AGLI

Recortes de Prensa   Domingo 14 Marzo  2010

 

Deuda desmesurada
Editorial La Razón 14 Marzo 2010
Los números rojos de las comunidades autónomas ponen en riesgo la estabilidad presupuestaria

Los datos que acaba de publicar el Banco de España sobre la deuda de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos añaden más inquietud a la estabilidad presupuestaria del Estado y colocan a los respectivos gobernantes ante la responsabilidad de acometer sin demora severos planes de ajuste. Los números rojos de las autonomías han crecido durante el último año a la vertiginosa velocidad del 25,8%, lo que no sucedía desde 1995. En números absolutos, la deuda alcanza ya los 86.280 millones de euros, a los que habría que sumar otros 15.416 millones de organismos autónomos no administrativos, entes y empresas dependientes de los gobiernos regionales.

Por comunidades, Cataluña es la que presenta la cifra más alta, 22.605 millones, el doble que Madrid; pero en relación al PIB autonómico, el ranking lo encabeza la Comunidad Valenciana, con una deuda del 14,1%. Así se explica que en lo poco que va de año los gobiernos autonómicos hayan emitido deuda por valor de más de 5.000 millones. Ni que decir tiene que la causa principal de este sombrío panorama radica en la fuerte caída de ingresos provocada por la crisis económica. Pero la situación se ha agravado porque los gestores autonómicos comprometieron en época de bonanza un volumen de gasto muy por encima de sus posibilidades fiscales.

Una parte de este gasto estaba justificada porque asumieron nuevas competencias; sin embargo, la parte del león se la han llevado otros conceptos, como un disparatado aumento en el número de funcionarios y en las subvenciones, que los gobernantes han derramado a manos llenas para alimentar ese clientelismo electoral que les ha permitido mantenerse en el poder. Es verdad que la deuda autonómica representa un pequeño porcentaje, no superior al 2%, del conjunto del déficit del Estado, que en 2009 superó el 11%, por lo que teóricamente no debería causar mayor desasosiego ni inquietar a los mercados financieros. No obstante, lo cierto es que sí preocupa, y mucho, por diferentes motivos.

En primer lugar, por el acelerado crecimiento del déficit, que limita de modo insalvable el margen de maniobra y cercena decisiones de futuro. En segundo lugar, porque los responsables autonómicos parecen no percatarse de la realidad y ninguno de ellos ha presentado una hoja de ruta para reducir drásticamente el gasto. Con el plan del austeridad del Gobierno de Zapatero se podrá estar o no de acuerdo, pero al menos existe en el papel, lo que ni siquiera se puede decir de ningún gobierno regional.

Y en tercer lugar, es alarmante la deuda autonómica porque desvirtúa del debate nacional sobre la necesidad de ajustarse el cinturón: de poco sirve que PP y PSOE se reúnan en comisiones de pactos o se enzarcen en pugilatos parlamentarios sobre qué partidas hay que recortar si luego las comunidades autónomas actúan como si el déficit del Estado y la estabilidad presupuestaria no fueran también de su incumbencia. El ciudadano no está percibiendo en las Administraciones Públicas la austeridad que él padece ya en su vida cotidiana; razón de más para que sean sus gobernantes más cercanos los que den ejemplo.

El econacionalismo lo pagan los ciudadanos
EDITORIAL Libertad Digital 14 Marzo 2010

El temporal de nieve que se ha abatido sobre gran parte de España en esta última semana ha tenido las lógicas consecuencias que trastornan la vida cotidiana de los ciudadanos, pero nada comparable a lo que han debido soportar y continúan sufriendo los residentes de gran parte de la provincia de Gerona.

Algo muy serio debe ocurrir en una región de España cuando sus habitantes se ven privados de suministro eléctrico durante una semana a consecuencia de un fenómeno natural, sin que las autoridades sepan hacer otra cosa que culpar a los proveedores obviando su propia responsabilidad. Y lo que sucede es que esas mismas autoridades tienen como prioridad la realización de un proyecto político de carácter secesionista al que someten cualquier otra consideración, incluido el cumplimiento de su deber como responsables de garantizar que los ciudadanos a los que representan no deban verse en una situación más propia del tercer mundo que de un país avanzado.

Pero la responsabilidad del tripartito catalán va mucho más allá de la dejación de su deber de gobernar garantizando el bien común, porque son precisamente los partidos integrados en ese Gobierno los que han causado, con su sectarismo ideológico, la catástrofe que ahora padece una parte importante de los ciudadanos a los que representan.

Cataluña debe ser uno de los pocos lugares del mundo en que sus dirigentes políticos dedican los mayores esfuerzos a impedir el progreso de sus ciudadanos, especialmente en un tema tan importante para las sociedades modernas como el suministro de electricidad. A las carencias de España en materia de producción energética, consecuencia del radicalismo ecológico de nuestra izquierda y la cobardía política de la derecha, se suma en el caso catalán un grave problema de distribución. Las compañías eléctricas, con Endesa en primer lugar, llevan diez años solicitando los permisos necesarios para conectar la red eléctrica española con la francesa a través de una línea de muy alta tensión, pero el proyecto sigue empantanado ante la oposición de partidos como ICV y ERC actualmente en el Gobierno de esa comunidad autónoma.

Se da la paradoja de que mientras Joan Saura continúa aturdido desde la consejería de Interior sin atinar a decir o hacer algo aprovechable para paliar la catástrofe, su segundo en el departamento, Joan Boada ha sido tradicionalmente uno de los principales impulsores de las manifestaciones en contra de la realización de una infraestructura que hubiera solucionado todos los problemas contra los que ahora deben enfrentarse. El otro socio de Gobierno del presidente José Montilla, Esquerra Republicana, no quiso quedarse atrás en la tarea descivilizadora de la izquierda nacionalista, y también ha dedicado estos años a movilizar a sus cargos electos y los ayuntamientos que gobierna en contra de un proyecto que reclaman insistentemente los empresarios y ciudadanos de la zona noreste catalana.

El sectarismo ideológico y la sumisión de cualquier consideración sensata al proyecto alocado de unos radicales dedicados en cuerpo y alma a la secesión de un territorio tiene siempre un coste, como se viene observando desde que el tripartito llegó al poder de la Generalidad y ahora sufren en sus carnes todos los ciudadanos, entre ellos sus votantes. El desastre social, la negación de derechos básicos y el desprestigio internacional son, como vemos, los principales frutos del tripartito. En manos de los votantes catalanes está la solución. Si no actúan en consecuencia frente a las urnas, en adelante no tendrán derecho a quejarse.

