandaloso retraso del Tribunal Constitucional o el silencio de los intelectuales o los balbuceos de una buena parte de la élite política.

El fantasma étnico construido por la élite dirigente nacionalista y socialista funciona y domina las decisiones relevantes sobre nuestro sistema autonómico. Tanto como para llevarlo a una crisis de grandes dimensiones en no mucho tiempo.

ZP cierra el año apostando por la constitucionalidad del Estatuto
El presidente del Gobierno, "más que satisfecho" con el balance de su gestión. Asegura a LA GACETA que "somos más fuertes en el mundo" pese a gestiones como la del 'Alakrana' o el 'caso Haidar'.
Miguel Gil www.gaceta.es 31 Diciembre 2009

Madrid. José Luis Rodríguez Zapatero concluye 2009 más que satisfecho. Sentencia que ha sacado adelante su proyecto político pese a “la magnitud y el alcance” de la crisis. Y lo hace sin negar la evidencia de la pésima coyuntura económica que se ha atravesado durante 2009 –“ha sido un año muy difícil”–, la sangría del desempleo –“son cifras muy duras, altas”–, o la necesidad de reformas estructurales como la del mercado laboral –”renovación del mercado de trabajo”–. Al contrario. Ya sin elecciones inmediatas en el horizonte, ahora sí, el presidente del Gobierno admite que “la crisis se ha manifestado con toda su crudeza”.

El mensaje de ayer del presidente fue muy claro: “La recuperación se confirmará en 2010”, estamos en “tránsito”, siempre garantizando la “protección social” desde el Ejecutivo. “Pasemos de la recesión a la recuperación”, reiteró Zapatero durante su rueda de prensa tras el último Consejo de Ministros del año, donde también anunció que en 2010 se creará “empleo neto”.

Pese a que reconoció: “No estuve muy acertado cuando tuvimos aquel estéril debate sobre si estábamos en crisis o no” (sin citar que fue en un contexto de la importancia de una campaña electoral), Zapatero sentenció que “volvería a hacer” la misma política económica.

Bajo la premisa de que la recuperación “está empezando”, el presidente del Gobierno se comprometió al “mantenimiento de la cohesión social y de la armonía social”. Confía en nuevo modelo productivo de la economía española intervenida por la denominada Ley de Economía Sostenible, que prevé aprobar entorno al próximo verano. De hecho, anunció que entregará a los órganos consultivos su anteproyecto el ocho de enero (cuando se conocerá que sucede finalmente con la anunciada disposición adicional sobre descargas en la red), de forma que la norma pueda ser estudiada en el Congreso de los Diputados en febrero.

“El Gobierno ha mantenido todos sus compromisos sociales, un compromiso firme que mantendremos”, repetía Zapatero. Así, también incidió en que su programa ha salido adelante ante las dificultades: financiación autonómica (sin consenso con el principal partido de la oposición), Ley del Aborto (no incluida en su programa electoral y también sin consenso con el PP y amplio y manifiesto rechazo social), subida de pensiones, Plan E, créditos ICO, ampliación de ayudas por desempleo y nueva regulación audiovisual. Asimismo, Zapatero se jactó de haber mantenido la cohesión y el diálogo con todos los sectores durante este año.

En el debe, “la incapacidad de los agentes sociales” –él no se incluye– para abordar los cambios del mercado laboral, además de los ya más de cuatro millones de parados. “Mi única obsesión es la recuperación económica y la creación de empleo”, aseguró.

José Luis Rodríguez Zapatero también incidió en su intención de que la patronal y los sindicatos alcancen en 2010 un acuerdo sobre “renovación del mercado de trabajo” y anunció que el 22 de enero el Gobierno aprobará políticas sobre la materia que presentará ante los denominados agentes sociales.

Ambos compromisos, junto con la confianza en la Ley de Economía Sostenible, se unen al objetivo del Gobierno de cerrar el Pacto por la Educación que negocia con el PP en estos momentos. José Luis Rodríguez Zapatero vinculó su anunciada e inexistente entrevista antes de concluir el año con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, a que este pacto educativo tenga su “impulso definitivo”. Sin embargo, no parece que haya fecha alguna en el horizonte, porque el presidente del Gobierno esgrimió que un encuentro como éste “conviene prepararlo bien”.

En ese futuro encuentro con Rajoy también pretende abordar asuntos energéticos –aunque no insistió en la materia como en ocasiones anteriores–, y en la necesidad de desarrollar planes de austeridad y contención del déficit en las administraciones autonómicas (asunto que aprovechó para descargar la responsabilidad del Ejecutivo, como ya se hizo en la malograda Conferencia de Presidentes, recordando que las autonomías gestionan cerca del 50% de los recursos públicos).

“Mi única obsesión es la recuperación económica y la creación de empleo”, aseguró el presidente. “No tengo ni un minuto en la agenda para pensar en 2012, sólo estoy concentrado, con todas mis energías y ganas, en ganar la recuperación económica y volver cuanto antes a crear empleo” , aseguró tras ser preguntado sobre el debate acerca de su reelección o no en las próximas generales y la caída del PSOE y su propia imagen en las encuestas.

