AGLI

Recortes de Prensa    Miércoles 13  Enero  2010

 

Incumplimiento electoral
Cristina L. SCHLICHTING La Razón 13 Enero 2010

Alberto Núñez Feijóo prometió en la campaña electoral del 2009 que los padres gallegos podrían elegir la lengua en la que sus hijos estudiasen. El anuncio ahora de que los niños estudiarán obligatoriamente en las dos lenguas (se añade el inglés para hacer más aceptable el modelo) y de que los padres sólo podrán elegir el idioma de la mitad de las asignaturas «troncales», certifica que también el presidente gallego tiene miedo a los nacionalistas. Todo indica que Feijóo sigue las máximas de Génova de buscar el punto medio entre todas las posturas políticas, asunto bueno en cuestiones económicas, o de geografía, pero inútil y peligroso en temas culturales que los nacionalistas defienden a machamartillo por razones ideológicas.

Si pretendía ganarse a los galleguistas extremos con estas concesiones la realidad misma va a demostrarle que es un intento inútil porque, para el próximo día 21, está convocada la primera huelga y manifestación en Santiago de Compostela de los padres y maestros por el gallego, que se pueden imaginar viven estas cosas como una batalla de liberación nacional.

Una encuesta realizada por el propio Gobierno gallego establecía recientemente que sólo un 26% de los padres son partidarios de que las asignaturas principales se den en varios idiomas. Por el contrario, una abrumadora mayoría, el 55% nada menos, las quieren en castellano. ¿Por qué no dejar elegir entonces? ¿Qué tiene de malo que los padres elijan las troncales en español? Ya les respondo yo: no tiene nada de malo, es más democrático y responde mejor a la voluntad popular. El problema estriba en intentar contentar a todos. Mientras los socialistas aplican el rodillo sin consideración alguna, al margen de gigantescas manifestaciones populares; y los nacionalistas tiran incesantemente hacía la independencia de sus respectivos terruños, los conservadores sienten vergüenza de cumplir sus promesas electorales y garantizar, sin más, la libre elección de la lengua en la escuela. Es imposible que las cosas se equilibren de este modo.

Feijóo
¡Manda carallo!
Juan Morote Libertad Digital 13 Enero 2010

Núñez Feijóo decidió zanjar la polémica en torno a la libertad de enseñanza en Galicia con un decretazo; éste aparentemente igualaba la situación del español y la del gallego. Así, manifestaba ufano, dos días después de la presentación del mismo, que el texto normativo proporcionaría un equilibrio real, blindado, de horas lectivas en gallego y en castellano. Prima facie, problema resuelto. No obstante, para muchos ciudadanos que vivimos en comunidades teóricamente bilingües éste no era el tema. El quid de la cuestión no se cernía sobre el número de horas de una u otra lengua. La clave de este problema era la defensa de la libertad.

Si juzgásemos la importancia de la libertad en función de las veces que es invocada, resultaría que la libertad suele ser la dama más deseada en la campaña electoral y la novia más despreciada apenas se alcanza un mínimo ápice de poder. La opción de Núñez Feijóo peca de encarnar el desprecio habitual por la libertad. Bajo la aparente solución ecléctica que el decreto plantea, se oculta la conculcación del derecho paterno a elegir la lengua vehicular de la educación de sus hijos. Sin embargo, no me extraña que Rajoy se haya acogido a este decreto como un perseguido se acogería a Sagrado, ha visto en este modelo un puente moldeable sobre el que transitar codo con codo con los nacionalistas catalanes, baleares, vascos...

Ahora toda la patulea progre, especialmente la caterva mediática, se pondrá del lado del decreto tal que si el mismo fuese un paso de la derecha hacia el sentido común, y claro Rajoy y los Albertos, tan contentos. Estos chicos de Génova no se han enterado de que el decreto de Feijóo representa una cesión irreversible al lenguaje y políticas nacionalistas. Si la solución es repartir las horas, el siguiente paso será necesariamente ir variando el reparto en el sentido que marque el Gobierno de turno. Desgraciadamente, ya sabemos que este sentido siempre es el mismo. Este modelo consagra que no se podrán estudiar todas las asignaturas troncales en la lengua de elección del alumno, sino que estas se repartirán entre las tres lenguas en juego, a saber, el español, el gallego y una lengua extranjera, preferiblemente el inglés. No está previsto qué ocurrirá si no hay profesorado cualificado para impartir docencia de materias en inglés; aunque considerando el protagonismo que se otorga a los consejos escolares, lo previsible es que acabe por imponerse la enseñanza en gallego, al menos por lo que atañe al sistema público escolar.

Vistos todos los inconvenientes que esta regulación implica, sería lógico plantear una revisión de la misma que devolviera el protagonismo en la educación a los padres, siquiera a aquellos que estuvieran dispuestos a asumirlo. Pues no, don Mariano Rajoy se ha manifestado mudo, absorto y genuflexo ante el modelo definitivamente liberticida auspiciado por Feijóo. Es más, no contento con su implantación en Galicia, pretende extenderlo al resto de comunidades que tengan dos lenguas cooficiales. Todo esto deriva de la incapacidad de Rajoy para aventajar al PSOE en diez puntos y, en consecuencia, de la necesidad de mantener abierta la puerta del pacto con los nacionalistas. ¡Manda carallo el aprecio de Rajoy por la libertad!