El sistema que nunca existió
«La falta de imaginación y voluntad de la clase política española para abordar en serio los déficits de integración no se remedia con las manipulaciones del esquema de articulación»
J. M. RUIZ SOROA El Correo 14 Marzo 2010

Forzoso es reconocer que lo que pomposamente se denomina 'nuevo sistema' de financiación autonómica es cualquier cosa menos un sistema o modelo. Aunque probablemente nunca lo ha sido. Los hacendistas dicen desde hace tiempo que la financiación autonómica se basa en España, fundamentalmente, en el reparto inicial y contingente de recursos que se efectuó al ir transfiriendo las competencias y los medios anejos a ellas. Es de esa asignación inicial de la que se ha partido en todos los subsiguientes intentos para reordenar el asunto, respetando siempre la regla básica de las burocracias de dar por consolidado lo existente 'ad aeternum', y pelear siempre por la mejora del trozo de tarta propio. Cuando se habla, con un fingido arrobo científico, de esos índices que sustentarían el 'sistema' (como el de población, el de envejecimiento, el de dispersión, el de insularidad y así sucesivamente), se oculta al público que, en realidad, tales índices tienen nombre y apellido detrás. Vamos, que cuando se necesita por razones políticas aumentar los recursos de Ruritania, lo que se hace es introducir una modulación en el índice de población basada en la densidad de zuecos por hectárea partido por el número de vacas, justamente, ¡oh casualidad!, lo que conviene a los ruritanos.

Bueno, pues lo que se ha hecho ahora, aunque con más oscurantismo del acostumbrado, es arrancar de un 'a priori' político: el de que Cataluña debía recibir una financiación superior a la que tenía, colocándola por encima de la media nacional. Lo cual era en sí mismo razonable, si lo tomamos aisladamente, pues la permutación del orden de colocación entre comunidades que se producía hasta ahora a través de la nivelación redistributiva no era equitativa: no era justo que un extremeño gozara de unos recursos públicos de financiación superiores a los de un catalán, cuando éste contribuía más a la generación de esos recursos (principio de ordinalidad). Y una vez establecido que el resultado final tenía que colocar a Cataluña en mejor situación, se han diseñado unas reglas que lo aseguren y que, al tiempo, no provoquen la rebelión abierta de otras comunidades, aunque los resultados que producen sean ahora injustos para otros ciudadanos no catalanes, como los madrileños o valencianos, que, partiendo de una aportación similar a la catalana, reciben mucho menos. Defectuoso antes, defectuoso ahora. Con la agravante de que se institucionaliza y consolida la práctica de financiar gastos corrientes con déficit público.

Insisto sin embargo: es una pérdida de tiempo analizar lo decidido desde los parámetros de la equidad o la racionalidad ideales, porque se trata de una decisión política que, por ello, sólo puede entenderse y valorarse desde los requerimientos y constricciones de la propia política. Lo que hay que preguntarse son dos cosas. ¿Cuál era el problema? y ¿sirve lo que se ha hecho para solucionarlo?

La necesidad de privilegiar a Cataluña (como antes a Euskadi y Navarra) obedece a razones políticas de dos clases: las coyunturales del gobierno de turno, y las de 'longue durée' de intentar asegurar la integridad nacional. El pacto de Aznar en el hotel Majestic en 1996 es un ejemplo perfecto de las coyunturales. En el caso del Partido Socialista, la coyuntura que requería el privilegio es palmaria si llevamos a cabo un experimento mental, el de la no-Cataluña y no-Euskadi: supriman por un momento de España esas dos comunidades y repartan los votos y escaños para el Congreso sólo en el resto de la nación en las últimas elecciones generales de 2008. El cálculo lo ha hecho algún politólogo y su resultado habla por sí mismo: el Partido Popular tendría mayoría absoluta en las cámaras. Ese dato objetivo explica mejor que mil retóricos la posición del Gobierno socialista en torno a la política con Cataluña.

Si vamos a las razones políticas más de fondo, la cuestión se plantearía así: como Estado de inspiración federal, España tiene problemas de integración (la voluntad de mantenerse juntos) y de articulación (el diseño e implementación de la arquitectura federal). Ambos son de naturaleza profundamente diversa; además, los de integración afectan sólo a Cataluña y Euskadi (por el momento), mientras que la articulación afecta a todos. Sin embargo, hemos caído desde hace mucho tiempo (desde el principio, para ser exactos) en la tentación de intentar resolver las deficiencias de integración mediante la manipulación de los esquemas de articulación. Todos los gobiernos han aceptado la premisa implícita de que dándoles más autogobierno (en competencias, en fondos o en procesos de decisión política) a Cataluña o Euskadi, éstas se integrarían por fin en un proyecto superior compartido. La realidad, sin embargo, ha demostrado más bien lo contrario: el independentismo ha crecido en ambas sociedades y sus clases políticas. Lo cual es lógico, pues el sentimiento nacionalista percibe y asimila lo que es una concesión como el pago de una deuda (Montilla 'dixit') o un derecho histórico (Gernika proclama), lo que anula su efecto atractivo. Al final, y sin ganancia para la integración (la añorada 'bundestreue'), a golpe de manipulación de la ingeniería federal, hemos ido dejando al conjunto del Estado con un inequívoco aire chapucero.

Quienes entienden del asunto pronostican que en dos años Cataluña impugnará de nuevo el estatus de financiación alcanzado hoy. Resultará insuficiente para ella, como resulta políticamente insuficiente para el nacionalismo vasco el esquema del Concierto más Cupo, y eso que produce una financiación pública por habitante superior en 60 puntos a la media nacional (mientras que Cataluña no logrará superarla ahora ni en 10 puntos). Lo que demuestra, al final, que la falta de imaginación y voluntad de la clase política española para abordar en serio y por derecho los déficits de integración no se remedia con las manipulaciones del esquema de articulación. Con ésta sólo se consigue comprar tiempo y desarticular un sistema que, si bien se mira, nunca llegó a existir como tal.

Más cerca de la ‘X’ del Faisán
Editorial www.gaceta.es 14 Marzo 2010

Rubalcaba ha tratado de echar tierra encima de un escándalo sin precedentes.

Digámoslo sin paliativos: el caso Faisán representa una de las más truculentas operaciones del Estado llevadas a cabo en el presente régimen constitucional. El hecho, tan insólito como repugnante, de que la misma policía encargada de combatir al terrorismo reciba órdenes de avisar a los terroristas de una próxima operación contra la banda ETA es de todo punto inaceptable: representa un manejo casi con toda probabilidad delictivo de la legalidad y de la lucha contra un terrorismo que ha sesgado la vida de cientos de españoles. La propia gravedad del chivatazo del Faisán puede colegirse de los esfuerzos del Gobierno –singularmente del ministro del Interior, Pérez Rubalcaba– por echar tierra encima de un escándalo sin precedentes, con la complicidad activa de los aliados mediáticos del zapaterismo. Sí, hasta ahora, ni un procedimiento judicial como mínimo extraño, ni la insistencia del grupo popular en sede parlamentaria, han logrado arrojar luz sobre el chivatazo, ha de ser la prensa libre, como LA GACETA en este caso, la que aporte datos sobre el Faisán.

La publicación por parte de LA GACETA de la foto del inspector de policía José María Ballesteros, encargado material de cometer el chivatazo, así como el texto en el que se detallan los pormenores de la felonía, ponen los pelos de punta. “Tiene que ser un madero. No me entra en la cabeza que me haya advertido por teléfono”. Ésta fue la reacción de estupor del colaborador de ETA y dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, tras hablar con el jefe de policía del País Vasco, Enrique Pamiés, usando el teléfono que le había facilitado el aludido Ballesteros. Ni los propios etarras podían creer, por tanto, el extremo al que habían llegado las alcantarillas del Estado en la utilización progubernamental de la lucha contra el terrorismo. Recordemos el papel fundamental del entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, conocido por sus estrechas relaciones con el socialismo vasco. Por cierto, ¿sabrán algo, estas mismas entrañas turbias del Estado, de lo acontecido con el etarra desaparecido y muerto, Jon Anza? El ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, ha de comparecer en sede parlamentaria para ofrecer explicaciones.

