AGLI

Recortes de Prensa    Martes 26 Enero  2010

 

Enseñanza
Réplica a Vilas
Guillermo Dupuy Libertad Digital 26 Enero 2010

Ante que nada, una aclaración. El artículo que titulé ¿Una "libertad" que exige más impuestos?, y en cuyo cintillo, a modo de subtítulo, escribí la palabra "Enseñanza", fue publicado en este diario como si de una "Réplica a Esplugas" se tratara. Lo cierto es que yo en mi artículo no replicaba a Albert Esplugas en ninguna de las acepciones que tiene la palabra réplica, esto es, no me limitaba a reproducir los argumentos de Esplugas ni tampoco discrepaba o argüía contra ellos. Tan sólo utilizaba algo escrito por él para desarrollar mi critica a la falta de libertad que tienen los padres para elegir centro escolar para sus hijos y la falta de libertad que tienen a su vez los centros escolares para enseñar en las lenguas que les plazcan.

Es por ello por lo que, sin tener el gusto de conocer a Albert personalmente, pero sí habiéndole leído, no me extraña que en su comentario diga que tiene "pocos matices" que añadir a lo que yo he escrito, matices que, supongo yo, irán en la línea de desarrollar los defectos que aún arrastra el cheque escolar y, en general, cualquier presencia estatal en el ámbito educativo.

Caso diferente puede ser el de mi otro compañero Raúl Vilas. Evidentemente, lo caro es la imposición, tal y como dice Raul en el título de su artículo. Esa es la razón por la que no sólo moralmente, sino también desde un punto de vista económico, me opongo a cualquier imposición en materia lingüística, incluidas las que propone Feijóo o Galicia Bilingüe para casi la mitad de asignaturas.

Ahora bien, no todas las imposiciones tienen el mismo coste. Que todos los centros escolares estén obligados a impartir la enseñanza, por ejemplo, en castellano, no supone tanto gasto público como obligar a todos ellos a que enseñen en castellano pero también obligarlos a que lo hagan en gallego. Y es que, dado el sistema de planificación central de la enseñanza que padecemos, en el que los padres no pueden elegir el centro escolar de su preferencia sin perder por ello la "gratuidad" que pagan con sus impuestos, obligar a todos lo centros a impartir la enseñanza en gallego y en castellano es la única forma que tienen sus cautivos alumnos de poder elegir entre ambas lenguas. Raúl cree que ello no supondría un incremento en el gasto público dado que, según las encuestas, sólo un 20 por ciento de los padres elegiría la educación exclusivamente en gallego. El problema está en que ese porcentaje con el actual sistema no se traduciría como cree Raúl en la obligación de dejar en Galicia un porcentaje similar de centros a disposición de los que eligieran el gallego, sino en la obligación de todos los centros de tener aulas y profesorado dispuestos a enseñar también en gallego a la exigua minoría de sus alumnos que así lo reclame. Y es que dada la asignación territorial que hacen las administraciones públicas en nuestro sistema educativo, todos los centros tendrían que tener tantas aulas como lenguas elegidas. Eso o cambiar el criterio de asignación de alumnos por centro, que ya no sería en función de proximidad, sino de elección de lengua.

Dice Raúl que "atribuir a la propuesta de Feijóo un menor coste impositivo a los contribuyentes gallegos es absolutamente erróneo". Y efectivamente lo es, pero sólo dependiendo de con qué lo comparemos. Yo lo que digo es que si lo que pretendemos es que en cada centro escolar de Galicia los alumnos, según sus preferencias, puedan cursar sus estudios en inglés por un lado, en castellano por otro y en gallego por otro, todo en el mismo centro, ello conlleva mucho más gasto público que obligar a todos a estudiar en las tres lenguas. Lo que también digo es que lograr que en cada centro escolar los alumnos puedan estudiar en castellano, por un lado, y gallego por otro puede ser más caro que obligar a todos los alumnos a estudiar en esas dos lenguas. Lo que reivindico es que no se imponga a los centros escolares ninguna lengua, que estos tengan plena libertad para elegir la que quieran y que los padres tengan el derecho a través del cheque escolar de elegir cuál de esos centros financian con sus impuestos.

Y es que a nadie debería extrañar que una libertad de elección edificada sobre bases liberticidas pueda seguir mermando nuestra libertad, aunque sólo sea en forma de aumento de impuestos.

Educación
Pactar para que nada cambie
Álvaro Vermoet Hidalgo Libertad Digital 26 Enero 2010

Parece inminente que el PP y el PSOE firmen un "Pacto de Estado de Educación", y las felicitaciones al respecto son prácticamente unánimes. Sin embargo, unas recientes declaraciones de Esperanza Aguirre, que nadie ha relacionado con este asunto, desmontan por completo el mito que sustenta la supuesta necesidad de un pacto: es "falso de toda falsedad" que cada Gobierno haya aplicado su propia ley de educación; nuestro sistema educativo se rige desde hace 30 años por las mismas leyes socialistas.

