AGLI

Recortes de Prensa    Jueves 28 Enero  2010

 

EL GOBIERNO ACEPTA VARIAS PROPUESTAS DEL PP
El castellano emborrona la reforma de Gabilondo
IMPRESIONES El Mundo 28 Enero 2010

LAS PROPUESTAS presentadas ayer por el ministro de Educación suponen un paso en la buena dirección para lograr un pacto de Estado con el PP. Gabilondo incluye en el documento entregado a los consejeros de las comunidades dos cambios de calado que habían sido propuestos por Rajoy. El primero y más importante es la reforma de la Logse para hacer de 4º de la ESO un curso orientador con dos perfiles, de tal forma que los alumnos puedan optar por estudiar Bachillerato o enfocar su futuro hacia la Formación Profesional. También se incluyen las evaluaciones externas en sexto de primaria y tercero de secundaria, tal y como había solicitado el PP. Aunque no se trata ahora de echar en cara el pasado, lo cierto es que las reformas suponen una enmienda a los resultados de la Logse, cuyo evidente fracaso el PSOE nunca ha reconocido. La propuesta de que las leyes educativas deban ser aprobadas por dos tercios del Congreso es también oportuna. Ahora bien, es difícil que el PP pueda dar su apoyo a una iniciativa que sigue, tozudamente, sin contemplar ni defender el derecho a estudiar en castellano.

Pactos con luces y sombras
Editorial ABC 28 Enero 2010

EL ministro Ángel Gabilondo presentó ayer a los consejeros autonómicos un plan de 104 medidas como base para la puesta en marcha del pacto educativo que reclama no sólo la comunidad escolar, sino el conjunto de la sociedad española. El departamento ha hecho los deberes y, sobre todo, demuestra que su objetivo es alcanzar un verdadero consenso. Así lo refleja el anuncio de que no se tomarán medidas si no cuentan con un apoyo de dos tercios en el Parlamento, evitando que la alternancia partidista suponga una permanente vuelta a empezar en materias que requieren estabilidad y permanencia. Hay propuestas bien pensadas, como la posibilidad de que cuarto de la ESO se convierta en un curso de orientación para optar entre Bachillerato y Formación Profesional. De este modo, se aproxima a la propuesta del PP, según la cual la ESO se reduciría en un año y el Bachiller pasaría a tres. Parece interesante la posibilidad de convalidaciones recíprocas entre las dos vías que se abren para los estudiantes al concluir la enseñanza obligatoria, eliminando la sensación de que se trata de caminos irreversibles. Sin embargo, Gabilondo no logra convencer a los padres y profesores en algunos ámbitos muy relevantes. Es correcto apelar a la cultura del esfuerzo y la responsabilidad o destacar el papel básico que corresponde a los profesores, pero estas propuestas no pasan del terreno de una retórica plagada de buenas intenciones.

Lo peor de todo es que el Ministerio elude cualquier cuestión polémica, ya sea la Educación para la Ciudadanía o las relaciones con las comunidades autónomas. La enseñanza en castellano y la historia común a todos los españoles no aparecen por ningún sitio, sin duda para evitar que los nacionalistas pongan en peligro un acuerdo que populares y socialistas parecen dispuestos a suscribir. La búsqueda del consenso a toda costa puede conducir el pacto hacia una tierra de nadie. Además, la oferta ministerial en materia de financiación se limita a anticipar fórmulas de colaboración entre las administraciones públicas que deberían ser objeto de precisiones mucho más detalladas. Con sus luces y sus sombras, el documento presentado ayer por el ministro puede ser un punto de partida pero no es ni mucho menos una base sólida para el verdadero pacto que resulta imprescindible en un ámbito decisivo para el futuro de España. Habrá que seguir con atención los próximos debates al respecto.

El idioma español gana terreno en las economías emergentes
Editorial La Razón 28 Enero 2010

El Anuario del Instituto Cervantes 2009, «El español en el mundo», confirmó la arrolladora expansión internacional de nuestra lengua. Con cerca de 500 millones de hablantes, es el segundo idioma más hablado del mundo y, por consiguiente, tiene una influencia extraordinaria como vehículo de comunicación internacional de masas. El español se beneficia de una muy alta demanda en países que son referencia de alto desarrollo (Estados Unidos y Europa occidental) o que lideran el grupo de economías emergentes (con Brasil y China a la cabeza). El caso brasileño es un fenómeno realmente espectacular.

Según los datos del Anuario, ha pasado de contar con un millón de estudiantes de español en 2006 a cinco en la actualidad, gracias fundamentalmente a la Ley del Español, que establece la asignatura en las escuelas de enseñanza pública del país. Los progresos en Rusia, el África subsahariana y, por supuesto, la realidad arrolladora de Estados Unidos configuran un futuro magnífico para nuestra lengua, que debe ser alentado por políticas activas de las administraciones. El español es un patrimonio común de una comunidad en crecimiento y posee una importante dimensión económica. En ese contexto resulta aún más incomprensible que se promulguen leyes que coarten su uso en nuestro país.Ley del Cine

Matrix y el cine en catalán
José García Domínguez Libertad Digital 28 Enero 2010

Sin duda, el rasgo más llamativo del cine catalán es que no existe. Una singular evidencia empírica que, huelga decirlo, no ha supuesto impedimento para que las autoridades locales procediesen a cometer una muy exhaustiva regulación de la industria cinematográfica propia y ajena. Nadie descarte, pues, otra inminente normativa catalana a propósito de la conservación, uso y disfrute de los bosques tropicales. O algún reglamento de Carod imponiendo pautas vinculantes al subsector de los transbordadores espaciales. Al cabo, si Paraguay dispone de su propia escuadra de guerra sin poseer ninguna salida al mar, ¿por qué no iba la Generalidad a regular los estudios de Hollywood o las lluvias monzónicas, si se terciase?