IMPONDRá EL CATALáN EN EL CINE... Y EN EL SENADO
A Montilla ya no le gana nadie a nacionalista
IMPRESIONES El Mundo 13 Enero 2010

EL GOBIERNO de Montilla aprobó ayer el proyecto de ley del cine de Cataluña que da una vuelta de tuerca más a la imposición del catalán bajo amenaza de multa, que puede llegar a los 75.000 euros. Se trata de una normativa que nace en contra de la opinión de la industria -a la que se obliga a doblar o subtitular al menos la mitad de las películas, aun cuando eso sangre su cuenta de resultados-, pero sobre todo es una ley en contra del sentido común. De nada ha servido que los empresarios hayan advertido de que la medida provocará la pérdida de unos 2.000 puestos de trabajo. Pese a sus protestas, el proyecto se ha tramitado por vía de urgencia, para que entre en vigor en junio. Visto esto, no es extraño que los senadores del PSC impulsaran ayer junto a los grupos nacionalistas la propuesta de reforma del Reglamento del Senado para que puedan usarse las lenguas autonómicas en la Cámara Alta, lo que obligaría a contratar a un amplio equipo de traductores, y todo para lograr que se entiendan unos españoles con otros. Montilla puede presumir ya de que nadie le gana a nacionalista

Catalanismo
La chuleta de Montilla
José García Domínguez Libertad Digital 13 Enero 2010

Parece que al esforzado José Montilla han vuelto a sorprenderlo copiando de una chuleta con tal de garabatear un par de frases en la germanía vernácula sin acabar provocando estragos irreparables a la gramática de Pompeu Fabra. Un rutinario sainete que, al margen de revelar la obvia diglosia moral que padece don José, deja entrever su dimensión humana más entrañable. Y es que hay algo en verdad enternecedor tras ese arquetipo tragicómico, el del charnego agradecido, que encarna el hombre. Algo ridículo y conmovedor a un tiempo porque encuentra su fundamento último en un patológico autodesprecio.

Sin ir más lejos, repárese, a ser posible con cristiana compasión, en el muy impostado acento con que intenta ocultar su deje meridional al perorar en castellano. Puro teatro. Del absurdo, huelga decir. Así, el charnego agradecido, ese personaje literario en busca de autor del que Montilla supone la máxima expresión plástica, ha identificado a su peor enemigo en la imagen que todas las mañanas le devuelve el espejo al afeitarse. Al cabo, seguro que fue ahí, en la íntima soledad del excusado, donde juró que se convertiría en el más nacionalista de los nacionalistas ante el imposible metafísico de alcanzar la genuina catalanidad heráldica.

Una mutación, la suya, nada atípica por lo demás. Pues al igual que los más feroces inquisidores suelen resultar antiguos conversos, entre los catalanistas irredentos se da un predominio casi hegemónico de charnegos reciclados. Así Carod o Ridao, amén del innúmero clan de los López, Sáez y Pérez que acampa en CiU. Y así también Montilla. De hecho, la principal diferencia fáctica entre los catalanistas de Iznájar y los de verdad suele ser ésa: la dogmática, visceral intransigencia doctrinal de los recién llegados.

Lluís Aracil, el gran filólogo valenciano que inspiró la normalización lingüística antes de caer del caballo y pasarse a la disidencia, auguró que, tarde o temprano, arribará el cansancio, el tedio, el asco infinito frente a la religión catalanista. Pero que la acción subliminal sobre el inconsciente de toda una generación ya habrá supuesto para entonces una devastación irreparable, al haber interiorizado el vinculo sacro entre lengua y territorio. Quién le habría de decir que entre esas pobres víctimas se encontraría el mismísimo presidente de la Generalidad.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Rescates
El gran golpe
Manuel Llamas Libertad Digital 13 Enero 2010

El atraco del siglo está aconteciendo delante de nuestros ojos y quizá precisamente por eso, la mayoría ni siquiera se da cuenta. Día sí y día también, cualquiera puede seguir por la prensa el robo orquestado de la clase política a nuestros bolsillos. Pero en este caso, no me estoy refiriendo al latrocinio de la subida fiscal sino al despilfarro de recursos que supone y supondrá el rescate público del sistema financiero español.

Si un sólido sistema democrático como el de Estados Unidos no ha logrado evitar el despilfarro de miles de millones de dólares para rescatar por la puerta de atrás a grandes bancos de Wall Street a través de la aseguradora AIG, qué no pasará en un país como España, en el que la cultura del pelotazo, lejos de desaparecer, está aún plenamente vigente, sobre todo, en el sector público.

El actual secretario del Tesoro de Estados Unidos, Tim Geithner, está en el punto de mira tras haber ocultado a la opinión pública un gran rescate bancario sin el consentimiento del Congreso cuando presidía la Reserva Federal de Nueva York. Haciendo uso de prácticas propias de la mafia, Geithner ordenó a AIG tapar el asunto pero, por suerte, un congresista levantó la liebre gracias al apoyo de algunos medios de comunicación.

El escándalo, pese a que ahora está siendo investigado, pone de relieve la facilidad y el descaro con el que los organismos públicos despilfarran el dinero de los contribuyentes –en este caso, un mínimo de 13.000 millones de dólares– en beneficio propio, sin importar las consecuencias.

