AGLI

Recortes de Prensa   Miércoles 10 Marzo  2010

 

La España menguante
Editorial ABC 10 Marzo 2010

HA transcurrido la mitad de esta segunda legislatura de Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno y el balance de la situación, sin catastrofismo alguno, pone a España ante un futuro de decadencia en los principales capítulos que definen a una sociedad moderna. La crisis española no es sólo económica, y aun siendo ésta muy grave, hay otras mucho más estructurales y dañinas. Ahora bien, nada está sucediendo por azar: junto con los factores cíclicos que afectan a toda nación, España sufre las consecuencias de unas concretas decisiones políticas tomadas por el PSOE, antes incluso de recuperar el poder en 2004, para alimentar una estrategia de revisión histórica revanchista. Tras la ominosa derrota de 2000, el PSOE se conjuró para evitar nuevas victorias de la derecha y no dudó, desde el pacto del Tinell, en 2003, en desvincularse de los valores de la Transición, que consideraba un pacto claudicante ante la derecha, y en instaurar un discurso que trataba al Partido Popular como un enemigo y no como un adversario. La división de la sociedad española en posiciones irreductibles era el escenario deseado por el socialismo para recabar la adhesión de la extrema izquierda y de los nacionalismos radicales. Éste ha sido el fundamento de las victorias electorales del PSOE en 2004 y 2008.

Nada ha quedado a salvo de este movimiento destructivo de los lazos de convivencia. Si el citado pacto del Tinell sentó las bases de una dinámica frentista, su primera formulación legal, el Estatuto de Cataluña, solemnizó la ruptura del Estado unitario y autonómico pactado en la Constitución de 1978. Y esa misma mano disolvente se aplicó a los fundamentos del sistema y la nación. No hay precedentes de una inestabilidad como la que aflige al Tribunal Constitucional, o de un malestar como el que refleja un Poder Judicial politizado y acosado. El sistema educativo se ha deslizado por el camino de la mediocridad, cercenando las expectativas de progreso de cientos de miles de jóvenes, privados de cualificación para el futuro. La proyección exterior de España consiste en el vagabundeo de una diplomacia errática, oscilante entre el abrazo a dictadores -pagado con desprecios- y el abandono de nuestros aliados y vecinos. La presidencia española en Europa se califica por sí sola. Tampoco se ha privado el Gobierno de practicar un intervencionismo moral agresivo contra la sociedad, con leyes como el matrimonio homosexual o el aborto libre. Y, por supuesto, se ha aplicado con ahínco a la tarea de remover la dolorosa historia reciente de esta España menguante.

El país de los tontos
Pedro G. Cuartango El Mundo 10 Marzo 2010

Cada día que amanece crece el número de tontos, dice el proverbio. A juzgar por su comparecencia en TVE, Zapatero piensa que todos los españoles somos tontos.

El presidente del Gobierno batió todos los récords imaginables de obviedades, banalidades y tópicos, de suerte que me pareció que se estaba riendo de todos los ciudadanos. Lo que dijo en ese programa convierte en un genio a aquel inolvidable Mister Chance, protagonizado por Peter Sellers. O Zapatero se ha vuelto tonto o nos considera tontos a todos los demás.

Como prueba de la gran diligencia del Gobierno a la hora de afrontar la crisis, Zapatero afirmó que el Ejecutivo ha tomado 137 medidas. ¿Por qué no 237 o 2.337? Muy incapaz tiene que ser este Gobierno para que tantas iniciativas hayan producido tan nefasto resultado. Alemania y Francia han tomado muchas menos medidas y están bastante mejor.

El presidente –maestro del lenguaje de cartón piedra– dijo que «el proceso de paz» hizo mucho daño a ETA. ¿No será lo contrario? Lo que ha hecho daño a la banda terrorista son las detenciones policiales tras el giro en la política del Gobierno, que en esto sí ha acertado.

Zapatero dijo también que es «su obligación y su responsabilidad» defender a Garzón, un juez con tres causas abiertas en el Supremo y que ha dado el alto ejemplo moral al pedir dinero a un banquero. ¿Se imaginan a Obama defendiendo a un tipo así?

El colmo del cinismo llegó cuando subrayó que hay que dejar actuar a la Justicia en el 'caso Faisán'. Debería ser el Gobierno quien no durmiera hasta detener a los responsables policiales del chivatazo a ETA, que han cometido un delito de colaboración con banda armada.

Justo cuando Zapatero hablaba de este asunto, nuestro periódico publicaba que Víctor García Hidalgo, ex director general de la Policía y principal sospechoso del aviso a ETA, era recompensado con un cargo en Caja Vital. ¿Acaso no se llama a eso comprar el silencio, lo mismo que hacía Rafael Vera con los fondos reservados?

Llegados a este punto, Zapatero podía haber reconocido que algo está haciendo mal el Gobierno. Pero no. Según el presidente, está «contento» con sus colaboradores y no piensa hacer ningún cambio. A lo mejor asciende a vicepresidente a Moratinos por su arrojo frente a Hugo Chávez.