Así, aprovechando que Europa apenas cuenta con doscientos idiomas vernáculos de estricto uso doméstico, el tripartito acaba de ordenar a las majors el doblaje de todas sus cintas al catalán. Los yanquis, sépase, restan muy advertidos: caso de no obedecer sin rechistar, se prohibirá al punto la exhibición de su cine en las cuatro provincias de la demarcación. "O yo y mi lengua propia o el caos", amenaza don José. Con semejante espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas, pocas situaciones de pareja zozobra deben haberse vivido en la secretaría de Estado y en la propia Casa Blanca desde la crisis de los misiles con Cuba.

Y es que, en Cataluña, el cine, predica la Generalidad, está llamado a constituir fiel, preciso, exacto reflejo de la realidad tal como ni es, ni ha de ser. En consecuencia, procede imponerle el funesto bilingüismo que ellos mismos se enorgullecen de haber extirpado en colegios e institutos. Pero ni con ésas. Y es que la gente, cuando se sabe libre, revela un insolente sesgo a proceder como le viene la gana. Y por alguna razón en extremo enigmática, casi nadie en Matrix muestra interés por asistir a más ficciones narradas en catalán. Un detalle baladí que, lejos de llevar a rectificar a Montilla, llevará a la quiebra a las salas obligadas a programarlas. Parece mentira. Como si a estas alturas aún no hubieran comprendido que una dictadura, por pequeña y ridícula que se antoje, no puede imponerse a medias. Prohíbanos el español también en los cines, hombre. Desengáñese, don José: no hay otra solución.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

¿Ganaremos algo si dimite Zapatero?
Francisco Rubiales Periodista Digital 28 Enero 2010

Más de media España sueña ya a diario con que Zapatero dimita o sea obligado a dimitir. No pocos de esos "soñadores" saben que el relevo posible, tanto si es del PP como del PSOE, tendrá carencias dramáticas porque el problema de España no está sólo en la baja calidad de sus dirigentes políticos, sino en la escasez de democracia y de decencia en los partidos políticos y en el mismo sistema. Sin embargo, el cambio de Zapatero por "quien sea" siempre será positivo porque es casi imposible superar en torpeza e inutilidad al actual inquilino de la Moncloa.

Muchos ciudadanos, convencidos del terrible y dramático axioma de que "todos los políticos son iguales", se preguntan si ganaríamos algo si Zapatero es forzado a dimitir y el pueblo español se ve obligado a elegir entre otros nuevos ineptos alejados de la verdadera democracia: Rubalcaba o Bono, por el PSOE, y Rajoy, por el PP.

La respuesta es sencilla: destronar a un inepto es ya un logro democrático. El siguiente paso es evitar que otro inepto le sustituya y conseguir que los ineptos y los sinvergüenzas no tengan cabida en nuestro sistema. Lograr que Zapatero se vaya es, indiscutiblemente, una victoria popular y un avance de la democracia, pase lo que pase después.

Si Zapatero fuera forzado a dimitir y a convocar elecciones anticipadas, la victoria de la democracia frente al mal gobierno y la indecencia sería indiscutible. Pero, como todas las victorias, nunca será completa y requerirá vigilancia permanente, acoso al poder y nuevas luchas para cerrarle el paso a los futuros ineptos, sinvergüenzas o canallas. El ciudadano debe aprender una lección de gran dureza: la democracia jamás se consigue porque necesita la vigilancia constante de la gente de bien, la defensa permanente de los ciudadanos y la lucha sin cuartel de los hombres libres frente a los mafiosos, los oligarcas, los falsos demócratas y otros especímenes de la peor fauna del planeta humano, siempre atraída por el poder y el dinero, eternamente obsesionada en el dominio y el abuso.

Hasta que no aprendamos la lección fundamental de la existencia, que nada cambiará mientras no cambie el ser humano, tendremos que vigilar y luchar sin descanso.

Cada vez que el pueblo ganó una batalla en la Historia y la libertad y la decencia parecían haber conquistado cotas de gran valor, el avance se convirtió en retroceso, los cadáveres de los luchadores libres sembraron las calles y el bien fue derrotado por los canallas y opresores de siempre.

El imbécil borbón francés Luis XVI fue decapitado por el pueblo en la Revolución Francesa, justo con su frívola esposa austriaca, pero terminó sustituyéndoles Napoleón, un tirano con más poder que inundó Europa de sangre y que llevó a la tumba a millones de franceses. El Zar fue fusilado en Rusia, pero tomaron el poder los profesionales bolcheviques, asesinos y tiranos de peor envergadura y calaña, gente como Stalin, capaces de sembrar la tierra rusa de cadáveres. En nuestra España, los demócratas sucedieron al muerto Franco, pero en realidad eran falsos demócratas que sustituyeron la dictadura franquista por una dictadura de partidos que abrió las puertas a la corrupción, envileció a la sociedad, la sembró de esclavos manipulados, destruyó la escala de valores, instauró la mentira como esencia del poder y rompió es espinazo de España.