El Gobierno español ya ha puesto encima de la mesa un fondo de rescate (FROB) por valor de 90.000 millones de euros, que equivale al 9% del PIB nacional. Este inmenso dineral será gestionado por el Banco de España y el Ministerio de Economía. El manguerazo de billetes comenzará en breve y, sin duda, supondrá un caldo de cultivo idóneo para el ejercicio de la corrupción política y financiera al más alto nivel. Numerosas entidades serán salvadas con nuestro dinero sin importar la ineficiente gestión llevada a cabo por sus directivos –en su mayoría ex políticos en el caso de las cajas de ahorros– ni calibrar si realmente merece la pena o no acudir al rescate.

Por el momento, la intervención de Caja Castilla-La Mancha (CCM), la primera del Banco de España, se está saldando sin consecuencias penales de ningún tipo. Y eso que la entidad vulneró la ley al conceder créditos por valor de casi 1.000 millones de euros al entorno de sus directivos, aparte de dejar un agujero milmillonario en su balance.

Asimismo, la fusión de Caja España y Caja Duero supondrá, como mínimo, 562 millones de euros para las arcas públicas. Pero lejos de arrugarse, ambas entidades han acordado duplicar los componentes de la nueva Asamblea General (34 personas) para asegurarse que todos los directivos mantendrán su sillón tras la integración.

¿Alguna reacción política al respecto? Ninguna. Los grandes partidos aplauden al unísono y con fervor la dilapidación de nuestros escasos recursos con tal de mantener inamovible el statu quo que les garantiza una posición privilegiada y dominante como casta. Por desgracia, estos dos pequeños ejemplos de robo institucional se verán multiplicados conforme comience a funcionar el famoso FROB. El gran golpe está en marcha y las víctimas, una vez más, serán todos los contribuyentes.

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

Anacronía de ETA
La significación moral de la memoria de las víctimas impide al Estado, nos impide a todos, pasar página. El abandono de las armas ya no cotiza políticamente, sólo es un paso para la integración social, que implica el reconocimiento del daño causado y la demanda de perdón
REYES MATE El Correo 13 Enero 2010

PROFESOR DE INVESTIGACIÓN DEL CSIC

Cinco presos de ETA han sido expulsados de la organización porque entienden que el tiempo de la «lucha armada» -así llaman al tiro en la nuca de seres inocentes- no les lleva a ninguna parte. Han decidido ponerse del lado de Arnaldo Otegi, quien, después de saborear el protagonismo político que puede proporcionar la democracia, ha experimentado el frío que hace fuera de las instituciones. Tras sumar ventajas y desventajas, muchos etarras han llegado a la conclusión de que conviene cambiar de estrategia.

Los que propician el cambio cuentan con que los representantes del Estado sabrán valorar el gesto y actuar consecuentemente; es decir, tendrán en cuenta unos principios no escritos pero siempre supuestos en casos de abandono de la violencia por parte de grupos que fundan su política en el uso del terror. Estos principios son dos: que la política es de los vivos y que la autoridad de la soberanía popular está por encima de la ley. Son curiosamente los mismos que invocaba la declaración de la izquierda 'abertzale' leída en Venecia y Alsasua el pasado mes de noviembre.

Que la primera tarea del Estado sea la de proteger la vida de sus ciudadanos es algo que nadie discute. En 'La cuestión judía', Carlos Marx apuntaba que el Estado moderno está «para garantizar a cada uno de sus miembros la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad». El derecho a la seguridad es la base de todos los demás, por eso aceptamos sin rechistar los límites a la libertad y a la decencia en los controles aeroportuarios. Eso lo saben muy bien los terroristas a la hora de negociar. Saben que el abandono de las armas es un regalo inmejorable al Estado, pues le permite a éste cumplir su función. Y como saben el valor que tiene para el Estado, cuentan por adelantado los beneficios que ello les puede reportar. Para empezar, pasar página y olvido de los delitos.

La invocación de la soberanía popular es otra carta que ambas partes se guardan en la manga. En su nombre todo es posible. Si las partes están de acuerdo en el trato, el Estado puede propiciar una lectura generosa de la legalidad y hasta orillarla, si hace al caso. Todo texto escrito debe someterse a la voluntad no escrita de los negociadores porque nada hay por encima de la voluntad del pueblo.

La novedad es que esa estrategia ya no vale. Esos principios ya han sido superados por la conciencia ciudadana y por la racionalidad moral. Ahora relacionamos la política de los vivos con la justicia a los muertos. Si queremos construir una sociedad en paz, no podemos perder de vista la violencia anterior. Cada nuevo asesinato complica más la salida, pues añade un nuevo significado al crimen que pasará factura a la hora de construir la convivencia futura. La razón de este cambio de época es la significación creciente que está adquiriendo la víctima, gracias a la irrupción en la escena política de un factor hasta ahora desconsiderado, a saber, la memoria. Las víctimas han dejado de ser un efecto colateral para pasar a ser piedra angular de la política. Las víctimas, al hacerse visibles, nos dicen sobre qué sufrimientos, injusticias o hipotecas está construido el presente, obligándonos a hacernos cargo.
La autoridad de la memoria está afectando al principio de la soberanía popular. No cualquier decisión es de recibo. La moralidad de una decisión no depende sólo del grado de autonomía con que se tome, sino también de que quien decide esté dispuesto a asumir responsabilidades heredadas. Nacemos con una hipoteca o responsabilidad que no derivan de actos nuestros, sino del lugar en el que nos insertamos. La patria en que nacemos tiene una deuda -un patrimonio material y espiritual construido sobre el sufrimiento de otros- que tenemos que asumir y que por eso condiciona nuestra libertad. La soberanía popular tiene sus límites.

