AGLI

Recortes de Prensa    Miércoles 27 Enero  2010

 

La rebelión de los ayuntamientos
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 27 Enero 2010

LA próxima guerra en España no será de la izquierda contra la derecha, sino de los ayuntamientos contra el gobierno. Una guerra que no respetará ideologías ni partidos, creencias ni identidades. Una guerra por el dinero, mondo y lirondo, al margen de ideologías y de partidos, de creencias y de incredulidades. A tales extremos estamos llegando bajo el desgobierno que sufrimos.

Después de disparar con pólvora del rey durante los años de vacas gordas, los ayuntamientos se encuentran, al llegar las flacas, sin un duro, y lo buscan hasta debajo de las piedras -literalmente-, recortando gastos sin respetar las normas más elementales de solidaridad. Si un depósito de residuos nucleares trae unos cuantos milloncejos a la villa, junto a unos cientos de puestos de trabajo, se acepta, y no me venga usted con la radiactividad, pues no hay nada más radiactivo que un estómago vacío. Como si no hay dinero para atender a las necesidades sociales más urgentes -sanidad, educación, vivienda- se niega el empadronamiento a los inmigrantes ilegales, que para eso son los últimos de la cola. Lo primero es lo primero, y las reclamaciones, al juzgado de guardia, que ya sabemos que no las va a atender. Si en Madrid o en la sede central de los partidos protestan, que protesten. Los ayuntamientos tienen que atender, sobre todo, a la calle, donde el que no ha perdido el empleo teme perderlo y todo el mundo está de un humor que no veas.

Es la consecuencia de un planteamiento extravagante, que puede dar al traste con nuestra democracia, tierna y frágil como una orquídea. Me refiero a haber diseñado uno de los Estados más descentralizados, con una financiación fuertemente centralizada. Conscientes de que el dinero significa poder, los gobiernos quieren controlarlo, para repartirlo entre los ayuntamientos según criterios más políticos que económicos. Y no es eso lo peor. Lo peor es que, como suele ocurrir con todo el dinero regalado, los ayuntamientos lo venían gastando sin el menor sentido de la responsabilidad. Si tuvieran que «ganárselo», es decir, obtenerlo a través de impuestos a sus vecinos, se andarían con muchísimo más cuidado en el gasto y en el gravamen, no fueran a provocar una rebelión fiscal entre el vecindario. Así que los ayuntamientos se rebelan contra el gobierno y, si les llaman la atención desde su partido, contra la dirección del mismo. Con las cosas de comer no se juega.

Lo malo es cuando las arcas del Estado están vacías y no queda para repartir. Que es la situación a la que empezamos a llegar en una España a la que habían dicho que era rica, y resulta que no lo era tanto. Hay un hilo más allá de la ideología entre Vic, Ascó, Yebra y Torrejón, que puede extenderse como una borrasca invernal a otros municipios conforme la crisis se ensancha y los recursos disminuyen. A perro flaco, todo son pulgas.

Por mi, como si se pudren.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 27 Enero 2010

“Por mí, como si quiere beber vino”. Una frase de la Presidenta del Tribunal que juzga al etarra Otegi que resume el cambio de actitud que debería haber en este Gobierno, sobre todo en su ambigüedad en la lucha contra ETA. Y la otra frase del día es la que ha realizado Dª Esperanza Aguirre, “El Gobierno, si quiere, puede evitar que ETA esté en las Instituciones”. Porque lo que es una auténtica vergüenza es que el Gobierno del Sr. Zapatero siga permitiendo que ETA esté en las Instituciones al no haber disuelto los Ayuntamientos donde ANV sigue ejerciendo su poder y su coacción a los ciudadanos en el País Vasco y Navarra.

La respuesta del Ministro de Justicia Sr. Caamaño de que "intentará" que ETA no consiga su objetivo de volver a presentarse y ser electos en las elecciones del 2011, no demuestra decisión, sino solo un deseo tibio que por ahora los hechos han demostrado que no se llevará a efecto. Y todo seguro que se intentará venderlo bajo el manto de la legalidad y de los derechos, como se nos vendió cuando las famosas listas de ANV, con la inestimable colaboración de la Fiscalía General con el Sr. Conde Pumpido manchándose de nuevo la toga con el lodazal.

De nada sirven las palabras si las actuaciones van justo en la dirección contraria. De nada sirven los derechos cuando estos son pisoteados por los propios jueces encargados de defenderlos. De nada sirve una Constitución cuando cualquier Gobierno Autonómico y su Parlamento se creen con derechos superiores y con la facultad de enmendarla y adaptarla a sus objetivos. De nada valen las Instituciones encargadas de vigilar que se cumplan las leyes y la Constitución, cuando esas Instituciones están prostituidas por el servicio a los partidos políticos y sus consignas, “dependiendo de la jugada”.

No basta ya con denunciar la connivencia de un Gobierno con una situación de ilegalidad como es la de la presencia de ANV en los Ayuntamientos. No basta con adelantar el futuro inmediato de la permisividad ante el nuevo desafío de la izquierda abertzale representante de ETA y su reto a la democracia, burlando la Ley y volviendo a obtener cargos electos en unas Instituciones ya manchadas con la sangre de las víctimas del terrorismo, del chantaje y de la represión de las libertades de los ciudadanos. Ha llegado la hora de oponer toda clase de resistencia para conseguir desalojar a esa chusma de los Ayuntamientos y bloquear todos los intentos y no lleguen a conseguir otra vez su propósito.

