AGLI

Recortes de Prensa    Lunes 25 Enero  2010

 

La lengua de la democracia
José María MARCO La Razón 25 Enero 2010

Hace unos años una alumna que venía de un centro de enseñanza gallego me describía así las clases en su instituto. El profesor utilizaba el idioma (gallego o español) que quería y los alumnos hacían otro tanto. Los ejercicios escritos y los exámenes iban escritos en la lengua que el alumno deseaba. Se daba el caso de exámenes escritos en gallego corregidos por profesores que no dominaban bien esta lengua. Los nombres propios iban a su aire y no eran raros los textos o las exposiciones orales que mezclaban los dos idiomas. Por lo que se va sabiendo de la nueva legislación sobre enseñanza en Galicia, parece que esta situación va a ser establecida como definitiva. Es posible que se trate de la única solución aceptable, e incluso razonable, política y técnicamente. No hay forma de costear un sistema de enseñanza público que garantice la libertad de elección de la lengua para todos los alumnos. La Constitución, por su parte, considera oficiales los dos idiomas, por lo que la Comunidad Autónoma, en representación del Estado español, tiene la obligación de impartir ambas. Así se llega casi por fuerza a este sistema en el que la lengua, en vez de ser tratada como uno de los fundamentos mismos de la enseñanza, es considerada un simple vehículo cuyo conocimiento es estrictamente utilitario. El resultado lo sabe todo el mundo. Los alumnos no conocerán bien ni un idioma ni otro. En cambio, no se sabe exactamente qué pasará en el momento en que nadie, excepto tal vez una minoría exigua, domine ninguna lengua. Es posible que en un mundo de móviles y mensajes instantáneos, eso no importe mucho. Aun así, no deja de ser sorprendente que un sistema político como la democracia española, destinada en sus textos fundacionales a respetar y proteger la riqueza del patrimonio lingüístico español, esté llevando (y no sólo en Galicia, aunque por otras razones) al colapso de todas nuestras lenguas.

Crisis nacional
El populismo diabólico de Zapatero
Agapito Maestre Libertad Digital 25 Enero 2010

Dicen que no existe el zapaterismo. Falso. Quien mantenga que Zapatero no ha impuesto una forma personalista, casi autoritaria, de ejercer el poder o miente o es su principal "argumento" para convertirse en un colaboracionista del político socialista, que está destruyendo las principales bases de convivencia de nuestra vida política. No creo que nadie, capaz de escribir un editorial de prensa, pueda sostener con decencia argumentativa la inexistencia del zapaterismo, cuando en el mismo periódico el número dos del PSOE, José Blanco, reconoce que "a Zapatero sólo le va a suceder Zapatero". Mayor muestra de personalismo es difícil hallar en otros períodos de la historia de gobiernos socialistas, incluida la de Felipe González que rompió la autonomía del poder judicial y también ejerció el poder despóticamente.

Los ideológicos análisis que salvan a Zapatero frente a las fuertes personalidades de Felipe González y José María Aznar, en mi opinión, confunden la realidad con sus intereses, o mejor dicho, esconden el drama democrático que estamos viviendo los españoles para salvar sus empresas periodísticas. La negación del principal drama de España, a saber, que todo, absolutamente todo, en este país depende de la manera atrabiliaria y "personalista", arbitraria y contingente, de ejercer el poder Zapatero, es de tal gravedad intelectual y política que pudiera, más pronto que tarde, hacerle perder toda la credibilidad intelectual y política a ese medio de comunicación.

Las perversidades totalitarias cometidas por Zapatero nada más llegar al poder son incomparables con la formas, más o menos personalistas y susceptibles de todo tipo de crítica, que utilizaron en el pasado Felipe González y José María Aznar. Éstos ejercieron el poder sabiendo y, sobre todo, respetando los límites que les imponía a sus actuaciones un marco democrático, mientras que Zapatero ha ejercido el poder rompiendo, fracturando conscientemente ese ámbito de convivencia entre españoles de diferentes credos, ideologías y pensamientos. El liderazgo populista de Zapatero es "total" comparado con otros presidentes anteriores de gobiernos de España. La maquinaria de su partido, cientos de medios de comunicación y, en fin, todos los instrumentos del Estado se mueven, nadie lo dude, según los humores de Zapatero.

Zapatero ha dicho y hecho las cosas más bárbaras de toda la reciente historia de la democracia española, pero apenas nadie de su partido o de sus aledaños se atrevió o, sencillamente, tuvo capacidad para enfrentarse a su inmenso poderío personal. Jamás nadie se ha atrevido a afearle las conductas más personalistas. Desde que declarase que España como nación era un concepto discutido y discutible, pasando por la negociación con ETA que él dirigió personalmente, hasta hoy que sigue ejerciendo presiones también personales sobre el Tribunal Constitucional acerca de la sentencia del Estatuto de Cataluña, no ha cesado jamás de decir y hacer sin consultar jamás con nadie a excepción de dos o tres personajes sin apenas relevancia intelectual y política. Zapatero es paradigmático a la hora de marcar una tendencia personalista, o sea, populista, sobre su partido, el resto de los ámbitos políticos y, por supuesto, sobre la sociedad de forma mucho más honda que el felipismo o el aznarismo.

El personalismo de Zapatero enerva los ánimos y, sobre todo, enfrenta irracionalmente a los españoles sin que nadie sea capaz de limitarlo. Los personalismos y exageraciones de González y Aznar al lado del zapaterismo son juegos de niño. Zapatero es el presidente más personalista, casi hasta rozar el autoritarismo, que ha tenido España, entre otros motivos, porque ha tomado las decisiones más descabelladas y las ha impuesto, como si fueran normales, también de modo "autista" y al margen de todos los mecanismos de control de su partido y de las instituciones del Estado. Recuerden, por ejemplo, la retirada de las tropas de Irak y la destrucción del Plan Hidrológico Nacional.

En fin, quien niegue ese componente tan diabólico como personal en la manera de ejercer poder de Zapatero, sin duda alguna, está "legitimando" torticeramente al político más autoritario que ha dado la "democracia" española. Vale.

El PPOE nuclear
FEDERICO JIMENEZ LOSANTOS El Mundo 25 Enero 2010

SI ME preguntan qué diferencia hay entre el PP de Aznar y el PPOE de Rajoy, tras su segunda derrota en 2008 y su obscena gallardonización para seguir pastoreando una Oposición descafeinada, emasculada y tirando a lela, diría que hay tantas semejanzas -por ejemplo los complejos ante la izquierda- como diferencias. Pero hay una diferencia decisiva: el PPOE se parece todo lo posible al PSOE y el PP pretendía no parecérsele en nada. No obstante, el cambio tiene dos problemas: la copia del modelo nacional del PSOE, fácil porque es ninguno, y la traición al programa, a sus bases y al electorado. Esto último presenta tres grandes problemas: que no se note que ya no tiene programa, que no pierda el apoyo de sus afiliados y que no merme el voto de su electorado. El electorado le dio más de diez millones de votos al PP, el segundo mejor resultado aritmético de su historia, pero de poco le valió al PP y de nada a su electorado, que ve cómo el PPOE está destruyendo todo lo que le llevó a votar al PP.

Si, aparte de Rajoy y del vicerrajoy Feijoo, hay un símbolo de la mutación del PP en PPOE, sin duda es la secretaria de Organización y candidata a presidenta manchega María Dolores Cospedal. En una semana, se ha cargado el PHN y la idea nacional que en él alienta, abrazándose por razones electorales personales al PSOE y haciendo polvo al PP de Valencia y Murcia. Pero como la pepoización es un proceso acelerado de metamorfosis, no ha perdido tiempo en remachar el abandono de su condición crisálida y se ha mariposeado de antinuclear. A diferencia de Mariano, más taimado que soberbio, Cospedal se ensoberbece por derecho y ayer le paró los pies a Arenas a cuenta del expediente al alcalde de Yebra, que ha pedido para su municipio un cementerio nuclear. Cospe no ha dicho que Arenas no es quién para meterse en su jurisdicción sino que «ni Arenas ni nadie» iban a tomar decisiones disciplinarias por ella. «Nadie» es, evidentemente, Rajoy, que perdería con Cospedal algo más que a un número 2: una buena candidata a la Junta de Castilla-La Mancha.

Tan cerca de las elecciones, Rajoy no puede permitirse semejante amputación, así que Mariano callará, Cospe triunfará y Arenas se la guardará. Pero en el camino, ay, se ha perdido la doctrina en materia de energía del PP. ¿Cómo pueden defenderse las centrales nucleares si se condenan sus cementerios? Pues porque las taifas del PSOE van en serio y las del PPOE, también.

El mensaje de Gregorio
Chelo Aparicio Estrella Digital 25 Enero 2010

Quince años después de su asesinato, aquel 23 de enero de 1995, cuando los tambores de la fiesta de San Sebastián apenas habían dejado de resonar, el mensaje de Gregorio Ordóñez Fenollar, teniente alcalde de San Sebastián y carismático líder del PP de Guipúzcoa, es motivo de la evocación de políticos de diversas tendencias en el País Vasco, en un momento en que se ha producido la primera fórmula de gobierno en Euskadi sin la participación de los nacionalistas.

Tenía 36 años, una mujer y un hijo de 11 meses, una legión de amigos, una energía contagiosa y una voz libre. Nunca demostró miedo hacia la banda que le asesinaría. Por el contrario, su batalla por liberar una sociedad atenazada por ETA fue diaria, y sonora. Hablaba claro en contra de la idea recurrente de una negociación política con ETA. "ETA es la cara amarga de la violencia y HB es la caradura de la violencia. Son lo mismo".

Gregorio reclamó sin complejos la 'vasquidad' de su partido, también condenado al obstracismo por el nacionalismo institucional, que no le otorgaba siquiera la legitimidad democrática, y luchó contra ese clima enrarecido en el que hasta el terrorismo encontraba una explicación de origen. Fue la batalla de Gregorio la que hizo visible la fuerza de un partido democrático, el PP. Su pasión fue contagiosa y sus ideas prendieron en miles de vascos, por encima de las fronteras de los partidos.

Fue un político original, con una capacidad de trabajo inagotable. Se volcó en la tarea municipal; paseaba su ilusión por los nuevos proyectos, escuchaba las quejas, y llegó a colocar dos coches de la chatarra en una torre para denunciar la falta de aparcamiento en su ciudad. Con esa vitalidad, logró ser la primera fuerza política en San Sebastián en las elecciones europeas previas a su asesinato, en 1994. Por eso lo mataron.

No fue el primer político vasco al que mataron los terroristas, aunque quizá sí el primero cuya voz había llegado más lejos. Lo había conseguido una rama de la banda terrorista ETA (los comandos autónomos auticapitalistas) con el líder socialista de Guipúzcoa, Enrique Casas, en 1984, año y medio después de la llegada de los socialistas al poder. Con Gregorio debieron de vislumbrar que el PP gobernaría San Sebastián en 1995 y en España un año después. Pero no lograron alcanzar al entonces líder de la oposición.

Javier Rupérez, consul de España en Chicago, recordó en el homenaje a Gregorio Ordóñez en el Kursaal de San Sebastián a los miembros de la UCD asesinados al inicio de la década de los ochenta, en el nacimiento de la Autonomía. Él mismo, que pertenecía a este partido, fue secuestrado en los albores de la democracia en 1979. Aquéllos fueron unos asesinatos silenciados por el ambiente, unas víctimas casi anónimas.

"Su energía era contagiosa", recordaba también su viuda en el documental proyectado en el acto de San Sebastián. Así que cuando mataron a Gregorio, muchos vascos que admiraban su valor para enfrentarse a ETA sintieron que parte de sus ilusiones se habían roto. Pasó lo mismo años después, con políticos como Fernando Múgica y con el gran parlamentario Fernando Buesa.

En este 15 aniversario del atentado contra Gregorio Ordóñez todos quisieron buscar su legado político en la actual situación del País Vasco. El lehendakari López dijo para la ocasión que Gregorio "es un espejo en el que nos miramos para saber lo que queremos hacer". Basagoiti habló del "alma" del partido vasco, con intención de consolidar un partido aún resentido de las heridas internas. Aznar alertó contra las tentaciones de retroceso en el aislamiento del brazo político de ETA. Y Ana Iríbar, su viuda, recibió la siembra de la voz de su marido en las palabras de todos, y en la actual situación del País Vasco. Pero, con voz firme, advirtió de que "si no es así", es decir, si la lucha democrática contra ETA buscara otros caminos, "agitarían las aguas" siempre que hiciera falta para recordar lo que Goyo defendió.