Para demostrar que el Ejecutivo sigue mandando, De la Vega ha pedido al juez Velasco que revise el auto en el que vincula a ETA con las FARC en una clamorosa injerencia sobre el poder judicial, insólita en una democracia y contraria a la ley.

El presidente se ha convertido en la Reina de corazones del país de las maravillas donde las cosas están al revés. Habría que releer el libro del clérigo británico para entender el discurso de un Gobierno que todo lo que dice debe ser interpretado al contrario de su sentido literal.

Zapatero se cree que gobierna el país de los tontos. Lo peor es que tal vez y sin que sirva de precedente puede tener razón.

Pedazos de nada
IGNACIO CAMACHO ABC 10 Marzo 2010

NO tiene nada nuevo que decir, pero habla y habla hasta envolver la nada en una nube de palabras vacías; es el ruido del discurso lo que le interesa, la apariencia de unas respuestas que ya no tiene. Pura logomaquia ambigua, imprecisa, hueca, envuelta en el celofán cortés de una expresión preocupada. Hablar por hablar, ante la cámara parlamentaria o ante la televisiva, como la noche del lunes, en TVE: cháchara antigua en un decorado nuevo. De diseño, faltaría más; no conoce otra clave que la puesta en escena.

Cuando Zapatero habla de un problema, de la índole que sea -el terrorismo, la crisis, las relaciones internacionales, una reivindicación sectorial- sigue invariablemente un guión trivial que conduce a ninguna parte. El problema le preocupa, le preocupa seria y profundamente, la causa gran consternación y le provoca honda solidaridad con los ciudadanos que lo sufren. Gesto compungido, ademán cercano, mirada líquida. Y no sólo le preocupa, sino que está, junto con su Gobierno, trabajando en él. Un trabajo intenso, perseverante, responsable, comprometido. Pero, pese a esa preocupación y ese esfuerzo, a esa inquietud y a ese empeño, se trata de un problema que no depende sólo de él; hay factores externos, la situación mundial, la herencia anterior, la intransigencia de otros, la oposición que no arrima el hombro. Necesita comprensión y ayuda, tiempo y paciencia, entiéndanlo, es una cuestión tan compleja. Pero se resolverá, sin duda, porque éste es un gran país que siempre, gracias al trabajo de todos, acaba solucionando sus desafíos y saliendo adelante, etcétera.

Desde que es presidente no ha resuelto un problema. Los ha esquivado, ignorado, eludido o aparcado, salvo los que se empeña en crear él mismo con sus proyectos de ingeniería social y política, que son su única prioridad, su exclusivo desvelo. El resto es finta táctica, oportunismo pragmático. Ha convertido la gobernanza en un ejercicio de marketing y la responsabilidad en un simulacro gestual, al que últimamente añade la parodia de una autocrítica. Pepa Bueno, periodista mucho más que buena, le desnudó la labia preguntando sin anestesia y en picado sobre las realidades inoportunas y necesarias, pero sólo encontró quiasmos, circunloquios, evasivas, oxímorons, tautologías: una elocuencia estéril, un pico brillante y hueco. Y vuelta a empezar.

Lo decía cierto alcalde minero leonés: ni una mala palabra, ni una buena acción. Exageraba esto último; la acción es un concepto ausente del zapaterismo, porque implica profundidad, coraje y compromiso. La política del presidente es escenografía propagandística, superficialidad simbólica y facundia retórica. Puro frasismo: una frase mejor que una idea, una ocurrencia mejor que una solución. Algo sucede, sin embargo, cuando ni derramando cascadas de frases articula respuestas capaces de poblar el vacío de las preguntas.

Diálogos sin escoltas
Editorial www.gaceta.es 10 Marzo 2010

De entre los numerosos despropósitos del Gobierno Zapatero destaca la negociación que mantuvo con los terroristas de ETA, de la que todavía se desconocen todos los detalles, pero que por lo investigado en el caso Faisán se puede intuir que oscila entre la chapuza y la alta traición. Pareciera que el PSOE se siente incapaz de tratar a los terroristas como merecen, con la fuerza moral, legal y policial que debe exhibir un Estado de Derecho frente a una pandilla de asesinos. Al contrario, se diría que la losa de los GAL se ha transformado en un freudiano sentimiento de culpa, que obliga a los de Ferraz a dirigirse a los terroristas en condiciones de igualdad, y muy dispuestos a negociar la paz a cualquier precio.

Algunos pretenden lavar su historia más negra en el blanco sudario de las víctimas. Ayer mismo, en el Senado, el presidente del Gobierno volvió a acusar al PP de no mostrar un apoyo incondicional a la política antiterrorista del Gobierno, y todo apunta a que al ver su proyecto y su imagen deshechos en la pavorosa realidad económica y social haya rescatado su proyecto más mesiánico, el de convertirse de nuevo en el hombre de la paz frente a los terroristas de ETA.