Y el mismo Rubalcaba, bajo cuyo mando se consumó la felonía del chivatazo, hombre conocido por su personalísimo dominio y manejo de la inteligencia del Estado, ¿puede alegar algún desconocimiento de cuanto ocurrió en el bar Faisán? ¿Ha dado alguna explicación verosímil al ser interpelado? Habida cuenta de los precedentes de Rubalcaba, de los Gobiernos del GAL a su inmoral comportamiento tras los atentados del 11 de marzo, cabe temerse lo peor: al fin y al cabo, con el chivatazo, el Gobierno buscaba salvar sus relaciones con el PNV en un momento en que Zapatero necesitaba su apoyo para el mal llamado proceso de paz.

El interés, con todo, ahora se centra especialmente en la reacción del narciso de los jueces, Baltasar Garzón, que siente el abandono del Gobierno a propósito de las muy justas causas que tiene abiertas en su contra en el Supremo. Garzón, acusado de ocultar pruebas en un chivatazo que no es sino delito de colaboración con banda armada, ¿se volverá ahora contra el mismo Gobierno que le ha dejado de apoyar con el afán de antes? Lamentablemente, para un caso de la trascendencia del Faisán, un juez tan chapucero y sectario como Garzón era el menos indicado, aunque le mueva todo el rencor del mundo. Pero, con o sin Garzón, con o sin Rubalcaba, hoy estamos más cerca de la x del Faisán

ETA
Una agenda para derrotar a ETA
Ignacio Cosidó Libertad Digital 14 Marzo 2010

Tras los cuatro años perdidos en la anterior legislatura por el atajo de la negociación, ahora tenemos una nueva oportunidad de derrotar a ETA. Para ello no basta, siendo esencial, con la mera presión policial que tantos éxitos ha cosechado en los últimos meses. Es necesaria, a su vez, una agenda política de acciones encaminadas a lograr la derrota definitiva de esta banda terrorista. El Gobierno de Zapatero tiene una nueva oportunidad de culminar esta tarea histórica, pero también una responsabilidad inmensa. Los españoles jamás le perdonaríamos que volviera a equivocarse.

En realidad fue en 1998, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuando la sociedad española decidió que ya era suficiente. Tomamos entonces la determinación colectiva de acabar con estos asesinos. El Gobierno de Aznar supo traducir esa determinación de la sociedad en un programa de acción política que ejecutaron con éxito Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy y Ángel Acebes desde el Ministerio del Interior. La implacable persecución policial de la banda, su expulsión del juego democrático a través de la Ley de Partidos, una eficaz cooperación internacional y el reconocimiento a las victimas, puso a ETA al borde mismo de su desaparición.

Si Zapatero hubiera sostenido esa política, si se hubiera mantenido fiel al Pacto Antiterrorista firmado entonces con el PP, hoy ETA podría ser ya historia. Ahora, tras la sucesión de golpes policiales que están protagonizando las Fuerzas de Seguridad, la impresión es que ese fin puede estar otra vez próximo. La existencia por primera vez en el País Vasco de un Gobierno constitucionalista tiene que servir para acelerar ese fin, acabar con la permisividad con la que los terroristas y sus cómplices han ocupado espacios públicos y evitar que ETA pueda regenerarse reclutando entre las nuevas generaciones.

¿Qué podemos hacer para acelerar ese fin de ETA, más allá de mantener la presión policial y judicial sobre esta banda de asesinos? En mi opinión, la cuestión esencial en este momento es lograr expulsar definitivamente de los ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Nada ha hecho tanto daño a lo terroristas que perder el control social y político que ejercían sobre una parte del territorio a través de su brazo político. Es absolutamente prioritario que Gobierno y Fiscalía adopten todas las medidas necesarias para que ETA no pueda presentar candidatos en las próximas elecciones municipales. Una de las secuelas más negativas de la negociación con ETA en la anterior legislatura fue precisamente que aún tengamos representantes políticos de los terroristas en las instituciones vascas. Nada será más útil para acelerar la derrota de ETA que impedir a los terroristas usar las instituciones democráticas a favor de sus fines criminales. Ésta va a ser la verdadera prueba para que Zapatero demuestre con hechos su determinación de derrotar a los terroristas.

En segundo término, es también crucial reforzar la cooperación internacional. El aislamiento de ETA fuera de nuestras fronteras fue uno de los ejes fundamentales de la política antiterrorista de los Gobiernos de Aznar y uno de los logros que más debilitó a la banda terrorista. Los españoles tenemos una deuda permanente de gratitud con Francia por la espléndida colaboración antiterrorista lograda en las últimas décadas. Ahora estamos desarrollando también una colaboración operativa con Portugal que empieza a dar frutos. Pero es necesario sacar a los terroristas de sus guaridas en regimenes dictatoriales como Cuba o Venezuela que se han convertido en el último refugio de estos asesinos. Resulta decepcionante la reacción del Gobierno español ante las acusaciones de la Audiencia Nacional de connivencia del régimen chavista con ETA. Es imprescindible que el Gobierno de Zapatero, en vez de pedir excusas, exija con la máxima firmeza poner fin a esa tolerancia y apoyo con los asesinos. La derrota de ETA debe ser la primera prioridad de cualquier gobierno democrático y no hay por tanto otro interés que pueda supeditarse a este.

En tercer lugar, es preciso mantener la movilización social y el consenso político contra el terror. La nueva Ley de Victimas que el Gobierno tiene comprometida desde hace años es otro elemento que contribuirá a la derrota de ETA. En ese final sí habrá vencedores y vencidos. Las victimas serán los vencedores y sus verdugos los vencidos. ETA tiene que verse cada vez más repudiada socialmente, más deslegitimada políticamente, más asfixiada. Aprendimos hace mucho tiempo que la lucha contra el terrorismo no es sólo detener terroristas, siendo esto esencial, sino luchar todos y cada uno desde nuestra responsabilidad para vencer al terror. Mantener esa determinación, sin concesión alguna al triunfalismo, es fundamental.
Ignacio Cosidó es diputado del Partido Popular por Palencia.

Estolojodiózapaterosolo.org
Jesús Cacho El Confidencial 14 Marzo 2010

La memoria.
Se cumplió el jueves el sexto aniversario de los atentados terroristas del 11-M en Madrid, una fecha que ha marcado el devenir español como lo hicieran el 18 de julio de 1936 o el 20 de noviembre de 1975, por citar solo dos, trascendentales, en la reciente Historia de España. Casi 200 muertos y cerca de 1.000 heridos como cortejo fúnebre para un cambio de Gobierno que ha resultado ser mucho más: casi un cambio de modelo social propulsado por las iniciativas legislativas de un Ejecutivo que, deliberadamente o no tanto, ha intentado una gran operación de ingeniería social reescribiendo, primero, la reciente historia de España desde al año 1936 para acá [algo que obviaron todos los Gobiernos de la democracia, incluidos los de Felipe González], y remodelando, después, o tratando de hacerlo, el “inconsciente colectivo”, en terminología de Jung, de los españoles, mediante una batería de leyes destinadas a alterar las pautas de conducta moral de los ciudadanos.