EL NIVEL INTELECTUAL DE LOS ASESORES DE ZAPATERO
Francisco Rubiales Periodista Digital 25 Enero 2010

Detrás de Zapatero existe una nutrida "corte" de asesores, nada menos que 656, más numerosa que la de cualquiera de sus predecesores y una de las más pobladas del planeta, toda una masa densa, neuronal e intelectual, cuya misión es dotar de lúcida brillantez al "Presidente" en sus decisiones e intervenciones. Pero, como suele ocurrir en el mundo de ZP, cuando se investiga y se profundiza, aparecen la sorpresa, la vergüenza, la chapuza y el drama: 233 asesores son titulados en bachiller elemental, 130 son graduados escolares y 66 tienen únicamente el certificado de estudios primarios.

Esa deficiente dotación intelectual del equipo que apoya al Presidente tal vez explique su deslumbrante y rica cosecha de carencias, errores y ridículos en los ámbitos nacional e internacional.

Creíamos que el escándalo estaba en el número de asesores de la Moncloa, desorbitado, imperial, improcedente en tiempos de crisis, pero resulta que está, sobre todo, en el escaso nivel intelectual del grupo que apoya al presidente español. Pocas neuronas, poca preparación, pocos títulos superiores y mucha mediocridad insultante dando soporte a un personaje plagado de errores y carencias del que ya se rien abiertamente en medio mundo.

La Historia nos ofrece ejemplos de todo tipo de gobernantes: crueles, sanguinarios, astutos, sagáces, mesianicos, eficaces, héroes, cultos etc.. Sin duda, todas sus personalidades influyeron en la forma de gobernar sus paises. La mayoria provenian de una élite preparada y formada para dirigir los destinos de sus pueblos. Sin embargo, las cosas han ido cambiando con los tiempos y hoy podemos decir que estas élites preparadas para gobernar han perdido la exclusiva o el monopolio del poder.

Con la llegada de las democracias tambien se democratizo el acceso al poder y por él han pasado politicos mas o menos preparados que siempre contaban con el apoyo de su partido y de parte de la población que les votaba. El sistema democrático español ha posibilitado que lleguen al poder personajes impuestos por estos partidos y al que el pueblo se ve abocado a elegir obligatoriamente. Son personajes que apenas conocemos y que vienen precedidos de una vida muy poco atractiva, que no se les conoce mérito alguno por el que hayan destacado en la sociedad y que se han forjado dentro de sus partidos. No hacen falta que esten preparados ni se les exige un background brillante para dirigir los destinos del pais. Los fallos del sistema y la estructura de los partidos hacen que aparezcan entre nosotros algunos de estos personajes, que, como el actual Presidente Zapatero, no ha conocido otra dedicación en su vida que no sea vivir en el partido y del partido. Osado y atrevido como es, se presentó y ganó su candidatura a la secretaria general del PSOE por silencio de unos y cobardias de otros. Mas vale no perder la silla y dejemos que este sea el futuro Presidente. Con estos trapos se confeccionó el traje que hoy tenemos en la Moncloa y que ha resultado uno de los gobernantes mas mediocres e insensatos que ha tenido España en su reciente Historia. Lo urgente en estos casos es colocarle inmediatamente un consejo asesor, como si de una Isabel II se tratara, con su Regenta, a ésta por menor y a Zapatero por incapaz.

Lo curioso es que a nuestro querido Presidente no le han colocado regente alguno, sino 656 asesores, tal vez uno por neurona. Son los que han hecho posible que el Presidente diga cosas como que "La Tierra pertenece al viento" o aquella otra de "Mi patria es la libertad", en un foro de The Economist. Es lógico pensar que el inspirador de la primera frase fuese un fisico y el de la segunda, algún filosofo. Hay otras frases como la pronunciada cuando le preguntaros ¿Que haria si se cruzara con un etarra? y contestó "Mirar para otro lado", ésta inspirada, supongo, por un experto en antiterrorismo. Cuando negó tozudamente la existencia de la actual crisis, debió estar aconsejado por algún Nobel de Economía.

Pero mi sorpresa, mi monumental sorpresa es que entre sus 656 asesores, aquellos que conforman esta corte de intelectos que tantas tardes de gloria y de risa están dando a España, no hay Nobel alguno, ni de Economia, ni de Literatura, ni fisicos, ni filosofos, ni econosmitas, ni nada de nada. De estos 656 asesores, al menos 429 de ellos estan repartidos en la siguiente escala: 233 son titulados en bachiller elemental, 130 en graduado escolar y 66 tienen el certificado de estudios primarios.

Es un plantel tan alucinante que ha hecho pensar a los rectores de nuestras universidades si no sería mejor cerrarlas y sustituirlas por discotecas, estudios donde grabar programas telebasura y redacciones de prensa rosa.

Superviviente
Voto en Blanco

La España de los caciques
IGNACIO CAMACHO ABC 25 Enero 2010

HAY un hilo que cose, como un factor común invisible, conflictos tan aparentemente dispares como el del cementerio nuclear en Yebra y el de los inmigrantes de Vic, que en sus lógicas distintas y sus motivaciones diferentes simbolizan como un avatar uno de los grandes problemas de la política española: la desestructuración del discurso nacional a favor de un magma fragmentado de intereses territoriales que suplanta o minimiza cualquier política de Estado. Las grandes cuestiones que deberían vertebrar la estrategia de los partidos de gobierno -energía inmigración, agua, hacienda, justicia- han quedado solapadas por una turba de reivindicaciones regionales o locales lideradas por monterillas levantiscos dispuestos a aplicar en sus feudos la ley suprema del electoralismo de aldea, guiados por un cantonalismo montaraz que reduce las estructuras de sus organizaciones a un vago remedo confederal. Cuando la opinión pública demanda grandes pactos transversales que hagan frente a los grandes desafíos de la nación olvida esta lacra sobrevenida que impide todo acuerdo de alcance: antes de pactar con la fuerza adversaria, nuestros dirigentes tienen que tratar de ponerse de acuerdo con las taifas de sus propios poderes neofeudales.

Quizás el caso de Yebra haya alcanzado el paroxismo de la esquizofrenia en tanto que una misma personalidad política suscribe como secretaria general del PP lo que rechaza como candidata autonómica en Castilla-La Mancha, pero no pasa día sin que quede en evidencia en un partido u otro la falta de una autoridad única que articule un mismo concepto de la gobernanza. El peso de los votos en comunidades y ayuntamientos ordena las prioridades por encima de necesidades y programas nacionales, y subordina al interés inmediato de los territorios cualquier decisión de índole estratégica. Se trata de un problema común de cualquier administración descentralizada que en España se ha convertido en la clave de bóveda del Estado contemporáneo. Sin un sistema de valores comunes, basados en la ideología, los principios o el simple análisis de realidad, no existe política de Estado porque el Estado queda reducido a una mera entelequia retórica, a una vaga abstracción redefinida en la práctica por la yuxtaposición y la amalgama.

En un principio el problema lo crearon los nacionalistas, pero el crecimiento hipertrofiado de los regímenes periféricos y su enorme capacidad de distribución de recursos ha eliminado de hecho el concepto de partidos de Estado, reduciéndolos a vastas organizaciones dispersas, a menudo contrapuestas en sus intereses, y a menguados aparatos centrales que a duras penas logran embridar, como en Vic, los primarios impulsos tacticistas de unos jefes de tribu asimilados por conveniencia a la dinámica egoísta y alicorta del nacionalismo. El problema es que en las tribus los que mandan se llaman caciques.

«El Baltasar», sin problema
GABRIEL ALBIAC ABC 25 Enero 2010

ES terrible que la policía cometa un acto delictivo. En una democracia. Es terrible y trivial. Va en la lógica material de las cosas que el poder abuse de sus recursos. Que abuse infinitamente, cuando ese poder es infinito, como sucede en los Estados modernos -sea cual sea su forma política específica-, que son la mayor concentración de poder material y simbólico que ha conocido la historia humana. Es terrible y trivial: no rompe la integridad constitucional, precisamente porque la integridad constitucional prevé esa lógica y fija una red de controles y castigos ejemplarmente duros para tal tipo de violaciones. A eso se llama división y autonomía de poderes, desde que Montesquieu cristalizó su bella fórmula: «es preciso que, por la fuerza de las cosas, el poder contrarreste al poder». Pero, aquí, Montesquieu fue asesinado en los años ochenta por una patulea de analfabetos arrogantes y cursis. Es terrible y trivial que el ejecutivo delinca. Pero, si se da un paso más, si quien incurre en delito -o quien lo encubre- fuera un juez, si lo hiciera al dictado del poder político, y si el delito quedara impune..., entonces sí, la democracia habría sido destruida.

Lo que pudo haber hecho -de momento, no hay más que indicios, pero ¡cuán aplastantes!- un sector de la cúpula policial en el delito -que no «caso»- Faisán es envilecedor para quienquiera fuese el que dictó la orden. Si ese quienquiera acaba en presidio, en nada habrá sufrido el sistema de garantías democrático: el ejecutivo, a través de sus aparatos específicos de control y violencia, habría infringido gravemente la ley y habría sido, en la proporción misma, castigado conforme al código: las penas para un delito de esa envergadura son altas. Si ese quienquiera no es siquiera llevado ante los jueces, todos despertaremos empantanados en un estercolero. Si quien hubiese decidido que así sucediera fuese un magistrado, entonces más nos vale salir todos en fuga hacia el exilio, antes de que el edificio entero del Estado se nos caiga encima. Y que nadie se engañe, no existe catástrofe natural que se compare en crueldad a la devastación que eso produce.

En otro país del occidente de Europa, suponer siquiera algo así revelaría quizá mala voluntad o excesivo puntillismo. Pero aquí vivimos en el Estado que viene de los GAL; pero aquí es ministro del Interior un hombre de Felipe González. Y después del GAL, de Amedo, Vera, Barrionuevo, González y compañía..., sospechar de quien gobierna es un deber ciudadano. Que alguien que fue ministro con González pueda impunemente regir el ministerio del Interior es algo que helaría la sangre a cualquier habitante de un país con tradición garantista; aquí, ni siquiera nos asombra. En otro país del occidente de Europa, que un magistrado pudiera hacer la diezmillonésima parte de lo que ha venido haciendo Garzón, provocaría una crisis total de Estado; aquí, sólo produce una siniestra risa histérica. No hay un solo ciudadano que esté a salvo -aunque tantos, con ingenuidad, crean estarlo- mientras que un policía pueda tranquilizar a otro, que teme ser cazado por la ley, con ese compadreo de coleguis que transcribía ayer el titular de ABC: «Tranquilo, que con el Baltasar no hay problema».

"It's the deleveraging, stupid"
Roberto Centeno El Confidencial 25 Enero 2010

“¡Es el desapalancamiento, estúpido!”. Parafraseando la conocida expresión, “¡es la economía, estúpido!”, el reputado analista John Mauldin titulaba así un reciente comentario que es de aplicación en todo el mundo y en España, el país más apalancado del planeta, resulta el corazón de nuestra problemática económica. Mauldin explica el hecho conocido de que la crisis actual, a diferencia de las anteriores, es una “recesión de desapalancamiento”.

Nos hemos endeudado demasiado, los activos adquiridos con el endeudamiento, en contra de lo que afirmaba el irresponsable Pedro Solbes en la primavera del 2007, incitando a las familias a endeudarse más y más, “cuanto más se endeuden más ricos son”, han perdido gran parte de su valor, llevándonos a una situación de muy difícil salida, a lo que en nuestro caso se añade un modelo de Estado corrupto hasta la médula e imposible de financiar, y un sector bancario fuertemente politizado e incapaz de devolver su inmensa deuda. Una combinación explosiva, que en lugar de desactivarse se esta potenciando.

John Mauldin hace referencia en su análisis al estudio realizado por el McKinsey Global Institute (www.mckinsey.com/mgi/publications/debt-and-deleveraging/index) que muestra como los procesos de desapalancamiento han durado de media de 6 a 7 años en 45 casos posteriores a 1930, durante los cuales el crecimiento ha sido prácticamente nulo, y cuando éste proceso se prolonga, ha acabado siempre en una grave crisis financiera.

