AGLI

Recortes de Prensa    Viernes 8  Enero  2010

 

El castellano (vehi)cular
Daniel Martín Estrella Digital 8 Enero 2010

Andan los medios de comunicación afines o serviles al Gobierno -casi todos los que existen en España- haciendo un remedo de campaña sobre la vigencia de las viejas ideologías izquierdistas -algo parecido al viejo ejercicio de nostalgia que hacían los carlistas- y sobre cuál debe ser el futuro de España, ya que el Estado de las Autonomías no termina de funcionar como debiera ni de encajar con las querencias, los deseos y los caprichos de aquellos que (des)gobiernan nuestros destinos.

Así, si un periódico regala cada sábado algún ejemplar de la literatura roja más clásica -Gramsci, Bakunin, Rosa Luxemburgo, Reed, etc.- otro publica una serie de artículos sobre su peculiar y parcial perspectiva de lo que es la realidad española y hacia dónde debería dirigirse. Esta misma semana uno de sus artículos, a toda página, afirmaba que, para regiones como Cataluña, sólo caben los caminos del federalismo o la autodeterminación, siendo aquel más apetecible y cercano a las palabras que suele teñir de falsa inteligencia nuestro José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que no sé muy bien es si alguien sabe que cualquiera de nuestras comunidades autónomas, aún más las que han reestrenado Estatuto, tienen bastantes más competencias que cualquier Estado federal alemán o norteamericano.

Respecto a esta supuesta campaña, me preocupa especialmente lo que tiene que ver con la necesaria reforma educativa que, según los medios de comunicación españoles, irá hacia los lugares menos necesarios, valga la paradoja. Prensa, radio y televisión hablan mucho del fracaso escolar, poco del nivel de aquellos que alcanzan el "éxito" (?), y se centran sobre todo en la enseñanza de la lengua, como si fuera la única rama humanista que cabe en nuestro sistema. Esto nace porque somos un país con varios idiomas oficiales y eso supone un grave problema a la hora de afrontar una enseñanza moderna, útil, profunda y con vocación internacional.

Paradójicamente, sobre el idioma que menos dudas existen es el inglés; tiene que aprenderse por cojones. Esto no se discute ni en Cataluña. El problema es cómo debe enseñarse el castellano, especialmente en las mal llamadas comunidades bilingües. Ayer jueves, El País publicó un amplio reportaje sobre los modos de afrontar el bilingüismo en Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana e islas Baleares. La primera y casi única conclusión general que se puede sacar es que el castellano siempre sale perjudicado.

El sentido común dicta que el castellano es, después del inglés, el idioma más internacional del planeta. El auge de los hispánico en Estados Unidos invita a pensar que su peso será aun mayor en los próximos tiempos. Sin embargo, en varias regiones españolas se le margina a niveles insospechados, ridículos, temerarios, como ocurre en la extremista Cataluña, donde sólo se dan, por obligación legal y sin otra posibilidad, dos o tres horas a la semana.

El resto de comunidades autónomas también empequeñecen la importancia del castellano en el currículo. Y no critico tal postura por antiespañola, sino porque resulta nocivo impedir que los niños y jóvenes de nuestro país aprendan un idioma que les resultará más útil cuando sean mayores que gallego, vasco o catalán. Evidentemente, es bueno que las distintas lenguas maternas se puedan usar con libertad, pero no menos cierto es que ése es un derecho frente al deber constitucional de saber bien, fiable y ágilmente el castellano. Hasta para algo tan simple habría que cambiar la actual Constitución y así conseguir que los nuevos Estatutos quepan en ella.

Esta situación conduce a una evidente ventaja de aquellas comunidades de una sola lengua oficial porque, después del inglés, pueden educar a sus chavales en francés, alemán o chino. Esto sería completamente cierto si la enseñanza de la lengua siguiese caminos inteligentes y humanísticos y no los actuales, tortuosos y a menudo ininteligibles de la lingüística y la filología contemporáneas. Pero por muy mal que se enseñe, estos estudiantes tendrán ventaja sobre aquellos que, independientemente de la naturaleza de su lengua materna, tengan que estudiar un idioma minoritario.

Bajo todo este asunto, aparte de los tangibles intereses nacionalistas e independentistas, subyace el interés de las comunidades bilingües en crear una clase funcionarial propia que les diferencie del resto de España y sirva para que sus jóvenes retoños aniden sin competencia extraña. Como somos un país de paisanaje aspirante a un empleo público, el que un chaval sepa vasco le permitirá opositar en Bilbao o Sevilla, algo imposible para un andaluz. Así, debajo de todo este asunto aparentemente ideológico corren las tumultuosas aguas de la endogamia egoísta y excluyente.

Así las cosas, esta campaña de los medios afines o serviles al Gobierno nos dibuja cómo será España en los próximos tiempos. El sistema educativo, en lugar de mejorar, empeorará. Y en muchos lugares pronto desaparecerá hasta el auténtico bilingüisimo para dar la vuelta a la tortilla que se construyó en el franquismo. Bien pensado, aparte de en el Senado, pronto harán falta traductores de gallego, catalán y vasco en todas las instituciones nacionales. Provincianos hasta decir basta, pero no tan estúpidos como podrían parecer a primera vista.

dmago2003@yahoo.es

La fragmentación de España
FERNANDO FERNÁNDEZ ABC 8 Enero 2010

EMPIEZA el año y el estatuto de Cataluña sigue dominando el calendario político. Y eso que aún no hay sentencia. Lo único claro a estas alturas es que llegará tarde y abrirá el debate sobre la reforma de la Constitución, un error ya inevitable que añade incertidumbre política a la ya incierta situación económica. Estos días de asueto me han permitido poner un poco de distancia respecto a la inmediata actualidad y reflexionar -cito a Vargas Llosa para justificar el exabrupto- sobre cuándo se jodió España. El presidente Zapatero tiene mucha culpa y el PSOE por dejarse secuestrar. Me gustaría centrar la responsabilidad en tres decisiones personales, las tres voluntarias y perfectamente prescindibles.

La primera, la más grave, fue cuando tras su llegada al poder en momentos dramáticos decide profundizar en la división de la sociedad española. Concibe entonces un programa de gobierno radical para condenar a la derecha a la eterna oposición. No busca tender puentes, establecer complicidades, crear consensos, desarrollar relaciones personales, sino estigmatizar a la mitad de la población, convertirlos en fascistas. Se imagina como Zapatero I el Libertador contra las fuerzas de la reacción y, cegado por una visión ideológica anclada en la Arcadia feliz de la II República, hace explotar todos los consensos de la Transición. La ley de la Memoria Histórica, la abolición de todas las leyes educativas anteriores, la ley del aborto, la asignatura de Educación para la Ciudadanía y el laicismo militante son los símbolos de esa opción política. Todos han generado polémica, crispación social y enfrentamiento ciudadano. Pero eso es precisamente lo que buscaba el presidente, pues le permitió durante la primera legislatura calificar al PP, y a diez millones de españoles, de ultraderecha.

La segunda, un corolario lógico de la anterior, fue despreciar la realidad económica. Cómo iba a permitir que su grandioso rediseño de España estuviese al albur de unos cuantos puntos de déficit público o de unos millones de parados. No se equivocó el líder visionario al estimar la magnitud de la crisis, sino que se nutrió del mismo celo mesiánico que llevó en otros tiempos a Arzallus a afirmar que los vascos pagarían gustosamente la independencia con su empobrecimiento. Pobres pero libres de las ataduras del Antiguo Régimen pudo muy bien haber sido el lema del gobierno durante 2007 y 2008, cuando la crisis empezaba a asomar por la segunda derivada de las cifras económicas y fue negada como conspiración judeomasónica, como la marcha de los 100.000 Hijos de San Luis. Cuatro millones de parados y otro millón largo de disfrazados de asistentes a cursos de formación son la consecuencia.

La tercera decisión personal es obviamente la reforma de los estatutos para configurar una España federal. Cataluña es en este sentido una anécdota. No es que el estatut no sea importante, sino que es solo la punta del iceberg. Consciente el presidente de que la reforma de la Constitución por los cauces legales era aritméticamente imposible, puso en marcha una operación por la vía de hecho, un golpe constitucional que tenía dos condiciones necesarias. La primera, la que parecía más fácil, la aquiescencia del Tribunal Constitucional, se ha empantanado porque esto no es Venezuela y todavía hay personas fieles a los principios. La segunda, que parecía más arriesgada, la generalización del proceso centrífugo en ámbitos de mayoría conservadora, está en marcha. Causa pavor leer cómo una diputada puede afirmar con orgullo que vota a favor de unos presupuestos que son malos para España porque son buenos para su Comunidad. Sin lealtad nacional no hay futuro. Pero Zapatero ha puesto de moda el Viva Cartagena, y parte del caciquismo español ha visto en ello su oportunidad. Es un daño permanente que sobrevivirá a cualquier sentencia del Constitucional. Esa es la España que ha creado el presidente.