Presión al TC
Preguntado sobre la retrasadísima sentencia del Tribunal Constitucional del Estatuto de Cataluña, Zapatero volvió a decir que “el preámbulo del Estatuto no tiene ninguna tacha de inconstitucionalidad y los símbolos nacionales entran perfectamente en el marco de la Constitución”. El presidente espera “una gran sentencia”.

Y por otra parte, Zapatero recordó a las tres víctimas mortales de ETA y evocó las detenciones de este año. Se dirigió a los terroristas para indicar “que pierdan toda esperanza, porque sólo tienen un fin, una salida: entregar las armas y acabar con la violencia”. Ahora bien, también señaló, en respuesta a una pregunta, que la última negociación con ETA “sin duda ha tenido un efecto de debilitamiento del bloque que ha apoyado la violencia fanática y terrorista”.

Sobre política exterior, Zapatero aseguró en su balance que 2009 ha sido “el año de la consolidación de la posición de España”. Citó como ejemplo la presencia de nuestro país en el G20, y añadió que hoy “somos más fuertes en el mundo” y aún lo seremos más con la inminente presidencia española de turno de la UE.

Preguntado por LA GACETA acerca de la incidencia en esa imagen de sucesos como la gestión del secuestro del Alakrana o el caso Haidar, Zapatero, visiblemente nervioso, aseguró que el balance de estas gestiones no es otro “que están aquí salvos, que les han liberado en un tiempo razonable”. Molesto, añadió que “decir que afecta a la imagen de España son intentos bastante lamentables”. Y sobre el caso Haidar en concreto, explicó que “al revés, más que debilitar fortalece, no me haga poner ejemplos de lo que es debilitar...”.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

El PP cierra el año traicionando a sus votantes
EDITORIAL Libertad Digital 31 Diciembre 200

Núñez Feijóo devolvió la Xunta de Galicia al PP el pasado 1 de marzo entre promesas de regeneración democrática y, sobre todo, de extensión de las libertades civiles y lingüísticas a todos los ámbitos de la sociedad y especialmente al educativo. Los escándalos de gastos suntuarios con cargo al erario público por parte de los altos dirigentes socialistas y nacionalistas crearon el caldo de cultivo para lo primero y la rebelión ciudadana encabezada por Galicia Bilingüe –y personificada en la figura de Gloria Lago–, para lo segundo.

Pocas veces un compromiso electoral se formuló de manera tan clara, explícita y reiterada por parte de un político: derogación del decreto de política lingüística del PSOE-BNG durante los primeros 100 días de Gobierno y libertad de elección de la lengua en la enseñanza obligatoria. Promesas que repitió a los pocos días de ganar las elecciones al declarar que su objetivo era "promocionar y proteger el gallego bajo un marco de libertad lingüística, y no de imposición" y anunciar el fin de las Galescolas bajo la premisa de que no quería "imposición lingüística de ningún tipo"; y a principios de abril, cuando reafirmó sus compromisos bajo la proclama de que iba a "restaurar los derechos civiles de los gallegos" y de que ajustaría su política lingüística "a la opinión de los padres".

Pero ni a los 100 días derogó el decreto de política lingüística (más bien pervirtió su promesa nombrando a un conocido defensor de la imposición del gallego, Anxo Lorenzo, como responsable de Política Lingüística de la Xunta), ni el nuevo decreto que debía restaurar la libertad de elección de la lengua ha sido otra cosa que un enjuague con el que camuflar su flagrante y masivo engaño a los electores gallegos.

De las tres medidas en que debía concretarse esa liberalización educativa –autonomía parental para escoger la lengua en las troncales, casilla vinculante en el sobre de matrícula y libre expresión del alumno en clase– sólo la tercera aparece de una manera difuminada en el borrador del nuevo decreto (ya que no habrá libertad para utilizar los libros de texto en el idioma preferido por el alumno). En su lugar, Feijóo ha optado por imponer una enseñanza trilingüe en castellano, gallego e inglés como señal de pluralismo y diversidad: se ha trocado la libertad de elección por la coacción de un "equilibrio" precocinado.

Parece que en el nuevo PP no han terminado de entender que libertad consiste en no coaccionar a los individuos a la hora de adoptar sus decisiones y no en imponerles el menú lingüístico que el planificador de turno considera óptimo para una determinada sociedad. Así de simple: de lo que se trataba era de ampliar el rango de opciones de los padres y de los alumnos, no de predeterminarlo a una única opción donde todas las lenguas estén proporcionalmente representadas.

No sabemos si Feijóo mintió deliberadamente a sus votantes cuando realizó las promesas anteriores o si ha sido incapaz de resistir a las presiones de los nacionalistas. Pero en cualquiera de los dos casos, por falta de voluntad y de capacidad, ha incumplido la que sin lugar a dudas fue su principal promesa electoral. Tal y como ha declarado Gloria Lago sobre Feijóo en esRadio: "Este señor nos ha engañado y se ha aprovechado de la ilusión de unos padres que han trabajado y se han arriesgado".

Así cierra el año el PP, renunciando a una de las principales señalas de identidad de todo partido liberal-conservador: la defensa de la libertad como principio rector de una sociedad, también en la enseñanza. Lo peor es que no parece haber sido un error, sino una consolidada estrategia dentro de la formación política. Desde Elche, liberales y conservadores sobran; de ahí que Rajoy desee para el año que viene la misma deslealtad que ha ofrecido a sus bases en 2009.