Si el intento de cambiar usos y costumbres ha sido drástico, no han sido menores las novedades introducidas, por la puerta falsa de la modificación de los estatutos de autonomía, en la organización territorial del Estado, con el catalán como punto de no retorno, diga lo que quiera en su día el Constitucional. En realidad, los cambios introducidos, o su mero intento, han sido de tal calado que obligan a replantear en toda su crudeza la cuestión fundamental del quid prodest referida a la masacre del 11-M. La sentencia del tribunal que presidió en juez Gómez Bermúdez en ningún modo puede apaciguar las conciencias de aquellos ciudadanos libres poco acostumbrados a comulgar con ruedas de molino. La versión oficial no es creíble, salvo para estómagos acostumbrados a digerir piedras. Ni teorías conspiratorias estilo Orquesta Mondragón, rozando a veces la paranoia, ni soluciones de conveniencia que ni han conseguido identificar a los culpables de la masacre ni, mucho menos, a sus autores intelectuales. Los atentados siguen despidiendo el mismo tufo que exhalaban pocos días después de ocurridos: operación típica de servicios secretos, en cuyo abecedario figura la posterior eliminación física de los autores de la matanza (Leganés) para borrar pistas. ¿Servicios secretos extranjeros con apoyos puntuales internos, o viceversa? La pregunta clave sigue siendo esta: ¿quién marcó la fecha para volar los trenes justo tres días antes de unas elecciones generales?

Lo llamativo, a la par que dramático, de la experiencia vivida estos años bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero es que el país estaba tan cansado de la soberbia de Aznar y tan dolorido por las bombas del 11-M que, tras las generales, estaba clamando como agua de mayo por la llegada de un Gobierno y un presidente dispuesto a cerrar heridas y repartir bálsamo por doquier, porque ese presidente se hubiese hecho con la ciudadanía entera en dos días. Zapatero eligió, sin embargo, la vía de la confrontación mediante el recurso artero de gobernar para quienes le votaron –su propio partido-, abriendo de nuevo en canal la división entre las “dos Españas”. Seis años después de la matanza, lo peor que se puede decir de los españoles es que no hemos sido capaces –Gobierno y sociedad civil- de dar una respuesta cabal al puzzle del 11-M, incapaces de resolver la masacre desde un punto de vista estrictamente criminal, al margen de los componentes políticos involucrados en el suceso. Por distintos motivos, casi todos hemos preferido mirar hacia otro lado y callar. El PSOE, porque la matanza posibilitó la llegada a la Moncloa de su presidente por accidente, de modo que lo mejor era echar tierra al asunto cuanto antes. Y el PP por miedo, terror más bien, a ser tildado de desestabilizador y facha por la imponente armada mediática que arropa al Ejecutivo.

El aniversario
Dos años transcurridos ya desde las generales del 9 de marzo de 2008 que revalidaron a Zapatero como presidente del Gobierno para otros cuatro años. “Por el pleno empleo”, rezaban los carteles electorales del PSOE que llenaron calles y plazas de España en las semanas previas. Hoy, esa misma España soporta una cifra de parados de 4 millones y pico y camina indefectiblemente hacia los cinco. Ejemplo del líder universitario, radical y populista, de los setenta, ZP ha resultado ser el perfecto ignorante en materia económica que todos sabíamos, el gestor peor pertrechado para hacer frente a una brutal crisis económica que, si bien de dimensión global, tenía aquí características típica y perfectamente diferenciadas en la gigantesca burbuja inmobiliaria que venía embalsada al menos desde el 2003. Encantado de haberse conocido, ZP dilapidó la herencia recibida y empleó todos sus esfuerzos en negar la evidencia, primero, decir que se trataba de un problema internacional, después, y echar la culpa al empedrado, siempre.

Cuando no fue posible seguir negando la mayor, el leonés se dedicó a repartir el dinero de todos, convencido de que tirando del gasto público se arreglaba el problema. Zapatero cumple a la perfección el ejemplo de aquel maquinista de Renfe a quien en plena llanura manchega se le para el tren a las tres de la tarde de un tórrido día de verano. El sujeto recorre los vagones pidiendo calma a los viajeros: no hay aire acondicionado, cierto, pero los revisores pasarán enseguida repartiendo abanicos, y agua fresquita, y bocadillos, y aún lectura y hasta música enlatada. El sol abrasa los rastrojos mientras canta la cigarra, pero el maquinista está decidido a que sus parados gocen de toda clase de comodidades. Todo lo supervisa personalmente, de todo se preocupa, menos de ir a la máquina a intentar averiguar dónde está la avería para tratar de repararla lo antes posible. Y parados seguimos en plena Mancha de la crisis. El manual indica que 2008 tenía que haberse aprovechado para acometer el saneamiento del sistema financiero, empezando por las Cajas; 2009, por su parte, tendría que haber sido el año del ajuste o consolidación fiscal, destinado a meter la tijera al gigantesco déficit público que suele generar toda crisis, y el año en curso, en fin, tendría que haberse empleado en abordar toda una serie de reformas estructurales (mercado laboral, entre ellas) y procesos de liberalización.

Como no se hizo el trabajo en 2008 –de hecho sigue pendiente-, el crédito sigue sin llegar a particulares y empresas, a menos que uno esté dispuesto a pagar intereses de hasta el 14%. Como no se abordó el ajuste fiscal en 2009, el reino de España sigue enfrentado a un riesgo cierto de default, lo que en roman paladino antes se llamaba vulgar suspensión de pagos. Y como este año siguen sin acometerse las reformas de fondo, el horizonte español no puede estar marcado más que por el empobrecimiento colectivo y la marginalidad. La decadencia como país.

El culpable
“Aunque nos inculcan que las personalidades no forjan la historia, especialmente si se oponen a la evolución progresista, aquí tenemos, sin embargo, una que durante un cuarto de siglo nos ha retorcido nuestras colas de borrego como ha querido, y nosotros ni siquiera nos hemos atrevido a chillar. Ahora dicen que nadie comprendía nada, ni lo comprendían los rezagados, ni la vanguardia. La vieja guardia era la única que sabía de la monstruosa obra de Koba [alias de Stalin en la Rusia zarista], pero prefirió envenenarse en un rincón, pegarse un tiro en casa, o terminar sus días en tranquila jubilación, con tal de no tener que denunciarlo desde una tribuna”. Este párrafo corresponde al Archipiélago Gulag III, de Solzhenitsyn (Tusquets Editores, 2007) y exhala el desconcierto profundo que, en la retrospectiva de la historia, suele producir en los estudiosos el fenómeno del silencio, ese espeso silencio de los corderos que acompañó a las más sanguinarias dictaduras del desdichado siglo XX. Lo conocimos en España durante la larga etapa de Franco, donde, con excepción del PCE, nadie movió un dedo para acortar el trance y, salvadas todas las distancias, lo estamos viendo ahora en la ausencia de esas voces críticas que, desde la sociedad civil –intelectuales, universidad, empresariado, etc.-, tendrían que haber sido capaces de denunciar el proceso de “reinvención” de la España consagrada en la Constitución del 78, emprendido subrepticiamente por ZP tras su victoria electoral que siguió a los atentados del 11-M.