España, 1976/80
El estudio refiere, en el caso de nuestro país, un precedente de desapalancamiento a través de la inflación. “La muerte del general Franco en noviembre 1975 dejó un vacío de poder. El país adoptó una política monetaria tan expansiva que produjo un incremento espectacular de la inflación, que alcanzaría su máximo en 1977 con un 25% -en realidad el 44% a mediados de ese año-. Después, la política monetaria se endurecería y la inflación bajaría al 16% en 1980”. A continuación, explica cómo de una deuda del 120% del PIB en 1976, una bagatela comparada con la actual, se consigue bajar al 106% en 1980, gracias a la inflación -o del 105 al 92 % considerando sólo la deuda privada- pero con unas consecuencias devastadoras sobre el crecimiento y el empleo.

Aunque el estudio no lo especifica, pasaríamos de un crecimiento medio del 7,5% en el periodo1970-75 a otro del 0,8 % en el decenio 1975-85 -el 6% la media de la OCDE- y el paro del 3% en 1973 al 35% en 1977. Y lo que el estudio denomina eufemísticamente “vacío de poder”, fue simplemente el desastre político económico de la Transición, donde un hatajo de irresponsables, ineptos o cobardes, de uno y otro signo, sentaron las bases de la ruina económica y política de España, inventando el modelo de Estado, más destructivo, ineficaz y corrupto de occidente, y un sistema partitocrático profundamente antidemocrático, que permite a unos pocos imponer su voluntad y expoliar impunemente a toda una nación. Si este país ha de sobrevivir, tendrá que barrerlo primero del mapa y volver a empezar de cero después.

En la economía real el resultado fue el hundimiento de la renta “per capita” relativa, que después de alcanzar su máximo de convergencia de todos los tiempos en 1975, el 81,4 % de la media de los 9 países del entonces Mercado Común, se desplomaría hasta el 70,8 % en 1983. Y que 35 años después no se ha conseguido superar. La renta “per capita” relativa a esos 9 países, es hoy del 79,6 % o del 97,4 % de la UE-27. Pero la prueba del nueve del desastre del modelo de Estado impuesto durante la Transición es que mientras en 1975 la renta “per capita” de Irlanda era igual a la nuestra -10.000 $-, hoy es un 30% superior, consecuencia de un modelo de Estado que nos hizo crecer por debajo del potencial, incluso en los mejores momentos, y hoy nos lleva a la ruina. En la economía financiera, se produciría la mayor crisis de nuestra historia, brillantemente resuelta por el último Gobernador con mayúsculas del Banco de España, el injustamente vilipendiado Mariano Rubio, que entre 1978 y 1983 rescató, consolidó o nacionalizó 52 entidades de un total de 100, con unos depósitos equivalentes al 20% del total.

España, 2009 y siguientes
Hoy ya no estamos hablando de una deuda del 120% del PIB, sino del 282%, la mayor en términos de PIB del mundo desarrollado: 129% del PIB empresas, 88% familias o 125% de su renta disponible, y 65% AAPP y seudoempresas públicas. El desapalancamiento ha comenzado en la parte privada y va a continuar, lo que convierte en delirantes las previsiones de consumo e inversión de los PGE de 2010, pero crece sin limite en la pública.

Según el estudio McKinsey, existen cuatro arquetipos de desapalancamiento: 1) austeridad o “apretarse el cinturón”; 2) quiebras masivas; 3) inflación elevada; y 4) un crecimiento rápido del PIB. Obviamente, en España sólo se dan dos posibilidades, la 1) y la 2). ¿Y dónde estamos nosotros?, el estudio habla de varias fases. En la primera, comienza la caída de la economía pero ésta todavía sigue apalancandose (1-2 años); en la segunda empieza el desapalancamiento y el crecimiento del PIB es “significativamente bajo” (2-3 años); y en la tercera la economía se recupera lentamente mientras el desapalancamiento continúa (4-5 años). Añade también que el crecimiento del endeudamiento público, y cita a España específicamente, puede contrarrestar las reducciones de deuda de familias y empresas, y concluye “vemos el riesgo de que algunas economías -España obviamente- pueden permanecer altamente apalancadas, lo que crearía unas perspectivas económicas muy frágiles y altamente inestables a lo largo de los siguientes 5 o 10 años”.

¿Y cómo nos aplica esta evidencia empírica? Para empezar, seguimos en la primera fase, “caída de la economía mientras sigue el apalancamiento”, “ergo” ni siquiera hemos empezado los años de “crecimiento significativamente bajo”, ¡y estos mentirosos que nos gobiernan dicen que hemos tocado fondo! Y en 2010 seguiremos igual, el despalancamiento de familias y empresas seguirá, pero el público crecerá significativamente, tanto que esto producirá un cambio mayor: en algún momento del año los mercados nos cerraran el grifo, y estaremos al borde del “default”. A partir de aquí ya no seguiremos el arquetipo 1), Gobierno y PP S.L. allá donde manda, están instalados en el despilfarro más absoluto sin intención de cambiar, excepto en la retórica. Pasaremos al escenario 2), quiebras masivas: quiebra de casi el 50% del sistema financiero, quiebra de la Seguridad Social y suspensión de pagos de España; un desastre sin precedentes en tiempos de paz. En línea con ello, la Agencia Tributaria acaba de publicar la realidad escalofriante del paro, más allá de las mentiras masivas del INEM y del INE: “El número de personas distintas que cobraron desempleo en algún momento de 2008 fueron 4.486.292”, un dato inapelable porque quien cobra el paro está parado. Y dado el incremento del montante de prestaciones en 2009, la cifra es hoy ¡6,6 millones! Algunos pueden ser parados estacionales, pero otros ya no cobran prestación alguna, o buscan el primer empleo. Los que hemos estimado el paro actual en 5,2 millones nos hemos quedado cortos.

El hundimiento de la percepción internacional de España.
Desde principios de año se ha producido un vuelco en la percepción internacional de nuestra economía, que contribuirá a precipitar los acontecimientos. Goldman Sachs, el primer banco de inversión mundial, recomienda desde la pasada semana vender la deuda española, para “protegerse ante un posible impago de la misma”. Deutsche Bank igual y en las próximas semanas lloverán los informes en el mismo sentido. Mientras, la prensa europea habla ya abiertamente de la suspensión de pagos de España junto con Grecia y Portugal. Además y en contra de todo pronóstico, la presidencia de la UE por Zapatero, en lugar de mejorar nuestra imagen, está contribuyendo a deteriorarla seriamente.

Da igual cuanto dinero despilfarre Zapatero en anuncios sobre su Presidencia en la prensa económica mundial, algo que no había hecho ningún otro presidente de turno, da igual lo que digan BdE, INE, BBVA que parece estar dirigido aún por Sebastián o quien sea, se acabó la fiesta, ya no hay dinero -en 2009 de cada dos euros de gasto uno se financió con deuda, en 2010 serán dos de cada tres- y la capacidad de endeudamiento llega a su fin. Sólo un giro inmediato y radical, reduciendo drásticamente el despilfarro, ¡estimado en 90.000 millones de euros casi el 9% del PIB!, y el gasto corriente; cerrando las entidades financieras inviables y acometiendo las reformas estructurales esenciales, podrá devolvernos al arquetipo 1), y a cambio de austeridad, sudor y lágrimas, conseguir en 2 o 3 años iniciar la senda de la recuperación. No sucederá, ni Zapatero ni Rajoy, en las áreas donde gobierna cada uno, están dispuestos a ello. Una pareja letal para una España en crisis.

(*) Catedrático de Economía de la Escuela de Minas de la UPM.

El enemigo que tenemos enfrente
RICARDO MARTÍNEZ ISIDORO General de División ABC 25 Enero 2010

LAS sociedades occidentales viven con la confortabilidad que supone el estar convencidas de que existen suficientes parapetos para impedir que se llegue a situaciones de verdadera amenaza contra su seguridad; sin embargo el recuerdo de los atentados de Nueva York, Londres y Madrid, entre otros, es inquietante. Las Fuerzas de Seguridad del Estado, los Servicios de Inteligencia, las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil, la pertenencia a Organizaciones de Seguridad y Defensa, etc., se enfrentan a nuevos e insospechados retos de un enemigo que busca la sorpresa y el terror, elementos tan antiguos como eficaces para conseguir los efectos pretendidos, aunque habría que preguntarse si es suficiente esta especialización en la respuesta, en la que la opinión del ciudadano de a pie no aparece expresada.

Los acontecimientos recientes en el avión de Detroit, con la participación valiente y arriesgada del pasaje del avión amenazado, dan una pista del camino a seguir, que también recuerda a la reacción en otro de los aviones secuestrados en los sucesos del 11-S, que no tuvo la suerte de sobrevivir. La sociedad no se siente amenazada, al menos este sentimiento no se refleja entre sus principales preocupaciones estadísticas, sobre todo en plena crisis económica, pero la realidad es que existe una gran amenaza representada por el enemigo que tenemos enfrente, que por otra parte no se refleja taxativamente en los documentos definitivos de la Defensa Nacional, sino de una forma vaga e indeterminada, cuando de un solo golpe, el 11-M, ha producido más bajas que en los últimos acontecimientos bélicos que se recuerdan, y lo que es peor, podría repetirse.

El enemigo que tenemos enfrente, a pesar de no ser la costumbre de los tiempos, ha hecho su particular declaración de guerra, guerra santa, contra Occidente y contra España específicamente, llegando incluso a fijar objetivos claros a sus ejércitos en la sombra, la recuperación de Al Andalus, es decir de prácticamente todo el territorio nacional. El enemigo al que nos referimos ha elegido una estrategia a la que no se puede hacer frente con el modelo estratégico convencional que esgrimen todas las respuestas de los países occidentales y de sus órganos de defensa especializados.

La doctrina española al respecto es esclarecedora cuando indica que el conflicto armado asimétrico es aquel que se produce entre varios contendientes de capacidades militares distintas y con diferencias sustanciales en su modelo estratégico. Alguno de ellos buscará vencer utilizando el recurso militar de forma abierta en un espacio y lugar determinados y ateniéndose a las restricciones legales y éticas tradicionales. Su oponente tratará de desgastar, debilitar y obtener ventajas actuando de forma no convencional mediante éxitos puntuales de gran trascendencia en la opinión pública, agotamiento de su adversario por prolongación del conflicto, recurso a métodos alejados de las leyes y usos de la guerra o empleo de armas de destrucción masiva. Todo ello con el objetivo principal de influir sobre la opinión pública y en las decisiones políticas del adversario. Este es, obviamente, el modelo de Al Qaeda y en general el de la insurgencia al que se enfrentan las Fuerzas Armadas, sobre todo en Afganistán.

Las características de un conflicto tal son algunas de las que se citan: Existencia de grupos armados irregulares persistiendo la dificultad de su identificación como enemigo, que se mimetiza con la población civil, aunque explota mediáticamente sus progresos y los fracasos del adversario. Las operaciones no pueden conducirse de la forma tradicional para batirle, dado que no presenta una línea permanente de presencia. Elige el terreno para combatir, y lo hace en zonas en que dificulta la acción de los elementos convencionales, desapareciendo cuando reciben una respuesta organizada. Los estados en donde operan no tienen ningún poder oficial sobre las citadas partidas armadas y se ven imposibilitados para restablecer el orden.

El enemigo asimétrico actual, dado que a lo largo de la Historia se ha recurrido a estas formas de acción en diferentes ocasiones, ha estudiado bien la evolución de la sociedad convencional y la forma de subvertir sus valores a través de diferentes modelos que históricamente han dado resultado: estos serían la guerra revolucionaria clásica, la guerra de guerrillas y la delincuencia organizada. No hay que olvidar que el enemigo trata de sustituir los elementos básicos de nuestra sociedad por otros sujetos a su pensamiento, a sus leyes, y a su religión, conquistando para ello a la población, como medio de alcanzar a largo plazo el poder, mediante un procedimiento revolucionario clásico. El nuevo enemigo que tenemos enfrente toma del proceso revolucionario la eficacia de la acción psicológica y la propaganda para amplificar los efectos de sus acciones, haciendo hincapié en la posibilidad de librar la batalla en las mentes de la población, combinando la fascinación y el terror, en lugar de hacerlo en un campo de batalla clásico.