Un Gobierno aburrido
«Lo peor que podría hacer el Gobierno vasco es asustarse ante su propia imagen e intentar mejorarla con planes o discursos pretendidamente ilusionantes. Su éxito a largo plazo pasa por insistir en su mayor cualidad: la aburrida normalidad»
J. M. RUIZ SOROA El Correo 31 Diciembre 2009

Anda el Gobierno desolado ante las últimas encuestas, que muestran una opinión mayoritaria más bien desfavorable a su existencia y a su gestión pública. Tanto, que empieza a emitir las estupideces que parecen de rigor en estos casos: no hemos sabido vender nuestra gestión, nuestros méritos están tapados por la crisis, necesitamos de comunicadores frescos y de discurso renovado, es un problema de imagen, el cambio no se percibe en unos pocos meses, y así sucesivamente.

Hay un punto que olvida el Gobierno y que me permito recordarle, aunque sólo sea para endulzarle un poco el momento: las encuestas de opinión miden eso, el nivel de difusión de una opinión. Pero lo que las encuestas no miden es la intensidad con que se poseen las opiniones, es decir, la fuerza de ese sentimiento o actitud que detectan en las preferencias observadas. Y ése de la intensidad es un dato político bastante más relevante que el de la amplitud numérica de la opinión en sí misma. La política siempre ha sabido que el sentimiento intenso de una minoría prevalece a la larga sobre el sentir débil o disperso de una mayoría. ¿O no recuerdan su época de asamblearismo en la universidad o en la fábrica?

Pues bien, aplicado al caso del Gobierno socialista, esta reflexión les debería llevar a no preocuparse en demasía por las encuestas; más aún, debieran verlas como un sesgo social a su favor. Por una sencilla razón: porque la intensidad, tanto del rechazo como de la aprobación que recibe este Gobierno, es bajísima. Es un Gobierno que no levanta pasiones en ningún sentido del término. Y, aunque suene quizás un tanto rebuscado, ése es precisamente el meollo del tan anunciado cambio en la política vasca: abandonar la pasión. Así que no se asusten, que van por el buen camino.

El cambio no consistía en hacer las mismas cosas pero al revés que los nacionalistas, sino en no hacer el tipo de cosas que los nacionalistas, y sobre todo Ibarretxe, hacían un día sí y otro también. El cambio era dejar de generar un ambiente político artificialmente excitado a base de propuestas heroicas para resolver el conflicto secular, para conseguir la paz, para establecer relaciones amables con nuestros vecinos, o para cualquier otra gran hazaña vivencial. La política nacionalista era siempre la política de la excitación, de los grandes momentos y de las decisiones fascinantes. Por eso, cuando llega un Gobierno como éste, que se limita a gestionar calladamente los asuntos cotidianos, que carece de planes estrella para lograr la armonía universal en dos minutos, sucede que se propaga inicialmente un sentimiento de privación relativa, de estar a una dieta política pobre en calorías. La gente echa en falta algo, aunque no sabe muy bien qué, y se aburre. Percibe vagamente que le han quitado algo, que la política vasca ha dejado de ser un juego embriagador de instantes trascendentales, y culpa de su recobrada sobriedad al Gobierno. Pero le culpa sin demasiada convicción, sin intensidad. Llega una etapa posheroica en la política vasca. Falta que el personal se acostumbre a ello, pero en eso estamos.

El aburrimiento es una forma válida de gobierno. Probablemente la más congruente con una democracia asentada. La política sólo es apasionante para el público en tiempos de revolución o gran conmoción. En los de normalidad, el gobierno no es sino una actividad bastante insípida y opaca, carente de cualquier capacidad de seducción o entusiasmo. Al liberalismo siempre le han reprochado los amigos de las emociones fuertes (los de la dialéctica 'amigo-enemigo' como eje de la política) que pretendía convertir la política en un supermercado de banalidades. Es probablemente cierto: el discurso del 'derecho a decidir' o de la 'muerte de nuestra identidad' excitan al personal, las 'políticas activas de empleo' le dejan frío. Eso ganamos: nos acercamos a la normalidad democrática en Euskal Herria.

Resistencias al cambio, a estar a dieta de emociones fuertes, las hay, cómo no. En primer lugar están los que necesitan de la sobreexcitación para poder medrar, los nacionalistas. La cuestión es no darles carnaza ni píldoras calóricas. Las buscan con afán, incluso se obligan a ver al Rey en ETB para poder indignarse, pero son sustitutivos de de bajo poder calórico.

Más difícil de tratar es la exigencia de espectáculo de los medios de comunicación, que se han acostumbrado entre nosotros a tener en la política una veta de emociones garantizadas que poder exhibir en primera página. Quitarles el filón atenta a su negocio y a sus hábitos, y reaccionan por ello con acritud y despego hacia el Gobierno. Para ellos, un Gobierno aburrido es un Gobierno fracasado, no tanto porque les importe la sustancia política como porque desciende el nivel de espectáculo. Hay que aceptarlo resignadamente: los medios serán los últimos en asumir la política pobre en calorías.

En román paladino, lo peor que podría hacer el Gobierno ahora es asustarse ante su propia imagen e intentar mejorarla a base de planes o discursos pretendidamente ilusionantes. Al contrario, su éxito a largo plazo pasa por insistir en su mayor cualidad: la aburrida normalidad. Divertida es la vida, no la política.

