AGLI

Recortes de Prensa    Domingo 31 Enero  2010

 

¡Pues que se condenen...!
César Vidal La Razón 31 Enero 2010

En el año 1592, se reunieron en Madrid las Cortes para enfrentarse con las dificultades financieras de Felipe II, piadoso rey de España. No era la situación fácil y pronto quedó de manifiesto que los procuradores se dividían entre los totalmente imbuidos de la necesidad de sostener la causa de la Contrarreforma y los que favorecían el realismo político.

Así, el procurador murciano Ginés de Rocamora sostenía con vehemencia que España debía tener como misión ineludible la de derrotar a los herejes flamencos, conquistar Inglaterra para la iglesia católica, vencer a Francia, iniciar una nueva cruzada para recuperar los Santos Lugares e incluso someter al Gran Ducado de Moscovia. Dado que aquel programa de política internacional no era grano de anís, Rocamora señalaba que su cumplimiento era posible porque Dios, que había elegido a España para tan altas tareas, le proporcionaría recursos suficientes mediante, por ejemplo, el descubrimiento de nuevas minas semejantes a las de Potosí.

Fue entonces cuando un procurador madrileño llamado Francisco Monzón pidió la palabra. Monzón dejó claro que, desde luego, no podía dudarse del amor especial que Dios sentía por España, pero que, con todo y con eso, el reino tenía problemas internos de considerable envergadura que resultaban prioritarios. Por lo que se refería a los herejes, concluyó Monzón, «si se quieren condenar, que se condenen».

La anécdota, que tiene su punto gracioso, resulta esencial para comprender la desaparición del imperio español. Francia, otra monarquía católica cuyo rey era considerado Cristianísimo, no comprometió sus intereses nacionales por cuestiones ideológicas. Incluso con un cardenal a la cabeza del estado, pactó con los protestantes para derrotar al imperio hispano.

El papel de idealista en quiebra quedó así reservado para España. Durante los siglos siguientes, nuestra nación quebró económicamente tres veces en el s. XVI y otras tres en el s. XVII gracias a su empecinamiento en ser la espada de la Contrarreforma. Durante el s. XIX, las quiebras fueron nueve y sólo dos se debieron a causas casi inevitables como la lucha contra el invasor francés o los independentistas americanos. Las restantes estuvieron relacionadas con las guerras contra los enemigos del estado liberal empeñados en mantener encendida la hoguera de la Contrarreforma en España. Es revelador que España se acerque nuevamente a la posibilidad de una bancarrota nacional bajo uno de los gobiernos más sectarios e ideologizados de su Historia.

Mientras se bajan las pensiones y los servicios públicos empeoran, nuestros recursos se van en sostener a los diversos e infinitos gastos de los nacionalismos como las embajadas catalanas en el extranjero o la compra de lanzas jíbaras por un millón de euros, a la ideología de género, al lobby gay, a manifestaciones «artísticas» de ínfimo valor, a la lucha contra el inexistente calentamiento global, a unos sindicatos que sólo se representan a sí mismos, a las organizaciones de la memoria histórica, a los disparates urbanísticos de Tutangallardón, a unos ayuntamientos con servicios sociales suecos y a un largo etcétera absurdo y parasitario, eso sí, cubierto todo ello con las consignas del progreso y de la redención planetaria. Recuperemos la sensatez porque no podemos seguir ese rumbo de redención mundial a menos que deseemos a medio plazo caer en la quiebra. Y en cuanto a todas esas causas… abandonémoslas. Si los herejes se quieren condenar, que se condenen.

Como sanguijuelas
Editorial www.gaceta.es 31 Enero 2010

Lo que entienden por austeridad.

Lo peor del plan de austeridad del Gobierno, que pretende recortar el gasto del Estado en 50.000 millones de aquí a 2013, no sólo es que llegue tarde y que además resulte escasamente creíble. Lo más indignante de todo es que se deje en el tintero a quienes deberían predicar con el ejemplo: nuestros gobernantes.

Como en la fábula de la cigarra y la hormiga, el Ejecutivo ha estado tocando indolentemente la mandolina sin querer apercibirse de la llegada del crudo invierno, mientras el contribuyente trabajaba. Y como en la fábula de Samaniego, a la hora de apretarse el cinturón, cuando el frío del endeudamiento y el déficit público se le ha echado encima, el Ejecutivo de Zapatero tiene la inmensa caradura de exigir sacrificios al ciudadano, mientras él mismo trata de irse de rositas.