Efectivamente, el motivo por el que hay tanta unanimidad en pedir un Pacto de Estado es que, según dice casi todo el mundo, el sistema necesita estabilidad; hace falta que PP y PSOE se pongan de acuerdo de una vez porque no es bueno que cada cuatro años cambie la ley. Parece, pues, que tanta "inestabilidad" y tanto "cambio" son la razón por la que uno de cada cuatro alumnos deja el sistema educativo al cumplir los 16 años sin haber llegado al título más elemental (por no hablar del nivel académico de los que sí llegan, o de la indisciplina en las aulas, o de las agresiones a los profesores). Este planteamiento tan unánime sólo tiene un problema, tan sólo se le puede oponer una objeción: que no es verdad.

Lo que ha ocurrido en España es que a finales de los años 80 el PSOE impuso un sistema educativo basado en el igualitarismo y en la "nueva pedagogía", por el cual se unificaban todos los niveles educativos en una especie de enseñanza primaria igual para todos los alumnos y obligatoria hasta cumplir los 16 años. No sólo no habría reválidas o exámenes sino que incluso suspendiendo se acababa pasando de curso "por imperativo legal", es decir, por cumplir años. Y, al no haber distintas vías o alternativas de estudios hasta los 16 años, además de no poder exigir unos conocimientos mínimos, tampoco se podía exigir disciplina alguna, pues la escolarización era igual y obligatoria por ley. Todo ello encajaba muy bien con dos influyentes ideologías, la "nueva pedagogía" y el nacionalismo, partidarios, por distintos motivos, de que el Estado dejase de examinar alumnos o de tan siquiera introducir contenidos en los programas de las asignaturas, como efectivamente ocurre desde entonces.

Pues bien, este modelo ha estado vigente ininterrumpidamente hasta nuestros días y ninguna ley lo ha reformado o mitigado tan siquiera levemente. La indisciplina, la pérdida de autoridad del profesor, el desprestigio de los institutos públicos, la disolución del bachillerato y las faltas de ortografía en los exámenes universitarios son la consecuencia de que hasta los 16 años se pase de curso por cumplir años y no por aprobar exámenes. Y mientras todo esto ocurría, la derecha española, que se abstuvo en la votación de la LOGSE, se limitaba a hablar de la clase de religión hasta que, en 1996, José María Aznar nombró ministra de Educación a Esperanza Aguirre. El Gobierno de Aznar no tenía la mayoría parlamentaria que hacía falta para reformar la LOGSE, pero Aguirre inició un debate ideológico que dio lugar al inicio de la construcción de una verdadera alternativa del PP al sistema socialista. Se empezó por lo fundamental: intentar que los programas estatales de las asignaturas recuperasen unos contenidos comunes suficientemente concretos, ya que habían sido sustituidos por charlatanería pedagógica y ello dejaba en manos de las comunidades autónomas determinar la totalidad de los contenidos.

El segundo Gobierno de Aznar, ya con mayoría absoluta, aprobó en dos años tres leyes orgánicas que dejaban desarrollada la alternativa que tenía el PP al modelo socialista. La Ley de Calidad nunca llegó a aprobarse porque Zapatero no actuó con la misma lealtad que Aznar hacia las leyes ya aprobadas (de ahí que todo lo de la "inestabilidad" sea una falacia) pero sí sirvió para dejar por escrito y al detalle la alternativa del PP: ofrecer una alternativa de formación profesional antes de que los alumnos dejasen el sistema educativo y recuperar un bachillerato con entidad propia, con contenidos estatales precisos y con una prueba general al final, que no dependiera ni de dónde se ha estudiado ni de la oferta de plazas universitarias.

El PP acaba de presentar un documento con sus propuestas para un Pacto de Estado de Educación que, en lo fundamental, recupera la estructura que propuso el Gobierno de Aznar en el año 2002, si bien algo recortada porque la separación entre una vía de estudios académica y otra técnica se retrasa de los 14 a los 15 años. Pues bien, el PSOE ya ha rechazado públicamente que vaya a aceptar la "segregación" a los 15 años (al parecer, es más igualitario que uno de cada cuatro alumnos entre en el mercado laboral sin ningún título) y no parece probable que acepten otras propuestas como el examen de bachillerato o el derecho a estudiar en castellano. Pues bien, nadie en el PP ha sugerido que, en consecuencia, no vaya a haber pacto con el PSOE. Sabemos, pues, que el pacto se negociará y se firmará sin que vaya a contemplar reforma alguna del sistema educativo, más allá de dar más horas de inglés, etc.

