AGLI

Recortes de Prensa    Martes 12  Enero  2010

 

La ciénaga
Los otros feijóos
Raúl Vilas Libertad Digital 12 Enero 2010

Los árboles, Galicia, no deberían tapar el bosque, España. O lo que es lo mismo, la inexcusable responsabilidad de Núñez Feijóo en el engaño, uno más, a los votantes del PP, no es eximente para muchos otros.

Las políticas liberticidas –hasta el eufemismo utilizado, "normalización", revela sus propósitos totalitarios– que persiguen desterrar el español de la vida pública –grave– y hasta de la privada –mucho peor– no son cosa de hace dos días ni se ciñen únicamente a la región gallega. El Manifiesto de los 2.300 impulsado por Federico Jiménez Losantos en la Barcelona de 1981 está a punto de cumplir 30 años. En él intelectuales y profesionales que vivían en Cataluña expresaban su preocupación por la vulneración de "derechos tales como los referentes al uso público y oficial del castellano, a recibir la enseñanza en la lengua materna o a no ser discriminado por razones de lengua".

En estas tres décadas han gobernado en España UCD, PSOE y PP. Nadie ha hecho nada. Tampoco el jefe del Estado. Ni un dedo meñique han movido para defender los derechos y libertades de los ciudadanos, todavía formalmente españoles, residentes en Cataluña que la Constitución les reconoce; sí, aunque suene a recochineo. Lejos de eso, el problema que entonces se localizaba en Cataluña se ha extendido, cual metástasis, por todas las regiones con dos lenguas oficiales, independientemente de que gobiernen en ellas nacionalistas, socialistas o populares. En Galicia, Fraga copió a Pujol la Ley de Normalización Lingüística –esa a la que apela ahora Feijóo para legitimar su traición. En Valencia, más de los mismo, hay zonas en las que es imposible la escolarización en castellano. En Baleares, el PP local se apuntó entusiasta a la fiebre normalizadora... Felipe González, José María Aznar y, cómo no, Zapatero han asistido impasibles desde Moncloa, cuando no han colaborado activamente.

El propio sistema autonómico ha propiciado que las taifas compitan en "elementos diferenciadores", nada mejor que la "lengua propia". Cuanto menos "español", más poder para el reyezuelo de turno. Es, por tanto, inviable, como se ha visto en Galicia, que la solución parta, precisamente, de donde está el origen del problema. Sólo un gran acuerdo nacional podría restituir los derechos y libertades derivados de una Constitución que se ha convertido en papel mojado, víctima de sí misma. Una utopía con este PSOE y, lo más preocupante, también con este PP. Porque no sólo ha mentido Feijóo, Rajoy y su dirección nacional también. En el Congreso de los Diputados el diputado Alfonso Alonso defendió con vehemencia una proposición no de ley en defensa de la libertad lingüística. Lo hizo, claro, poco después de una calcada de Rosa Díez, cuyo partido es el único que reclama una reforma constitucional que devuelva la competencia de Educación al Estado.

En esas estamos. Un diputado frente a 349. O el sistema representativo no funciona, o tenemos lo que nos merecemos. O, lo peor y más probable, que las dos cosas sean ciertas.

Zapatero como problema
IGNACIO CAMACHO ABC 12 Enero 2010

NINGÚN secreto es a estas alturas que varios millones de españoles consideran a Zapatero un problema para España, pero sí resulta novedad que no pocos socialistas empiecen a verlo como un inconveniente para su propio partido. Al conocido recelo de los tardofelipistas, a la contrariedad de los socialdemócratas moderados y a la sofisticada distancia moral y política de Bono se está uniendo la suspicacia de bastantes dirigentes territoriales y locales que temen que la influencia de la mala imagen del presidente les complique la renovación electoral de sus cargos. El retroceso de los sondeos está haciendo estragos en la confianza sobre su liderazgo, de tal modo que numerosos zapateristas sobrevenidos, que abandonaron sus dudas iniciales ante su vitola de ganador, han vuelto al estado de alarma al comprobar el impacto negativo de su pésima gestión de la crisis económica. El debate sobre la tercera candidatura presidencial no es un rumor superficial ni una serpiente de invierno; está ahí, larvado y en voz baja, como un runrún perentorio a la vista de un desplome que hoy por hoy convierte su continuidad en un regalo para el PP.

