AGLI

Recortes de Prensa    Martes 9 Febrero  2010

 

La solución, nosotros
MANUEL RAMÍREZ, Catedrático de Derecho Político ABC 9 Febrero 2010

Si por alguna razón, verídica o inventada, nos viéramos en la necesidad de condensar en pocas palabras la no poco complicada situación política actual de nuestro país, y sin pretensión alguna de comparación con ilustres precedentes (Ortega, Azaña) el lector me permitiera el recurso de tres palabras con similares letras iniciales, definiría así el panorama. Estaríamos ante una sociedad desilusionada. La gran carga de elementos positivos y hasta ilusionantes que, en gran parte, estuvieron presentes en casi todos los ciudadanos (no todos, claro está: los temores no estuvieron ausentes del todo aunque no se suela confesar) en los años de la transición por la forma de consenso pacífico y renuncia a los dogmatismos de unos y otros y el gran acuerdo de no hurgar en pasadas responsabilidades, bajo la regia llamada a todos para mirar al futuro en una general empresa, esa gran carga creemos que ha desaparecido. O que «la han hecho desaparecer». En su lugar, la manipulación de «lo anterior» convertido en arma para la lucha política, el no asumir bondades y maldades, los cambios inútiles de todo y hasta las cainitas revanchas de siempre. Lógicamente estos grandes olvidos han ocasionado una alta cuota de desilusión: «No es esto, no es esto», que muy posiblemente volvería a exclamar Ortega al conocer lo de la Memoria Histórica o la gran preocupación por el «enorme problema de los crucifijos».

En segundo lugar, una sociedad desunida. No caigo en lo de rota o no rota. Pero sí digo, por muy poco popular que resulte, que la fórmula utilizada para solventar la necesaria descentralización y el necesario reconocimiento de la pluralidad de formas de ser concurrentes en la Península Ibérica (esa fórmula absurdamente conocida como Estado de las Autonomías (?) ha constituido un penoso fracaso. El asunto comienza en la misma redacción constitucional. Se premiaba el llamado «hecho diferencial» que era precisamente lo que dividía y no lo que unía, se generalizaba el factor autonómico hasta extremos cercanos a lo ridículo y, sobre todo, se dejaba abierto el proceso de delegación de competencias propias del estado en las llamadas Comunidades Autónomas.

Precisamente en esto último es donde hay que situar el penoso «chalaneo» que, fundamentalmente por razones electorales, hemos presenciado en estos últimos años. Las Comunidades han amenazado con esto o aquello y el Estado ha ido cediendo incomprensiblemente. Con ello es el mismo Estado central el que se ha debilitado, en momentos en que para «pesar» algo en la Unión Europea está primando justamente lo contrario y en el panorama nacional lo que ha vuelto a aparecer es el particularismo que, en expresión de Ortega, conducía a lo invertebrado. Lo que importan son los intereses de cada una de las partes, en muchas ocasiones basados en lo «peculiar» que fácilmente se inventa, y no lo que la totalidad del país requiere. Y, curiosamente, en los momentos de crisis que padecemos, nadie se ha atrevido hasta ahora a entrar a fondo allí donde en realidad habría que entrar: multiplicación de parlamentos, diputados, gobiernos regionales, legiones de Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales, Comités Consultivos, Defensores regionales, coches oficiales, escoltas en abundancia, derroches en actos oficiales y así hasta casi el infinito. ¿Realmente puede nuestro país mantener económicamente este gran tinglado?

Y, en tercer lugar, una sociedad desorientada. Aquí es donde, en realidad, queríamos llegar con el título que encabeza estos párrafos. Y por qué la causa de esta orientación. Es decir, cuál es la razón de esta ausencia de creíbles soluciones. Si uno presta atención a lo que es posible oír en la calle, tiene que echarse a temblar: «es que todos son iguales», y «los otros harán los mismo» y lo más hiriente, «y si yo pudiera también lo haría».