La reacción del PSOE es lógica porque en ningún momento han pretendido reformar el sistema que implantaron con la LOGSE, lo que quieren es una foto que, además de vender que han arreglado algo y que se han puesto de acuerdo, atará al PP a un texto que no incluye reformar nada. Y aquí viene lo preocupante del dichoso pacto: ¿Qué pasará si el PP llega al Gobierno habiendo firmado un pacto que no incluye ninguna de sus propuestas? ¿Se atreverá a introducir reformas que ni siquiera se mencionan cuando les acusen de romper el pacto?¿O habrá servido para atar al PP al modelo socialista a cambio de una foto de Rajoy con Gabilondo? No cabe duda de que, si el PP gana, el PSOE apelará histéricamente al pacto cada vez que el PP proponga cualquier medida no contenida en el mismo, para evitar así, una vez más, que la derecha reforme la educación. Es más, desde el momento en el que el PP firme el pacto en blanco los socialistas les acusarán de romperlo cada vez que hablen de educación (si hablan), y todo ello a cambio de nada, porque como dicen los socialistas no van a aceptar ninguna de las medidas claves que propone el PP.

Por tanto, lo grave de que el PP esté dispuesto a firmar un pacto que no incluya nada parecido a la alternativa de los gobiernos de Aznar (que ha diluido, pero mantenido, el PP de Rajoy) es la dificultad que se habrá creado innecesariamente a sí mismo para reformar la educación si llega al poder. Y todo ello para hacerse ahora una foto con el partido que desde hace 30 años está destrozado y arruinado la educación en España. Si ese es el resultado de la llamada "estabilidad", ¿no estábamos mejor sin el pacto?

Álvaro Vermoet Hidalgo es presidente de la Unión Democrática de Estudiantes, miembro del Claustro de la Universidad Autónoma de Madrid, consejero del Consejo Escolar del Estado y autor del blog Cien Mil Objeciones.

Por la libertad lingüística, defendamos a Natalia
Pablo Yáñez www.lavozlibre.com 26 Enero 2010

Si algo me ha impresionado en el poco tiempo de vida de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística, ha sido, sin duda alguna, la llamada de Juan Vicente Santacreu en la mañana del 13 de enero de 2010.

El testimonio demoledor de un padre acorralado por un sistema lingüístico enfermo que le ha hecho ser el último, pero hasta ahora también el único resorte que le queda a su hija Natalia, de diez años, como defensa de los ataques que viene recibiendo de la Administración.

Las palabras de Juan Vicente, un padre luchador que empezaba a ver atisbos de impotencia en esa lucha, son motivos verdaderamente suficientes para haber puesto en marcha esta Asociación.

Natalia representa el futuro de este país. El progreso de quien apuesta por la excelencia, por la formación en el esfuerzo, en el talento y en las capacidades logradas con constancia. El expediente académico de Natalia es una receta segura para salir de cualquier crisis.

Ante ella, se muestra la cara más cruel de la irracionalidad política. A Natalia la persigue el sistema obsoleto e ineficaz del que viene a salvarnos.

Como máximo responsable de la ANLL, no sólo no pude negar nuestra ayuda a Juan Vicente, sino que adquirí, desde el primer momento, nuestro modesto, pero absolutamente sincero, compromiso de trabajo, constancia y puesta a disposición de todos nuestros recursos para buscar una solución al caso de su hija.

Nuestro acto esta semana en Madrid es un llamamiento a la libertad lingüística, pero sobre todo es un llamamiento a la cordura.

No confío personalmente en el buen hacer de los responsables políticos de turno. No confío en la eficacia resultadista de estas acciones. Mis últimas palabras a Natalia serán para darla ánimos ante su próximo y condenable suspenso. Pero estamos aquí, elevando esta denuncia a la sociedad española, porque es en ella en quien deposito mi absoluta confianza.

Quiero hacer un llamamiento público a todos los que creen en la libertad, en el progreso, en la educación como garantía de ambas cosas, para que eleven su voz junto a la mía, a la de Natalia, a la de Juan Vicente, y hagan llegar claro a nuestros representantes políticos el mensaje de que no permitiremos que el suspenso de Natalia arruine su excelencia y su trabajo.

Natalia ha tenido la fortaleza de no ceder al chantaje ruin y barato de quien cree que imponiendo una lengua impone un modelo homogéneo de sociedad. Yo os pido a todos, en su nombre, esa misma entereza para cambiar de una vez por todas un modelo educativo que permite este tipo de situaciones en sus aulas.

Si hay que negociar un gran pacto por le educación, hay que hacerlo sobre las bases del futuro que representa Natalia y no sobre el pasado en el que nos hacen recordar determinadas prácticas nacionalistas.

Los ciudadanos tenemos la ocasión de expresar nuestro convencimiento en un modelo educativo de calidad que permita a los padres elegir la lengua vehicular, entre las oficiales, para la enseñanza de sus hijos.

