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La Nación de naciones está sentenciada.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 29 Marzo
2010
Todo está decidido. El Sr. Zapatero una vez más declaró
orgullosamente que él consideraba al Estatuto de Cataluña totalmente
Constitucional. Y para ello, aludió a que durante estos cuatro años
de aplicación, no ha habido problemas. Es patente que el Sr.
Zapatero obvia voluntariamente todos los aspectos más conflictivos
como el término "Nación" y todo el articulado que se deriva de él.
Un articulado que va a ser ligeramente retocado por el tribunal
Constitucional en una Sentencia histórica y seguro que polémica,
tanto por su injustificado retraso al emitirla como en el alcance de
las observaciones.
Y supongo que el Sr. Zapatero cuando habla lo hace con un amplio
conocimiento de causa, ya que son notorias las filtraciones
interesadas así como las consignas que emanan desde la Presidencia
del TC, la Sra. María Emilia Casas, cuya dependencia política del
PSOE y de Presidencia nadie pone en duda. Para el PSOE, se ha
garantizado el mantenimiento de la Sra. Casas en ese puesto mediante
una Ley "ad hoc" y con el exclusivo objetivo de mantener el
equilibrio en el TC en la esperanza, parece que fundada, en que
algún otro juez del sector no progresista, admitiese el maquillaje
de la sentencia.
Las filtraciones que llegan de lo que puede ser el contenido final
de la Sentencia del TC son francamente desoladoras y que suponen la
certificación de hecho de la derogación de la Constitución de España
a favor de un engendro de Estatutos Autonómicos infumables e
insolidarios. La consecuencia lógica que traerá la Sentencia será la
aplicación inmediata en el resto de Estatutos, que así lo
contemplen, de la llamada "cláusula Camps". Esa cláusula lo que
conlleva es el tratamiento igualitario con cualquier ventaja que se
observe en el Estatuto de Cataluña. Así que al final tendremos en
vez de "nacionalidades", "naciones" o lo que es lo mismo, un Estado
Federal, sin que los ciudadanos se hayan pronunciado en referéndum.
Esta anomalía democrática no puede ser admitida en ningún caso. Los
ciudadanos y sus Asociaciones cívicas y aquellos partidos con
verdadero sentido nacional, deberán llevar el caso de
inconstitucionalidad a otras estancias jurídicas europeas como puede
ser el Tribunal de Estrasburgo. España ha dejado de ser hace tiempo
una Nación donde los ciudadanos tengan los mismos derechos y deberes
con independencia del lugar de nacimiento o residencia. España ha
pasado a ser un ente amorfo autonómico donde las leyes del Estado
son ignoradas., donde los derechos de los españoles son pisoteados
por la casta política dirigente y unas leyes que violan las
libertades.
Es más que seguro que el TC se decida a sacar su Sentencia en pocos
días, aunque no podrán evitar que la respuesta de los ciudadanos sea
proporcional al nivel de sometimiento a los chantajes nacionalistas
y a las presiones del Gobierno y del PSOE, incesantes durante estos
cuatro años de larga travesía que llevan los recursos de
inconsitucionalidad. Aunque lo verdaderamente lamentable es que el
PP principal, aunque no único, promotor de los recursos, esté ahora
en una posición de sumisión y de contemplación ante este atropello a
la Constitución a la que definitivamente parece haber renunciado en
aras de alcanzar pactos políticos que le aseguren el Gobierno.
De aprobarse el Estatuto con el maquillaje de urgencia para que sea
"tragable", nadie puede asegurar si puede ser el comienzo de una
rebelión cívica. Lo que pueden hacer no es tensar la cuerda, sino
romperla definitivamente. Cuando se disponga del texto final de la
Sentencia, será el momento de obrar en consecuencia con su
contenido.
Negociación
Bombas y votos
Ignacio Cosidó Libertad Digital 29 Marzo 2010
Si la denuncia que hacía Jaime Mayor Oreja la pasada semana de que
el Gobierno mantiene una negociación con ETA ha provocado que el
Consejo de Ministros haya impulsado una reforma legislativa para
hacer más difícil la presencia de los terroristas y sus cómplices
políticos en las próximas elecciones municipales, habría que
concluir que las palabras del ex ministro del Interior no podían
haber sido más oportunas y útiles. Nada ha hecho tanto daño a ETA en
toda la historia de la lucha antiterrorista que su expulsión de las
instituciones democráticas y nada resulta por tanto más prioritario
en este momento en la política contra el terrorismo que evitar la
presencia de cualquier marca blanca etarra en las urnas.
No obstante, cercenar la presencia de terroristas en las elecciones
no depende sólo de los instrumentos legales de que se dispongan,
sino sobre todo de la voluntad política de utilizarlos para lograr
ese objetivo. Con la Ley de Partidos vigente, en las elecciones
municipales de 2003 Batasuna no estuvo presente gracias a la
determinación política demostrada por el Gobierno de Aznar y el
excelente trabajo de la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Con esa misma Ley, otra marca blanca de ETA, ANV, logró
colar casi la mitad de sus candidaturas en 2007, en pleno proceso de
negociación entre el Gobierno y la banda terrorista. Ni siquiera una
vez roto ese proceso Zapatero tuvo la voluntad de disolver los
ayuntamientos gobernados por los cómplices de ETA aplicando la Ley
de Bases de Régimen Local. El Gobierno aprueba ahora una reforma que
aplaudimos, pero la prueba final es si Zapatero aplicará todos los
instrumentos de los que le dota el Estado de Derecho para evitar que
ETA esté presente en las próximas elecciones.
Hace escasos días el consejero de Interior del Gobierno Vasco,
Rodolfo Ares, un hombre de la máxima confianza del actual ministro
del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendía de hecho que no era
precisa ninguna modificación legal para evitar la presencia de los
terroristas en las elecciones. Cuesta creer que la decisión de
llevar al Consejo de Ministros esta reforma no tenga nada que ver
con la polémica generada por las declaraciones de Jaime Mayor Oreja.
En todo caso, las conversaciones entre los socialistas y ETA han
sido casi una constante histórica. Cuando Mayor Oreja ocupó la
cartera de Interior en el primer Gobierno de Aznar, existía una
auténtica orgía negociadora a múltiples bandas entre el Gobierno y
los terroristas. Incluso cuando Zapatero firmaba el Pacto
Antiterrorista con el PP, el presidente del PSE, Jesús Eriguren,
mantenía discretamente contactos que cristalizaron en el proceso de
negociación iniciado por Zapatero en 2005 traicionando el propio
pacto que él había impulsado. El mismo presidente del Gobierno ha
reconocido públicamente que mantuvo abierta la negociación incluso
después del atentado de la T-4 en contra de lo que afirmó
inicialmente. Con estos antecedentes, lo más sensato es fiarse más
de los hechos que de las palabras del Gobierno, por mucho que sus
ministros eleven la voz para descalificar a aquellos que dudan de
que el Gobierno no vuelva a sucumbir a la tentación de una
negociación de la que por otra parte jamás se han arrepentido ni
renegado.