La guerra de guerrillas ha sido otro de los campos de inspiración del enemigo asimétrico, buscando causar el mayor daño sin presentar un combate continuado, usando el sabotaje y el terrorismo como procedimiento usual de lucha. La actualización y aprovechamiento presente es su traslación al ámbito urbano, donde el enemigo encuentra, con la aquiescencia, o no, de la población, su máximo rendimiento. La respuesta en este ambiente no es fácil para los ejércitos convencionales, cuyas acciones para combatirle causan a menudo daños colaterales de difícil asunción. Los procedimientos de la gran delincuencia prestan una inestimable ayuda de carácter organizativo al enemigo, cuyas técnicas utiliza para ocultar su existencia física, mediante la estructura celular que les caracteriza, para sus comunicaciones de mando y coordinación, para la financiación, para la alimentación con nuevos combatientes, etc., aprovechando el multiplicador que supone la globalización.

Ante estos conceptos se echa de menos un armado de la sociedad con otro discurso, y con otras medidas, entre ellas las militares. Ya no se trata de unos pocos irredentos que expresan sus locos propósitos con una finalidad exclusivamente mediática, esa fase ha quedado detrás de nosotros hace ya una década, ahora llevan la iniciativa, atacan con éxito sorprendente en entornos de seguridad muy sofisticados, son capaces de aprovechar el ritmo frenético de las sociedades occidentales, el ritmo exacto de sus necesarios transportes y sus actividades de ocio; secuestran y mantienen zonas en el mundo cerradas al acceso occidental, a su turismo , incluso a la acción humanitaria, mientras en otras presentan batalla, a su estilo, a los ejércitos más sofisticados del mundo.

Pensar que son suficientes las operaciones convencionales para hacer frente a este nuevo enemigo que tenemos puede suponer quedarse corto, puesto que ellos, el enemigo, se encuentra entre nosotros y debemos ineludiblemente entrar en su cultura, en su lengua para saber como actuar con justicia y equidad en un ambiente que hoy por hoy ignoramos por su complejidad y distancia intelectual. Pero las Fuerzas Armadas no pueden ganar su parte de la guerra sin experimentar una transformación sobre esta amenaza que significa el nuevo enemigo, tanto en los medios como en los procedimientos, en la doctrina en definitiva, que debería tener una continuidad de eficiencia en la financiación continuada de unas capacidades que son muy otras que las que precisan para las misiones de apoyo a la paz.

Un puesto a cambio de silencio
Editorial ABC 25 Enero 2010

LA preocupación del Gobierno por la evolución del sumario sobre el «caso Faisán» -las últimas revelaciones periodísticas de ABC colocan al Ejecutivo socialista en una situación cada vez más incómoda- es la causa más probable de la proposición que ha recibido el magistrado de la sala Segunda del Tribunal Supremo Luciano Varela para ser miembro del Tribunal Constitucional. El juez Varela es el instructor del procedimiento penal contra Baltasar Garzón por la presunta prevaricación cometida por éste al incoar el sumario por los desaparecidos del franquismo, pese a ser evidente que no tenía competencia para esta investigación. La información que hoy publica este diario sobre las presiones al juez Varela revela una injerencia en la independencia judicial de tal magnitud que debe ser objeto de explicaciones inmediatas por parte del Gobierno. No es admisible en un Estado de Derecho que el Ejecutivo ande trapicheando puestos en las más altas instituciones para cerrar procesos que le incomodan y «apaciguar» a los jueces que le quitan el sueño. No hay que confundirse. El problema del Gobierno no se llama Garzón. Se llama «Faisán», y si su preocupación no fuera creciendo por días, no se explicaría la osada iniciativa de tentar a un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo con un trueque de cargo por silencio. Además, aun en el caso hipotético de que se archivara la causa contra Garzón, las acusaciones personadas siempre podrían recurrir ante la Sala Segunda. En el Constitucional no hay plazas para tantos.

Las aguas están turbias en estos procedimientos. Llevan demasiado tiempo empantanados. Garzón mantiene el sumario del «caso Faisán» con una actividad mínima, a la espera de acontecimientos y sin resolver sobre las pruebas que le han pedido las acusaciones ni sobre la petición de archivo que ha presentado el Ministerio Fiscal. El caso contra Garzón está en la misma llamativa inactividad, pese a tratarse de un proceso en el que se investiga un posible delito de prevaricación, el cual, por su propia naturaleza, requiere una investigación muy limitada. Cualquiera que sea la razón de estas dilaciones judiciales, hay mecanismos internos para corregirlas. Lo que no es tan fácil de evitar -y, por esto mismo, es un hecho muy grave- es la intromisión desestabilizadora del Ejecutivo en la Justicia, al que no basta con tener una Fiscalía siempre presta a sacarle de los apuros, y que ya necesita llegar al límite de ofrecer prebendas a los jueces.

"Vigueses por la libertad" / La inspiración del involucionismo
Pío Moa Libertad Digital 25 Enero 2010


Un modelo de asociación tranquila y que pueden poner en marcha grupos de amigos sin un gran esfuerzo de activismo o económico es "Vigueses por la libertad", que inició Cristina Losada. Básicamente se trata de una tertulia semanal en alguna cafetería, que organiza conferencias diversas, y así han llevado a Vigo a Vidal Quadras, a Gotzone Mora y otros, al paso que se apoyan mutuamente con "Galicia Bilingüe" y otras asociaciones parecidas. Sin "Vigueses por la libertad" el panorama sería muy distinto en Vigo, es decir, estaría mucho más dominado por la izquierda y los nacionalistas que, ellos sí, no han dejado de moverse desde hace muchos años.

Este sábado me invitaron a una conferencia sobre la memoria histórica y la actualidad, el local estuvo completamente lleno y con bastantes jóvenes. El viernes di otra conferencia en Ferrol, patrocinada por la Central Librera, con menos asistencia y juventud, ya que fue un día muy lluvioso y en el Club de Campo, que queda en las afueras de la ciudad.

Pero insisto en asociaciones como "Vigueses por la libertad", de funcionamiento simple y que, una vez se domina la mecánica de las conferencias, permite una gran proyección, con poco esfuerzo, también en la prensa local. Por cierto, en mi caso me hizo una entrevista el diario Atlántico, pero no el Faro de Vigo ni La Voz de Galicia. He aquí la conferencia:

FRENTE POPULAR Y MEMORIA HISTÓRICA
La llamada Memoria histórica se asienta en la reivindicación del Frente Popular, y para comprender su alcance político actual, debemos repasar un poco la historia reciente y otra algo menos reciente.

Después de la muerte de Franco se planteó una transición a la democracia con la alternativa entre ruptura y reforma. La ruptura implicaba la negación de toda legitimidad al franquismo y el intento de enlazar la democracia con el Frente Popular de 1936-39, y transformar en vencidos a los vencedores de 1939. Esta salida era defendida por la oposición, mientras que el régimen franquista, que básicamente continuaba en pie, defendía la reforma. Dado que la reforma suponía en realidad la liquidación del aparato del estado de la época anterior, a veces se la ha llamado “ruptura pactada”, pero no ocurrió así: el pacto solo se hizo en relación con la Constitución y después de que la opción rupturista quedase derrotada.

Describiré brevemente este proceso: durante el año 1976 existían de hecho, aun si no de derecho, las libertades de expresión y asociación, y la oposición las utilizó a fondo para organizarse y difundir masivamente su propaganda y consignas, con apoyo de la mayor parte de la prensa, y para convocar numerosas manifestaciones autorizadas y no autorizadas. La escalada llegó hasta el llamamiento de huelga general el 12 de noviembre de 1976, una huelga política por sus propias características, la cual fracasó.

A su vez, el franquismo elaboró, tras la dimisión de Arias Navarro, una ley de reforma que debía ser aprobada en referéndum nacional. Este referéndum se convocaba sin libertades oficiales, aunque sí fácticas, y la mayor parte de la oposición agitó para boicotearlo, mientras el sector más extremista rechazó de plano el proceso y el GRAPO intentó sabotearlo mediante acciones armadas. La campaña de boicot tuvo poco fuelle porque el fracaso de la huelga general había desmoralizado un tanto a sus promotores, porque sus movilizaciones a lo largo del año habían revelado una fuerza en aumento, pero muy insuficiente, y porque sus partidos no podían radicalizarse demasiado, al estar muy infiltrados por la policía, cosa que no ocurría con el GRAPO. Curiosamente, la historia ha sido contada al revés: el GRAPO sería el que estaba infiltrado, pero nunca se ha dado una sola prueba de ello, a pesar de contar los socialistas con los archivos policiales y el control de la policía durante muchos años.

Puede objetarse que si la reforma iba a eliminar el aparato franquista, la diferenciación entre ruptura y reforma no pasaba de cuestión bizantina. Sin embargo esa diferencia tenía y tiene trascendencia esencial. La reforma significaba pasar “de la ley a la ley”, es decir, rechazar la legitimidad del Frente Popular y reconocer al franquismo una legitimidad que a su vez traspasaba a la democracia. Esa es la clave del problema y en buena medida la explicación de la deriva de la democracia posterior.

La reforma ganó la batalla, pues el referéndum del 15 de diciembre de 1976 tuvo una votación positiva abrumadora. Por tanto, la oposición hubo de reconocer, entre otras cosas, una democracia encabezada por una élite proveniente del régimen anterior, que implicaba, entre otras cosas, un rey nombrado por Franco y la bandera bajo la cual había sido vencido el Frente Popular. El pacto entre la oposición y los reformistas vendría después, para elaborar la Constitución. Esta admitió exigencias de la oposición, de tipo socialdemócrata y nacionalista, que dieron a la ley un carácter íntimamente contradictorio. Quizá valga la pena contrastar la aprobación de la reforma por el 74% del cuerpo electoral, con la aprobación mucho menor de la Constitución, con el 61%.

Así, paradójicamente, la dictadura se transformaba en democracia, mientras que la oposición, que se decía democrática, se veía obligada a seguir el camino marcado por los franquistas. Sin embargo, la paradoja tiene fácil solución si atendemos a los hechos más que a las palabras. En el franquismo siempre hubo dualidad entre quienes lo veían como la superación del socialismo y del liberalismo, y quienes lo consideraban una solución extraordinaria a la crisis extraordinaria de los años 30, y por tanto destinado a evolucionar antes o después hacia un régimen similar a los del oeste europeo. Esta segunda postura cobró fuerza, y hacia el final del franquismo se hizo dominante. En cuanto al carácter democrático de la oposición antifranquista, suscita más que dudas. Su principal partido, el comunista, era, como su nombre indica, radicalmente totalitario, por más que nunca cesara de invocar las libertades, desde tiempos de Stalin y antes. El PSOE era marxista y se había reorganizado muy a última hora, como los nacionalistas catalanes y vascos, con evidente permiso de la Guardia Civil. Las organizaciones maoístas y terroristas también hablaban de democracia, pero nunca fue obligatorio creerles. Los 300 presos políticos que salieron en las amnistías de la Transición –un número bajo para un país de 36 millones de habitantes— eran casi todos comunistas o terroristas. Los demócratas, propiamente hablando, nunca molestaron gran cosa al franquismo, ni viceversa, y no los había en las cárceles de Franco.

Otro dato ayuda a aclarar el democratismo de aquella oposición: en 1976 visitó España el premio Nobel de literatura Alexandr Solzhenitsin, quien comparó a la España franquista con la Unión Soviética. Lo que dijo era cierto, pero la oposición en pleno saltó como un resorte en defensa de la URSS y cubrió de improperios al escritor. Lo más significativo es que no fueron los comunistas los más enfurecidos, sino personajes y grupos muy variados, desde la extrema izquierda a los democristianos de Ruiz Giménez. Esa fascinación por el totalitarismo soviético era otro aspecto del intento rupturista de enlazar la democracia con el Frente Popular, legitimando a este.

La oposición más radical, en primer lugar la ETA, el GRAPO, organizaciones anarquistas, etc., rechazó abiertamente la reforma, le negó toda legitimidad y denunció al resto de la oposición, que se había resignado a dicha reforma y renunciado a convertir a los vencedores de 1939 en vencidos. Pero esa resignación era transitoria, y su sentido lo expuso años después Alfonso Guerra: en la transición y después no pudieron hacer al franquismo un proceso político –y a ser posible judicial--, pero después del triunfo socialista en 2004 sí se creyeron con fuerza para hacerlo, mediante, entre otras cosas, la Ley de Memoria Histórica. Esta ley es, en su misma formulación, totalitaria, y su fondo político no es la reivindicación de las víctimas, sino del Frente Popular e incluso de la ETA –que es también beneficiaria de dicha ley—, así como la deslegitimación total del franquismo y, por tanto, de cuanto procede de él, concretamente la monarquía y la democracia actuales. Es la vuelta a la ruptura no conseguida en 1976-77, y no es casual que se diera en colaboración con la ETA, que siempre rechazó la reforma.