Como le acaba de ocurrir con el fútbol a cierto prepotente empresario madrileño acostumbrado, en la mejor tradición patria, a hacer negocios a la sombra del Gobierno de turno, también a ZP se le ha venido el andamio abajo a cuenta de una crisis económica que ni supo prever ni sabe contrarrestar, entre otras cosas porque se lo impide su “ideología”. Ahora, un grupo de notables de la órbita socialista ha montado, con dinero de empresarios de derechas, una gran campaña mediática para aligerar la presión sobre Moncloa y hacernos a todos copartícipes del desastre. Estosololoarreglamosentretodos.org, reza el lema de una operación que calla o silencia una verdad que está en el origen del problema: estolojodiózapaterosolo.org, una evidencia que difícilmente va a lograr enmascarar cualquier intento de repartir culpas a diestra y siniestra.

Y la becaria
El caso Garzón, el juez de la Audiencia Nacional acostumbrado a ponerse la Ley por montera, se ha convertido en la más cruda pelea entre poderes, incluido obviamente el judicial, registrada en muchos años, con excepción, quizá, del gemelo caso Sogecable, principio de una traición que abrió las puertas del poder y el dinero al famoso Campeador. En esa pelea, que retrata como pocas la corrupción del Sistema entero, se está dilucidando la capacidad de regeneración de nuestra democracia, si es que alguna le quedara. Al frente de las operaciones mediáticas de defensa del granuja se ha colocado desde el principio el grupo Prisa, que con la precisión leninista que caracteriza a la dirección del antiguo emporio ha obligado a salir a la palestra a todo personaje que coma, duerma o habite en derredor del grupo. Falta por salir a escena el gran Bacigalupo, cuyo magisterio al respecto, la verdad, se empieza a echar en falta.

Pero como le ocurre a los sectarismos de toda clase y condición, la campaña orquestada por las huestes de Cebrián en defensa de Garzón corre el riesgo de traspasar las barreras de lo mafioso para irrumpir directamente en las de lo chusco. El pasado miércoles día 10, la labor de apoyo al galán corrió a cargo de Bonifacio de la Cuadra, uno de los históricos de El País en información de tribunales, con un artículo cuyo último párrafo es una joya argumental de valor imperecedero. Vean: “Ante ésta y otras aberraciones jurídicas, Sara España, una alumna del Máster de Periodismo UAM/EL PAÍS, en un trabajo de opinión sobre Baltasar Garzón y la justicia, en aplicación sencilla de la lógica, considera prevaricadora la resolución del magistrado Varela [ponente de una de las querellas que pesan sobre el juez], por ser ‘un acto que podría tacharse, en el fondo y por apariencia, de injusto'". En la campaña contra un Tribunal Supremo que ha osado, por fin, tocar a Garzón faltaba, pues, la becaria, una alumna del máster de periodismo de El País, como fuente de autoridad. Seguimos, insisto, esperando con ansiedad la lección magistral del enorme Bacigalupo al respecto. No puede defraudar a sus fans.

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LAS CLAVES DEL CASO FAISÁN
El comisario José María Ballesteros fue quien dio el chivatazo a ETA
El Semanal Digital 14 Marzo 2010

El diario "La Gaceta" destapó el rostro del policía -entonces inspector y hoy comisario- que entregó el teléfono al dueño del bar Faisán con el que se avisó de la operación contra ETA.

José María Ballesteros, según publicó este domingo La Gaceta, el diario del Grupo Intereconomía que dirige Carlos Dávila, entregó a Joseba Elósua, dueño del bar Faisán, el móvil con el que su superior, Enrique Pamiés, le alertó de la operación policial que estaba en marcha contra él y el resto del aparato de extorsión de ETA. En esta llamada el jefe superior vasco alertó de que estaba en marcha una inminente operación dirigida por el juez Fernando Grande-Marlaska.

Tras el chivatazo de Pamiés y Ballesteros, los planes de Elosúa cambiaron. El colaborador de ETA abandonó precipitadamente el Faisán ante la sorpresa de los agentes de Policía que vigilaban y esperaban órdenes para iniciar la operación contra él. El dueño del bar cogió su coche acompañado de su yerno, Carmelo Luquin, y arrancó en dirección a Francia ante la mirada impasible de los policías de Marlaska, que luego fueron precisamente los que se encargaron de investigar el soplo.

El inspector que controlaba la baliza del vehículo de Elosúa, situado en un piso en Irún, escuchó asombrado la conversación que el colaborador de la banda terrorista tenía con su yerno. "Tiene que ser un madero. No me entra en la cabeza que me haya advertido por teléfono", le dijo Elosúa. Además de a Pamiés y a Ballesteros, las investigaciones del sumario apuntan al entonces director general de la Policía, Victor García Hidalgo.

Una operación muy sensible
La operación contra el aparato de extorsión era especialmente sensible. La Policía esperaba que Elosúa recibiera el 3 de mayo un impuesto revolucionario de manos del dirigente del PNV Gorka Aguirre. Tras coger el dinero, el dueño del Faisán esperaría a que el colaborador de ETA José María Cau, residente en Francia, cruzara la frontera y recogiera el dinero en el bar. Dentro de la operación, la Policía preveía detener también a Aguirre.

Esto provocaría un terremoto en el PNV en un momento extremadamente delicado. Ese día estaba previsto el encuentro entre el presidente Rodríguez zapatero y el a la sazón líder del PNV, José Jon Imaz, que iba a trasladarle el apoyo de su partido al proceso de paz.

Más cerca de la X
Junto a esta exclusiva, el diaro La Gaceta publica un editorial en el que señala que "el caso Faisán representa una de las más truculentas operaciones del Estado llevadas a cabo en el presente régimen constitucional". Asimismo, subraya que "la propia gravedad del chivatazo puede colegirse de los esfuerzos del Gobierno por echar tierra encima de un escándalo sin precedentes".

El diario de Intereconomía, en relación con la información que publica, señala igualmente que "ni los propios etarras podían creer el extremo al que habían llegado las alcantarillas del Estado en la utilización progubernamental de la lucha contra el terrorismo". Y sentencia que "con o sin Garzón, con o sin Rubalcaba, hoy estamos más cerca de la x del Faisán".

CAMBIOS EN EL DECRETO QUE REGULARÁ EL IDIOMA EN LAS AULAS
La Xunta contará con los padres para fijar el idioma en toda la enseñanza obligatoria
Educación establece que Matemáticas se impartirá en castellano y Ciencias en gallego, pero los progenitores podrán darle la vuelta y, para el resto de las materias, serán consultados a través de los consejos escolares
DANIEL DOMÍNGUEZ | SANTIAGO. La Opinión 14 Marzo 2010

El próximo curso la mitad de las asignaturas se impartirán en gallego y el otro 50% en castellano -ahora este porcentaje se puede superar en el caso del gallego, e inicialmente el Gobierno de Feijóo pretendió un 33% para el gallego, un 33% para castellano y otro tanto para inglés-. Y por primera vez en la historia de la comunidad la opinión de los padres será tenida en cuenta al fijar el idioma de cada materia. ¿Cómo? En Educación Primaria y Educación Secundaria, la Xunta ha decidido que las asignaturas de los números (Matemáticas) se den en castellano y las de Ciencias en gallego, pero cada cuatro años se les consultará a los padres, que podrán tumbar este acuerdo si la mayoría (la mitad más uno) se pone de acuerdo. Éste es uno de los cambios que ha introducido la Consellería de Educación sobre el borrador que presentó a finales de diciembre y que ayer sábado fue esbozado ante los periodistas.