El origen del problema quizá también hay que buscarlo en el mismo texto constitucional. Desde el principio se sentaron dos afirmaciones o supuestos: íbamos a una democracia representativa y, en la misma, los principales sujetos de la representación y de la participación eran los partidos. Llegaba el momento de «desquitarse». Por ello, a la hegemónica regulación del art. 6º y de todos aquellos supuestos de nombramientos por el Parlamento, los partidos, con el apoyo de la vigente Ley Electoral, se han convertido en los únicos protagonistas de la vida política. Y ello a través de los más variados caminos: distribución por cuotas según votos en el hemiciclo, sumisión total en el seno de los grupos parlamentarios, fuerte disciplina de voto, listas cerradas y bloqueadas, etc. Los partidos han roto el natural ámbito que la misma democracia posee y, a veces con la sumisa tolerancia de los sindicatos, y han implantado su reinado. Es decir, hemos entrado en la situación de partitocracia, con toda la gravedad que esto comporta. La buena y objetiva cabeza del prof. Alejandro Nieto ha llegado a afinar todavía más las definición: estamos en «una oligarquía económico-política». A la vez e igualmente desde los momentos de la elaboración constitucional, se ahogan sin piedad los posibles supuestos de participación directa de los ciudadanos. Se quería una democracia de partidos y casi únicamente de partidos. Y ello no solamente en la cicatera regulación del referéndum: se llega hasta la imposibilidad de que sean los ciudadanos quienes puedan instar una posible reforma de la Constitución.

¿Entonces? Pues, a mi entender, lo que en el título hemos anunciado. Cerrados todos los posibles cauces (y creemos que este problema no se solventa con una reforma constitucional del tipo que fuere) lo que queda es la voz y la actitud de los ciudadanos. Resulta urgente reforzar la vigencia de una auténtica cultura cívica, sedimento de todo régimen político que aspire a la continuidad. Es preciso salir, a la vez, de la panmediocridad que sufrimos. Si la sociedad es mediocridad consentida, mediocre será todo cuanto de ella salga: políticos, educación, Universidad, arte o pensamiento. Y como las vías establecidas han quedado cerradas para ello, según hemos resumido, los ciudadanos, a la postre oficialmente propietarios de una hurtada soberanía, tienen y pueden llevar a cabo la labor de despertar dormidas conciencias. De fomentar el espíritu crítico. De denunciar el gran engaño de lo «políticamente correcto». Y si esto es lo que cada uno puede hacer en su ámbito y en el de sus posibilidades, resulta mucho más efectiva para este despertar de la alienada o egoísta sociedad, la proliferación de grupos expresamente dedicados a este menester.

En estos últimos años, nuestro país ha conocido ese pluralismo asociativo que el gran Tocqueville señalara como característica de la democracia en América. Pero ocurre que, en su casi totalidad, estos grupos y asociaciones se están limitando a la reivindicación de sus propios intereses. Y no es eso. Hay que ir más allá, como en otras ocasiones ha ocurrido en nuestra historia política. Recuérdese la lucha contra el francés allá en la guerra de la independencia.

O los Manifiestos civiles y militares en 1869. O el papel divulgador en favor de la república que hicieron en unión unos valiosos intelectuales, aunque algunos quedaran frustrados por lo que después vino. No importa. Lo que ahora aparece en nuestro panorama es la idea de los Foros, los Clubes, de las Fundaciones. Pensando y pregonando que «esto» no puede seguir así. Y que si sus voces de denuncia no obtienen eco «en las alturas», sencillamente estaremos perdiendo o malogrando una nueva oportunidad histórica.

Zapatero: dos mentiras y un funeral
Manuel Romero www.lavozlibre.com 9 Febrero 2010

La semana pasada, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comenzó su plegaria ante los miembros del lobby ‘Desayuno Nacional de la Oración’, en Washington, de forma solemne, recurriendo al tono grave que emplea en los momentos que considera trascendentes. "Permítanme que les hable en castellano, en la lengua en la que, por primera vez, se rezó al Dios del Evangelio en esta tierra". La frase, en boca de Zapatero, contenía dos mentiras y el funeral por la Libertad.