Vemos, por tanto, que la cuestión del Frente Popular no solo tiene interés histórico, sino la máxima actualidad política. Conviene, por ello, aclarar qué fue ese Frente, algo que poca gente conoce, debido al intenso lavado de cerebro que el país ha sufrido durante décadas, ayudado por la inhibición de la derecha.

Debemos diferenciar, ante todo, entre la república y el Frente Popular, que suelen identificarse erróneamente. En realidad fue el Frente Popular el que acabó con la legalidad republicana, que en su origen fue hasta cierto punto demócrata-liberal. Se ha discutido la legitimidad de la república, alegándose que nació de unas elecciones solo municipales y perdidas, además, por los republicanos. Esto es cierto, pero su legitimidad no viene de esas elecciones, menos aún del golpe militar con el que intentó imponerse en diciembre de 1930. Esa legitimidad procede de la monarquía, la cual despreció a sus propios votantes y entregó el poder a los republicanos que habían fracasado en su golpe militar y perdido las elecciones de abril del 31. Tan pasmosa entrega, bien reflejada en documentos y memorias de la época, es insólita en la historia de cualquier país y revela la profunda quiebra moral e ideológica de los monárquicos.

Por los vuelcos de opinión propios de tales momentos, y por la desorganización de la derecha, las izquierdas obtuvieron una gran victoria en las elecciones a Cortes de junio de 1931, quedando como primer partido el PSOE, que era el más masivo y organizado, gracias a su anterior colaboración con la dictadura de Primo de Rivera. Cabía esperar que el PSOE persistiera en su moderación, pero, al revés, consideró a la república un régimen burgués transitorio, utilizable para instaurar pronto un socialismo concebido como “dictadura del proletariado”, es decir, dictadura del propio PSOE. Y la Esquerra nacionalista catalana interpretaría el estatuto de autonomía, no como la solución al problema que ella misma planteaba, sino como un paso en un camino de final incierto.

Las Cortes de julio del 31 tenían por objeto elaborar una Constitución, por lo que, una vez votada esta, debían realizarse nuevos comicios para dejar paso a un gobierno ya constitucional y no provisional, pero los socialistas se opusieron y Largo Caballero amenazó ya entonces con una guerra civil. Así, sin nuevas elecciones, se formó un gobierno de republicanos de izquierda y socialistas, presidido por Azaña.

El bienio republicano-socialista fue muy convulso. Las izquierdas habían empezado por organizar grandes incendios de iglesias, bibliotecas y centros de enseñanza, los anarquistas lanzaron tres movimientos insurreccionales, causaron casi 200 muertos, y hundieron el crédito de Azaña después de la matanza de Casas Viejas, en enero de 1933. El general Sanjurjo, que había ayudado a traer la república más que la mayoría de los jefes republicanos, se sublevó en agosto de 1932, pero careció de apoyo real de la derecha, por lo que fue rápidamente vencido, con un saldo de 10 muertos. Al revés que las insurrecciones anarquistas, el golpe de Sanjurjo reforzó y radicalizó a la izquierda. La derecha estaba aún poco organizada, pues sólo en primavera de 1933 logró unirse en la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, que no era propiamente un partido, sino una federación de ellos. La CEDA aceptó la república sin identificarse con ella, mientras el sector monárquico, muy minoritario, pasó a rechazarla tras las jornadas de quemas de conventos y centros culturales, las cuales también motivaron algunas conspiraciones militares muy minoritarias e insignificantes. El gobierno de izquierdas emprendió varias reformas, algunas bien enfocadas pero mal realizadas, como la militar, y otras mal enfocadas de raíz. El resultado fue una escalada de la pobreza, y el hambre volvió a los niveles de principios de siglo. La delincuencia política y común creció en espiral, como también la propaganda antiespañola en Cataluña y Vascongadas.

A consecuencia de aquel convulso bienio, el centro-derecha ganó por amplio margen las elecciones de noviembre de 1933. Estas elecciones demostraron que la república, a pesar de fuertes restricciones a las libertades y de ataques antidemocráticos a los sentimientos religiosos de la mayoría, conservaba rasgos democráticos que permitían la alternancia y la corrección de excesos. Sin embargo, las izquierdas y los nacionalistas catalanes y vascos rechazaron el veredicto de las urnas. Los republicanos, Azaña en primer lugar, intentaron dos golpes de estado, y a lo largo de 1934 agitaron con maniobras desestabilizadoras, mientras la Esquerra preparaba una insurrección. El PSOE eliminó al legalista Besteiro de la UGT y preparó sistemáticamente la guerra civil, así llamada en sus documentos. Y de ahí salió la insurrección armada de octubre de 1934, que fracasó principalmente porque la población no siguió los llamamientos de los jefes insurrectos, aunque dejó un rastro de 1.300 muertos e ingentes destrucciones de inmuebles, bibliotecas, obras de arte, etc. Estos hechos, que aquí resumo al máximo, pueden considerarse hoy plenamente documentados y verificados.

La insurrección de 1934 fue, en rigor, la primera fase de la guerra civil, y un rasgo clave de ella fue la participación de toda la izquierda, en un grado u otro, al revés de lo ocurrido con la derecha en el caso de Sanjurjo. Los protagonistas mayores fueron el PSOE y la Esquerra, pero también actuaron los comunistas y parte de los anarquistas, mientras las izquierdas republicanas rompían con las instituciones, es decir, con la legalidad, en apoyo de los insurrectos. También participó el PNV en las previas maniobras desestabilizadoras. Aquello prefiguró lo que sería el Frente Popular de 1936.

El fracaso no aleccionó a la izquierda en el sentido de respetar la democracia y la legalidad, sino que el sector predominante del PSOE, el de Largo Caballero, se sovietizó aún más o bolchevizó, como se decía; el sector de Besteiro volvió a ser marginado y el de Prieto optó por aliarse con Azaña a fin de ganar las siguientes elecciones y, desde el poder, depurar el estado para impedir que la derecha volviera a gobernar, creando una situación seudodemocrática similar a la del Méjico del PRI. Azaña y Prieto no pensaban en lo que después se llamaría Frente Popular, que era una táctica comunista para hegemonizar y conducir los movimientos “antifascistas”. De hecho, a Azaña y a Prieto les disgustaba admitir a los comunistas en la coalición, pero hubieron de ceder porque una gran parte del PSOE lo deseaba. Por entonces el PCE se estaba infiltrando en la UGT y las juventudes socialistas.

Esta coalición no habría triunfado, probablemente, si el presidente de la república, el conservador Alcalá-Zamora, no hubiera provocado una crisis innecesaria expulsando a la CEDA del gobierno y montando otro a su gusto, de escasa legitimidad, sin apoyo parlamentario. Esta maniobra le forzó a convocar nuevos comicios en un momento de odios exacerbados, en febrero de 1936, que han quedado con el nombre, algo inapropiado, de “elecciones del Frente Popular”. La campaña electoral fue muy violenta, con amenazas de la izquierda de no reconocer un resultado desfavorable, y con numerosos disturbios y falsificaciones en las urnas, según indicó el propio Azaña. Las votaciones reales nunca fueron publicadas, lo que convierte estas elecciones en no democráticas e ilegales. Como fuere, la coalición de izquierdas, todavía no llamada Frente Popular y compuesta de los partidos y políticos que habían asaltado la república en el 34, ocupó el poder, y de inmediato se desató un proceso revolucionario desde la calle y una demolición de la legalidad desde el gobierno. El propio Azaña expresa bien lo que ocurría, al mes de las elecciones: Hoy nos han quemado Yecla: 7 iglesias,6 casas, todos los centros políticos de derecha y el registro de la Propiedad. A media tarde incendios en Albacete y Almansa. Ayer motín y asesinatos en Jumilla. El sábado Logroño, el viernes Madrid, tres iglesias. El jueves y el miércoles Vallecas. Han apaleado a un comandante, vestido de uniforme y que no hacía nada. En Ferrol a dos oficiales de artillería. En Logroño acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales. Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el gobierno, y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias”. En cinco meses hubo unos 300 muertos y más de de mil heridos, la inmensa mayoría de ellos causados por las izquierdas, aparte de cientos de iglesias y otros edificios incendiados, ocupaciones ilegales de fincas, etc. Las peticiones de la derecha para que el gobierno cumpliera e hiciera cumplir la ley eran recibidas en las Cortes con burlas, insultos y amenazas de muerte.

Tanto por su origen como por su negativa a cumplir las leyes todavía vigentes, aquel gobierno, presidido primero por Azaña y luego por Casares Quiroga, era claramente ilegítimo. Pero además, la izquierda expulsó ilegalmente de sus escaños a numerosos diputados derechistas, eliminó la independencia judicial poniendo a los jueces bajo el control de los sindicatos, destituyó ilegalmente al presidente Alcalá-Zamora, que había facilitado la victoria de las izquierdas, depuró diversos aparatos del estado, ensalzó y devolvió a sus puestos a los funcionarios y políticos condenados por la sublevación de octubre del 34, etc. Hechos todos ellos bien documentados. Cuando diversos historiadores y políticos afirman hoy que se trataba de un gobierno legítimo y democrático, debemos entender que para ellos un gobierno legítimo y democrático es el que lleva a cabo una política de este estilo. Así, la coalición de izquierdas fue tomando la forma de un verdadero Frente Popular en el que marcaban la pauta el sector bolchevique del PSOE y el Partido Comunista, que crecía con gran rapidez y en estrecha alianza con Largo Caballero.

La derecha estaba durante aquellos meses muy acobardada, aunque algunos militares encabezados por Mola se pusieron pronto a conspirar para dar un golpe republicano que enderezase la situación. El golpe era muy azaroso, porque el ejército, como la sociedad, estaba dividido, y porque a muchos les echaba atrás el recuerdo de la sanjurjada. El propio Franco, metido en la conspiración, procuraba aplazar el golpe todo lo posible. El asesinato de Calvo Sotelo, el líder más notorio de la oposición por entonces, perpetrado por socialistas y policías, fue en sí mismo una declaración de guerra y la gota que colmó el vaso y decidió a actuar a muchos que vacilaban, entre ellos el propio Franco. Antes de este se habían alzado contra la república los anarquistas, Sanjurjo, el PSOE, los republicanos de izquierda, los nacionalistas catalanes y, en parte, el PNV. En rigor, Franco y los suyos no se levantaron contra la república, pues esta había quedado destrozada después de las elecciones de 1936, sino contra un proceso revolucionario,

Así la guerra civil se reinició o entró en una nueva fase. El golpe de Mola fracasó y el Frente Popular pudo haber aplastado a los rebeldes, aunque las decisiones de Franco y las disputas internas entre izquierdas y nacionalistas cambiaron poco a poco las tornas, hasta determinar la victoria de los nacionales. Durante la guerra el Partido Comunista, gracias a la protección de la URSS y a tener una mayor disciplina y estrategia, de la cual carecían sus aliados, se convirtió en el eje de la lucha contra Franco, haciendo que la guerra durase cerca de tres años, cuando pudo haber terminado en cinco meses. A su vez, la rebelión derechista, en un principio republicana, evolucionó hacia la negación de la república y de la democracia por considerarlas causantes de las convulsiones de aquellos años, y hacia la instauración de un régimen autoritario, aunque no totalitario. No debe olvidarse que poco antes de llegar la república, Franco se había declarado partidario de una democracia ordenada.

El Frente Popular no incluía de derecho, pero sí de hecho, a los nacionalistas catalanes y vascos, y a los anarquistas. Por tanto podemos ver que aquellos supuestos defensores de la democracia se componían, en primer lugar, de los marxistas revolucionarios y golpistas del PSOE, a menudo más exaltados que los comunistas; del PCE, un partido agente de Stalin y orgulloso de serlo; de los anarquistas, enemigos por principio de la república y de la democracia; de la Esquerra catalana, cuyo golpismo de 1934 no dejaba de mostrar ciertos rasgos fascistas; de los republicanos de izquierda, golpistas a su vez cuando perdieron las elecciones de 1933 y destructores de la legalidad desde febrero de 1936; y del PNV, un partido extremadamente racista, no muy alejado en sus doctrinas del nazismo y que durante la guerra traicionaría a sus aliados entendiéndose con los fascistas italianos. Decir que este conglomerado de partidos defendía la república y la democracia resulta una osadía verdaderamente asombrosa, algo así como presentar a Hitler como defensor de los judíos. Y sin embargo una afirmación tan radicalmente imposible e ilógica ha circulado durante largos años y convencido a muchos, debido a que una mentira muy repetida parece convertirse en verdad, como decía Goebbels.

