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Recortes de Prensa    Domingo 7 Febrero  2010

 

España necesita un gobierno
Editorial ABC 7 Febrero 2010

La imagen del Gobierno español esta última semana ha sido nefasta; sus decisiones, lamentables. No ha entendido nada. El problema se llama «riesgo España», pero matar a los mensajeros resulta inútil. En el exterior circula la sensación de que el nuestro es un país insolvente, y el Ejecutivo tiene buena culpa de ello. La imagen de desconcierto, improvisación, incapacidad política, cesiones sindicales —electoralismo, en resumen— es justo lo que los mercados necesitan para seguir desconfiando de España.

Los inversores internacionales han volcado su atención en los inmensos niveles de deuda pública acumulados como consecuencia de la estrategia fiscal de «barra libre» con que se respondió a la crisis financiera, y han concluido que algunos países, y singularmente España, tendrán serias dificultades para hacer frente a sus obligaciones si no cambian radicalmente sus políticas. La presión no va a ceder. Los mercados financieros actúan como una jauría de lobos y, a la más mínima señal de debilidad, se abalanzan sobre su presa. El Gobierno ha dado repetidas muestras de incapacidad: sabe lo que tiene que hacer e incluso lo pone por escrito, pero su presidente es un rehén ideológico y ha decidido inmolarse, y con él a todos los españoles, en el altar de los sindicatos. Por evitar una posible huelga general que sólo entenderían sus convocantes nos arriesga a todos a una crisis de la deuda, a la quiebra fiscal del Estado y a una larga recesión.
Tres son las líneas de acción urgentes que habría que acometer: resolver el problema financiero, hacer sostenibles las cuentas públicas y modificar el funcionamiento del mercado de trabajo. En las tres, el Ejecutivo ha presentado propuestas tan insuficientes que ha sido peor el remedio que la enfermedad, ya que ha evidenciado internacionalmente sus limitaciones. Por eso España sigue siendo comparada con Grecia. Recuperar el funcionamiento normal del sistema bancario español exige acabar con los problemas que afectan a su balance y reducir el exceso de capacidad instalada en la industria.

El Gobierno ha optado por una estrategia gradualista y políticamente correcta que mantiene la presencia dominante del sector público autonómico en las entidades financieras. Lo menos que se puede decir del FROB es que no ha funcionado, que no ha servido para provocar la reestructuración ordenada de las Cajas de Ahorros. Se ha acabado el tiempo del voluntarismo. El Banco de España ha de actuar con energía y sin dilación, utilizando los mecanismos disponibles de regulación, supervisión e intervención. Supondrá un coste fiscal, bien lo saben nuestros acreedores, y por eso nos exigen un recorte de gasto adicional.

El problema del déficit público es estructural. Surge de considerar ingresos ordinarios lo que no eran sino fruto extraordinario de la burbuja inmobiliaria, y de embarcarse en una política de más gasto público, como si la restricción presupuestaria no existiese para un Gobierno con voluntad social. Hoy tenemos un déficit público que se estabilizará en el entorno del 10 por ciento del PIB y una dinámica explosiva de la deuda, más aún si incluimos los gastos derivados del saneamiento financiero y del envejecimiento de la población. No es posible rebajarlo sin reducir el tamaño de las Administraciones públicas, sin abandonar la filosofía de derechos ilimitados y gratuitos. Sin reflexionar seriamente sobre mecanismos de copago en sanidad, educación y servicios sociales, y sin repensar la estructura de competencias y de toma de decisiones de gasto en el Estado de las Autonomías.

Nuestros acreedores saben que con cuatro millones y medio de parados el país no es viable a medio plazo. Por eso nos exigen una reforma del mercado de trabajo, ya que nuestro Gobierno parece complacido en limitarse a subsidiar parados indefinidamente. Lo aprobado el pasado viernes estaría bien hace seis años; hoy urge legislar para acabar con la dualidad del mercado de trabajo mediante un contrato único, reformar la negociación colectiva para incentivar los convenios de empresa y modificar el sistema de prestaciones por desempleo para que sirva de estímulo a la búsqueda de trabajo y desincentive el paro de largo plazo. Ello supone reconocer que el Estatuto del Trabajador de 1980 está obsoleto y hay que cambiarlo.

En definitiva, recuperar la confianza internacional va a requerir bastante más que una campaña de imagen. El Gobierno está perdiendo el partido fuera: basta ver los diferenciales de deuda y, en casa, la encuesta del CIS. Ha generado una emergencia económica y parece creer que puede responder con vagas declaraciones de intenciones y vacuas apelaciones al diálogo social. Es demasiado tarde. Hacen falta decisiones valientes, aunque puedan resultar impopulares. Es a este Ejecutivo a quien compete liderar el país, señalar la dirección adecuada y comprometer su menguado capital político. Si no se considera dispuesto, que asuma su incapacidad y actúe responsablemente, adelantando elecciones. España es una gran nación con un futuro esperanzador, pero si no se adoptan medidas urgentes, lo peor puede estar por venir.