El mejor desmentido que puede dar el Gobierno a quienes sospechan
que hay una negociación en curso es impedir que cualquier persona
relacionada con ETA pueda figurar en mayo de 2011 en una candidatura
municipal o foral en el País Vasco o Navarra. Es importante dejar
claro que para poder concurrir a esas elecciones no basta con una
condena del terrorismo por imperativo legal, del mismo modo que los
representantes de Batasuna en el Congreso de los Diputados hacían en
el pasado prometiendo la Constitución española, sino que es
imprescindible una demostración fehaciente de que han roto todas las
amarras con la organización terrorista de la que hasta ahora
dependen. Esa desvinculación plena exige a su vez una verificación
por parte del Gobierno mucho más exhaustiva y fiable que la que hizo
Rubalcaba para certificar el falso alto el fuego durante el proceso
negociador anterior. Para lograr ese objetivo de expulsar a los
terroristas de las instituciones democráticas el Gobierno contará no
sólo con el máximo apoyo del PP, sino también con nuestra más firme
exigencia.
Ignacio Cosidó es diputado del Partido Popular por Palencia.
Nacionalismo
Dentro de un siglo Cataluña será una región
pobre
Pedro de Tena Libertad Digital 29 Marzo 2010
No es una afirmación gratuita más que en el plazo. No puedo saber si
será dentro de un siglo o mucho menos. Pero ya me parece algo
evidente que será una región pobre y de escasa relevancia dentro de
poco. No parte mi aserto de ninguna premisa ideológica, sino de un
hecho comercial. Hace días solicité a una empresa catalana de
Vallfogona de Ripollès un abono ecológico para enriquecer un huerto
en el que aniquilo los fantasmas de mi cabeza entre soletas y
rastrillos. Lejos de seguir las consignas de los exaltados que
prefieren boicotear los productos catalanes, mi actitud ha sido
siempre la de seguir tratando a Cataluña como lo que es: una hermosa
y fructífera región de España, a pesar de la estupidez de sus
nacionalistas.
¿He dicho estúpidos? Sí, lo he dicho. Utilizo para ello la acepción
aportada por el profesor Cipolla en su libro sobre la estupidez
donde, si no recuerdo mal, afirmaba que el estúpido, que no descansa
y es mucho más peligroso de lo que se cree, es el que hace daño a
todo el mundo inclusive a sí mismo. Esa nota del auto-castigo es lo
que le distingue de otros malvados, que hacen daño a los demás, pero
no a sí mismos.
Yo no sé si esta empresa de Vallfagona de Ripollês es estúpida o si
la han hecho cometer una estupidez. Lo cierto es que tras cursar el
pedido, llega a mi casa un paquete con el abono solicitado y un
sobre, que creía, ingenuamente, que sería la factura. Pero no. No
venía la factura. El sobre contenía un folleto sobre el producto que
está escrito totalmente en catalán. Y entonces caí en la cuenta: o
los catalanes reaccionan a tiempo o se verán convertidos en una
ruina cultural, moral y económica.
Está claro que a partir de ahora nunca más compraré a la empresa y
haré lo posible porque otros tampoco lo hagan. ¿Saben por qué?
Porque me he sentido vilipendiado, herido, humillado y despreciado.
No sé si ha sido la empresa la que ha tomado esta decisión o si ha
seguido las instrucciones de la Generalidad que preside un andaluz
del PSOE, Montilla. Me da igual porque o uno se enfrenta a la
estupidez o debe correr el riesgo de ser considerado estúpido.
¿O no es estúpido tratar a un cliente de este modo? Vamos a ver:
cuando una empresa estadounidense, francesa, alemana, finlandesa e
incluso china, coño, vende un producto, sus instrucciones suelen
estar recogidas en todos los idiomas de sus posibles clientes:
francés, inglés, español (que leen nada menos que casi 400 millones
de personas más los que lo aprenden), árabe o lo que sea. Es lo
natural y lo es por dos razones. Primera, porque estas empresas, que
no son estúpidas, quieren que quienes compran su producto sepan en
su idioma cuáles son las instrucciones de uso del mismo. De esa
forma, el producto puede ser apreciado en toda su riqueza y se
reducen las reclamaciones por un mal uso del mismo.
En segundo lugar, consiguen que el cliente se "fije", es decir, que
se sienta respetado y bien tratado por la empresa que tiene la
deferencia de expresarse en su lengua materna para comunicarse con
él.
Pero, ¿cómo puede sentirse un andaluz de Jerez de la Frontera que no
ha aprendido catalán porque las circunstancias de la vida no se lo
han aconsejado, pero que tiene una lengua común con los dueños de
esta empresa, si las instrucciones de uso de este abono le vienen
explicadas sólo en catalán, como es el caso? Es que ni siquiera
vienen en inglés, ni en francés ni en ninguna otra lengua. Sólo en
catalán.
Primero, ¿cómo creen estos estúpidos señores, que me hacen daño a mí
porque me impiden conocer lo que he comprado y cómo usarlo, y se
hacen daño ellos mismos porque ya tienen un cliente menos y un
enemigo más, que debe tratarse a los clientes de su empresa en un
mercado abierto? ¿Es que acaso cuando un inglés o un canadiense,
enterado de la existencia de su producto y lo compran, va a recibir
sus instrucciones de uso sólo en catalán? ¿Es así como lo hacen?
Pues permítanme que les diga que son completamente estúpidos,
además, desde el punto de vista comercial y económico.
¿O es que, acaso, esta faena se la hacen sólo al público español no
catalán y a los clientes de los demás países sí remiten el producto
con las instrucciones en el idioma correspondiente? Esto sería una
cabronada odiosa de unos nacionalistas baratos hacia la ciudadanía
de habla española, que somos todos aunque les pese.
Por tanto, además de anunciar la ruina de Cataluña en un tiempo
breve aunque impreciso, aprovecho este momento para anunciar que la
empresa que me ha vendido el producto es estúpida por sí o por
inducción de terceros y que jamás volveré a comprarles ningún
producto, a menos que me pidan perdón y cambien su estúpida e
infamante actitud.
Para que quede totalmente claro que no es un juego de palabras,
compré el producto Vermicuc por internet a través de la entidad
Ecofamilia, igualmente estúpida, número de pedido: 394 y fecha del
pedido, domingo 7 marzo 2010. Y ruego a los lectores y a todos los
españoles en general que dejen de comprar sus productos hasta que
las instrucciones vengan, como es natural en todas las empresas del
mundo, menos en las estúpidas que se rigen por el nacionalismo
barato catalán, en el idioma del cliente.
Parte del problema
César Vidal La Razón 29 Marzo 2010
Lo decía John Wayne refiriéndose a Hollywood: «Hubo una época en que
el cine era parte de la solución a los problemas. Ahora es parte del
problema». El viejo actor –símbolo del héroe capaz de pasarse tiempo
y tiempo intentando rescatar a una niña secuestrada por los indios
en Centauros del desierto– sabía lo que se decía. Durante la
recesión de 1929 y después durante la Segunda Guerra Mundial, el
cine había sabido inspirar a los norteamericanos esperanza, alegría
y fe en la victoria. Después vinieron unos tiempos en que no pocas
películas prepararon a la nación para embarrarse en discursos
progres y, como tales, destructivos. No eran ya un alivio de nada
sino parte del mal, claro que, por lo menos, no estaban
subvencionadas. Saco todo esto a colación porque a día de hoy los
políticos se han convertido no en la clave para solucionar los
problemas nacionales –como debería ser, que para eso los pagamos–,
sino en parte considerable de los mismos. Permítanme brindarles
algunos ejemplos.