En el resto de materias y respetando siempre el equilibrio entre gallego y castellano, cada centro determinará en qué idioma se impartirán, a través de sus consejos escolares, donde un tercio de sus representantes son elegidos por los padres.

A partir del próximo curso, en Primaria se impartirá Matemáticas en castellano y Ciencias en gallego. En Secundaria, el castellano es la elegida para Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza y Biología e Geología, mientras que en gallego se impartirán Matemáticas, Tecnoloxía y Física e Química.

En el próximo curso, a través de la consulta a los padres podrán invertirse estos dos bloques. En el proyecto inicial del Gobierno de Feijóo, eran los padres los que fijaban inicialmente el idioma de las asignaturas troncales, y la Xunta se abstenía de pronunciarse.

Ahora Educación realiza una propuesta que puede ser modificada por los padres, aunque confía que no se cambiará. Esta argucia permite la participación de los progenitores y debe garantizar al tiempo la legalidad del decreto. El objetivo es que la consulta no aparezca como vinculante en la norma y la Administración no abdique de su competencia de legislar en materia educativa. La Real Academia Galega (RAG) ya advirtió de que el texto podía ser recurrido en este punto.

Con respecto al curso actual, la diferencia será Matemáticas, que ahora se imparte en gallego en Primaria y en Secundaria. El decreto del bipartito que ahora se pretende anular obligaba a dar en gallego tres materias en Primaria y cinco en Secundaria, y el resto de materias impartidas en gallego las decidían los centros hasta completar el 50% mínimo exigido.

En Educación Infantil se mantiene la propuesta inicial. La consulta a los padres sobre la lengua "materna" de sus hijos dirá cuál es la lengua "predominante" en el aula y en la que se impartirán las clases. Con el bipartito era el centro el que determina cuál es esa lengua mayoritaria. La consulta se realizará también cada cuatro años.

El conselleiro de Educación, Jesús Vázquez Abad, y el secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, adelantaron ayer las líneas maestras del borrador de la normativa, si bien no facilitaron el documento completo, que mañana remitirán a la Mesa Sectorial de Educación.

Tampoco concretaron cómo se va hacer la consulta de los padres, que se regulará en una orden posterior a la aprobación del decreto, y cuándo se realizará, si bien Vázquez aseguró que sería antes del inicio del curso.

La Xunta presentó la nueva propuesta tras escuchar las alegaciones al texto redactado hace dos meses y medio, que generó numerosas quejas, entre otros organismos, de la propia Real Academia Galega (RAG).

Una de las novedades radica en la lengua extranjera que tanto propugnó Feijóo. Educación establece la obligatoriedad del 50 por ciento de gallego y el 50% de castellano, pero permite a los centros impartir un tercio de las materias en otra lengua, el inglés con toda probabilidad. De esta forma, las lenguas cooficiales ya no tienen el mismo trato que las extranjeras, aspecto criticado duramente por la RAG y otros colectivos.

Durante estos dos meses y medio otro aspecto ha sido matizado. Los alumnos podrán hablar en las aulas y escribir los exámenes en la lengua que quieran, excepto en las materias de Lengua Gallega y Lengua Castellana, aunque se introduce la recomendación "pedagógica" de utilizar el idioma fijado para cada asignatura.

"Éste va a ser el decreto del equilibrio, el plurilingüismo y la libertad". De esta forma presentó el borrador que dará carpetazo al decreto del bipartito el conselleiro de Educación. Jesús Vázquez vinculó el cambio en el modelo educativo con el resultado electoral. "Hubo un Gobierno que tomó unas medidas y se equivocó y así perdió las elecciones", declaró.

Acompañado por Anxo Lorenzo, Vázquez sostuvo que el anteproyecto cuenta "con el respaldo y felicitaciones generalizados de la sociedad", pese a las críticas de la Real Academia Galega, el Consello da Cultura Galega o de la Plataforma Queremos Galego recibidas después de la presentación de las bases del decreto.

Pese a que restan cinco meses para el inicio de curso, descontando el mes inhábil de agosto, Educación no tiene concretado cómo se realizará la consulta a los padres. Pese a ello, descarta problemas para los editores de los libros de texto. Lo que sí tiene claro es el cambio que supone. "Pasamos de un decreto que abría las puertas al monolingüismo a un modelo plurilingüe", apuntó Vázquez.

El proceso para aprobar el decreto pasa ahora por la Mesa Sectorial, a la que mañana enviarán el texto. Después se pronunciarán el Consello Escolar y el Consello Consultivo.

Una de las consecuencias que podría tener el nuevo modelo es el caos organizativo en los colegios, con el proceso de consulta, cuyo modelo y fecha está por concretar. Además, podría abrir la puerta a conflictos internos en los centros, pues el consejo escolar tendrá la capacidad para determinar el reparto de horas en cada idioma. Ahí tendrán voz padres que podrían tener opuestos puntos de vista. Al mismo tiempo, algunos padres podrían tener la tentación de solicitar el traslado de sus hijos si esa distribución no se ajusta a sus deseos.

Los padres decidirán el idioma predominante en Educación infantil
En primaria, Conocimiento del Medio se impartirá en Gallego y las Matemáticas en Castellano
Efewww.lavozlibre.com 14 Marzo 2010

Galicia.- El consejero de Educación, Xesús Vázquez, ha presentado el proyecto de Decreto de plurilingüismo en la enseñanza no universitaria en Galicia, que pretende "garantizar el equilibrio de las dos lenguas oficiales e introducir una tercera, superando la actual visión monolingüe de la enseñanza".

Vázquez, acompañado por el secretario general de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, señaló en conferencia de prensa que el Ejecutivo cumplió con el compromiso de presentar las bases del Decreto antes de concluir el 2009 (se presentó el 30 de diciembre) y de que entre en vigor para el curso 2010-2011.

Para el consejero, el texto presentado garantiza el derecho a la libertad de expresión de los alumnos, la participación de los padres y la competencia lingüística de los estudiantes en las dos lenguas oficiales.

El proyecto, que deberá ahora ser trasladado a la Mesa Sectorial, al Consejo Escolar y, finalmente, al Consejo Consultivo, recoge que en la educación infantil se usará “la lengua predominante del alumnado”, que se establecerá “de acuerdo con la opinión mayoritaria” expresada en una consulta a los padres al inicio de los cursos.

Sin embargo en Educación Primaria, se impartirá en gallego la asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, y en castellano las Matemáticas. Se establecen así dos bloques de asignaturas que, en principio, se impartirán en gallego las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza y Biología y Geología y, en castellano, las Matemáticas, Tecnología y Física y Química.

