AGLI

Recortes de Prensa    Miércoles 6  Enero  2010

 

Peones negros
Luis del Pino Libertad Digital 6 Enero 2010

El pasado domingo día 3 emitíamos en el programa "Sin complejos" un reportaje sobre los peones negros de Málaga. Tenía que haberse emitido el domingo 27 de diciembre, en la sección "Meridionalmente claro" de Paco Linares, pero las meigas de fin de año (en forma de apagón) hicieron que el último programa "Sin complejos" del año quedara interrumpido.

Sea como sea, el caso es que pudimos escuchar a diversas personas que colaboran con el grupo de Málaga (y con algún otro grupo andaluz de peones negros) explicar por qué habían decidido dedicarse a investigar la masacre del 11-M y a trabajar porque sepamos qué pasó aquel jueves negro. Philidor, Choya, Marcat, Santelmo y varios otros fueron explicando qué les había llevado a implicarse en una labor que poca gente entendía al principio y que mucha gente sigue sin entender.

Sin ánimo de interpretar los sentimientos de nadie, me atrevería a decir que había dos denominadores comunes en las distintas intervenciones: el sentimiento de horror por la masacre y la convicción de que no puede existir un verdadero régimen democrático si se encubre a los autores de un horror como aquél.

Sin embargo, tiene que existir algo más, porque esas dos características juntas no constituyen ningún factor diferenciador. El sentimiento de horror por la masacre fue compartido por muchísimos otros españoles (me atrevería a decir que por casi todos) y no por ello sintieron esos otros españoles ningún deseo de dedicarse a averiguar nada.

En cuanto a la segunda condición, hay muchos españoles que coincidirían con la afirmación abstracta ("no puede existir un verdadero régimen democrático si se encubre a los autores de un horror como aquél ") y no por eso se han dedicado a investigar el 11-M: unos (los que aún piensan que la versión oficial que nos contaron era correcta) porque creen honestamente que no se está encubriendo a nadie en el caso del 11-M; otros (los que saben que la versión oficial es falsa, pero desean que se sostenga) porque en realidad prefieren vivir en un régimen no plenamente democrático, siempre que el gobierno sea del tipo que a ellos les gusta; y otros, en fin, porque están íntimamente convencidos de que no vivimos en un régimen plenamente democrático, pero creen que no existe forma humana de cambiar ese hecho, por lo que prefieren inhibirse.

Por tanto, me atrevería a decir que las razones que impulsaron a una serie de personas a embarcarse en una tarea bastante ingrata, pero bastante necesaria, son múltiples: todas esas personas comparten, desde luego, el sentimiento de horror por la masacre y la convicción de que no puede existir un verdadero régimen democrático si se encubre a los autores de un horror como aquél. Pero comparten también al menos otras tres características: un acusado sentido crítico, para dilucidar por sí mismos qué tiene visos de verdad y qué no lo tiene; una clara convicción de que el requisito de vivir en un régimen de libertades es anterior a la cuestión de quién ocupa el gobierno o no lo ocupa (es decir, sitúan la libertad por encima de sus propias preferencias en materia de partidos, lo que equivale a desear la verdad caiga quien caiga) ; y un rechazo a conformarse o resignarse a la pérdida de libertad, que fuerza el deseo de hacer algo, lo que sea, para recuperar la libertad perdida.

Desde luego, me es imposible ser objetivo, pero ¡qué distintas serían las cosas en España, a todos los niveles, si hubiera muchas más personas como los peones negros, dispuestas a anteponer la libertad a sus propios intereses, dispuestas a trabajar para defender esa libertad, dotadas de la empatía necesaria para entender el sufrimiento ajeno y con la suficiente inteligencia como para someter a escrutinio aquello que les rodea, tratando de separar la verdad de la mentira!

Con unos cuantos miles de personas así, España sería un paraíso democrático.

El problema de las asociaciones
Pío Moa Libertad Digital 6 Enero 2010

Sorprende la gran cantidad de asociaciones de izquierda, progres, separatistas, etc., que aparecen de vez en cuando firmando algún manifiesto o reclamando algo. En cambio existen muy pocas de carácter democrático y pro español. Algunos creen que ello se debe a que la mayoría de aquellas asociaciones están subvencionadas, pero esa es una causa muy secundaria. La causa principal es que quienes no son de izquierda, etc., apenas perciben la importancia de la lucha por las ideas y por la opinión pública: es una de las peores tradiciones de lo que, por llamarla de algún modo, solemos identificar como “derecha”. Los otros, en cambio, son muy espabilados para eso. El PSOE ideó muy pronto dotarse de un amplio círculo de ongs y similares, más o menos camelístico, que constituían un aparato de propaganda paralelo sufragado por el erario.

Si no se rompe la inercia de la “derecha” en este sentido, es evidente que nada podrá hacerse frente a la deriva que impone al país la chusma política. De hecho, esa inercia se está rompiendo, pero de modo muy insuficiente.

Las asociaciones pueden ser formales, es decir, con papeleo burocrático, o informales, en forma de tertulias semanales, por ejemplo, en las que se planteen iniciativas dirigidas, siempre, a hacer llegar a la opinión pública ideas, argumentos, información, consignas y en su caso movilizaciones en pro o en contra de lo que sea preciso. De hecho, así han nacido algunas que se han vuelto influyentes.

El asunto de las asociaciones puede ser muy variado, como decía ayer, y su orientación debe ser positiva: por la verdad histórica, por la unidad democrática de España, por la cultura española frente al islamismo o frente a la anglomanía, por la aclaración del 11-m, por el bilingüismo en las regiones correspondientes, por la información veraz en la prensa, la igualdad ante la ley, la denuncia del pro terrorismo, etc. Estas asociaciones pueden incluir actividades deportivas, excursionistas, etc.

El objetivo en todos los casos será buscar vías de llegar a la opinión pública, que cuando se buscan se encuentran, y muy variadas. Mañana pondré el ejemplo de Galicia Bilingüe.