El problema siempre ha sido el mismo, pero los ciudadanos jamás aprenden esa verdad suprema: nada puede cambiar si no cambia el individuo. No es posible construir una sociedad noble y justa colocando a un canalla encima de un corrupto, debajo de un sinvergüenza y al lado de un golfo. Mientras que las piezas no sean buenas, el edificio construido será una estafa.

La única solución: fabricar verdaderos ciudadanos, gente libre y orgullosa de sus derechos y deberes, cumplidora, reflexiva e incapaz de delegar lo que es indelegable, la voluntad política, a representantes e intermediarios, sean los que sean.

Voto en Blanco

LA BOMBA CAUSA DAÑOS MATERIALES
Terroristas gallegos atacan el domicilio del profesor y articulista Roberto Blanco
La vivienda del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela y conocido articulista de opinión, Roberto Blanco Valdés, fue atacada esta madrugada con una bomba casera que provocó escasos daños materiales. Blanco Valdés siempre se ha opuesto al nacionalismo.
agencias Libertad Digital 28 Enero 2010

Según confirmó a Europa Press Blanco Valdés, este no es el primer ataque que dirigen contra su vivienda, ya que el pasado 1 de noviembre localizó un cóctel molotov que había sido lanzado al jardín, pero que no llegó a explotar, y el día 10 de ese mismo mes fue quemada una rueda con gasolina contra la valla de su casa.

Todos estos atentados fueron denunciados ante la Policía Nacional, que ha confirmado que ha abierto una investigación para intentar esclarecer los hechos. En el caso de la última bomba, que explotó en torno a las 3.15 horas de esta madrugada, estaba compuesto de petardos y una bombona de camping gas.

Blanco Valdés atribuye estas acciones violentas a "grupos independentistas radicales" porque en dos de las ocasiones encontró panfletos esparcidos por el suelo que, aunque no contenían ninguna sigla, estaban escritos "medio en gallego medio en portugués" en los cuales, se le calificaba de "antigallego" o "enemigo del país y de la lengua".

"Por el tono del texto y por la reivindicación se ve perfectamente que quien está detrás del atentado es un grupo o gente independentista radical", explicó Blanco Valdés, quien defendió que, desde que hace unos 16 años escribe artículos de opinión, es "respetuoso y moderado con las opiniones de los demás",

"El objetivo es que me calle, asustarme para que deje de dar mi opinión. Pero la única arma que utilizo es la pluma", aseveró el catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, quien a su vez alertó de que es una acción que pretende "extender el temor por la sociedad contra quien pretenda expresarse con el mismo grado de libertad".

Blanco Valdés, que escribe columnas de opinión en La Voz de Galicia, lamentó que "no es nada nuevo" este tipo de actitudes violentas, sino que es "la técnica típica del fascismo que consiste en que no hable quien no piensa lo mismo que uno". "Les debe parecer intolerable la defensa de las libertades democráticas de todos los ciudadanos. Las defendía con Franco desde posiciones de izquierda y progresistas y desde estas mismas posiciones progresistas los defiendo ahora", concluyó.

POR NO UTILIZAR EL CATALÁN
Montilla paga a chivatos para multar a comerciantes
El gobierno de la Generalidad no sólo ha incrementado la cuantía de la sanción para quien no utilice el catalán en su negocio, sino que subvenciona a delatores anónimos para que se chiven. El sábado hay una concentración, con el lema: "Por una Cataluña en libertad, no a las multas lingüísticas".
Olivia Moya Libertad Digital 28 Enero 2010

La persecución lingüística en Cataluña empieza a no tener límites. Este martes publicábamos en LD el caso de Xurde Rocamundi, un empresario de esta localidad de Arenys cuyo delito para el gobierno de Montilla consiste en rotular sólo en castellano los carteles de su negocio, por lo que se le abrió un expediente y se le multó con 1.200 euros.

Aunque a partir de ahora esta cantidad podría ser mayor incrementándose las multas hasta 10.000 euros por infracciones leves o de hasta 100.000 si se considera que la falta es grave.

Concentración en Arenys
La semana pasada se constituyó la Coordinadora “Por una Cataluña en Libertad. No a las multas lingüísticas", Coordinadora en defensa de la libertad de elección de los empresarios catalanes que actualmente están siendo sancionados por presuntos incumplimientos de la Ley de política lingüística.

Esta Coordinadora, integrada por Ágora Socialista, Asociación por la Tolerancia, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Impulso Ciudadano, Partido Popular de Cataluña y Unión Progreso y Democracia, ha convocado una concentración que tendrá lugar el próximo día 30 de enero a las 12:00 en la Plaza de la Iglesia de Arenys de Mar, con el lema “Por una Cataluña en libertad, no a las multas lingüísticas” para denunciar estos hechos y defender la libertad de opción lingüística y la libertad de empresa en Cataluña.

Este jueves ha tenido lugar la presentación del manifiesto que leerá el ex colaborador de LD, Juan Carlos Girauta, al final de la concentración.

El manifiesto señala que “en Cataluña se condiciona la concesión de las licencias de apertura o el mantenimiento de los establecimientos privados a la rotulación obligatoria en catalán”. Y afirma categóricamente: “Un gobierno sectario está sancionando a quien no disponga de las cantidades para incumplir esta imposición o a quien anteponga la libertad de expresión y de empresa”.