Porque, hasta ahora, eso es lo que ha hecho un Gobierno con 400 altos cargos que, sumados a los de las administraciones autonómicas y locales, alcanzan la friolera de los 77.000 puestos, con el coste que supone su mantenimiento y la ristra de privilegios, dietas, subvenciones y ventajas fiscales que éstos comportan. No parece que ese régimen de lujo vaya a cambiar. Mientras que 1,2 millones de familias ya tienen a todos sus miembros en el paro, sigue creciendo el número de los funcionarios y el Gobierno aumenta un 2,3% las partidas de gasto de personal en unos presupuestos (los de 2010) que, según la vicepresidenta Fernández, están inspirados en la austeridad.

LA GACETA aporta hoy un detallado informe sobre lo que el Ejecutivo y las otras administraciones entienden por austeridad. Desde los 160.000 euros que el Congreso gasta cada año en regalos de Navidad hasta los 234 coches oficiales del Gobierno andaluz, pasando por el Audi A8 del alcalde Ruiz-Gallardón, que cuesta 591.624 euros. Desde los 792.000 euros invertidos por la Generalitat en gastos superfluos hasta los privilegios fiscales de sus señorías (Hacienda sólo retiene un 4,5% de las nóminas de diputados y senadores).

Este tren de vida y gasto no siempre se corresponde con el rendimiento exigible a nuestros representantes. Cierto que hay mucho diputado o alcalde responsable y trabajador. Pero a los ciudadanos les chirría que el Congreso se tome vacaciones todos los meses de enero y las fotos del hemiciclo semivacío no son nada infrecuentes, aunque eso sí sus señorías disponen de cinco millones de euros al año para viajar. Y en muchos casos, la falta de control y la opacidad en el uso de esos recursos constituye un caldo de cultivo para la corrupción, singularmente en la política local y autonómica.

¿Se puede permitir el lujo la España de los cuatro millones de parados y del déficit del 11,4% de que alcaldes de localidades de 1.000 habitantes tengan sueldos de 4.000 euros mensuales?

¿Algo permite pensar que se va a poner coto al despilfarro con el plan de austeridad? En absoluto. La propia Salgado ya ha dicho que no se va a reducir el número de ministerios (a pesar de que tres de ellos ya han sido puestos en la picota por superfluos: Vivienda, Cultura e Igualdad). Y que los altos cargos del Ejecutivo son intocables. Es decir casi un millar de señores, si sumamos a los 600 asesores del Gabinete cuyo papel, por cierto, es difícilmente explicable.

En suma, el cinturón del Gobierno y de las administraciones autonómicas y locales no tiene agujeros para apretarse el cinturón ante una de las encrucijadas más dramáticas de la economía nacional

PROTESTAN POR LA PROHIBICIóN DE ROTULAR LOS COMERCIOS EN CASTELLANO
Los no nacionalistas se unen contra Montilla
IMPRESIONES El Mundo 31 Enero 2010

PARTE DE la sociedad catalana ha empezado a reaccionar contra el sectarismo del Gobierno tripartito en materia lingüística. Ayer unas 400 personas se manifestaron en Arenys de Mar para protestar contra la prohibición de rotular en español. No son muchas personas, pero es el comienzo de un proceso de rebelión popular contra la imposición del Gobierno que preside Montilla. Lo más importante del acto es que, por primera vez, se unieron los tres partidos no nacionalistas -PP, UPyD y Ciudadanos- para defender la libertad en Cataluña. Destaca especialmente la presencia de Alicia Sánchez Camacho, responsable del PP en Cataluña, que marchó codo a codo con los dirigentes de las asociaciones ciudadanas que promueven la lucha contra la discriminación del castellano. Tres personas multadas explicaron la persecución de la que han sido objeto. Parece increíble pero es algo bien real: que en Cataluña no existe libertad para rotular los comercios en el idioma en el que cada uno decida. Ello revela la intransigencia del Gobierno tripartito, cuya mentalidad inquisitorial es patente.