Este Gobierno del Sr. Zapatero no es fiable ni es creíble. Aún menos, cuando permanecen en sus cargos los mismos personajes que mintieron a los ciudadanos, que ocultaron sus vergonzosa negociaciones y que ahora intentan ocultar el delito de Alta Traición que cometieron para mantener esas negociaciones, con el infame y vil chivatazo a ETA. La Justicia tampoco es fiable ni creíble cuando es incapaz de hacer cumplir sus propias Sentencias y permite que sean como papel mojado, o permiten que una causa como la del “Chivatazo” quede “sine die” atascada en los archivos de un juez cuyo historial es ejemplo de un abuso descarado de posición de fuerza permitido por sus superiores.

Y si no podemos creer ni en el Gobierno ni en la Justicia, ¿en quién podremos creer?. Tan solo en nuestra propia conciencia y en la unión de los que pensamos que España no puede ni debe seguir en manos de estos impostores y traidores. Los ciudadanos debemos creer en que la Soberanía reside en el pueblo español y que esa casta de politicastros y advenedizos al poder han demostrado que no son dignos de ejercer la administración de un bien tan preciado. Los ciudadanos debemos exigir un cambio radical en el comportamiento de esos dirigentes y obligarles a hacerlo.

Reclamemos ya una verdadera democracia en España. Reclamemos nuestro derecho a decidir y la reforma de la Ley electoral. Reclamemos que cada ciudadano tiene un voto de igual valor que el de otro, sin reglas matemáticas ni diferencias por ubicación. Reclamemos la independencia de la Justicia y obliguemos a que se cumpla la Ley. Aislemos a los terroristas y acorralemos a los que les apoyan y a los que quieren negociar en nuestro nombre rindiéndose a sus exigencias. No más ambigüedades, ni mentiras. Los españoles merecemos mucho más de los que estos dirigentes nos ofrecen. Ejerzamos nuestro derecho a despedirlos.

Alta traición
EDURNE URIARTE ABC 27 Enero 2010

Creo que uno de los momentos más tristes y desoladores de la lucha antiterrorista tuvo lugar cuando una buena parte de este país sonrió con displicencia, incluso rió, ante aquella petición de las actas de las reuniones del Gobierno con ETA realizada por Rajoy en el Congreso en la pasada legislatura. Porque no sólo rió por ignorancia, con tantos «analistas» que desconocían a esas alturas la existencia de las actas o la importancia de tales documentos en los métodos de trabajo de ETA.

Lo hizo espoleada más bien por aquel clima de impunidad moral en el que se desarrolló la negociación de Zapatero con ETA. Cualquier cosa valía, incluido Faisán.

Si el caso resucita ahora y ya nadie parece querer reírse, ni siquiera sonreír, no es porque haya cambiado el clima de laxitud moral sobre los tratos con terroristas, sino porque al Gobierno socialista se le ha ido la mano en sus turbios manejos para paralizar las investigaciones. Y una cosa es que el Estado se manche las manos con la sangre de los crímenes terroristas y otra que lo haga de forma chapucera y nos enteremos, que es lo que pasa con el caso Faisán y lo que ya no pueden admitir ni los que se reían con lo de las actas. La porquería, vale, pero si es secreta.

Y en este asunto ya casi nada es secreto. Ni las propias actas, los párrafos sobre el Faisán incluidos. Ni las llamadas entre responsables policiales la noche de autos, con el segundo de Rubalcaba de por medio. Ni las presiones del Gobierno para apartar a Grande Marlaska del caso. Ni las presiones mucho mayores, sobre Varela, para proteger a Garzón de los procesos judiciales que amenazan con sacarlo del Faisán.

Las cloacas del Estado han emergido a la superficie, la sonrisa ha quedado helada en tantas bocas complacientes y la calificación de «alta traición», empleada por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, se abre paso.

Escuelas católicas defienden la imposición lingüística
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 27 Enero 2010

El País del sábado pasado ha publicado una entrevista con el religioso Xosé Francisco Martínez Reboiras, Secretario de FERE Galicia (Federación de centros concertados religiosos de Galicia), en la que reclamaba un Decreto con más gallego sobre todo en villas y ciudades.

Martínez Reboiras ya había aparecido con anterioridad en algunos medios, y en sus declaraciones mostraba afinidad con las tesis nacionalistas. Además es firmante a título individual de manifiestos de la Mesa pola Normalización, (los listados están publicados en internet) aunque, como sabéis, esta entidad reclama una enseñanza EN gallego para todos los niños de Galicia. Además, FERE Galicia, siendo él Secretario, firmó junto con la Mesa, la CIG, y la llamada Coordinadora de Equipos de Normalización, el folleto de triste recuerdo con el que se intentaba influir en las familias cuando recibieron la encuesta de la Consellería de Educación en junio pasado.

El señor Martínez Reboiras, por supuesto, es libre de tener la ideología que estime oportuna pero, teniendo en cuenta los resultados de la encuesta a los padres, me parece que sus opiniones respecto a la presencia de las lenguas en la enseñanza no coinciden con las de la mayoría de los padres que tienen a sus hijos escolarizados en estos centros. Por lo tanto, dadas las consecuencias que sus tesis podrían tener en la enseñanza de nuestros hijos, pues además de haber sido consultado por el Conselleiro esta semana como representante de los colegios católicos, es miembro del Consello escolar de Galicia, os facilito las siguientes direcciones para que podáis transmitir vuestra opinión en el caso de FERE Galicia e informar en el caso de FERE nacional, si así lo consideráis oportuno.