“Los intolerantes intentan confundir a la opinión pública ocultándose tras la coartada de los derechos de los consumidores para así imponer la disciplina en un sector de naturaleza privada, en el que no debiera caber la ingerencia del poder público”.

"Delatores anónimos subvencionados"
Pero, además, la Coordinadora resalta que el “Gobierno de forma arbitraria y despótica condiciona el futuro de esos negocios a través de delatores anónimos subvencionados por él mismo, y que ordena a los inspectores de consumo priorizar la policía lingüística. (…) Lamentablemente, este Gobierno vuelca su esfuerzo inspector en hacer cumplir instrucciones propias de una administración enferma de totalitarismo”.

En otro de los párrafos el manifiesto denuncia:
“(…) El Gobierno de Cataluña ha ideado un régimen sancionador inexorable que aplica con mano de hierro y ha incrementado las campañas contra los empresarios catalanes. Atrapado en su propia dinámica represiva ahora pretende que el Parlamento apruebe el Código de Consumo de Cataluña que otorgará al Gobierno competencias para cerrar temporalmente los establecimientos privados e imponer multas de hasta 10.000 euros por infracciones leves o de hasta 100.000 euros por infracciones graves si considera que la negativa a rotular en catalán es deliberada. De aprobarse el nuevo Código y amparados en el deber de disponibilidad lingüística, podrán sancionar también a todos aquellos establecimientos que no puedan garantizar la atención oral y por escrito en la lengua que escoja el cliente, con lo que miles de trabajadores que atienden al público pueden ver condicionada su estabilidad laboral por esa decisión”.

Desde la Coordinadora se quieren solidarizar con todas “las personas que reciben la visita de los representantes de la Agencia Catalana en cumplimiento de las órdenes de los tiranos lingüísticos".

Colocan un explosivo casero en su vivienda
Radicales gallegos atentan contra un catedrático defensor del bilingüismo
Roberto Blanco Valdés es columnista de La Voz de Galicia
Redacción Periodista Digital 28 Enero 2010

Los ataques a los defensores de la libertad lingüística no censan en Galicia. Esta vez le ha tocado a la vivienda del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela y conocido articulista de opinión, Roberto Blanco Valdés, que fue atacada esta madrugada con un artefacto explosivo de fabricación casera que provocó escasos daños materiales.

Según confirmó Blanco Valdés, este no es el primer ataque que dirigen contra su vivienda, ya que el pasado 1 de noviembre localizó un cóctel molotov que había sido lanzado al jardín, pero que no llegó a explotar, y el día 10 de ese mismo mes fue quemada una rueda con gasolina contra la valla de su casa.

Todos estos "atentados" fueron denunciados ante la Policía Nacional, que ha confirmado que ha abierto una investigación para intentar esclarecer los hechos. En el caso del último artefacto, que explotó en torno a las 3. 15 horas de esta madrugada, estaba compuesto de petardos y una bombona de camping gas.

INDEPENDENTISTAS RADICALES
Blanco Valdés atribuye estas acciones violentas a "grupos independentistas radicales" porque en dos de las ocasiones encontró panfletos esparcidos por el suelo que, aunque no contenían ninguna sigla, estaban escritos "medio en gallego medio en portugués" en los cuales, se le calificaba de "antigallego" o "enemigo del país y de la lengua".

"Por el tono del texto y por la reivindicación se ve perfectamente que quien está detrás del atentado es un grupo o gente independentista radical", explicó Blanco Valdés, quien defendió que, desde que hace unos 16 años escribe artículos de opinión, es "respetuoso y moderado con las opiniones de los demás".

"El objetivo es que me calle, asustarme para que deje de dar mi opinión. Pero la única arma que utilizo es la pluma", aseveró el catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, quien a su vez alertó de que es una acción que pretende "extender el temor por la sociedad contra quien pretenda expresarse con el mismo grado de libertad".

Blanco Valdés, que escribe columnas de opinión en 'La Voz de Galicia', lamentó que "no es nada nuevo" este tipo de actitudes violentas, sino que es "la técnica típica del fascismo que consiste en que no hable quien no piensa lo mismo que uno". "Les debe parecer intolerable la defensa de las libertades democráticas de todos los ciudadanos. Las defendía con Franco desde posiciones de izquierda y progresistas y desde estas mismas posiciones progresistas los defiendo ahora", concluyó. (Europa Press)

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La discordia lingüística que no cesa en Galicia
Luis Miguez Macho Semanal Digital 28 Enero 2010

Justo antes del final del año, pasaron por el Consejo de la Xunta de Galicia las bases del nuevo decreto que regulará el uso de las lenguas en la enseñanza no universitaria.

Se trata de una de las medidas más esperadas del nuevo Gobierno autonómico de Alberto Núñez Feijoo, que se comprometió en la campaña electoral a derogar la polémica norma aprobada en 2007 por la anterior Xunta de socialistas y nacionalistas. Antes y después de que esas bases fueran presentadas, la reacción de los nacionalistas, y también de los socialistas, ha sido de rechazo visceral a cualquier modificación del decreto vigente, que consagra el predominio educativo del gallego.