Animo a toda la sociedad civil a recoger el testigo que hoy nos dejan Natalia y Juan Vicente. A seguir su ejemplo de firmeza ante quienes anteponen la lengua al individuo, ante quienes creen en los derechos lingüísticos antes que en los derechos individuales.

Me gustaría dar las gracias, en primer lugar, a Juan Vicente, porque estoy seguro de que su tesón es la mejor educación para Natalia, y después a ella, porque a sus diez años es hoy ejemplo del y para el mañana.

> Pablo Yáñez es presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística.

MULTADO POR UTILIZAR EL CASTELLANO
"Cataluña ya casi es un estado nacional socialista"
La persecución al castellano en Cataluña crece sin parar. La última víctima ha sido la Escuela de Criminología, multada con 1.200 euros por ofrecer los folletos en castellano. El subdirector asegura que "esto es ya un estado nacional socialista". "Nunca nos han pedido folletos en catalán", dice.
LIBERTAD DIGITAL 26 Enero 2010

La escuela de Criminología de Cataluña ha sido el último caso de acoso por parte de la Generalidad en su persecución al castellano. De hecho, esta Academia privada ha sido sancionada con 1.200 euros bajo el pretexto de "vulnerar los derechos lingüísticos que son reconocidos a los consumidores, dado que los contratos y documentos no están, al menos, en catalán".

Según informa El Mundo, la propia Dirección General de Universidades denunció a este centro tras ser alertada por la Agencia Catalana del Consumo. Este organismo utiliza para ello el artículo 32.3 de la Ley de Política Lingüística que dice: "la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios de los establecimientos abiertos al público tienen que estar redactados, al menos en catalán".

Tal y como cuenta el propio subdirector de la Academia, José Luis Giménez, ha asegurado que todo esto "es un despropósito, una locura en toda regla". De hecho, indicó que "nadie, ni clientes ni futuros clientes, nos ha pedido, en todos estos años de trabajo, un folleto en catalán; mi sector es pequeño".

En este sentido, Giménez subrayó que "es una muestra más de la persecución inquisitorial que sufrimos los castellanohablantes en Cataluña, ya casi un estado nacional socialista".

"Yo nunca hablo catalán aunque lo entiendo perfectamente; es mi decisión. Pero vivo en una comunidad autónoma bilingüe en que el castellano es también una lengua oficial", sentenció indignado.


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Avisos de líos por parte de los liantes
FÉLIX OVEJERO | Profesor de la Universidad de Barcelona ABC 26 Enero 2010

Muchos de quienes apoyaron el editorial conjunto de los periódicos catalanes negaron que constituyera una presión o coacción al Tribunal Constitucional. Se equivocaban, al menos para la teoría del lenguaje, curso primero. Una amenaza es un «argumento» muy especial. Se sostiene a pulso, en su propia invocación. No proporciona razones o las proporciona de manera esquinada. La «razón» básica, aunque no la única, para atenderla es el hecho mismo de que quien la esgrime advierte de que si no se le hace caso actuará de determinada manera. Si un editorial de este periódico afirma que «Estados Unidos podría responder si se siente provocado» está emitiendo una opinión más o menos argumentada, más o menos avalada por datos y razones. Si quien lo dice es Obama no estamos ante una opinión, sino ante una amenaza. El paso de la tercera persona a la primera convierte a la opinión en una coacción y ese paso estaba atado a la decisión misma de firmar un editorial colectivo. No era un editorial de un periódico que los demás aprobaban, sino un editorial que firmaban periódicos catalanes en tanto que catalanes y que hablaba, desde la primera línea, en nombre de la sociedad catalana, de una sociedad catalana que por medio del texto nos avisaría de lo que puede pasar si no se atienden sus requerimientos. Así las cosas, resultaban inevitables la prosa enaltecida y los sujetos imposibles, que empezaban, aunque no acababan, con la apelación a «La dignidad de Cataluña». Dignidad nacional, supongo.

Otra cosa es que la amenaza resulte creíble, que tenga fundamento. ¿A nadie le llama la atención que mientras los catalanes nos mostramos indiferentes -el único desapego perfectamente identificado- a los problemas de nuestros políticos, y sobre esto sobran los datos bien contrastados, la «sociedad civil catalana» se agite y, prietas las filas, suscriba proclamas como las recogidas en el editorial? (Para las dudas, véase, por ejemplo, el trabajo de Martínez-Herrera y Thomas Milley, "The Constitution and the politics of nacional identity in Contemporary Spain", a punto de aparecer en Nations and Nationalism), que confirma el sólido, y creciente, apoyo de los catalanes al pacto constitucional del 78, más allá de la «desafección» de sus élites políticas).