El balance del Frente Popular es igualmente bien conocido. Al exportar ilegalmente el grueso del oro a la URSS, se convirtió de modo inevitable en satélite de Stalin, quien tenía en sus manos la mayor parte del suministro de armas. Otras armas fueron compradas con la parte del oro depositada en Francia y de la plata vendida en Usa, dando lugar a una corrupción extrema y muy denunciada desde la propia izquierda. Los jefes del Frente Popular organizaron desde muy pronto el saqueo sistemático de bienes particulares y del patrimonio artístico e histórico español, de museos, etc., en el curso del cual fueron destruidas numerosas bibliotecas, monasterios, edificios de gran valor artístico, etc. Parte de esos tesoros fue llevada a Méjico por Negrín en el barco Vita, y en Méjico se la birló limpiamente el también socialista Prieto, de acuerdo con el presidente mejicano Cárdenas. Hubo además constantes reyertas dentro del Frente Popular, que dieron lugar a dos breves guerras civiles internas, en mayo de 1937 y en marzo de 1939, aparte de numerosos asesinatos, torturas y detenciones ilegales, de las que el caso más conocido es el del líder del POUM Andrés Nin, uno entre muchos. El Frente Popular, pese a verse claramente derrotado ya en 1938, mantuvo la guerra con la esperanza de enlazarla con la guerra europea. De haber entrado España en la guerra mundial, como deseaban las izquierdas, las víctimas y desastres de la guerra civil se habrían multiplicado.

Un balance, como vemos, muy poco satisfactorio, por decirlo suavemente. Pero esto es lo que ha significado histórica y políticamente el Frente Popular reivindicado por el gobierno, por numerosos partidos y por la ley totalitaria de la memoria histórica. Ante lo cual cabe preguntarse si toda esa gente ignora tales hechos. La respuesta es no, los conocen necesariamente, pues están bien claros no solo en investigaciones recientes, sino en las disputas y polémicas entre las mismas izquierdas. Por increíble que resulte, esos políticos, historiadores y partidos se identifican con semejantes políticas.

Podemos ver el asunto desde otro punto de vista: ¿cuáles han sido los mayores peligros y amenazas que ha soportado la democracia española desde la transición? Señalaré cuatro, todos ellos de tendencia rupturista: a) el terrorismo, casi todo él de origen izquierdista y separatista; b) las oleadas de corrupción, fundamentalmente socialistas; c) lo que el socialista Alfonso Guerra definió como “la muerte de Montesquieu”, es decir, la liquidación de la independencia judicial; d) los separatismos, que entrañan el ataque a la unidad de España, a la Constitución y a los derechos ciudadanos de vascos, gallegos y catalanes. Todas estas amenazas han situado a la democracia en serio peligro, y todas ellas se relacionan en mayor o menor grado con la reivindicación de la supuesta legitimidad del Frente Popular.

Esta reivindicación niega implícita o explícitamente la legitimidad de la actual democracia y de la monarquía, y desde la vuelta del PSOE al poder, en 2004, ha entrado en una escalada cuyos puntos más demoledores, pero no únicos, desde luego, son, como he indicado, la ley de memoria histórica y la colaboración con la ETA. Nunca este grupo terrorista había encontrado una colaboración mayor y de más alcance, ni por parte del clero nacionalista vasco, ni de la prensa autodenominada progresista, ni del PNV, ni de los gobiernos franceses o argelinos. El gobierno ha legalizado al terrorismo en sus terminales políticas, ha intentado silenciar y desacreditar a sus víctimas directas, le ha entregado grandes sumas de dinero, le ha dado proyección internacional gratuitamente, ha utilizado a la policía para librarle de la acción judicial y, sobre todo, le ha ofrecido la demolición de la Constitución mediante hechos consumados, con el modelo del estatuto catalán (copiado por el PP), justificando y premiando así el asesinato como método de hacer política en España. Ya he dicho en otras ocasiones que esta colaboración, disfrazada de “diálogo” y de “proceso de paz”, no se asienta en otra cosa que en una coincidencia ideológica básica entre el gobierno y la ETA: ambos se proclaman socialistas, antiimperialistas, visceralmente antifranquistas, feministas, la ETA es antiespañola y el gobierno indiferente a España, etc. De momento, los negocios entre ambos han salido mal, porque la ETA ha exigido aún más, pero cuatro años de colaboración han dejado tambaleante la legalidad democrática y el estado de derecho. La nueva legalidad que se intenta imponer mediante hechos consumados y basada en estas colaboraciones, en la muerte de Montesquieu, en la corrupción institucional, etc., reproduce precisamente la falsa legalidad del Frente Popular, con variantes impuestas por el cambio de los tiempos. Lo cual nos indica la importancia de la historia en el presente. Creo que los ciudadanos tendrán que elegir, si no quieren que otros elijan por ellos y le marquen un camino muy poco envidiable.

El Gobierno ofrece una plaza en el TC al instructor de la querella contra Garzón
Luciano Varela ha recibido la jugosa oferta de ser miembro del Constitucional, según algunas fuentes a cambio de no llevar a juicio al juez de la Audiencia Nacional
NIEVES COLLI | MADRID ABC 25 Enero 2010

Luciano Varela, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) que instruye la querella contra Baltasar Garzón por la causa sobre la memoria histórica, ha recibido del entorno del Gobierno la apetitosa oferta de ser miembro del Tribunal Constitucional. Diversas fuentes consultadas por ABC sostienen que, a cambio, se habría sugerido a Varela que no lleve a juicio al juez de la Audiencia Nacional, sobre el que pesa la acusación de haber cometido un delito de prevaricación durante la investigación de las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo.

A finales de año, las vacantes en el Tribunal Constitucional ascenderán de las cinco actuales a ocho. A las cuatro que llevan pendientes de renovación en el Senado desde hace más de dos años, se suman la causada por el fallecimiento de Roberto García Calvo y las otras tres cuya renovación deberá producirse también el próximo mes de noviembre en el Congreso. Si bien ya hay precandidatos para las plazas del Senado, todas las quinielas están abiertas para la tanda de la Cámara Baja. Sin embargo, PSOE y PP no han empezado aún a negociar.

Tras el verano
Pero las maniobras del Ejecutivo, que habrían comenzado a la vuelta del pasado verano -coincidiendo o justo después de la declaración de Garzón como imputado-, no se habrían limitado a eso. Los medios antes citados aseguran que, antes de optar por ofrecerle ese «premio», el magistrado del Supremo habría recibido diversos mensajes provenientes, al parecer, del entorno de los Ministerios de Presidencia o de Interior.

En la actualidad Garzón instruye un procedimiento de gran interés para el Gobierno, de ahí que las fuentes consultadas crean que la estrategia de Moncloa pase por evitar que la causa penal contra el juez siga adelante. De no ser así, Garzón sería suspendido y apartado del juzgado.

El procedimiento en cuestión es el del «chivatazo» a ETA de una operación contra la red de extorsión de la banda que operaba en el bar «Faisán» de Irún. En mayo de 2006 fue interceptada una conversación telefónica en la que Imanol Elosúa, propietario del citado bar y jefe de una de las redes de cobro del chantaje etarra, le decía a su yerno que un «madero» le había avisado de que iba a ser detenido. Este episodio habría sido utilizado por el Gobierno en los contactos que mantuvo con ETA en el verano de ese mismo año.

Parte de las diligencias de investigación abiertas sobre el «chivatazo» han permanecido bajo secreto de sumario hasta fechas recientes y, según las acusaciones personadas -la Fiscalía ha pedido el archivo-, Garzón las habría «dejado dormir en un cajón durante meses». En la actualidad, la Sala Penal tiene en sus manos un recurso de Dignidad y Justicia y, en gran medida, la llave para que la causa siga adelante o sea archivada. Además, hay otra parte que sigue bajo secreto sumarial, toda vez que contiene, entre otros asuntos relacionados con el «soplo policial», material sensible para la lucha antiterrorista. Algunas fuentes señalan que entre ese material podrían encontrarse grabaciones que fueron realizadas durante la última tregua de ETA y el proceso de negociación con la banda.

Fuentes del TS creen que las «presiones» recibidas por Varela bien podrían ser la causa principal -aunque quizás no la única- de su tardanza en tomar una decisión sobre el archivo o no de las tres querellas presentadas contra Garzón. Máxime cuando, al poco tiempo de la admisión a trámite por la Sala Segunda de la primera de ellas -la de Manos Limpias, luego vendrían las de Libertad e Identidad y Falange Española de las Jons-, Varela afirmó delante de muchos de sus compañeros su intención de resolver rápidamente el asunto y, casi con toda seguridad, de llevar a juicio al querellado. El escrito de Manos Limpias fue admitido a trámite el 27 de mayo de 2009, pero al instructor le faltaba escuchar la versión de Garzón.

Los casi ocho meses de instrucción de esta causa parecen excesivos no sólo a la defensa del magistrado de la Audiencia, que ha llegado a sostener que está siendo «injustificadamente retardada», o a la Fiscalía, que el jueves pasado reiteró su petición de archivo por no haber delito y advirtió de «la necesidad de poner fin a la investigación».

También en medios del Supremo se considera excesivo el tiempo empleado por Varela en un procedimiento en el que, junto a la declaración de Garzón (el 9 de septiembre de 2009) y la comprobación de los hechos (el contenido de las resoluciones supuestamente prevaricadoras), no es necesaria la práctica de muchas más diligencias de prueba. A día de hoy, Luciano Varela sigue «investigando».

Entre sugerencias y ofertas de futuro, el Gobierno ha situado al magistrado del Supremo en una situación aún más «incómoda» que la provocada por la propia naturaleza del procedimiento. Distintos medios judiciales coinciden en que la posición de la Fiscalía -que defiende la inocencia de Garzón y el archivo- es otro de los factores que podrían estar retrasando la decisión final de Varela. Los únicos que acusan al juez son los querellantes, Falange, Manos Limpias y Libertad e Identidad, de un perfil político afín.

Incómoda situación
La de la memoria histórica no es la única causa penal a la que se enfrenta Garzón. En el TS se tramitan otras dos, aunque ninguna de ellas ha sido admitida a trámite por la Sala Segunda. Se trata de dos querellas: la primera por las subvenciones con las que se financiaron los cursos que el juez impartió en Nueva York y la segunda por las intervenciones telefónicas que ordenó practicar a varios imputados del «caso Gürtel» durante las comunicaciones con sus abogados. Si cualquiera de estas dos querellas fuera admitida a trámite, Varela se vería liberado de la responsabilidad de «abrir la veda» contra un juez de gran prestigio internacional y que ha prestado servicios como abrir la vía de la ilegalización de Batasuna y otras organizaciones de ETA.

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Ni inmersión ni dejación
Pablo Mosquera La Voz 25 Enero 2010

En Cataluña, sus Gobiernos se han empeñado en una política lingüística de inmersión en catalán. Hay que vivir en catalán, por imperativo legal. Entienden el bilingüismo como la discriminación ultrapositiva de una lengua, a la que dan la consideración de nacional, sin ser nación, pero como si lo fueran dentro de la teoría del Estado plurinacional que acuñó Pujol y toleró Aznar.

En Euskadi se intentó lo mismo, pero se toparon con la terrible dificultad del euskera, que hace fracasar la relación coste-eficacia de los programas de política lingüística, donde las curvas de enseñanza, conocimiento y uso social del euskera son tres variables de más a mucho menos. Hoy, con el cambio, el Gobierno, en nombre de la libertad y de la cordura, pone orden y coloca la política lingüística en su sitio. Nada de inmersión. Nada de imposición. Nada de exilios por no saber euskera. Nada de hacer del euskera la primera condición o mérito para un trabajo en el sector público.