Cataluña, camino del régimen
Editorial ABC 8 Enero 2010

EL empeño del tripartito catalán en coaccionar al Tribunal Constitucional ha protagonizado las primeras declaraciones políticas de sus máximos representantes en el año nuevo, certificando así que la estrategia preventiva de deslegitimación del orden constitucional es la prioridad de la coalición social-nacionalista catalana. El coste de esta contumaz y desleal actitud de desafío al Estado va a ser, a este paso, la implantación de un régimen en Cataluña, dominado por el dogmatismo nacionalista y la sacralización de un estatuto convertido en excusa para mantener el victimismo contra el resto de España. Así es como el presidente Montilla no ha tenido reparo en dirigirse por carta a dos centenares de instituciones catalanas para agradecerles el apoyo al editorial conjunto que publicaron varios medios de comunicación para presionar al TC. La imagen que transmite esta iniciativa de Montilla desvela un panorama de subordinación de la sociedad civil a los dictados políticos, anulando la autonomía que toda sociedad democrática debe tener para mantener su capacidad crítica y su propia identidad frente a los poderes públicos. La confusión entre ideología y sociedad es el primer paso para la instauración de un auténtico régimen monopolístico.

Por eso, el problema de fondo de Cataluña es consigo misma, no con el resto de España, porque la dominación que ejerce sobre ella la clase política es patológica. La defensa del estatuto frente al TC es la coartada de esta enfermedad, como ayer expuso crudamente, sin quererlo, el consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, quien apostó por replantear las relaciones entre Cataluña y España, sea cual sea el fallo del TC, porque la Transición no ha funcionado. Esta descalificación del pacto constitucional es la base de la actitud desleal de la alianza que gobierna Cataluña, más allá de lo que, en efecto, diga el TC sobre el estatuto. Por tanto, con estatuto o sin él, el problema seguirá vivo, pero agravado porque en su origen inmediato se sitúa la irresponsable decisión de Rodríguez Zapatero de inocular en el ordenamiento jurídico el virus de la cosoberanía, la relativización de la Nación española y la deslegitimación del pacto constituyente. Pretendiendo impostadamente -porque lo buscado era un mero reparto de poder- que Cataluña se sintiera «cómoda» en España, Zapatero ha conseguido que la crisis territorial sea más aguda que nunca desde 1978.

Guerra
La fuerza Zapatero
Agapito Maestre Libertad Digital 8 Enero 2010

Comienzo de año y todo ha empeorado. El Rey sigue sin reinar. El Gobierno, desgobernando, y la oposición, simulando que hace oposición, están convirtiendo la política española en un lupanar. Todo es una ruina política, pero el gentío se lo pasa bien saliendo de rebajas. El cinismo de la chusma política del Gobierno compite en estulticia con la hipocresía de los melifluos de la oposición. El gentío intuye lo que pasa en Cataluña. Los políticos lo saben, pero prefieren ocultarlo. Viven del engaño y la mentira. Lo cierto es que Cataluña, gracias al empuje final de Zapatero, funciona como un "Estado" independiente. La gente culpa a Montilla de no sé qué historias sobre el Estatuto de Cataluña y el Tribunal Constitucional. Falso.

Aquí el único responsable de que Cataluña funcione de hecho como un "Estado" independiente es Zapatero. Lo ha impuesto con el arma más potente por la que pasará a la historia de esta triste democracia, a saber, reduciendo la política a violencia. La política, sí, sigue limitando con la violencia en los sistemas genuinamente democráticos. No es el caso español. La linde del régimen de Zapatero es la paz de cementerio, la oscuridad de la decisión institucional, al margen del proceso democrático. Eso se llama violencia sistémica. Todo el sistema institucional ha sido utilizado por Zapatero para imponer lo que se le ha antojado. Jamás se ha autolimitado. No ha habido apenas argumentación. Todo han sido imposiciones en sus dos legislaturas. Sectarismo.

Repulsión y atracción a todas horas es lo que legará a la posteridad el régimen de Zapatero. El rodillo parlamentario aplicado a los gobiernos de Zapatero es sólo una hueca metáfora, nostalgia de otras épocas, al lado de la violencia que este presidente del Gobierno ha impuesto a la sociedad española. Leyes y más leyes han salido adelante sin contar nada más que con la voluntad del propio Zapatero. Algunas no estaban ni previstas en el programa del PSOE. La política, la transacción, la negociación y el intercambio de ideas, de programas y, en fin, la posibilidad de llegar a acuerdos nacionales desaparecieron con la llegada de Zapatero al poder.

Es difícil hallar en toda Europa a un gobernante más inflexible y duro que este individuo. Rasputín a su lado es un principiante. Todo en este hombre es obsesión por imponer su poder. El sistema es suyo y lo aplica a su gusto. Eso es violencia sistémica. Populismo en estado puro. Todos los espacios público-políticos le pertenecen. No deja nada ni a nadie tranquilo. La movilización ha sido permanente. Ni un momento de calma, es decir, de conflicto democrático ha habido para este sujeto desde el mismo día que llegó al poder. Es incapaz de construir un ámbito democrático, o sea, un espacio público materialmente de nadie y potencialmente de todos.

El modo en que impuso el Estatuto de Cataluña pasará a la historia por su crueldad: "Aprobad", le dijo a los socialistas y nacionalistas catalanes, "lo que os venga en gana porque yo lo sacaré adelante". Y lo ha sacado. Ha roto la nación y se queda a sus anchas. Ya sé, ya sé que enfrente no tiene a nadie, pero él ha conseguido todo lo que ha propuesto. Sin embargo, la gente simula que este tipo puede perder fácilmente el poder en las próximas elecciones. Se equivocan. O peor, mienten. No se atreven a reconocer que Zapatero es, sin duda alguna, hoy más poderoso que ayer. ¿Las encuestas? Por favor, sean serios... Y, sobre todo, amigos, desconfíen de quienes se ríen de Zapatero porque lo critican en Europa, o porque es confundido con un cómico inglés. Esos son asuntos menores, porque lo real es que él sigue ejerciendo el poder con mano de hierro. Mientras tanto, la plebe está de rebajas y Guerra, el otrora vicepresidente del Gobierno de los socialistas, llamando la atención a los diputados por no sé que votación sobre una chuminada menor.

Sobre el cuadrilátero
C. Sánchez-Vicente www.gaceta.es 8 Enero 2010

Lo intolerable es el nuevo intento de presionar al Tribunal Constitucional.

El presidente Montilla ha armado un buen lío con la carta que ha dirigido a 201 instituciones de la “sociedad civil” convocándoles a defender la integridad del nuevo Estatuto de los recortes que pueda introducir el Tribunal Constitucional… si los introduce, es lo primero que cabría objetar, porque si llevan tres años dándole vueltas a esta sentencia es para intentar encajar lo mejor posible el puzle de intereses en juego… sobre el cuadrilátero

A este lado del ring, vistiendo calzón azulgrana, los intereses que defiende el jefe del Ejecutivo catalán día sí y día también a cuerpo descubierto (que son los mismos que alienta de puntillas el padre putativo de la criatura en disputa, el presidente Zapatero, por cierto). Al otro lado del ring, vistiendo calzón rojigualda, no el Tribunal Constitucional, sino la Constitución española, cuya prevalencia sobre cualquier otra ley del Estado no es sólo algo que esté obligado a defender el TC, sino que es su única razón de ser y lo único que justifica su existencia.

Cada cual está en su derecho de defender sus ideas pacíficamente, esto por un lado; y por el otro, no seré yo quien defienda a “este” Tribunal Constitucional. Pero sí el juego limpio y, desde luego, la Constitución. Lo malo, para mí, no es que el presidente del Gobierno catalán quiera un Estatut tal como ha salido de los plenos del Parlamento catalán y del Congreso y del referéndum de los catalanes por baja que fuera la participación y en su afán de conseguirlo llame en su ayuda a la “sociedad civil”; yo creo que esto es legítimo, y argumentable, defendible. Lo pésimo, lo intolerable, es el más que tufillo a nuevo intento de presionar políticamente al Tribunal Constitucional por parte del presidente Montilla, para torcerle el pulso a nuestra Constitución, sin cuyo amparo los más fuertes se taparían más y mejor que el conjunto a base de tirar de la manta común: tan claro como que los pies que asomarían desnudos a la intemperie serían los de los más débiles.

España torpe, pero una
M. MARTÍN FERRAND ABC 8 Enero 2010

ES muy discutible, contra lo que afirma la ministra de Defensa, que «la condición de ciudadano no pueda detenerse a las puertas de los cuarteles». Por razones generacionales, Carme Chacón debe de haber visto Barrio Sésamo y, sólo por ello, estar en condiciones de distinguir entre «alto» y «bajo», «ancho» y «estrecho» e, incluso, entre «civil» y «militar». La grandeza de la profesión castrense se sustenta, precisamente, en la renuncia que exige a sus miembros para mejor defender los derechos civiles de los demás. Del mismo modo que no se puede conciliar el grado de coronel con la condición de alcalde, tampoco es posible, ni deseable, que un sargento ejerza como enlace sindical. Son territorios diferentes y la situación laboral de los militares exige un tratamiento distinto, adaptado a la funcionalidad y responsabilidad de su función, del que resulta válido para los trabajadores civiles. El progresismo entendido como formulación demagógica es lo que debe detenerse a las puertas de los cuarteles.