A los violentos, ni agua
JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA La Opinión 31 Enero 2010

Entre animales, la violencia tiene unos motivos simples que podemos explicar con relativa sencillez, el alimento, la reproducción, el territorio, el miedo ante el peligro. Es el instinto el que gobierna el reino animal desde que existe, y siempre obedeciendo a las mismas pulsiones. Entre los humanos la cosa es más compleja. Puede que la violencia traiga causa de un gen alterado por defecto o por exceso de algún componente químico determinante. En ese caso sólo cabe que el azar nos evite cruzarnos en el camino del violento. Y confiar en la ciencia. Cuando no es así y la violencia es la práctica de un individuo normal en su estructura genética, tenemos que hablar de un uso racional de la violencia aunque sus fines y sus resultados nos parezcan irracionales, por erráticos los primeros o por desproporcionados, crueles o inútiles los segundos. En la violencia del macho contra la mujer hay un ancestral convencimiento de superioridad a partir del cual el violento explica, justifica, racionalmente su agresión. Aplica el castigo porque considera que debe hacerlo para que aprenda. La maté porque era mía y quería irse con otro, como si fuera libre, como si fuera un hombre. En la violencia guerrillera el grupo minoritario está racionalmente convencido de que es factible derrocar el orden establecido. De que la revolución es posible, por eso continua su lucha que a la mayoría parece un esfuerzo estéril. La violencia del gánster es también el resultado de un cálculo racional de medios y fines que suele darle buenos, aunque deleznables, resultados, si le acompaña la suerte. La violencia de ETA nos resulta tan próxima y la conocemos tan bien, muy a nuestro pesar, que ya a nadie se le ocurre calificar a la banda de grupo de incontrolados y desquiciados. Allá por 2002, Mario Onaindía y un grupo de colaboradores escribieron un vocabulario para ayudarnos a entender el laberinto vasco en el que la violencia terrorista es analizada minuciosa y agudamente como lo que es, una actividad racionalmente administrada e ideológicamente fundamentada en el doctrinario nacionalista y marxista al servicio de un fin político totalitario.

Por fortuna, la violencia política en la España democrática ha sido limitada y la que más ha durado está hoy muy debilitada. Por fin se le han cerrado todas las puertas y parece, por vez primera, que es cierta aquella afirmación de que los violentos no tendrán otro final que la cárcel. No más diálogos para solucionar un inexistente conflicto político, no más comprensión, no más equidistancia. No tiene explicación que Otegui concentre la atención de los telediarios y de las páginas de nuestra mejor prensa. No tiene nada que decirnos. Policía, jueces y cárcel para los violentos.

En Galicia apenas unos episodios han alterado en treinta años la pacífica contienda política. El último de ellos ha recibido la condena sin paliativos de las fuerzas políticas parlamentarias y de la sociedad entera. Sólo queda la detención de los culpables, su enjuiciamiento y su condena. Que sean pocos no quiere decir que sean desequilibrados ni que actúen irracionalmente. Su violencia no es la de quien está convencido de poder lograr la independencia de Galicia por las armas. Es la de quien está convencido de que su propuesta lingüística merece ser defendida con violencia. De que es un dogma que está fuera de discusión. De que no puede ser objeto de un debate democrático. Ni entre individuos, ni entre partidos, ni siquiera en el parlamento de todos. Es una violencia con fundamentación ideológica en el nacionalismo esencialista que, con demasiada frivolidad, imagina enemigos que los violentos, con frecuencia universitarios encerrados con su empanada mental, se adelantan a ejecutar. Se desprende con meridiana claridad de algunos comentarios que se pueden leer estos días en la prensa digital y que deberían impedirse porque la libertad de prensa no es ilimitada en una democracia. Roberto, como la voz no te va a fallar, libre, de Galicia y bien audible por estradense, y como tus razones las comparto, ahí te va un abrazo y de mis mujeres a ti y a las tuyas, muchos besos.

José Antonio Portero Molina Es Catedrático De Derecho Constitucional De La Universidad De A Coruña

Siempre libre
Santiago Rey Fernández-Latorre La Voz 31 Enero 2010

Me honra declararme amigo de Roberto Luis Blanco Valdés. Son muchas las virtudes que adornan su figura. Se puede empezar por lo más íntimo, por su amabilidad, su cordialidad, su constante presencia de ánimo. Su inusual calidad humana es perceptible para cualquiera que lo haya tratado mínimamente. Se puede continuar recordando su prestigio académico. Catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Blanco Valdés es un referente en su materia y goza de un prestigio en su ámbito científico que trasciende nuestras fronteras. Así lo acreditan su amplia bibliografía y sus numerosos cursos y conferencias en campus extranjeros, como Roma o Georgetown.