Cada día son más los indicios que señalan que los contactos entre el zapaterismo y la banda se están retomando. Dentro de estas coordenadas se engloba la noticia que ofrece hoy LA GACETA sobre la retirada de escoltas en el País Vasco, que nadie creerá que se fundamenta en el ahorro de dinero público. Es evidente que para desarrollar políticas de austeridad hay muchos gastos que recortar antes que suprimir esta eficaz medida de seguridad. Durante años, centenares de cargos públicos se han habituado a vivir con una sombra armada en los talones, con todo lo desagradable que eso tiene, pero es que la amenaza permanente de ETA lo exige. Muchos de los protegidos no son políticos profesionales, sino personas de a pie –administrativos, médicos, comerciantes– gente que lleva protección porque compagina su labor profesional con el sillón de concejal. Incluso se ha dado el caso en el que unos escoltas tenían que proteger a un vigilante de seguridad, valeroso edil en un pequeño pueblo, o a un controlador de parquímetros que hacía su ronda con dos tipos cubriéndole la espalda. Todos estos objetivos potenciales de ETA quedarán a merced de los asesinos cuando se les retire la escolta, y es lógico pensar que el Ministerio del Interior y el Gobierno vasco no suprimirían la protección sin poder garantizar la seguridad de estas personas.

Sin embargo, sorprende la terrible amnesia de un Ejecutivo tan obsesionado con la Memoria Histórica. No se ha recordado lo suficiente aquel discurso de Zapatero, optimista hasta lo pueril, en la víspera del gran atentado de Barajas, que causó dos muertos y se llevó por delante un edificio entero, probablemente una de las acciones más poderosas de la historia de ETA. Todavía nadie ha asumido la responsabilidad de aquel desastre. Incluso aceptando que las conversaciones que se llevaban a cabo mientras los etarras cargaban la furgoneta estuviesen alimentadas de auténtica buena fe, (cosa más que dudosa a la vista del Faisán), alguien tendría que haberse marchado a casa, por puro bochorno. No pasó nada. Los únicos que pagaron los errores fueron los inmigrantes que quedaron sepultados en el aparcamiento de la T-4. Quizá por esto, porque la irresponsabilidad les salió gratis, se animan ahora a revivir el despropósito de la negociación.

ETA
Las apariencias engañan
Francisco José Alcaraz Libertad Digital  10 Marzo 2010

En más de una ocasión hemos podido visualizar videos de personas secuestradas por organizaciones terroristas y en muchos de ellos los secuestrados expresan mensajes que van contra sus propias convicciones e incluso llegan a defender las causas de los secuestradores. Naturalmente, estos mensajes son el efecto que sobre la persona generan el secuestro y las torturas padecidas; por pura supervivencia los secuestrados dicen, ante una cámara de vídeo, lo que no piensan ni sienten. Utilizo este símil para explicar el supuesto cambio que el brazo político de ETA quiere transmitir a la sociedad española.

La reforma y aplicación de la Ley de Partidos supuso el arrinconamiento del brazo político de ETA; con la llegada del Sr. Rodríguez Zapatero a la Moncloa, esta aplicación se pervirtió hasta unos límites impensables, tanto es así que dicho brazo político consiguió instalarse nuevamente en las instituciones a través de la formación de las listas blancas y contaminadas de ANV y del PCTV. Después de la primera fase del proceso de negociación con los terroristas y las evidentes cesiones hechas por el Gobierno a ETA, la continuidad de ésta como tal en las próximas elecciones se le complica en cierta medida. Por lo tanto, para permanecer en las instituciones tienen que mentir y decir lo que no sienten y así burlar la Ley de Partidos. Si una organización política justifica el asesinato, forma parte de ETA y es responsable directa e indirectamente de cientos de crímenes, ¿qué problema tienen en mentir para poder sobrevivir políticamente? ¿Quién se lo impide?

Considerando que el asesinato es el más grave de los pecados –más que la mentira–, y como el brazo político de ETA no tiene reparo en apoyarlo o cometerlo, ¿por qué no asumir un pecado "menor" como lo es la mentira? El brazo político de ETA hará todo lo que esté a su alcance para su supervivencia, eso no debe de sorprendernos. Lo que realmente debe preocuparnos es si por tercera vez el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero permitirá que ETA siga sentada en las instituciones.

Estamos perdiendo un tiempo muy importante y cayendo en la trampa de la Gran Mentira que el entorno etarra, bajo directrices de ETA, está transmitiendo a la sociedad, haciéndonos creer que existen disensiones dentro de él. Es el primer paso para que ETA y su círculo sigan en las instituciones, al entrar en el grupo de los no violentos; esa es la trampa en la que no deberíamos caer. Sin embargo, bajo el paraguas de esa falsa unidad contra la violencia, muchos están mirando hacia otro lado y justificando un cambio que no es lo que parece. Nuestros políticos pretenden justificar así el masivo acercamiento de terroristas, las excarcelaciones, la presencia de ANV en los ayuntamientos, las mentiras respecto al chivatazo a ETA, la ocultación de las actas del proceso de negociación, la vigencia de la resolución parlamentaria para negociar con ETA, la falta de arrepentimiento por la persecución a algunas víctimas del terrorismo, la impunidad de Josu Ternera y su hijo –los negociadores–, las mociones en ayuntamientos a favor de presos de ETA apoyadas por los socialistas, la impunidad de quienes han negociado en nombre del Estado de Derecho y la justicia con ETA... Quisiera estar equivocado, pero esta estrategia de negociación tiene como finalidad presentar ante España una supuesta transformación de una parte de ETA.