El hundimiento
Jesús Cacho El Confidencial 7 Febrero 2010

Lo cuenta la impresionante película Hirschbiegel, y lo han contado infinidad de autores que han rastreado los últimos días del gran dictador en su búnker berlinés: Iracundo y tembloroso, el dictador aun esperaba, apenas 24 horas de pegarse un tiro en la sien, la llegada milagrosa de inexistentes ejércitos dispuestos a salvarle del asedio de los soldados soviéticos que, al mando del mariscal Zhukov, ya se encontraban en los arrabales de Berlín. “Pero, ¿dónde está Steiner? ¿Por qué no ataca? ¿Y qué pasa con el 9º Ejército de Wenck…?” Rodríguez Zapatero también reclama ahora la presencia de tropas celestiales dispuestas a hacer realidad el milagro de sacarle de esta pesadilla. Nuestro insensato general creyó primero que la burbuja española era eterna; luego negó a pies juntillas que hubiera crisis; más tarde acusó de la misma a los norteamericanos; después imaginó haber hallado el bálsamo de Fierabrás inyectando dinero público a mansalva (“¡no me digas, Pedro, que no hay dinero para hacer política…!”), y finalmente, con la soga al cuello, pensó que del lío nos iban a sacar alemanes y franceses creciendo a ritmo bastante para tirar de nuestras exportaciones.

Como al monstruo austriaco, también a ZP se le han ido derrumbando sus ejércitos de arena. Escena contemplada el jueves en Washington tras el Desayuno Nacional de Oración, ese templo del cristianismo USA más conservador en el que el ateo Zapatero trató de poner el huevo de su relativismo moral como Erasmo puso el de la Reforma. Ante un grupo de empresarios hispanos que obedientemente le ha acompañado al acto (“es que no hemos podido decir que no; Bernardino León ha llamado personalmente uno por uno”), ZP muestra su extrañeza por lo que, según le cuentan, está ocurriendo en la Bolsa de Madrid.

- Pero no entiendo por qué le están dando al Santander de esta forma, si ha presentado unos resultados cojonudos…
- Presidente, el problema no es el Santander, sino el riesgo España.
- ¿Ah, sí…?

Y con gesto perplejo y sin mediar explicación se da la vuelta para preguntar no sé qué cuestión a sus aides de chambre, dejando a los empresarios con la palabra en la boca. A pesar de la tormenta que se estaba gestando sobre las cuentas públicas españolas, todo iba casi bien para ZP hasta que, a cuenta de esa presidencia de la UE de la que pensaba sacar pecho y provecho, fue necesario exponerse al general escrutinio de la opinión pública europea, mercados financieros incluidos. Han sobrado unas semanas, desde Copenhague a esta parte, para que Europa se diera cuenta del paño que guardaba el arca presidencial española. El ridículo alcanzó su máxima cota en Davos, donde el muy osado no tuvo ocurrencia mejor que aparecer en un panel al lado del griego Papandreou y del letón Zatlers, dos campeones de la ortodoxia fiscal. En el escenario alpino donde a primeros del XX iban a curar la tuberculosis los ricos del viejo continente, Zapatero terminó por meter a España en el club de los tísicos de Europa, poniéndole en la lupa de mercados financieros y analistas como firme candidato a entrar en una situación de insostenibilidad de sus finanzas públicas.

Tan asustado volvió el genio de Davos que por sorpresa anunció un recorte de 50.000 millones de gasto público, alrededor del 5% del PIB, reconociendo así el fracaso de su política (?) fiscal y presupuestaria para salir de la crisis. Y es que si Grecia, al borde de la suspensión de pagos, va a la quiebra, el riesgo de contagio será muy alto para las economías con escenarios macroeconómicos similares, léase Portugal, Italia e Irlanda. Con la diferencia de que los irlandeses se han embarcado en un drástico proceso de austeridad y los italianos tienen una tasa de ahorro doméstica descomunal. España, por contra, encabeza hoy el Indice de Miseria de Moody´s, esto es, la combinación de déficit y paro más alta de toda la OCDE.