Como editor, es obvio que debo incidir también en su faceta más pública, la del articulista que ilumina las páginas de La Voz de Galicia desde 1989, con unos textos brillantes en la forma y singulares por su constante honestidad intelectual.

Pero creo que he glosado muy a vuelapluma la figura de Roberto Blanco Valdés, pues todavía me queda por referir la cualidad que, a mi juicio, lo convierte en un hombre de una hechura admirable: su constante fidelidad a un ideario donde mandan los valores de la democracia, la coherencia en el pensamiento y el respeto a las libertades ajenas, cueste lo que cueste. Y es evidente que a Roberto le ha costado, y le cuesta, muchas amarguras exponer su verdad, que es muchas veces también mi verdad y la de centenares de miles de lectores.

Blanco Valdés es la antítesis de los sofistas, tan abundantes hoy en el articulismo español, escritores amorales capaces de defender una tesis y su contraria. Roberto no se mueve. Defendió las libertades luchando contra la dictadura en primera línea y hoy sigue haciéndolo, cuando nos amenazan nuevos amagos de tiranías, por fortuna antagónicas con el ADN gallego y condenadas de antemano al más absoluto fracaso. Es un sarcasmo nauseabundo que se presenten como defensores de Galicia quienes amenazan y atentan contra un hombre que ejemplifica lo que ha de ser un gallego de bien. Blanco Valdés, que habla uno de los gallegos más hermosos y correctos que he escuchado, pues es su lengua de cuna, ha dedicado largas horas de estudio a nuestro autogobierno, ha seguido en primera línea los avatares de nuestra política autonómica, contribuyendo con sus críticas a su regeneración en días oscuros y hasta por tradición familiar ha sufrido por la causa de la libertad, pues es sobrino-nieto del intelectual galleguista Roberto Blanco Torres, asesinado por sus ideas en septiembre de 1936.

Conozco a Roberto. Sé que seguirá siendo como es, siempre libre. Le mando mi abrazo más afectuoso, que entiendo que hoy es el de toda Galicia. Somos un país de concordia. Lo seguiremos siendo a pesar de algunos intentos marginales, pero inquietantes, de inculcar la exclusión y el odio. La historia nos enseña que la luz ilustrada siempre acaba derrotando a la oscuridad sectaria.

“El ‘caso Faisán’ es el GAL de Zapatero”
Rosalina Moreno. Madrid www.gaceta.es 31 Enero 2010

Francisco José Alcaraz, ex presidente de la AVT.
José Alcaraz se muestra preocupado por que Juan Antonio García Casquero, su sucesor en la dirección de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), pretenda renovar el mandato.

-¿Cómo ha acogido que García Casquero aspire a continuar al frente de la AVT?
-La deriva a la que ha llevado a la organización en estos dos años es difícilmente empeorable. Cuando entré había cientos de millones de deudas, la dejé saneada y él la ha destruido.

-Explíquese.
-Me duele la mala gestión que denuncian los afiliados y el que la asociación se haya convertido en una comparsa del Gobierno de Zapatero. Es un club de socios que se van de jarana. La agrupación está por y para contentar a los asociados que se dejan comprar con actividades extracurriculares. Sólo hay que mirar su página web.

-¿Ésta ha sido la gestión del actual presidente?
-Su tarea ha sido desactivar la resistencia de la rebelión cívica. En vez de reivindicar y exigir justicia está domesticada. La ha vendido al poder para poder subsistir y vivir de las subvenciones y las prebendas del Gobierno.

-¿En qué se basa para afirmarlo?
-La asociación ha despedido a los abogados Juan Carlos Rodríguez Segura y Manuela Rubio, que empujaron la personificación de la asociación en el caso Faisán para no incomodar al Gobierno. Eso enturbiaría las buenas relaciones que vende el Ministerio del Interior. Además, en el último número de la revista de la asociación entrevistan a quienes nos machacaron y persiguieron durante años. Dan voz a personas como Patxi López o el consejero de Interior del País Vasco.

-Usted también será acusación popular del chivatazo en el Faisán.
-En Voces contra el Terrorismo no nos fiamos de la actitud que pueda tener la AVT, por eso iremos como acusación particular en el juicio para no dejar margen de maniobra ni a la Fiscalía ni al Ejecutivo, que con sus tentáculos pretenden tapar este caso. El chivatazo a ETA en el bar Faisán es el GAL de Zapatero.