Nuestra economía acumula ya cerca de cinco millones de parados
reales, está sumida en la recesión y sigue cayendo. Nuestra economía
necesita recortar el gasto público si desea salir del foso en que se
encuentra. ¿Quién no recorta el gasto público? Políticos. A decir
verdad, sólo Esperanza Aguirre ha logrado de entre 17 CC AA
reducirlo.
Nuestra economía precisa de acabar con el actual sistema de cajas de
ahorros si quiere evitar un seísmo financiero pavoroso y cercano.
¿Quién lo impide? Políticos. Al parecer, pocos están dispuestos a
renunciar al mando en el chiringuito financiero regional y, por
añadidura, se oponen a las fusiones interregionales que podrían
salvar a algunas, por lo menos a algunas, de las cajas.
Nuestra economía exige una flexibilidad del mercado laboral que
permita reducir las cifras alarmantes del desempleo. ¿Quién lo
impide? Políticos flanqueados por los sindicatos que cobran –¡el
colmo!– por cada Expediente de Regulación de Empleo que sufre
España. Nuestra economía ansía una reducción de impuestos para
evitar ahogarse del todo. ¿Quién lo impide? Políticos que, si
pertenecen al Legislativo, se ven exentos de tributar hasta un
setenta por ciento de sus impuestos y que no dejan de idear formas
nuevas para exprimirnos –de nuevo, Aguirre es la excepción–,
pertenezcan al partido que pertenezcan… ¿o es que Tutangallardón es
del PSOE?
Nuestra economía necesita una reforma del sistema de pensiones.
¿Quién lo impide? Políticos que tienen unos planes de pensiones
injustamente superiores a los de los ciudadanos que les pagamos el
sueldo. No podemos seguir como en los últimos años, sumidos en la
inactividad, el despropósito o la tibieza y lo peor es que los que
deben adoptar medidas serias no lo hacen por la sencilla razón de
que, de la manera más personal, les beneficia el actual
despropósito. Han logrado –y es para pensar– que la mayoría de los
ciudadanos los consideren un problema aún más preocupante que el
terrorismo. Sin duda, es una exageración y hay excepciones, pero
también resulta cierto que si el terrorismo es una lacra de la que
ansiamos liberarnos –no lo hemos conseguido por los nacionalistas y
por los devaneos de ZP– nunca ha amenazado la viabilidad del
presente sistema constitucional. La conducta irresponsable de
algunos políticos sí lo hace y habrá que ver de qué les aprovecha si
en algún momento, más cercano que lejano, se desencadena un vendaval
que se lleva todo como el viento de la celebre película de
Hollywood.
Veinte años no es nada
Luis del Pino Libertad Digital 29 Marzo 2010
Entradilla al programa Sin complejos del domingo 28/3/2010:
Hoy se cumplen 20 años de aquel congreso que aupó a José María Aznar
a la presidencia del Partido Popular, la formación que aglutina a la
derecha española.
Iniciaba así el PP un viaje que habría de llevar a Aznar 6 años
después a la Moncloa, tras haber fracasado sucesivamente en el
empeño tanto Manuel Fraga como Antonio Hernández Mancha.
Como dice el tango, "20 años no es nada", pero hay que ver la de
cosas que han pasado en este tiempo, tanto dentro del PP como en
nuestra maltrecha patria.
José María Aznar cogió un partido dividido, incapaz de levantar la
cabeza frente al polanco-felipismo, y lo transformó en una
maquinaria electoral bien engrasada y aparentemente homogénea, capaz
de poner contra las cuerdas a González en las elecciones de 1993,
con una oposición a cara de perro; capaz de ganar por mayoría simple
en 1996 y capaz de conseguir la mayoría absoluta en 2000.
Aznar cogió un país que no cumplía ninguno de los criterios
necesarios para entrar en el euro y consiguió que España ingresara
por méritos propios en la Unión Monetaria, con unos resultados
superiores a los de la propia Francia.
Aznar llegó al poder con un país sumido en el descrédito de la
corrupción y el crimen de estado, donde cada día nos desayunábamos
con un nuevo escándalo, y consiguió normalizar relativamente la vida
pública. Con lo que los españoles pudimos pasar de discutir sobre la
corrupción a discutir sobre el papel de España en el mundo.
Aznar accedió a la Moncloa con un grave problema de terrorismo y
contraterrorismo y supo aplicar la Ley, y sólo la Ley, hasta poner a
ETA contra las cuerdas y asegurarse el respaldo de esa comunidad
internacional que tantas veces nos había vuelto la espalda en
nuestra lucha contra la banda que lleva 40 años asesinando
españoles.
Cierto es que Aznar pudo tener sus fallos (¿quién no los tiene?),
pero, echando la vista atrás, resulta espectacular el avance que
España experimentó durante el tiempo en que Aznar estuvo pilotando
la nave del PP.
Y en esto llegó el 11-M y con él el reflujo.
Y si espectaculares son los avances experimentados entre aquel año
1990 y 2004, no menos espectaculares son los retrocesos vividos
desde que alguien, aún no identificado, volara cuatro trenes de
cercanías, matando a 193 personas.
Si Aznar consiguió poner a ETA contra las cuerdas, la actuación del
gobierno Zapatero ha conseguido revivirla. Y de nuevo son las
víctimas y no los verdugos, las ignoradas por quienes tienen la
obligación de protegernos y no lo hacen.
Si la corrupción dejó de ser con Aznar el tema principal de las
portadas, ahora no hay día que no nos desayunemos con un nuevo
escándalo que afecta a tal o cual partido, y el descrédito de la
Justicia, de los partidos y en general de la política, ha vuelto a
alcanzar cotas que no veíamos hace 14 años.
Si Aznar logró que entráramos en la Unión Monetaria por la puerta
grande, Zapatero está a punto de conseguir que nos expulsen del euro
por la puerta de servicio.
Y si Aznar hizo del PP un partido unido, fuerte y con criterio, los
españoles nos vemos ahora sometidos a la maldición de contar
simultáneamente con el peor gobierno imaginable y con la peor
oposición posible.
Si tuviéramos que resumir gráficamente el cambio sufrido, podríamos
decir que España ha pasado de poner las botas encima de la mesa de
Bush a limpiarle los zapatos a Obama.
Éramos un país de tres al cuarto y Aznar consiguió que comenzáramos
a creernos capaces de grandes cosas. Pero Zapatero se ha encargado
de convertirnos otra vez, en sólo seis años, en un país de tres al
cuarto, que invierte toda su energía en rozamiento interno, en lugar
de emplearla en algo útil.
Sin embargo, como ya saben ustedes, lo mío es el optimismo
patológico. Así que, en lugar de dejarme vencer por la nostalgia o
por el derrotismo, permítanme que me quede con lo positivo.
Si la etapa de Aznar sirvió para demostrar algo, ese algo es que
España y los españoles son, en efecto, capaces de hacer grandes
cosas. Demostró que el nivel de España y de los españoles está muy
por encima del nivel medio de su clase política. Demostró que España
y los españoles atesoran unas energías creativas y una capacidad de
ilusión que tan sólo están esperando, para florecer, a que se den
las condiciones adecuadas.