En lo que sí acierta Chacón es al afirmar que «no puede haber unas Fuerzas Armadas a la medida de cada Gobierno». Aquí, sin grandes diferencias entre los distintos colores políticos, cada Gobierno ha querido implantar «su» Educación, «su» Justicia, «su» Sanidad, «su» Política Exterior y, naturalmente, «su» Defensa. El resultado es espasmódico y, perfeccionado por las variables que aportan las distintas Autonomías, surge un puzle en el que no ajustan las piezas ni es único el dibujo que trata de componerse. La idea del Estado como prioridad y la Nación como prevalencia parece repugnar al caciquismo anacrónico a que nos ha llevado el desmedido desarrollo del Título VIII de la Constitución en el que ya pueden vislumbrarse diecisiete bilateralidades distintas entre España y cada una de sus Autonomías. Un disparate previsible, aunque no previsto, en el que se fundamentan las principales tensiones internas que padecemos. Si se le añade al caso una política socioeconómica disparatada, de inspiración sindical y obediencia gubernamental, tendremos el marco de un cuadro terrorífico. «Una torpe España», como dicen los colegas del Financial Times. En los grandes diseños de futuro, desde la Educación a la Defensa, es exigible el acuerdo previo de, al menos, los dos grandes partidos que todavía se dicen nacionales, aunque no lo sean tanto en sus prácticas periféricas.

¿Recentralizar o federalizar?
RAMÓN PUNSET ES DOCTOR EN DERECHO Y PROFESOR DE UNIVERSIDAD La Opinión 8 Enero 2010

RAMÓN PUNSET Una de las garantías de la autonomía de las nacionalidades y regiones españolas consiste en que los estatutos son normas inmodificables unilateralmente por el Estado, pues los cambios estatutarios siempre han de acordarse en primer lugar por las asambleas de los respectivos territorios. Éstas, en consecuencia, tienen en su poder la llave de toda reforma. Ahora bien, los estatutos no son leyes de rango constitucional, de modo que la alteración de la Constitución podría conllevar la derogación de sus preceptos, y hasta la liquidación del entero sistema autonómico. Con la particularidad de que las comunidades autónomas carecen, como tales, de presencia alguna en las Cortes Generales que aprueben semejante revisión de la ley suprema. Así, en definitiva, la decisión acerca de las dimensiones y profundidad de la forma territorial estatal corresponde a nuestro Parlamento nacional (y, en su caso, a todo el electorado español), lo que es tanto como decir que pertenece a las fuerzas políticas de ámbito general. Cabe, pues, legítimamente, derribar o rectificar la obra iniciada en 1978, que no es ni puede ser considerada como un edificio intangible o, a lo sumo, sólo susceptible de crecer y ensancharse.

Puesto que la Constitución de la que parte esa obra ha de estar siempre a disposición de los ciudadanos o de sus representantes, según acredita la existencia de un procedimiento de reforma constitucional, habrán de ser ellos quienes en cada encrucijada histórica determinen el contenido de la norma fundamental y, en consecuencia, la idoneidad o no de la autonomía política y su mayor o menor intensidad. Creo que hace tiempo que nos hallamos en una de tales encrucijadas y que, de todas las reformas constitucionales imaginables, la que más urge es la del modelo autonómico, terreno en el que convendría, a mi entender, un verdadero cambio de rumbo. Hay aquí dos opciones: o volvemos al Estado unitario en sentido estricto, recentralizando las competencias que desde 1979 se han venido descentralizando en las comunidades autónomas, o vamos hacia un Estado federal, si bien decir esto segundo es decir bien poco, pues existen casi tantos federalismos como federaciones. ¿Qué clase de Estado federal, por tanto? Examinaré brevemente ambas alternativas. La primera, recentralizar, es reclamada por los nostálgicos (¿de los gobernadores civiles?) y por los cada vez más numerosos españoles indignados con los desafueros del nacionalismo periférico. Se trata, no obstante, de una postura más visceral que racional y, en todo caso, yo la juzgo utópica. En efecto, el ser constitutivo de España, si se me permite semejante apelación a la teología de la historia, es un ser plural, como, por lo demás, lo es, en mi opinión, el de prácticamente todas las naciones europeas, más herederas del feudalismo que del absolutismo y el liberalismo de signo francés, contrariamente a lo que suele pensarse.

Aparte de esto, y desde un punto de vista más pragmático, el Estado autonómico, no obstante sus insuficiencias y disfunciones, se encuentra sólidamente enraizado en el país. En ese marco institucional se halla, además, firmemente instalada una amplia élite política y administrativa que sólo una revolución podría apartar del poder, y casi nadie está por revoluciones de ningún género. Si descendemos al plano de lo organizativo, es cierto que bastantes comunidades autónomas poseen más competencias de las que pueden gestionar eficazmente (así, por ejemplo, enseñanza superior o sanidad), a pesar de lo cual jamás las devolverían al Estado promoviendo la reforma de sus estatutos. No resulta menos verdad que el proceso autonómico ha sido desde el principio una carrera de emulaciones: Cataluña, pretendiendo emular al Estado (y aceptando por ello la engorrosa competencia sobre prisiones), y las restantes regiones, a Cataluña. Esto ha conducido a una igualación competencial por arriba y, agotadas las potestades constitucionalmente disponibles, a un asalto a las competencias estatales, forzando las disposiciones de la ley fundamental, como sucede con el nuevo Estatuto catalán y los que siguen su estela.

De esta guisa, el incesante proceso de adquisición de competencias, activado de modo insaciable por la clase política catalana e inmediatamente emulado por las demás élites autonómicas, se ha revelado letal para el respeto a la supremacía de la Constitución. Este proceso, que continúa en las Cortes con la tramitación de nuevos estatutos, debe ser detenido a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional acerca de la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, que sin duda abrirá un período de honda reflexión sobre el modelo de Estado y sus límites. Un modelo aquejado, como vicio de origen, de un exceso de bilateralismo, que obedece al planteamiento de la autonomía como una vía esencialmente pensada por los constituyentes para las tres nacionalidades históricas. Generalizado el proceso autonómico, deben hacerse dos cosas: cerrar definitivamente el grifo competencial y potenciar las relaciones multilaterales y los instrumentos de coordinación y cooperación. En suma, ha llegado la hora de acabar el Estado autonómico -un modelo obsoleto desde el mismo momento de la política de café para todos, y mucho más, hoy en día- y sustituirlo por un Estado federal.

En realidad, acabar y perfeccionar funcionalmente el Estado autonómico significaría federalizarlo. No es que haya que instaurar, a través de la modificación de la Constitución, una federación de estados. Dado que las palabras las carga el diablo, la denominación de estado, lo mismo que la de nación, deben reservarse siempre para el Estado español y la nación española, sin extenderlas a las comunidades autónomas. Federalizar nuestra forma estatal significaría simplemente lo siguiente. Ante todo, fijar definitivamente la lista de competencias estatales y autonómicas y suprimir la posibilidad de delegación de potestades del Estado en las comunidades autónomas. El sistema de distribución de competencias debe quedar cerrado y resultar uniforme, pudiendo abrirse en el futuro únicamente a través de una reforma de la Constitución.

En resumidas cuentas, ha de modificarse en su totalidad el título VIII del texto constitucional, cuyas previsiones en su mayor parte se han agotado o requieren, como la financiación autonómica, una nueva redacción a la luz de la experiencia de estas tres décadas. En segundo lugar, en un sistema federalizado son esenciales tres instrumentos de coordinación, cooperación y participación: las conferencias sectoriales, las conferencias (verticales y horizontales) de presidentes y un senado verdaderamente territorial. Hay que hacer participar a las comunidades autónomas en la determinación y control de la orientación política nacional a través de su presencia directa y diferenciada en el Senado. Se precisan, pues, en el interior de nuestro Estado mayores niveles de transversalidad. Esto es lo que entiendo por federalizar, como alternativa a recentralizar. Naturalmente, tengo claro que los nacionalistas no están interesados en el federalismo, que conlleva igualación, sino en un bilateralismo cada vez más acentuado que derive hacia el confederalismo primero y la independencia después. Pero es cuestión de decirles claramente que no.

Si España quiere seguir existiendo
Nota del Editor 8 Enero 2010

Por muchas vueltas que se quieran dar, la única solución para que España siga adelante, es desmontar el tinglado autonómico y buscar a todos los niveles la optimización de los recursos que al fín y al cabo salen de los bolsillos de los españoles, y que constantemente aplican en su quehacer diario para dar ejemplo contra el despilfarro de los profesionales de la política en todos los niveles que siempre disparan con la pólvora del rey. En el próximo boletín de Agli, que lanzaremos a finales de Enero debido a la habitual tandanza, habrá un monográfico sobre lo que hay que hacer obligatoriamente para que en España no sigamos el camino hispanoamericano.