Vuelta a las andadas
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 6 Enero 2010

ACABA de tomar posesión y ya empieza a hacer de las suyas. ¿A qué viene ese convocar en la Moncloa a «tres viejos sabios», Delors, González, Solbes, para consultarles sobre las directrices a tomar durante la presidencia española de la Comunidad Europea? Con cámaras, naturalmente. O no se siente preparado para la tarea o estamos ante otro de esos espectáculos de luz y sonido, que tanto gustan a nuestro presidente. Si no se siente preparado, esa consulta tendría que haberla hecho antes de tomar posesión y en el más riguroso sigilo, por aquello del pundonor. Y si se siente preparado y todo es un buñuelo de viento, empieza a hacer en Bruselas lo que viene haciendo en Madrid: hacer que hace. Este hombre no tiene remedio.

Tomemos a Solbes. Le tuvo durante años como principal asesor económico y se sirvió de él mientras decía sí a sus disparates, como negar la crisis -¿recuerdan el debate con Pizarro?-, pero cuando, visto como se estaba poniendo el panorama, el ministro empezó a torcer el gesto ante la tozudez del presidente, éste le dejó marchar y se buscó una vicepresidenta más acomodaticia a su forma de ver el mundo, la política y la economía. Y ahora le llama como asesor áulico. ¿Le va a hacer tanto caso como entonces?

Y de Felipe González, ¿qué podemos decir?¿Cuántas veces le ha consultado sobre cuestiones trascendentales, como la negociación con ETA? Que sepamos, ninguna. Pero ahora, sí, ahora que las cosas se han puesto realmente mal, le llama y le oye. Pero ¿le escucha? Que sepamos, no escucha a nadie. En cuanto a Delors, ¿qué puede decirle de la Comisión Europea, cuando la que él presidió nada tiene que ver con la actual, como nada tienen que ver sus problemas? Nada de extraño que de esta primera reunión lo único que haya salido es que los problemas de Europa se resuelven «con más Europa». Más que un parto de sabios, parece un parto de los montes.

Comprendo los llamamientos que se hacen para unir fuerzas en torno a la presidencia española de la UE. Pero el primero que está haciendo de ella un uso partidista es el presidente -vean la costosísima carnavalada montada al respecto-, y eso no puede consentirse, aunque sólo sea por sentido del ridículo. La prueba del algodón de que ese comité asesor no es un mero despliegue publicitario será si se nos informa de lo que los «tres sabios» recomiendan a Zapatero, y ver si éste lo sigue. En otro caso, no tendrán mucha más importancia que los tres Reyes Magos que se presentaron ayer en la Moncloa, llevando al inquilino un enorme pedazo de pan, tan falso como ellos. Cuando lo que tendrían que haberle llevado era carbón, como ocurría antes a los niños que no se habían portado bien durante el año. Pero a ver quién es el guapo que regala carbón en la España aterida de frío y llena de parados de nuestros días.

Mientras las familias se afanan en ahorrar
Ahorro Ciudadano vs. Gasto Estatal
El déficit y la deuda de las cuantas públicas se incrementa
Ivan Martín y Ladera Periodista Digital 6 Enero 2010

Nuestras abuelas, nuestras madres, desde siempre han sabido llevar la economía familiar de una manera coherente bajo una premisa basada en administrar los recursos económicos limitados mes a mes, y con la máxima de no gastar más de lo que se ingresa.

Los miles de inmigrantes llegados en la última década nos han enseñado como esta regla de nuestras madres, es común al otro lado del océano, de hecho personas venidas de países con graves carencias sociales y de educación, vienen con una lección olvidada por las presuntas “élites” que forman los estados, ahorrar y no vivir por encima de sus posibilidades. Trabajar duro día a día para poder acumular un dinero precioso que enviar a casa.

Aun cuando la sabiduría popular carece de Premios Nobel, Presidentes, Ministros y Asesores, es capaz de afrontar el temporal de la crisis, los gobiernos de los “demasiados” reinos de este país continúan una carrera de gasto desenfrenado que no repercute en una recuperación económica efectiva.

La tasa de ahorro de las familias españolas se está disparando llegando al 14.1% de la renta disponible en el tercer trimestre de 2009, un 4.6% más que en 2008 según datos del INE. Por el contrario el sector público ha perdido renta en un 22.9% respecto al 2008.

Los ciudadanos se defienden de la crisis tratando de ahorrar para los tiempos que se avecinan pero las instituciones públicas continúan con un gasto mayor, menores ajustes en sus cuentas y lo más grave, gastando el dinero que no ingresan.

El resultado de esto se traduce en que en el recién estrenado Enero 2010, se produce el vencimiento del € 27,000 millones de deuda pública, la mayor cantidad en un mes de la historia española.

En Octubre de 2008 la cifra de deuda en circulación se situaba en los € 456,000 millones, casi el 45% de el PIB de la nación, cifra nada desdeñable para un país que termino el 2007 en superávit y cerrará 2009 con un déficit que rozará el 12%.

En tan sólo dos años españa ha retrocedido casi 20 años atrás, en términos relativos el Estado ha ingresado en relación al PIB lo mismo que a finales de los 80 (al caer la recaudación un 47.8% respecto a 2008).

Las ventas de automóviles en 2009 se sitúan a niveles de 1995 (el dato no es peor gracias a la entrada del plan 2000E, que se implementó muchos meses más tarde que en resto de países europeos).

Por desgracia, la vivienda sigue sin estando un 55% sobrevalorada (destacado recientemente este periódico y The Economist) y la presión fiscal real (incluyendo tasas, IBI, multas, etc.) crece imparable por parte de todas las administraciones públicas (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Estado, etc.)

Regiones ricas y sinónimo de progreso económico como Cataluña, continúan perdiendo competitividad, víctimas más de sus políticas que de sus empresarios.

Hoy en día la región ejemplo de dinamismo y crecimiento ocupa el puesto número 15 en crecimiento económico a nivel nacional, y pierde respecto a Madrid renta per cápita de sus ciudadanos de forma contundente.