Esta revolución conceptual está teniendo lugar sin que el famoso 'movimiento de liberación nacional vasco' al parecer se haya enterado. Lógico que a los presos se les haya parado el reloj en el día del juicio, pero deberían tomar nota de ello todos esos círculos concéntricos, tan bien estudiados por Aurelio Arteta y que van desde el apoyo material y espiritual, desde cátedras y púlpitos, hasta la indiferencia de los espectadores. ETA no se sostiene sólo por el uso de las pistolas, sino también y principalmente por el apoyo cultural que le viene de lugares con prestigio. Esos intelectuales, clérigos o articulistas deberían saber que sus tópicos ya no se sostienen argumentalmente. Imaginemos que el Estado pasara página por el solo hecho de abandonar las armas, ya que así garantizaría la vida de los vivos. ¿Qué impediría volver a matar si basta dejar de hacerlo para que todo se olvide? Para construir la política sin violencia es imprescindible mantener viva la memoria de la violencia pasada.

Otegi y sus amigos no pueden contar con la complicidad del Estado en la invocación de esos dos principios. Se han quedado anclados en un tiempo que ya no existe. El Estado de Derecho es un proceso que se ha ido enriqueciendo con contenidos cada vez más exigentes. Pues bien, hemos llegado a un punto en el que la significación moral de la memoria de las víctimas le impide al Estado, nos impide a todos, pasar página bajo ningún concepto. El abandono de las armas ya no cotiza políticamente, sólo es un paso para la integración social que implica el reconocimiento del daño causado y la demanda de perdón.

El TC busca fórmulas suavizadas para evitar hablar de inconstitucionalidad
Rechaza que Cataluña tenga poder judicial propio, alegando que no está previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial
N. C. | MADRID ABC 13 Enero 2010

Las reuniones informales que desde hace un mes mantienen grupos de magistrados del Tribunal Constitucional parecen estar dando frutos en lo que se refiere a la difícil búsqueda de fórmulas que les permitan llegar a un acuerdo amplio sobre el Estatuto de Cataluña. En algunos casos, esas fórmulas pasan por evitar una declaración abierta de inconstitucionalidad y dejan paso a expresiones suavizadas o a declaraciones que no mencionan si tal o cual precepto es o no acorde con la Constitución. Lo cierto es que el Tribunal se enfrenta ya a la recta final de esta tortuosa deliberación -lleva ya tres años largos- y los magistrados, conscientes de que la resolución no puede sufrir nuevos retrasos, se esfuerzan al máximo para buscar esos complejos puntos de encuentro.

Y en esta línea de trabajo se va a mantener el Tribunal al menos en las próximas jornadas, en las que a día de ayer seguía sin convocarse Pleno. Fuentes consultadas por ABC insisten en la idea de que la sentencia podría conocerse en dos o tres semanas o, como muy tarde, a lo largo del mes de febrero.
De momento, según los mismos medios, los magistrados podrían haber llegado a acuerdos sobre cómo resolver algunas de las cuestiones que han resultado más espinosas. Sobre el empleo del término nación en el preámbulo para definir Cataluña, así como respecto al uso de los símbolos nacionales, la sentencia podría suavizar la declaración de inconstitucionalidad utilizando la expresión «no se a comoda» o alguna otra similar.

Sobre la existencia de un poder judicial catalán, los magistrados han acordado evitar una mención expresa a su encaje en las previsiones de la Carta Magna. En su lugar, según señalan las fuentes consultadas por este periódico, la sentencia aludiría a que Cataluña no puede disponer de un poder judicial propio mientras esa posibilidad no esté prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial o, en su caso, se regule en una ley con rango de orgánica. En definitiva, el TC utilizaría un argumento de índole técnico para rechazar la constitucionalidad de esa pretensión.

Entre los asuntos que aún no estarían cerrados, se añade el relativo a la obligatoriedad del uso del catalán. Las fuentes citadas aseguran que aquí, como en otros aspectos «técnicos», las deliberaciones siguen abiertas.

Uno entre diez
Los mismos medios afirman que prácticamente todos los magistrados tienen dudas sobre la constitucionalidad de alguno de los 114 artículos del Estatuto catalán que fueron recurridos por el Partido Popular. Sólo uno de los miembros del Tribunal, Eugeni Gay, se ha mostrado convencido durante las larguísimas deliberaciones celebradas en este tiempo de la plena constitucionalidad de la norma catalana. Este magistrado, integrado en el llamado sector progresista del Constitucional, es, por su origen catalán, el más próximo a la Generalitat. Antes de llegar al TC, en noviembre de 2001, fue durante ocho años decano del Colegio de Abogados de Barcelona, cargo que compatibilizó durante un tiempo con la presidencia del Consejo General de la Abogacía, de la que cesó en julio de 2001.

Montilla impone el catalán en las universidades privadas
G. Sánchez de la Nieta. GCT 13 Enero 2010

Todos los profesores deberán acreditar que dominan la lengua para ser contratados. El PP denuncia que están “provincializando” los campus.

Madrid.- Todos los profesores de las universidades catalanas, tanto públicas como privadas, deberán conocer obligatoriamente el catalán. Así se recoge en un borrador de decreto de ley desarrollado por la Generalitat sobre la acreditación del conocimiento lingüístico de los docentes.

Según el proyecto, al que ha tenido acceso LA GACETA, el Gobierno catalán “considera conveniente desarrollar una disposición reglamentaria sobre la acreditación de la lengua en los procesos de selección y acceso del profesorado de las universidades catalanas”. El documento concreta que el nivel de conocimiento exigible es de suficiente (nivel C), que supone la acreditación del uso satisfactorio de este idioma y la comunicación de forma oral y escrita.