"equilibrio" entre español, gallego e inglés
Feijóo cambia la libertad de elección de lengua por un "modelo trilingüe"
No habrá libertad de elección de lengua en los colegios gallegos. Lejos de sus promesas electorales, Feijóo presentó lo que llamó "decreto trilingüe". Se impartirá un tercio de las asignaturas en castellano, un tercio en gallego y otro en inglés. Los padres no decidirán.
r. vilas Libertad Digital 31 Diciembre 2009

El borrador del nuevo decreto que regulará el uso del gallego en la enseñanza dista mucho de lo que Feijóo prometió en la campaña electoral:

* Los padres elegirán el idioma de las asignaturas troncales.
* Habrá una casilla con la pregunta vinculante en el sobre de matrícula.
* Los alumnos tendrán libertad para utilizar oralmente y por escrito cualquiera de las dos lenguas en el aula.

El presidente de la Xunta compareció a última hora de este miércoles y aunque dijo que "pasamos de un decreto en el que se imponía a los chicos la lengua en la que tenían que hablar en clase a un decreto en el que se les da libertad", no habló de la libre elección del idioma en las asignaturas troncales, ni de la casilla con la pregunta vinculante en el sobre de matrícula para esta cuestión. En el borrador del decreto se intenta disimular el incuplimiento, al dejar a la elección de los padres, en primaria, qué asignatura de las troncales (Matématicas o Conocimiento del Medio) se estudia en gallego o castellano, pero necesariamente tendrá que ser una en cada en lengua. Además, la decisión final dependerá de los consejos electorales, con importante presencia de los sindicatos nacionalistas.

En secundaria, más de lo mismo. No se podrán estudiar todas las asignaturas troncales en la lengua de elección del alumno. La doctrina ya no es la libertad de elección, ahora es el "equilibrio" entre las dos lenguas. Feijóo sí dijo en su comparecencia de este miércoles que los alumnos "serán libres de dirigirse al profesor en la clase en gallego o en castellano, salvo en las de lengua gallega o castellana". Sin embargo, en el borrador no se recoge el derecho a usar los libros de texto en el idioma elegido por el alumno.

Sólo en la primera etapa educativa, educación infantil, parece que los padres podrán decidir. Aunque en la redacción deilberadamente confusa del borrador no queda muy claro, ya que se habla de que el profesorado también tendrá en cuenta "la lengua predominante del contorno".

Feijóo ha encontrado en el inglés la coartada para no cumplir con sus compromisos. Se refirió a la nueva legislación como "decreto trilingüe" con el que según dijo busca que "los alumnos se expresen en las tres lenguas". De esta forma, las asignaturas se repartirán un tercio en gallego, un tercio en castellano y otro en inglés. Pero en el borrador se dice que en aquellos centros que no estén en disposición de impartir el tercio de las asignaturas en inglés, que obviamente serán la mayoría porque no hay profesorado preparado para eso, se repartirán estas asignaturas entre gallego y castellano siendo de nuevo determinate la decisión del consejo escolar.

Con este modelo la opinión de los padres no cuenta realmente, contra lo prometido por el propio Feijóo, que reconoció que lo que busca es contentar a todos, a "los padres que votaron al PP, los padres que votaron al PSOE y los padres que votaron al BNG". Es más, Feijóo se atrevió, incluso, a dirigirse a los padres "que prefieren hablar predominantemente en gallego y a los que prefieren hablar predominantemente en castellano" para pedirles que "participen en la educación de sus hijos" y aprendan con ellos inglés. "Vamos a evitar ese riesgo que existía antes de que había clases predominantemente en un único idioma de los dos oficiales en Galicia", añadió Feijóo. Por último, el presidente de la Xunta explicó que todavia se trata de un borrador y que lo discutirá con los "actores implicados".

el futuro de la enseñanza no universitaria Los padres podrán elegir en primaria y la ESO el idioma de dos asignaturas

Los centros harán una consulta a los progenitores cada cuatro años, que en infantil será cada curso

La Xunta asegura que se acaba con el monolingüismo
Feijóo se la juega con un decreto trilingüe
Reconoce que el 33% del inglés no se puede aplicar todavía
Redacción Periodista Digital 31 Diciembre 2009

Feijóo dejará en manos de los padres la elección de asignaturas en gallego y castellano. Y el inglés hace su aparición sin haber todavía profesorado especializado. El borrador del decreto prometido por el presidente de la Xunta en campaña electoral ha visto finalmente la luz y a primera vista convence a pocos.

El decreto que ahora inicia una fase de consulta y que entrará en vigor en toda la enseñanza no universitaria a partir del próximo curso responde a varios principios, explicó Feijoo, como son salvaguardar los derechos constitucionales y estatutarios, y ser consecuentes con la Ley de Normalización, el Estatuto de Autonomía, el fomento del gallego o el programa electoral, entre otros.