En cuanto al bachillerato y formación profesional específica, enseñanzas artísticas y deportivas, cada centro establecerá cada cuatro años una “oferta equilibrada”.

El decreto cuenta con un capítulo dedicado exclusivamente a las lenguas extranjeras, de forma que los centros puedan llegar a impartir un tercio de su horario lectivo semanal en estas lenguas.

Los alumnos se podrán expresar en la lengua que consideren más conveniente, aunque se realizará una orientación pedagógica en el sentido de que se use la que corresponde con la materia.

Vázquez resaltó en su comparecencia que el “argumento inicial” de equilibrio en el tratamiento de las dos lenguas oficiales queda “fijado claramente” en el texto, “con el respaldo y las felicitaciones generalizadas de la sociedad gallega”.

El consejero ha querido dejar claro que “este va a ser el Decreto del equilibrio, del plurilingüismo y de la libertad”. Asegura que se respetan los derechos y deberes constitucionales, en una posición consecuente con la Ley de Normalización, con la promoción de la lengua gallega, con la postura del PP desde la oposición cuando se aprobó el Decreto anterior y “con el programa electoral más votado por los ciudadanos en las últimas elecciones”.

En opinión del responsable de Educación, el nuevo Decreto responde a una demanda social expresada por los ciudadanos que “rechazaron en las urnas el Decreto aún en vigor” y a “un programa electoral avalado por la mayoría de los ciudadanos”.

De este modo, el responsable de Educación ha querido concluir: “Pasamos de un decreto que abría las puertas al monolingüismo a un modelo plurilingüe; pasamos de un decreto en el que se imponía a los estudiantes de un modo inflexible la lengua en que se tenían que expresar a un modelo en que los estudiantes dominarán las dos lenguas oficiales y tendrán la libertad de expresarse en una u otra”.

PERO SIGUE SIN "CUMPLIR LO PROMETIDO"
Gloria Lago dice que el nuevo decreto de Feijóo "pinta bastante mejor"
Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe, ha considerado que el nuevo decreto lingüístico de Feijóo avanza por fin en la dirección correcta. No obstante, asegura que todavía no alcanza los compromisos asumidos por el presidente de la Xunta en la carrera electoral.
LIBERTAD DIGITAL 14 Marzo 2010

Lago dice que el decreto emitido el sábado por la Xunta, destinado a sustituir el 124/2007 que traicionaba las promesas hechas por Feijóo antes de obtener su triunfo en las autonómicas, y en las que priorizaba la educación de los alumnos por encima de la imposición del gallego en las aulas.

El decreto nuevo avanza, por fin, en la dirección adecuada, aunque sigue sin alcanzar, según el comunicado de Galicia Bilingüe, el mínimo exigible tras los compromisos asumidos por Feijóo. De momento, el texto no asegura la aplicación de la libertad de elección en la lengua vehicular en la enseñanza, tal y como ocurre en todas las democracias con dos o más lenguas oficiales, y centro de las exigencias de Galicia Bilingüe.

Su presidenta consideró “especialmente importante” la decisión de que en Primaria y ESO los padres o los alumnos puedan intercambiar la lenga de los bloques de asignaturas designados por la Xunta para gallego o castellano. No obstante, la organización presidida por Lago dice que aún no conoce la propuesta en profundidad y que puede esconder matices a aclarar. Uno de ellos, el sistema para solicitar la opinión a las familias, o si se podrá aplicar en el próximo curso.

El comunicado de Galicia Bilingüe sostiene que la libertad de elección seguirá, entonces y de todas formas, sin lograrse, debido a que ni siquiera en la totalidad de las asignaturas troncales se establece la libertad de elección , pues no existirá ni para todas las asignaturas, ni siquiera para todas las troncales. Tampoco para aquel alumno cuya opción no triunfe en la votación que articule la Administración.

Según el comunicado, aún sigue sin conocerse si los estudiantes podrán utilizar los libros de texto y el material didáctico en el idioma de su elección, cuestión que Gloria Lago cree que “si permitiera el presidente Feijoo resultaría un gran alivio para muchísimas familias, especialmente para los casos de los alumnos cuya opción lingüística no triunfe en la votación”.

La opinión mayoritaria decidirá cuánto se estudia en gallego y cuánto en castellano
Los padres gallegos votarán antes de cada curso en qué idioma estudiarán sus hijos
 La Razón 14 Marzo 2010

La Xunta de Galicia dio ayer las primeras pistas de cómo será el modelo de pluriligüismo que quiere aplicar el presidente Alberto Núñez Feijoo. Lo más novedoso una especie de "elecciones" democráticas antes de empezar cada curso, en caso de Primaria, y cada cuatro años, para el tramo de Secundaria, que determinará si se concede mayor importancia al gallego o al castellano.

El conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, presentó este sábado el proyecto de Decreto de plurilingüismo en la enseñanza no universitaria, que pretende garantizar el equilibrio de las dos lenguas oficiales e introducir una tercera, "superando la actual visión monolingüe de la enseñanza".

Para el conselleiro, el texto presentado hoy garantiza el derecho a la libertad de expresión de los alumnos, la participación de los padres y la competencia lingüística de los estudiantes en las dos lenguas oficiales.

En el proyecto se recoge que en la educación infantil se usará "la lengua predominante del alumnado", que se establecerá "de acuerdo con la opinión mayoritaria" expresada en una consulta a los padres al inicio de los cursos sobre la lengua materna de los pequeños.

Además, en Educación Primaria, se impartirá en gallego la asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, y en castellano las Matemáticas.

Se establecen asimismo dos bloques de asignaturas que, en principio, se impartirán en gallego, las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza y Biología y Geología y, en castellano, las Matemáticas, Tecnología y Física y Química.

En estos niveles, la mitad más uno de los padres podrán determinar el idioma de cada bloque y cada centro educativo decidirá en qué lengua impartirá el resto de las materias, garantizando que tengan el mismo porcentaje de horas a la semana.

En cuanto al bachillerato y formación profesional específica, enseñanzas artísticas y deportivas, cada centro establecerá cada cuatro años una "oferta equilibrada".

En cualquier caso, la Xunta realizará cada cuatro años una consulta a las familias de los alumnos que cursan primaria y secundaria en la que, según explicó Anxo Lorenzo, podrán opinar sobre la asignación lingüística establecida por el decreto para esas materias, dando como resultado una modificación en el caso de que así lo decidan "la mayoría" del total de padres.

Vázquez resaltó en su comparecencia que el "argumento inicial" de equilibrio en el tratamiento de las dos lenguas oficiales queda "fijado claramente" en el texto, "con el respaldo y las felicitaciones generalizadas de la sociedad gallega". Para el conselleiro, "este va a ser el Decreto del equilibrio, del plurilingüismo y de la libertad".

Durante la presentación del nuevo Decreto, la plataforma "Queremos Galego" convocó una concentración ante la sede central de la Xunta con una pancarta con el lema "Paremos el decretazo contra el gallego".

El portavoz de la plataforma, Carlos Callón, hizo, en declaraciones a Efe, un llamamiento a la desobediencia, porque "desobedecer este Decreto significa obedecer la Ley de Normalización, el Plan General y la Carta Europea de las Lenguas".