La verdad sobre el decreto de 2007
Conviene recordar las principales características del decreto de 2007. Para empezar, fue aprobado sin consultar a los interesados, pasando únicamente por el Consejo Escolar de Galicia, un órgano administrativo de participación de la comunidad educativa que, como muy bien apuntó el Consejo Consultivo de Galicia en su dictamen sobre el proyecto de decreto, no cubre las exigencias legales de participación ciudadana en la elaboración de una norma de este tipo. Todo lo contrario, por cierto, de lo que está haciendo la actual Xunta, que ha abierto una amplia fase de consultas sobre las bases del nuevo decreto, lo que no le ha librado de furibundas declaraciones y manifestaciones "preventivas" por parte de los nacionalistas.

En cuanto a su contenido, el decreto de 2007 deja que cada centro educativo decida qué porcentaje y qué asignaturas se impartirán en cada lengua, pero con dos limitaciones decisivas: el gallego nunca puede bajar del cincuenta por ciento, mientras que el castellano puede quedar reducido sólo a las clases de lengua y literatura en ese idioma; y las asignaturas más importantes, las llamadas "troncales", en todo caso se impartirán en gallego. Para que se entienda: un centro educativo dominado por los nacionalistas podría imponer toda la docencia en gallego, salvo la del castellano y, en su caso, el inglés, en tanto que otro que prefiriese el equilibro entre las lenguas cooficiales podría establecerlo, pero con el castellano arrinconado a la plástica, la educación física y la religión (para los alumnos que la cursen).

Para acabar, otra "peculiaridad" del decreto de 2007 es que impone a los alumnos que, con carácter general, usen el gallego en las asignaturas impartidas en ese idioma, mientras que se olvida de establecer la misma previsión para las asignaturas impartidas en castellano (salvo para la lengua y literatura de ese idioma). De esta manera, crea dos categorías de alumnos, con derechos distintos: los gallegohablantes, libres de utilizar su lengua en cualquier asignatura, menos en lengua y literatura castellana e inglés, y los castellanohablantes, que sólo pueden emplear su idioma en las asignaturas impartidas en él.

Las bases del nuevo decreto y el consenso imposible
Las bases del nuevo decreto intentan establecer un verdadero equilibrio entre el gallego y el castellano, con el añadido de la introducción del inglés como lengua vehicular de una tercera parte de la docencia. Esto último, como ya ha tenido que aclarar la Xunta, es una previsión que tendrá que ser muy matizada, porque es evidente que ahora mismo el sistema educativo no está preparado para asumir semejante porcentaje de docencia en inglés.

Centrándonos en el gallego y el castellano, las bases contemplan que las asignaturas troncales se repartirán equitativamente entre las dos lenguas, correspondiendo a los padres de cada centro elegir por votación periódica qué asignatura o asignaturas concretas se impartirán en cada idioma. El Consejo Escolar decidirá la lengua en que se enseñarán las demás asignaturas, pero con la limitación de tener que respetar el equilibrio entre el gallego y el castellano. Y, sobre todo, se reconoce a los alumnos la libertad de usar la lengua de su elección en todas las asignaturas, menos en las de idiomas.

La Xunta buscaba alcanzar el mayor consenso político y social posible con las bases del nuevo decreto. Sin embargo, se ha encontrado con una cerrazón total, nada sorprendente, por parte de la minoría nacionalista, y también con la oposición de los socialistas, lo que sí es más inesperado, si se tiene en cuenta que el decreto de 2007 -elaborado, nótese bien, por una conselleira socialista y no nacionalista- contribuyó decisivamente a que perdiesen el poder, porque buena parte de sus votantes no comparten la política de imposición lingüística.

A nacionalistas y socialistas nada les parece bien en las bases presentadas por la Xunta: no quieren asignaturas en inglés, no quieren que los padres decidan y el equilibrio entre enseñanza en gallego y en castellano les resulta intolerable. Como comprenderá el lector, la Xunta de Alberto Núñez Feijoo no habrá conseguido un consenso político en estos puntos ni el aplauso de las entidades supuestamente representativas de los distintos estamentos del sector educativo, empezando por los sindicatos, pero cuenta sin ninguna duda con el apoyo de la mayoría silenciosa de los padres.

Lo que está bien y lo que falta en las bases del nuevo decreto
La enseñanza del inglés en España tiene un grave problema, e introducir asignaturas en esa lengua puede ser una forma de corregirlo. De hecho, así se está haciendo ya en otras Comunidades autónomas y en la propia Galicia hay colegios privados y concertados que han emprendido esa senda. No se entiende con qué argumentos cabe oponerse a esto, siempre que se planifique para que se haga de forma progresiva y acorde con los medios disponibles; menos se entiende que se opongan políticos que, al disponer de más recursos económicos que la media de población, se aseguran convenientemente de que sus hijos aprendan inglés enviándolos a colegios bilingües o pagándoles cursos en el extranjero.

En cuanto al rechazo frontal a que los padres tengamos capacidad de decisión sobre las asignaturas que se impartirán en gallego y en castellano, resulta todavía más inconcebible. Simplemente, un grupo de profesores y de padres nacionalistas, minoría en la sociedad gallega, no sólo pretenden arrogarse el derecho a imponernos a la mayoría la lengua en que van a educarse nuestros hijos, sino que también quieren privarnos del derecho a que se eduquen en ella.