Mientras las lecciones de nuestras madres no llegan a los gobernantes, estos lastran las espaldas de los ciudadanos con una losa de deuda que poco a poco dobla aquellos que aún se mantienen erguidos frente a la crisis. Los ciudadanos una vez más serán los que paguen los errores de aquellos que olvidaron las lecciones de sus madres.


******************* Sección "bilingüe" ***********************
La cuestión relevante no son los porcentajes, sino la libertad
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 6 Enero 2010

Buenas noches Sr. García Domínguez.

En relación con sus declaraciones en EsRadio me gustaría, si me lo permite, hacerle unas observaciones:

- Entiendo que para una persona que procede de Cataluña le parecerá un logro conseguir un 50-50. La situación catalana es muy dura, lo sé, puedo entender su comprensión hacia las bases de Feijoo. Para Uds. llegar a eso, sería la leche. Para Gotzone Mora seguro que también. Pero en Galicia, a diferencia del País Vasco y Cataluña, la situación permite otras soluciones. El caso vasco es muy difícil teniendo en cuenta la diferencia de los dos idiomas y el problema de miedo que sufren los españoles residentes allí; en Cataluña, las cosas han llegado tan lejos, que un fifty-fifty puede ser una gran conquista. Pero para los gallegos que nos opusimos a la imposición del bipartito y que hemos despertado de la modorra de la inmersión lingüística forzosa cuyas bases sentó el galleguista Partido Popular, eso ya no es suficiente y le voy a intentar explicar por qué, si me lee hasta el final, aunque me explique mal.

- En Galicia, el anterior decreto establecía un mínimo del 50% en gallego pudiendo llegar al 100%. La encuesta realizada por el gobierno de Feijoo indicaba que la mayoría de los padres querían mayoritariamente educación sólo en castellano o la mayor parte de las asignaturas en castellano. Las encuestas, por tanto, no hablaban de paridad o equilibrio de reparto del tiempo lectivo, sus resultados eran otros. Pero con todo y con eso...

- La cuestión relevante hoy, y ayer, no son los porcentajes sino la libertad y el hecho de que el Estado no puede imponer una lengua u otra a los ciudadanos que deben ser libres para usar la que crean conveniente. La Constitución recoge la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. Es una decisión nuestra, de mi familia. Eso no sólo es más propio de una democracia de ciudadanos libres, es que es lo más eficaz pedagógicamente.

- La lengua gallega y el español son tan intercambiables que la gente los mezcla sin darse cuenta, pero ojo, una cosa es hablarlo en la vida real y otra cosa es el registro culto, los libros de texto, en los que el aprovechamiento se produce cuando están escritos en tu lengua habitual, en la que piensas, en la que vives, puede ser cualquiera de las dos. Un profesor podría dar perfectamente su clase en gallego en un aula de castellanohablantes, siempre que esos alumnos pudiesen usar en libertad su lengua habitual, examinarse en ella y tener sus libros en la lengua de su elección. Nadie saldría perjudicado, salvo los defensores de la imposición (de uno lado o de otro). Y viceversa, una clase en español a un aula de alumnos cuya lengua habitual fuese el gallego siempre que tuviesen libertad de usar el gallego y sus libros en gallego si esa fuera su opción.

- Con el nuevo decreto, los padres decidirán sobre dos asignaturas y el resto del tiempo lectivo se decidirá en el Consejo Escolar, respetando los equilibrios. En suma, será un 50%-50%. Pero con un matiz, en los centros públicos la minoría más activa es la que tiene tomada las direcciones de los centros y los puestos en los Consejos Escolares, los nacionalistas. Con seguridad, en la mayoría de los centros, las asignaturas que caerán del castellano serán música, plástica, gimnasia, tecnología, etc., es decir las asignaturas con menor uso de libros de texto. La física, química, biología, seguirán en gallego como hasta ahora, sospecha que veremos confirmada a no tardar mucho tiempo.

- La especial protección que tienen las lenguas regionales en la Constitución avalan su enseñanza obligatoria como asignatura pero no avalan su imposición como lengua vehicular, en ningún sitio lo dice. Especial protección es reconocer su uso en todos los ámbitos y en la enseñanza también, a través de la libertad docente y discente. ¿Qué sucede en la universidad gallega? Pues que llega un profesor, da su clase en gallego y los alumnos tan panchos, se examinan en la lengua que quieren y la bibliografía la leen en la lengua que quieren. Lo importante es que aprendan la materia y no que estudien la materia en una lengua.

- Del Estatuto ni de la Ley de Normalización Lingüística se desprende que tengan que existir estos porcentajes ni cuotas que suponen una discriminación por razón de lengua, lo cual sí esta prohibido en el Estatuto y en la Ley de Normalización Lingüística.

- A los nacionalistas no les gustará el decreto que se base en estas "bases" porque retroceden desde una posición media del 70% del horario lectivo y porque cualquier atisbo de dejar elegir para ellos es pecado mortal, tal es su naturaleza de movimiento totalitario como Ud. sabe mucho mejor que yo.

- Nuestra situación no es la catalana, nuestro problema es parecido pero en distinto grado y en sociedades diferentes. Nuestra esperanza era aprovechar la victoria y las promesas del Sr. Feijoo para llegar a una solución no discriminatoria, respetuosa con la libertad de los individuos, que permitiese consolidar la libertad de lengua, sin presiones ni corsés ni inmersiones lingüísticas calcadas de fuera. Una propuesta de libertad en la encrucijada de la política lingüística.

- Yo estoy muy decepcionado, aunque el nuevo decreto pueda aliviar algo la situación, se puede y se debe hacer más y mejor por la libertad. La receta que nos quieren aplicar es absurda (sólo responde a la cobardía del Sr. Feijoo), ineficaz y además va a permitir que cuando vuelva a ganar el PSOE se vuelvan a cambiar los porcentajes. Cuanto mejor hubiese sido acostumbrar a la sociedad a la libertad. Pero Feijoo tenía que demostrar que el que manda ahora es él y que es el punto central entre los extremos. Y aquí no hay más que un extremo, el de los nacionalistas. Luego están los intervencionistas que creen que todo debe ser regulado por el Estado y por último estamos los que defendemos la libertad del individuo.