Algún día habrá que preguntar a la llamada «sociedad civil catalana» lo que ya deberíamos haber preguntado a la identidad: «¿hay alguien ahí?». Alguien más, claro, que los que pasan lista a los abajo firmantes y el que reparte las regalías, que vienen a ser los mismos. Que ese singular ecosistema es impermeable a lo que dice -o calla- la sociedad real catalana lo confirman sus lecturas eufóricamente nacionalistas de los resultados del reciente «referéndum», lecturas que deben estar haciéndose estremecer en su tumba a Galton y Pearson, los fundadores de la estadística social. A pesar del fracaso, al día siguiente, y desde entonces sin tregua, una batería de comentaristas, impermeables a la evidencia empírica, avisaban de que la larga marchar era imparable. Pierden por 10 a 0, pero ellos siguen haciendo la ola, como si tal cosa. Ateniéndose al guión.

Anticipo que no son pocas las perversiones del ideal democrático que andan por detrás de lo que está pasando con esa sociedad civil que responde a toque de pito. Algunas bastante inmediatas. Se imaginan que como presidente de mi comunidad de vecinos, elegido para cambiar las bombillas y poco más, yo anunciara públicamente que «los vecinos de Consell de Cent están a favor de la renta básica y del impuesto de sucesiones». Pues algo parecido hicieron muchos de los que suscriben el editorial, empezando por el inefable presidente del Barça, cada vez más Gil y Gil. Yo tengo un amigo, periodista colegiado, del Barça y colombiano de origen, que se abstuvo de votar el Estatut y que descubrió que había votado a favor del editorial. Tres veces: como culé, como periodista e incluso, ya ven, a cuenta de la «Fundación de Ateneos Colombianos». Empachado de sociedad civil.

Que la amenaza no resulte creíble no impide, sin embargo, que sea una amenaza. Sobre eso está casi todo el mundo de acuerdo. En primer lugar no pocos de los destinatarios. Se ha impuesto entre gentes de «Madrid» que uno conoce una resignada interpretación según la cual el Estatut es una insensatez, pero es una insensatez todavía mayor declarar su parcial inconstitucionalidad. Repárese en que las dos insensateces no son de la misma naturaleza. La primera es esencial: sencillamente alguna parte del texto es incompatible con la Constitución. Sobre eso nadie tiene duda informada y menos que nadie el Tripartit.
Hasta Pérez Royo, tengo para mí. La otra insensatez es táctica, prudencial: si nos oponemos, será peor. Algo que saben bien los políticos nacionalistas.

Desde hace mucho. Ellos proponen cosas desatinadas, a la luz de lo que dijeron ellos mismos no hace tanto tiempo, y sostienen que si no se aceptan sus propuestas, se va a liar una muy gorda: puro chantaje. En esos términos, ante el dilema entre la propuesta y el lío gordo, que no tiene otro sostén que su propia amenaza, ellos aparecen como moderados. Naturalmente, al poco tiempo, como ven que el método funciona, vuelta a empezar. El delirio de un día se convierte en el punto de partida innegociable del siguiente. Y en esa estamos y, que nadie se engañe, estaremos pase lo que pase con el Estatut. No especulo. Lo muestra el cómo hemos llegado hasta aquí y lo anticipan las declaraciones de los nacionalistas en las que ya dan el Estatut por amortizado. Tiren de Google si tienen dudas.

Pero que los nacionalistas adopten la estrategia del lío gordo no resulta asombroso. Les ha servido y está en la naturaleza insaciable de un proyecto político basado en la conquista, paso a paso, sin tregua, de un ámbito de soberanía. Lo inaudito es que apelen a la amenaza otros que se refieren a ella como si fueran sus víctimas pero, a la vez, actúan como sus protagonistas y pregoneros. Según ellos no cabe oponerse a una (supuesta) mayoría, a un sentimiento mayoritario. La tesis se escucha mucho por aquí y presenta dos versiones. La primera entre gentes del PSC-PSOE, empezando por el presidente de la Generalitat. Ellos invocan, como base de sus opiniones, a la mayoría para unirse a la mayoría. Como si sus propuestas no fueran con ellos. No dan razones independientes, como sucede con Convergencia o ERC. Estos primero «justifican» sus puntos de vista identitarios y, más tarde, extraen las implicaciones políticas. Con independencia de la solvencia analítica de sus puntos de vista, ese proceder resulta impecable estratégicamente. Los socialistas catalanes van a su aire. Ellos no dicen que lo que defienden esté bien o mal, sino que es lo que dice la mayoría. Una mayoría que no existiría si ellos no se sumaran a ella.

La otra versión es más llamativa por su procedencia. Se da entre algunos opinadores catalanes que han dejado escrito negro sobre blanco que el Estatut tiene graves problemas de constitucionalidad y que no responde a las preocupaciones de los catalanes y que, apenas unos meses más tarde, no apelan a otro argumento que al del lío gordo. Por acortarlo: sostienen que algo no resulta defendible, y que los catalanes no lo defienden, y, a la vez y sin un instante de sonrojo intelectual, que no hay que oponerse a ello, es más, que quien se opone es un irresponsable. Toma ya, principio de contradicción. Y toma ya, independencia de criterio. La puta y la Ramoneta, que decimos en Cataluña.