La fórmula magistral de Núñez Feijóo sobre la lengua en la enseñanza
José Antonio Gundín Semanal Digital 8 Enero 2010

Al poco de tomar posesión como presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo cumplió con una de sus promesas electorales más delicada: preguntar a los padres en cuál de los dos idiomas cooficiales de la comunidad deseaban enseñar a sus hijos. Tras una macroencuesta entre los padres con alumnos en todos los niveles, de Infantil a Formación Profesional, Feojóo dió a conocer los resultados al filo de las vacaciones de verano. Por niveles, los resultados fueron los siguientes: En Educación Infantil, el 53,2% apuesta por una enseñanza bilingüe, el 37% quiere que sus hijos estudien sólo en español y menos del 9%, sólo gallego. En Primaria, De los padres que han respondido a la encuesta, sólo el 12,5% quieren que sus hijos cursen todas las materias troncales en lengua gallega, frente al 37% que elige sólo el español; un 49,4% están a favor indistintamente de ambas lenguas. En Secundaria, el español es elegido por el 54% y el gallego, por el 19,8%.

Como puede apreciarse, la gran mayoría de los padres se inclinan por una enseñanza bilingüe, con una preferencia por el castellano, en porcentajes absolutos. Por tanto, el presidente gallego ha tomado la decisión, con el arranque del 2010, de primar la educación bilingüe, con un peso también especial del inglés en Infantil, de tal manera que todos los alumnos repartan las asignaturas entre las dos lenguas.

La iniciativa de Núñez Feijóo es irreprochable políticamente y de una calidad democrática fuera de toda discusión, por más que los nacionalistas intenten desacreditar la encuesta popular, lo que no deja de ser una incongruencia con sus habituales ensoñaciones de realizar reférendums soberanistas. Que los resultados no le hayan gustado ni al BNG ni al PSdG no significa que no reflejen fielmente los deseos y la elección de los padres de alumnos.

Es verdad que también existe una parte de la derecha que critica la decisión final de Feijóo porque no traslada mecánicamente el resultado de las encuestas al decreto y obliga a estudiar en gallego incluso a aquellos que sólo deseaban hacerlo en castellano. Sin embargo, a este caso se le puede aplicar la máxima de lo mejor puede ser enemigo de lo bueno, y una aplicación estricta acabaría desvirtuando el verdadero mensaje de las encuestas: que los padres gallegos desean enseñar a sus hijos en ambos idiomas. Si se critica con justicia que en autonomías como Cataluña se imponga en catalán y se destierre premeditadamente el bilingüismo, lo coherente es defender en Galicia la promoción del bilingüismo.

En el endemoniado sudoku lingüístico al que se enfrentan las comunidades con dos idiomas cooficiales, la fórmula de Feijóo es la más democrática y la más respetuosa con los derechos constitucionales de los padres, evita los radicalismos y las imposiciones, pacifica la comunidad educativa y ofrece garantías de continuidad, al margen de los cambios de Gobierno.

Sería muy deseable que Montilla, Antich, Camps y López siguieran el ejemplo de Núñez Feijóo y convocara sendas consultas en sus comunidades. ¿O acaso les da miedo a ERC, PSC y CiU, tan entusiasmados por los referéndums independentistas de cartón piedra, consultar también a los padres qué idioma desean en la escuela?

En todo caso, gracias a Feijóo, el PP ya tiene la fórmula magistral para solucionar la guerra lingüística en las escuelas.

Magistral fólrmula anticonstitucional
Nota del Editor 8 Enero 2010

Lo que ha hecho el tal Núñez, ha sido vacilar al personal, habitual comportamiento de los profesionales de la política del PP. La mejor política lingüística es la que no existe, como ya se le informó personalmente al tal Núñez, cuando le entregamos un ejemplar del libro de D. Manuel Jardón (que pueden descargar gratuitamente en la página inicial deAgli), ocasión que perdimos de darle con el libro en la cabeza como era nuestra intención inicial, a sabiendas de que no lo iba a leer ni a seguir, pues leer y hablar español le produce taquicardia. El tal Núñez es un galleguista disfrazado que ya se ha quitado el disfraz para lamento y pena de quienes le votaron pensando que iba a tener algún cuidado con la lengua española

Cualquier obligatoriedad de conocer cualquier lengua regional es anticonstitucional, que claramente establece el deber de conocer la lengua española y ninguna otra regional´y por tanto las lenguas de España no son iguales ante la Constitución. Si a alguien le preocupa que se pueda perder alguna lengua regional, que se la imponga a sus hijos (si es su deseo), pero no a los demás.

A ver si el personal se entera de que el PP no es parte del problema, sino que es el problema. La ley de normalización de los anormales español-hablantes la aprobó el PP en tiempos de Fernández Albor, como bien le recordamos al Sr. Mayor Oreja en una conferencia en la que el tal Fdez estaba sentado a su lado, y poco después comentó a sus adláteres sobre el carajal que el PP había armado con la misma.

Un puñado de votos
Ernesto SÁENZ DE BURUAGA La Razón 8 Enero 2010

Hay cosas en una democracia que son elementales. Describirlas sería preocupante por aquello de que malos tiempos corren cuando hay que demostrar la evidencia. Pero en estos momentos conviene destacar una evidencia. La ley es para todos igual y hay que respetarla. Y en Cataluña, con el controvertido Estatuto, es sorprendente que sea el presidente Montilla quien prepare su artillería social por si el Constitucional osara recortar su Estatut. La ley se cumple y las sentencias se acatan. Gusten o no. Esto no es una asamblea ni una defensa del pueblo catalán, parte de España, ni un ataque a su dignidad. La carta de Montilla a entidades políticas, económicas, sociales, culturales y deportivas es una forma más de presionar y buscar el caldo de cultivo en el caso de que la sentencia fuera desfavorable. Quiere ser líder de la respuesta, política y cívica, que tiene que encontrar la sentencia. Pero ¿qué respuesta? Porque, salvo que se demuestre lo contrario, la sentencia tendrá que ser acatada por todos y el PSOE desde Madrid tendrá que ser el primero en darla por buena. ¿Cómo de buena? ¿Cómo se está gestando la sentencia donde parece que los borradores no cuajan hasta encontrar acomodo político? ¿Cómo es posible que una cuestión de Estado no encuentre en los jueces la vara de medir mas allá de intereses partidistas y electorales? ¿Son jueces de partido o del constitucional al servicio de los españoles ejerciendo como jueces, con matices en las interpretaciones, pero sin más ataduras que su conocimiento del derecho? Nos jugamos el futuro de España.¿ Y todo esto por un puñado de votos?

Un último gran servicio a España de Felipe González
Francisco Rubiales Periodista Digital 8 Enero 2010

Muchos no le perdonamos a Felipe González errores como haber abierto de par en par las puertas de España a la corrupción, la capacidad que demostró su gobierno para fabricar parados y hundir la economía española y, sobre todo, el terrorismo de Estado que practicó su Ministerio del Interior con los GAL, pero no dudamos que fue un hombre de Estado cuyo amor y respeto a España están fuera de toda duda.

Por eso, ante la situación extrema que vive nuestro país en manos de Zapatero, nos atrevemos a pedirle, como último servicio a la patria, que trascienda los estrechos límites de la cultura partidista, anteponga los intereses de España a los de su partido y se atreva a denunciar en público el inmenso daño que su sucesor y correligionario Zapatero está causando a nuestro país.

No le estamos pidiendo que denuncie lo que él no siente, ni siquiera algo que él no esté denunciando ya en sus círculos próximos, donde condena el "zapaterismo" con una crudeza extrema. Sólo le pedimos que nos ayude a los españoles a librarnos del peor gobernante de nuestra historia moderna, el cual, gracias a las carencias de nuestra pobre democracia, puede permanecer en el poder, destruyendo el país, sin que los ciudadanos puedan expulsarlo de la Moncloa.

Felipe González debería afirmar en público lo que ya dice en privado: que Zapatero debe consensuar su política "anti-crisis" con el PP y que si no consigue hacerlo, debe convocar elecciones anticipadas. También podría repetir en público otras opiniones propias: que su política de endeudamiento es errónea, que su alianza de "apoyo mutuo" con los sindicatos es mala para España y que el gobierno que Zapatero preside "no da la talla".

¿De qué nos sirve a los españoles que González, Leguina, Solchaga, Pedro Solbes y otros socialistas del pasado critiquen a Zapatero en privado? ¿Por qué no lo hacen en público y logran así detener el mal que nos hunde y el cáncer que destruye a España? ¿Acaso es más importante el principio de "lealtad" al partido que el bien de España? ¿Debe prevalecer el criterio de que la ropa sucia se lava en casa, cuando el país se va a pique conducido por un inepto cargado de peligro?