Reciba un saludo.

José Mª Martín López-Suevos
Mesa por la Libertad Lingüística
www.libertadlinguistica.com

Publicado en Heterodoxias.net:
http://heterodoxias.net/index.php?blog=1&title=correspondencia_21&more=1&c=1&tb=1&pb=1

NOTA: El autor de este blog es partidario de la separación del alumnado por idiomas, pero respeta el posicionamiento de José Mª Martín López-Suevos y de la Mesa por la Libertad Lingüística en sentido contrario. La divergencia de posturas sobre este tema no es motivo suficiente para el desencuentro y la desunión frente al enorme el poder de la Xunta, los nacionalistas y los partidos de ámbito estatal que apoyan en mayor o menor medida las tesis nacionalistas y así perpetúan la anormalidad antidemocrática del nacionalismo identitario.

Letra y música del futuro decreto sobre lenguas
Roberto Blanco Valdés La Voz 6 Enero 2010

¿Quién podría oponerse a que los niños escolarizados en Galicia sepan hablar y escribir correctamente en castellano, en gallego y en inglés al acabar la enseñanza secundaria? Nadie, salvo los que consideran que la escuela, más que enseñar, debe adoctrinar para reforzar identidades.

Planteado el asunto en tal terreno identitario, el borrador de decreto sobre lenguas en la enseñanza que la Xunta acaba de anunciar implica un giro sustancial: de un sistema de práctica inmersión en gallego -que era el de la norma a derogar- se pasará a otro que parece estar basado en dos pilares principales: el reparto equitativo (en importancia y cantidad) de las materias a impartir en castellano y en gallego; y la introducción, en pie de igualdad con ambos idiomas, de la que es hoy la lengua franca en todo el mundo.

Lo primero es lo único respetuoso con la cooficialidad lingüística prevista en la Constitución; lo segundo debería permitir acabar -siempre que se pongan los medios para ello- con la vergüenza de que nuestros jóvenes (salvo los de familias que pueden pagar una formación adicional) sean conocidos en el mundo por su incapacidad para expresarse en lengua inglesa.

Que el BNG rechace ese proyecto no debe, por tanto, sorprender: los nacionalistas no están pensando en los idiomas que deben aprender nuestros chavales sino en cómo convertir la escuela en el lugar de lo que llaman la normalización lingüística, que no es otra cosa en realidad que la desaparición del castellano de las aulas de Galicia. La oposición del PSdeG, mucho menos explicable, confirma algo dramático: que los socialistas se han convertido, en este terreno, en unos menos gregarios de los nacionalistas.

Pero que la música del proyecto suene bien no significa que la letra sea de comparable calidad. Y es que la voluntad de la Xunta de minimizar el coste a pagar por un proyecto que constituye un embolado, se ha traducido en el desplazamiento a la sociedad de decisiones que son de la entera competencia del Gobierno. Y así, por no querer pisar más callos que los estrictamente necesarios, este ha optado por meter a la sociedad en una inacabable melé de debates y consultas que, lejos de cerrar un problema que levanta pasiones encendidas, lo mantiene indefinidamente abierto.

Es precisamente toda esa parte del proyecto la que debe cambiar de un modo radical, salvo que la Xunta quiera salir de Madrigal para instalarse permanentemente en Madrigalejo. Algo que no sería bueno para nadie, salvo para los que viven de explotar el sensible asunto de las lenguas. El Gobierno tiene legitimidad democrática para tomar las decisiones oportunas: no hacerlo en este caso constituiría una irresponsabilidad muy difícil de entender.

«Feijóo prometió libertad, no equilibrio»
J. L. JIMÉNEZ / E. PÉREZ, SANTIAGO / VIGO ABC Galicia 6 Enero 2010

La imposición no ha desaparecido, argumentan Gloria Lago y José María Martín, presidentes de Galicia Bilingüe y la Mesa por la Libertad Lingüística. Las dos asociaciones que -polarizadas mayoritariamente en Vigo y La Coruña, respectivamente- centraron las reivindicaciones en contra del anterior decreto lingüístico impulsado por el bipartito y que devaluaba la enseñanza en castellano, no están satisfechas con el nuevo texto presentado la pasada semana por la Xunta de Núñez Feijóo.

Lago habla sin rubor de una «tomadura de pelo» mientras Martín prefiere quedarse en «un decreto decepcionante y cobarde». Ambos señalan que los miles de padres integrados en sus plataformas están «muy enfadados» ya que, en resumen, «Feijóo no ha cumplido lo que nos prometió en campaña».

Según Martín, «lo que el presidente prometió no era garantizar el equilibrio, sino que prometió libertad, no nos despistemos». Su crítica va directa a la igualdad que el nuevo decreto garantiza en número de horas lectivas a castellano y gallego, un equilibrio al 50% que sin embargo sí aparecía recogido en el programa electoral del PP con el que concurrió a las elecciones autonómicas del 1-M.

«De esa parte de su programa, que por cierto nadie lee, el presidente no dijo nada en campaña», matiza el presidente de la Mesa, «las promesas que hizo para la historia, y que le pasarán factura, eran la derogación en cien días del anterior decreto, la libertad de los padres para elegir la lengua en que son educados sus hijos y de los libros de texto, y la libertad de uso de lengua en las clases», último punto éste que reconoce que «sí se ha cumplido».

«Se ha rebajado el porcentaje de la imposición», apunta Gloria Lago -en el anterior decreto del bipartito la enseñanza en gallego podía llegar al 80%- «pero no ha desaparecido, tal y como prometió Feijóo», aunque a su juicio «lo más grave es que se había presentado en Galicia una oportunidad histórica para que los padres pudiéramos por primera vez elegir la lengua de la enseñanza».