En Galicia había paz lingüística hasta que llegó el cambio. Quizá en lo único que notamos el cambio. Se empeñaron en dar varias vueltas a la tuerca de la obligatoriedad del gallego y crearon un problema de incomodidad. Puede que tal problema, llevado al programa electoral del PP, contribuyera al triunfo electoral. Puede que alguien esté pensando que el gallego puede entrar en fase de dejación, con lo que al ser lengua minorizada, corre el peligro de sucumbir ante la fortaleza del castellano. Pero había dos premisas en la Lei de Normalización Lingüística que resultaban suficientes: que los más peques se escolarizaran en la lengua materna y que al finalizar los estudios de bachillerato todos los alumnos dominaran castellano y gallego.

Las manifestaciones a favor de nuestra lengua siempre serán un éxito. Pero también lo serán las manifestaciones a favor de la libertad. Y no hay nada más progresista que defenderla, en cualquier espacio.

A partir de estas premisas es indispensable establecer un pacto lingüístico. Lo que no se puede admitir, a estas alturas, es el trágala, la declaración de enemigos de las señas de identidad de Galicia o la negación del derecho de los padres a pronunciarse.

Políticos incoherentes
Manuel Molares do Val Periodista Digital 25 Enero 2010

Incompetentes e incoherentes: así ven los catalanes a los políticos, el peor mal social que creen sufrir tras el paro, según la Encuesta de Valoración del Govern hecha pública por el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO).

Quizás por eso los países más eficaces son los que viven largas crisis sin gobierno. Sin presión de los políticos, en esos lugares funcionan mejor las instituciones permanentes y la administración pública.

Dejemos Cataluña, dominada por abundantes corruptos, gobernantes y exgobernantes, cobradores de comisiones por cualquier trabajo, y observemos el conjunto de España.

Los bancos le han perdonado el PSOE 33 millones de euros de créditos impagados. Así tienen comprado al partido gobernante, como se deduce del informe de Tribunal de Cuentas. Y eso, al margen de sus múltiples corrupciones comprobadas, numéricamente más (264 frente a 200) que las del PP.

Pero vayamos también al PP, que olvida su ideología si a cambio consigue algunos votos o si puede atenuar los ataques de socialistas o nacionalistas: acobardados, los populares se vuelven tan maleables como los hilillos de plastilina.

Un ejemplo: está claro que defienden la energía nuclear. Pero cuando comprueban que puede ser impopular que un pueblo castellano-manchego gobernado por sus militantes instale un cementerio atómico porque trae riqueza, María Dolores de Cospedal, número 2 de partido y candidata presidir esa Comunidad, amenaza con expulsar al alcalde. Es el terror del PP a Greenpeace.

En Galicia, el presidente Núñez Feijóo, asustado por las protestas socialistas y nacionalistas, ha roto su promesa electoral de que los niños estudien en el idioma que decidan sus padres. Brindó algo que es incapaz de cumplir, y ahora gran número de sus votantes no le creen.

En ambos casos, incoherencia y espantada: el dictamen de los electores catalanes sirve para toda España.

Memoria selectiva
Regina Otaola Libertad Digital 25 Enero 2010

Tenemos un presidente de Gobierno empecinado en que la "memoria histórica" –o al menos esa memoria sesgada que utilizan constantemente los socialistas como arma arrojadiza- esté presente en la vida pública y privada de los españoles todos los días del año. Contrasta su actitud con el afán por olvidar del lehendakari Patxi López, que hoy en una entrevista en El Mundo es capaz de argüir, para no tener que responder sobre el escándalo del "caso Faisán", que "en el País Vasco no hay una atención puesta sobre este asunto, hemos superado esta etapa, que para nosotros es pasado". ¿Memoria ahistórica? Más bien selectiva, sobre todo teniendo en cuenta que este asunto está de plena actualidad y que, aunque Patxi no se acuerde, tiene que ver con los apaños mantenidos por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con ETA.

Tiene además el lehendakari la osadía de usar como coartada el escaso interés del "País Vasco" por este asunto, pero resulta que el hecho inquietante de que agentes de Policía hayan ayudado a ETA para evitar frustrar la negociación política del Gobierno con los terroristas no es un asunto del que queramos olvidarnos buena parte de los vascos y la mayoría de los españoles, porque afecta a la misma esencia del Estado de Derecho, a sus garantes y defensores, como afecta al buen nombre de las Fuerzas de Seguridad del Estado y supone, una vez más, un insulto a la inteligencia de los ciudadanos y a la dignidad de las víctimas del terrorismo que siempre han confiado en la Justicia y en el Gobierno para acabar con ETA.

Cuando el Estado de Derecho se deja en suspenso para permitir una negociación política con una banda terrorista, nuestra Democracia se resiente, queda al albur de las decisiones extraparlamentarias y secretas de unos pocos. Ni luz ni taquígrafos.

Siendo grave y dolosa la desmemoria selectiva del lehendakari, no es menos grave la actitud del Gobierno al pretender restar importancia a estos hechos que no sólo afectan, como digo, a la sociedad vasca. Porque cuando el Estado de Derecho es utilizado torticeramente, cuando es puesto al servicio de unos muy determinados intereses de partido, las consecuencias afectan a la seguridad y a la estabilidad democrática de todos los españoles.

Actualmente PSE y PP gozamos de un entendimiento de base como alternativa a los nacionalistas en el Gobierno vasco, lo que me parece estupendo, pero no se puede decir desde ese mismo Gobierno que el "caso Faisán" está superado en nuestra Comunidad cuando no sólo no es así, sino que además tampoco puede valer de justificación para pasar página sin que se depuren las debidas responsabilidades –que, como vamos viendo, al parecer parten de la mismísima cúpula del Ministerio del Interior, como en el "caso GAL"-.

El Lehendakari quiere sentar las bases para "una nueva Euskadi" de forma que sea "solidaria, sostenible, competitiva y con mayores cotas de justicia y libertad para todos". Pero para ello lo que necesitamos sobre todo y ante todo es el respeto escrupuloso de las autoridades políticas hacia el Estado de Derecho. Sin esa premisa difícilmente se podrán poner las bases para un País Vasco donde imperen la libertad y la justicia.

Algo se mueve en Euskadi
JOSEBA ARREGI El Mundo 25 Enero 2010

VIVIENDO en una sociedad en la que para muchos el valor supremo es el de la inmutabilidad de las opiniones en el tiempo -yo, o nosotros, nunca hemos cambiado, siempre hemos dicho y hemos defendido lo mismo-, viviendo en una sociedad marcada por la pervivencia de un problema dramático y mortal, el terrorismo, y por la convicción de que poco o nada se puede hacer contra él -ni Franco pudo con ETA, si se detiene a un comando se le sustituye por otro inmediatamente-, pensar que algo puede estar cambiando suena casi a milagro. Y sin embargo, las cosas pueden cambiar y probablemente están cambiando.

La asunción con toda normalidad del relevo de gobierno tras treinta años de nacionalismo implica que la sociedad vasca es capaz de adecuarse. El mismo cambio de gobierno no es un suceso aislado: debe ser leído en el contexto del cambio producido en la lucha contra ETA a partir del Pacto por las libertades, a partir de la Ley de partidos políticos, de la ilegalización de Batasuna, de la creciente visibilidad de las víctimas del terrorismo y del reconocimiento por parte de las instituciones vascas de que no hay futuro para la sociedad vasca si no apoya en todos los sentidos a las víctimas.

La alternativa a la que se ha obligado a ETA: o juego político, o fuera del sistema, pero no las dos cosas a la vez, el horizonte de que pueden existir mayorías constitucionalistas, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cerco policial a ETA desde que el Estado ha decidido actuar con todos los medios legítimos contra ella, todo eso está creando una situación que está provocando cambios, y que puede producir aún más transformaciones.

Nadie está en condiciones de predecir lo que los cambios van a traer consigo, en qué dirección se van a materializar. Pero todo apunta a que algo serio puede variar, y en no demasiado tiempo, en la política y en la sociedad vascas. Nada está predeterminado, ni siquiera el momento preciso en el que se podrá decir: llegó el cambio en profundidad que signifique haber cerrado una trágica etapa de la historia vasca. Pero es preciso estar preparados para lo que viene.

Lo que más se escucha ahora es que en el mundo de la izquierda nacionalista radical se está produciendo una reflexión que apunta a algún cambio en sus posiciones. Pero a pesar de que tratan de vender esa reflexión como el advenimiento de algo radicalmente nuevo, lo cierto es que, por lo que se conoce en los textos, ese cambio no va más allá de un ajuste táctico provocado por la ilegalización de Batasuna: para poder volver a las instituciones es necesario que ETA se aparte; la lucha armada ahora no es conveniente, y sin embargo el momento actual es el fruto de esa larga lucha, por lo que se le pide a la banda que deje el camino libre a la política para poder recoger los frutos por medio del polo soberanista.

La impresión general es que, aun antes de que esa reflexión llegue a su término (si es que no ha llegado ya por haberlo cerrado ETA), el polo soberanista nace muerto, pues tanto Aralar como el PNV se muestran muy reacios a él. Como han afirmado con frecuencia quienes defienden las posturas del mundo radical, la división que existe en Euskadi no es la división entre nacionalistas y constitucionalistas -unionistas les llaman-, sino entre nacionalistas, autonomistas y unionistas. Y si se ahondara un poco, aparecería que las divisiones en Euskadi son mucho más amplias y complicadas. Al menos lo suficiente como para no hablar de un mundo nacionalista coherente, homogéneo y unitario. Nada más lejos de la realidad.

Pero probablemente donde más rápidamente y con más profundidad se están moviendo las cosas es en el mundo de los presos de ETA. La organización les arrebata, como lo ha hecho siempre, cualquier horizonte de esperanza de que el día de la liberación está cerca. Ya ni siquiera puede transmitir estar en condiciones de forzar una negociación, y así acercar la salida de los presos.

Si hasta hace algunos meses sólo eran contadas las voces de presos de ETA que hablaban con claridad de la inutilidad de la violencia terrorista, cada vez son más los reclusos que marcan distancias con la organización, los que se benefician del acercamiento y los que, acogiéndose a los beneficios que ETA les había obligado a rechazar, pueden incluso optar a fines de semana en libertad. Todo apunta a que es en el mundo de los presos en el que los cambios producidos en la sociedad y en la política vascas van a derivar en cambios profundos y rápidos. No ha caído en vano el mito de la imbatibilidad de ETA. No se ha producido en vano la visibilización de las víctimas, y con ello la visibilidad de los verdugos en cuanto tales. No ha sido en balde que ETA/Batasuna ya no puedan actuar en las institucionaes. No está exento de significado el que la mayoría del Parlamento sea nueva, y no nacionalista, y que el Gobierno vasco esté en manos de constitucionalistas... y la vida siga con toda normalidad. Todo ello estrecha el horizonte de esperanza de los presos, retrasa, de seguir con la misma postura de siempre, el día en el que puedan salir a la calle. Todo ello hace que la presión psicológica sea cada vez mayor en cada uno de los presos, y que cada vez sea más difícil mantener la presión grupal. Y todo ello les hace ver que su salida está cada vez más condicionada al respeto de lo que reclaman, ya sin complejos, las víctimas: memoria, justicia y dignidad, petición de perdón por el daño causado, y condena sin tapujos de la violencia.

Ha sido difícil en Euskadi creer en la posibilidad del cambio, de los cambios. Los nacionalistas siguen encerrados en sus posiciones de siempre: planteando un nuevo pacto con el Estado, un pacto de igual a igual, un pacto que reconozca el derecho de autodeterminación, o fórmula parecida, del pueblo vasco. Es decir: siguen anclados en las formulaciones del nacionalismo de Ibarretxe. Pero peor aún es que se crean con el derecho a criticar quienes no ven los cambios en la izquierda nacionalista radical. Y esto es peor, porque si existen y un día abocan a algo más que a una petición de retirada táctica de ETA para que Otegi y compañía puedan volver a las instituciones, ello se debe a la política antiterrorista que el PNV y su portavoz parlamentario se empeñan en seguir criticando con la misma fuerza de siempre.

El PNV sigue sin aceptar el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, sigue sin aceptar la Ley de partidos políticos, sigue sin aceptar la ilegalización de Batasuna en todos sus ropajes, pero quiere apuntarse a los cambios -supuestos más que reales todavía- de la izquierda nacionalista radical, que no se explican sin esas medidads que rechaza y critica radicalmente.