Y ahora navegantes, si tienen un momento, relean el editorial, al menos su último párrafo, ese que comienza: «Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad». Avisados quedan.

Quema de bandera
El sobrino de don Manuel
Cristina Losada Libertad Digital 26 Enero 2010

La tropa del nacionalismo gallego se manifestó en Compostela contra el decreto de Feijóo. Nada nuevo bajo el sol o la lluvia. La algarada callejera, junto a la coacción, el boicot y la amenaza al discrepante, son sus instrumentos básicos. Añádase, para completar el cuadro, la agitación previa en los centros de enseñanza y el carretaxe de profes y alumnos en autobuses. Pura repetición de fenómenos meteorológicos. Ni es novedad tampoco que el Partido Socialista de Galicia se uniera al cortejo del fanatismo lingüístico. Para encontrar sorpresas, hemos de mirar hacia las filas del PP de Galicia.

Resulta que en medio de la manifa unos encapuchados procedieron a la quema de una bandera española. Fueron, como es natural, aplaudidos in situ. El odio a España es el sentimiento que los une y hace felices. Doblemente felices en este caso, pues en quien hallaron más comprensión fue en el diputado y dirigente del PP, Pedro Puy Fraga. Así como los convocantes se desmarcaron de la quema y alguno llegó a tildar a los autores de imbéciles, el sobrino de don Manuel se apresuró a invocar la libertad. "Comparto la opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de que quemar banderas es una forma de ejercer la libertad de expresión", afirmó Puy, de quien esperamos una pronta iniciativa para modificar el Código Penal en el sentido que ya propusiera Esquerra. Banderas, dijo, en plural. ¿También las de las comunidades autónomas? Aclárelo el sobrinísimo.

Hay algo que sí dejó claro el portavoz económico del PP y muñidor de una nueva ley de Cajas más intervencionista, si cabe, que la anterior. Su simpatía por quienes se manifestaron contra su Gobierno. Como si fuera también su portavoz, rogó que no se descalificara a aquellas buenas gentes por el episodio de prenderle fuego a la enseña. A fin de cuentas, la bandera de Puy Fraga es el galleguismo de conveniencia, ese pabellón de la derecha vergonzante al que muchos se acogieron para enterrar un pasado franquista. Mientras don Manuel reprocha a Rajoy que no defienda con mayor firmeza la unidad de España, su sobrino, por él encumbrado, disculpa y justifica a los que viven de atizar el odio contra ella. Esperpento.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

PROMETIÓ LIBERTAD LINGÜÍSTICA
Galicia Bilingüe escribe a Rajoy para que exija a Feijóo que cumpla sus promesas
Galicia Bilingüe ha remitido una carta a Mariano Rajoy, para que exija a Alberto Núñez Feijoo que cumpla con una de sus principales promesas electorales y que fue clave para su llegada al poder, la de dar libertad para escoger el idioma de las materias troncales en la enseñanza.
LIBERTAD DIGITAL 26 Enero 2010

La presidenta de la asociación, Gloria Lago, sustenta su petición en el denominado Decálogo de Prioridades y Valores del PP recientemente presentado públicamente por Rajoy, un documento que hace referencia expresa al valor de la "palabra dada".

Lago explica en la misiva al dirigente de esa formación política que Núñez Feijoo se comprometió antes de las pasadas elecciones autonómicas a llevar a cabo importantes cambios en materia lingüística, sobre la utilización de los dos idiomas oficiales en Galicia. Concretamente, reproduce en la carta las dos principales promesas asumidas por el ahora presidente.

La primera pasaba porque los padres, en el sobre de matrícula y para el curso 2009/2010, rellenarían una casilla en la que elegirían en qué lengua oficial recibirían sus hijos las materias troncales. La decisión de los padres sería vinculante para el Gobierno.

Por su parte, la segunda promesa decía que los alumnos podrán emplear libremente la lengua oficial de su elección en clase, en el material didáctico, libros incluidos, en los trabajos y en las pruebas de evaluación, salvo en las materias de las propias lenguas.

En este sentido, para Galicia Bilingüe el borrador del decreto que sustituirá al controvertido 124/2007 sobre el uso del gallego en la enseñanza no respeta las promesas efectuadas por el actual presidente de la Xunta. "Núñez Feijoo nos ha engañado a todos los gallegos que fuimos a votar convencidos de que podríamos escoger la lengua vehicular de las materias troncales", dice Lago en la carta.