DIRECCIONES:
Escuelas Católicas Galicia
Santa Clara, 23
15704 Santiago De Compostela
Tel. 981 582 527 y 981 581 322
galicia@escuelascatolicas.es

Escuelas Católicas España
C/Hacienda de Pavones, 5 - 1º
28030 MADRID
Tel: 91 328 80 00
ferececa@ferececa.es

HUELGA CONTRA EL DOBLAJE
El cine reacciona contra Montilla
IMPRESIONES El Mundo  27 Enero 2010

LOS PROPIETARIOS de salas cinematográficas de Cataluña irán a la huelga el próximo lunes, coincidiendo con la entrega de los premios Gaudí. Se han adherido ya al paro 74 empresas que poseen 528 pantallas, el 80% del sector. Los exhibidores protestan contra la obligación de doblar las películas de Hollywood en catalán que establece el proyecto de ley del cine que está discutiendo el Parlamento catalán. Calculan que, de entrar en vigor la norma, los espectadores bajarían de 20 millones anuales a solamente cuatro. Parece increíble a estas alturas que los poderes del Estado obliguen a exhibir las películas en un determinado idioma, sin respetar la libertad de oferta cultural. Ello pone en evidencia la retrógrada mentalidad de quien gobierna en Cataluña.

Brasil ya habla español
Nuestra lengua es estudiada por cinco millones de sus habitantes
MANUEL DE LA FUENTE, MADRID ABC 27 Enero 2010

Tal vez se pueda decir más alto, pero más claro es difícil: el español goza de buena salud. Y en algunos casos, como el de Brasil, más que buena es excelente. Así se desprende de la información contenida en el Anuario 2009 del Instituto Cervantes, que su presidenta, Carmen Caffarel, ha presentado en Madrid, en la sede de la institución.

Una publicación, como subrayó Caffarel, que sirve para “para palpar la situación del español en el mundo, sus perspectivas, y cómo se nos percibe, y que es también de gran utilidad para los medios, las universidades y los investigadores”. El Anuario, cuya publicación es ya una tradición que se remonta a 1998, consta en esta ocasión de tres partes.

La primera de ellas presenta tres estudios sobre el estado del español en otras tantas zonas del mundo, como Rusia, Brasil, y los países subsaharianos. Según la directora del Cervantes, “en Rusia, a pesar de que no existen datos oficiales, creemos que las perspectivas son muy halagüeñas y que hoy existen alrededor de 20.000 estudiantes de español. Allí están retrocediendo lenguas como el alemán y el francés, y nosotros vamos a intensificar nuestras políticas para penetrar más, ya que creemos que los rusos, tanto por interés cultural como turístico se sienten muy atraídos por el español”.

Los países subsaharianos también están viendo un fuerte desarrollo de nuestra lengua

La joya de la corona
Los países subsaharianos también están viendo un fuerte desarrollo de nuestra lengua, que sin duda se verá afianzado por los distintos Planes África del Ministerio de Asuntos Exteriores, y por del Aula Cervantes de Dakar, Senegal, en la Universidad Cheikh Anta Diop. Caffarel considera que “el estudio del español puede desarrollarse mucho ya que es una magnífica herramienta para el desarrollo y la prosperidad económica”. En cuanto a Brasil, es la joya de la corona, con sus 5 millones de estudiantes de español. Un crecimiento que va a ser “imparable”, que sobre todo es una consecuencia de la aprobación, en 2005, de la llamada Ley del Español que obliga a que se ofrezca la asignatura del español en todas las escuelas de enseñanza pública media del país.

A continuación, el libro se detiene en toda su segunda parte, en el análisis de la labor que ha desarrolla la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dentro el ámbito de la difusión internacional de la lengua española. También se detallan, los sesenta corpus de lengua española hablada y escrita existentes en la acutalidad, y se da un exhaustivo repaso a las bibliotecas del mundo hispánico. Finalmente, el Anuario comenta y explica la labor del propio Instituto, con especial atención a dos fechas señaladas, el decimoctavo aniversario de su creación, y los veinticinco años que ha cumplido al la especialidad académica el Español como Lengua Extranjera.

Gabilondo propone hoy a las autonomías cambios normativos en Educación
Madrid - R.R. La Razon 27 Enero 2010

Presentará un centenar de propuestas en un primer paso para lograr el pacto

El ministro de Educación , Ángel Gabilondo, presentará hoy a las comunidades autónomas un borrador de pacto educativo con al menos un centenar de propuestas con las que se busca el consenso. El de hoy es un paso fundamental , ya que si hay acuerdo con las autonomías y con el principal partido de la oposición, se consideraría salvado el pacto.

De momento, hay voluntad política por todas las partes. Gabilondo, en concreto, tiene especial empeño en conseguir este demandado pacto porque se trata de un encargo de Rodríguez Zapatero. Los populares también están por el acuerdo y al menos una vez por semana mantienen reuniones con el ministerio. De conseguirse, sería la primera vez en la historia que se alcanza un pacto de estas características. Ayer, el titular de Educación avanzó que en la conferencia sectorial que preside hoy propondrá medidas que conllevarán modificaciones normativas y que podrían afectar a la estructura del sistema educativo. «El pacto educativo no debe basarse en la reiteración, sino en cambiar las cosas», dijo ayer. «La reunión de hoy será real y efectiva, no un mero paripé en el que se debatan decisiones previamente aceptadas», añadió.

Después, se abrirá un debate durante el mes de febrero en el que también participarán otros partidos políticos, agentes sociales y miembros de la comunidad educativa.

Gabilondo recordó el lunes en Bruselas que propondrá que haya financiación suficiente para la educación, independientemente de quién gobierne y de la situación económica que haya, y situará al profesor en el centro del sistema. Además, el pacto debe garantizar que «se conozca perfectamente el castellano y también las lenguas cooficiales en las autonomías en las que se hablan».

El Partido Popular ya presentó al Ministerio sus propuestas en un documento conjunto al que se suman las autonomías gobernadas por este partido. Los populares no están dispuestos a renunciar al principio de libertad de elección de centro, quieren que se evalúe el sistema educativo y que haya un sistema con carácter nacional.