Por último, y éste es el meollo de la cuestión, la peor afrenta que imputan los nacionalistas (¡y los socialistas!) a las bases del nuevo decreto es el equilibrio que intenta establecer entre la docencia en gallego y en castellano. Hasta circula por ahí un manifiesto que tacha este equilibrio de ilegal y vulneratorio de derechos, sobre la base de esa extraña concepción jurídica y política según la cual el que una lengua esté supuesta o realmente en peligro habilita para pasar por encima de los derechos de las personas y, si se tercia, de la voluntad de la mayoría. Sobre esto poco hay que decir, porque se descalifica solo, y deja al desnudo la pretensión de esta gente imponer a toda costa, contra la voluntad de la mayoría de la sociedad gallega expresada en las urnas, contra los deseos de la mayoría de los padres y, en definitiva, contra toda razón y contra todo derecho, la hegemonía del gallego en la enseñanza.

Las bases presentadas no son perfectas, y para mejorarlas está la fase de consultas abierta. Por ejemplo, yo echo de menos que, al igual que se reconoce el derecho de los alumnos a utilizar sin discriminaciones la lengua de su elección en las clases, no se reconozca otro derecho que es el complemento lógico del anterior: la libertad para elegir el idioma de los libros de texto. Tampoco me gusta que se mantenga la inaceptable previsión de que los procedimientos iniciados a solicitud de interesado ante la Administración educativa se tramiten preferentemente el gallego, en vez de utilizarse la lengua empleada por el administrado, como debería ocurrir en un régimen de cooficialidad bien entendido y en un Estado democrático de Derecho, donde la Administración está al servicio del ciudadano y no al revés.

Lo que de verdad nos jugamos en este asunto
Tal como se está comprobando y yo siempre he sostenido, el consenso sobre el idioma en la educación es imposible, porque quienes defendemos la libertad de elección y quienes propugnan la imposición del gallego partimos de principios inconciliables. Lo curioso, y esto no ha sido destacado por ningún medio de comunicación ni comentarista de actualidad, es que, si triunfa la libertad de elección, de ella se beneficiarán también quienes quieren educar a sus hijos exclusivamente en gallego. En cambio, si triunfa la imposición, habrá unos perdedores, los padres que preferimos, de manera legítima y por razones que nadie tiene derecho a fiscalizar, una educación predominantemente en castellano, y que somos mayoritarios en la sociedad gallega, como demostró la encuesta masiva hecha por la consellería de educación antes del verano.

Esto es lo verdaderamente preocupante. En un sistema democrático, se hace lo que decide la mayoría, y a las minorías se les respetan sus derechos. En el mundo que nos construirían los nacionalistas si se les dejase, se hace lo que quieren quienes sacan en las urnas el quince por ciento de los votos, y además se aplastan los derechos de la mayoría.

A la postre, el gran perdedor de toda esta batalla es el idioma gallego, que no tiene culpa alguna de los excesos de sus supuestos defensores, y ha pasado a verse como la lengua de la imposición y la intemperancia. Ellos se dan cuenta, pero les da igual, porque, en el fondo, lo que aquí se está dirimiendo no es cómo garantizar la supervivencia del gallego, sino el control de la sociedad gallega; si vamos a vivir en una sociedad cerrada, condenada al clientelismo, en el que el gallego se utilice como barrera de entrada y de salida, o en una sociedad libre y abierta.

No es casualidad que en este asunto los grupos de interés clientelares, como los medios de comunicación que dependen de las subvenciones públicas encubiertas, hayan cerrado filas con los nacionalistas y contra la mayoría de la sociedad gallega. Frente a esto, a la Xunta de Alberto Núñez Feijoo le corresponde la responsabilidad de cumplir sus compromisos electorales y poner a la Administración autonómica al servicio de la libertad de los ciudadanos; para eso ha obtenido el respaldo de la mayoría de los gallegos.

El festín de Montilla
Editorial www.gaceta.es 28 Enero 2010

La factura del cóctel de Sant Jordi que se gastará el president Montilla revela no sólo una forma muy concreta de entender la política, sino que también muestra la brecha entre los intereses de los ciudadanos y el limbo estratosférico en que se mueven ciertos gobernantes.

La factura del cóctel de Sant Jordi que se gastará el president José Montilla (más de 70.000 euros) revela no sólo una forma muy concreta de entender la política, que no cuadra con la época actual (suena más a fastos de virreinato), ni mucho menos con la dramática coyuntura económica que atraviesa España, sino que también muestra la brecha entre los intereses de los ciudadanos y el limbo estratosférico en que se mueven ciertos gobernantes.

Los del Tripartito se llevan la palma. Parece haber más distancia entre ellos y buena parte de la sociedad catalana que entre la Tierra y la Luna. Y se acumulan las evidencias. Lo constatan las urnas (desde el referéndum del Estatut a las citas electorales de los últimos años, con una abstención que habla por sí sola), la escasa demanda de cooficialidad (el propietario de una escuela de criminología sancionado por no titular en catalán se lamentaba de que nadie le pedía folletos en esa lengua) o la huelga de los exhibidores de cine, alarmados ante el descalabro económico que supone para las salas imponer el doblaje en catalán. Pero ellos siguen a piñón fijo, exhibiendo la falta de realismo que supone el delirio identitario. No sólo implica pisotear derechos y libertades fundamentales, sino que también nos sale por un pico.