Este Gobierno tiene muy bien aprendida la lección de Charles Churchill cuando dijo: "Esforzaos en mantener las apariencias, que el mundo os dará crédito para todo lo demás". Ese crédito que muchos están dando a Zapatero, a veces por intereses personales o colectivos, yo no se lo doy, por lo que le grito alto y claro: ¡En mi nombre, no!
Francisco José Alcaraz Martos es víctima del terrorismo.

PSOE
¿Deben ir a la cárcel los colaboradores del terrorismo?
Pío Moa Libertad Digital 10 Marzo 2010

Tengo la idea de que hay leyes que tipifican como delito la colaboración con banda armada. A este respecto tenemos un Gobierno que, cuando la ETA estaba muy infiltrada y contra las cuerdas, ilegalizadas sus terminales políticas y duramente afectadas sus finanzas, procedió a legalizar dichas terminales, a las que afluyó gran cantidad de dinero público, y a reducir a mínimos la persecución policial. No contento con ello, el Gobierno procuró dar una imagen positiva de los terroristas, les dio proyección internacional, los presentó (y pagó) como víctimas del franquismo, trató de silenciar a las víctimas directas y de desacreditar cualquier oposición a semejante política, llegando al chivatazo directo a la banda. La colaboración se hizo en todo momento a costa del Estado de derecho, contra la ley y la Constitución y contra la unidad de España. La ETA ha disfrutado, desde el momento en que empezó a asesinar, de complicidades vastísimas, desde la oposición antifranquista, parte del clero vasco y, en general, español o del nacionalismo vasco presuntamente moderado (también del catalán) hasta gobiernos como el francés de Giscard d´Estaing, el argelino, el cubano y otros; también del IRA o del terrorismo palestino, y, últimamente, de Chávez. Pero jamás había contado con una complicidad tan enorme y efectiva como la del gobierno de Rodríguez

Aunque la ETA no se conformó con tan enormes ganancias y hoy los dos socios, Gobierno y terroristas, parecen enfrentados, la política de Rodríguez no ha sido rectificada en ningún momento, como asegura un PP cómplice de los cómplices Y aun si hubiera sido rectificada, los daños hechos a la democracia, a la Constitución y a la ley son enormes, probablemente irreparables en mucho tiempo y exigen reparación, no basta con una declaración de buenas intenciones.

Se plantea entonces una cuestión crucial al país: ¿debe hacer la sociedad como si nada hubiera pasado o, por el contrario, restablecer el imperio de la ley, acusar, juzgar y en su caso condenar a los evidentes delincuentes? Porque el problema no se puede plantear en otro terreno. Durante el anterior poder del PSOE, bajo Felipe González, varios altos cargos tuvieron que ir a la cárcel por su extrema corrupción y por terrorismo gubernamental. La experiencia demuestra que el PSOE no extrajo ninguna lección de los hechos (como no la extrajo en los años 30 de su derrota en la insurrección de 1934), sino que salió de la experiencia con ansias de revancha. Así hemos llegado a esta nueva situación, en la que los delitos de los políticos socialistas son mucho más graves y su demagogia más desenfrenada, planteando a la sociedad un dilema decisivo: o los delincuentes pagan sus desmanes o la sociedad sólo puede degradarse hasta extremos de muy difícil salida. En estas circunstancias, cada cual debe medir bien sus responsabilidades, por acción o por omisión.

La lenta agonía del sistema: del Constitucional al Supremo
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 10 Marzo 2010

Cuando ayer leía (diario El País) las declaraciones del ex fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, según las cuales “la extrema derecha ha sometido al Tribunal Supremo”, llegué a la desoladora conclusión de que el sistema político ha entrado en una fase agónica. Porque si tales apreciaciones –y otras más graves—se publican en un periódico de referencia y se pronuncian por un personaje que ha sido alto funcionario del Estado ¿qué nivel de exigencia en contención, responsabilidad y civismo se puede exigir a cualquiera de los españoles que carecen de su cualificación?

No entraré en el motivo de la pugna entre unos y otros –la suerte judicial del magistrado Baltasar Garzón—pero sí en la perversidad de esta batalla de gestos, manifestaciones, descalificaciones y comportamientos arbitrarios que sólo tienen un objetivo: tratar de doblar la voluntad del máximo órgano jurisdiccional, en este caso, la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No es fácil que, por bregados que estén los magistrados de dicha instancia, la presión ambiental deje de afectarles.

La concurrencia de unos y de otros tratando de incidir en el juicio de los juzgadores lleva a la paralización de su acción jurisdiccional, a la aspersión de la sospecha social sobre sus propósitos y, a la postre, a la inoculación en los circuitos sociales de la desconfianza generalizada en las instituciones que, como es sabido, representa el cáncer de los sistemas democráticos.

El Tribunal Constitucional como instancia de garantías constitucionales –dicte ya la sentencia que dicte sobre el Estatuto de Cataluña — está sumido en una crisis de credibilidad prácticamente irreversible. La demora escandalosa en la emisión de la sentencia sobre la norma autonómica no se debe a causas técnicas, sino estrictamente políticas. Las posiciones de los magistrados están claras y son irreductibles de tal manera que la presidenta tiene la obligación de someter el asunto a votación sin más dilación o demora.