Felipe González está ya en la última etapa de su vida, un periodo en el que uno deja de competir y gana libertad para decir la verdad, una etapa en la que, como despedida de nuestra estancia en la Tierra, debemos hacer cosas nobles, capaces de ayudar al prójimo y de dejar un legado positivo en la Historia. Es el momento propicio para que un viejo estadista como Felipe preste a España y a los españoles un último gran servicio, denunciando al gobernante que hemos elegido por error, el que nos conduce hacia el abismo y que, cargado de arrogancia, ni siquiera siente escrúpulo alguno cuando nos endeuda hasta el infinito, cuando alimenta la división, el enfrentamiento y la disgregación, cuando impulsa la caída de los valores y avanza inconsciente hacia la derrota de España como nación.

Anímese, señor González, y preste a su país el servicio que le debe. Los españoles le elevamos un día hasta la Presidencia de la nación y usted debería ahora devolvernos el favor denunciando las tropelías y errores mayúsculos de su correligionario y heredero. Reflexione y verá que somos muchos en todo el mundo los que pensamos que al frente de España hay un político torpe y mentalmente minusválido. La publicación británica Financial Times, en sintonía con lo que afirma buena parte de la prensa mundial no comprada y con prestigio, dice de Zapatero "A stumbling Spain must guide Europe", lo que, traducido, quiere decir, más o menos, que "un papa frita está al frente de Europa".

Voto en Blanco

Otros escenarios son posibles
Vicente A. C. M. Periodista Digital 8 Enero 2010

Últimamente los políticos están en una especie de estado contemplativo, donde se imaginan el futuro que ellos desean, aunque este sea utópico e irreal. La frase de moda es la de “yo no contemplo un escenario donde…” y ahí en los puntos suspensivos es donde dan rienda suelta a su demagogia más pura, y a su más profundos deseos. Y creo que va siendo hora de que seamos los ciudadanos los que empecemos a pronunciarnos sobre nuestras contemplaciones particulares, eso sí sin cerrarnos a ninguna alternativa y sin contemplaciones.

Porque Sr. Blanco, yo sí que no contemplo un escenario donde usted siga siendo Ministro de España, cargo al que ha accedido con sorpresa de muchos, incluido usted mismo. Lo que sí que contemplo es que un día la Justicia llegue a “Villa PSOE” allá en la ría gallega, y que los que se han burlado de la Lay de Costas y se han aprovechado de su cargo y posición de poder, paguen por sus delitos como cualquier estafador o defraudador. Lo que sí que contemplo es un escenario donde usted deje de tener altavoces y púlpitos para sus cínicas acusaciones.

Porque Sra. Pajín, tampoco contemplo un escenario donde usted como otros de la casta política de España, siga cobrando impúdicamente varios ingresos de la Administración, mientras hipócritamente habla de los derechos de los trabajadores y levanta el puño izquierdo mientras canta “La Internacional”. ¿Cómo se puede mantener esa sonrisa y actitud mientras en España se siguen engrosando las listas de parados y alcanzaremos pronto los cinco millones?. Claro que olvidaba que usted es de la escuela del Sr. Chaves, ex Virrey de Andalucía, amante y defensor de la familia, mejor dicho, de su familia.

Porque Sr. Rubalcaba, yo no contemplo un escenario distinto del que usted esté sentado en el banquillo de los acusados en múltiples causas, entre otras la del Caso Faisán, o la de su labor en la Comisión del 11M.Claro está que para que ese escenario sea una realidad, el PP debe tener voluntad inquebrantable en querer saber y averiguar la verdad. Lamentablemente hay escenarios que no dejan de ser meras utopías y sueños inalcanzables, como el de la Unidad de España y la independencia del poder Judicial y de las Instituciones como el CGPJ, el TC y el TS.

Porque Sr. Montilla, yo no contemplo un escenario donde usted, nacionalista catalán converso, repita como Presidente de la Generalidad en Cataluña. Y eso con el gran esfuerzo que le ha costado aprender una lengua extraña a la suya y disimular su acento y sus orígenes charnegos. Tampoco contemplo que los ciudadanos españoles se queden pasivos ante la imposición de un Estatuto inconstitucional, tras una sentencia política avalada por un Tribunal carente de credibilidad y de legitimidad. Si el Sr. Montilla ha promulgado la reacción unitaria de la sociedad catalana, yo propugnaría la insumisión unitaria de la sociedad española ante lo que puede ser un Golpe de Estado encubierto con la aniquilación de la Constitución de España.

Y por último, Sr. Zapatero, como principal responsable, no le contemplo en ningún escenario, salvo el de figurar como el peor gobernante de España en la democracia en los libros de texto futuros. Sus legislaturas pasarán a ser las de la recesión negada, las del inmovilismo en las soluciones, las del revanchismo político y postergación e intento de anulación del oponente político, las del infame “proceso de paz” y chivatazo a ETA, las de la política de apoyo a las dictaduras bolivarianas, las del frentismo social mediante leyes como las de la Memoria Histórica, la de la ampliación del Aborto. Y un largo etcétera de demagogia y de años perdidos.

La pena es que todavía ese escenario siga en pie y podamos verlo. Lo que contemplo es que los ciudadanos puedan tirar abajo ese escenario y cambiarlo por otro en el que se vuelva a tener una visión ilusionante de España.

CRíTICAS DEL DIPUTADO SOCIALISTA AL LíDER DEL PSC
Montilla en la estratosfera, Guerra le ayudó a subir
IMPRESIONES El Mundo 8 Enero 2010

LA CARTA DE Montilla a 200 organizaciones catalanas para hacer un frente común contra el Constitucional si rebaja el contenido del Estatuto originó ayer una cascada de reacciones. La más significativa fue la crítica de Alfonso Guerra, por lo que supone de reapertura de las tensiones entre el PSOE y el PSC. Dijo el diputado socialista que los políticos catalanes «están en la estratosfera» y que le parece «increíble» que haya mandado una carta sobre «una sentencia que no existe». No le vamos a quitar la razón, puesto que la tiene, pero sí tenemos que subrayar que él colaboró activamente en el despegue del cohete catalán que ahora vaga por el espacio, puesto que como presidente de la Comisión Constitucional fue el responsable de la labor de blanqueamiento de un texto que salió del Congreso con los mismos vicios esenciales de inconstitucionalidad con los que había entrado.

La carta de Montilla.
Cayetano González Periodista Digital 8 Enero 2010

MADRID, 7 (OTR/PRESS)

La carta que el Presidente de la Generalitat ha mandado en la víspera de Reyes a 201 asociaciones cívicas de Cataluña pidiendo su apoyo y respaldo para dar "una respuesta política y cívica, clara y unitaria" en caso de que la esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña recorte o cambie contenidos actuales de este, es una muestra evidente de que Cataluña vive en un "régimen" político donde el que no esté con lo que quiere el que manda pasa a ser considerado un antipatriota y deberá atenerse a las consecuencias.

Resulta intolerable este intento de José Montilla de controlar hasta esos extremos lo que se ha venido en llamar la sociedad civil. Porque aunque a veces surjan dudas al respecto, es de suponer que en el seno del Fútbol Club Barcelona, en el Colegio de Abogados de Cataluña o en la Asociación para la Defensa de los animales, por poner tres ejemplos de esas asociaciones a las que se ha dirigido el Presidente de la Generalitat, haya de todo. Es decir, haya simpatizantes o votantes de las diferentes opciones políticas catalanas; haya gente que directamente no vota; haya personas más inclinadas a pensar que Cataluña forma parte de ese proyecto común que se llama España o no. Pero lo que no puede pretender un responsable político es "uniformar" absolutamente a toda la sociedad.

No lo puede pretender salvo que se tenga una concepción de la política y de la Comunidad donde uno vive y gobierna, en este caso Cataluña, en la que se mezcla los intereses personales o partidistas con los generales. Donde se confunde todo: el partido y el País. Donde se pretende que lo que funcione sea el "pensamiento único" bien en forma de editorial conjunto de los doce periódicos de la Comunidad, bien en forma de carta del Presidente donde el mensaje es claro y evidente: el que no esté dispuesto a apoyar lo que pido que se vaya preparando. Y un Gobierno tiene muchos instrumentos de presión sobre a sociedad civil, empezando por algo tan vital como las subvenciones económicas.

Esta situación de "régimen" en la que vive Cataluña tiene varios responsables. En primer lugar ese nacionalismo encarnado por CIU que ha estado gobernando durante casi treinta años y que puede volver a hacerlo tras las próximas elecciones autonómicas. Pero también tiene mucha culpa un Partido Socialista de Cataluña que tiene mas de "nacionalista" que de "socialista" y que además lleva gobernando seis años con otro partido como ERC que lisa y llanamente, no lo ocultan, quiere la independencia y la segregación de Cataluña del resto de España. Y por último hay un tercer responsable, mas cercano en el tiempo, que es el Presidente Zapateo que se empeñó personalmente hasta límites insospechable en sacar adelante el Estatuto de Cataluña en su actual redacción.