Otra cosa es que la retirada pueda plantearse en una organización dominada por una generación a la medida del zapaterismo. La mayoría de los críticos carecen de fuerza interna salvo una improbable coalición catalanoandaluza que acabaría desestabilizando a la propia marca electoral socialista. La intención de los disidentes pasaría por la creación de un estado progresivo de opinión que empujase al propio líder a poner en marcha su sucesión en el último tramo -2011- de la legislatura. Pero para que esa corriente renovadora cuaje con masa crítica suficiente es necesario que la brecha con el PP sea más profunda, por encima del máximo de cinco puntos que hasta ahora registran las encuestas más negativas para el PSOE. Con seis o siete puntos de distancia consolidada no habrá quien pare la emergencia de un clamor de cambio.

Es pronto para eso. Zapatero confía en remontar su descrédito a través del protagonismo de la presidencia europea y de la propia evolución de la recesión socioeconómica, que aunque no sabe combatir puede ir remontando lentamente sola, a base de estímulos externos. Si las diferencias se recortan durante este año, el presidente se sentirá en condiciones de decidir sin influencias.

Claro que él mismo nunca se ha pronunciado sobre la propia duración de su poder. Algunos zapaterólogos sostienen que puede tener pensado apartarse como una última finta, tan propia de su arriesgado talante de jugador de fortuna. Lo que probablemente no esperaba es que incluso esa voluntaria pirueta final pueda tener que abordarla desde una situación de desgaste forzoso. No es lo mismo irse en triunfo que salir empujado por la necesidad de evitar una debâcle. Digamos que existe una cierta diferencia para la autoestima.

Rajoy y los funcionarios
LUIS MARIA ANSON ABC 12 Enero 2010

EN LA ESPLÉNDIDA entrevista que Casimiro García-Abadillo ha hecho a Mariano Rajoy, el líder popular se ha zafado a ráfagas de su tradicional política merengosa para asegurar, por ejemplo, que su Gobierno congelaría el sueldo a los funcionarios con el propósito de limitar la crisis. Yo no. Yo plantearía de una vez el problema de fondo. En 1976 había en España 600.000 funcionarios. Hoy pasamos de los 3.200.000. Mientras se derrumbaba el empleo el año pasado, se incrementaba en más de 100.000 el número de funcionarios. Congelar los sueldos es sólo un parche ineficaz. De lo que se trata es de reducir el número de los empleados en las tres Administraciones del Estado: la central, la autonómica y la municipal.

Vaya por delante que la inmensa mayoría de los funcionarios son responsables, trabajadores, competentes y eficaces. Sería absurdo poner en duda la calidad profesional del funcionariado español. La cuestión es otra. En los últimos treinta años los partidos políticos, todos prácticamente sin excepción, se han dedicado a colocar en la Administración pública a sus simpatizantes, paniaguados, amiguetes y parientes. Hemos vivido la apoteosis del nepotismo. Sobran 2.500.000 funcionarios, los cuales para justificar sus puestos de trabajo se han inventado las mil y una trabas burocráticas. El contribuyente, por otra parte, además de cornudo ha sido minuciosamente apaleado. Para resolver cualquier asunto allí donde hace treinta años bastaba con una gestión ahora hay que sufrir tres o cuatro. No sólo no ha mejorado el servicio al ciudadano con la crecida funcionarial sino que la relación con la Administración se ha convertido en un calvario. El contribuyente paga a través de unos impuestos casi confiscatorios el sueldo de 2.500.000 funcionarios innecesarios; paga su seguridad social; paga sus vacaciones, sus puentes, los días de enfermedad y las ausencias más o menos justificadas; paga la calefacción, el aire acondicionado, el mantenimiento de las oficinas; paga las dietas, la limpieza, el teléfono, los viajes de trabajo, las más varias camelancias; paga las jubilaciones, las indemnizaciones, la parafernalia sindical.

Y a cambio no recibe otra cosa que trabas burocráticas e incomodidades sin cuento. Sarkozy ha cogido al toro de pitón a rabo y ha establecido que no se cubran los puestos de los funcionarios que se jubilen o se mueran. Yo no aplicaría la fórmula francesa, demasiado drástica. Habría que aprobar una ley que dijera: «Hasta que el número de funcionarios de las tres Administraciones se reduzca a 600.000, de cada diez empleados públicos que se jubilen o fallezcan sólo será sustituido uno». Tal vez en quince o veinte años el cáncer de la burocratización quedaría extirpado del cuerpo social español.