Al no hacerlo está atendiendo a cálculos ajenos a la naturaleza de su obligación: no quiere romper un posible empate con su voto de calidad; trata de que la sentencia obtenga un respaldo mayoritario y, en último término, procura que las tesis de la resolución no lesionen al Gobierno. Así, el órgano que garantiza la constitucionalidad de las leyes atiende más a criterios contingentes, de coyuntura, que a aquellos que le impone su propia función. El sistema, por consiguiente, queda resentido.

La raíz del problema
Con el Tribunal Supremo está ocurriendo algo parecido. Se le está ahogando en una polémica, mermando su autonomía, constriñendo el espacio de serenidad en el que debe desarrollar su función jurisdiccional. Así, el sistema –esta vez por la cúspide de la Administración de la Justicia—vuelve a resentirse. Hasta el momento, la pugna entre el Supremo y el Constitucional –sorda, técnica, pero muy dura—planteaba graves disfunciones. Pero el acometimiento de un asunto tan sensible como el examen penal de algunas conductas del magistrado Baltasar Garzón, ha roto las hostilidades hasta la exasperación verbal. Y lo ha hecho de manera recíproca: por parte de aquellos que quieren verle en el banquillo y luego condenado, y por la de los que le quieren librar de ese trance, siendo en esta ocasión estos segundos mucho más hirientes, insistentes y desinhibidos que los primeros.

La raíz del problema –creo que ya insuperable—reside en el modo en el que se reclutan los magistrados de uno y otro Tribunal: por designación del Consejo General del Poder Judicial y por el Parlamento, replicando, en unos casos, la representatividad de las asociaciones judiciales y, en otros, la correlación de fuerzas en el Congreso y en el Senado. Así unos magistrados progresistas deben ser perfectamente previsibles en su progresismo jurídico y judicial e, igualmente, los conservadores deben demostrar que lo son. El Gobierno, los partidos, las asociaciones e incluso los medios de comunicación, toman a estos magistrados nombrados de tal manera por terminales de sus propios intereses, filias y fobias. Y de ahí, este lamentable y agónico espectáculo en el que el respeto a la independencia judicial ha saltado con estruendo por los aires, ante la impotencia del gobierno de los jueces: el CGPJ, cuya forma de constituirse es igualmente banderiza.

Como esta suerte de enfermedad sectaria ha infectado también a otros organismos del sistema jurídico-constitucional, el entramado institucional pierde credibilidad a borbotones y se crea una opinión pública justificadamente escéptica y despegada que observa –entre atónita e indiferente—como un ministro de Exteriores de un régimen autoritario –Venezuela—insulta a un juez con el denuesto público (“mafioso”) y no pasa nada. Y a fuerza de no pasar nunca nada, está pasando de todo y el sistema agoniza y se nos va de entre los dedos de las manos. Como agua en cesta de mimbre.

EL TRIPLE QUE CUANDO ACCEDIÓ A LA ALCALDÍA EN 2003
La corte de Gallardón: el alcalde dispone de 1.525 cargos de confianza
Carlos Sánchez. El Confidencial 10 Marzo 2010

El alcalde de Madrid tiene fama de megalómano. Y los datos que ofreció ayer el Grupo Municipal socialista abundan en esa dirección. Según sus cálculos, Alberto Ruiz-Gallardón dispone en estos momentos de 1.525 cargos de confianza y libre designación. Es decir, prácticamente el triple de los que había en el ayuntamiento de Madrid cuando hace siete años accedió al cargo con mayoría absoluta.

Se trata, según David Lucas, portavoz socialista, de una cifra sin precedentes que se reparte de la siguiente forma. 1.217 están asignados al propio ayuntamiento; otros 95 pertenecen a las distintas empresas municipales y 213 a los diferentes organismos autónomos que consolidan en el presupuesto de la capital.

En términos económicos, esto supone que el gasto en cargos de confianza y libre designación durante el Gobierno Gallardón ha crecido, según los socialistas, un 388,56%, hasta los 31,97 millones de euros. David Lucas dijo a El Confidencial que se trata de “una cifra desproporcionada en unos momentos de austeridad presupuestaria”. Y lo que es todavía peor, no ha servido para aumentar la eficiencia del municipio.

De hecho, según sus cálculos, la actual estructura orgánica ha llevado a que siete altos cargos hagan las mismas funciones que antes hacían únicamente tres directivos. En concreto, donde antes había un concejal de Gobierno, un director de servicios y un jefe de departamento; ahora hay un concejal de Gobierno, un coordinador general, un secretario técnico, un director general, un subdirector general, un jefe de servicio y un jefe de departamento.

Crecen plantillas y se externaliza
Lo curioso, según Lucas, es que al mismo tiempo que crecen las plantillas de cargos de confianza aumenta de forma intensa la externalización de servicios municipales. Hasta el punto de que esta partida ha pasado de 485 millones en 2002 a 1.558 millones en 2010, más del triple.