Vázquez, dispuesto a ´matizar´ puntos del decreto pero no el equilibrio lingüístico
El conselleiro de Educación asegura que hay margen para alcanzar el consenso con los padres

P. PÉREZ | SANTIAGO La Opinión 26 Enero 2010

Ha escuchado a la Real Academia Galega, al Consello da Cultura, a sindicatos, padres de alumnos y, por último, a los tres grupos políticos. Aunque el decreto sobre el plurilingüismo ha recibido numerosas críticas, el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, ha dejado claro que no piensa retirar este documento. Seguirá trabajando sobre estas bases, si bien se mostró "abierto a una serie de cambios". Uno de los puntos que ha suscitado más rechazo ha sido el de que los padres puedan elegir el idioma en dos de las asignaturas. El responsable educativo "ni confirma", ni detalla "cuestiones concretas" y se limita a admitir que puede haber "matizaciones" en el decreto y que lo que "nunca" aceptará será una inmersión lingüística en una de las dos lenguas.

Acompañado del secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, el conselleiro recibió ayer a representantes de los tres partidos políticos para exponerles el contenido del decreto sobre el plurilingüismo y escuchar sus sugerencias. A pesar de que con estas entrevistas se cierra la ronda de consultas que inició la semana pasada, Jesús Vázquez advierte que aún queda pendiente una fase en la que cada colectivo podrá expresar por escrito sus alegaciones al documento. El titular de Educación no se marca plazos para presentar un borrador definitivo pero insiste en que mantiene su compromiso de que el decreto entre en vigor el próximo curso. Antes, sin embargo, deberá negociarse en la mesa sectorial con los sindicatos, pasar su trámite por el Consello Escolar y someterse al informe de la asesoría jurídica.

Desde la Xunta siempre se reiteró el compromiso de buscar el máximo consenso con la comunidad educativa y los partidos políticos. Sin embargo, las posturas de la Real Academia, de los sindicatos docentes y de los partidos políticos están bastante alejadas de las ideas que Vázquez defiende en este decreto. Las expectativas del conselleiro están puestas, por esta razón, en las asociaciones de padres de alumnos. "Hay una coincidencia respecto a lo que representan las organizaciones de padres de estudiantes. Creemos que ahí hay margen para llegar a puntos de encuentro", comentó ayer. El titular de Educación se negó, sin embargo, a desvelar cuáles son estas coincidencias. "No podemos hablar hasta haber recibido las alegaciones", recalcó. Según explicó, a partir de ahora empezará la negociación de aquellos puntos del decreto que puedan ser modificados.

Preguntado sobre si la capacidad de los padres para elegir el idioma en dos asignaturas sería una de las cuestiones a negociar, el conselleiro volvió a mostrarse prudente: "Estas bases habrá que tratarlas, en aras a llegar a un consenso con la sociedad", explicó. Así reconoció que hay cuestiones "evidentemente matizables" y otras a las que "nunca renunciará" como es el caso del equilibrio entre gallego y castellano.

En Educación se asume ya que el reparto de asignaturas entre las dos lenguas será del 50%, ya que el tercio que se reservaba para el idioma extranjero en el borrador de decreto, siempre y cuando hubiese medios suficientes para impartirlo, queda ya relegado al "medio y largo plazo". "Hablamos de un equilibrio total entre gallego y castellano y a partir de ahí, sin ningún tipo de imposición, con padres, alumnos y profesorado iremos introduciendo otras lenguas", expuso el conselleiro.

Esta aclaración ha sido una de las pocas cuestiones que ha satisfecho a los sindicatos docentes durante la ronda de consultas con la Xunta. Sin embargo, quedan otros aspectos como que los padres puedan elegir el idioma o que los alumnos puedan expresarse en la lengua que quieran que hacen difícil el consenso.

El BNG fue tajante ayer tras reunirse con el conselleiro. El portavoz nacional del Bloque, Guillerme Vázquez, criticó que la Xunta quiera "legislar contra todos" y advirtió que Educación "no tiene intención" de cambiar el decreto. Por su parte, el secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, recordó que la base del consenso social en torno al gallego es el Plan Xeral de Normalización Lingüística y advirtió que el marco de negociación tiene que ser el Parlamento gallego. Los populares, sin embargo, avalaron el documento de la Xunta.

CONTRA LA IMPOSICIÓN DEL CATALÁN
La mayoría de cines catalanes cerrará el lunes como protesta a la nueva Ley del Cine
El presidente del Gremio de Empresarios de Cines de Catalunya, Camilo Tarrazón, ha anunciado que los 74 cines agremiados - suman 525 de las 795 pantallas que hay en Cataluña - cerrarán el 1 de febrero para "escenificar" qué pasará si la ley del cine catalán entra en vigor.
EUROPA PRESS Libertad Digital 26 Enero 2010

Ese mismo día la Academia del Cine Catalán entregará los Premios Gaudí, pero Tarrazón clarificó que su medida no boicotea la gala de la industria catalana, sino que es "la mejor manera de ayudarla y que los premios no pasen a la historia".