Si en lugar de jugar al parcheo con el sueldo de los funcionarios, lo que ha irritado a muchos, Rajoy hubiera entrado en el fondo de la cuestión como ha hecho Sarkozy, habría llenado su cesto de ese voto ciudadano, harto del abuso que hoy padece y financia. Pero en España no se ataja la raíz del problema porque los partidos políticos, cuyos gastos por cierto pagamos a 92% todos los ciudadanos, quieren seguir enchufando a sus amiguetes en la comodidad y la seguridad de las Administraciones Públicas. Y, claro, callan como putas en lugar de afanarse en reducir la hemorragia funcionarial.

Luis María Anson es miembro de la Real Academia Española.

UPyD: Todo era mentira
Agustín Vega Cortés Minuto Digital 12 Enero 2010

La formación Unión Progreso y Democracia, que apareció como un soplo de aire fresco en un panorama político asfixiado por la corrupción, la puerilidad y el alejamiento de la vida de los ciudadanos, de unos partidos que viven su propia realidad, se ha mostrado, desafortunadamente para la sociedad española, como un simple espejismo o una quimera en el mejor de los casos, aunque seguramente, el pequeño circulo de personas, que encabezado por Rosa Diez, se han hecho dueños y señores del partido, siempre tuvo entre sus planes llevar a cabo la gran mentira, el ignominioso fraude que esas siglas representan al día de hoy.

Donde se hablaba de pluralidad, de tolerancia, de laicismo, de participación, de democracia interna, de listas abiertas para elegir a los responsables de partido, de limite de mandatos, de separación de cargos, etc, solo queda una estructura de mando completamente vertical, casi militar, acaudillada por una líder mesiánica egocéntrica, ambiciosa y despiadada, que ha dejado en el camino a la mayoría de los que con su trabajo, su dinero y sus ilusiones, hicieron de UPYD una realidad política. Hoy, el partido de la regeneración democrática, no es más un pudridero de ideas y valores éticos, mandado por un reducido grupo de personas, (no más de 6 o 7 ), que agrupados y sostenidos por una fidelidad casi perruna a la líder, actúa como una guardia pretorina, con la única función de “limpiar” el partido de todas los militantes que resulten “molestos”, o que simplemente, puedan llegar a serlo. De esta forma, cada día se disuelven comités locales, comarcales o provinciales, se vetan a dirigentes, se les expulsa, o se impide, a la poca estructura territorial que queda, desarrollar cualquier tipo de actividad política o tomar ninguna iniciativa en el ámbito de sus competencias, que no sea previamente aprobada por ese aparato, casi policial, instalado de Madrid.

Parece mentira que eso pueda ocurrir, pero desde la dirección nacional que encabeza Rosa Diez, se está ejecutando una verdadera labor de sabotaje interno, con el objetivo de impedir que dentro del partido se pueda desarrollar una minima estructura territorial con capacidad de hacer política en sus respectivos ámbitos, y que de lugar a la aparición de nuevos liderazgos que hagan visible al partido y sus propuestas, sin tener que depender de la omnipresencia de la caudilla. Mientras tanto Rosa Diez, es la única autora de las propuestas concretas del partido, que no son otras que las que ella misma, y sin contar con nadie, se inventa cada día sin otro norte que ir a la contra de lo que propongan los demás partidos. Por eso UPyD no es un partido con una diputada, sino una diputada con un partido a su servicio, sin otro fin que el de garantizarle la continuidad en el cargo. Todo lo demás, no es más que puro atrezzo. Por eso no quiere militantes ni estructura; solo figurantes, pega carteles y palmeros.

El discurso ético y regeracionista que, avalado por algunos intelectuales como Fernando Savater, fue capaz de seducir a una gran cantidad de hombres y mujeres de una gran valía personal, y que nunca habían militado en ningún partido, o lo habían abandonado decepcionados por sus formas de proceder, hoy es un ejercicio de hipocresía y cinismo en manos de aquellos que han secuestrado ese discurso y la siglas, en busca de un pesebre para medrar al calor de la gran vaca sagrada.

La mayoría de los mejores militantes, los más honestos, los más capaces y los más coherentes,, ya no están ahí. Se han marchado o han sido obligados a marcharse. Aún quedan algunos que se resisten a aceptar que han sido engañados y que sus esfuerzos solo ha servido para el provecho personal de un grupo de oportunistas y arribistas sin escrúpulos, pero mientras más continúen alimentando la farsa, más los beneficiaran. Las ideas y los valores que alumbraron ese proyecto siguen siendo necesarios y validos, pero no puede ser representado por el partido de Rosa Diez, porque tanto ella como los que le acompañan, personifican el paradigma de todo lo contrario.