Es de esperar que todas estas presiones antidemocráticas sobre un Tribunal ya de por si bastante condicionado políticamente por la forma es que es designado hagan la menor mella posible en sus miembros. Y es de desear que estos dicten sentencia cuanto antes. Llevan tres años deliberando. Mucho más tiempo del que llevó elaborar la propia Constitución.

Machada del cobardica Alfonso Guerra previa a una nueva bajada de pantalones.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 8 Enero 2010

Alfonso Guerra, que de gallo oficial de pelea del PSOE ha pasado a ser un mindundi gris y sin agallas, de vez en cuando nos quiere recordar lo que fue y ya no es con alguna machada que luego su cobardía deja en agua de borrajas porque termina bajándose los pantalones, diciendo si buana y aprobando lo que poco antes, con falsa gallardía, denostaba.

Hace nada lo ha vuelto a repetir al criticar la actividad de Montilla preparando la piña catalanista que responda la probable próxima sentencia sobre el Estatuto Catalán. Ha dicho de Montilla y sus compis que “Los políticos allí están un poco en la estratosfera”, o sea, más para allá que para acá, pero este individuo es tan cagueta y sus valentías han quedado tan devaluadas que cuando salga la sentencia, que yo no creo que salga antes de muchos meses, se comerá con papas sus palabras, se achantará y tragará con lo que hagan los independentistas catalanes comandados por Montilla porque este hombre es así y pruebas ha dado.

Este no es un país dado a pasar factura a sus políticos por sus pasadas declaraciones incoherentes, ni siquiera se les exige la dimisión y menos explicaciones, pero las hemerotecas están ahí, basta buscar en san Google y uno da con la gran bajada de pantalones de Alfonso Guerra en relación con el Estatuto Catalán allá por marzo del 2006 cuando dijo con su boquita de comer y de cobardear que desde un estatuto “no se pueden cambiar las normas que establece la Constitución” y para mas abyección remachó que había visto que “en un 50 por ciento de lo que dicen no respetan el mandato constitucional”.

Cualquiera esperaría que un hombre que dice eso lo mantenga y vote en contra de algo que según él atenta gravemente contra la Constitución, pero ese hombre, cobardica y borrego apesebrado, a la hora de votar el Estatuto en el Congreso votó a favor, mayor bajada de pantalones no se ha visto en democracia.

Por eso, estas machaditas del Guerra me dan tanta risa que me descuajeringo a la par que me meo tó por las patas arriba.

El presidente de la Generalitat envió cartas a 200 entidades pidiendo apoyo al Estatut
Rosa Díez: "José Montilla se comporta como un vulgar okupa o un batasuno al uso"
La líder de UPyD cree que debería ser deslegitimado de su cargo
Redacción Periodista Digital 8 Enero 2010

La diputada de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha criticado "la falta de respeto" a las reglas del juego de la democracia demostrada, a su juicio, por el presidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, con la carta enviada el pasado martes a más de 200 entidades de la sociedad civil catalana recabando un apoyo unitario en caso de que el Tribunal Constitucional recorte el Estatut y le acusó de estar comportándose como "un batasuno al uso".

En un comunicado, la líder de UPyD considera que sería "impensable" en cualquier país del mundo que quien preside una institución haga un llamamiento contra el alto tribunal del Estado "y eso le saliera gratis".

Rosa Díez: "Montilla se ha comportado como un batasuno al uso o como la rama menos institucional del PNV que se empeñan en formar parte de las instituciones y aprovechar su cargo para deslegitimarlas"

"Es lo que se llama actuar como un vulgar okupa"

"DEBERÍAN DESLEGITIMARLE POR LLAMAR A LA DESOBEDIENCIA"
Rosa Díez llega llega a afirmar que quien "utiliza" su cargo en una institución para "llamar a la desobediencia" contra otra está "deslegitimado" para seguir ostentando esa representación.

"No se puede estar en el parlamentarismo y en el guerracivilismo a la vez. Llamar a los ciudadanos a la insumisión contra las decisiones de los órganos democráticos de un Estado de Derecho es algo completamente incompatible con la asunción de una responsabilidad pública y política"

"¿Qué tipo de pedagogía antidemocrática es ésta? ¿Qué ejemplo es el que se da a los ciudadanos a quienes permanentemente se llama a que cumplan la Ley? ¿Qué cabe esperar que hagan los ciudadanos ante el comportamiento de su presidente que insta a no cumplir las leyes y las resoluciones de los órganos jurisdiccionales cuando no le gustan? ¿Qué tipo de pedagogía antidemocrática es ésta?"

El PSOE convierte el Estatuto en la 'Guerra de las Galaxias'
Montilla replica a Guerra: "Estamos con los pies en la Tierra"
www.lavozlibre.com 8 Enero 2010

Madrid.- El Estatuto de Cataluña ha desatado el enfrentamiento dentro del PSOE. A la solicitud de apoyos por parte de Montilla a 200 entidades cívicas para hacer frente común a una sentencia desfavorable del Tribunal Constitucional, Alfonso Guerra dijo que los políticos catalanes estaban en la estratosfera. Hoy Montilla vuelve a responder: "Estoy con los pies en la Tierra". La respuesta de José Montilla a las palabras de Alfonso Guerra, que ayer acusó a los políticos catalanes de estar "en la estratosfera" por especular con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña antes de conocerse, ha provocado la 'Guerra de las Galaxias' en el seno del PSOE, en alusión a las referencias planetarias empleadas por ambos políticos.

El presidente de la Generalitat se ha defendido del ataque de Guerra al afirmar que tiene "los pies en la Tierra". Montilla ha señalado que es el PP el que "debería hacérselo mirar" -utilizando otra frase que ayer utilizó Guerra en referencia a los políticos catalanes-, por criticar y "caricaturizar" constantemente las cosas que se hacen en Cataluña.

Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso e histórico dirigente del PSOE, representa a la facción que censura la actitud de los socialistas catalanes, más cercanos a las tesis nacionalistas que a las de Ferraz. Guerra, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, censuró ayer la iniciativa de Montilla, que se dirigió a 200 entidades catalanas para pedirles que se plieguen ante él y le apoyen en una respuesta conjunta en caso de sentencia desfavorable del Constitucional. Guerra lamentó que Montilla con estas "elucubraciones planetarias" haya producido en Cataluña "un torneo sobre una sentencia que no existe", algo inexplicable a su entender.

"No entiendo nada. Cualquier persona normal espera la sentencia y entonces la acata o se pronuncia con la máxima libertad, pero antes, organizando un torneo sobre una sentencia que no existe... No lo entiendo. Hay que dedicar esfuerzos a cuestiones concretas, no a elucubraciones planetarias", afirmó.

Montilla, en su réplica a Guerra, ha aprovechado para desviar las culpas hacia Mariano Rajoy, "a pesar de que ahora se esconda", ha matizado, y le ha responsabilizado de la situación actual por autorizar el recurso que presentó el PP contra dos terceras partes del Estatuto de Cataluña.


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Bilateralidad o el monte
Editorial www.gaceta.es 8 Enero 2010

Cosas graves están en juego cuando Montilla está tan nervioso.

Hasta un niño lo ve. No se presiona de forma tan grosera a las instituciones ni se organiza tan bochornosa movilización, con la prensa local y su encíclica conjunta, como ha hecho Montilla por cuatro retoques cosméticos del Estatut. No se llega al extremo de equipararse a JFK (ridícula osadía) y su famoso “No te preguntes que puede hacer tu país por ti”, si no está en juego no ya un apaño semántico (el término “nación”), sino la almendra del órdago nacionalista: la bilateralidad. He ahí la cuestión.

Ante el presumible recorte que el Constitucional hará del Estatut, Montilla está orquestando una respuesta muy radicalizada, apoyándose en la red de organizaciones subvencionadas que, junto con los medios de comunicación catalanes, pilotan la ingeniería social del territorio. La movilización sirve a la vez como amenaza y como punto de partida de una campaña electoral, que culminará en otoño y que repetirá la tradicional disputa entre PSC y CiU por mostrarse cada cual más soberanista y menos español. En esos comicios, el eslogan de los dos partidos significará una sola cosa: bilateralidad.

En Cataluña, el discurso político racional se ha sustituido por consignas emocionales y sus dogmas populistas e identitarios han cobrado tal virulencia que hasta la misma aplicación de las garantías constitucionales se convierte en una tarea imposible. Por ejemplo, existe una evidente discriminación lingüística, no sólo en la educación, sino en muchos aspectos de la vida cotidiana, como el simple hecho de la rotulación de un comercio. Esta debilidad de la ley frente a “la fuerza de la voluntad” nacionalista se está haciendo aún más visible en el Estatut.

El irresponsable retraso del Constitucional en emitir un dictamen hace evidente, en primer lugar, el choque frontal entre el espíritu del texto estatutario con el de la Carta Magna, porque de existir compatibilidad entre ambas normas nunca se hubiese producido una demora tan escandalosa. La discusión dentro del TC gira en torno a la capacidad de la letra constitucional para encajar los sucesivos desafíos del articulado propuesto, y aunque la del 78 ha demostrado tener elasticidad casi mágica, en esta ocasión tendrá que negarse a sí misma para transigir, lo que parece más difícil, porque aceptar la existencia de la nación catalana, unida al Estado por una relación bilateral supone, de facto, la voladura legal del sistema político español.