Lo cual quiere decir, por supuesto, que existe margen para la
esperanza.
Yo no sé si mañana o pasado mañana surgirá otro Aznar que permita
que los españoles podamos, de nuevo, levantar la cabeza para mirar
con orgullo y esperanza hacia el futuro.
Pero lo que sí sé es que, cuanto más trabajemos, cuanto más
perseveremos, antes se darán las condiciones necesarias para que eso
suceda.
Rescatamos a Grecia mientras nuestras
cuentas se hunden
Roberto Centeno El Confidencial 29 Marzo 2010
Lo ocurrido el lunes pasado en la reunión entre el Gobierno y las
Comunidades Autónomas, donde la Sra. Salgado se presentó sin un
papel, sin una propuesta, sin una idea, para cumplir las exigencias
de Bruselas de reducir el gasto autonómico y local, síntesis de la
podredumbre, la miseria moral y la desidia a la que se ha llegado en
la España de Zapatero, pues podía haberlo hecho igual el conserje
del ministerio, ha quedado completamente eclipsado por la decisión
del inquilino de la Moncloa de ayudar a Grecia más que ningún otro
país en términos de PIB. Somos el país que más dinero pone y el que
menos cuenta, a pesar de ostentar la Presidencia de turno.
Es algo tan asombroso, tan irreal y tan profundamente irresponsable,
que entra en el terreno de lo paranormal: pagaremos el 12,5% del
rescate de Grecia, frente al 14% Francia y el 18% Alemania, cuyos
PIB son un 50% mayor y más del doble respectivamente, y Zapatero
dice que aportamos más que nadie “porque podemos”, cuando la Sanidad
está quebrada y solo sigue funcionando a base de no pagar a los
proveedores, cuando la Seguridad Social está también quebrada y
tiene que recibir transferencias crecientes del Estado para poder
pagar las pensiones y a los parados, y cuando nuestras cuentas
públicas han entrado en fase de hundimiento acelerado.
En términos de caja hasta febrero, es decir, los gastos y los
ingresos que efectivamente se han realizado en el periodo, el
déficit ascendió a 7.729 millones de euros, ¡100 veces más! que en
el mismo periodo que el año anterior. Aunque enero y febrero son
meses poco representativos, es evidente que el año empieza con un
descuadre gigantesco sobre lo previsto en los Presupuestos.
Los ingresos no financieros caen un 7,1% a pesar de la mayores
retenciones del trabajo y las pensiones, y los gastos crecen un
22,8%, nada que ver con las estimaciones de los PGE-2010. Y en
cuanto a gastos financieros, estos crecen un ¡40,1%, ocho puntos por
encima de lo previsto!; y las transferencias, fundamentalmente al
servicio público de empleo, para así ocultar la quiebra de la
Seguridad Social, que sigue mostrando un “superávit” virtual de
4.602 millones, se han incrementado un 26,3%, hasta los 17.422
millones de euros. La recaudación del IVA cayó a su vez un 8,9%,
pero Dña. Elena nos cuenta que crecerá ¡un 26,15% en el conjunto del
año! Y si esto es lo que ocurre con el gasto del Gobierno, imaginen
ustedes lo que puede estar pasando con el gasto de autonomías y
ayuntamientos, donde el despilfarro está fuera de control.
La clase política es el problema
“Los españoles ven ahora a los políticos como un problema mayor que
el terrorismo”, señala The Economist en su último número, a la vez
que denuncia la incapacidad de Zapatero para hacer frente a la
“crisis política y económica” que atraviesa España, y afirma que la
sensación generalizada es la de que el país se encuentra a la
deriva. Ante una situación de emergencia nacional, Zapatero en lugar
de tomar medidas saca leyes fantasmagóricas, como la de economía
sostenible, que produce sonrojo y estupor, crea comisiones para
echar balones fuera, reparte dinero como si fueran cromos, y miente
masivamente sobre la situación. Y es este irresponsable, junto con
la casta política parasitaria de uno y otro signo, los grandes
culpables de habernos llevado a esta situación sin salida.
Es la casta política la que debe reducir los 100.000 millones de
euros anuales que despilfarra allá donde gobierna; reducir de una
santa vez los coches oficiales en un 90%; los asesores y cargos de
confianza en otro 90%; las plantillas un 40 %, excepto sanidad,
justicia y seguridad; los “estudios”, viajes de lujo y similares al
90%; las embajadas a cero; los escandalosos plurisueldos como la
mujer de Montilla, la baronesa Cospedal, la Pajín, la mamá Pajín, y
tantos y tantos otros a un solo sueldo; los ayuntamientos deben
quedar reducidos a la mitad, de 8.000 a 4.000; el número de
diputados, concejales, y altos cargos en un 30%, y crecimiento cero
de las transferencias destinadas a las autonomías, que se han
incrementado en un 36,9% desde primero de año, justo cuando tienen
que devolver 20.000 millones de euros en 2010, que recibieron de más
por la incompetencia de Solbes, y de los que la Sra. Salgado no ha
dicho ni pío. Y esta vez, no hay aplazamientos, o se aplica ya una
cirugía radical o estamos muertos.
Esta casta política parasitaria que está arruinando a la nación
mientras sigue expoliándola sin contemplaciones, es ciertamente una
amenaza mucho mayor que el terrorismo .El daño que están perpetrando
a España y a los españoles con su incompetencia, su corrupción y su
estulticia, raya lo delictivo, y los responsables deberán pagar por
ello. No se pueden ir de rositas, tienen que responder de sus actos,
el daño será demasiado grande, quebrará la sanidad, las pensiones,
la riqueza de las familias se verá seriamente dañada -van a
resucitar el impuesto de Patrimonio- y el coste de la deuda generada
por estos sátrapas, afectará a varias generaciones de españoles. Es
como un avión que hubiera entrado en pérdida, y el piloto en lugar
de tratar de remontar, hiciera todo lo posible para acelerar aún más
la caída.
El hundimiento súbito
Explicaba hace dos semanas el conocido analista John Mauldin, que de
lo sucedido con las quiebras en diferentes países se desprende que
aunque las situaciones empeoran gradualmente, el hundimiento siempre
se produce de forma súbita, es decir, de la noche a la mañana los
mercados toman conciencia de una situación, retiran el crédito y se
produce la crisis. Y esto es lo que va a suceder con España. Los
desequilibrios de las cuentas públicas no se sostienen, no hay plan
de austeridad ni nada que se aproxime a lo mínimamente necesario. El
déficit 2009 superó el 16% del PIB no el 11,4% oficial, la deuda el
87% no el 55% como falsamente afirman gobierno y el BdE, y nuestras
necesidades de emisión en 2010 ascenderán a la astronómica cifra de
250.000 millones como mínimo, ¡el 25% del PIB!, ¿de verdad creen que
los mercados nos lo van a prestar a tipos de interés asumibles?
Como señalaba Eduardo Segovia el viernes en este diario, es la banca
española quien está comprando el grueso de la deuda Zapatero,
305.206 millones tienen en sus carteras de renta fija, española la
inmensa mayoría y a corto plazo, “¿quién va a financiar al Estado si
no?” exclamaría con un deje de soberbia el presidente de la AIE.