Lea la información completa en la edición impresa de LA GACETA

NO HABRÁ CASILLA PARA EL CASTELLANO
El Tribunal de Cataluña avala el modelo lingüístico del catalán
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha avalado el modelo lingüístico de la Generalidad tras rechazar un recurso interpuesto por una familia, exigiendo que el formulario de preinscripción escolar incluyera una casilla para la escolarización en castellano de sus hijos.
EUROPA PRESS Libertad Digital 13 Enero 2010

Según la sentencia los magistrados estimaron que en el impreso ya se hace constar "de forma expresa" el reconocimiento de derecho a recibir la enseñanza en la lengua habitual y subrayaron que los impresos indican a pie de página que para la escolarización en castellano las familias deben solicitarlo a la dirección del centro.

El padre de los alumnos M. y D. del colegio Mare de Déu del Roser interpuso un recurso contencioso-administrativo contra Educación para exigir también que el castellano fuera la lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos.

Además, calificó de "aberrante, discriminatorio y humillante" el sistema de atención individualizada del Govern a los alumnos de entre 3 y 7 años que se escolarizan en una lengua materna que no es el catalán.

Respecto al establecimiento del castellano como lengua vehicular, los magistrados señalaron que "no es posible" de acuerdo con la normativa vigente, que establece el catalán como lengua normal de la enseñanza en todas las etapas educativas.

"No se acaba de entender que pueda ser calificada de humillante una praxis escolar que tiende, durante la primera etapa de enseñanza, a atender en castellano a alumnos cuyos padres desean que se les enseñe en esta lengua", asegura la sentencia sobre la atención individualizada, y añade que la apreciación del padre sobre este servicio es algo "desaforada".

Madrid 12-E: libertad lingüística
Pablo Yáñez www.lavozlibre.com

El mismo día en que se superaban los 500 apoyos en el perfil de Facebook -poco más de una semana abierto- se ha convocado a los medios, y a la sociedad en su conjunto, al acto de presentación de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística, que tendrá lugar el próximo 12 de enero en un céntrico hotel de Madrid.

El martes a estas horas, existirá oficialmente, por primera vez en nuestro país, una entidad cívica, de ámbito y actuación nacional, para la denuncia de las imposiciones y en defensa de la libertad lingüística.

Bien es cierto que los cimientos de la ANLL son precisamente los muchos años de trabajo que diversas asociaciones vienen desarrollando en Galicia, Baleares, Cataluña, Aragón, País Vasco y Comunidad Valenciana. Nuestra manera de homenajear su labor es recoger el testigo y el ejemplo que suponen y trasladarlo al panorama nacional.

Ha sido un error considerar los procesos de imposición lingüística llevados a cabo en estos territorios como un problema únicamente de los mismos. Imponer el catalán como requisito en la sanidad balear, impedir la matriculación en castellano en las escuelas públicas gallegas o multar por rotular en Cataluña los negocios en la lengua oficial del Estado son ataques a derechos individuales reconocidos en la Constitución y, por tanto, que nos amparan a todos los ciudadanos españoles.

El problema es tan mío como vuestro, queridos Carles, Gorka y Anxó. Mío, que habiendo nacido en Valladolid, no podré ir a la Universidad en Santiago, no podré aspirar a un puesto público en Palma, no entenderé las señales de tráfico en San Sebastián y no podré plantearme dar un futuro a mis hijos en muchas partes de mi país.

Por tanto, cerrar los ojos y dejar sólo en vuestras manos la solución a mi problema hubiese sido demasiado cobarde. La cobardía nos ha hecho dar muchos pasos atrás a los demócratas. De la autocrítica y de la necesidad de articular una respuesta nacional al conflicto lingüístico es de donde nace la ANLL que tengo la responsabilidad de presidir.

Os invito a todos los que creéis en las libertades individuales, especialmente en la libertad lingüística y en el mayor énfasis de ésta, en la libertad de expresión, a acudir el próximo martes a la presentación de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística.

Tenemos la oportunidad de dar el primer paso con fuerza, con la fuerza de quienes tenemos la razón, de quienes apoyamos lo justo, y de quienes reivindicamos ser libres de toda imposición irracional.

> Pablo Yáñez es el presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística.

¡¡¡Socorro, necesito un pinganillo!!!
Paloma Cervilla ABC 13 Enero 2010

Un disparate lingüístico. Esto es precisamente lo que me parece la iniciativa que han presentado 34 senadores de todos los grupos políticos, excepto del PP, UPN y los socialistas del PSOE, que no los catalanes del PSC que sí la han apoyado, para que, a partir de septiembre de este año, se utilicen todas las lenguas oficiales (catalán, gallego y vasco) en los plenos y comisiones del Senado. En román paladino, que para trabajar en el Senado me tengo que poner un pinganillo en la oreja para que una traducción simultánea me permita saber lo que hablan mis compatriotas sobre lo que sucede en España. Insólito.Pero lo peor no es eso, sino que para que todos nos podamos entender, el Senado tendrá que hacer un importante desembolso económico, sí importante, aunque le pese a los proponentes que le han quitado importancia a la cosa económica, para contratar un servicio de traducción. Yo espero que la sensatez de los miembros de la Mesa les lleve a impedir que en su próxima reunión se califique favorablemente la propuesta y comience su tramitación. ¿Cómo puede ser que en plena crisis económica no se le ocurra otra cosa a un grupo de senadores que aumentar los gastos de las Cámara en disparatadas iniciativas?