El Ayuntamiento endurece el reglamento de usos lingüísticos
À.G | BARCELONA ABC 27 Enero 2010

La comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona da hoy luz verde al reglamento de Usos Lingüísticos, un texto que, con la aceptación de casi una docena de enmiendas de ERC y de CiU, ha sufrido un endurecimiento con respecto a lo aprobado de manera provisional en la comisión de noviembre. La nueva normativa, que podría entrar en vigor en marzo, consagra el monolingüismo de facto que ya practica el Ayuntamiento.

Entre las enmiendas aceptadas está por ejemplo la que regula la rotulación pública. Si en el texto pactado en noviembre se señalaba que en el artículo 12 que ésta debía ser redactada en catalán «salvo en los casos que por motivos justificados puedan aconsejar la utilización del castellano», ahora esta apostilla es suprimida.

Igualmente este punto se regula en el artículo 27.1, de donde se suprime el «preferentemente en catalán». Lo mismo sucede con la regulación de la lengua en las publicaciones y medios de comunicación municipales (art. 14) que se hará «normalmente en catalán», con la única excepción de la promoción exterior o los usos turísticos; en el redactado anterior se añadía que podría optarse por otra lengua «cuando otras circunstancias lo aconsejen». De igual modo, (art. 1.3) se especifica ahora que las empresas que suscriban conciertos o convenios con el Ayuntamiento deberán dirigirse «al menos» en catalán en sus comunicaciones con el Consistorio.

Para la portavoz del PP Àngels Esteller, el reglamento y la nuevas enmiendas son una vuelta de tuerca más en la supresión definitiva del castellano en el ámbito municipal. Para ella, apostillas usadas habitualmente en el texto como el «habitualmente» o el «preferentemente» son sólo argucias legales para evitar lo que sería una impugnación segura del reglamento en los tribunales. Las alegaciones del PP, así como las del grupo pro bilingüismo Impulso Ciudadano han sido rechazadas. Para Jaume Ciurana (CiU), el reglamento llega con al menos diez años de retraso.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

La sentencia del Estatut será pública en febrero
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 27 Enero 2010

La noticia, aún presunta, la tengo desde el lunes. La comparto con otro periodista muy conocido. La fuente es de enorme relevancia y solvencia. No está viciada por ningún “me dicen que tal dijo” sino que fue directa. Nos lo dijo y nos lo aseveró con especial énfasis.
La sentencia del Tribunal Constitucional está lista y será hecha publica en un plazo de tres semanas, o como mucho en la tercera semana de febrero.

Hay artículos que van a ser declarados inconstitucionales.

Y un matiz importantísimo que puede tener serias consecuencias. El voto de calidad de la presidenta Maria Emilia Salas que desharía algún empate será el motivo de la impugnación-aduciendo que su mandato está cumplido-ante el Tribunal de Estrasburgo. ERC está ya preparando ese recurso.

Eso es lo que sabía desde el lunes. No había escrito ni comentado nada. Pero ayer martes, Melchor Miralles, director de Veo Tv, amigo y contertulio en ese momento en “Madrid Opina”, hizo publica una información casi idéntica a la que yo poseía y que había dado poco antes como primicia en el canal que el mismo dirige.

Digo casi idéntica porque Miralles aportaba a lo que yo conocia más datos concretos. A) 18 artículos son considerados en todo o en parte inconstitucionales B) En otros cerca de cuarenta hay votos particulares que dudan de su constitucionalidad.

Coincidían nuestras fuentes-ni yo conozco la suya ni el la mía- en el tema relevante del voto de calidad y del recurso ante Estrasburgo. Cuestión esta que no parece desagradar al gobierno. La patata caliente se pone a enfriar –lo que pueda enfriarse-fuera.
Pero cabe una duda. Si hay sentencia, y me pongo la venda pues ya han habido más anuncios y filtraciones de su inminencia que no se han cumplido (el último para primeros de enero), esta, pese al recurso a instancia europeas, ¿ habrá de ser, imagino, de inmediata ejecución o seguirá el limbo?. Entiendo, dada nuestra ley, que es evidente lo primero pero...

P.D. Dos lectores me indican que no podría ser ante el Tribunal de Estrasburgo. Quizá haya algún lapsus en cuanto a la instancia europea a la que dirigan, que por costumbre señalamos a Estrasburgo. En cualquier caso textualmente es lo que me informaron. Y se precisa que la recusación iría dirigida a Maria Emilia casas pues el tiempo de su cargo como presidencia ya está cumplido.

Los estudiantes huyen de la educación en eusquera… como es lógico
Pascual Tamburri elsemanaldigital 27 Enero 2010

Qué bonita es la variedad lingüística de España. Y lo es de verdad, sin ironías. Pero no cuando se trata de convertirla en excusa de lo que nunca ha sido y probablemente jamás será. Es lo que pasa en Navarra, donde más de dos décadas de gestión política de la presencia del vascuence en las aulas se ha convertido en una pesadilla para muchos alumnos. No es una opinión, esa se la ofreceré en breve: son hechos.

El Departamento de Educación del Gobierno foral, dirigido ahora por Alberto Catalán, ha ofrecido estos días datos sobre los diferentes modelos lingüísticos existentes en Navarra, detallando además cuántos alumnos pidieron un cambio de modelo. Los datos, además de públicos, son preocupantes para nuestra libertad.