La Mesa por la Libertad no se fía del reparto por lenguas que del resto de materias lectivas -fuera de las troncales que sí elegirán los padres- hagan los consejos escolares. «¿Qué materias van a darse en castellano?», se preguntan, «los puestos clave de los consejos escolares están dominados por la minoría nacionalista», aseguran, por lo que «lo más probable es que se impartan la plástica, la tecnología, la música o la gimnasia».

«Feijóo en campaña se subió a un tren que pasaba cerca y que pensaba que le daría el escaño 38», señala José María Martín, «y el PP no calibra la importancia de este asunto», que a su juicio fue clave para que los populares obtuviesen la mayoría absoluta el pasado 1 de marzo, pero que puede volverse contra ellos. Sólo Galicia Blingüe tiene el aval de 100.000 firmas de toda la Comunidad a sus diferentes iniciativas. «Con 25.000 votos se tiene un escaño en La Coruña o Pontevedra», recuerda Martín.

Inglés, «cortina de humo»
El trilingüísmo con el que la Xunta impregna su decreto tampoco convence a las dos asociaciones contrarias a la imposición del gallego. «Es una cortina de humo para tapar el incumplimiento de sus promesas electorales», coinciden en afirmar Lago y Martín, «el personal docente y el programa educativo actual no está preparado para aplicarlo».

«El inglés no es la solución», insiste el máximo dirigente de la Mesa por la Libertad, «nadie le pidió el inglés para liberarnos, sino más sentido común», ya que las secciones bilingües con una lengua extranjera «ya existían con el anterior decreto».

Pese a que se interpretó en su día como un gesto de aproximación por parte de la Xunta de Feijóo a estos dos colectivos, ni Galicia Bilingüe ni la Mesa por la Libertad guardan demasiado aprecio a la encuesta que el pasado verano se distribuyó entre los padres del alumnado para conocer sus opiniones.

«Probablemente buscaban una coartada para justificar la redacción de este decreto», cree Lago, «y a pesar de intentos subrepticios, se inclinó contundentemente hacia el castellano. Para Martín, la consulta fue un gesto «interesante» aunque «no estábamos muy a favor», si bien dijo «cosas muy claras» a favor de una enseñanza mayoritariamente en la lengua del conjunto del Estado. «La conclusión es que el decreto no es coherente con la encuesta».

Margen de negociación
El decreto, todavía un borrador, entra ahora en fase de consultas, aunque desde estas asociaciones se augura que «no se cambiará un ápice». «El conselleiro de Educación se ha reunido con mucha gente, ha oído a todo el mundo pero se ha mantenido en la idea que tenían desde el principio», lamenta Martín, «quieren vender la moto de que se modernizará la sociedad a través del inglés».

«Los agentes que van a tener voz no representan a quienes tienen que representar», afirma Lago más tajante, cuestionando el papel que asociaciones de padres lejanas a las tesis de su plataforma puedan defender en este proceso.

El presidente de la Mesa también señala a algunos responsables del contenido de este decreto. «Nos esperábamos algo así», observa José María Martín, «el hecho de nombrar a Anxo Lorenzo -secretario xeral de Política Lingüística- ya era un muy mal augurio», por tratarse «de un señor que incluso llegó a redactar el anterior decreto e hizo mucho por defenderlo». «Fue muy sospechoso que el PP fichara a este tipo», aunque la reflexión que subyace es «que no hay una voz coherente en el PP que diga una misma cosa en materia lingüística».

Aunque desde Galicia Bilingüe -convocante de la multitudinaria marcha contra la imposición del pasado 2 de febrero- no participará en la marcha contra el decreto del próximo 21 de enero organizada por «Queremos Galego», la Mesa por la Libertad se reunirá con sus socios en enero y no descarta adoptar otras medidas, entre otras el recurso a la vía judicial para impugnar el decreto.

El decreto de la Xunta recoge el grueso del programa del PP
JOSE LUIS JIMÉNEZ, SANTIAGO, ABC Galicia 6 Enero 2010

Contra las repetidas críticas que desde las asociaciones lingüistas más próximas a los postulados del PP se hacen al Gobierno de la Xunta por los incumplimientos de Alberto Núñez Feijóo respecto a sus compromisos de campaña, el programa con el que los populares gallegos concurrieron a las elecciones del 1 de marzo parece dejar poco espacio para la duda.

En las páginas 303 y 304 de su extensísimo manifiesto electoral, el equipo redactor del programa señaló, entre otras, cinco medidas de aplicación inmediata para el impulso de la lengua gallega en la enseñanza pública obligatoria, más allá de la derogación del decreto 124/2007 aprobado por el bipartito y que encenció la mecha del conflicto lingüístico.

Entre ellas, la promesa quizás más criticada desde Galicia Bilingüe o la Mesa por la Libertad: «Garantizar el equilibrio y la proporcionalidad en las materias que se imparten en gallego y castellano», o lo que es lo mismo, la «igualdad» al 50% entre las dos lenguas cooficiales de la Comunidad que el nuevo decreto auspicia, según manifestó el pasado día 30 Núñez Feijóo.

La postura de los populares gallegos tampoco es novedosa en este sentido. En una proposición no de ley con fecha 19 de julio de 2007 -y que se puede consultar en la web www.libertadlinguistica.com- , el PP ya instaba en el Parlamento a la liquidación del decreto de la discordia, a la garantía de la convivencia de ambos idiomas de un modo proporcional -incluso en los centros trilingües-, así como otras medidas tales como la libertad de uso de lengua por parte de los alumnos de forma oral y escrita o que en «la educación infantil los niños serán recogidos en la lengua que decidan sus padres».

Sin embargo, este texto -rechazado por la mayoría absoluta de que gozaban PSOE y BNG durante la pasada legislatura y que resumía los argumentos de la entonces oposición para separarse del consenso lingüístico reinante hasta ese momento- no hacia referencia alguna al idioma de los libros de texto, que sí aparece recogido en el decreto de la Xunta actual.