Agustín Vega Cortés
Exmilitante de UPyD

CREADA POR JÓVENES Y ESTUDIANTES
Nace la primera asociación que defenderá "a nivel nacional" la libertad lingüística
Este martes ha nacido en Madrid una plataforma que luchará por la libertad lingüística. Creada por estudiantes, es "la primera que a nivel nacional" defenderá que no se vulneren los derechos. Su objetivo es concienciar que esta es una "batalla" que afecta a todos y no sólo a una comunidad.
JAVIER LOZANO Libertad Digital 12 Enero 2010

Este martes se ha presentado en Madrid la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística, una plataforma que pretende defender el derecho de utilizar este derecho en todo el territorio nacional.

Su presidente, Pablo Yáñez, estudiante de 20 años, ha relatado a Libertad Digital por qué ha nacido esta asociación. Su objetivo es dar "un ámbito nacional" a la defensa de la libertad lingüística para que esta lucha no se realice únicamente en las comunidades en las que el castellano es atacado.

"Queremos concienciar a la gente de que cuando se vulneran los derechos constitucionales se genera un problema nacional no sólo en un lugar determinado", sentenció Yáñez, que actualmente es estudiante de Ciencias Políticas. Esta asociación, creada inicialmente por estudiantes y con un perfil juvenil, es "la primera asociación en España que nace para defender la libertad lingüística en todo el territorio nacional".

La ANLL ha tenido un recuerdo muy especial por todas aquellas plataformas que han defendido la convivencia real del castellano con las lenguas cooficiales en comunidades como País Vasco, Galicía, Cataluña o Baleares. Mención especial han tenido Galicia Bilingüe, Círculo Balear, Ciudadanos y el resto de organizaciones que trabajan por acabar con la imposición que los nacionalistas intentan hacer de las lenguas cooficiales.

De este modo, Yáñez consideró que estas asociaciones "son un ejemplo a seguir" e indicó que la recién nacida plataforma tiene que aparecer con una "conciencia autocrítica pidiendo perdón por haberles dejado solos tanto tiempo". "Es un error que los demócratas hemos cometido", indicó.

La concienciación será su principal prioridad. Por ello, su objetivo es que la gente se dé cuenta de que "cuando en Baleares se impone el catalán para acceder a una plaza de enfermero a uno de Burgos se le está restando su libertad". En opinión del presidente de ANLL "es un problema de todos y el recorte de derechos parecía que sólo afectaba allí cuando no es así, nos afecta a todos".

Para poder conseguir esta concienciación, la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística pretende "recorrer España ganando adeptos y trasladando el mensaje de que se están vulnerando derechos". Para ello, también se servirán de las nuevas tecnologías.

A su juicio, esta "batalla" tiene que ser mediática y su trabajo será conseguir una concienciación mediante acciones con repercusión mediática".

AGLI, FADICE y ANLL
Nota del Editor
 12 Enero 2010

Como ya hemos manifestado en la reunión, les damos la bienvenida y les deseamos mucho éxito. También les hemos hecho saber que en AGLI llevamos más de 20 años de lucha, que en la dirección de AGLI www.libertadidioma.com están disponibles los documentos que elaboró FADICE (Federación de Asociaciones por el Derecho al Idioma Común Español) y el libro de Manuel Jardón, en el que demuestra que la mejor política lingüística que la que no existe (posición de AGLI), y la discrepancia ideológica que mantenemos con ellos y con otras asociaciones en cuanto nosotros defendemos la libertad hasta el límite de la libertad ajena, defendemos la constitución y por tanto el deber de conocer español, y consecuentemente las lenguas regionales no tienen el mismo rango que el idioma español y no se pueden equiparar en ningún sentido, mantenemos que el bilingüismo obligatorio no aparece en la constitución española, y  por tanto, nadie puede reclamar vivir en el espacio público en base a lengua regional alguna, que sería una imposición inadmisible para los demás.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Galicia
El PP contra la sociedad civil
Cristina Losada Libertad Digital 12 Enero 2010

Núñez Feijóo ha venido a tildar de "extremistas" a todos los que critican su borrador de decreto lingüístico. Así, de un plumazo, mete en el mismo fétido saco a quienes quieren desterrar el idioma español y a quienes no desean excluir a ninguna de las lenguas cooficiales. El juego, siempre sucio, se llama equidistancia. O también: ni con unos ni con otros. Es una geometría tosca para intentar colocarse en ese centro tan codiciado como misterioso. El artificio requiere convertir dos posiciones de naturaleza distinta –una respetuosa con el bilingüismo, otra contraria a él– en polos similares pero opuestos, para después ubicarse, con gran superioridad moral, en el justo medio.

Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe, ha denunciado la maniobra de Feijóo para equipararlos con los partidarios de erradicar la lengua común. La Xunta, alerta Lago, ha puesto en marcha la maquinaria para "machacar" a su asociación, que rechaza el decreto propuesto por incumplir las promesas del ahora equidistante. Y ahí llega la parte ridícula. Si linda con el fanatismo reclamar que los padres elijan el idioma de todas las asignaturas troncales, explique Feijóo por qué se comprometió a ello. O confiese el Feijóo presidente que el Feijóo preelectoral incurrió en nefasto extremismo. Confesión pública que también deberían realizar su mano derecha, Alfonso Rueda, y Ana Pastor. Pues ambos acudieron a la manifestación de Galicia Bilingüe que pedía lo antedicho y Pastor concitaba aplausos en los mítines cuando elogiaba a la asociación.

Cuánta miseria. Los partidos políticos establecidos sólo conciben un tipo de relación con la sociedad civil organizada: la dependencia. Unos la infiltran, la fagocitan, la manipulan y, si es preciso, la fabrican. Es el estilo del PSOE. El Partido Popular no se inmiscuye, pero la vigila con suspicacia, recelo y mucho miedo. Teme más a los grupos independientes que a los tinglados del nacionalismo y la izquierda. Si logran respaldo social, los apoya de aquella manera, pero si no se subordinan, si osan discrepar, suelta los perros. Y ése es el tenor de la fazaña que Feijóo y los suyos preparan contra uno de los escasos productos genuinos de la sociedad civil gallega. Vaya tropa.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Estatut
Guerra en la estratosfera
Guillermo Dupuy Libertad Digital 12 Enero 2010

A Alfonso Guerra le parece "increíble" que el presidente catalán haya enviado una carta a cerca de doscientas entidades catalanas en las que les reclama una "respuesta unitaria" en caso de que el Tribunal Constitucional recorte el "estatuto" soberanista. A Guerra le parece "muy difícil de entender que una sentencia que no existe y que no se ha podido leer motive una carta, pronunciamientos ni nada", añadiendo que los políticos de Cataluña "están un poco en la estratosfera".

Aunque uno estaría dispuesto a compartir la "incredulidad" de Guerra, la verdad es que a mí ya no me sorprende nada de los socialistas, en general, y de los catalanes muy en particular. Tan "increíble" como cierto es que los socialistas han tenido y siguen teniendo como aliados y socios de gobierno a quienes no tuvieron reparos en reunirse con ETA para, según las propias palabras de la banda no desmentidas por sus interlocutores, "diseñar estrategias conjuntas para la desestabilización del Estado español".

Tan "increíble" como cierto fue también que el entonces presidente de la Generalitat, el socialista Pascual Maragall, en tiempos en los que aun ni siquiera estaba redactadada, amenazó claramente al entonces gobierno del PP con un "drama" si el Congreso de los Diputados no accedía a la "reforma" estatutaria que reclamase el parlamento autonómico.

Aunque ahora Guerra vuelva a ir de crítico del estatuto soberanista catalán, recordemos también que él fue uno de los que votaron a favor de ese engendro en el Congreso de los Diputados; cosa tan "difícil de entender" y tan cierta como que, después de afirmar que "lo de la nacionalidad andaluza es una broma para el 99 por ciento de los andaluces", aprobó un nuevo estatuto para aquella comunidad autónoma que proclama ese y muchos otros disparates.

Volviendo al estatuto catalán, bien está que en la revista Temas para el Debate se puedan leer artículos en los que se recuerda a los nacionalistas que es una "falacia" aseverar que el "estatuto, por el hecho de haber sido aprobado por dos parlamentos y sometido a referéndum en su comunidad, no podría ser declarado inconstitucional". Esta es ciertamente la "falacia" que venía a defender el manifiesto disfrazado de editorial en defensa del estatuto, y que Esperzanza Aguirre, con ironía británica, consideró como "una idea novedosa pero antijuridica".

Sin embargo, no faltará gente que le pueda parecer "increíble" leer tan certera y aguerrida defensa de la separación de poderes en una revista cuyo consejo editorial preside el otrora enterrador de Montesquieu y actual presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra.

De lo que estoy seguro es que no son los políticos catalanes los únicos en España que están en la estratosfera de decir y hacer cosas increíbles pero ciertas con tal de seguir en el poder.