El filósofo contra el político
GABRIEL ALBIAC ABC 13 Enero 2010

AL político, se contrapone el filósofo. No hay conciliación: filosofía es anti-política. En España y hoy, muy pocos atendieron a ese imperativo: eran cálidas las tentaciones, y glaciales los riesgos. De ahí viene, en buena parte, la terminal miseria del pensar español. Gustavo Bueno, que es uno de los tan pocos, de los casi ninguno, que salvan aquí la rara dignidad de ser filósofo, ha ido elevando su inexpugnable atalaya, desde la cual mirar hacia el rudo artilugio del poder, reírse de él, decir con pausado sosiego: mientes; mientes y, además, eres un perfecto imbécil. Bueno, en la plenitud de su maestría, delimita secamente los campos: saber contra estulticia. Y su último libro, El fundamentalismo democrático, cierra el diagnóstico del régimen corrupto al cual da su nombre Zapatero.

No hay capricho en esta apuesta. Ninguno está obligado a dedicar su vida a algo tan áspero como la filosofía. Pero aquel que opta por ello, no puede no saber lo que está en juego desde que un ateniense, desolado por la corrupción de su ciudad, inventara la disciplina hace dos mil quinientos años: «Tanto la letra de las leyes como las costumbres de la ciudad se iban corrompiendo hasta tal punto que yo, que al principio estaba lleno de un gran entusiasmo para trabajar en actividades públicas, al dirigir la mirada a la situación y ver que todo iba a la deriva por todas partes, acabé por marearme... Entonces decidí volverme hacia la verdadera filosofía». Platón. Carta VIIª.

La corrupción es la clave. De la política como de todo cuanto vive; esto es: muere. Cuando Aristóteles dice que la corrupción -esa peculiaridad de «los seres que, por naturaleza, nacen y perecen»- es la vida, no un accidente o irregularidad suya, todas las claves para entender la política quedan abiertas. Y eso Bueno lo recuerda frente al zapaterismo: política y corrupción son inseparables; más que en ningún otro caso en la democracia, porque el más refinado de los sistemas políticos es también el más vulnerable. Por eso, no hay democracia que pueda sobrevivir sin haber acorazado un cerco de controles judiciales y penales en torno a sus políticos. Por eso, una casta política impune, como la española, podrá tal vez regir un sistema de tolerancia y libertad relativas. No, una democracia. En el menos ominoso de los casos, una oligarquía benévola, en la cual robo y abuso no excedan la raya del crimen. No, una democracia.

Porque la corrupción, subraya Bueno, no es sólo aquello que el código califica como delito. Ésa es su fracción ínfima. Y no, desde luego, la que mueve más dinero ni más influencias. «La corrupción delictiva, la establecida por el código penal, constituye tan sólo un caso particular (codificado y medido) de la corrupción democrática (o política) general. Hay más corrupción política en el proyecto de ley de plazos del aborto que la que pueda haber en el escándalo de financiación ilegal de un determinado partido político o en la prevaricación de un alto funcionario». E infinitamente más que en ninguna de ellas, en la estúpida lengua de trapo bajo cuya humanitaria nadería elude el político dar cuenta de lo esencial: dónde van nuestros impuestos. Es la no delictiva, la legal, la más devastadora de las corrupciones. Da ejemplos: el borrado de la división de poderes, el juez estrella, los monstruosos estipendios de políticos aún más ignorantes que gandules, el delirante «discurso de género», los estatutos de autonomía y su retórica de cartón-piedra...

¿Muere de corrupción la democracia bajo Zapatero? Cáustico, como lo exige el oficio, Bueno responde que no. «No muere. Sólo hiede». Es un consuelo.

Pablo Yáñez, presidente de la ANLL: "Estamos dando un paso histórico"
"Vamos a recorrer España ganando adeptos para la libertad lingüística"

Belén Piedrafitawww.lavozlibre.com 13 Enero 2010

Madrid.- “Estamos dando un paso histórico”, ha afirmado Pablo Yáñez, presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística, junto al secretario de la organización, José Vicente Fernández Abril. Ha añadido que desean mostrar su reconocimiento al resto de asociaciones y entidades de defensa de la libertad lingüística, las cuales “durante estos años han llevado a cabo una labor ejemplo de dignidad”.

Yáñez ha realizado un ejercicio de autocrítica al explicar que “hasta ahora habíamos dejado en manos de unos pocos la defensa de las libertades de todos los ciudadanos”. “Cuando asumimos que un problema es nacional pero encomendamos su solución únicamente a determinados sectores de regiones concretas de España, estamos dando una respuesta cobarde”, ha reconocido el presidente de ANLL. “Por ello queremos ofrecer nuestra disculpa a todas esas asociaciones y entidades que hasta ahora se han sentido solas y comprometernos con ellas a que nunca se volverán a sentir así”.

Pablo Yáñez ha recalcado que su fórmula es “trabajo, trabajo y trabajo”. “En octubre empezamos a mantener reuniones informales pero fue durante el mes de diciembre cuando concretamos el proyecto. A día de hoy tenemos 50 socios de 22 provincias diferentes”, explicó.