El presidente leyó el Antiguo Testamento, en concreto el libro del Deuteronomio, capítulo 24, versículos 14 y 15: "No explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habitan en tu tierra y en tus ciudades. Págale su jornal ese mismo día antes de que se ponga el sol porque está necesitado y su vida depende de que le pagues ese jornal."

Intencionadamente omitió el final de versículo, cuando el texto bíblico califica de ‘pecado’ el incumplimiento de ese deber.

Ajustar la realidad a la necesidad es una de las habilidades del presidente. Podría haber dicho al inicio de su rezo: "Permítanme que les hable en castellano, la única lengua que conozco".

También podría haber utilizado esta versión: "Permítanme que les hable en castellano, en la lengua en la que a cientos de miles de niños y jóvenes de mi país no les está permitido estudiar en los colegios”.

O esta: "Permítanme que les hable en castellano, la lengua en la que a los que rotulan los comercios de Cataluña les multan por ello".

O esta otra: "Permítanme que les hable en castellano, en la lengua en la que es casi imposible escuchar una misa o celebrar una eucaristía en aquella tierras del noreste de la Península Ibérica".

¿Y qué tal esta otra?: "Permítanme que les hable en castellano, en la lengua en la que a los niños no se les permite pedir hacer pis en los recreos y en contra de lo cual mi gobierno no ha tomado ninguna medida".

Después, podría haber catalanizado el libro de Deuteronomio: “No reprimirás al charnego pobre y necesitado. Permítele que si los perros pueden ladrar, los gatos maullar y los pájaros piar, ellos puedan seguir usando su idioma, incluso en las escuelas, pues es el que hablan en casa todos ellos y el que heredaron de sus antepasados. No recaudes su dinero para después gastarlo en la imposición lingüística”.

Que Rodríguez Zapatero no sea creyente, no le exime de respetar la conclusión bíblica de que todo cuanto se hace contra el necesitado es pecado. El socialismo no ha podido perder todo del humanismo que lo alumbró y que lo convirtió durante casi un siglo en refugio de necesitados. Hoy los desamparados no sólo están en las colas del paro (¡cuatro millones!), sino en las escuelas y universidades, en los comercios y en los cultos, sin poder emplear la lengua con la que se oró por primera vez en tierras americanas.

Los partidos y la democracia
José Luis González Quirós* El Confidencial 9 Febrero 2010

Si en lugar de ser un partido político, Unión Mallorquina fuese cualquier otro tipo de entidad, nadie dudaría, hoy por hoy, de la conveniencia de disolverla, dado el volumen de los delitos y escándalos de corrupción en que se ha visto envuelta. Pero es un partido, y eso tiene, entre nosotros, la etiqueta de intocable. Apreciamos la democracia por sus ideales, pero padecemos sus defectos. El abismo entre unos y otros se debe a los partidos, unas organizaciones opacas, y ajenas a cualquier clase de control.

Las carencias de los partidos no tienen arreglo legal, se trata de algo más grave y más profundo, de una serie de lacras de la cultura política dominante, que se nutre de una tradición autoritaria.

Más allá de las definiciones constitucionales, los partidos españoles son organizaciones dedicadas al reparto de poder e influencias que parecen funcionar, únicamente, cuando todos los miembros de un cierto nivel consolidan sus posiciones e intereses procurando que nada se mueva sin su control. En su vida interna no hay nada específico de las democracias. Son formaciones que priman la mansedumbre, la disciplina, el dogmatismo, la fidelidad, la rutina… podríamos seguir hasta cansarnos, de modo que llegan a subvertir, casi por completo, su función legítima. Los partidos están anulando las instituciones.

La democracia española, como si se sintiese maldecida por la voluntad de Franco, quiso evitar a todo trance lo que se llamó la “sopa de letras”, la infinidad incontrolable de organizaciones, y la ingobernabilidad… y apostó por el orden y la estabilidad. Al hacerlo no tuvo presente que existen otra clase de defectos, no menos graves, frente a los que nuestro sistema parece impotente.