* En Infantil, el profesorado utilizará en el aula el idioma predominante entre el alumnado, y debe procurar que se adquiera un conocimiento adecuado de la segunda. El proceso será el siguiente: se le preguntará a cada familia por la lengua que prefiere para su hijo, y esta cuestión se contestará anualmente, marcando una casilla, en el proceso de preinscripción en el colegio.
* El sistema de votaciones, según recoge el borrador del decreto, queda de la siguiente manera.
* En Primaria, ESO y Bachillerato, se garantizará la adquisición de la competencia lingüística en las dos lenguas oficiales de Galicia (gallego y castellano) y se potenciará otra tercera, principalmente el inglés.
* Se establece que un tercio de las horas semanales se oferte en gallego, otro tercio en castellano y el restante, en lengua extranjera.
* Para la definición de la distribución, se tendrá en cuenta nuevamente la opinión que expresen los tutores legales, a través de una consulta que se realizará cada cuatro años y que orientará la repartición horaria.
* En Primaria, que tiene 25 horas semanales, la opinión mayoritaria de las familias será vinculante para determinar la lengua vehicular de las materias instrumentales -Conocimiento del Medio y Matemáticas (hasta diez horas semanales)-, que serán una en gallego y otra en castellano.
* En la ESO, que cuenta con 32 horas semanales, los parientes directos de los educandos decidirán en qué lengua se dan las asignaturas de Ciencias Sociales y Matemáticas, que suman hasta siete horas a la semana.
* En el resto, será el Consejo Escolar quien apruebe una propuesta horaria equilibrada, teniendo en cuenta la opinión de los familiares.

COLECTIVOS OPUESTOS PERO UNIDOS EN EL RECHAZO

La plataforma Queremos Galego y el sindicato CIG ya anunciaron la convocatoria para el próximo 21 de enero de una jornada de paro general en la enseñanza gallega con el objetivo de mostrar "el rechazo" al nuevo borrador.

Galicia Bilingüe, que demandaba poder elegir (a través de la matricula) en qué idioma recibir la totalidad de las asignaturas troncales, también prepara movilizaciones. Su líder, Gloria Lago, ha manifestado que se rebelarán contra esta decisión de la Xunta.

La Mesa por la Libertad Lingüística encabeza las críticas al trilingüismo porque considera que no se trata de “ser iguales por tercios” y critica que se sustituya el “estudio del inglés" por "estudio en inglés".

Lo curioso es que tanto la concentración para el día 21 como las amenazas con rebelarse han sido puestas de manifiesto antes incluso de conocerse el borrador. Sea como fuere, el presidente de la Xunta tiene por delante una duro camino para conseguir un consenso que ahora parece no tener ni de aquellos que más le apoyaron en materia lingüística durante la campaña electoral.

El nuevo decreto del gallego fija un tercio de la docencia en castellano, otro en gallego y otro en inglés
Elisa Álvarez La Voz 31 Diciembre 2009

El borrador del nuevo decreto del gallego que el Gobierno mantenía bajo llave por fin se ha dado a conocer. Se denominará Decreto do Plurilingüismo no Ensino non Universitario de Galicia y recoge prácticamente todas las hipótesis que se barajaban estas semanas sobre las lenguas en la enseñanza. Son las bases de una norma que según el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, habla por primera vez de un plurilingüismo y olvida «discusións antigas» entre el idioma del Estado español, «e a nosa lingua».

El decreto que ahora inicia una fase de consulta y que entrará en vigor en toda la enseñanza no universitaria a partir del próximo curso responde a varios principios, explicó Feijoo, como son salvaguardar los derechos constitucionales y estatutarios, y ser consecuentes con la Lei de Normalización, el Estatuto de Autonomía, el fomento del gallego o el programa electoral, entre otros.

A partir del próximo curso los padres elegirán cada año, mediante la preinscripción de matrícula, el idioma en el que quieren escolarizar a sus hijos en la etapa de infantil, en función de cuál sea la lengua materna. Esta decisión será vinculante y se utilizará el idioma que salga por mayoría. Aunque tras la reunión del Consello de la Xunta no se aclaró si la decisión se tomará en base a la lengua materna o a la que decidan los progenitores -podría ser que quisieran escolarizar a sus hijos en otra-, el documento recoge claramente que será «preguntándolle a cada fillo pola lingua materna». Esto quiere decir que se mantienen los mismos criterios que en la actual norma, con una excepción, que el Decreto 124/2007 del bipartito añadía que al menos el 50% debería darse en gallego, algo que aquí desaparece, y se traduce en realizar actividades para que se adquiera conocimiento en la lengua no elegida. En primaria, secundaria y bachillerato el borrador establece que se impartirá un tercio de las horas lectivas en castellano, otro tercio en gallego y otro en inglés. Una de las principales novedades es que los padres decidirán incluso en qué lengua se darán algunas asignaturas. En concreto, su decisión será vinculante en Coñecemento do Medio y en Matemáticas . Cada cuatro años se hará una consulta entre los progenitores en la que se decidirá cuál de ellas se da en castellano y cuál en gallego (en primaria), o incluso si quieren las dos en gallego o las dos en castellano (en secundaria).

Decisión orientativa
En esta consulta también se les preguntará por el idioma del resto de las materias, aunque en este caso la decisión mayoritaria solo será orientativa, no vinculante. La decisión final la tomará el consello escolar del centro, pero siempre manteniendo el equilibrio entre lenguas. Es decir, si los padres eligen que en secundaria quieren Ciencias Sociais y Matemáticas en castellano, deberán darse en gallego las otras, para que no haya desequilibrio. Una de las consecuencias de la norma, es que en un colegio podrán impartirse en gallego unas materias y en otro centro otras.