-“Es que fíjate”, decía una asustada Trini Jiménez al abandonar el Consejo de Ministros del viernes 29, “lo que hemos tenido que hacer para ganar credibilidad en los mercados…”

De eso va el plan de consolidación presupuestaria anunciado por Zapatero. De movimiento desesperado dirigido a calmar la ansiedad de mercados y gobiernos europeos ante el agudo y creciente deterioro del binomio déficit/deuda español. Como con la famosa Ley de Economía Sostenible, el Ejecutivo ha fabricado un titular sin nada detrás, porque nadie sabe qué partidas presupuestarias se recortarán ni cómo ni cuándo; nadie sabe que contribución, si alguna, harán CC.AA. y corporaciones locales –responsables de 2/3 del gasto público total- a ese esfuerzo de contención, y nadie se cree, por irreal, el cuadro macroeconómico en que se sustenta ese pretendido recorte del déficit, con proyecciones de crecimiento del PIB en 2012 y 2013 francamente increíbles.

Sacrificios radicales
Con un déficit del sector público situado a finales del 2009 en el 11,4% del PIB (que al final resultará del 12%, como poco), el plan contempla un recorte del mismo, tras descontar los efectos cíclicos, del 5,7%, con el objetivo final puesto en un déficit del 3%, lo cual significa que el déficit estructural es del 8,7% del PIB, guarismo que viene a poner de manifiesto una estructura presupuestaria tan gigantesca como insostenible, desde luego incompatible con la estabilidad de las finanzas públicas. En otras palabras: España SA tiene unos costes fijos que no puede permitirse, lo que hace inevitable acometer reformas de calado en las grandes partidas del gasto, tal que los programas del Estado del Bienestar, número y remuneración de los funcionarios, etc.. No vale un mero maquillaje contable para salir del aprieto. Hacen falta sacrificios radicales en un país que ha vivido por encima de sus posibilidades. ¿Puede un Gobierno sin crédito acometer estas reformas? La respuesta es no.

La última prueba la tuvimos el viernes. Camino de los cinco millones de parados y con el empleo cayendo más que la propia actividad económica, el Ejecutivo fue incapaz de adoptar una sola medida concreta de reforma laboral, a pesar de haberlo anunciado. No se atrevió. No se atreve con los sindicatos (la “ideología”, como él mismo reconoció), de forma que no habrá reforma laboral, al menos inmediata. El Gobierno, en efecto, se limitó a entregar a sindicatos y empresarios un documento que no es más que una exposición de motivos sobre la necesidad de la reforma: “Líneas de actuación en el mercado de trabajo para su discusión con los interlocutores sociales en el marco del diálogo social”. ¡Tócate las narices, Ruperta! ¿Puede un país con el agua al cuello, necesitado de medidas de choque radicales e inmediatas, perder otro año en discusiones bizantinas sobre si el despido de los trabajadores fijos, los que quedan, debe costar 20, 33 o 45 días por año? No es eso, señores, no es eso. Se trata de empezar a crear empleo cuanto antes, algo que nunca van a hacer Toxo y Méndez, el llamado “cuarto vicepresidente” del Gobierno Zapatero.

No hay más salida que la política
Esto tiene muy mala pinta. España necesita el dinero exterior para seguir funcionando (emisiones brutas en 2010 por importe de 211.500 millones de euros), apelando a unos mercados que cada día recelan más de la solvencia de un cuadro macroeconómico que muchos juzgan insostenible, con la consecuencia inmediata del encarecimiento de esa financiación. Se trata de un problema de credibilidad y confianza en España, cualidades que Zapatero ha contribuido a arruinar en el exterior con su sola presencia. El riesgo país no es un resfriado: es un cáncer, una enfermedad para la que ya no hay más salida que la política, es decir, la convocatoria urgente de elecciones generales, a menos que Emilio Botín (“La crisis española es como la fiebre de un niño; pasará pronto”, junio de 2008) mande otra cosa, claro está.

Poco o nada que esperar del PSOE. Aunque el desconcierto es total en sus filas (“Es raro el día que no recibo de anteriores colaboradores míos o bien el currículum o bien el lamento de no haberse ido cuando yo me fui”), quienes se quejan y protestan, generalmente en privado, ya no tienen mando en plaza. Los que, por contra, mantienen poltrona, siguen firmes alrededor del jefe y con él caminarán por el viacrucis por el que transita España hasta ese Gólgota donde, todo perdido, serán ellos mismos quienes le apliquen, tu quoque, Brute?, mortal puñalada. En el PSOE sucede con ZP algo parecido a lo ocurrido en el pasado con algunos apóstoles del progresismo, caso de Rousseau: cuanto más resentimiento generan, más sumisión reciben.