Cuando llegó Gallardón al Gobierno municipal, según Lucas, el alcalde reclutó a más de 400 funcionarios que trabajaban antes con el alcalde en su etapa de presidente de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, aunque muchos de ellos son funcionarios, la estrategia laboral del ayuntamiento pasa por la consolidación de esas plazas en el propio municipio, donde las retribuciones son mayores. Y este proceso se está haciendo mediante promociones internas, no por el procedimiento de concurso oposición.

“Esto”, sostiene Lucas, “resta posibilidades al resto de funcionarios y dificulta el acceso público a cualquier ciudadano que pretenda presentarse a un concurso”. “¿Cuántos aspirantes a ganar oposiciones ven truncada su aspiración por esta trampa?”, se pregunta.

El capítulo 1 de los presupuestos municipales -gastos de personal- es el segundo de mayor cuantía del ayuntamiento. Según lo presupuestado para este año asciende a 1.473 millones de euros, lo que representa un decrecimiento del 1,14%. Sólo los gastos corrientes -capítulo dos- tienen una dotación presupuestaria mayor, algo más de 2.115 millones de euros.

Como contó recientemente este periódico, la política de gasto de Gallardón está siendo utilizada por el Partido Socialista para atacar al PP, ya que sus argumentos en favor de la austeridad en el gasto público no traspasan el palacio de la Cibeles, sede del equipo de gobierno municipal.

La comida
Alfonso USSÍA La Razón 10 Marzo 2010

En las semanas previas al primer y gran batacazo del Tribunal Constitucional, el que fuera su presidente García Pelayo, visitó y compartió mesa y mantel con Felipe González en La Moncloa. Estaba en juego la independencia de la Justicia. Y la Justicia perdió la partida. Con el voto de calidad, después de producirse un empate a seis entre los magistrados, el Tribunal Constitucional dio por buena la expoliación de las empresas y bienes de Rumasa. Más tarde, avergonzado y superado por las circunstancias, García Pelayo se marchó a Venezuela, donde falleció. Pero su voto de calidad terminó con el prestigio del Alto Tribunal y los españoles nos apercibimos de una realidad pavorosa. La política mandaba en su seno y el compromiso personal voló por encima de la propia Justicia. Eso, los almuerzos, las copas, la camaradería, los chistes en los postres, el gracejo, y el «¡Gracias, Manolo, por tu ayuda!».

Los encuentros institucionales con solomillo de por medio están muy bien, pero hay que ajustar su celebración a la oportunidad. Días atrás, en la sede del Consejo del Poder judicial, su presidente, Carlos Dívar, ofreció un almuerzo al presidente del Gobierno, a la presidenta del Tribunal Constitucional y los presidentes del Congreso y el Senado. Horas después de la interesante y amena comilitona, Zapatero y Bono presionaron a los jueces en beneficio de Garzón. Y esas presiones asustan a la sociedad.

Dívar es un jurista íntegro y los que le conocen aseguran que también es persona de altas bondades y tolerancias. No creo que el presidente del CGPJ admita presiones, por abrumadoras que sean. Nadie puede estar por encima de las leyes, incluidos los jueces. Y nadie puede intentar someter la imparcialidad de los jueces, incluido el presidente del Gobierno. Y menos aún, en presencia de José Bono, el íntimo de Garzón. Fue don Baltasar, a instancias de don José, el que montó el tinglado del lino. Aquello le costó la vida a más de un inocente –el Supremo lo echó por tierra–, y torturó a una política de excepcional honradez, Loyola del Palacio, que se fue de esta vida con anterioridad a la reposición de su honra. José Bono fue el que tuvo la feliz idea de llevarse a Garzón a la política y al PSOE. Se presentó con el número 2 por Madrid y toda suerte de promesas, que Felipe González incumplió. Fue cuando el justo, ponderado y nada rencoroso Garzón se reincorporó a la Audiencia Nacional e inició sus embestidas a su anterior promotor con el GAL. Garzón ha sido un fracasado de la política, cuando es la política el espacio que más le gusta e interesa. Ahora se ha inventado que es víctima del PP y la derecha, cuando los que le han empapelado son jueces de indudable tendencia izquierdista.

Esa comida tendría que haber sido suspendida por inoportuna. Eso, lo de la mujer del César. Dívar no hablará, pero no me cabe la menor duda, conociendo el personal, que Garzón fue el invitado invisible en aquel desajustado almuerzo institucional. Garzón es poderoso, y está moviendo Roma con Santiago para recuperar un prestigio que queda muy lejano, casi en el olvido. Le apoyan los de la ceja, algún torero y los fotógrafos de los burladeros de Las Ventas. Pero también los dueños de la boina del poder. Y Dívar tiene la obligación de manejar su agenda con delicadeza y tino. Con Garzón por medio, meter en el CGPJ a Zapatero y Bono, equivale a abrir las puertas a la coacción y la anormalidad. No mental, sino democrática.