Un sistema complicado… y con peligros
En Navarra existen cinco modelos lingüísticos desde Educación Infantil a Bachillerato y FP (en la Universidad hay una oferta de asignaturas en vascuence y algunas titulaciones que exigen cursarlas, además del eusquera como asignatura). El modelo A implica la educación en castellano con asignatura de euskera, con 16.668 alumnos en 2009-2010 (19%); hay que recordar que es el único modelo no en vascuence que puede ofrecerse en la zona vascófona gracias a la Ley del Vascuence que el PSOE aprobó y el centroderecha nunca ha derogado. Por tanto en el Norte el modelo A es la opción "más castellana", pese a incluir un estudio obligatorio del vascuence. El modelo B, que se presentó en su momento como la panacea de la integración, utiliza los dos idiomas como lenguas vehiculares, y sólo es elegido por 125 navarros de todos los niveles educativos. Lo que venimos llamando un fracaso.

El rey de los modelos lingüísticos en Navarra es, de manera natural y pese al mucho dinero público gastado en promocionar todos los relacionados con el batúa, el G, con el castellano como única lengua vehicular y 46.784, 53% del total. Hay que señalar que en los últimos años ha sufrido una cierta erosión por la implantación de los modelos TIL y British, con 1.219 alumnos en Infantil y Primaria y varias secciones experimentales en la ESO; aquí el español viene complementado por el inglés como lengua vehicular en algunas materias, y es la gran novedad. Su expansión no está limitada por el número de familias dispuestas a elegirlo, sino por la escasez de docentes formados y la necesidad de concentrarlos por el momento en sólo algunos centros educativos (y no, no soñemos: en 2015 no todos los centros van a ser bilingües, es una imposibilidad física).

Este problema de la formación del profesorado ya se planteó cuando se creó el modelo B, sólo con el euskera como lengua vehicular excepto en las tres o cuatro horas semanales de la asignatura de lengua española. Hoy son 22.616 alumnos (25%), incluyendo los de las ikastolas ilegales, después legalizadas y por último subvencionadas sin que se alzase una sola voz de protesta.

Los políticos no dan voz a la gente de la calle
Porque es políticamente incorrecto protestar, porque nuestra casta política sigue teniendo complejos, porque siguen creyendo que decir la verdad es "ir contra el euskera" y por tanto ser poco modernos. Por todo eso y por más cosas que callaré nadie dice nada. Los porcentajes de elección de modelo lingüístico no se corresponden con los de lengua materna, de manera que nos encontramos en Navarra, y particularmente en el Norte por imposición legal o virtual y en el resto por moda entre los progres, con miles de familias castellanohablantes que por razones políticas han elegido un modelo en o con vascuence para su hijo. Y a veces no ha elegido la familia, sino la maestra, el secretario o sencillamente el ambiente. Pero no encontrarán ustedes un político que denuncie esto, porque hacerlo supone violar uno de los tabúes colectivos de la Navarra que aún no ha superado la Transición.

Miren ustedes, no: estudiar en una lengua que no es la materna o la ambiental es difícil y no, no está al alcance de todas las cabezas si se quieren alcanzar los mismos objetivos cognitivos. Siento mucho que sea así pero nuestra naturaleza es la que es. Y si había alguna duda –décadas de murga abertzale, pagada por todos los contribuyentes y entreverada de marxista y clerical à la Lezáun, no han pasado en vano- ahora con los modelos parcialmente en inglés lo tenemos claro: no se pueden universalizar porque ni se dispone del profesorado necesario (ni siquiera aunque se quisiese gastar lo que se gastó con el vascuence en su tiempo… curiosa discriminación) ni la mayoría de los alumnos están en condiciones de seguirlos hasta el final de su ciclo escolar, a menos que se rebajen ulteriormente los niveles de formación y conocimientos. Se puede estudiar en una lengua que no se posee como propia, pero no todo el mundo puede y no todo el mundo puede por igual.

El problema es la libertad
¿La prueba? En el curso 2008-2009 hubo en Navarra más de 1.900 estudiantes que pidieron cambio. Atención, no todos podían, porque estaban limitados por la zonificación lingüística (el modelo en euskera se puede estudiar en toda Navarra con financiación pública desde la simpática y progresista legalización de las ikastolas, pero no sucede lo mismo con el modelo G, prohibido en la zona vascófona, ni con el A, tendencialmente destinado en la misma a hijos de inmigrantes y socialmente estigmatizado por ello). Pues bien, de los que podían la mayoría de los cambios (1.528, el 82%) son peticiones de pasar del modelo A al G abandonando así por completo el euskera, que se unen a los 119 que pasaron del modelo D al G. La cifra va en aumento, porque sólo 806 alumnos en 2004-2005 quisieron dejar el modelo A.

Todo esto, aunque oficiosamente disimulado, no es secreto. Tampoco lo es que la Ley del Vascuence limita la libertad de las familias que optan por el castellano y entra en colisión con el artículo 27 de la Constitución, aunque nos haga sentir taaan progresistas. Y más aún: incluso cuando la zona geográfica lo permite la reglamentación vigente establece que los cambios de modelo deben hacerse al final de etapa (Infantil, Primaria, ciclos de Primaria y de la ESO) o si no justificarse por razones psicopedagógicas por el orientador del Centro. En 2008-2009 hubo 62 denegaciones de cambio de modelo fundamentadas en informes de estos funcionarios. Señora, señor, atención: en Navarra (y sospecho que no sólo en ella) hay un empleado de la Administración que tiene derecho legal a corregir su libertad de elección para sus hijos. Son los peligros de un sistema educativo pensado por los políticos para su propia satisfacción y no, ay, para atender la libertad de las familias.