Además, la bilateralidad que propone el Estatut va más allá de una relación entre iguales y coloca al Estado central en un nivel de sumisión, casi colonial, frente a la Generalitat. Así, el Gobierno catalán tiene presencia en las instituciones estatales, como el Tribunal de Cuentas, la CNMV o el Banco de España y, por el contrario, el Estado no podrá inmiscuirse en instituciones catalanas.

Excepcionalidad que no sería posible sin la sustitución de la racionalidad por el “triunfo de la voluntad nacional catalana” sobre la legalidad constitucional. Hazaña lograda por CiU y PSC, espoleados por ERC, con Zapatero en el papel de cómplice.

Quizá lo más grave de este escenario sea la absoluta incapacidad de reacción de las instituciones del Estado, desde el Poder Judicial hasta las Cámaras representativas, que pueden llegar a ceder una soberanía que sólo tienen en depósito. El establishment catalán ya se ha pronunciado: bilateralismo o al monte. El resultado de ese órdago nos afectará a todos.

Antes rota
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 8 Enero 2010

Si José Calvo Sotelo prefería en el 36 una España « roja» a una España «rota», los socialistas de ahora son partidarios de la rota en el caso de que la roja pierda las elecciones.

Este es el plan que formalmente ha puesto en marcha Montilla al llamar a rebato a la sociedad catalana por si la interpretación del Tribunal Constitucional sobre el Estatut supusiera recortes inaceptables de este. Y digo «formalmente» porque, en realidad, el President cumple órdenes del Presidente. El guión de la película es de Zapatero. De lo contrario este habría cortado en seco las acciones de aquel.

El charnego cordobés tiene el placet de Moncloa para hacer una presión preventiva sobre el TC tan fuerte que este no pueda impedir la conversión de Cataluña en un Estado/Nación.

Montilla no manda tanto por sí solo. Si actúa de forma tan temeraria es porque ha recibido órdenes de Madrid.

La osadía de la estrategia es tan arriesgada que juega con el modelo de España y con métodos totalitarios. Es verdad que Guerra decretó la muerte de Montesquieu hace ya dos décadas pero nunca fue tan radical la lucha contra la división de poderes. Nunca los métodos totalitarios habían conseguido que la soberanía de la Nación dejara de basarse en el pueblo español para hacerlo en el catalán. (¡Pobre Benjamín Constant!) Nunca un partido «democrático» consiguió que la prensa publicara «libremente» un editorial único dictado por el Ejecutivo.

Los movimientos con los que Montilla está tratando de asegurar que Cataluña sea un Estado/Nación se explican como una prevención frente a la posibilidad de una posible victoria del PP. El puzle resultaría tan ingobernable para el PP como un campo de trabajo ideal para el partido que se ha planteado la confederación como una meta a corto plazo.

La rebelión de Montilla
Rafael González Rojas Semanal Digital 8 Enero 2010

No es que estén los políticos catalanes en la estratosfera, como dice Alfonso Guerra que están; es que se han tirado al monte. Ya llevan tiempo en el monte. Desde que el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero empezó a chalanear con ellos, engañando a unos -a Artur Mas sin ir más lejos-, y enguizgando a otros -como a Montilla-, todos están en el monte. O casi todos. Y en el caso del Molt Honorable cordobés, o está compinchado en la misma felonía separatista con el inquilino de La Moncloa o le ha salido respondón.

El caso es que Zapatero se quiso asegurar una tranquila gobernación mediante la compra de votos. Con el PP no quería ir ni a coger moneditas de cinco duros; ni de dos reales. Nada. (Patxi López está demostrando en el País Vasco mucho más sentido de Estado: espero que, al final, no nos la dé con queso). Pero es que Zapatero es un gobernante tan torpe que no da una a derechas. Todo lo complica. Donde hay un problema, Zapatero, en vez de una solución origina un problema aún mayor. Cada vez que se debaten en el Congreso leyes de cierto calado, se le complican las cosas al Gobierno. Y no por circunstancias ajenas a la gestión gubernativa, como pudieran ser en parte la crisis y el paro, sino porque las decisiones de Zapatero son generadoras de más problemas.

Ahí tenemos la última: la rebelión de Montilla. El Molt Honorable cordobés ha lanzando un potente artefacto contra la estabilidad nacional en forma de carta. La ha enderezado a unas 200 entidades catalanas a las que les pide una respuesta unitaria en caso de que el Tribunal Constitucional recorte el Estatuto catalán, pendiente de dictamen.

Lo grave de esta insólita actuación no es, con serlo tanto, que se pida una actitud contraria a una sentencia todavía inexiste; lo gravísimo es que el promotor de tan denigrante iniciativa es el presidente de la Generalitat, y por ende representante del Estado español en Cataluña, con mandato sobre siete millones y medio de catalanes, a cuya inmensa mayoría le importa un bledo el Estatuto; que no le quita el sueño, vaya, sino que se lo quitan otros problemas de la vida cotidiana, como son el paro, la crisis económica y todo lo que uno y otra acarrea. Como ha dicho muy acertadamente la presidenta del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, que debe ser de los pocos políticos que no se han tirado al monte, "la Generalitat no se merece un presidente como Montilla".

Pues no, tiene razón. Porque es Montilla, el presidente de la Generalitat y representante del Estado español, el que anima a la sociedad civil a levantarse contra el Tribunal Constitucional del Estado español. No es la sociedad civil catalana la que les pide a sus políticos que se enfrenten contra la política y decisiones que emanen de las instituciones del Estado, sino que son los políticos, encabezados por el representante del Estado, quienes les piden a los ciudadanos que se enfrenten al Estado. ¿No es de locos? Increíble, dice Guerra; lamentable, califica Sánchez Camacho; falta de respeto, añade Rosa Díez, para quien Montilla se ha comportado como un vulgar batasuno.

En cualquier caso es un vergonzoso episodio, impensable que ocurra en ninguna parte del mundo políticamente civilizado, con un Estado de derecho riguroso y serio, donde el comportamiento de un político como Montilla sería reputado delito contra la seguridad del Estado, y por cometerlo un alto funcionario del mismo, calificado de alta traición.

Pero aquí, nada. Zapatero, el verdadero responsable, está permitiendo que el Partido socialista en Cataluña sea cada vez más nacionalista; y su líder allí, al que sus principios, si alguna vez los tuvo, los han devorado sus complejos de xarnego converso, no ha dudado de liderar, por puro electoralismo, un frente anticonstitucional y antiespañol, e intentar una rebelión desde el mismo poder.

No nos queda más remedio que esperar a las próximas elecciones. Son mayoría los catalanes que echan en falta un líder con sentido común y con sentido práctico. Es lo menos que se merece un pueblo que tiene fama de poseer grandes dosis de uno y otro sentido.

Feijóo
Respuesta de los Reyes Magos a Galicia Bilingüe
Gloria Lago Libertad Digital 8 Enero 2010

Queridos padres de Galicia:

Hemos recibido vuestra carta. Nos pedís que le recordemos a Feijoo sus promesas porque necesitáis una educación en la que lo importante sea la formación y el bienestar de los niños. Así debe ser, ellos son lo primero. También decís que queréis vivir en una Galicia más libre, más respetuosa y con más "sentidiño". Con pesar debemos deciros que nuestra magia no alcanza a iluminar lo que no quiere ser iluminado.

La pasada Navidad algunos de vosotros nos pedisteis que le regaláramos a esta misma persona la presidencia de la Xunta; nos hablabais de los malos augurios de las encuestas y nos asegurabais que era el único con posibilidades de solucionar este problema que, por desgracia, vemos que aún persiste.

No sé si sabréis que en Gran Bretaña no nos llaman magos sino sabios y, por ello, por nuestros 2000 años de experiencia observando el comportamiento humano, no movimos un solo dedo para hacerlo posible; otros con menos experiencia ayudasteis a que ese deseo se hiciera realidad. Queríais creer y creísteis. Comprendemos que así fuera, era lo más sensato, era posible e, incluso nos atreveríamos a decir que era lo más rentable. A pesar de que os hayáis equivocado, queremos que sepáis que la inocencia es para nosotros una virtud, sin personas con capacidad de creer, este anciano mundo sería un lugar mucho más inhóspito y nosotros mismos nos habríamos difuminado hace siglos. Debéis saber, sin embargo, que nuestra tarea no es sólo la de premiar, sino también la de castigar; a tal fin reservamos un saco de arpillera en el que introducimos una palada de carbón por cada mala acción. De nuestros castigos no se libran ni los presidentes.