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El caos de la Generalitat
Editorial ABC 10 Marzo 2010

EN democracia, la obligación de los poderes públicos consiste en resolver con eficacia los problemas reales de los ciudadanos. Desde este punto de vista, la Generalitat ha fracasado de forma lamentable ante el temporal desatado en Cataluña: el colapso en el tráfico viario y ferroviario, más de 200.000 abonados sin luz eléctrica y una información escasa y deficiente han creado un ambiente de indignación general. Al margen del carácter excepcional de la nevada y otros fenómenos atmosféricos, la Administración catalana se ha visto desbordada e incapaz de reaccionar por la carencia de protocolos de actuación y de medios suficientes para hacer frente a las demandas de Protección Civil. Esta situación pone de relieve las nefastas consecuencias de una política «autista», cuyo único objetivo es plantear absurdos debates identitarios y repartir cuotas de poder. El tripartito se preocupa de reformar el Estatuto, poner multas a los comerciantes que rotulan en castellano o promover debates sin sentido sobre la Fiesta de los toros. Sin embargo, no ha hecho nada para remediar el caos en Barcelona y en otras muchas localidades salvo recurrir a la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias, a pesar de la manifiesta antipatía de los nacionalistas hacia la presencia de las Fuerzas Armadas en Cataluña.

Es muy lógica la indignación de los ciudadanos atrapados en sus vehículos, en los andenes de ferrocarriles paralizados o en su propio domicilio para atender a sus hijos que no pueden acudir a los colegios, ya que se han suspendido las clases. No es extraño que la clase política catalana sufra una seria crisis de credibilidad, según reflejan la escasa participación en el referéndum estatutario o el evidente desinterés hacia las continuas maniobras partidistas con fines electorales. Echar la culpa a los elementos meteorológicos es una disculpa infantil que nadie acepta a estas alturas. Tampoco bastan las amenazas de sancionar a las empresas responsables del suministro eléctrico, eludiendo así las propias obligaciones. Lo cierto es que el tripartito pierde su tiempo lamentablemente en cuestiones que sólo importan a los políticos y en cambio es incapaz de actuar con un mínimo de eficacia ante las emergencias vividas estos últimos días en Cataluña.

Cataluña abre la vía hacia el referéndum para la autodeterminación
El Parlamento catalán aprueba que podrá convocar referendos sobre competencias de la Generalitat y los ayuntamientos, pero el Estado debeberá autorizarlos
El Parlamento catalán ha aprobado este miércoles la Ley de Consultas Populares por Vía de Referéndum con los votos de los grupos del tripartito, que posibilita la convocatoria de referendos sobre competencias de la Generalitat y los ayuntamientos, aunque para ello se requiera de la autorización del Estado.
EFE ESTRELLA DIGITAL 10 Marzo 2010

BARCELONA

La nueva ley, la primera que regula la convocatoria de referendos que aprueba un Parlamento autonómico, contempla que puedan ser convocados por el gobierno catalán, por dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados, por el 10% de los municipios -95 con un mínimo de 500.000 habitantes-, o también por un 3% de la población catalana, mediante la recogida de firmas.

El texto ha sido aprobado por PSC, ERC e ICV-EUiA y rechazado por la oposición (CiU, PPC y mixto), y permite promover plebiscitos sobre "cuestiones políticas de trascendencia especial para la ciudadanía en el ámbito de las competencias de la Generalitat".

El conseller de Gobernación, Jordi Ausàs, ha destacado que la normativa es "ambiciosa y moderna", supone un fortalecimiento de la democracia porque se dota de un instrumento de participación directa de los ciudadanos, y ha asegurado que ha sido elaborada "con toda la pulcritud" para adaptarse al Estatut y a la Constitución, lo que no impide que permita avanzar "hacia el derecho a decidir".

El diputado relator de la ponencia, Pere Aragonès (ERC), ha subrayado el carácter "innovador" de la ley y ha explicado las enmiendas asumidas por los grupos que recogen el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias sobre dos aspectos secundarios.

Por parte de CiU, Dolors Batalla ha rechazado la ley por considerar que "es incompleta y se autolimita", y ha reiterado que el texto debía incluir otras formas de participación que posibilita el Estatut, como por ejemplo encuestas o consultas no sometidas a referendo que no requieren de la autorización del Estado.

"Desde el punto de vista nacional es la expresión de una renuncia disfrazada de ambición", ha indicado Batalla antes de "cargar" contra ERC, de quien ha dicho que no ha utilizado su fuerza en el Govern para provocar "un mayor avance nacional".

ERC cree que la actitud de CiU es antipatriótica
En representación de ERC, Aragonès ha replicado que la actitud de CiU "es profundamente antipatriótica", y ha insinuado que quizás lo que pretendía al impulsar "un artefacto inviable" desde el punto de vista legal "es que al final no haya referendos porque el Tribunal Constitucional anule la ley para hacerlos".

La diputada del PSC Lídia Santos ha recalcado que se trata de una normativa de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, "no es una ley de independencia -ha precisado-, y puede contribuir a la mejora de la calidad democrática".

Tras señalar que "nunca" han dudado de que la competencia de convocar referendos sea plenamente estatutaria y constitucional, Santos se ha mostrado convencida de que la ley "es homologable" con otras europeas, y ha advertido de que la "obsesión" de CiU por incluir fórmulas distintas "amaga su voluntad de saltarse la Constitución, lo que es muy curioso en un partido que aspira a gobernar, si no fuera porque ya se ve que es puro tacticismo".