Montilla, denunciado por amenazas y coacciones a magistrados del TC
Diego Carrasco. www.gaceta.es 12 Enero 2010

La fiscal superior del TSJ de Cataluña abrirá diligencias previas. El presidente se comprometió a dar más de 90 millones a la prensa catalana por su apoyo.

Madrid. El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias ha denunciado al presidente de la Generalitat, José Montilla, por presuntos delitos de amenazas y coacciones contra los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

El núcleo principal del contenido de la denuncia son las reiteradas manifestaciones de Montilla sobre la futura sentencia que emita el TC sobre el Estatuto catalán. Según se desprende de la denuncia presentada ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que ha tenido acceso LA GACETA, se relata que el día de la Diada Montilla afirmaba en su mensaje institucional: "Nada frenará el despliegue del Estatuto catalán". Asimismo, "con fecha de 26/11/2009, 12 diarios catalanes presionan al TC con un editorial conjunto orquestado por el denunciado José Montilla.

A cambio de la publicación de ese artículo hubo un compromiso de apoyo institucional de la Generalitat a los referidos medios de comunicación por valor de más de 90 millones de euros, entre subvenciones, publicidad y campañas". Por si esto no fuera suficiente, el sindicato Manos Limpias señala que la semana pasada "Montilla envió una carta a más de 200 instituciones donde promueve un frente civil de rechazo a la sentencia del TC y les insta a sumarse a una respuesta unitaria catalana". Para el secretario general del colectivo de funcionarios públicos, Miguel Bernad, "el mensaje de Montilla es claro y determinante, es decir, sublevar a la población civil de Cataluña, si la sentencia que se dicte no le satisface". Ánimo de presionar Por todos estos hechos el colectivo denunciante afirma que "existe una voluntad constante, permanente y pertinaz de Montilla de coaccionar, presionar y amenazar hasta las últimas consecuencias al TC".

Para Bernad, "las palabras del presidente de la Generalitat no pueden ampararse en el derecho a la libertad de expresión, pues no supone la existencia de una opinión crítica, sino de un dolo para no acatar una sentencia desfavorable a sus intereses". Así las cosas, este mismo colectivo también denunció al vicepresidente del Gobierno catalán, Carod Rovira, por realizar unas manifestaciones similares a las de Montilla: "Auguro una escalada de tensión. Es el momento indicado para ejercer presión sobre el Tribunal Constitucional".

AYER IDENTIFICó ZULOS DESDE UN HELICóPTERO
Olano, política y terror al servicio de ETA
IMPRESIONES El Mundo 12 Enero 2010

LA HIPÓTESIS de que Pedro María Olano, el radical de Lizarza que amenazó de muerte a Regina Otaola, era en realidad un enlace de ETA para pasar explosivos de Francia a los comandos que operan en el País Vasco quedó confirmada ayer. Olano identificó desde un helicóptero de la Guardia Civil zulos y lugares marcados para depositar material de la banda terrorista. Hasta su detención hace pocos días, Olano era un militante abertzale que se había presentado en unas listas de Batasuna que fueron prohibidas por la Justicia. Hoy conocemos su otra cara: la de activo colaborador de ETA. Ello corrobora que la política y el terror son perfectamente compatibles para muchos militantes de la izquierda abertzale, que no están dispuestos a romper con la banda. El Gobierno debe hacer lo posible para evitar que ETA pueda estar en las instituciones a través de personas como Olano.

La Xunta presentará el borrador del decreto del idioma a los sindicatos
El portavoz de CC.OO. - Enseñanza exigirá que la Xunta "ponga encima de la mesa un calendario de negociación"
Epwww.lavozlibre.com 12 Enero 2010

La Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia ha iniciado contactos con las organizaciones sindicales para comenzar a tratar esta semana las fechas de las entrevistas para presentar su propuesta de borrador de decreto del idioma en la enseñanza a dichas entidades, que se fijarán entre las diferentes partes.

Precisamente, el portavoz de CC.OO-Enseñanza, José Fuentes, señaló que su organización celebrará hoy "un encuentro informal" con el departamento autonómico "para hablar sobre el tema" y en el que exigirán a la Xunta que "ponga encima de la mesa un calendario de negociación" sobre el decreto que, como muy tarde, deberá iniciarse "la próxima semana". Asimismo, en función del resultado de dicho encuentro y de la postura del departamento autonómico, el sindicato valorará "convocar o no" medidas movilizadoras.

En esta línea, fuentes de FETE-UGT confirmaron que la Xunta propuso un primer contacto "informal" del que están "pendientes", aunque "no se descarta que sea mañana mismo". Por otro lado, aclararon que existen una serie de "cuestiones" que el Ejecutivo deberá cambiar y que decidirán la participación del sindicato en la huelga del día 21, convocada por la plataforma 'Queremos Galego'.