Pero esto se acaba en cuanto termine la barra libre del BCE éste
año, y entonces ¿quién va a seguir financiando a ésta panda? Pero el
tema es peor aún, la pérdida de la calificación de triple A, y eso
sucederá como señalaba McCoy el jueves, en cuestión de días, semanas
a lo sumo. Los grandes fondos mundiales que solo tienen triple A en
sus carteras, venderán la deuda española, y tendremos que pagar
intereses más altos, y es solo el principio, porque de la A
pasaremos a la B en pocos meses. Y ahora sumen a la deuda pública la
inconmensurable deuda privada, solo en pago de intereses nos podemos
plantar a fin de año en un 10% del PIB, ¿qué país del planeta puede
permitirse dedicar el 10% de la riqueza nacional solo al pago de
intereses, y a partir de ahí empezar a amortizar?
La propia banca tiene vencimientos por 72.614 millones de euros éste
año, y 420.000 hasta 2015. El Santander 25.614 millones, una cifra
de vértigo incluso para ellos, pero es que Caja Madrid, por ejemplo,
la cuarta entidad financiera del país, tiene que devolver 6.365
millones, ¡veinticuatro veces su beneficio!, y así la mayoría. Eso
en el caso en que estas cifras de extraídas de Bloomberg fueran
buenas, que no lo son, porque servidor conoce una caja que aparece
en la lista con una deuda a devolver de unos 3.000, y en realidad
tiene que devolver 15.000 en 24 meses. ¿Y de dónde lo van a sacar?
En parte con el timo de las preferentes, engañando a sus clientes
con la complicidad de la CNMV, para que las compren con tipos de
interés la mitad de emisiones similares, pero aún así la mayoría
jamás podrá hacerlo. Solo con el aval del Estado conseguirán
refinanciar por dos o tres años. En 2009 se refinanciaron 50.200
millones con aval del Estado, y no recuperaremos ni la mitad. ¿Hasta
dónde y con qué vamos a seguir avalando?, ¿dónde figuran estas
partidas en la deuda total? Es obvio que una mayoría de cajas no se
sostiene, y cuando ocurra la catástrofe que durante tanto tiempo han
tratado de ocultar, alguien va tener que responder de muchas cosas.
(*) Roberto Centeno, catedrático de Economía de la escuela de Minas
de la UPM.
Ni un gramo de democracia en España
Francisco Rubiales Periodista Digital 29 Marzo
2010
Hace tiempo fui sometido a un test sorprendente y desolador. Un
profesor amigo de la Universidad de Sevilla me retó a que encontrara
alguna actividad o sector en España que fuera democrático. "Te pago
una cena si lo encuentras", me dijo. Me reí porque pensé que era un
farol y que tenía una cena ganada porque siempre sería fácil
encontrar un resquicio de democracia en este país. Sin embargo,
reflexioné, busqué, escruté y terminé estupefacto porque nunca logré
encontrar ni un solo reducto democrático en el sistema español.
Desesperado, sabiendo que perdía, le dije que "la libertad de
expresión", a lo que me respondió "¿Estas seguro?". Le dije que
"no", pero que no encontraba nada mejor que decir. Él me respondió
entonces que la libertad de expresión, cuando es utilizada con
cierta plenitud en España, tiene penalización por parte del poder y
me preguntó ¿No conoces a nadie a quién le hayan negado subvenciones
o contratos públicos por criticar al poder? ¿Tampoco conoces a nadie
que haya sido marginado y relegado en su puesto de trabajo por ser
independiente y libre en sus expresiones? Tuve que responderle que
"sí" conozco muchos casos de gente marginada y castigada porque es
crítica.
Seguidamente me explicó algo que yo sé, pero que siempre es bueno
oír: "La libertad de expresión está estrechamente vinculada a la
libertad de información, que es el derecho del ciudadano a informar
y a ser informado libre y verazmente sobre la actualidad y los
asuntos que le interesan y competen, sobre todo los de índole
pública. Es derecho es todavía más intensamente violado en la falsa
democracia española porque el ciudadano es manipulado y sometido a
engaños, mentiras, confusiones y, sobre todo, a un bombardeo
atronador de propaganda política, diseñada por el marketing, que le
impide siempre conocer la verdad".
Seguimos hablado y repasando sectores vitales del sistema, todos
ellos sometidos a tensiones antidemocráticas y con funcionamiento
más propio de una tiranía camuflada que de una democracia auténtica:
el Parlamento, cuyos diputados sólo pueden hablar cuando se lo
permiten sus partidos y sólo pueden decir lo que sus líderes
quieren, estando también prohibido el voto en conciencia; la
Justicia, politizada hasta la nausea, con partidos que nombran
magistrados en los altos tribunales; la sociedad civil, ocupada por
los partidos políticos y por el sector público, maniatada e
imposibilitada de cumplir su misión democrática de servir de
contrapeso al poder estatal; las elecciones sin libertad, con
promesas electorales que no se cumplen y con unos partidos que hacen
las listas e impiden al ciudadano elegir a quien él desee; la
igualdad, mil veces violada desde el poder; los derechos humanos,
violados igualmente... en fin, sector por sector, actuación por
actuación, todo podrido y sin encontrar ni siquiera el aroma o el
rastro de la democracia.
Desde entonces, cuando percibo que la ocasión es propicia y la
audiencia está preparada para la prueba, lanzo el mismo reto a mis
alumnos en cursos de postgrado a los que me invitan en las
universidades y a la audiencia de mis conferencias. Aunque parezca
increíble, nunca nadie me ha señalado nada que sea realmente
democrático en España.
Ahora lanzo el mismo reto a los lectores de Voto en Blanco: ¿Hay
alguien en este blog que pueda ayudarme a encontrar algo que sea
democrático en este país? Me apuesto una cena y que conste que me
gustaría perderla.
En apariencia me arriesgo demasiado, pero el drama de España es tan
atroz que no temo arruinarme, como sería lógico, pagando cenas a mis
lectores.
También en esto de la democracia, España es diferente.
Voto en Blanco
Política de logotipo
IGNACIO CAMACHO ABC 29 Marzo 2010
«En el nombre de rosa está la rosa»
(J. L. Borges)
LA gran aportación del zapaterismo a la política consiste en la
corporeización de la nada. El método operativo es el siguiente: se
toma un pedazo de nada, se reviste de elocuencia con un discurso
altisonante articulado en torno a un par de tautologías de manual o
de mantras genéricos del tipo «igualdad», «paz» o «sostenibilidad»,
y luego se levanta con él una arquitectura retórica forrada de
propaganda para dar soporte a estructuras administrativas huecas,
que van desde una comisión a un Ministerio. Se trata de una
aplicación extrema de los principios de marcos conceptuales de
George Lakoff, llevados al paroxismo mediante su conversión en
estrategia unívoca; lo que para Lakoff constituye un ardid táctico
sobre el que soportar una acción determinada de gobierno se
convierte, en las manos de Zapatero, en el objetivo mismo de una
gobernanza de estricta índole nominalista. Su programa consiste en
una verbalización y una iconografía: gestos, imágenes, símbolos,
frases. Ideas liofilizadas en envoltorios superfluos. Si fuese
gastronomía sería buñuelo de viento, soufflé de humo, deconstrucción
nitrogenada. Si fuese pintura estaríamos ante la nada de colores.