Bajo el lema 'Por el futuro de los cines, catalán y trabajo sí; cuotas y paro, no', el gremio instó al resto de cines de Catalunya (muchos de gestión municipal que no abren cada día) a secundar esta protesta.

Las "consecuencias nefastas" de la ley se explicaron hoy en Barcelona en base a un estudio económico-financiero sobre el sector con datos de 2001 a 2008 recabados por el economista Josep Maria Gay.

Si en 2009 se recaudaron 130 millones de euros y se alcanzó una cifra de espectadores de 20 millones, la implantación de la ley hace preveer, en el peor de los casos, un mercado catalán sólo con cuatro millones de espectadores sin libertad más que para ver películas comunitarias, porque no saldrían las cuentas para estrenar el resto.

El texto de ley que ya ha llegado al Parlamento catalán y que se tramitará por vía de urgencia estipula que las películas europeas con 15 o menos copias serán las únicas que estarán exentas de incluir el catalán en el doblaje o la subtitulación. Las americanas, por ejemplo, con menos de 15 copias sí deberán distribuir la mitad de las copias en catalán. La norma ya no es general.

"Es una distorsión del consumo cultural en el territorio, y los pequeños cines tendrán que cerrar. Salas cerradas significa más paro", indicó Tarrazón, cuyo objetivo es cambiar "radicalmente" la ley para que no haya sanciones ni imposiciones.

'Mapa de los sonidos de Tokyo', 'Ágora' y 'Planet 51' son películas que hubiesen estado en una situación atípica, pese a ser de producción española y catalana, por estar rodadas en inglés, por lo que tendrían que haber acatado las imposiciones lingüísticas de la ley.

En la situación intermedia, cuando el texto preveía que todas las películas con 15 o menos copias estaban exentas de traducirse, la previsión no era mucho más halagüeña: se temía que muchos títulos se comercializaran con 15 copias o menos, porque "ninguno con ocho en castellano y ocho en catalán recaudará más dinero que salir con 15, ya que la demanda en catalán se tiene todavía que desarrollar", dijo Tarrazón. En ese escenario se recaudarían 70 millones al año con la asistencia de 10 millones de espectadores, la mitad de lo que se consiguió en 2009.

Según el autor del estudio, el cine es un sector que no le cuesta dinero a la sociedad "en un momento de gasto público desmadrado" porque se financia con capitales propios, "sin ningún tipo de ayuda", por lo que instó a "dejarlo" en paz con su "esfuerzo para seguir adelante". Con la ley, 'Apocalypsis Now', resumió.

La Escuela de Criminología de Cataluña, nueva víctima de la extorsión lingüística
El subdirector de la Academia afirma que nadie les ha pedido nunca un folleto en catalán
www.lavozlibre.com 26 Enero 2010

Barcelona.- Seis días después del caso de Feliciana Piris Duque, comerciante barcelonesa multada con 1.200 euros por no rotular su negocio completamente en catalán, la Generalitat ha vuelto a sancionar a otro empresario. El afectado es José Luis Giménez, barcelonés de 52 años y dueño de la Escuela de Criminología de Cataluña.

Una inspectora de la Agencia Catalana de Consumo se personó en 2008 en la escuela y posteriormente la Dirección General de Universidades, alertada por dicha Agencia, procedió a denunciar al centro. El pasado 15 de enero, José Luis Giménez recibió la notificación de los correspondientes 1.200 euros de sanción por no redactar, “al menos en catalán”, las informaciones con las que la Escuela de Criminología de Cataluña ofrece al público sus servicios.

El subdirector de la Academia se muestra abatido por lo que considera una “locura en toda regla". “Nadie, ni clientes ni futuros clientes, nos ha pedido, en todos estos años de trabajo, un folleto en catalán; mi sector es pequeño”, manifiesta José Luis Giménez al periódico 'El Mundo'. “Yo creía que éste era un Estado de Derecho, pero empiezo a tener ciertas dudas”, denuncia.

“Yo nunca hablo catalán aunque lo entiendo perfectamente; es mi decisión”, explica el criminólogo. “Pero vivo en una comunidad autónoma bilingüe en la que el castellano es también una lengua oficial”, declara. Giménez añade que ésta es “una muestra más de la persecución inquisitorial que sufrimos los castellanohablantes en Cataluña, ya casi un estado nacionalsocialista. Somos prisioneros de la administración, que impide que nos relacionemos normalmente”.

El Gobierno catalán establece las multas lingüísticas en base al artículo 32.3 de la ley de Política Lingüística, según el cual “la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios de los establecimientos abiertos al público tienen que estar redactados, al menos, en catalán”.
 

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