-Como víctima de la banda criminal, ¿ha perdonado las negociaciones del Gobierno con ETA?
-Ni muchísimo menos. Continúa con ANV en las instituciones, sigue manteniendo una resolución para negociar con ETA, no ha pedido perdón a las víctimas por las campañas de persecución que ha llevado a cabo y todas las calumnias que han lanzado contra nosotros durante el proceso de negociación. El Ejecutivo no ha rectificado, simplemente ha cambiado de estrategia. Lo que más me preocupa es que todo esto no esté siendo denunciado por quienes realmente tienen la obligación de hacerlo, quienes hemos enterrado a nuestros familiares.

-¿Cree que volverá a sentarse con la banda criminal?
-Nunca ha dejado de negociar. Si la puede llevar a cabo de forma oculta, para qué hacerlo visible. Así está exento de crítica. Zapatero sabe lo contraproducentes que son.

-¿Qué situación cree que atraviesa la organización terrorista?
-ETA es consciente de que su futuro pasa por transformarse en un partido político. En las próximas elecciones volverá a presentarse de nuevo.

-¿Qué le parece la huelga de hambre que están llevando a cabo los etarras encarcelados en España y Francia?
-Fenomenal. Espero que sus alimentos se donen a Haití, que allí por desgracia sí que están pasando hambre.

-¿No se fía ni de Casquero ni de Zapatero?
-No me puedo fiar. Al Gobierno sólo le pido que rectifique el camino que lleva de beneficiar a los terroristas y de utilizar la justicia en beneficio propio.

-¿Y a Casquero?
-Que tenga presente que representa a una organización donde no sólo hay que velar por los intereses de las víctimas y de sus familiares, sino que hay que tener presente la deuda que tenemos con los más de mil asesinados exigiendo memoria, dignidad y justicia.

-¿Confía en el ‘lehendakari’ Patxi López?
-Tampoco. Dice que hay que olvidar lo del caso Faisán, que son cosas del pasado. No me agrada que no sea el primero que levante la bandera y exija la expulsión de ANV de los ayuntamientos. No sólo no lo ha hecho, sino que se ha negado a ello. Cuando se anteponen los intereses políticos y partidistas por delante de la defensa de la justicia, vivimos situaciones como ésta.

-A usted hubo quien lo acusó de beneficiarse de la agrupación...
-Muchas veces hay formas de actuar que son mucho más indignantes y deleznables que enriquecerse económicamente como es el hecho de abandonar la búsqueda de la memoria y lo digo por Juan Antonio García Casquero. De todos modos, la semana pasada tuve una vistilla de la denuncia que le puse a Enric Sopena, de El Plural, por publicar eso del enriquecimiento sobre mi esposa y sobre mí. El que tuve con Interviú por el mismo motivo lo gané, lo recurrieron y, en breve, saldrá la sentencia.

-Dice que la organización sólo sabe ir de jarana, ¿no le parece correcta la forma de gestionar sus fondos?
-Me sorprende que en plena situación de crisis hayan gastado miles de euros en comidas de Navidad o hagan viajes con unos gastos altísimos como el que han hecho a Israel. Parece más otra cosa que una asociación de víctimas.

-¿Cómo es la situación de la AVT?
-Aunque no soy socio desde julio del año pasado, sé de buena tinta que en la institución existe una crisis interna. La gestión anterior tuvo la aprobación más baja de los últimos años. En la Junta Directiva sólo quedan el presidente, la viuda de Múgica, el guardia civil retirado Alfonso Sánchez, la víctima Manuela Lancharro, un abogado y un profesor. Los trabajadores, abogados y psicólogos que había fueron apartados.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Dos Galicias por el precio de una
Juan Julio Alfaya Periodista Digital 31 Enero 2010

¿Es posible que en un futuro Galicia se divida en dos a causa de los conflictos provocados en torno a la convivencia entre la lengua gallega y la lengua común de todos los españoles? Mi opinión es que sí. ¿Cuáles serían estas dos Galicias? Estaría, por una parte, la Galicia costera, comprendida mayoritariamente por las provincias de La Coruña y Pontevedra, y la Galicia interior, comprendida por las provincias de Lugo y Orense. Las diferencias entre ambas son cada vez más acusadas y el conflicto lingüístico, creado artificialmente por la clase política, las agrava cada día que pasa.