Los partidos se sienten por encima del bien y del mal y, en consecuencia, han acrecentado su poder más allá de cualquier lógica. Las instituciones son un mero escenario en el que se representa el argumento que han decidido las respectivas cúpulas partidarias, de manera que, salvo para dar cargos, están de sobra. No habrá en ellas, por tanto, control del Gobierno sino, si acaso, confrontación entre dos líderes, cuando existan.

El poder judicial, las universidades, las cajas de ahorro, los medios de comunicación, y un sinfín de cosas más, están controladas por los partidos, sin que su presencia tenga el menor fundamento legal. Lo que ocurre es que los partidos se han convertido en complejísimas empresas de fingimiento, en organizaciones dedicadas a la simulación y a la mentira.

En lugar de servir a una sociedad democrática, los partidos se han apropiado de ella y, en consecuencia, la democracia no funciona ni siquiera medianamente bien. ¿Es normal, por ejemplo, que con la situación económica que padecemos, el Parlamento sea una balsa de aceite en la que los diputados proceden a adjudicarse privilegios sin el menor pudor? ¿Es normal que tengamos un gobierno tan insustancial y pusilánime? ¿Es admisible que la oposición no tenga otra preocupación que su ritual de aspavientos a la espera de las previsiones sucesorias?

Como subrayó Robert Dahl, la democracia consiste en poliarquía, y nuestros partidos son monárquicos, algunos, incluso, monarquías hereditarias en las que el líder saliente invista al entrante con su gracia para que nadie se inmute, y todo siga como es debido. No hay nada en el ordenamiento jurídico que impida que los partidos sean lo que debieran ser, pero ni la participación ni las opiniones ajenas les suelen interesar nada a los que en ellos mandan; les basta con sus sondeadores, y con el ritual y la carnaza con electores cuya fidelidad perruna se fomenta con un maniqueísmo vomitivo.

No hablamos de teorías, es la realidad inmediata y dolorosa. Que ZP no tenga alternativa creciente en el seno de su partido puede llegar a ser un auténtico drama nacional, visto lo que está haciendo en el gobierno, y nuestra aceleración hacia el despeñadero. Que el PP siga siendo un partido sin sustancia ni atributos, oportunista y ausente ante la profundidad y el alcance de la crisis es, además de intolerable, realmente insólito. En Génova se afanan en urdir disculpas para posponer el Congreso del partido, porque temen que, dado el atronador descontento, ahora no se podría celebrar con papeletas en la boca, una decisión tan aberrante como justificar que un gobierno aplazase las elecciones previstas por temor a perderlas. Mal, pues, en el Gobierno sometido a una especie de autócrata, y en la oposición controlada por un quietista.

¿Tiene arreglo todo esto? Sí, pero sin arbitrismos, imponiendo en los partidos la cultura competitiva y libre sin la que las democracias se convierten en una caricatura, en partitocracias autoritarias. Necesitamos más patriotismo, fomentar una ética política que sancione el abuso de poder y enseñe a preferir el interés común por encima de lo propio, algo que no abunda en los partidos y, menos aún, en los nacionalistas.

* José Luis González Quirós es analista político

Palabras mordaza: derecha
César Vidal La Razón 9 Febrero 2010

Con escasas excepciones, la izquierda siente un orgullo extraordinario de sí misma, especialmente en el mundo latino a uno y otro lado del Atlántico. Que bajo la bandera roja se exterminara a no menos de cien millones de seres humanos en el pasado siglo no la afecta en absoluto. Tampoco la conmueve su indigencia intelectual, que resulta no por lo pedante menos pasmosa. En ese terreno, el caso español resulta todavía más deplorable porque la izquierda no ha dado a un solo pensador digno de ese calificativo. De Ortega a Marañón, de Jovellanos a Unamuno, de D’Ors a Menéndez Pidal, todo ese sector social que los rusos denominan «inteliguentsia» ha militado en la derecha, fuera autoritaria, católica o liberal. También a esa derecha se deben las transiciones a regímenes con más libertad, la seguridad social o el desarrollo industrial y, sin embargo, basta con esgrimir la palabra «derecha» para que la mayoría de sus componentes agache la cabeza como si fueran un grupo del KKK descubierto cuando linchaba a un negro. Convencido estoy de que cuando Umbral –que empezó escribiendo en la prensa azul mahón del Movimiento– acuñó el término «derechona» hubo quien corrió a esconderse debajo de la cama. Los efectos que esa palabra mordaza tienen sobre nuestra situación actual son para echarse a temblar. De entrada, casi todos sustituyen la palabra «derecha» por «centro» o, a lo sumo, «centro-derecha». A diferencia de Francia o Alemania, donde la derecha se siente orgullosa de serlo y no lo oculta, en España, los representantes de la derecha –salvo que sean nacionalistas– se echan a temblar ante la misma no sea que si reconocen su condición los motejen de «fachas».