Desde el PP se es consciente de que sólo a través de un ejercicio de pedagogía y explicando de forma detallada el contenido del nuevo decreto conseguirán calmar el malestar instalado en estos últimos días en una parte de su base electoral, principalmente en las ciudades de Vigo y La Coruña, dos estratégicos objetivos de cara a las municipales.

Los presos de ETA marcan el paso
Con sus amenazas, los terroristas vuelven a poner en evidencia a los nacionalistas
Editorial La Razon 6 Enero 2010

El comunicado que los presos de ETA hicieron público ayer a través de las páginas de «Gara» difumina cualquier posibilidad de que del debate abierto en el seno de la banda terrorista nazca el planteamiento de un próximo abandono de la violencia. En lugar de ello, el colectivo EPPK, que aglutina a cerca de 750 reclusos, aboga por poner en marcha, a partir de la próxima semana, un calendario de acciones de presión entre las que se incluirían encierros y huelgas de hambre en las cárceles de España y Francia. Con estas actuaciones, los terroristas dicen denunciar «la cruenta política penitenciaria de ambos Estados». El comunicado también reclama el reagrupamiento de los presos, así como «la inmediata liberación» de aquellos que están a punto de acceder a la condicional.

A ello se suma la decisión de EPPK de expulsar a cinco miembros que se habían distanciado de la dirección de ETA, entre los que destaca el antiguo integrante del «comando Donosti» Valentín Lasarte, quien cuenta con uno de los historiales más sangrientos de la banda, entre los que se incluye el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Esta declaración da continuidad al comunicado que los presos de ETA hicieron público cuatro días antes de que finalizara 2009, y en el que defendían la necesidad de abrir una «nueva fase de lucha en las cárceles» y de poner en práctica todas aquellas acciones que obligaran a España y Francia a «reconocer el estatus político de Euskal Herría». Ambos textos retratan de forma meridiana que la postura predominante entre los presos etarras es aquella en la que la violencia, las pistolas, la extorsión y el chantaje a los demócratas son los únicos argumentos concebidos para la defensa de sus ideas. La movilización de los presos etarras llega apenas dos días después de que miles de abertzales se manifestaran en Bilbao en contra de la política penitenciaria del Gobierno. Una movilización a la que se sumaron voces del nacionalismo vasco, como la del presidente del PNV en Guipúzcoa, Joseba Egibar, quien llegó a denunciar la vulneración de derechos humanos en el trato a los terroristas reclusos. Unos y otros, por tanto, se han querido erigir así en los abogados defensores de quienes ahora, a través de un comunicado, reclaman las acciones de fuerza y las huelgas de hambre como su principal vía de actuación. Precisamente esta misma semana el Tribunal Supremo sentenció que el Gobierno del PNV presidido por Juan José Ibarretxe se extralimitó en sus competencias al aprobar cuantiosas ayudas a las familias de los presos de ETA, no sólo porque estaba fuera de su competencia, sino también porque con esas ayudas se trataba de boicotear la política penitenciaria del Estado. Lo que parece claro es que el núcleo duro de ETA en las cárceles apuesta por la violencia. Esta evidencia obliga a todos los partidos democráticos, incluido el PNV, a posicionarse sin ambages frente a unos terroristas que declaran abiertamente sus intenciones con la sinceridad brutal del asesino, zanjando cualquier debate o supuesta duda .

Del mismo modo, el comunicado también debe ser una llamada de atención a las instancias judiciales, especialmente la Audiencia Nacional, encargadas de conceder o denegar los permisos para determinadas manifestaciones públicas del brazo político de ETA, que utiliza las garantías del Estado de Derecho para sus propósitos criminales. Baste como ejemplo la manifestación del pasado sábado, que vino a servir de coartada al comunicado de los terroristas encarcelados. La única respuesta a todos ellos es la Ley, sólo la Ley, pero toda la Ley, que incluye el cumplimiento íntegro de las penas.

Montilla prepara una respuesta unitaria al TC con el envío de una carta a 200 entidades
Barcelona - Efe La Razon 6 Enero 2010

El presidente catalán, José Montilla, ha pedido apoyo a las más de 200 entidades catalanas que vertebran el país en la respuesta "clara y unitaria" que él liderará en el caso de que el Tribunal Constitucional (TC) recorte el nuevo Estatut en una sentencia que se considera ya inminente.

Montilla ha enviado una carta a las 201 instituciones y asociaciones políticas, académicas, empresariales, sindicales, deportivas, profesionales, culturales y eclesiásticas en agradecimiento a su apoyo al editorial conjunto de doce diarios catalanes a favor de la "ley de leyes" y que tuvo un "extraordinario impacto" en la opinión pública catalana y española.

Para Montilla, este alud de apoyos ha puesto de relieve "la voluntad de los ciudadanos de Cataluña de defender el Estatut aprobado mayoritariamente en referéndum".

Bajo la premisa de que "la unidad nos hará fuertes", Montilla ha aprovechado la carta, a la que ha tenido acceso Efe, para preparar el terreno a la respuesta catalana que liderará como presidente de la Generalitat en el caso de que el TC lamine el Estatut, sobre todo si recorta sus aspectos clave.

"Estoy convencido de que el desarrollo constante y efectivo del Estatut es la mejor manera de defenderlo y la actitud que mejor sirve a los intereses de Cataluña y de sus ciudadanos", ha escrito Montilla a los responsables de las entidades que avalaron el editorial conjunto.

"Y si llega el momento en el que hay que dar una nueva respuesta política y cívica, clara y unitaria, estoy seguro de que Cataluña podrá contar con tu apoyo, de nuevo, y con el de la institución que representas", añade en su escrito el presidente catalán.

Montilla ha señalado que, como presidente de Cataluña, considera "especialmente relevante" el apoyo de las entidades políticas, sociales, económicas y culturales del país "ante una próxima sentencia del Tribunal Constitucional que podría afectar los intereses de Cataluña, identificados y representados en nuestro Estatut".