El PSOE protesta
Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Pachi Vázquez, acusó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de consumar "la mayor afrenta" realizada a la lengua gallega por declararla "hostil" en Galicia a través del anteproyecto de decreto de plurilingüismo.

Durante su intervención en un acto con cargos orgánicos e institucionales del PSdeG de Ourense, el dirigente socialista reprochó al jefe del Ejecutivo autonómico que "calladamente" vaya a "relegar" al idioma gallego "a una categoría inferior" en la comunidad.

"No se lo podemos permitir", aseveró, al tiempo que condenó que Núñez Feijóo reitere "ese ataque" a la que calificó de "principal señal de identidad" de los gallegos. "Os pido que se lo hagamos saber a la gente", demandó a los cargos del PSdeG.

"No es impune atacar la señal de identidad de nuestro país", subrayó para pedir a los cargos socialistas que trabajen y se movilicen contra esta medida.

La polémica lingÜística en Galicia
Biología en gallego y matemáticas, en español
La Razón 14 Marzo 2010

El nuevo decreto lingüístico equipara la enseñanza en las dos lenguas oficiales. Los padres podrán elegir el idioma de escolarización de sus hijos

Galicia estrena normativa para regular la enseñanza lingüística en las aulas. El consejero de Educación, Xesús Vázquez, presentó ayer el proyecto de decreto de plurilingüismo en la enseñanza no universitaria, que pretende garantizar el equilibrio de las dos lenguas oficiales e introducir una tercera, «superando la actual visión monolingüe de la enseñanza» que promovió el bipartito de socialistas y BNG.

Para la Xunta, el texto garantiza el derecho a la libertad de expresión de los alumnos, la participación de los padres y la competencia lingüística de los estudiantes en las dos lenguas oficiales, castellano y gallego. De hecho, el proyecto determina que en la educación infantil se usará «la lengua predominante del alumnado», que se establecerá «de acuerdo con la opinión mayoritaria» expresada en una consulta a los padres al inicio de los cursos sobre la lengua materna de los pequeños. Además, en Educación Primaria se impartirá en gallego la asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, y en castellano las Matemáticas.

Del mismo modo, se establecen dos bloques de asignaturas. Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza y Biología y Geología se impartirán en gallego y Matemáticas, Tecnología y Física y Química, en castellano. En estos niveles, la mitad más uno de los padres podrán determinar el idioma de cada bloque y cada centro educativo decidirá en qué lengua impartirá el resto de las asignaturas, garantizando que tengan el mismo porcentaje de horas a la semana, informa Efe.

En cuanto al Bachillerato y la Formación Profesional Específica, Enseñanzas Artísticas y Deportivas, cada centro establecerá cada cuatro años una «oferta equilibrada». El modelo garantiza, según Vázquez, un equilibrio entre las dos lenguas oficiales.

De muy distinta forma piensan los socialistas gallegos. Su secretario general, Pachi Vázquez, acusó a Alberto Núñez Feijóo de consumar «la mayor afrenta» realizada a la lengua gallega por declararla «hostil» en Galicia. Por su parte, el BNG cree que la norma persigue «quitar presencia de la lengua gallega en la enseñanza».

La última cena
Nota del Editor 14 Marzo 2010

Imagínese que se ve obligado a ir a cenar con un grupo de trileros que al final de la cena, en vez de pagar a escote o cada uno según lo consumido, deciden,
por mayoría que pague todo uno de los comensales, siguiendo por tanto un procedimiento totalmente "democrático", aprobado por la mayoría,
y que el pagano resulta ser Vd. Pues la propuesta de Núñez I El liberticida es mucho peor, pues no se trata de la última cena sino del porvenir de sus hijos
(sus propios hijos, no los hijos de los demás).

Más de 2.000 personas se manifiestan contra el nuevo modelo educativo
Exigen en Bilbao a la consejera Celaá que «dé marcha atrás» porque su propuesta trilingüe supone «la desaparición del euskera»
C. BARREIRO | BILBAO. El Correo 14 Marzo 2010

Unas 2.000 personas se manifestaron ayer en Bilbao en contra del marco educativo trilingüe «impuesto» por el Gobierno vasco, al entender que «supone la desaparición del euskera» de las aulas. En este sentido, los convocantes exigieron a la consejera Isabel Celaá que «eche marcha atrás» en su propuesta y apueste por «un modelo plurilingüe», que «garantice en primer lugar el derecho de los estudiantes a conocer la lengua vasca». Bajo el lema 'Inposaketarik ez. Euskal Herria bere hezkuntza' (No a la imposición. Educación propia para Euskal Herria), los manifestantes lanzaron consignas contra el Ejecutivo de Patxi López, al que acusaron de haber reformado el actual sistema «sin tener en cuenta a los organismos educativos».

«El marco trilingüe propuesto por Celaá en ningún caso va a lograr que los estudiantes aprendan los tres idiomas. La experiencia de todos estos años demuestra que ni el modelo A -íntegramente en castellano- ni el B -bilingüe- euskaldunizan a los niños», lamentó Edurne Larrañaga, miembro de la plataforma convocante, Euskal Herriak Bere Eskola. La marcha, que partió del teatro Arriaga, contó con el respaldo de más de una treintena de asociaciones vinculadas al movimiento abertzale. Entre los colectivos que apoyaron la manifestación figura el sindicato LAB, la agrupación estudiantil Ikasle Abertzaleak, Gazte Abertzaleak -juventudes de EA- y la asociación Bilgune Feminista, además de las numerosas personas que se sumaron a la convocatoria a título individual, como el histórico dirigente de la izquierda abertzale, Tasio Erkizia.

Los organizadores leyeron al final de la marcha un manifiesto en defensa de la educación en lengua vasca en el que animaban a la ciudadanía a «no dar pasos atrás. No admitamos las medidas que nos quieren imponer desde la Administración para hacer desaparecer el euskera y para destruir Euskal Herria», señalaron.

Vulneración de los derechos
Larrañaga insistió en que la apuesta por el trilingüismo debe implicar «siempre» que la lengua vasca sea «el idioma vehicular, para garantizar su conocimiento una vez finalizada la etapa de la educación secundaria, tal como recoge la normativa legal». La plataforma también denunció «las diferentes vulneraciones de derechos» que se están dando en el ámbito educativo vasco «con el euskera y con el término Euskal Herria». En cualquier caso, precisaron que «no solamente queremos que sea una convocatoria negativa, nuestro objetivo es defender que tenemos derecho a un sistema educativo propio. Incidamos en las cosas que nos unen».

El marco trilingüe (euskera, castellano e inglés) se aplicará de forma experimental en cuarenta colegios vascos a partir del próximo curso. Cada lengua deberá utilizarse para impartir asignaturas durante al menos cinco de las 25 horas semanales que se dan en 4º de Primaria y en seis de las 30 programadas en 1º de Secundaria, los dos cursos elegidos para implantar la experiencia. Esta distribución, que reparte el 20% del horario lectivo a cada idioma, otorga a los centros una importante autonomía, al disponer del 40% del tiempo que resta para distribuirlo de la forma que consideren conveniente para dar más peso a uno u otro idioma. Así, una de las lenguas podría llegar a acaparar hasta el 60% de las horas de docencia.
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