Las consecuencias son nefastas porque la derecha ha decidido centrarse única y exclusivamente en algunas –no, todas no– cuestiones económicas y abandonar la batalla de las ideas y el debate ideológico a una izquierda intelectualmente paupérrima e incluso descerebrada. Podría tener un programa sensato sobre inmigración, pero, si es así, lo silencia. Supuestamente tiene las ideas claras sobre la energía nuclear, pero cualquiera lo diría visto lo pasado hace unos días. Su política nacional en materia lingüística tendría que ser una esperanza, pero tras las acciones de Feijóo y los silencios de otros cualquiera sabe «ande andará». Y no entremos en otras cuestiones como las subvenciones, el aborto, la reforma laboral o los nacionalismos porque según la hora o el día se pueden escuchar los más diversos puntos de vista. ¡A tanto ha llegado su temor de que le lancen la palabra mordaza que algunos paniaguados de esa derecha acomplejada consideran como insulto el indicar que todavía hay un sector de la derecha que se precia de serlo! Ciertamente se trata de gente servil a la que nadie escucha en la calle, pero no se la puede calificar de inofensiva porque contribuye a acomplejar a la derecha por serlo. ¡Difícilmente se puede descender más en la escalera de domesticación en favor de una izquierda dispuesta a permitir a la derecha seguir existiendo si se convierte en un clon de ZP o de Gallardón! Ciertamente, sólo la derecha –al menos, en teoría– tiene una idea apropiada sobre cómo remontar la recesión y cómo mantener en pie un edificio constitucional que se desploma. Lástima que la hayan amordazado lanzando contra ella precisamente la palabra que la define.

Irán
Tic-tac, tic-tac, tic-tac
GEES Libertad Digital 9 Febrero 2010

Hay dos relojes en marcha en Irán: uno, simbolizado por la llamada "marea verde", con las sucesivas e imparables manifestaciones de protesta y a favor de un cambio de régimen; el segundo, en manos de los ayatolás, en una carrera acelerada por hacerse con armamento nuclear y los medios para poder utilizarlo. Desde el pasado fraude electoral del 12 de junio, muchos han apostado por que el reloj del cambio ganaría al reloj atómico pero la pasividad occidental, la bunquerización del régimen de Ahmadinejad y la inutilidad de las sanciones actuales, hace cada vez más evidente que el régimen de Teherán va a ganar esta mano.

En la semana pasada hubo dos acontecimientos que así lo indican: por un lado, la puesta en escena de tres nuevos satélites y, sobre todo, del cohete lanzador Kavoshgar-3. El éxito de su lanzamiento contrasta llamativamente con el fracaso del radar americano basado en buques para interceptar exitosamente este tipo de cohetes. En segundo lugar, a pesar del tono conciliador del representante iraní en la Conferencia de Seguridad de Munich, vino el anuncio por el mismo Ahmadinejad de que Irán iniciaba la etapa de enriquecimiento de uranio, abriendo una nueva etapa en su camino a la bomba. Ya es sólo cuestión de tiempo. Y los expertos hablan de pocos meses, no de pocos años.