LAS RAZONES POR LAS QUE CAMACHO PODíA Y DEBíA SER INVESTIGADO
Un teléfono para comunicarse con ETA y también con el 'número dos' de Interior
IMPRESIONES El Mundo 27 Enero 2010

LA INFORMACIÓN sobre el chivatazo que publicamos hoy deja en evidencia al número dos de Interior, en su tesis de que él no pudo ser investigado de forma legal porque no era objeto de investigación. Al margen de que su razonamiento fuera una perogrullada, esta nueva revelación periodística aclara con todo detalle cuál fue el camino que siguieron las indagaciones policiales para llegar a su teléfono. Los datos están contenidos en el informe de la parte reservada del sumario. Los agentes detectaron que el número de teléfono al que el etarra Iurrebaso dijo que llamaba durante la tregua correspondía a un móvil que usaba García Hidalgo con el máximo secreto. El entonces director general de la Policía lo utilizaba en contadas ocasiones, sobre todo, por lo que se sabe, para comunicarse con ETA. A ese número telefónico, probablemente pinchado por orden judicial, llamó al menos hasta en tres ocasiones Antonio Camacho, por lo que está bastante clara cuál fue la razón para que él pudiera y debiera ser investigado en relación con el chivatazo a la trama de extorsión de la banda terrorista. El canal de comunicación del director general de la Policía con la dirección etarra era el mismo por el que hablaba con Camacho. Así pues, el secretario de Estado de Seguridad tiene mucho que explicar y que aclarar, tal y como ayer le reclamó el líder del PP, Mariano Rajoy.

Solidaridad 'Nimby'
El proceso para instalar un cementerio nuclear acredita que partidos e instituciones se mueven por el «puro localismo, la negación práctica de que existen intereses colectivos y de que los políticos deberían definirlos y defenderlos»
MANUEL MONTERO El Correo 27 Enero 2010

Los ecologistas están que ni se lo creen. Los políticos del régimen les hacen el trabajo. Propagan sus ideas, las legitiman. A los socialistas y populares les parecen bien las centrales nucleares pero abominan de sus efectos. ¿No es lo mismo? Montilla -catalán del PSC- y Cospedal -castellano-manchega del PP- coinciden por fin: no quieren que en sus comunidades autónomas se coloquen los residuos nucleares. El Parlamento y sus partidos creen que debe haber cementerio para acogerlos -entre otras razones, por seguridad-, hay ayuntamientos en sus comunidades autónomas que quieren tenerlos, pero ellos se indignan. Sienten que les puede pasar factura electoral en su autonomía. Es puro localismo, la negación práctica de que existen intereses colectivos y de que los políticos deberían definirlos y defenderlos.

Hacen lo contrario. Enarbolan la bandera de los agravios regionales, choquen o no con intereses municipales o nacionales. Al parecer éstos les traen el pairo. Ni se molestan en rebatirlos. Lo importante es su chiringuito.

Es el efecto 'Nimby' (No in my backyard, no en mi patio trasero). En España este síndrome hace estragos. Sobrepasa el terreno de la movilización vecinal o ecologizante y se convierte en elemento informador de políticas autonómicas, que se mueven en su sazón cuando van contra la gubernamental. Consiste en oponerse a determinados equipamientos no porque se discrepe de ellos, sino porque se sitúan cerca. Que se construyan cárceles, centrales nucleares o térmicas, vertederos. pero que se construyan lejos. No en mi patio. Que se reparta el agua, pero que no me toquen mis ríos. Con frecuencia se ven o leen reportajes sobre cómo los países desarrollados europeos o Estados Unidos exportan basuras, residuos plásticos o peligrosos a los del Tercer Mundo -o que se instalan allí industrias contaminantes- e indefectiblemente el discurso adquiere un tono moral, indignado por tales comportamientos, que se presentan como ajenos pero que son los que queremos nuestros.

El pensamiento 'Nimby' tiene efectos destructores, por difundir mentalidades ventajistas: sólo nos toca el lado bueno del progreso. Queremos móviles, pero que las antenas estén lejos, pues aunque no haya pruebas de que son perjudiciales, por si acaso... No ha de haber residuos nucleares -y por tanto tampoco centrales, pues hoy por hoy no hay éstas sin aquéllos-, pero cuando hay que importar electricidad se trae de Francia, que la produce en centrales nucleares. El mal, si lo hay, que quede en un lugar remoto.

Estos planteamientos localistas están llamados a hacer furor en España, de por sí bien dotada para la lucha regional, para el combate entre sus partes y para ver el mundo con las anteojeras de la plaza del pueblo.

Con estos mimbres resulta imposible establecer incluso la hipótesis de que existe un bien general. Ni el Gobierno establece criterios ni los partidos los consensúan internamente. No se atreven, para no desatar sus luchas tribales intestinas. El propio concepto de bien común resulta inimaginable si ha de compaginarse con todos y cada uno de los intereses electoralistas y con el 'politicocorrectismo' ambiental. Sobre todo si los partidos de gobierno no tienen programas nacionales para las cuestiones delicadas y lo dejan todo al albur de las luchas entre sus baroncillos. O si, como en este caso, los propios mandos -Montilla y Cospedal no son unos mindunguis entre los suyos- dan pábulo o alimentan los prejuicios que oficialmente combaten.

Lo peor del caso, lo que alienta la idea de que la pequeñez se impone sobre los intereses generales, es el perverso recurso al término 'solidaridad'. Antes, la palabra solidaridad tenía connotaciones nobles, progresistas, fraternas, la idea de que hay que echar una mano al que va a peor. La solidaridad se ofrecía, se daba con gusto, representaba la concordia. Ahora la solidaridad se usa para exigírsela a los demás, venga o no a cuento -sobre todo si no viene- y se usa para defender los localismos.