Algún día quizá al PNV le sucederá lo que le está sucediendo a ETA y su entorno: puede perder el último vagón, porque el tiempo transcurre, las cosas cambian y los trenes pasan. Pero si ese día llega, entonces sí que podrá decirse que las cosas han cambiado radicalmente en Euskadi. Y la sociedad vasca estará de enhorabuena.

Joseba Arregi fue consejero de Cultura del Gobierno vasco.

Reconoce que el nuevo modelo de reparto económico de las autonomías no perjudica a Cataluña / Utiliza siete folios de respuesta para explicárselo a CiU
El Gobierno garantiza por escrito que la financiación se ajusta al Estatut
Madrid - C. Morodo La Razón 25 Enero 2010

Los juristas creen que la intencionalidad es excluir a Cataluña del principio de solidaridad que dicta la Constitución.

La financiación que establece el nuevo Estatuto catalán está recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC). Por tanto, el Alto Tribunal tendrá que pronunciarse también en su esperado y controvertido fallo sobre las prerrogativas que se atribuye Cataluña y sobre sus consecuencias en el puzzle autonómico. Lo más sensato hubiera sido que el fallo del Constitucional hubiera llegado antes de que la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) fuese ratificada por el Congreso de los Diputados.

No sólo no ha sido así, sino que el Gobierno no tiene reparos en garantizarle por escrito a CiU que el nuevo sistema de financiación respeta lo establecido en el artículo 206.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Así consta en una prolija respuesta de siete páginas que dirige al diputado convergente Josep Sánchez Llibre. Es llamativo el mimo del Gobierno en sus detalladas explicaciones si se compara con las cuatro frases con las que salda en muchas ocasiones las interpelaciones que recibe de la oposición.

Con independencia de que sea declarado o no constitucional, el artículo 206.5 es uno de los que han dado pie a que se critique al Estatuto por ser profundamente insolidario en cuestiones financieras con el resto de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Dice que corresponderá al Estado garantizar que la «aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación».

El alcance real de su aplicación no se conoce aún, pero su intencionalidad, según destacados juristas, es clara: excluir a Cataluña del principio de solidaridad que proclama la Constitución.

Esta circunstancia, es decir, el sometimiento del modelo general a las condiciones del Estatuto catalán, ha sido razón de queja compartida por las comunidades del PP, que, al final, eso sí, aceptaron los fondos que les correspondían, aunque no estén de acuerdo con el nuevo reparto por considerarlo insolidario. El Partido Popular votó como partido en contra de la reforma de la LOFCA en las Cortes.

En la comunicación que envía al diputado de CiU, el Gobierno aclara que el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que crea en el nuevo modelo de financiación, cumple también con las «disposiciones estatutarias y asegura no sólo que su funcionamiento no alterará la ordenación de rentas per cápita, sino también que no alterará la ordenación en términos de índices de capacidad fiscal». Mucho tecnicismo para venir a ratificar que es un fondo del que también se va a beneficiar Cataluña.

CiU, pese al empeño del Gobierno en jurarle y perjurarle que se ajusta a la letra del Estatuto, presentó hasta un veto en el Senado contra las dos leyes que conforman el modelo de financiación autonómica por no cumplir, según ellos, lo estipulado en el mismo.

ANÁLISIS: Un punto esencial que divide a los magistrados del TC
- ¿Qué postura mantiene el Tribunal Constitucional sobre la financiación recogida en el Estatut?
–Es uno de los puntos esenciales donde los diez miembros del Alto Tribunal que deben decidir se encuentran muy divididos y no hay una postura mayoritaria de forma decidida. Un sector importante, eso sí, considera que las disposiciones contenidas en el Estatut al respecto no respetan la Constitución.

- ¿Qué reproche de inconstitucionalidad es que se hace sobre esa materia?
–El principal problema de constitucionalidad del Estatuto en el
ámbito de la financiación autonómica, sostiene el PP en su recurso, no es que se haya incrementado la autonomía financiera de Cataluña, sino haberlo hecho «sin aumentar al mismo tiempo y en la misma medida la solidaridad y coordinación». Estos principios son, precisamente, los que constituyen «los límites intrínsecos del principio de autonomía financiera».

- ¿Cuándo puede resolver el Tribunal Constitucional el recurso?
–En estos momentos, aventurar cualquier fecha sobre la sentencia no es más que mera especulación. Lo único cierto es que pasará enero y el fallo estará todavía pendiente. Se cumplen tres años y medio desde que el PP impugnó la norma estatutaria y sigue sin resolverse un recurso que afectará no sólo a Cataluña y que está incidiendo de forma directa en la renovación de cuatro magistrados, cuyo mandato venció hace ya más de un año. Evitar una imagen que dañe al Alto Tribunal es uno de los objetivos, aunque al final todo hace indicar que la decisión no será unánime ni mucho menos.

Vidal-Quadras defiende el decreto del gallego de Feijóo
"El modelo trilingüe no ha satisfecho ni a los nacionalistas ni a los partidarios de la libertad completa"
www.lavozlibre.com 25 Enero 2010

Barcelona.- Alejo Vidal-Quadras, vicepresidente primero del Parlamento Europeo (PE) y miembro del Partido Popular, ha publicado una columna de opinión en el periódico ‘La Gaceta’ titulada 'Lengua y Libertad' en la que aborda la última etapa de gobierno bipartito en Galicia y la actual, presidida por el 'popular' Núñez Feijóo. El político afirma que durante la última etapa de gobierno “el Bloque impuso su planteamiento totalitario en política lingüística”. “Al igual que en Cataluña y Baleares, las relaciones de la Administración de la Xunta con los ciudadanos se volvieron progresivamente monolingües y se pusieron en marcha medidas coactivas en el ámbito del comercio”, añade Vidal-Quadras. “En el campo educativo, se impuso la inmersión; es decir, la utilización exclusiva del gallego en Primaria y Secundaria, negando a las familias la opción de escolarizar a sus hijos en la lengua común”, continúa Vidal-Quadras.

El vicepresidente del PE afirma que una de las promesas electorales del PP fue la devolución a los padres de la libertad de elegir lengua de escolarización. “No cabe duda de que este compromiso fue uno de los ejes del cambio producido en los últimos comicios gallegos”, declara Vidal-Quadras, tras lo cual manifiesta que el Ejecutivo gallego actual se ha inclinado por un modelo trilingüe en el que la libertad de lengua se materializa en la etapa infantil, de tres a seis años, y posteriormente la enseñanza se desarrolla en español, gallego e inglés de manera equilibrada, “con la capacidad de los padres de escoger las asignaturas troncales en las que desean llevar a cabo las actividades docentes en una lengua en concreto”. “Un detalle interesante es que los alumnos pueden dirigirse a sus profesores, así como presentar sus ejercicios y exámenes, en el idioma de su elección”, añade el político.

“Por supuesto, esta solución bienintencionada y ponderada no ha satisfecho ni a los nacionalistas ni a los partidarios de la libertad completa”, denuncia. “De hecho, la experiencia ha demostrado que contentar a los separatistas con concesiones parciales es imposible porque sólo admiten la rendición total ante sus exigencias”, critica Vidal-Quadras, y añade que “es mejor aplicar sin medias tintas lo que indica la razón y el respeto pleno a los derechos individuales que buscar acuerdos imposibles con aquellos que no desean pactar sino aplastar”.

Huguet "recomienda" a la Universidad de Lérida hacer prueba de catalán para entrar en Medicina
La ANLL denuncia que la media hace peligrar "la libertad de circulación y establecimiento de las personas"
www.lavozlibre.com 25 Enero 2010

Madrid.- La Asociación Nacional por la Libertad Lingüística (ANLL) considera de una "gravedad extrema" las declaraciones realizadas por el consejero de Universidades de la Generalitat de Cataluña, Josep Huguet, en las que recomienda a la Universidad de Lérida vincular el conocimiento del catalán al acceso a las plazas de la Licenciatura de Medicina.

El consejero de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat realizó estas declaraciones el pasado viernes 22 de enero. Huguet recomendó a la UDL que hiciera pruebas de catalán y de castellano a los alumnos que quisieran acceder a la facultad de Medicina y lo justificó afirmando que así se solventaría la “petición histórica” de facilitar el acceso a los alumnos catalanes que no obtienen plaza pese a tener una buena nota de corte.

Ante estas declaraciones, la ANLL denunció que “el modelo que propone el conseller responde más bien a un régimen totalitario que a la democracia que impera en España”. “Sus palabras son una muestra más de las presiones lingüísticas que los castellanohablantes sufren en Cataluña”, manifestó Pablo Yáñez, presidente de la ANLL.

Yáñez recordó que “de ponerse en marcha la medida en el próximo curso, tal y como ha amenazado el responsable catalán del sector universitario, se estaría poniendo en peligro diversas garantías constitucionales”.

De ser así, los responsables de la Asociación pedirán que se considere la medida como el incumplimiento del artículo 139.2 de la Constitución Española, el cual establece que "ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas". Asimismo, declaran que acudirán al Defensor del Pueblo para solicitarle que ponga en marcha los mecanismos legales al respecto.

Actualmente, en la Universidad de Lérida, dos de cada tres alumnos de Medicina proceden de otras comunidades y del extranjero, especialmente de Portugal, debido a que la nota de corte de dicha institución en esta licenciatura es de un 8,2, cuatro décimas inferior a la que piden en Facultades como la de Zaragoza.

La propuesta del consejero será debatida a lo largo de esta semana por el Consejo Interuniversitario de Cataluña, presidido por el propio Huguet y constituido por los rectores y representantes de la Generalitat y de las universidades catalanas. Josep Huguet se mostró partidario de que las universidades alcance un acuerdo. En caso contrario, anunció que lo recomendará “abiertamente y por escrito” a todas las facultades con una problemática similar. El consejero finalizó explicando que “en otras autonomías ya lo han hecho”.

Por su parte el rector de la Universidad de Lérida, Joan Viñas, afirmó que “no puede ser que con dinero catalán se esté formando a gente de fuera”.

Patxi López: "Hay que superar la guerra lingüística"
"Apostamos por un único modelo que garantice el aprendizaje de las dos lenguas y que introduzca el inglés"
www.lavozlibre.com 25 Enero 2010

Vitoria.- Patxi López, 'lehendakari' socialista desde el pasado 7 de mayo, ha asegurado que “hay que superar la guerra lingüística y garantizar que todos los padres puedan elegir el modelo en el que educan a sus hijos”. “Nosotros apostamos por un único modelo lingüístico que garantice el aprendizaje de las dos lenguas oficiales del País Vasco, el euskera y el castellano, y que introduzca el aprendizaje del inglés, que es la gran apuesta de este gobierno”, ha declarado López en 'El Mundo'.

El 'lehendakari' ha explicado de forma extensa la lucha del Gobierno vasco contra el terrorismo. “La sociedad vasca ha interiorizado que ETA nunca va a condicionar nuestra vida ni nuestro fuero y que sólo tienen una posibilidad, desaparecer”, declaró López. “Eso no quiere decir que sepamos cuándo va a acabar”, añadió.

Preguntado por el 'caso Faisán’, Patxi López se mostró incómodo. “En Euskadi está superado”, afirmó. “Queremos empezar a instalar debates que de verdad interesen a los ciudadanos, en el sentido de empezar a construir una Euskadi diferente”.

Asimismo, el socialista manifestó que el pacto de su grupo político con el PP vasco “goza de buena salud”. “Es un pacto de principios muy sólidos porque nuestro acuerdo es para defender las libertades, la igualdad de todos los ciudadanos, para combatir el terrorismo, para defender la legalidad, prestigiar las instituciones…”. “No vamos a cambiar de pareja de baile”, añadió.

Finalmente Patxi López abordó la pérdida de popularidad de Zapatero y afirmó que es “recuperable”. “A pesar de la situación dificilísima que atraviesa España por la crisis, está muy por delante del jefe de la oposición”, afirmó el socialista, quien añadió descartar totalmente “cualquier cosa que no sea ser 'lehendakari”.”No he llegado a algo que nos ha costado tanto como una estación intermedia sino como un objetivo definitivo para empezar a construir esa Euskadi de la modernidad que tanto tiempo hemos soñado”, afirmó el ‘lehendakari’, poniendo fin así a la especulación que lo coloca como posible sucesor de Zapatero. Patxi López concluyó su entrevista afirmando que el presidente del Gobierno debería decir “ya” que será el candidato en 2012.

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