Puede que la queja sea rentable para los nacionalistas, pero es un auténtico engorro para el bolsillo del contribuyente. No hay más que ver la alegría con la que el vicepresidente Josep Lluis Carod-Rovira, devenido en canciller de la Generalitat, ha tirado del erario público para abrir embajadas en París, Berlín, Nueva York, Londres y Buenos Aires; o para hacer viajes de Estado como el que cursó a India, con un despilfarro de 114.900 euros. Carod no entiende de crisis, paro o déficit (Cataluña cuadruplicó el suyo en 2008), y el último año la Generalitat aumentó un 63% el presupuesto para embajadas y misiones.

No parece importarle demasiado. Al cabo, el nacionalismo catalán ha sacado la máxima tajada succionando al Estado central. Sus relaciones con Madrid se pueden definir como una ducha escocesa: unas veces el apoyo de votos, otras la presión para obtener tajada. Lo practicó durante más de dos décadas el pujolismo y lo ha elevado al cubo el Tripartito, mucho más radical por la presión de Esquerra Republicana y envalentonado por la peripecia del Estatut. Zapatero les dio mecha alentando el sueño identitario y la verdad es que la broma nos está saliendo bastante cara. Ahí tenemos, por ejemplo, el 35% de la financiación autonómica que Cataluña sacó el año pasado a Zapatero a cambio de la estabilidad parlamentaria. Federalismo asimétrico.

La guinda es el cóctel de Sant Jordi, en la España de los cuatro millones de parados. Se ve que el president Montilla tiene cuajo, sobre todo si es para alentar proyectos ideológicos y sectarios como la Memoria Histórica, para lo cual no ha tenido el menor empacho en duplicar las subvenciones, pasando de 1,7 millones de euros a 3,7, como reveló hace unos días LA GACETA. E ideológico es, sin duda, el festín del día de Sant Jordi, del próximo 23 de abril. El socialista se volverá a gastar 70.000 euros en el catering, la misma cifra del año pasado, como si no hubiera ocurrido nada en estos 12 meses, como si esto fuera Jauja. Con el agravante de que acordó con Ernest Benach, presidente del Parlament, que redujera los casi 50.000 euros que se gastó en la Diada del pasado 11 de septiembre. Pero Montilla no predica con el ejemplo. O quizá no le interesa.

Del fallo vive pendiente la clase política catalana
La tribu del Estatut contra la gente
Montilla se agarra al "Estatut" como el náufrago a los troncos de la almadía
Fermín Bocos Periodista Digital 28 Enero 2010

En algunos círculos políticos madrileños se dice que la sentencia del Tribunal Constitucional está al caer. Incluso aventuran calendario: la conoceremos en la tercera semana del mes de febrero. No es la primera vez que se habla de fecha para tan esperado parto aunque, hasta ahora, todos los avances se han quedado en profecías fallidas porque, como es sabido, los magistrados del TC van por la vida a paso de elefante. Del fallo vive pendiente la clase política catalana en general y el Gobierno Tripartito en particular.

Montilla y Carod Rovira han convertido el "Estatut" en bandera electoral. También Artur Mas, pero, sobre todo, Montilla, para él es su ultimo tren. Enemistado con Zapatero y muy desgastado políticamente, como dirigente, dentro del PSC tiene más pasado que futuro. Por eso se agarra al "Estatut" como el náufrago a los troncos de la almadía.

Que este asunto interese más a los políticos que a la gente de la calle no resta lógica a la preocupación de la clase política. Su vigilia tiene sentido. Caso de que la sentencia, como apuntan algunas filtraciones, afeite artículos tenidos como intocables por la fuerzas nacionalistas, el presidente Montilla podría convocar ya las elecciones autonómicas. Si así fuera, la campaña electoral cursaría con gran estrépito. Volveríamos a escuchar las grandes palabras que a cuenta de los intereses partidistas desunen a los ciudadanos; las palabras que enfrentan a la tribu e incendian las bajas pasiones de la política.

El TC ha demorado tanto el parto que aunque, como digo, se anuncia como inminente el fallo, ante el espectáculo de exageraciones de los unos y de los otros, uno no puede sustraerse a la melancolía.

Carta de Galicia Bilingüe a Rajoy
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 28 Enero 2010

Galicia Bilingüe ha remitido una carta al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, para que apremie al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, a que cumpla con una de sus principales promesas electorales, la de dar libertad para escoger el idioma de las materias troncales en la enseñanza.

La presidenta de la asociación, Gloria Lago, sustenta su petición en el denominado Decálogo de Prioridades y Valores del PP recientemente presentado públicamente por Rajoy Brey, un documento que hace referencia expresa al valor de la “palabra dada”.

Gloria Lago explica al dirigente de esa formación política que Núñez Feijoo se comprometió antes de las pasadas elecciones autonómicas a llevar a cabo importantes cambios en materia lingüística, sobre la utilización de los dos idiomas oficiales en Galicia. Concretamente, reproduce en la carta las dos principales promesas asumidas por el ahora presidente:

1. Los padres, en el sobre de matrícula y para el curso 2009/2010, rellenarían una casilla en la que elegirían en qué lengua oficial recibirían sus hijos las materias troncales. La decisión de los padres sería vinculante para el Gobierno.

2. Los alumnos podrán emplear libremente la lengua oficial de su elección en clase, en el material didáctico, libros incluidos, en los trabajos y en las pruebas de evaluación, salvo en las materias de las propias lenguas.