Y dos notas de esperanza en plena tormenta de pesimismo. Por un lado, el valor personal y político que ha demostrado Don José Blanco, ministro de Fomento, al poner a los controladores aéreos en su sitio vía Decreto Ley. Pepiño For President. Por otro, el mismo valor cívico demostrado por el magistrado Luciano Varela, del Tribunal Supremo, poniendo a Baltasar Garzón, arquetipo de casi todos los males que aquejan a la Justicia española, con pie y medio en el banquillo de los acusados, para desespero de Cebrianes y Rubalcabas. Hay vida más allá de Zapatero.

Estalló la burbuja
«No es la seriedad de España la que está en cuestión, sino la seriedad de su Gobierno. No son creíbles unas iniciativas dictadas por la improvisación, sin búsqueda seria del consenso»
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 7 Febrero 2010

Al Gobierno le ha estallado la burbuja. Esta vez no es la inmobiliaria, ni la financiera, sino la suya. La burbuja en la que vivía y en la que -con no poco éxito hasta la fecha- ha mantenido a un país, a su vez, receptivo a un discurso vacío, complaciente, dulzón y debidamente aderezado con la despreocupada prodigalidad de Rodríguez Zapatero hacia el dinero público. Esa burbuja en la que se afirmaba que nunca llegaríamos a los cuatro millones de parados o que la peor cifra de paro del Gobierno socialista sería, según pronosticó literalmente Rodríguez Zapatero, mejor que la mejor cifra de paro del PP.

El tiempo de las trampas en el solitario se ha acabado. Con tantos ojos puestos en la economía española, temerosos del riesgo sistémico que podría llegar a representar para Europa, ya no hay margen para esos Presupuestos Generales, mezcla de surrealismo y descaro, con los que el Gobierno ha pretendido escapar a las verdades incómodas manipulando la realidad.

En vísperas de las elecciones generales, el Gobierno recurrió a la perversa utilización del patriotismo como argumento para silenciar a los que advertían de la crisis que llamaba a la puerta. Lo ha vuelto a intentar, pero esta vez sin resultado. No hay nada de patriótico en apuntalar una inútil conjura de silencio: como en el cuento, el emperador va desnudo. De modo que ni antipatriotismo ni conspiración mediática anglosajona contra España. En realidad, Rodríguez Zapatero, con sus espasmódicas iniciativas, da la razón a los que desde fuera han hecho sonar las alarmas ante el deterioro de la economía española y la falta de dirección política del país.

La apacible navegación del Gobierno está concluyendo de manera tormentosa. Tormentosa y deprimente. La anunciada proyección de liderazgo planetario de Rodríguez Zapatero se ha quedado en la patética foto de Davos con el presidente del Gobierno -presidente de turno de la Unión, para más señas- flanqueado por los primeros ministros de Grecia y Lituania. Los tres componían la foto de familia de la enfermería europea, mientras Rodríguez Zapatero pedía fe en la economía española explicando que «España es un país serio».

Pero no es la seriedad de España lo que está en cuestión, sino la seriedad de su Gobierno, cuya política ha agravado hasta el extremo la ineficiencia, los problemas de cohesión y la desvertebración de un sistema institucional que se encuentra incapacitado para encarar los procesos de reforma que se requerirían en estos momentos.

No es serio, diga lo que diga Rodríguez Zapatero, que un mes después de aprobarse los Presupuestos Generales del Estado y de formalizarse el nuevo modelo de financiación autonómica el Gobierno descubra la necesidad de anunciar un programa de reducción del gasto público de 50.000 millones de euros en tres años, y repare en que la demografía española hace difícilmente sostenible el sistema público de pensiones.

Lo que estamos presenciando no es el proyecto de un reformador, sino una desordenada reacción 'in extremis' de un Gobierno en evidencia, forzada por el desplome estruendoso del crédito de nuestro país.

No basta con decir que la prolongación de la vida laboral o la reducción del gasto son propósitos que hay que apoyar. Hay que ponerles letra, números y buena política en el mejor sentido de la palabra. Desde hace demasiado tiempo en la política española priman los propósitos y los impulsos sobre los resultados y la responsabilidad, y esto es lo que vuelve a ocurrir con las medidas anunciadas por el Gobierno.

No son creíbles unas iniciativas dictadas por la improvisación, fuera de un marco coherente de reformas que no son objeto de una búsqueda seria del consenso social y político que aseguren su viabilidad. Por eso Rodriguez Zapatero se encuentra atrapado en algo parecido a un círculo vicioso: cada iniciativa pensada para hacerse más creíble es, a su vez, un nuevo examen de la capacidad del presidente del Gobierno para cumplir sus compromisos.

Quien lleva seis años gobernando y ha negado con contumacia los males para los que ahora se propone como solución, con un Gobierno débil y desacreditado, carece de las condiciones políticas necesarias para llevar a cabo las reformas imprescindibles. Una precaria mayoría parlamentaria con socios cada vez más costosos de mantener, dentro de una legislatura exhausta que se encuentra a las puertas del largo ciclo electoral de los dos próximos años, no dispone del recorrido ni del vigor suficiente para afrontar la agenda de reformas que es preciso impulsar.