Entre dichos aspectos que deberán cambiar, mencionaron la vinculación directa de los padres respecto a la elección de idioma; el necesario 'plus' al gallego ante su situación de debilidad y su presencia en un 50 por ciento de las asignaturas. "El problema es que el sistema no está preparado para asimilar el inglés", señalaron.

De este modo, tras negar que exista una fecha para iniciar la negociación del borrador, el responsable de ANPE-Galicia, Julio Díaz, coincidió con FETE-UGT en que se debe "potenciar la formación (de los profesores) y la financiación" en el caso de implantar el inglés.

En esta línea, señaló que exigirán a Educación que el idioma de las asignaturas "debe quedar claramente definido" previamente y que los centros "estén todos en las mismas condiciones". "Que no se imparta una asignatura en un centro en castellano y esa misma en gallego en el de al lado", dijo.

Finalmente, el secretario xeral CIG-Ensino, Anxo Louzao, aclaró que "nadie se puso en contacto" con el sindicato desde la Xunta "a día de hoy", aunque señaló que su organización no participará "en una emboscada" que suponga "echar más confusión sobre el problema". "El consenso debe partir del decreto 124/2007 y si es para la mejora de esta norma estaremos dispuestos a hablarlo", concluyó.

POSTURA DE LA RAG
Por otro lado, la Real Academia Galega (RAG) anunciará "esta misma semana" su postura oficial sobre el contenido de la propuesta de decreto sobre el idioma en la enseñanza anunciado por la Xunta de Galicia y en el que se contempla que las materias se impartirán equitativamente en castellano, gallego e inglés.

El académico de la RAG Xosé Luis Axeitos explicó que el plenario de la institución se reunirá "sucesivamente" durante esta semana para elaborar un informe sobre la borrador del decreto -que sustituirá al vigente 124/2007-, al formar parte de la "responsabilidad" del organismo pronunciarse ante la norma.

En este sentido, señaló que la reunión tuvo que ser aplazada la semana pasada por las malas condiciones climatológicas, pero aseguró que el pleno se celebrará previsiblemente durante "varios días consecutivos" y "hasta terminar" dicho informe, que será dado a conocer a la sociedad a través de los medios de comunicación.

Asimismo, fuentes del Consello da Cultura Galega (CCG) aseguraron que "este mes" se analizará la propuesta de borrador del decreto por parte del pleno de dicha institución.

Las mismas fuentes avanzaron que, en todo caso, será "una propuesta institucional" que deberá salir del máximo órgano del Consello da Cultura --el plenario-- y que se convocará "con celeridad", aunque todavía "no está fijada" la fecha concreta.

LENGUAS | Consideran que el alto coste es 'un asunto menor'
El PSC y los nacionalistas piden traducción simultánea para el Senado
Luis Ángel Sanz | Madrid El Mundo 12 Enero 2010

Los senadores del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y de todos los grupos nacionalistas de la Cámara (34 en total) han presentado este martes una propuesta de reforma del Reglamento del Senado para poder usar el catalán, el gallego y el vasco en todos sus órganos: el Pleno, la Diputación Permanente, las comisiones y las comunicaciones escritas.

Para llevar a cabo esta reforma, el Senado debería contratar a un amplio equipo de traductores y comprar y adaptar los medios técnicos necesarios para implantar la traducción simultánea todos los días y en todas las actividades de la Cámara.

Los parlamentarios usarían un pequeño aparato y unos auriculares para entenderse entre ellos, ya que si no hablan el catalán o el vasco, podrán escuchar la traducción simultánea al castellano que haría un traductor profesional situado en una cabina. Exactamente igual que en la ONU.

Los senadores que proponen esta reforma dijeron no saber cuánto costaría implantarla, pero parlamentarios de todos los grupos nacionalistas respondieron a EL MUNDO.es que el impacto económico de la implantación de las lenguas es "un asunto menor".

"El coste no es relevante porque los derechos no se pueden cuantificar y tenemos derecho a dirigirnos al Senado en nuestra lengua", explicó la senadora del PNV Miren Leanizbarrutia.

Un sólo día de traducción simultánea en la Comisión General de las Comunidades Autónomas –el único órgano del Senado donde se pueden usar todas las lenguas españolas- cuesta más de 6.000 euros. Pero no se sabe a cuánto ascendería extender ese día a todo el año porque los traductores tendrían que ser personal de la Cámara y no profesionales contratados para días puntuales.