Feijóo se escuda en el inglés para impedir la libertad lingüística
El presidente de la Xunta presenta el borrador del "decreto trilingüe"
Efe www.lavozlibre.com 31 Diciembre 2009

Santiago de Compostela.- Alberto Núñez Feijóo explicó ayer, al término del Consejo de la Xunta, lo que él llama "decreto trilingüe". En la presentación del borrador del nuevo decreto del gallego, el presidente de la Xunta proclamó: "Pasamos de un decreto en el que se imponía a los chicos la lengua en la que tenían que hablar en clase a un decreto en el que se les da libertad". Sin embargo, obvió la libre elección del idioma en las asignaturas troncales, así como la casilla con la pregunta vinculante en el sobre de matrícula para esta cuestión. El borrador tampoco recoge el derecho a usar los libros de texto en el idioma deseado.

El presidente gallego indicó que su intención es que las materias escolares se impartan a razón de un tercio en gallego, un tercio en castellano y un tercio en inglés u otra lengua extranjera, y que los padres puedan elegir el predominio de una sobre otra.

En la conferencia de prensa, indicó que pretende que los padres de los alumnos puedan elegir la lengua de sus hijos en educación infantil, decidir en primaria que Matemáticas sea en gallego y Conocimiento del medio en castellano o viceversa, y que ambas sean en uno u otro idioma en Secundaria, donde tampoco se podrá elegir lengua en la que estudiar las materias troncales.

Feijóo afirmó que el "decreto trilingüe" que quiere adoptar tiene como "objetivo final" el conocimiento por parte de los alumnos de tres lenguas, aunque sin incrementar los recursos actuales, si bien el consejero de Educación, Jesús Vázquez, que le acompañó, anunció que aumentará los cursos de formación del profesorado y fomentará la movilidad entre centros.

Subrayó que su deseo es que los alumnos pasen de "monolingüismo al trilingüismo" y afirmó que el decreto pretende establecer que "los alumnos sean libres de dirigirse al profesor en la clase en gallego o en castellano, salvo en las de lengua gallega o castellana".

"Vamos a evitar ese riesgo que existía antes de que había clases predominantemente en un único idioma de los dos oficiales en Galicia", comentó Feijóo.

Apuntó que su intención es "volver al equilibrio entre gallego y castellano, y inglés" y "evitar lo que ocurría antes, y es que de 25 horas en Primaria obligatoriamente 14 tenían que ser exclusivamente en gallego".

Precisó que en base al decreto aprobado por el anterior Gobierno de la Xunta, que establecía una obligatoriedad de como mínimo el 50 por ciento de las clases en gallego, había excesos que llevaron a que en la practica se fomentara el monolingüísmo.

Subrayó que sus propuestas del decreto serán remitidas al Consello da Cultura Galega y a la Real Academia de la Lengua Gallega conforme a su compromiso.

Consideró que si los partidos políticos asumen la "moderación" y la "independencia" necesarias, "estoy seguro de que el consenso social que ya existe en las calles de la cordialidad lingüística puede incorporarse al ámbito de la política".

Feijóo aseguró que esas "bases" del nuevo decreto que prevé establecer el Gobierno autonómico, gobernado por el PPdeG, "cumple la ley de normalización lingüística y el programa electoral mayoritariamente votados en las urnas", en que su formación ganó los comicios en marzo pasado.

También dio a entender que el decreto respetará una reciente sentencia del Tribunal Supremo que "dice que los padre no tienen derecho a exigir un sistema educativo en el que todas las asignaturas se den en un sólo idioma de su elección".

El presidente gallego afirmó que su ambición es "preparar las generaciones futuras para un mundo cada vez más globalizado" y auguró que otras comunidades autónomas con varios idiomas oficiales estarán interesadas en analizar su proyecto.

GALICIA | 'Decreto trilingüe'
Feijóo propone 'equilibrio' entre castellano y gallego en la enseñanza
Efe | Santiago de Compostela El Mundo 31 Diciembre 2009

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado un nuevo decreto en el que pretende establecer un "equilibrio" entre el gallego y el castellano en la educación primaria y secundaria a partir del próximo curso escolar, y la incorporación de una tercera lengua.

Feijóo explicó, al termino de una reunión del Consello de la Xunta, que su objetivo inmediato es establecer la paridad entre ambas lenguas oficiales e incorporar el inglés u otra lengua extranjera en el currículo escolar.

El presidente gallego indicó que su intención es que las materias escolares se impartan a razón de un tercio en gallego, un tercio en castellano y un tercio en inglés u otra lengua extranjera, y que los padres puedan elegir el predominio de una sobre otra.
A elección de los padres

En la conferencia de prensa, indicó que pretende que los padres de los alumnos puedan elegir la lengua de sus hijos en educación infantil, decidir en primaria que matemáticas sea en gallego y conocimiento del medio en castellano o viceversa, y que ambas sean en uno u otro idioma en secundaria.

Feijóo afirmó que el "decreto trilingüe" que quiere adoptar tiene como "objetivo final" el conocimiento por parte de los alumnos de tres lenguas, aunque sin incrementar los recursos actuales, si bien el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, que le acompañó, anunció que aumentará los cursos de formación del profesorado y fomentará la movilidad entre centros.