No es una cuestión de legitimidad jurídica del Gobierno, que nadie duda. La cuestión es que Zapatero, políticamente hablando, se ha roto y ya es parte -y no menor- del problema que consiste en cómo generar confianza dentro y fuera de España. Se trata de abrir un nuevo capítulo en la economía pero también en la política, con mayorías suficientes y consensos firmes que pongan fin a la extravagante ingeniería política desde la que se ha gobernado el país en estos años.

Se necesita, por ello, un mandato popular renovado, decidido por los ciudadanos sobre propuestas claras, como resultado de unas elecciones que no pueden esperar a 2102. No sólo Rodríguez Zapatero, si fuera candidato, tendría la oportunidad de someter al juicio del electorado su presunta reinvención como líder, sino que el Partido Popular podría presentar sus propuestas a los ciudadanos para acreditar ante ellos tanto su deseo de ganar como su voluntad de gobernar.

Doble lenguaje
EDITORIAL El Correo 7 Febrero 2010

La actitud ambigua de las autoridades iraníes respecto a su voluntad de cumplir de verdad el Tratado de No Proliferación y detener el controvertido proyecto de enriquecimiento de uranio ha vuelto a decepcionar a la comunidad internacional en la Conferencia de Seguridad de Múnich. El Gobierno de Teherán, que desde hace más de un año debe pronunciarse sobre la oferta de canje de material, no deja de ganar tiempo por el procedimiento de resistirse a convertir unas palabras tampoco absolutamente inequívocas en hechos. La Unión Europea y Rusia aún confían en la vía del diálogo, mientras la Administración estadounidense apremia para incrementar la presión sobre Irán. Pero aunque Ahmadineyad aproveche la división de los países para castigar su desafío, la comunidad internacional sabe que el conflicto con el líder iraní constituye verdaderamente un problema global a partir de un presupuesto claro: el mundo no puede aceptar que acabe culminando su rearme nuclear.

La presencia de ETA en Portugal abre un nuevo y preocupante frente
Editorial La Razón 7 Febrero 2010

La colaboración internacional ha sido un instrumento muy eficaz en la lucha antiterrorista. Las operaciones en territorio galo han propiciado innumerables actuaciones que han debilitado de forma extrema la infraestructura etarra en Francia. Pese a todo, el ministro Pérez Rubalcaba alertaba hace unas semanas de que la banda está en disposición de hacerse dolorosamente presente. El desmantelamiento de la base logística de ETA en Portugal, en un chalé de la localidad de Óbidos, con 1.500 kilos de explosivo, demuestra que la amenaza es cierta. La banda ha decidido crear otra retaguardia y, más allá de debates internos y filtraciones interesadas, tiene determinación de atentar y causar víctimas. ETA está debilitada, tira de elementos «quemados» y de hasta pequeños «camellos» que trapichean con cocaína, como los últimos arrestados por la Ertzaintza. Todo ello es cierto, pero no lo es menos que los terroristas han sabido moverse durante al menos un año en Portugal y han podido trasladar media tonelada de explosivos. El escenario es preocupante, porque se desconoce el grado de la infiltración etarra en tierras lusas. Todo ello obligará a un sobreesfuerzo de los agentes y a una intensa colaboración con Portugal, que debe entender que ETA ha decidido meterlo de lleno en este combate entre la democracia y el terrorismo.

EN "SIN COMPLEJOS" DE ESRADIO
El alcalde de Calviá acusa a Feijóo de traicionar a Galicia Bilingüe
El programa Sin Complejos de esRadio, ha entrevistado a Carlos Delgado, alcalde del PP en Calviá y candidato a la presidencia del PP en Baleares. En su opinión, Feijóo traicionó a Galicia Bilingüe y acusó al PP regional de haberse "bajado los pantalones" con Unión Mallorquina.
LIBERTAD DIGITAL 7 Febrero 2010

Precisamente "Sin complejos" se ha expresado el alcalde de Calviá en el programa de Luis del Pino en esRadio. Desde el primer momento ha entonado el mea culpa como miembro del PP por los problemas lingüísticos en Baleares.

Según ha explicado, durante años, tanto los socialistas como los populares en el archipiélago estuvieron "bailándole el agua" al partido Unión Mallorquina. El PP, incluso llegó a "bajarse los pantalones" para buscar el apoyo de este partido y así poder gobernar.