Preocupantes también los movimientos americanos en el Golfo. Se ha reforzado su presencia naval, particularmente con aquellos buques que pueden formar parte de un sistema anti-misiles de índole regional. Muchos han querido ver en esta decisión una postura más dura hacia Teherán por parte de la administración Obama, incluso como los primeros preparativos para una acción militar. La realidad es la opuesta: Estados Unidos se prepara para un despliegue que asegure la contención de un Irán nuclear, no para impedir que Irán tenga la bomba. La Casa Blanca parece haber aceptado que es mejor una bomba iraní que bombardear Irán y hace cuanto puede para adecuarse a esa nueva y próxima realidad.

Lo cual nos lleva a Israel, un país cuyos dirigentes han declarado por activa y por pasiva que la bomba iraní es inaceptable porque representaría una amenaza existencial para el Estado judío. Salvo que se le conceda a los ayatolás el tiempo necesario para proteger y dispersar los elementos críticos de su programa atómico, los análisis militares llevan a creer que Israel cuenta con los medios suficientes para poder infligir un daño suficiente a las instalaciones en Irán como para detener durante años su camino a la bomba. El problema es de otra naturaleza, pues afecta a la gestión política del día después de su acción militar. Las relaciones con América no pasan por su mejor momento y es difícil pensar que Obama no reaccionaria muy negativamente a una acción unilateral israelí de llevarse a cabo. Particularmente si se cree, como creen muchos, que los americanos están en negociaciones secretas con los iraníes para evitar una desestabilización en Irak y Afganistán entre otras cosas.

Todo apunta a que, en ausencia de un apoyo decidido a los opositores al régimen, Teherán tendrá su bomba más pronto que tarde. A partir de ahí, todos empezaremos por sentir las consecuencias. Revolucionarias y dramáticas.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

El grupo mixto propone suprimir las multas lingüísticas de la ley del catalán
M. J. C. | BARCELONA ABC 9 Febrero 2010

El diputado del grupo mixto, José Domingo, ha presentado una propuesta de modificación de la Ley de Política Lingüística de 1998 con la finalidad de suprimir el régimen sancionador que permite multar a las empresas que no rotulan en catalán. La iniciativa será debatida hoy en la Comisión de Economía del Parlament, a la que asistirán tres empresarios sancionados, Xurde Rocamundi, Fermín Guerrero y Luis Jiménez.

Domingo, que además preside la plataforma Impulso Ciudadano, propone suprimir la diposición adicional quinta de la «ley del catalán» que establece el régimen sancionador a las empresas que incumplan los preceptos lingüísticos establecidos en dicha ley. La iniciativa tiene lugar poco después de que la Agencia Catalana de Consumo, dependiente del conseller de Economía, el socialista Antoni Castells, haya elevado de 3.000 a 10.000 euros las sanciones por rotular los establecimientos en castellano. Asimismo, el pasado jueves llegó a juicio el caso de Manel Nevot, un agente de la propiedad inmobiliaria multado con 400 euros porque su despacho, situado en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), no estaba rotulado en catalán.

Según el diputado, el régimen lingüístico es de dudosa constitucionalidad, «al interferir claramente en la libertad de empresa» (artículo 38 de la Constitución) y vulnerar el principio de igualdad (artículo 14), pues «sólo obliga a rotular en una de las dos lenguas oficiales existentes en Cataluña»

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LOS PROFESORES, OBLIGADOS A SABER CATALáN
Cuando la lengua es el filtro en la Universidad

IMPRESIONES El Mundo 9 Febrero 2010

EL GOBIERNO del presidente Montilla está dispuesto a implantar el catalán en todos los ámbitos y a cualquier coste, incluso el del empobrecimiento de la enseñanza superior. La Generalitat ultima un decreto por el que exigirá el catalán a todos los profesores universitarios, apoyándose para ello en las facultades que le otorga el Estatuto recurrido en el Constitucional. Pero al margen de la legalidad o no de la norma, lo más llamativo de esta disposición es la cortedad de miras que la impulsa. La Universidad debería ser, por definición, un lugar abierto, sin corsés. En Cataluña, en cambio, los gobernantes están empeñados en que el cedazo para seleccionar al profesorado sea la lengua antes que los conocimientos que puedan acreditarse, lo que empobrecerá a la fuerza la institución y la hará más endogámica. Resulta difícil de entender que exista la libertad de cátedra y en cambio a los profesores universitarios se les cierren las puertas por enseñar en la lengua que es oficial en toda España. El decreto que prepara Montilla muestra la involución y la asfixia a la que está llevando a la sociedad catalana