Para Galicia Bilingüe el borrador del decreto que sustituirá al controvertido 124/2007 sobre el uso del gallego en la enseñanza no respeta las promesas efectuadas por Alberto Núñez, y así se lo hace saber la presidenta de la asociación al líder del Partido Popular. “Núñez Feijoo nos ha engañado a todos los gallegos que fuimos a votar convencidos de que podríamos escoger la lengua vehicular de las materias troncales”, dice Lago en la carta.

Ante la importancia de unas cuestiones que afectan directamente a la educación de los niños gallegos, Gloria Lago reclama al presidente del Partido Popular que intervenga para que Alberto Núñez Feijoo cumpla, de una vez por todas, con la “palabra dada”, su palabra.

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Carta de Galicia Bilingüe a Rajoy
Estimado señor presidente del Partido Popular:

Informada a través de los medios de comunicación de la presentación del denominado Decálogo de prioridades y valores (el pasado 15 de noviembre) del Partido Popular, que pretende conformar la ‘alternativa’ para que su organización política alcance la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales, tengo a bien solicitarle que se dirija al presidente de la Xunta de Galicia y presidente de su partido en Galicia, Alberto Núñez Feijoo, para que le inste a cumplir los términos de dicho documento.

En concreto, me refiero al último artículo del citado decálogo, que hace referencia expresa al valor de la "palabra dada". Antes de las pasadas elecciones autonómicas, Alberto Núñez se comprometió textualmente, aún como candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia, a adoptar dos importantes decisiones en relación con el uso en la enseñanza de los dos idiomas oficiales que existen en Galicia. En concreto, sus promesas fueron:

1. Los padres, en el sobre de matrícula y para el curso 2009/2010, rellenarían una casilla en la que elegirían en qué lengua oficial recibirían sus hijos las materias troncales. La decisión de los padres sería vinculante para el Gobierno.

2. Los alumnos podrán emplear libremente la lengua oficial de su elección en clase, en el material didáctico, libros incluidos, en los trabajos y en las pruebas de evaluación, salvo en las materias de las propias lenguas.

Pues bien, el borrador del decreto que sustituirá al controvertido 124/2007 sobre el uso del gallego en la enseñanza, y que el presidente de la Xunta presentó el pasado 30 de diciembre, no cumple con esas promesas adquiridas antes de las elecciones de marzo. Núñez Feijoo nos ha engañado a todos los gallegos que fuimos a votar convencidos de que podríamos escoger la lengua vehicular de las materias troncales.

A pesar de que el presidente de la Xunta lo prometió, y se comprometió a ello, el próximo curso los padres no tendremos una casilla en los sobres de matrícula para poder expresarnos respecto a la lengua vehicular que queremos para nuestros hijos y continuaremos sin libertad para poder escoger. Los alumnos de Galicia ni siquiera podrán utilizar los libros en su idioma, pues ese derecho también se les ha negado.

Es por este motivo que le solicito, señor Rajoy, que apremie al presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijoo para que cumpla la palabra dada, su palabra.
Atentamente,
Gloria Lago
Presidenta de Galicia Bilingüe

http://www.galiciabilingue.es/index.php?option=com_content&task=view&id=444&Itemid=105

El Govern permite a los rectores usar filtros lingüísticos en el acceso a las carreras
El Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) dio luz verde a la medida, aprobada por consenso, y avanzó que la plasmará en un documento el próximo febrero
ESTHER ARMORA | BARCELONA ABC 28 Enero 2010

El debate lingüístico se aviva con un nuevo frente en Cataluña; esta vez en el ámbito académico. La Generalitat dio ayer carta blanca a los rectores catalanes para que apliquen, si lo estiman conveniente, filtros lingüísticos en el acceso a determinadas carreras en las que hay colapso de alumnado de fuera de la comunidad.

La Universitat de Lleida (UdL) encendió la polémica hace una semana al anunciar públicamente su intención de establecer pruebas de competencia lingüística para las dos lenguas oficiales (catalán y castellano) a los estudiantes que accedan a Medicina, carrera en la que un 70% del alumnado es extranjero o de otras comunidades autónomas. El conseller de Universidades, Josep Huguet, abonó la polémica al avanzar que defenderá sin titubeos la iniciativa.

Defender a los autóctonos
«Debemos luchar para defender la presencia de alumnado catalán en estos estudios», dijo Huguet. Ayer. en el seno del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) -constituido por rectores y representantes de la Generalitat (presididos por el conseller Huguet y el Comisionado Joan Majó) y de las universidades- la consigna fue la misma.

No hubo demasiado debate y la Generalitat autorizó abiertamente a aquellas universidades que lo estimen oportuno a que apliquen estas pruebas de catalán y castellano al alumnado no autóctono. «De otro modo supondría vulnerar la autonomía académica», precisaron a ABC fuentes de la UdL. El acuerdo se plasmará en un documento formal a mediados de febrero, cuando está previsto que se convoque la próxima reunión del CIC. El rector de Lleida, Joan Viñas, valoró satisfactoriamente la reunión y avanzó que su universidad creará una comisión de expertos para que estudie la viabilidad de la medida. Por ejemplo, determinará si todos los alumnos de fuera pasarán por el filtro del catalán o si tendrán la opción de acogerse a la prueba de castellano. En la reunión se abordaron otras cuestiones como la necesidad de defender la coeducación en los estudios universitarios y se dio luz verde a 45 grados.

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