Sobre el Congreso del PP en Mallorca el próximo 6 de marzo, al que acude como candidato a la presidencia de la formación en Baleares, y preguntado por si será o no un congreso "a la búlgara" como fue el de Valencia con Rajoy como único candidato, Delgado ha señalado que "no, será distinto, será un éxito de la democracia porque podrán votar los 18.000 afiliados de Baleares".

En cuanto a sus posibilidades, cree que tiene bastantes porque "mi rival representa la línea continuista del partido, que son defensores de la línea catalanista". Además, apunta que los militantes están cansados del catalanismo.

Según ha señalado, frente a esta postura, él defiende "que los niños en Baleares puedan estudiar en castellano y eso ahora es imposible, el 90% de los colegios imparten sus clases exclusivamente en catalán". En este sentido, denuncia que en Baleares se esté llevando a cabo un "nacionalismo importado" es decir, "la gran estupidez del nacionalismo balear es que lo importamos de Cataluña".

Ahora o nunca
Frente a esta política, Delgado cree que "es el ahora o nunca" de su candidatura y de su apuesta por "que los padres elijan la lengua en la que van a ser educados sus hijos".

Sobre la libertad lingüística no ha dudado en recordar esa "especie de traición de Feijóo a Galicia Bilingüe", al explicar que "he mantenido contra viento y marea una única postura, que es dejar a los padres que elijan en qué lengua han de ser escolarizados sus hijos".

El PP recurrirá ante la Justicia el reglamento lingüístico de Barcelona
À. G. | BARCELONA ABC 7 Febrero 2010

El presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, anunció ayer que recurrirá ante la Justicia el Reglamento de Usos Lingüísticos municipal, que señala la prevalencia del uso del catalán en Consistorio y que, de hecho, consagra el monolingüismo de facto que ya practica la administración municipal. En una intervención hecha precisamente en castellano, Fernández anunció esta medida para «defender la libertad y el pluralismo».

El reglamento salió adelante con los votos de todos los grupos menos el PP, grupo que defendió una comunidad plurilingüística y «sin exclusiones ni sanciones». «¿Quién hará de comisario lingüístico?», se preguntó Fernández. Éste, mostrando propaganda electoral, reprochó al resto de los grupos que sólo sean bilingües cuando se trata de pedir el voto en las elecciones.

Hereu, sólo con los JJ.OO.
El debate fue especialmente encendido entre Fernández y Jordi Portabella (ERC), para quien el reglamento no excluye «ninguna lengua». Para Carles Martí (PSC), la regulacion no prohíbe sino que señala la preminencia del catalán en caso de que se use una única lengua. Pidió a Fernández que no vaya a los tribunales, ya que «siempre es un flaco servicio a la comunidad», y le acusó de utilizar políticamente una cuestión frágil y delicada, informa Ep.
De igual forma, el pleno, con los votos contrarios de PSC y PP, tumbó la proposición de ERC para que el Consistorio ceda espacios a las entidades que convoquen consultas independentistas.

Por otra parte, el gobierno municipal presentó al pleno el informe sobre la candidatura olímpica Barcelona 2022. En el debate se hizo patente que si bien todos los grupos apoyan el proyecto con matices -a excepción de ICV, socios de Hereu-, el PSC se ha quedado más bien solo en la defensa de una idea que todos coinciden que se lanzó por interés electoralista.


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Verdades y mentiras en el debate lingüístico
FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS La Opinión 7 Febrero 2010

Apropósito de la presentación del libro 55 mentiras sobre a lingua galega, hay que reconocer que si algo le faltó -y le sigue faltando- al debate lingüístico en Galicia es rigor. En la guerra idiomática, como en cualquier confrontación de índole política, los dos bandos han empleado mucha demagogia y muy pocos argumentos científicos, a pesar de que existen desde hace décadas múltiples estudios sociolingüísticos en los que apoyarse, muchos de ellos, fruto de años de investigación con metodología avalada por autoridades internacionales en la materia.

El ensayo coordinado por Xosé Henrique Costas e impulsado por el movimiento Prolingua se propone desmontar la mayor parte de lo que denominan falacias, algunas de ellas muy antiguas, otras más recientes. Son como axiomas que afectan a la consideración social de una lengua que ahora padece, además, los efectos de mentiras de grueso calibre, puestas en circulación a manera de leyendas urbanas, propagadas a su vez por los medios de comunicación y que mucha gente de buena fe se acaba creyendo precisamente porque se repite de forma machacona y nadie las desmiente o porque los desmentidos son silenciados de modo sistemático y premeditado.