“Vamos a recorrer España ganando adeptos para la libertad lingüística”, continuó Pablo Yáñez. “Si conseguimos concienciar al enfermero de Burgos o de Valladolid de que si en Baleares se exige catalán, el mercado se cierra, habremos dado un paso. Y si conseguimos que el padre de Granada se de cuenta de que deberá tachar de su mapa laboral no sólo Cataluña, sino también Aragón, Valencia y Baleares, habremos dado otro paso”, añadió el presidente de ANLL

“Todavía hay mucho por hacer porque a día de hoy el 80 por ciento de la población no está verdaderamente concienciada de que se están llevando a cabo ataques esenciales contra las libertades de todo el país”, denunció Pablo Yáñez. Los representantes de la ANLL explicaron que “quien piense que la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística va a defender el castellano está muy equivocado”. “Nosotros vamos a realizar una defensa de la libertad lingüística, manifestó Pablo, quien añadió que no son partidarios de modelos trilingües, bilingües y “mucho menos” monolingües. “Lo que queremos es que los ciudadanos tengan libertad para decidir en qué idioma desean educar a sus hijos y vivir su vida”.

Los representantes de la ANLL han mostrado su agradecimiento por el apoyo recibido de parte de "la Mesa por la Libertad Lingüística de Galicia (MLL), de la Plataforma contra el requisito del catalán en la sanidad balear, de FACUA, de Impulso Ciudadano, de la representación salmantina de UPS y de Galicia Bilingüe, así como por la presencia en la rueda de prensa del delegado en Madrid de Círculo Balear y de Juan Manuel Villegas, miembro de Ciudadanos".

Una inmensa Torre de Babel en el Senado
P. C. | MADRID ABC ABC 13 Enero 2010

Si la iniciativa de los 34 senadores nacionalistas de la Cámara alta llegara a buen puerto, el Senado se convertiría en una inmensa Torre de Babel en el que no se podría dar un paso sin la compañía de un traductor.

Esta es la propuesta de reforma del Reglamento que presentaron ayer un grupo de senadores de todos los grupos políticos, excepto del PP y UPN, ya que los socialistas del PSC tienen un grupo independiente y sí la apoyaron, para que, a partir del 1 de septiembre de este año, se puedan utilizar todas las lenguas oficiales (catalán, gallego y vasco) en los plenos y comisiones. Para que esto pueda ser una realidad, se tendría que poner en funcionamiento un servicio de traducción simultánea en la Cámara, con el objetivo de que todos los senadores y miembros del Gobierno puedan seguir desde su escaño todas las intervenciones en lengua castellana.

Los proponentes de esta reforma pretenden que sea estudiada en la primera reunión de la Mesa del Senado, prevista para el próximo día 2 de febrero, y que sea tomada en consideración para iniciar su trámite parlamentario.

El único problema, o el más importante, es el coste que puede tener esta iniciativa. Pero no parece que eso importe mucho a los senadores proponentes. De hecho, tanto los portavoces de ERC, Miguel Bofill, como del PSC, Luis María de Puig, y PNV, Miren Loren Leanizbarrutia, aseguraron ayer que estos costes serán «mínimos», aunque subrayaron que un derecho como es el uso de las lenguas no puede cuantificarse.

El TSJC avala el modelo de atención lingüística de la Generalitat
La sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, considera que el actual folleto de preinscripción escolar, sin casilla lingüística específica, es válido
ESTHER ARMORA | BARCELONA ABC  13 Enero 2010

Tras dos duros varapalos judiciales, uno del Tribunal Supremo (2008) y otro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) (2004), el departamento de Educación recibe el primer espaldarazo de la justicia. Un nuevo fallo del alto tribunal catalán, con fecha de 12 de noviembre de 2009, da la razón a la Generalitat respecto al polémico tema de la casilla lingüística.

La sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, avala el sistema de atención lingüística en las escuelas, que tantas ampollas ha levantado en Cataluña, y considera que no es necesario reinstaurar la demandada casilla lingüística en los folletos oficiales de preinscripción. Una sentencia del mismo tribunal, la de 2004, obligaba a activarla, aunque la Generalitat a partir del curso 2005-2006 habilitó una fórmula ambigua. En los folletos no aparece una casilla propiamente dicha para marcar la lengua de escolarización del alumnado, sino un apartado en el reverso en el que invita a los padres a solicitar en el centro, en el momento de la matriculación, si quieren que sus hijos sean escolarizados en castellano.

El tribunal desestima el recurso contencioso-administrativo presentado por el padre Santiago Jorge Vendrell, de junio de 2007, en el que exigía la escolarización en castellano de sus dos hijos y calificaba de «aberrante» y «discriminatoria» la fórmula de atención individualizada, en vigencia en los colegios.

El alto tribunal entiende que «el sistema de casilla vino apuntado como una posibilidad tendente a hacer efectivo el derecho concernido,...., pero no determinamos aquella precisa forma como la -única- que debía permitir el ejercicio del derecho...».

Sobre el calificativo de «aberrante» y «discriminatoria» respecto a la atención individualizada, «la Sala no comparte esta apreciación un tanto desaforada» y añade que «la atención individualizada es corolario del sistema de conjunción lingüística, como también lo es que se evite la separación en grupos por razón de lengua».