En eso están de acuerdo. Montilla dice que otras comunidades autónomas tienen que quedarse con los residuos «por solidaridad», porque los catalanes ya cumplen con su cuota al tener centrales y que los demás apoquinen, pues les toca lo suyo: no parece un argumento verosímil viniendo de un ex ministro de Industria que no explicaba que lo nuclear es el mal. Pero vivimos en la inverosimilitud. De hecho, a Montilla la palabra solidaridad, que no se le cae de la boca, le vale para todo: para pedir más financiación, para el Estatut, para deshacerse de residuos. Aunque su concepto de solidaridad varía según si los solidarios son sólo catalanes o están también los de fuera. La definición local del concepto que hizo hace un par de años, cuando había problemas de agua en Barcelona y había que llevarla del Segre, no tiene desperdicio: «Estoy seguro (de) que ningún catalán, viva donde viva, quiere para otro compatriota lo que no quiera para él». Para los no compatriotas es otra cosa. Se diría.

Cospedal no anda muy lejos: «La solidaridad en materia nuclear se debe repartir entre todas las regiones de España». Seguramente quiere decir 'carga' donde pone 'solidaridad', pero si es así no se entiende el entusiasmo del PP por las centrales.

Aquí no encaja el nombre de solidaridad, la conciben de forma ramplona y exclusivista. Es solidaridad arrojadiza, de echar en cara. Al margen de este victimismo electoralista, no se apela a criterios racionalizadores, a análisis, a estudios de expertos, a la búsqueda de soluciones comunes a problemas compartidos. España se gestiona desde el síndrome de 'Nimby' institucional.

Deber de Estado
La disputa entre partidos por las detenciones de la Ertzaintza resulta perniciosa
Editorial El Correo 27 Enero 2010

La detención por la Ertzaintza de cinco presuntos integrantes de ETA, en poder de uno de los cuales se ha encontrado un arma y material explosivo, ha vuelto a demostrar que la actuación policial y judicial está mermando muy seriamente la capacidad operativa de la banda terrorista, conduciendo a sus miembros a un callejón cuya única salida es el desistimiento. Hace ya años que ni los apologistas de la violencia ni sus intérpretes se atreven a esgrimir la imbatibilidad de ETA como argumento para presentar la negociación política con la banda como algo inexorable. Si acaso se refieren a una salida dialogada con el propósito de salvar el macabro honor de los terroristas, que saben que están abocados a una derrota irremisible y al cumplimiento de las penas que los tribunales les impongan. Es la suerte que les espera a los detenidos de ayer en el caso de que se confirmen las sospechas que han llevado a la Audiencia Nacional a ordenar su puesta a disposición de la justicia.

El hecho de que hayan sido la división antiterrorista de la Policía autónoma vasca y sus unidades de investigación las responsables del desmantelamiento de esta presumible célula de ETA se ha convertido en noticia por la sencilla razón de que es la primera intervención de la Ertzaintza en mucho tiempo. Pero por extraña que fuese la aparente inacción del Cuerpo durante las dos últimas legislaturas en la persecución del terrorismo etarra, sería temerario atribuir tal circunstancia a una supuesta pasividad de los anteriores responsables, e injusto extender un manto de sospecha sobre ellos o sobre los mandos de la Policía autonómica. El mandato estatutario hace de la Ertzaintza una policía integral, y confiere al Gobierno vasco la obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos de Euskadi. Obligación que frente a ETA se convierte en una responsabilidad de Estado. De manera que esta última actuación de la Policía autonómica debería interpretarse no como el resultado de un determinado impulso político, sino como la conclusión de una tarea desarrollada en cumplimiento del propio deber policial bajo la supervisión judicial correspondiente. En estos momentos nada puede resultar más pernicioso que una disputa partidista entre el PSE-EE y el PNV, jactándose los primeros y devaluando los segundos las detenciones de ayer.

El papel de la Ertzaintza
No hubo pasividad ante ETA pero sí distinta intensidad cuando la prioridad era otra
Editorial El País 27 Enero 2010

El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, considera que hay pruebas que demuestran la participación de los cinco etarras detenidos ayer en la zona de Ondarroa en el atentado contra la comisaría de la Ertzaintza en esa localidad en septiembre de 2008: un atentado en el que los terroristas emplearon 100 kilos de explosivos y que claramente buscaba una matanza, aunque la prudencia de los agentes (y la suerte) hicieron que sólo se produjeran 10 heridos. Se trata de una operación relevante en sí misma, pero significativa además por haber sido realizada por la propia policía vasca, víctima de aquel atentado.

Durante el día de ayer hubo algunas declaraciones imprecisas sobre el cambio en la actitud de la policía autonómica que revelarían estas detenciones. La Ertzaintza se ha enfrentado a ETA, y ETA a la Ertzaintza, casi desde su creación a comienzos de los años ochenta. En un boletín fechado en 2003, ETA decía que "la actitud de la organización es equivalente a la de la Ertzaintza respecto al movimiento de liberación". Se trataba de advertir a los agentes de que si no perseguían a ETA, la banda no los perseguiría a ellos.

Un total de 16 agentes de ese cuerpo han sido asesinados. En los últimos 20 años, la Ertzaintza ha detenido a 174 activistas, si bien es cierto que con un rendimiento decreciente. Entre 1991 y 1998, con Ardanza en Ajuria Enea y Atutxa en Interior, las detenciones fueron 108; mientras que entre 1999 y 2008, coincidiendo con el periodo de Ibarretxe, la cifra se redujo a 59.

En general se ha admitido (lo hizo hace poco el consejero Ares) que la tarea esencial de la Ertzaintza debería ser la de cortar la renovación de ETA actuando contra la violencia callejera, cantera principal de activistas. Su condición de policía enraizada en la población juega en favor de esa especialización y así se demostró en gran parte de la década de los noventa, en que la policía vasca detuvo numerosos grupos de violencia organizada (unos 70 activistas al año), poniendo las bases para la casi extinción de la kale borroka en los siguientes. Pero su repunte tras la ruptura de la tregua no encontró una respuesta comparable de la Ertzaintza.