Lo más preocupante del conflicto lingüístico es que han cambiado las tornas de lo políticamente correcto. Negar que haya existido alguna vez la imposición del gallego a los castellano parlantes es ahora nadar contra corriente. Al menos en el debate público y mediático, empieza a ser necesario explicar por qué hay que discriminar positivamente la lengua de Rosalía en la escuela y en otros ámbitos, algo que no sucedió nunca desde antes incluso de la Transición democrática. Ya no es obvio que el gallego, si no se promueve su uso entre las nuevas generaciones, corre peligro de desaparecer o de quedar recluido en determinadas zonas del país, una especie de reservas, que las futuras generaciones visitarán como si fueran parques temáticos. Ahora casi nadie se escandaliza cuando oye que el castellano está siendo perseguido en Galicia o que sus hablantes padecen serias dificultades para vivir en el idioma que tienen por propio. O que la lengua de Cervantes corre peligro de ser excluida de muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Los diagnósticos serios de la situación no acreditan tal cosa. Sin embargo, proclamarla es una forma de combatir el avance de las políticas que intentan conquistar o consolidar para el gallego espacios cruciales para su pervivencia. Porque los responsables de esas políticas acaban creyendo que algo de eso hay y se las replantean para no generar rechazo que pueda repercutir negativamente en las urnas.

Frente a las mentiras que padece el gallego, habrá que situar la dolorosa verdad de que muchos de sus defensores le han infringido un grave daño al proceso normalizador con actitudes personales y colectivas dogmáticas, agresivas e intransigentes, que provocaron acritud hacia la lengua gallega en la gente joven, los únicos que, hablándola, pueden garantizar su futuro como lengua viva. Entre el profesorado los y las hay que deberían darse por aludidos. Aunque de forma tímida, para no servir de munición al bando con que menos simpatizan, se escuchan voces que hacen una más que meritoria y honesta autocrítica. Pero apenas se les oye, en medio del ensordecedor estruendo de la batalla.

Cada día se ve más claro que los que defienden el gallego, incluidos organismos institucionales como el Consello da Cultura o la Real Academia, han asumido, mal que les pese, que en la cuestión lingüística hay una nueva correlación de fuerzas sociales y no es la hora de avanzar, sino de fortalecer las posiciones, afianzar lo conquistado, sin descuidarse, a la espera de tiempos mejores.

fernandomacias@terra.es

La cocina de mi abuela
Nota del Editor 7 Febrero 2010

Discriminar positivamente el gallego es la frase que utilizan para envolver la píldora de la conculcación de los derechos humanos y constitucionales de los españoles que tienen la desgracia de vivir en alguna de las regiones donde el español es lengua impropia.

Si están preocupados por la desaparición del gallego, lo único que no pueden pretender es inocular tal lengua a los niños y a los mayores. Por la misma razón, yo debería exigir a los demás la conservación la cocina de mi abuela, y hacia atrás hasta la primera hoguera de origen eléctrico, volcánico, solar o vaya Vd. a saber. Si yo tuviera interés en la conservación de la cocina de mi abuela, no debería en caso alguno traspasar tal responsabilidad en perjuicio de otros.

Cuando hablan del interés de la imposición que no conservación de las lenguas que no alcanzan la masa crítica para seguir adelante, y que por tanto necesitan inmensos recursos para mantenerlas en vida artificialmente, no se refieren a su propia responsabilidad, se refieren al hecho de inocularlarla en las sucesivas generaciones de los demás, y mientras tanto disfrutar del poder y riqueza que a costa de la mayoría de españoles consiguen de otros profesionales de la política claramente descerebrados para otra cosa que no sea mantenerse en el poder y vivir muy bien del cuento.

Despilfarro autonómico
El Estado y las regiones gastan 240 millones en 4.381 altos cargos
 www.gaceta.es 7 Febrero 2010

El País Vasco supera en altos cargos a la Administración Central.
La Administración General del Estado, dependiente del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, no predica con el ejemplo de la austeridad y supera en número de altos cargos, con 547 puestos, a todas de las comunidades autónomas salvo a País Vasco, que cuenta con 650, herencia del mandato nacionalista. En su conjunto, las 17 administraciones regionales y la central tienen en nómina a 4.381 altos cargos, que suponen un gasto de 240 millones de euros. No obstante, la cifra resulta aún mayor si se tiene en cuenta que en los 82 millones que cuestan los altos cargos de la Administración General del Estado sí se han contabilizado complementos de productividad, gratificaciones y otros conceptos tipo dietas, mientras que en las cantidades de las comunidades autónomas sólo se han computado las retribuciones mínimas.

Estos datos aparecen en un reciente informe elaborado por la Unión Sindical Obrera (USO), a partir de estadísticas propias y datos recogidos en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en los autonómicos y en los registros del Ministerio de Política Territorial. Con un desglose por administraciones, el trabajo del sindicato, el último de estas características y que incorpora datos a fecha de abril de 2009, evidencia que el País Vasco es la comunidad con mayor número de altos cargos.