Esta división, que ya se refleja en la economía y en la alarmante despoblación de la Galicia interior a favor de la costera, se evidencia también en las preferencias lingüísticas. Así lo pone de manifiesto la reciente encuesta realizada por Sondaxe para La Voz de Galicia.

La división lingüística
Veamos en primer lugar la división lingüística en sí misma, sin relación al territorio. El 35% de los encuestados apoyan el modelo lingüístico propuesto por Feijoo, mientras que el 37,7% lo rechazan. Un porcentaje menor, el 16%, ignoran de qué va todo ese rollo del decreto del gallego, o sea que o bien pasan del tema, o simplemente carecen de la información necesaria. Es posible que dentro de este porcentaje estén las personas solteras o sin hijos en edad escolar. Creo, sin embargo, que la encuesta no proporciona más datos sobre este punto.

La división política
Existe otra división según las preferencias políticas. El borrador del decreto tiene una mayor aceptación entre los que escogieron la papeleta del PP que entre los que se inclinaron por las de PSOE o el BNG, sin embargo la proporción de electores que en materia lingüística se desmarcan de los discursos del partido al que votaron es muy llamativa. El 26,7% de los entrevistados que declararon haber contribuido con su sufragio a la llegada de Feijoo a la Xunta juzgan malo o muy malo el borrador de su Gobierno. Éstos son votos que con toda probabilidad perderá el PP en las próximas elecciones municipales y que irán a la abstención, al voto en blanco o nulo o a UPyD. Entre el electorado socialista, el 25,8% de los consultados que apoyaron la propuesta del PSdeG en las urnas califican de bueno o muy bueno el modelo del PP sobre el gallego, con el que también simpatizan el 18,6% de los votantes del BNG entrevistados.

Esto significa que un porcentaje considerable de votantes se desmarca totalmente de las propuestas defendidas por los partidos con los que simpatizan o a los que están afiliados. Y significa también que el nivel de confusión creado por la propuesta de Feijoo es para nota. Si lo que pretendía era contentar a todos, lo que logró fue confundir a todos y enfrentar a casi todos.

La división territorial
Dejemos ahora la política y vayámonos a las demarcaciones territoriales que es donde yo considero que se está fraguando la verdadera división importante entre los gallegos. Los votantes más críticos con el borrador presentado por Feijoo pertenecen a la Galicia costera: el rechazo es del 37,5% en la provincia de La Coruña y del 41,5% en la de Pontevedra. Ambas son las provincias más pobladas y, a la vez, las más desarrolladas industrial y económicamente. Sin embargo la tendencia se invierte en las provincias de la Galicia interior, Lugo y Orense. En Orense el apoyo al borrador cuenta con un respaldo del 36,5 % y en Lugo asciende al 38,5%.

Existe también una significativa división en cuanto al tamaño de las poblaciones. En las de más de 20.000 habitantes predominan las críticas al borrador del decreto, que alcanzan el 48,6% en las villas de 20.000 a 50.000 vecinos. Pero en los núcleos de menos de 5.000 las opiniones favorables (39,4%) superan a las contrarias (29,6%).

En resumen, a medida que Galicia se urbaniza y se moderniza, también se desgalleguiza, y éste es un proceso imparable que no depende de planes de “normalización” ni de borradores de decretos. Es un hecho que se produce “más allá de” y “a pesar de” la política y las instituciones. Cuanto mayor sea la ciudad, más se distancia de la tan idolatrada “identidade galega”.

Para evitarlo habría que detener el proceso de urbanización y mantener a Galicia congelada en la ruralidad por los siglos de los siglos, pero la realidad, terca e inexorable, parece que avanza a su propio ritmo y en su propia dirección, sin dejarse condicionar ni por unos ni por otros.
Juan Julio Alfaya

Juntos contra el sinsentido de ETA
Cientos de personas y representantes de todos los partidos vascos secundan la llamada de Gesto para reclamar la paz
E. C. | BILBAO. El Correo 31 Enero 2010

Varios centenares de personas, así como representantes institucionales y de todos los partidos políticos democráticos, recorrieron ayer el centro de Bilbao a favor de la paz y para exigir a ETA que deje de «asesinar y extorsionar», en una manifestación convocada por Gesto por la Paz.