Cuando el presidente anunció una comisión para negociar pactos de
Estado contra la crisis, el objetivo no era la crisis ni siquiera el
pacto, sino la comisión propiamente dicha. Una agenda en blanco con
un rótulo en portada. Fotos de gente reunida, un debate de
apariencias concebido en la estructura bidimensional de las
imágenes. Para ello el ministro Blanco, convertido de nuevo en
director del aparato de agit-prop gubernamental, dispuso de
inmediato el elemento primordial de toda superestructura: una
escenografía, un nombre y una imagen de marca. Un viejo palacete en
desuso de la calle Zurbano, antiguo hogar de la reina Fabiola, se
convirtió en la clave de bóveda de la operación, que inmediatamente
pasó a denominarse «comisión Zurbano». Y en la primera reunión los
asistentes comparecieron ante el fondo de un flamante photocall con
el contorno de la fachada del inmueble dibujado a modo de pictograma
como una esencia de la abstracción. Ya no hacía falta más: un cartel
y un logotipo sustituyen a un mensaje y a un proyecto.
El resultado práctico de toda esa parafernalia es, naturalmente, un
trozo de nada, un documento sin sustancia repudiado en bloque por la
oposición. Pero al Gobierno le da igual; ha tenido durante varias
semanas su escenario convencional, su debate nominal, su cartelería
específica y su ruido mediático. Ha logrado que la palabra «pacto»
domine la atmósfera política como un mantra categórico. Ha creado la
portada de un relato y le ha puesto firma. El argumento es
indiferente; hace tiempo que, a diferencia de sus adversarios, los
zapateristas saben que en la sociedad contemporánea sólo cuentan los
enunciados.
EN MEDIO DE LA POLÉMICA CON MAYOR OREJA
Mediadores profesionales piden a ETA una
tregua y al Gobierno que negocie
En medio de la polémica con Mayor Oreja, un grupo de "negociadores
profesionales" ha pedido a ETA que anuncie un alto el fuego y al
Gobierno que responda con una nueva negociación. Los pasos que piden
son la legalización de Batasuna y el acercamiento de presos, entre
otros.
EP Libertad Digital 29 Marzo 2010
El ex presidente sudafricano Frederick de Klerk, el arzobispo de su
país Desmond Tutu o los ex primeros ministros irlandeses John Hume,
Mary Robinson y Albert Reynolds y otros 16 “profesionales de la
negociación” han reclamado a ETA un alto el fuego permanente
supervisado internacionalmente y han pedido al Gobierno español que
responda entablando un nuevo proceso diálogo que permita "resolver
las diferencias y alcanzar una paz duradera".
Estos mediadores "profesionales" han presentado una declaración en
el Parlamento Europeo. El protagonista ha sido el sudafricano Brian
Currin, que ya ha participó en la negociación del Ejecutivo de
Rodriguez Zapatero con ETA y que lleva dos años alabando a la cúpula
de Batasuna-ETA.
Currin incluso indica qué pasos seguir y todos avanzan en la misma
dirección. Explicó que entre las medidas que debería adoptar el
Gobierno está la legalización de Batasuna, el acercamiento de los
presos etarras al País Vasco y la relajación de la legislación sobre
seguridad.
Este grupo ha elogiado el "compromiso público" asumido por los
proetarras de recurrir a medios "exclusivamente políticos y
democráticos" para alcanzar sus objetivos políticos en "ausencia
total de violencia". A su juicio, este compromiso recogido en una
declaración publicada el 16 de febrero, si se respeta, "puede ser un
paso importante para poner fin al último conflicto que pervive en
Europa". Sin embargo, como ejemplo vale el asesinato del gendarme
francés a manos de ETA, que no ha sido condenado por su brazo
político tan elogiado por estos “especialistas”.
"Pedimos a ETA que apoye este compromiso declarando un alto el fuego
permanente, plenamente supervisado", reclaman los firmantes. "Esta
declaración, respondida adecuadamente por el Gobierno (español)
permitiría que los nuevos esfuerzos políticos y democráticos
avancen, que las diferencias se resuelvan y que se alcance una paz
duradera", concluye el texto.
Los firmantes de la declaración son mayoritariamente irlandeses y
sudafricanos. También está el jefe de gabinete de Tony Blair cuando
éste era primer ministro británico, Jonathan Powell, o el ex
secretario general de Interpol, Raymond Kendall, así como nueve
académicos.
Currin admitió que una simple declaración de alto el fuego por parte
de ETA no sería suficiente porque no generaría "confianza" al
haberse vulnerado treguas similares en el pasado. "La importancia
del alto el fuego que estamos pidiendo es que estaría supervisado
internacionalmente por un órgano internacional independiente. No es
un alto el fuego en el que no se pueda confiar", explicó el mediador
sudafricano.
Aunque no quiso fijar plazos para esta nueva tregua, Currin dijo que
"si en doce meses no ha pasado nada de nada, sería muy triste". Y
explicó que el siguiente paso debería ser que los proetarras
"respondan positivamente" a esta declaración de personalidades
internacionales pidiendo a ETA que declare un alto el fuego
permanente.
Si la banda terrorista responde a este llamamiento, el Gobierno
español debería, en su opinión, en primer lugar aceptar la creación
del órgano internacional independiente para supervisar la tregua y
entablar después un nuevo proceso de diálogo, señaló el mediador
sudafrican
VALIDARÍA CASI TODO EL TEXTO
La sentencia del TC sobre el Estatuto
podría llegar tras Semana Santa
Varios periódicos anuncian este lunes por enésima ocasión la
cercanía de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el
Estatuto catalán, con el acuerdo de seis de los diez magistrados de
la institución que apostarían por un recorte leve del texto legal.
LIBERTAD DIGITAL 29 Marzo 2010
La información es publicada en términos similares por El Mundo, El
País, ABC, La Gaceta y La Razón, que en su mayor parte coinciden en
que se ha llegado a un acuerdo que pasaría por declarar
inconstitucionales entre 15 y 20 artículos del texto, aunque se
daría el sí a la mayor parte del articulado.
Según El País, la sentencia podría contar con el respaldo de todo el
"bloque progresista" del tribunal y también con el de uno o dos de
los magistrados del "bloque conservador". El Mundo, por el
contrario, apuesta por una sentencia que apoyarían tres miembros de
cada bloque, mientras que los otros cuatro publicarían votos
particulares, los dos progresistas en el sentido de que la sentencia
sería demasiado restrictiva y los dos conservadores considerándola
excesivamente laxa.
Por su parte, La Gaceta informa de que la sentencia podría eliminar
el término nación, aunque otras informaciones se inclinan por
apostar que éste se mantendrá y que la mayor parte de los artículos
referentes al poder judicial independiente catalán, además se
reinterpretarían otros como los relacionados con la financiación.
Finalmente, se aceptarían los artículos sobre la lengua, aunque El
País también apunta que podría dictarse una reinterpretación en este
punto.
Estas informaciones llegan un día antes de que se cumpla el cuarto
aniversario de la aprobación del Estatuto el 30 de marzo de 2006, y
días después de que el presidente del Gobierno apostase en la
televisión pública catalana por la constitucionalidad del texto
legal.