Los centros de enseñanza cristianos del País Vasco se niegan a impartir sus clases en castellano
Raúl González Zorrilla Periodista Digital 9 Febrero 2010

Los colegios católicos del País Vasco, reunidos en la asociación Kristau Eskola, se niegan a abrir aulas en castellano, a pesar de que así lo solicite un número importante de padre. Con esta decisión, las escuelas religiosas de Euskadi, subvencionadas por el Gobierno vasco, se rebelan contra la decisión del Departamento de Educación del Ejecutivo de Patxi López en el sentido de que los progenitores, residan donde residan, tienen derecho a elegir el modelo lingüístico en el que quieren educar a sus hijos.

Hay que recordar que la agrupación Kristau Eskola, dirigida por el teólogo Aitor Bilbao, se posicionó en la pasada legislatura a favor de las leyes excluyentes, irracionales y totalitarias que el Gobierno ultranacionalista de Juan José Ibarretxe diseñó para borrar del País Vasco la enseñanza en castellano.

Actualmente, todos los niños vascos tienen garantizado el derecho a estudiar todo su ciclo educativo únicamente euskera, si sus padres así lo deciden. Contrariamente, hoy en Euskadi resulta de todo punto imposible que un niño se eduque exclusivamente en castellano en las escuelas públicas vascas.

El próximo viernes, concluye el periodo de prematrícula para el curso lectivo 2010-2011 y posteriormente se abre un plazo de reclamaciones para que las familias que deseen mostrar su disconformidad con el centro al que ha sido dirigido su hijo, puedan hacerlo. De cualquier modo, y por encima de cualquier otra polémica, la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿cuándo el Gobierno de Patxi López será capaz de garantizar la educación pública en castellano en las aulas de Euskadi?

Modelo de carta para reclamar la apertura de un aula en castellano
http://www.scribd.com/full/15883385?access_key=key-xy7ag387kvvk7ggzy9l

Un padre valenciano resiste el envite lingüístico de la Generalitat
Jorge Martín presenta un recurso contencioso administrativo para que su hija estudie en castellano
Belén Piedrafita  www.lavozlibre.com 9 Febrero 2010

Liria (Valencia).- Jorge Martín, padre de una niña de tres años y natural de Liria (Valencia), explicó a 'La Voz Libre' el pasado 9 de diciembre, que llevaba más de cinco meses luchando para que su hija pudiera estudiar en español. Dos meses después, este padre se ha encontrado con que la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes de la Generalitat Valenciana ha desestimado el recurso de alzada interpuesto por él para que admitan a su hija en el centro concertado Francisco Llopis. Consideran que “en ningún momento se ha alegado vulneración del procedimiento establecido para la admisión de alumnos en la legislación vigente”.

“El Director General de Ordenación y Centros Docentes, Francisco Baila, ha decidido seguir desgarrando la poca ilusión, que no la esperanza, que me quedaba por el sistema educativo de esta comunidad y por encontrar profesionales responsables y serios que no traten mis derechos recogidos en la Constitución española como si fueran basura, al pisotearlos una y otra vez, negándome una educación cristiana y en español en España”, declaró Jorge Martín tras conocer la resolución.

”En estos nueve meses de cruzada me he dado cuenta de la mediocridad de la clase política que nos representa en una gran comunidad como es la valenciana”, añadió Jorge. El padre afirmó que iba a seguir adelante, por lo que ayer lunes 8 de febrero interpuso un recurso contencioso administrativo contra dicha resolución.

El caso de Jorge se remonta al periodo de preinscripción del pasado curso escolar. Una vez que a su hija de tres años se le denegó la plaza en los dos colegios concertados con línea de castellano existentes en la localidad y se le adjudicó uno público únicamente con enseñanza en valenciano, Jorge presentó una alegación en el centro escogido, y posteriormente otra ante la Dirección Territorial de Educación. Tras una reunión infructuosa con el inspector de educación de la zona, Jorge matriculó a su hija en el centro público que le habían adjudicado, bajo la promesa de que una vez que la directora territorial tomara su decisión, el expediente de su hija sería trasladado al centro concertado de su elección.