Ésos son los datos, menos lineales de lo que algunos pretenden pero bastante elocuentes. Ha habido alguna exageración pero que no justifica el tono apocalíptico con que reaccionó ayer el PNV. Sólo a ETA favorecería ahora una polémica sobre quién es más eficaz dirigiendo a la Ertzaintza. Pero es evidente que el Gobierno de Patxi López ha considerado una prioridad el combate contra ETA, creando una división antiterrorista que no existía como tal y plasmando la idea de deslegitimación de ese mundo con iniciativas para eliminar los símbolos etarras, tolerados de hecho durante años.

Por ejemplo, en la fiesta mayor de San Sebastián. Este año, por primera vez en muchos, apenas se han visto tales símbolos en la reciente tamborrada. La Ertzaintza había advertido a los vecinos de que cometerían un delito si cedían sus balcones a los habituales visitantes para colgarlos.

18 artículos son considerados inconstitucionales
La sentencia del Estatut está lista y será pública en febrero
El voto de calidad de Maria Emilia Casas será impugnado por ERC
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 27 Enero 2010

La noticia, aún presunta, la tengo desde el lunes. La comparto con otro periodista muy conocido. La fuente es de enorme relevancia y solvencia. No está viciada por ningún “me dicen que tal dijo” sino que fue directa. Nos lo dijo y nos lo aseveró con especial énfasis.

La sentencia del Tribunal Constitucional está lista y será hecha publica en un plazo de tres semanas, o como mucho en la tercera semana de febrero.

ARTÍCULOS INCONSTITUCIONALES
Y un matiz importantísimo que puede tener serias consecuencias. El voto de calidad de la presidenta Maria Emilia Casas que desharía algún empate será el motivo de la impugnación-aduciendo que su mandato está cumplido-ante el Tribunal de Estrasburgo. ERC está ya preparando ese recurso.

Eso es lo que sabía desde el lunes. No había escrito ni comentado nada. Pero ayer martes, Melchor Miralles, director de Veo Tv, amigo y contertulio en ese momento en “Madrid Opina”, hizo publica una información casi idéntica a la que yo poseía y que había dado poco antes como primicia en el canal que el mismo dirige.

Digo casi idéntica porque Miralles aportaba a lo que yo conocía más datos concretos. A) 18 artículos son considerados en todo o en parte inconstitucionales B) En otros cerca de cuarenta hay votos particulares que dudan de su constitucionalidad.

Coincidían nuestras fuentes-ni yo conozco la suya ni el la mía- en el tema relevante del voto de calidad y del recurso ante Estrasburgo. Cuestión esta que no parece desagradar al gobierno. La patata caliente se pone a enfriar –lo que pueda enfriarse-fuera.

Pero cabe una duda. Si hay sentencia, y me pongo la venda pues ya han habido más anuncios y filtraciones de su inminencia que no se han cumplido (el último para primeros de enero), está, pese al recurso a instancia europeas, ¿habrá de ser, imagino, de inmediata ejecución o seguirá el limbo?. Entiendo, dada nuestra ley, que es evidente lo primero pero...

La Mesa por la Libertad Lingüística contra Ferega por el decreto del gallego
Apuntan que el secretario de la federación se alinea con la imposición lingüística
 www.lavozlibre.com 27 Enero 2010

Vigo.- La Mesa por la Libertad Lingüística (MLL) de Galicia se ha mostrado indignada con las declaraciones efectuadas en el diario ‘El País’ por el secretario general de la Federación de Religiosos de la Enseñanza de Galicia (Ferega). Xosé Francisco Martínez Reboiras expuso los reparos de la principal patronal privada al decreto de la Xunta, los cuales resumió en solicitar una mayor presencia del gallego en la enseñanza.

“El gallego es un valor fundamental de nuestro pueblo que hay que promocionar porque no está en las mismas condiciones sociales que el castellano y el inglés”, declaró Reboiras. “Las lenguas sólo se aprenden si se ejercitan y sólo se tendrá libertad para escoger una si se saben y se conocen”, añadió. Los responsables de Ferega se habían reunido un día antes con el consejero de Educación de la Xunta, Jesús Vázquez, con la intención de expresar su desacuerdo con el borrador del decreto sobre la lengua en las aulas. El secretario general de la Federación pidió al consejero que el futuro decreto “potencie el gallego sobre todo en ciudades y villas de Galicia”, y que la introducción de una lengua extranjera “sea progresiva”.

La MLL ha expresado su rechazo a estas declaraciones por considerarlas “claramente desafortunadas e inoportunas”. “En Galicia existe un grave problema de imposición del gallego en la enseñanza pues está vigente el decreto 124/07”, afirmó José María Martín, presidente de la MLL. “Con el citado decreto se impusieron una serie de materias a impartir en gallego que suponen más del 70 por ciento del tiempo lectivo, con libros y uso obligatorio tanto oral como escrito”, añadió.

La Mesa por la Libertad Lingüística explica que antes de que el decreto del bipartito se publicara en el DOGA se presentaron más de 20.000 firmas y se realizaron varias manifestaciones "abarrotadas de miles de padres que no sólo defienden la libertad lingüística, también la libertad de enseñanza y la libertad de los padres de decidir la educación de sus hijos”. “Gracias a ello pueden existir colegios religiosos y religiosos en la enseñanza”, añadió.

Fuentes de la MLL han declarado entender el carácter desafortunado de las declaraciones del secretario general de Ferega. “Los argumentos expuestos son propios de un alineamiento con la imposición y lejos de la libertad y del sentir de muchos padres que envían a sus hijos a los centros de FERE”, expresó el presidente de la MLL. “Además, son muy inoportunas”, añadió. “Queremos creer que esas declaraciones reflejan, a título personal, la postura de este señor, quien al hacerlas compromete a toda la federación”, manifestó Martín.
 

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