El saco de vuestro presidente lo hemos estado llenando a largo de este año. La primera palada entró hasta el fondo del saco cuando nombró para solucionar vuestro problema a un señor de los que en vuestra tierra se llaman "normalizadores", éste en concreto sostiene que los colegios de vuestros hijos son lugares de producción y reproducción de hablantes, y tiene un especial empeño en borrar una inofensiva lengua de las escuelas. También recibió vuestro presidente una palada cada vez que consintió que su "normalizador" os llamara radicales. Él sabe mejor que nadie que los radicales son los que tantas veces os han amenazado y agredido, los que estaban frente a vosotros el día que os manifestasteis en Compostela. Así se lo contaron sus compañeros de partido que estaban tras vuestra pancarta, y los vio en las noticias, ofreciendo una imagen de lo que estaba pasando en vuestra Galicia que, además, le benefició.

En junio entró más carbón en su saco cuando el mismo día que su Conselleiro os recibía, él fue a rendirle pleitesía al presidente de la RAG, comprometiéndose a someter la nueva norma a su criterio; lo hicimos porque daba la impresión de que se avergonzaba de recibir a unos padres que buscan los mejor para sus hijos, para todos los niños, cualquiera que sea la lengua en la que han aprendido sus primeras palabras. Ordenamos que llenaran más el saco en octubre, cuando llegó hasta Oriente la noticia de que financiaba obras de teatro para los colegios en las que se ridiculizaba ante los niños a aquéllos que hablan español en Galicia, y otra de propina entró cuando su "normalizador" dijo que eso era algo normal, incluso divertido. Ya nos había parecido mal que mirara hacia otro lado mientras se sigue adoctrinando en los colegios bajo su mandato después de haberos prometido que vaciaría los colegios de ideología para llenarlos de conocimiento, pero que además lo tengáis que pagar con vuestros impuestos nos pareció realmente un exceso. La palada que se metió cuando no aclaró lo de la sentencia fue contundente. Ya sabéis, cuando dejó que la gente creyera que es imposible legislar en Galicia para que los padres elijan. Su equipo jurídico sabe que eso no es cierto.

Pero lo que más ha llenado el saco han sido los innumerables trocitos de carbón que hemos ido metiendo cada vez que falseaba los datos de la encuesta realizada a los padres y cada vez que su discurso se alejaba de aquél con el que había estado consiguiendo vuestros votos para, incomprensiblemente, acercarse al de los que no le votaron; la deslealtad y la incongruencia no nos gustan nada. Ha hablado de equilibrio entre lenguas intentando obviar que lo realmente equilibrado para los niños sería que pudieran al menos estudiar las asignaturas troncales, las más difíciles, en su lengua, como había prometido; incluso hizo suyo el argumento que los amigos de imponer lenguas inventaron para contrarrestar vuestro mensaje de libertad: "que en Galicia no hay libertad para elegir qué lengua usar si no se conocen las dos por igual", confundir libertad con capacidad o convertir un derecho en un deber no es algo propio de alguien que cree en la democracia, y algo inexplicable en una persona con conocimientos de derecho. Cuando por fin se hizo público el borrador de la nueva norma el 30 de diciembre, el carbón rebosó el saco y fueron necesarios dos pajes para poder cerrarlo con un gran lazo negro.

En todos los países por los que hemos viajado, jamás nos hemos encontrado algo semejante, por eso se nos ocurrió regalarle un viaje. Pensamos en Finlandia, donde la educación es de primera y los padres eligen la lengua en la enseñanza, pero como os decíamos al principio, nos parece que no es una cuestión de falta de conocimiento, sino de falta de voluntad.

Este año vuestro presidente ha recibido, pues, carbón: por haber redactado una norma que no cambiará casi nada, difícil de aplicar por enmarañada, y que desperdicia una oportunidad histórica de cambiar las cosas de verdad, además de dejar la puerta abierta a que, con una leve pincelada, todo vuelva a estar como estaba. Una norma que vulnera la Ley de normalización al no respetar la lengua materna en la primera enseñanza, que sólo permite elegir una asignatura en una etapa y dos en otra, y que prohíbe algo que él tanto había criticado del anterior presidente, y que con insistencia había prometido corregir: que los niños puedan estudiar con los libros en su idioma. Pero, sobre todo, vuestro presidente ha recibido carbón por no haber comprendido el valor que debe tener la palabra dada. Para vosotros hemos reservado un camello cargado de ilusión y de energía para que podáis seguir luchando por aquello en lo que creéis.

Reyes Magos de Oriente.
Gloria Lago es presidenta de la asociación Galicia Bilingüe.

El artículo seis punto uno: ¿es constitucional (III)
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.com 8 Enero 2010

El nacionalismo ha invertido infinita energía y toneladas de papel impreso a lo largo de los últimos años para justificar la prioridad del catalán en su cualidad de lengua propia. Prácticamente la revista 'Llengua i Dret' se dedica a esta misión en exclusiva. Y con escasa o nula oposición, se ha ido construyendo un edificio conceptual alrededor de la lengua propia, cuyo fruto es el redactado del actrual Estatuto. Se dice, por ejemplo, que la Administración pública debe ser siempre en catalán, porque ésa es la lengua propia de Cataluña, y a su vez, ser la lengua propia de un país significa sobre todo que es la lengua de la Administración pública. Un ejemplo claro de círculo vicioso, pero que es aceptado y repetido por políticos y académicos de todo pelaje.

Otro sofisma: se admite que, al ser el catalán lengua propia de Cataluña, es también propia de la escuela, de la Administración y las personas jurídicas -y también propia del comercio, el ocio, y por qué no, del tráfico aéreo sobre cielo catalán-. Ese razonamiento ha trascendido y se recoge incluso en las leyes de Normalización. Pero cualquier observador atento del idioma puede advertir que no es lo mismo 'propio de Cataluña' y 'propio de la escuela': son dos sentidos diferentes de la palabra propio. En un caso, 'propio de un lugar' se opone a foráneo: decimos 'propios y extraños'. En el segundo caso, 'propio de una actividad' se opone a inadecuado o impropio: las herramientas propias del albañil, etc. Decimos que 'el habla propia de los jueces es el argot forense', o que 'la lengua coloquial es impropia de los discursos parlamentarios'. ¿Quiere decirse con ello que el castellano es inadecuado para enseñar en Cataluña, con más del 60 por ciento de alumnos castellanohablantes?

Por fin, una argumentación 'a contrario'. Imaginemos una ley española que dijese que "el castellano es la lengua propia de España, y como tal, es la lengua vehicular de la escuela..." Es imaginable el escándalo que armarían todos nuestros nacionalistas: ya estoy viendo los aspavientos y autos sacramentales que se montarían al estilo de '¡esto no es un Estado, esto es un Imperio!', '¡rompemos la baraja!', '¡adéu, Espanya!'. De hecho, el castellano tiene títulos suficientes para ser considerado lengua propia de España, y de hecho ha funcionado como tal en las épocas de centralismo. Y después de todo, es la lengua materna del 80 por ciento de la población. Pero aun así, esa ley sería totalmente contraria al espíritu de la Constitución, que propone "especial respeto y protección" a "las demás lenguas españolas", que "serán también oficiales en sus respectivos territorios". Pues bien, ese error garrafal, aumentado, es el que comete el artículo 6.1 del Estatut. Aumentado, porque Cataluña es mucho más diversa lingüísticamente que España: el catalán no llega a ser lengua materna del 50 por ciento de los catalanes. Aumentado, porque mientras la Constitución habla de "lenguas españolas", para el Estatut el castellano no es "una lengua catalana", sino solamente oficial "por serlo de todo el Estado".

El modelo lingüístico del Estatut es el de la Francia unitarista del Rey Sol y la revolución. Pero ni el francés es el catalán, ni Francia es Cataluña, ni el siglo XVIII es el siglo XXI. Es un modelo que, en nuestro caso, puede generar graves conflictos en el futuro, y que tiene un final demasiado dudoso para un coste tremendo. Pero además, y sobre todo, no es compatible con el Estado de las Autonomías: no es posible una Cataluña jacobina en medio de una España basada en el respeto al pluralismo.

En la argumentación habitual para impedir la elección de la lengua de enseñanza, se habla de "no separar a los niños por razón de lengua". En el Estatut se establece (art. 35.3) "el derecho de los alumnos a no ser separados en centros ni en grupos de clase distintos por razón de su lengua habitual". 'Ser separados' implica que el alumno es objeto, no sujeto de tal separación. Así, se evoca una 'separación forzosa' o contra su voluntad. Pura perversión del lenguaje. En realidad, la elección de lengua es un derecho del que el alumno -o sus padres- son el sujeto, y la diversidad es el resultado del ejercicio de tal derecho. Sólo a la gente enemiga de la pluralidad puede contrariarle el uso del derecho a la enseñanza en lengua materna. Es como si se argumentara que "los ciudadanos no serán separados en religiones diferentes", porque el hecho de acudir cada uno a su iglesia, sinagoga o mezquita es el resultado de una separación. Esa 'cohesión social' -el argumento central que justifica la lengua única en la escuela-, ¿en qué se distingue de aquella "unidad" con que el franquismo arremetía contra los partidos políticos, o los sindicatos de clase?

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