Además de la carta de agradecimiento a los doce diarios catalanes que publicaron el editorial "Por la Dignidad de Cataluña", Montilla ha remitido así una nueva misiva a 201 entidades.

Entre ellas figuran trece cámaras de comercio, Fomento del Trabajo, Pimec, Círculo de Economía, Cecot, una treintena de colegios profesionales, cuatro sindicatos, las federaciones municipalistas, las universidades públicas, las federaciones y casas regionales de Extremadura, Aragón, Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha.

En el listado de entidades con las que cuenta Montilla en defensa del Estatut se encuentran también una veintena de medios de comunicación que se sumaron al editorial de los doce diarios, el Institut d'Estudis Catalans, cerca de una veintena de entidades deportivas, entre ellas el FC Barcelona, RCD Espanyol y el DKV Joventut.

Montilla también se ha puesto en contacto incluso con centros excursionistas, entidades culturales, de escritores, con Òmnium Cultural, Justícia i pau, esplais (centros recreativos), ateneos, fundaciones, gremios y algún centro educativo, como el IES Ernest Lluch.

Montilla agitará a los catalanes si el Constitucional cuestiona el Estatuto
Ha pedido apoyo a las más de 200 entidades catalanas
Efe www.lavozlibre.com 6 Enero 2010

Barcelona.- El presidente catalán, José Montilla, ha pedido apoyo a las más de 200 entidades catalanas en la respuesta "clara y unitaria" que él liderará en el caso de que el Tribunal Constitucional (TC) recorte el nuevo Estatuto, en una sentencia que se considera ya inminente.

Montilla ha enviado una carta a las 201 instituciones y asociaciones políticas, académicas, empresariales, sindicales, deportivas, profesionales, culturales y eclesiásticas en agradecimiento a su apoyo al editorial conjunto de doce diarios catalanes a favor de la "ley de leyes", y que tuvo un "extraordinario impacto" en la opinión pública catalana y española.

Para Montilla, este alud de apoyos ha puesto de relieve "la voluntad de los ciudadanos de Cataluña de defender el Estatuto aprobado mayoritariamente en referéndum".

Bajo la premisa de que "la unidad nos hará fuertes", Montilla ha aprovechado la carta, para preparar el terreno a la respuesta catalana que liderará como presidente de la Generalitat en el caso de que el TC lamine el Estatuto, sobre todo si recorta sus aspectos clave.

"Estoy convencido de que el desarrollo constante y efectivo del Estatut es la mejor manera de defenderlo y la actitud que mejor sirve a los intereses de Cataluña y de sus ciudadanos", ha escrito Montilla a los responsables de las entidades que avalaron el editorial conjunto.

"Y si llega el momento en el que hay que dar una nueva respuesta política y cívica, clara y unitaria, estoy seguro de que Cataluña podrá contar con tu apoyo, de nuevo, y con el de la institución que representas", añade en su escrito el presidente catalán.

Montilla ha señalado que, como presidente de Cataluña, considera "especialmente relevante" el apoyo de las entidades políticas, sociales, económicas y culturales del país "ante una próxima sentencia del Tribunal Constitucional que podría afectar los intereses de Cataluña, identificados y representados en nuestro Estatut".

Además de la carta de agradecimiento a los doce diarios catalanes que publicaron el editorial "Por la Dignidad de Cataluña", Montilla ha remitido así una nueva misiva a 201 entidades.

Entre ellas figuran trece cámaras de comercio, Fomento del Trabajo, Pimec, Círculo de Economía, Cecot, una treintena de colegios profesionales, cuatro sindicatos, las federaciones muncipalistas, las universidades públicas, las federaciones y casas regionales de Extremadura, Aragón, Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha.

En el listado de entidades con las que cuenta Montilla en defensa del Estatut se encuentran también una veintena de medios de comunicación que se sumaron al editorial de los doce diarios, el Institut d'Estudis Catalans, cerca de una veintena de entidades deportivas, entre ellas el FC Barcelona, RCD Espanyol y el DKV Joventut.

Montilla también se ha puesto en contacto incluso con centros excursionistas, entidades culturales, de escritores, con Òmnium Cultural, Justícia i pau, esplais (centros recreativos), ateneos, fundaciones, gremios y algún centro educativo, como el IES Ernest Lluch.

El problema español

Ya no caben medias tintas para afrontar el encaje de Cataluña en la España democrática, sólo quedan dos opciones: federalismo o autodeterminación. Se impone una reforma constitucional pactada por PSOE y PP
JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL El País 6 Enero 2010

Suele leerse en las síntesis de Historia de España ésta o parecida frase: "A comienzos del siglo XX, España tenía cuatro problemas: el religioso, el militar, el agrario y el catalán". Cien años después, los tres primeros se han resuelto o diluido, pero permanece incólume el cuarto, que, al condicionar de forma determinante la vida pública española de la última centuria, merece ser designado -más que como el problema catalán- como el problema español. La prueba de ello está en el hecho de que cada vez que España se libera de la ortopedia dictatorial que compensa la congénita debilidad de su Estado, el problema fundamental a resolver al tiempo de redactar la Constitución es el de la estructura territorial del Estado. Así sucedió en los albores de la II República, tras la dictadura del general Primo de Rivera, y al inicio de la Transición, tras la dictadura del general Franco.

La fórmula ideada por la Transición para encauzar este problema fue incluir en el pacto constitucional originario el diseño básico del Estado de las Autonomías. En el bien entendido de que este pacto ponía en marcha un proceso dinámico, consistente en una progresiva redistribución del poder político, concorde con el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y respetuoso con la cohesión social y la solidaridad interterritorial. Un proceso que habrá de culminar en una estructura política federal. Un proceso, por último, que no puede abortar una de las partes sin infringir el pacto constitucional originario.