La diputada del PPC Maria Àngels Olano ha puntualizado que su partido no cuestiona "el derecho a consultar a los ciudadanos" pero sí "cómo se plantea", ha indicado que "se ha perdido una buena ocasión para hacer una buena ley" y ha lamentado que la iniciativa emane "de la voluntad soberanista" de promover consultas independentistas desde el ámbito no institucional.

Lluís Postigo, de ICV-EUiA, ha subrayado que la ley es "un instrumento de participación directa" y ha reprochado a CiU que quiera regular por cuestiones que no está claro que necesitan de una ley, pero también ha avisado indirectamente a ERC de que no debería generar "falsas expectativas" sobre lo que permite la nueva norma.

Albert Rivera, de Ciutadans, ha considerado que el conseller Ausàs pretende "la cuadratura del círculo", porque defiende que la ley supone un incremento de la democracia pero que también sirve para convocar referendos de autodeterminación, y ha reprochado que el presidente Montilla "sea un chollo para el independentismo".

La ley ha sido aprobada por 70 votos a favor y 62 en contra, y tras la votación, los dirigentes de ERC han expresado su alegría fuera del hemiciclo.

PSOE y BNG exigen a Varela que explique en el Parlamento su mal uso de los topónimos
Ni socialistas ni nacionalistas están dispuestos a pasar por alto el desliz del conselleiro de Cultura, Roberto Varela, quien durante un discurso en Madrid, en la feria de turismo Fitur, habló de Desván de los Monjes y Toro para referirse a Sobrado dos Moxes y Touro
REDACCIÓN | A CORUÑA La Opinión 10 Marzo 2010

La diputada del PSdeG María Quintas exigió ayer a Varela que "exija o asuma" responsabilidades políticas por los dos topónimos que empleó incorrectamente. En el debate de una moción parlamentaria sobre los proyectos del Gobierno autonómico para impulsar el Xacobeo 2010, la diputada socialista reprobó la actuación de Varela, quien atribuyó el lunes su "error" a que su discurso había sido escrito originalmente en gallego y se empleó un traductor informático, por lo que el conselleiro pidió "disculpas" y trasladó su "rectificación". Al respecto, la diputada del BNG Carme Adán dijo "aceptar" las disculpas "personales" de Varela, pero le demandó una explicación "política".

La polémica ya entró en la Cámara en el pleno del pasado 24 de febrero a propósito de una interpelación al conselleiro que, precisamente, motivó el debate de ayer. Entonces, Varela negó haber empleado los mencionados topónimos incorrectamente e incluso acusó a la oposición de que "había que ser estúpido para creer" que había cometido ese error.

Sin embargo, un vídeo colgado el lunes en la Red certificó que el conselleiro sí se refirió a Touro como "Toro" y a Sobrado dos Monxes como "Desván de los Monjes" en el marco de una enumeración de localidades gallegas, durante su intervención en Fitur.

En el debate de la moción -que fue rechazada por el PP gallego-, socialistas y nacionalistas también censuraron la "frivolidad" con la que el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, celebró ayer el Día de la Mujer, en alusión al disfraz de globos que lució en la Praza do Obradoiro. "Son muy dados a banalizar, primero lo hicieron con los estereotipos de lengua y ahora con los de género", lamentó Adán.

Por otra parte, socialistas y nacionalistas -a los que el PSdeG aceptó una enmienda- alertaron de los "malos datos" turísticos que registra la comunidad e instaron a la Xunta a presentar "en un plazo de quince días", para su tramitación parlamentaria, un plan que recoja la programación completa del Xacobeo. Al tiempo, a través de una moción, demandaron al Gobierno gallego que impulse una estrategia de promoción para captar una mayor porción de mercado internacional, marcándose como "objetivos claros" países ya consolidados y otros emergentes. "Que pasa por algo más que por financiar a Vueling", ironizó Carme Adán.

Los diputados populares votaron en contra de la iniciativa que su portavoz en el debate, Ignacio López-Chaves, calificó de "absurdo". "No hicieron nada en una legislatura y ahora, mientras que el Xacobeo avanza, PSdeG y BNG lo torpedean y boicotean", amonestó el parlamentario popular, antes de llamar a la oposición "a unirse" a un proyecto "de país" en el que la Xunta "trabaja sin descanso, según informa Europa Press.

Por último, López-Chaves confió en los "efectos positivos" de la visita del Papa, que también valoró la socialista María Quintas, tras preguntarse "quién eligió" a los integrantes de la delegación gallega que acompañó al presidente, Alberto Núñez Feijóo, a su audiencia en el Vaticano. "¿No debería estar el conselleiro de Cultura?", se preguntó Quintas. La intervención en castellano del diputado Ignacio López-Chaves durante la moción provocó que los parlamentarios del BNG volviesen a sacar unos carteles con el texto de una iniciativa aprobada por unanimidad en la que se defiende que los altos cargos utilicen el gallego. Por su parte, López-Chaves se escudó en la "libertad" para usar cualquiera de los dos idiomas cooficiales que otorga el reglamento de la Cámara.

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