La elevada cantidad, fruto de casi 30 años de gobierno del Partido Nacionalista Vasco (PNV), con una estructura burocrática muy asentada y un buen número de designaciones a dedo, se ha venido reduciendo en los últimos meses con la llegada al poder del socialista Patxi López. El presupuesto destinado a pagar los sueldos de más de 600 altos cargos era difícilmente asumible y más en una situación que exigía una total austeridad. Así, López llegó con un claro compromiso de reducir el número de asesores y puestos de confianza.

Drástica rebaja
Los últimos datos publicados por el Ejecutivo de López apuntaban a que el número de altos cargos se había reducido hasta los 263, eso sí, en su registro no incluía los directivos de empresas públicas, por lo que la cifra podría ascender hasta los 550. La misma línea que López ha seguido Alberto Núñez Feijóo, que fue designado presidente de la Xunta de Galicia a mediados del pasado año, tras el triunfo del PP en las elecciones autonómicas de marzo de 2009. Núñez Feijóo decidió acabar con el despilfarro instaurado durante los años de gobierno del socialista Emilio Pérez Touriño y, al ganar las elecciones, una de las primeras medidas que anunció fue la de reducir casi a la mitad el número de altos cargos de su Ejecutivo.

De este modo, se pasó, por ejemplo, de 125 a 64 puestos directivos —delegados provinciales o secretarías generales, entre otro—; de 73 a 61 direcciones generales y de 13 a 10 consellerías, además de suprimir los 51 delegados provinciales de cada consellería. Otras comunidades que en los últimos meses han llevado a cabo una reducción de este tipo de personal son Murcia, Cataluña, Madrid o Andalucía. El Gobierno de esta última región, encabezado por José Antonio Griñán, obligó a los directivos de empresas públicas ha bajarse el sueldo y que sus retribuciones nunca fuesen superiores a las del presidente de la Junta de Andalucía.

El director general de RTVA, Pablo Carrasco, ganaba cada año más de 139.000 euros, 60.000 euros más que el propio Griñán. Así, 95 altos cargos públicos andaluces tuvieron que rebajarse el salario. La medida supuso un ahorro de cerca de un millón de euros, tras el despilfarro de décadas de Manuel Chaves.
 

«Aunque ETA parara mañana, no se podría olvidar a las víctimas»
Rogelio Alonso Coautor de 'Vidas rotas'
L. GIL | BILBAO. El Correo 7 Febrero 2010

Rogelio Alonso, al igual que sus compañeros Florencio Domínguez y Marcos García Rey, no ha dejado de recibir halagos por su contribución a la memoria de las víctimas de ETA con su libro 'Vidas rotas'. Profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, donde dirige el programa de doctorado y el máster en Análisis y Prevención del Terrorismo, explica que el objetivo de la obra, presentada esta semana en Madrid, es «reflejar el impacto brutal de ETA en este país». Por eso, advierte a los lectores de que «no hay que quedarse en un registro porque son historias de seres humanos».

- ¿Qué le pasa a uno por la cabeza después de escribir un libro en el que se recogen 857 asesinatos?
- Ha sido una experiencia bonita, pero muy dura. Al sumergirte en esas historias te topas con dramas impresionantes, con persecuciones que preceden a los asesinatos. Nuestro objetivo era recuperar la memoria y tratar de ensanchar la red de victimización. No sólo son los 857 asesinados, sino los heridos, los amenazados y sus familias.

- Una historia triste, pero necesaria de ser contada.
- Hay que contrarrestar esa deshumanización de las víctimas que persiguen los terroristas, y derribar así esa manipulación que les permite justificar su violencia. Existe una deuda con ellas, no podemos ignorar el significado político que tienen. Aunque ETA parara mañana, no se podría olvidar.

-En el libro recogen, además, los nombres de los verdugos.
-Es necesario que se sepa quiénes son las víctimas y quiénes los asesinos. Nos inspiramos en un libro publicado en Irlanda del Norte, en el que se recogió los nombres de las víctimas del IRA, pero no los de los que mataron. Las personas con las que hablé dijeron que la intención era buena, pero que faltaba algo.

-En Euskadi siempre se mira a Irlanda con cierta esperanza. ¿Augura un desenlace similar?
-La comparación es difícil.

-Tras medio siglo de vida, ¿en qué momento diría que está ETA?
-Afortunadamente hay personas en la banda que cuestionan la violencia. La fuerza de coacción de ETA ha disminuido y, pese a que su capacidad para atentar sigue ahí, la de desestabilizar un sistema democrático ya no.
 

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