Bajo el lema «Bakea, bide bakarra. Sin violencia ni amenazas», la marcha partió a las cinco y media de la Plaza del Sagrado Corazón bajo una intensa lluvia, que obligó a los manifestantes a cubrir la distancia hasta el Ayuntamiento a marcha ligera. Allí, Santi Esnaola, de la coordinadora pacifista, leyó un comunicado en el que insistió en el sinsentido del terrorismo. «La violencia se ha convertido, incluso para quien la apoya, en un ejercicio vacuo, sin esperanza y sin recompensa posible», resaltó.

Precisamente, se dirigió a aquellos que «aún justifican la violencia» para pedirles «un gesto de sinceridad consigo mismos para acabar con ese esperpento que ya sólo se alimenta de dolor gratuito».

Tras recordar a Eduardo Puelles, Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, a quienes la banda terrorista mató el año pasado, Gesto por la Paz reiteró que «seguir asesinando y extorsionando hasta que se consume la decadencia, el deterioro y la degradación de ETA no es más que añadir cobardía e indignidad a una historia ya de por sí siniestra».

A pesar de lo desapacible del tiempo, numerosos cargos públicos y representantes políticos estuvieron presentes en la movilización pacifista. La representación institucional estuvo encabezada por el consejero de Interior, Rodolfo Ares, y la titular de Justicia y portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia.

«Pelear por la no violencia»
Ares subrayó la importancia y la utilidad del rechazo ciudadano a ETA. «Defender valores éticos, democráticos y de convivencia es muy útil para que erradiquemos definitivamente la violencia de nuestras vidas», dijo. Mendia, a su vez, señaló que «en Euskadi lamentablemente no sólo hoy tendríamos que reivindicar la no violencia, sino cualquiera de los otros 364 días del año». Por ello, invitó a la ciudadanía a que «no sólo un día simbólico como hoy peleen por la no violencia».

Por parte de los partidos, José Antonio Pastor, portavoz parlamentario del PSE, subrayó que «la paz tiene que venir de un compromiso de todos los demócratas por deslegitimar la violencia y por eliminar los espacios de impunidad» que «obligue a desistir» a la banda terrorista. A su vez, el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, insistió en que manifestaciones como la de Gesto sirven para «defender la libertad y los derechos de todos, y defenderlo juntos frente a quienes siempre amenazan los derechos de este país». La europarlamentaria del PNV Izaskun Bilbao calificó la marcha como «un momento más para pedir a ETA que deje de matar».

Con ellos, estuvieron presentes el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, el dirigente de EA Rafa Larreina, la directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, así como concejales, diputados y cargos de todos los partidos democráticos vascos.

Tarjeta roja a la política lingüística de la Generalitat
M. Espanyol La Razón 31 Enero 2010

Partidos y asociaciones protestan en Arenys de Mar contra las multas a los comerciantes por no rotular en catalán

BARCELONA- Tres partidos políticos –PP, Ciutadans y UPyD– y tres asociaciones –Ágora Socialista, Asociación por la Tolerancia e Impulso Ciudadano–, demostraron ayer que la unión hace la fuerza. Bajo la marca de la coodinadora «Por una Cataluña en Libertad. No a las multas lingüísticas» reunieron a medio millar de personas en Arenys de Mar (Barcelona) para protestar contra el Código de Consumo de la Generalitat, que endurece las sanciones a los establecimientos que no rotulen en catalán, hasta los 100.000 euros.

«Por una Cataluña en libertad»
La elección de Arenys de Mar no debe leerse como un desafío a los independentistas, que el pasado 13 de septiembre organizaron su primer referéndum soberanista en la localidad vecina de Arenys de Munt, convertida en icono de la lucha por la autodeterminación. Responde a que un vecino del municipio, Xurde Rocamundi, ha dicho en voz alta «basta ya a que el tripartito me diga en qué idioma he de tratar a mis clientes». Rocamundi se ha atrevido a denunciar que la Agencia Catalana de Consumo le impuso una multa de 1.200 euros por rotular en castellano la agencia inmobiliaria. Él abrió el acto contra la política lingüística del tripartito, al que asistieron la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, el presidente de Ciutadans, Albert Rivera , y que clausuró el periodista Juan Carlos Girauta con la lectura de una manifiesto en el que se exige a la Generalitat que garantice «la libertad de elección lingüística en las relaciones privadas entre clientes y establecimientos abiertos al público».