Lo más duro, contra el poder judicial catalán
En la información de Casimiro García Abadillo en El Mundo se cuenta
que la parte del Estatuto que mayor rechazo ha concitado entre los
miembros del Constitucional será, casualmente, la que se refiere al
Poder Judicial, cuyos preceptos más importantes serán declarados
inconstitucionales.
El TC apostaría claramente por el "principio de unidad
jurisdiccional" y por que el CGPJ sea el único órgano de gobierno de
los jueces, así como el Tribunal Supremo la última instancia
judicial por encima del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
También se sometería a una notable revisión todo lo referente a la
financiación y la bilateralidad, que pasaría por no declarar
inconstitucionales la mayor parte de los artículos, pero sí
sometería a una rigurosa "interpretación conforme" que "condiciona
su constitucionalidad a la supremacía normativa del Estado".
El fallo puede estar listo a principios de mayo
El Constitucional se decanta ahora por
eliminar el término “nación”
Los magistrados trabajan ya con un nuevo borrador de la ponencia
Miguel Gil Periodista Digital 29 Marzo 2010
El Tribunal Constitucional se decanta hoy por constatar que
Cataluña “ni es ni será nación” en su retrasadísimo fallo sobre el
Estatuto de Cataluña, que, entretanto, va implantándose por la vía
de los hechos. así lo trasladan a La Gaceta fuentes jurídicas de la
máxima solvencia, al tanto de los pormenores de las deliberaciones
y reuniones informales que vienen sucediéndose en el seno del
tribunal para llegar a un acuerdo.
Asimismo, aventuran que tras Semana Santa van a precipitarse los
acontecimientos y “podríamos tener una sentencia a comienzos de
mayo”. los 10 magistrados del Tribunal Constitucional que
deliberan sobre los recursos del Partido Popular y del Defensor
del Pueblo ya estudian un nuevo borrador oficial de la ponencia que
redacta la magistrada progresista Elisa Pérez Vera (ya han
debatido al menos otros cuatro).
Hasta el momento, se han precipitado los encuentros tratando de
aproximar posiciones en el “confesionario”, tal y como definen
jocosamente al despacho de la presidenta del Tribunal
Constitucional, la progresista María Emilia Casas. En estas charlas
oficiosas no han participado todos los magistrados y se trata, según
las fuentes consultadas, “de un método de trabajo completamente
irregular”.
GRUPOS CLAROS
“Están como siempre, con dos bloques definidos y más marcados que
hace meses”, relatan. los 10 magistrados, cinco adscritos al
denominado bloque progresista y otros tantos al conservador, no han
sido capaces de encontrar una solución a la constitucionalidad de la
norma catalana. En su día se especuló sobre la posición “permeable”
del progresista Manuel aragón. Sin embargo, conforme ha ido
trascurriendo el tiempo, aragón “se ha decantando hacia la del
bloque progresista”.
El pasado acercamiento de este magistrado hacia los conservadores
llegó a interpretarse “como una maniobra” para tratar de ahormar un
tercer bloque posibilista que “al final tirara hacia la
constitucionalidad del Estatuto con concesiones mínimas”.
Candidato oficioso a la presidencia del Tribunal Constitucional,
ahora “vuelve” a su bloque natural.
El reparto de una nueva ponencia implica la intención de acelerar
los pasos, y por eso se especula con un Pleno tras Semana Santa. En
caso de bloqueo, bastante probable, o se varían posiciones mientras
se delibera, o María Emilia Casas utiliza su voto de calidad. De lo
contrario, se dilataría el fallo o se aplica el artículo 254 de la
ley Orgánica del Poder Judicial.
Según éste, “1. la votación, a juicio del presidente, podrá tener
lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho
o de derecho que hayan de hacerse, o parte de la decisión que haya
de dictarse; 2. Votará primero el ponente y después los demás
magistrados por orden inverso al de su antigüedad. El que presida
votará el último; 3. Empezada la votación, no podrá interrumpirse
sino en caso de fuerza mayor”. Las fuentes jurídicas consultadas
predicen que “lo más probable es que acabe aplicándose” este
artículo.
“Las declaraciones del otro día de Zapatero no son casuales”,
apuntan las mismas fuentes. El presidente del Gobierno viene
defendiendo sin concesiones la constitucionalidad del nuevo
Estatuto catalán que él mismo impulsó, pero el pasado martes,
haciendo lo propio, matizaba sobre la “nación” catalana incluida en
el texto: “a mí no me produce inquietud que se produjera esta
definición, pero jurídicamente, desde el punto de vista
constitucional, es más adecuado que digamos que es una nacionalidad
y que políticamente es una comunidad autónoma”.
Para el Tribunal Constitucional, España es una nación, y no una
nación de naciones discutida y discutible. Ése es el escenario en
el que hoy trabajan los magistrados, en lugar de la interpretación
sobre el concepto nación incluido en el preámbulo que venían
barajando a lo largo del año pasado.
PARALIZADO
El Tribunal Constitucional lleva prácticamente paralizado desde
hace cuatro meses (han alumbrado sentencias de Sección, pero ni de
Sala ni de Pleno). El TC no aborda nuevos asuntos. Tras más de tres
años y medios sin pronunciarse sobre el Estatuto catalán, empiezan
a estar muy nerviosos “porque esto ya es un escándalo”, confiesan
pronosticando que tras Semana Santa “va a haber un desenlace”.
El Partido Popular fue el primero en presentar un recurso de
inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña. Fue el 31 de
julio de 2006, y el 28 de septiembre fue admitido a trámite. Se
acerca abril de 2010 y la sentencia no aparece por ninguna parte.
Recientemente la presidenta del Tribunal Constitucional, en
respuesta a preguntas de la GaCETa desde los pasillos del Congreso
de los Diputados, declaraba que la sentencia llegaría “muy pronto”.
FALLO INCÓMODO
El Estatuto de Cataluña ha ido derivando en un auténtico campo de
minas para los políticos conforme van acercándose las elecciones
catalanas. Ni a los populares ni a los socialistas les interesa hoy
que salga a la luz un fallo que, casi con total probabilidad, no va
a contentar absolutamente a nadie y podría enrarecer el ambiente de
cara a los comicios.
Más allá de los políticos, la sentencia marcará un antes y un
después en el prestigio del Constitucional.De momento, la gestión
del fallo se ha ganado un descrédito generalizado, “aún más del que
ya acumulaba”, concluyen. En cualquier caso, el malestar de los
magistrados ha llegado también a los letrados, que afirman que
“están hartos” de esta situación.
LA NORMA CATALANA
El contenido de la norma catalana tiene en jaque al Constitucional.
Tras casi cuatro años, no ha sido capaz de resolver los puntos
polémicos del ‘Estatut’. Donde parece que hay unanimidad para
rechazar el texto es en la creación de un poder judicial autonómico.
Otro punto caliente es el término nación, pues ahora parece que se
quiere eliminar. Siguen sin resolverse las transferencias, la
relación de bilateralidad, los símbolos y los derechos históricos.