Subrayó que su deseo es que los alumnos pasen del "monolingüismo al trilingüismo" y afirmó que el decreto pretende establecer que "los alumnos sean libres de dirigirse al profesor en la clase en gallego o en castellano, salvo en las de lengua gallega o castellana".

"Pasamos de un decreto en el que se imponía a los chicos la lengua en la que tenían que hablar en clase a un decreto en el que se les da libertad", precisó.

"Vamos a evitar ese riesgo que existía antes de que había clases predominantemente en un único idioma de los dos oficiales en Galicia", comentó Feijóo.

El nuevo decreto lingüístico
Los padres elegirán el idioma de la enseñanza
El consello escolar de cada centro se encargará de decidir en qué idioma se impartirán las asignaturas teniendo en cuenta la opinión de las familias y asegurando un reparto equitativo entre gallego y castellano
PAULA PÉREZ/C. V. | SANTIAGO La Opinión 31 Diciembre 2009

Ocho meses después de llegar a la Xunta, el Gobierno de Núñez Feijóo tiene listo el borrador de decreto que sustituirá a la polémica normativa aprobada por el bipartito, que obliga a impartir un mínimo del 50% de las clases en gallego. La propuesta -que fue presentada in extremis, a pocas horas de cumplirse el plazo de fin de año que se habían marcado- establece que se impartirá un tercio de las asignaturas en gallego, otro tercio en castellano y se reservará el mismo porcentaje para un idioma extranjero. La principal novedad es que los padres podrán elegir por primera vez en qué lengua desean que se enseñen dos de las asignaturas "instrumentales" de las etapas de Educación Primaria y Secundaria: matemáticas y sociales. La opinión mayoritaria será vinculante para cada centro. En el resto de materias las familias serán consultadas sobre sus preferencias y, en base a sus opiniones, serán después los consellos escolares de cada colegio los que decidan en qué idioma se ofrecerá cada clase garantizando siempre un equilibrio exacto de horas entre las dos lenguas oficiales.

Si los centros no dispusiesen de los recursos necesarios para impartir un tercio de asignaturas en un idioma extranjero, ese cupo se redistribuiría entre el gallego y el castellano respetando siempre que ninguna de las dos lenguas oficiales predomine sobre la otra. Las reglas son distintas para Infantil, donde los padres elegirán cada año, cuando formalicen la preinscripción, qué lengua prefieren para la escolarización de sus hijos. La consulta a las familias de los alumnos que estudien Primaria y Secundaria se hará cada cuatro años también a través de los sobres de matrícula.

"La máxima que busca este decreto plurilingüe es la libertad a través del conocimiento", proclamó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que compareció acompañado del conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, tras la reunión del Consello de la Xunta, para informar sobre el borrador que ahora inicia su ronda de consultas.

El objetivo del jefe del Ejecutivo gallego es "blindar el equilibrio entre las lenguas" para evitar entrar en contradicciones con la Lei de Normalización Lingüística. Por esa razón la capacidad de elección de los padres queda siempre supeditada a que no se impartan más horas de gallego que de castellano.

El conselleiro de Educación admitió que los colegios aún no disponen de los recursos necesarios para impartir el tercio de asignaturas en una lengua extranjera y eludió dar un plazo para hacer efectivo este porcentaje. Por esta razón, en la práctica la mayoría de los colegios tendrán que redistribuir el tercio de horas que se reservaban para un idioma extranjero entre las otras dos lenguas oficiales, de manera que el porcentaje de gallego y castellano quedará repartido al 50%. En todo caso el mínimo al que obliga esta norma es del 33%. En el decreto del bipartito, por el contrario, la obligación era dar "al menos" el 50% en gallego, si bien no contemplaba el idioma extranjero.

Pero Feijóo ha querido también respetar su compromiso electoral de dejar elegir a los padres, aunque su opinión será sólo vincunlante en dos materias. En Educación Primaria las materias de Coñecemento do Medio y Matemáticas se impartirán una en gallego y otra en castellano, según la opción mayoritaria marcada por los padres en cada centro. "Tendrán que elegir un idioma para cada asignatura porque en esta etapa sólo hay 25 horas semanales de clase y si se dan las dos en gallego o las dos en castellano se rompería el equilibrio", aclaró Feijóo.

En Secundaria se dará a elegir a los padres la lengua de las clases de Matemáticas y Coñecemento Social. Aquí no será necesario que repartan una para cada idioma ya que en este nivel hay 32 horas semanales y se podría compensar el equilibrio con otras materias.

Aunque un fallo del Tribunal Supremo dictaminaba que los padres no pueden elegir el idioma en el que estudian sus hijos, el conselleiro de Educación defendió que su decreto "es respetuoso con la legalidad vigente". El presidente de la Xunta afirmó ayer que "por primera vez" en el sistema educativo gallego se "deja elegir a los padres".