Animado por los gritos de «libertad, libertad», Rocamundi echó en cara al tripartito que sólo se preocupe por el Estatut, la nación y la lengua y, en cambio, desatienda a los parados. La plaza de la Iglesia de Arenys era un mosaico de azules (banderas del PP) y naranjas (banderas de Ciutadans), que se tiñó de rojo cuando los presentes levantaron una tarjeta roja dirigida a la Generalitat en protesta por su «errónea» política lingüística. Sánchez Camacho reprochó a José Montilla que es el único responsable de que se sancione por utilizar una de las lenguas oficiales –el castellano–» y prometió que si los populares llegan a ser decisivos en Cataluña defenderá la libertad y la igualdad para el castellano y el catalán, como han hecho en el País Vasco. La coordinadora también exigió que el tripartito derogue la normativa que regula los derechos lingüísticos y que archive todos los procesos sancionadores.

«Vencer la pereza y denunciar»
La batalla contra la política lingüística de la Generalitat, de Xurde Rocamundi y de Manel Nevot, ambos propietarios de agencias inmobiliarias y ambos sancionados por rotular en castellano, es la más mediática, pero no por ello es la única. Ayer, Luis Giménez, subdirector de la Escuela catalana de criminología, denunció que su academia también ha sido sancionada por no rotular en catalán. Y llamó a «vencer la pereza y movernos» para que la persecución del castellano en Cataluña no quede impune. Tras él habló Luis Guerrero. La Generalitat ha multado a su mujer, Feliciana Piris, ya que en el escaparate de su mercería tenía unos cartones que ponían «guantes, 1,50 euros».

El tripartito batió su récord de multas por usar el castellano y recaudó 208.000 euros
IVA ANGUERA DE SOJO | BARCELONA ABC 31 Enero 2010

Como si de una provocación se tratara, el vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, entrego ayer en el registro del Parlamento autonómico el Informe sobre Política Lingüística de 2008. Este informe recoge que el Gobierno catalán impuso 209 multas lingüísticas ese año, por un total de 208.200 euros.

En plena polémica por la nueva Ley del cine, que impone el doblaje de la mitad de las copias de películas exhibidas al catalán, y dos días antes de la manifestación convocada por PP, C´s, UPyD y diversas asociaciones contra las multas lingüísticas, Carod-Rovira hizo públicos los datos celosamente guardados desde 2006. Ese año, el Gobierno catalán impuso 194 multas por las que recaudó una cifra mucho menor, 55.675 euros.

Desde entonces, y debido a la polémica levantada por esas sanciones, la Secretaría de Política Lingüística y la Agencia Catalana de Consumo se habían resistido a dar estos datos. Ahora sabemos que en 2008 las Oficinas de garantías lingüísticas de la Generalitat recibieron 870 denuncias contra otras tantas empresas o entidades privadas por no cumplir las cuotas que impone la Ley de política lingüística.

En total, ese año la Agencia Catalana de Consumo investigó 1.575 presuntas infracciones de la Ley de política lingüística, que se tradujeron en esas 209 multas. El año anterior impuso 138 multas por motivos lingüísticos -el 18% de las multas impuestas- por las que recaudó 138.150 euros.

Estos datos explican la concentración de protesta organizada por la Coordinadora Contra las Sanciones Lingüísticas que mañana tendrá lugar en Arenys de Mar (Barcelona). PP, C´s, UPyD, Impulso Ciudadano y Asociación por la Tolerancia se han unido en esta coordinadora para denunciar la «represora» política lingüística de la Generalitat.

Representantes de estos grupos presentaron ayer el manifiesto de la concentración, «Por una Cataluña en libertad, ¡No a las multas lingüística!» en el que reclaman que se «garantice la libertad de elección lingüística», que la Generalitat «derogue la normativa que regula supuestos derechos lingüísticos» y que la Agencia de Consumo archive todos los procesos sancionadores. Y recordaron que, con la nueva Ley de comercio presentada el miércoles en el Parlamento autonómico, el Gobierno podrá ordenar el cierre temporal e imponer una multa de hasta 100.000 euros a comerciantes que, como Rocamundi, se nieguen a rotular en catalán.

Paralelamente, ayer se supo que el próximo día 4 de febrero se celebrará el juicio por la multa lingüística impuesta a Manel Nebot, el primer comerciante que denunció la política lingüística.

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