La fórmula, como todas las transacciones, fue fecunda y ha contribuido durante un cuarto de siglo a dar vida a una de las etapas más venturosas de la historia de España. Pero, llegado el momento de dar un paso adelante en el desarrollo del Estado Autonómico, se inició la ceremonia de la confusión. Unos se enrocaron en una defensa numantina de la intangibilidad constitucional, invocando el nombre de España para preservar su posición de privilegio; otros precipitaron la reforma estatutaria, sin percibir que no se puede excluir a media España de una reforma que, por ser fruto del pacto constitucional originario, requiere el concurso de todas las fuerzas que alumbraron aquél; y hubo quien, por último, prometió lo que no debía, procedió con ligereza insólita y ha terminado por mirar hacia otro lado cuando las letras comenzaban a vencer. No obstante, este despropósito tiene unas raíces hondas, que nadie me había dejado tan claras como lo hizo, hace meses, un español anónimo. En efecto, este verano, al día siguiente de una cena de agosto, un asistente -colega castellano de mi quinta, que trabajó muchos años en Cataluña y regresó luego a su tierra- me envió esta nota:

"Ayer no hablé cuando salió el tema de Cataluña. No tenía nada que decir. Hoy, sin embargo, te remito tres observaciones -ni tan sólo ideas- a lo que se dijo. Son éstas:

1. El debate España-Cataluña es tramposo por ambas partes. Admito que es tramposo por parte de España, ya que buena parte de los españoles no ha asumido que el Estado de las Autonomías es el embrión de un Estado federal que habría de desenvolverse hasta consolidarlo, y lo ven como un subterfugio con el que dar largas a las aspiraciones de autogobierno catalanas. De ahí vienen la inercia centralizadora de la Administración, la erosión de competencias por la vía de la legislación básica y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, etc. Pero admíteme también que buena parte de los nacionalistas catalanes tampoco juega limpio, porque, por debajo de la su secular ambición de refaccionar el Estado, ha latido siempre una soterrada aspiración a la independencia.

2. No hay federalistas ni en España ni en Cataluña. Es frecuente oír en Cataluña que resulta imposible la consolidación de un Estado federal por la falta de federalistas españoles. Lo admito, si bien añado que tampoco hay muchos en Cataluña. En cuanto rascas un poco, te encuentras con que lo que pretende la mayoría de los llamados federalistas catalanes es una especie de relación bilateral Cataluña-España, bajo la que se esconde una implícita aspiración confederal.

3. Hay un recíproco y grave error de raíz. Muchos españoles no aceptan que Cataluña sea una nación, es decir, una comunidad con conciencia de poseer una personalidad histórica diferenciada y voluntad de proyectarla al futuro mediante su autogobierno. Y, a la recíproca, muchos catalanes niegan a España como nación, reduciéndola a la condición jurídica de Estado -Estado español-, cuando lo cierto es que -como tú dices- es "una nación de tomo y lomo, con una mala salud de hierro". De lo que se desprende que el conflicto histórico entre España y Cataluña es el choque frontal de dos naciones: una que no ha tenido fuerza para absorber a la otra, y otra que no ha tenido fuerza para desligarse de aquélla.

Si los españoles tuviesen coraje, desarrollarían el Estado Autonómico en sentido federal (Senado, organismos de colaboración verticales y horizontales, concreción de las competencias federales a ejercitar por la Administración central), dejando la puerta abierta para que pueda marcharse la comunidad autónoma que así lo quiera. Y, si los catalanes tuviesen coraje, concretarían lo que quieren y pondrían los medios para conseguirlo, sin renunciar a nada con el pretexto de que "Madrid" no lo permitirá. Nunca más volverá a subir por las Ramblas una bandera de la Legión con la cabra al frente.

Comparto este análisis. Y lo hago con hastío y pena, porque pienso que -sin ponderar sus respectivas culpas- ambas partes se cierran, cada día más, a una solución transaccional que, en aras de sus respectivos intereses, alumbrase un proyecto compartido. Por ello, como ha escrito Josep Ramoneda, "ha llegado ya el momento de plantear las cosas sin rodeos: Cataluña quiere más poder y España no quiere dárselo. Quizá afrontar el problema directamente, sin eufemismos, facilitaría el entendimiento".

Así las cosas, hay que tener presente que el trozo de tierra que se extiende del Pirineo a Tarifa y del Finisterre al "cap de Creus", dejando al margen Portugal, sólo puede articularse políticamente de cuatro maneras: (1) Como un Estado unitario y centralista, que no llegó a cuajar y ya nunca será. (2) Como una Confederación o un Estado federal asimétrico, que acarrearían la cantonalización y subsiguiente destrucción del Estado. (3) Como un Estado federal simétrico (si bien con diverso contenido competencial), del que el Estado Autonómico es embrión. (4) Y como diversos Estados independientes.

Lo que significa que, en la práctica, las opciones se reducen a dos: Estado federal o secesión. ¿Cómo hacer posible esta disyuntiva? Es precisa una reforma constitucional que sólo puede ser abordada tras un pacto previo entre el partido que esté en el gobierno y el primer partido en la oposición, es decir el PSOE y el PP, el PP y el PSOE. Un pacto abierto a los otros partidos que quieran sumarse. Ahora bien, para emprender esta senda hace falta vista larga y coraje. Algo que hoy no abunda.

Termino. Rechacé en su momento la deriva confederal del proyecto de Estatuto aprobado por el Parlamento de Cataluña; consideré luego como un fracaso político de primera magnitud que este mismo Estatuto, aprobado en referéndum tras su criba por el Parlamento español, fuese impugnado ante el Tribunal Constitucional; y afirmo ahora que, dada la naturaleza política del gravísimo contencioso que subyace bajo estos hechos, el problema subsistirá incólume cualquiera que sea el alcance de la sentencia. Se ha sobrepasado ya el punto de no retorno: la desafección de unos, el hastío de otros y la falta de un proyecto compartido por todos hacen que la cuestión deba plantearse -antes o después- en toda su radicalidad, de un modo semejante a como se hizo en Canadá: federalismo o autodeterminación. Los que ofician de realistas dirán que esto es un dislate. Yerran: Dios ciega a los que quiere perder.

Juan-José López Burniol, notario, es miembro de Ciutadans pel Canvi.

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