Semanas después y dado que Jorge no recibía respuesta alguna de la Dirección de Educación, interpuso un recurso de alzada e intentó localizar a la directora de educación, sin éxito. El pasado 8 de septiembre la niña tuvo que comenzar las clases en el colegio que le habían adjudicado y un día después Jorge recibió la respuesta de la directora de Educación, que afirmaba que dado que había matriculado a la niña en el centro público, ya no podía trasladarse al concertado (contradiciendo por lo tanto la afirmación del inspector).

La Generalitat exigirá un nivel medio-alto de catalán a los nuevos profesores universitarios
Cataluña contempla como excepciones a los docentes actuales, los eméritos, los visitantes y los honorarios
www.lavozlibre.com 9 Febrero 2010

Barcelona.- Las universidades catalanas, tanto públicas como privadas, han dado su aprobación al borrador del decreto sobre la acreditación del conocimiento lingüístico del profesorado. Este establece que los nuevos profesores deberán acreditar el nivel C de catalán para poder acceder a un puesto estable. La norma será aplicable también en algunos casos para aquellos contratos temporales que excedan el plazo de dos años. El nivel C de catalán es medio-alto y equivale a entender, hablar y escribir con soltura en dicho idioma.

Quedarán exentos los actuales profesores que obtuvieron su plaza a través de concursos de selección, aquellos que ya estén convocados a la entrada en vigor del decreto y los profesores eméritos, los visitantes y los que desarrollen una actividad académica honoraria.

Las universidades contarán con un margen de maniobra para que puedan establecer algunas excepciones. El borrador establece que los centros podrán “eximir al profesorado en función de la temporalidad o de las características específicas de sus tareas vinculadas a la investigación o a la docencia en terceras lenguas, siempre que se acredite el conocimiento suficiente de estas lenguas”. Asimismo, y siempre que lo justifiquen, las universidades podrán requerir al profesorado permanente que acredite el nivel C con posterioridad a los procesos de acceso y selección con el objetivo de “potenciar y favorecer la captación de talento”.

La Generalitat quiere tener aprobada la norma en dos o tres meses. Una vez aprobada, las universidades contarán con un plazo extra de seis meses para elaborar una normativa interna que regule dichas excepciones.

Si bien no es la primera vez que el Departamento de Universidades de la Generalitat hace una propuesta similar, sí es novedoso que esta exigencia se haga visible a través de un borrador de decreto. En junio de 2008, el Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC), llegó a un acuerdo sobre la conveniencia de exigir un nivel C de catalán a los profesores universitarios, pero el asunto no pasó de ahí.

Según la Generalitat, tanto el Estatuto como la Ley de Política Lingüística y la Ley de Universidades de Cataluña suponen la base legal del decreto. Esta última determina que los profesores universitarios tienen la obligación “de conocer suficientemente las dos lenguas oficiales”. A su vez, la Ley de Política Lingüística determina que el estudiante “tiene derecho a expresarse en la lengua oficial que prefiera”.

Diversos profesores de fuera de Cataluña creen que debería haber más flexibilidad para aplicar el decreto en ciernes. “La obligatoriedad puede tener sentido en la enseñanza obligatoria para socializarse en el medio en que está el alumno, pero en absoluto en la universidad, donde lo importante es la internacionalización y el intercambio de docentes e investigadores”, manifestó Antonio Bolívar, profesor de la Universidad de Granada.

Para Rafael Feito, académico de la Complutense de Madrid, la norma “debería ser más flexible y pedir siempre el requisito después de obtener la plaza para no privar de que entren los mejores”. Finalmente Juan Manuel Escudero, profesor de la Universidad de Murcia, declara que no duda de que la norma tenga “apoyatura legal”, pero declara que “sería razonable que no haya una exigencia previa para que las cosas se hagan con naturalidad”.
 

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