La parte actora tiene diez días para interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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Olano y los ayuntamientos proetarras
EDITORIAL Libertad Digital 13 Enero 2010

La detención de Pedro Olano, el "militante abertzale" que se presentó en 2007 a las elecciones por la plataforma Lizarrako Abertzale Sozialistak, ilegalizada por el Supremo, y que amenazó de muerte a la alcaldesa de Lizarza Regina Otaola, pone por enésima vez de manifiesto hasta qué punto la política y el terror se pueden aliar al servicio de ETA. Según las últimas averiguaciones que han salido a la luz, Olano compaginaba desde antes de 2007 su "vocación política" con la de servir como enlace de ETA para pasar explosivos de Francia a los comandos que operan en el País Vasco. Si el lunes Olano identificaba desde un helicóptero de la Guardia Civil zulos y lugares marcados para depositar material de la banda terrorista, este martes hemos sabido por el auto que ordena su ingreso en prisión, que este "militante abertzale" intentó hasta en tres ocasiones entregar un lanzamisiles a un grupo de ETA para que atentase contra el presidente del Gobierno José María Aznar.

Aunque la actual política antiterrorista del Gobierno de Zapatero no sea, en apariencia y por fortuna, la misma política colaboracionista desempeñada durante el mal llamado "proceso de paz", el tiempo dirá si la actual "fase de confrontación" del Gobierno con ETA –tal y como la llamó Rubalcaba al poco de iniciarla– es sólo eso, una "fase", o por el contrario un camino sin retorno y sin treguas de aplicación implacable del Estado de Derecho para lograr la paulatina y completa extinción de la banda terrorista. A este respecto hay que añadir que, si bien ahora las detenciones proliferan y todas las siglas batasunas están ilegalizadas, no es menos cierto que el Gobierno de Zapatero sigue negándose a la disolución de los numerosos ayuntamientos que todavía gobiernan y controlan los proetarras que se presentaron por la posteriormente ilegalizada ANV.

Evidentemente, no todos los concejales y alcaldes de ANV estarán rindiendo servicios a ETA de la misma envergadura que los de quien, como Olano, ha llegado a trasladar a los comandos un lanzamisiles para acabar con la vida de un ex presidente del Gobierno. Sin embargo, todos están en disposición de ejercer como enlaces o correos de la banda, transmitiéndole información y dinero y sirviéndola como portavoces de sus consignas. Por mucho que esto no sea suficiente para un enjuiciamiento penal individualizado, no deja de ser un evidente contrasentido ilegalizar unas siglas por conexión con una banda terrorista y, sin embargo, dejar que sus integrantes sigan gobernando y recibiendo dinero público. Más aun cuando en nuestro ordenamiento jurídico existe una norma, como el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, que permitiría la inmediata disolución de esos consistorios.

Sabemos que el Gobierno de Zapatero no ha reconocido sus infamias pasadas, pero mientras no disuelva estas vigentes secuelas que son los ayuntamientos en manos de los proetarras, no podremos decir siquiera que las haya terminado de corregir.

El decreto gallego de lengua es similar al balear de Jaume Matas
Ambos contemplan una tercera parte de las clases en una tercera lengua
www.lavozlibre.com 13 Enero 2010

Santiago de Compostela.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP), se mostró convencido de que el decreto gallego de educación será estudiado “con mucho interés” por otras Comunidades. Sin embargo, el dirigente popular gallego obvió que ese proyecto no es del todo original. En 2006, el también popular Jaume Matas promovió en Baleares un modelo similar que contemplaba entre una quinta y una tercera parte de las clases en idiomas foráneos.

Si bien la norma pretendía aumentar el nivel de competencia en una lengua extranjera entre los alumnos de centros públicos, el porcentaje destinado a un tercer idioma afectaba inevitablemente a las dos lenguas oficiales, que pasaban a asumir el mismo número de horas lectivas. De esta forma, el reparto podía ser, o bien de un 40 por ciento de horas lectivas en castellano y otro tanto en catalán, frente a un 20 por ciento en un tercer idioma, o de un 33 por ciento en cada uno, que fue lo que se hizo tangible en los primeros borradores.

Una de las diferencias fundamentales entre ambas leyes es que, mientras que la balear fijaba el reparto entre castellano y catalán siguiendo criterios de “eficiencia y racionalidad” en la planificación de cada colegio, la norma gallega da cierto voto a las familias.

Sin embargo, la ley balear únicamente estuvo en vigor durante un curso escolar y sólo se aplicó en los centros que voluntariamente se acogieron a él (unos 30 de 300). Al año siguiente, los populares perdieron las elecciones y el gobierno socialista restableció el mínimo del 50 por ciento de la docencia en catalán. Sin embargo, Matas afirmó que, si volvía a ganar las elecciones el decreto del trilingüismo, se convertiría en obligatorio.

Asimismo, el mínimo del 50 por ciento de contenidos en catalán apunta también cierta similitud con Galicia. En 1997, Matas aprobó este porcentaje por decreto, mientras que en el caso gallego fue Manuel Fraga el que dio el primer paso, al sacar adelante en 2004 el Plan Xeral de Normalización Lingüística (PXNL). Tres años después, el bipartito lo promovió en su totalidad a través de un polémico decreto, mientras que actualmente el gobierno de Feijóo ha prometido derogarlo afirmando que no es fruto del consenso.

El dirigente popular afirma que con el cambio no solo quiere apostar por el inglés, sino también frenar la imposición del gallego.

Si bien el Plan Xeral de Normalización Lingüística es una declaración de intenciones y no un documento que obligue al Gobierno, los contrarios a la reforma impulsada por Feijóo consideran que sí viola la Ley de Normalización Lingüística de 1983, que reza que las autoridades deben promover "medidas encaminadas a promover el uso progresivo del gallego en la enseñanza".

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