Cuando todavía ni se sabía con seguridad qué novedades traería consigo el prometido decreto de Núñez Feijóo sobre el uso del gallego en la enseñanza, las dos organizaciones enfrentadas por sus puntos de vista en la cuestión lingüística, la plataforma Queremos galego y la asociación Galicia Bilingüe, coincidían en afilar sus cuchillos y lanzar advertencias al titular del Gobierno autonómico. Los primeros, para exigirle que no hubiera involuciones respecto a la lengua. Los segundos, para pedirle que cumpliera sus promesa electorales. De hecho, Queremos galego convocó una concentración ayer en Santiago ante el Consello de la Xunta que dio luz verde a la nueva normativa poniéndose en el peor de los casos y entonando un réquiem anticipado por el idioma.

Antes de saber el contenido de la legislación elaborada por el secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, el portavoz de la plataforma, Carlos Callón, anunciaba ya, junto al responsable de CIG-Ensino, Anxo Louzao, una movilización para el día 21 de enero en forma de huelga en la enseñanza. El objetivo: intentar que la Xunta "desista de esta política de exterminio hacia la normalización lingüística", según explicó Louzao, que habló de "un día negro para el gallego".

Tras afirmar que resulta una "vergüenza" que el Gobierno gallego actúe "con nocturnidad y alevosía", en plenas fiestas, Callón señaló que las propuestas educativas de la Xunta del PP "crean enfrentamientos" y "para lo único que sirven es para atacar la lengua".

Las posturas de ambos colectivos no cambiaron tras las presentación del borrador del decreto, a última hora de la tarde. Callón, también presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, se remitió a una reflexión más sosegada el sábado, pero avanzó que el texto "crea enfrentamientos en las comunidades educativas porque traslada la responsabilidad del Gobierno a los centros de enseñanza". A grandes rasgos también, indicó que la presencia del gallego de un tercio es "inconstitucional". "La ley que desarrolla el proceso de galleguización de la enseñanza tiene que ser progresiva y no se pueden aprobar normas que reduzcan la presencia del gallego con respecto a la norma anterior", argumenta. "No tiene fuerza jurídica porque es inconstitucional porque va contra la letra de la Lei de Normalización Lingüística y del espíritu de las últimas sentencias del Constitucional y del Supremo" que no otorgan a los padres potestad sobre el idioma en que estudian sus hijos.

En donde Callón ve un defecto, Galicia Bilingüe. que no interpreta la norma de la misma manera, también. Precisamente el colectivo que denunció la imposición lingüística que suponía, a su juicio, el decreto elaborado por el bipartito, catapultó al debate electoral del 1 de marzo la cuestión lingüística y logró que el presidente de la Xunta, cuando todavía era candidato, apoyase sus pretensiones.

Feijóo cumple su compromiso de igualar gallego y castellano
La norma que se aplicará el próximo curso y acabará con la cruzada impositora del bipartito de Touriño apuesta por el inglés
ANA MARTÍNEZ | SANTIAGO ABC 31 Diciembre 200

El equipo de Feijóo presentó en su último consejo de gobierno de este año, por primera vez vespertino, las bases para la elaboración del decreto del plurilingüismo en el sistema educativo no universitario, que deroga la norma 124/2007 del bipartito de Touriño y Quintana. «Es difícil buscar un sistema más equilibrado; estoy seguro de que muchas comunidades estudiarán con detenimiento estas bases», pronosticó el presidente de la Xunta.

El borrador que desgranó el consejero de Educación, Jesús Vázquez Abad, apoya la participación de las familias en la definición del marco lingüístico escolar y garantiza el equilibrio entre las dos lenguas cooficiales, con presencia de una tercera, en todas las etapas educativas. En Infantil, el profesorado utilizará en el aula el idioma predominante entre el alumnado, y debe procurar que se adquiera un conocimiento adecuado de la segunda. El proceso será el siguiente: se le preguntará a cada familia por la lengua que prefiere para su hijo, y esta cuestión se contestará anualmente, marcando una casilla, en el proceso de preinscripción en el colegio.
El presidente gallego dice que «es difícil buscar un sistema más equilibrado que el que proponemos»

En Primaria, ESO y Bachillerato, se garantizará la adquisición de la competencia lingüística en las dos lenguas oficiales de Galicia (gallego y castellano) y se potenciará otra tercera, principalmente el inglés. Con esta finalidad, se establece que un tercio de las horas semanales se oferte en gallego, otro tercio en castellano y el restante, en lengua extranjera. Para la definición de la distribución, se tendrá en cuenta nuevamente la opinión que expresen los tutores legales, a través de una consulta que se realizará cada cuatro años y que orientará la repartición horaria. En Primaria, que tiene 25 horas semanales, la opinión mayoritaria de las familias será vinculante para determinar la lengua vehicular de las materias instrumentales -Conocimiento del Medio y Matemáticas (hasta diez horas semanales)-, que serán una en gallego y otra en castellano. En la ESO, que cuenta con 32 horas semanales, los parientes directos de los educandos decidirán en qué lengua se dan las asignaturas de Ciencias Sociales y Matemáticas, que suman hasta siete horas a la semana. En el resto, será el Consejo Escolar quien apruebe una propuesta horaria equilibrada, teniendo en cuenta la opinión de los familiares.

Para asegurar la potenciación fuera del currículum de la lengua gallega, se contará igualmente con el papel activo de los centros, particularmente a través de los equipos de dinamización, a los que se incorporan por primera vez padres y madres, con el fin de preservar, de este modo, la integración activa de las familias en la promoción de la lengua gallega.

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