La propuesta está firmada por 34 senadores y ha sido presentada en rueda de prensa por 15 parlamentarios de todos los grupos nacionalistas. A CiU, ERC, PNV, ICV, BNG y otros partidos pequeños se ha unido el PSC, socio del PSOE en Cataluña, pero que en la Cámara Alta tiene grupo propio al margen de los socialistas españoles, Entesa Catalana de Progrés. Sin embargo, en la presentación sólo ha estado un parlamentario socialista (aunque son 10), Lluís Maria de Puig.

Los senadores nacionalistas han apelado a la Constitución para defender su propuesta. Miquel Bofill, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha apuntado que muchos senadores del PSOE y del PP están de acuerdo con la propuesta, aunque ninguno ha querido apoyarla con su firma, con lo que se mostró optimista sobre su futuro.

El portavoz de CiU, Jordi Vilajoana, ha instado a todos los senadores a apoyar la reforma –que necesitaría el voto favorable del 51% del Pleno- "porque es razonable y coherente" con la Constitución y con las mociones aprobadas en el Senado en este sentido.

José Manuel Pérez Bouza, del BNG, ha apelado a "la normalidad": "Es algo que debería ser normal en el Senado desde hace 30 años".

CULTURA | Nueva ley de cine catalán
Los DVD distribuidos en Cataluña deberán incluir el catalán en el menú de idiomas
* Como se preveía, impone el doblaje al catalán a la mitad de las cintas
* Los filmes europeos con menos de 16 copias están exentos
* La norma pasa ahora al Parlament, donde puede sufrir modificaciones
* Busca una 'presencia equiparable' del catalán y el castellano en el cine
* Distribuidoras, salas, el PP y Ciutadans, en contra de las sanciones
Eva Belmonte | Barcelona El Mundo 12 Enero 2010

El Govern ha aprobado esta mañana la Ley del Cine Catalán, que incluye, entre otras obligaciones, la obligación de doblar o subtitular al catalán el 50% de las copias que se distribuyan de una película. Joan Manuel Tresserras, conseller de Cultura y Medios de Comunicación, ha sido el encargado de sacar adelante esta norma, uno de los proyectos más polémicos de su departamento. De hecho, tanto buena parte de la industria -las distribuidoras y las salas- como el PP catalán y Ciutadans mostraron su oposición a esta ley desde que se dio a conocer su articulado, en marzo de 2009.

Ahora, la normativa se debatirá en el Parlament, donde puede sufrir modificaciones a partir de las alegaciones de los grupos políticos. Aun así, Tresserras se ha mostrado convencido de que la ley no sufrirá grandes cambios en su trámite parlamentario. "La participación ha sido muy intensa hasta ahora", ha asegurado el conseller, que la ha llegado a calificar de "gran obra colectiva". Tresserras, además, ha recordado su "voluntad de alcanzar el máximo consenso" político y en el sector. Pero, ha advertido, "en la búsqueda de este contexto no renunciaremos a los objetivos básicos de la ley".

En cuanto se apruebe, los profesionales del sector tendrán cuatro años para adaptarse a la nueva legislación. La ley, en palabras del conseller Tresserras, pretende que haya una "presencia equiparable" del catalán y el castellano en el cine.

En concreto, la Ley del Cine Catalán establece que las películas deberán estar dobladas o subtituladas en catalán en la mitad de los casos. Esta imposición no afecta a las cintas cuya lengua original sea el castellano o el catalán. En el caso de que la película cuente con menos de 16 copias y sea europea -las procedentes del resto de continentes están afectadas desde la segunda copia-, sólo le afectará la norma en el caso de que esté subtitulada, en cuyo caso estos subtítulos deberán ser, también, un 50% en catalán.

La norma también establece la obligación de que los DVD que se distribuyan en Cataluña incluyan el catalán entre los lenguajes disponibles en sus menús de doblaje y subtítulos. Así, la norma finalmente aprobada en el Govern endurece las condiciones para distribuir cine en Cataluña. Además de ampliar a los DVD la regulación, aumenta las películas afectadas: si el primer borrador excluía a todas las cintas con menos de 16 copias, el nuevo texto sólo permite esta exclusión a las películas europeas.

La ley impone sanciones de hasta 75.000 euros. En el caso de los incumplimientos de los límites lingüísticos, incluidos en el artículo 18, las multas van de los 1.000 a los 5.000 euros por cada copia se salte los porcentajes lingüísticos, según el primer texto de la ley.
 

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