Originalmente publicado en La Gaceta
Los magistrados del TC acercan posturas y
Casas cuenta ahora con seis apoyos
La presidenta podría llevar a Pleno la quinta ponencia y sacar la
sentencia tras las vacaciones de Semana Santa
NIEVES COLLI | MADRID ABC 29 Marzo 2010
La sentencia del Estatuto catalán podría estar al caer si el
acercamiento de posiciones conseguido en el último mes por los
magistrados del Tribunal Constitucional se traduce después en un
número suficiente de votos. Fuentes jurídicas aseguran que a día de
hoy la resolución podría salir adelante por la mínima (6-4), aunque
la presidenta, María Emilia Casas, y la ponente, Elisa Pérez Vera,
siguen trabajando con empeño en la búsqueda de un séptimo apoyo. Y
es que son conscientes de que sólo con seis votos favorables el TC
daría una imagen de división muy poco recomendable en un asunto de
este calado, sobre todo después de más de tres años de
deliberaciones sin resultado alguno.
Si todo sigue como en este momento, el Tribunal estaría en
condiciones de celebrar un Pleno, algo que no sucede desde hace
meses, y quizás incluso de votar la quinta versión de la ponencia de
Pérez Vera, pronunciamiento que reclaman muchos magistrados para no
dilatar aún más las cosas.
Prudencia
Los más atrevidos se aventuran a hablar de mediados del mes de
abril, poco después de las vacaciones de Semana Santa, como fecha
para hacer pública la sentencia y despejar por fin la «x» sobre la
constitucionalidad de la norma catalana. Sin embargo, y pese a no
ocultar su optimismo, en medios del Tribunal Constitucional
prefieren mostrarse muy prudentes, pues son muchos los altibajos
vividos y son conscientes de que es muy fácil tener el enésimo
tropiezo. Recuerdan, sin ir más lejos, cómo los avances conseguidos
a principios de este año hicieron pensar que la sentencia podía
salir a finales de enero o, a lo sumo, en febrero. Pero el
equilibrio en el Pleno es inestable, y un mes después la situación
había vuelto al bloqueo de julio de 2009. Hasta hoy.
Lo cierto es que, ya desde hace tiempo, muchos magistrados vienen
reclamando a la presidenta Casas que celebre un Pleno y someta por
fin a votación la ponencia. En las últimas semanas, se han plantado.
El recurso del Partido Popular contra el Estatuto catalán lleva tres
años y medio tramitándose y la situación es insostenible. La presión
externa -en especial la que proviene de Cataluña, casi a las puertas
de celebrar elecciones a la presidencia de la Generalitat, previstas
para otoño- contribuye a que el ambiente sea aún más incómodo para
todos y hace más que aconsejable resolver este asunto de una vez por
todas.
Mejoras técnicas
La llave de este avance la ha tenido en su mano el magistrado Manuel
Aragón. Nombrado a propuesta del Gobierno, se le sitúa en el sector
progresista, aunque en numerosas cuestiones su voto ha estado al
otro lado, en contra de la ponencia amparada por María Emilia Casas
y, por lo tanto, en contra también de dejar pasar como
constitucionales aspectos clave del Estatuto.
Los cambios en la ponencia, que limitan o eliminan los aspectos más
polémicos del Estatuto, podrían hacer posible un voto favorable de
Rodríguez Arribas
Fuentes del Tribunal aseguran que las modificaciones y mejoras
técnicas que en este último mes y medio ha sufrido el borrador de la
sentencia -«en general ha mejorado bastante», explican- han sido
inspiradas por Aragón, por lo que «a priori» el grupo progresista
tendría garantizado su voto.
Según las mismas fuentes, el sexto apoyo -imprescindible para sacar
adelante la sentencia, a la vista de que Casas quiere evitar a toda
costa hacer uso de su voto de calidad- sería el del vicepresidente
del TC, Guillermo Jiménez. El séptimo, que le daría más fuerza al
fallo y dejaría en tres el número de votos particulares, podría
venir de la mano de Ramón Rodríguez Arribas, el único magistrado del
grupo conservador cuyo mandato no expira hasta 2013. En las mismas
posiciones contrarias que vienen defendiendo desde el principio se
mantienen Javier Delgado, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde,
que redactarían votos particulares.
Otras fuentes consultadas por ABC aseguran que la versión de la
sentencia en la que ahora se trabaja declara inconstitucionales una
veintena de artículos, entre los que estarían varios referidos a
aspectos nucleares del Estatuto catalán. Otros se habrían resuelto
por la vía de la interpretación.
Las fricciones en las deliberaciones y reuniones informales
mantenidas en los últimos meses se habrían centrado casi siempre en
cuestiones técnicas y otros aspectos relacionados, por ejemplo, con
los «símbolos nacionales», vinculados a la declaración que se hace
en el preámbulo del Estatuto respecto del carácter de Cataluña como
nación.
Renovación del TC
Muchos magistrados tachan la situación de insostenible
Junto a ellos, también ha resultado muy complejo consensuar
posiciones sobre la bilateralidad de las relaciones entre la
Generalitat y el Gobierno de la Nación, la financiación autonómica o
el poder judicial autonómico, así como la organización territorial
de Cataluña, los derechos históricos o el blindaje de las
competencias.
De prosperar este intento de sacar adelante la sentencia, quedaría
despejado el camino para la renovación del Tribunal Constitucional,
siete de cuyos once magistrados se encuentran en situación de
interinidad. A esas siete vacantes hay que sumar una octava, causada
por el fallecimiento de Roberto García-Calvo el 18 de mayo de 2008.
El mandato de este magistrado vencía el próximo mes de noviembre.
Sin precedentes
Por primera vez en la historia de esta institución, se han acumulado
dos renovaciones, que por ley deben producirse por tercios de
magistrados y cada tres años. El Senado debió nombrar a los
sustitutos de Casas, Jiménez, Conde y Rodríguez Zapata en diciembre
de 2007; el Congreso debería hacer lo propio con los sustitutos de
Delgado, Pérez Vera, García-Calvo y Eugeni Gay dentro de seis meses.
A la vista de que la hora de la sentencia parece estar próxima,
fuentes consultadas por este periódico aseguran que los dos grandes
partidos (PSOE y PP) han puesto en marcha la maquinaria con el
objetivo de poder cerrar la renovación a finales de este año y
acabar de una una vez con la actual situación.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
La sentencia podría conocerse tras las vacaciones de Semana Santa
Seis de diez magistrados del TC apoyan ya
el fallo sobre el Estatut de Cataluña
Madrid - La Razón 29 Marzo 2010
El Constitucional recorta veinte artículos. Un séptimo magistrado
podría también dar su voto favorable.
Cuando se cumplen cuatro años de la aprobación por el Congreso de
los Diputados del Estatut de Cataluña, la decisión sobre su
constitucionalidad puede estar tomada y conocerse después de Semana
Santa. La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sería aprobada
con el apoyo de seis magistrados, contra cuatro que continúan
oponiéndose a aprobar puntos fundamentales de la reforma catalana.
Ante el bloqueo para llegar a una decisión, la presidenta del TC,
María Emilia Casas, se había comprometido a tener una propuesta de
sentencia antes del pasado viernes. Así lo hizo, y presentó un texto
que podría contar con el apoyo de, al menos, seis de los diez
magistrados que tienen voto en el Tribunal. Su propuesta es
completamente novedosa respecto a la última que presentó Elisa Pérez
Vega, excepto en los apartados sobre financiación y competencias.
El acuerdo conllevaría aceptar el preámbulo que incluye la
autodefinición de Cataluña como «nación», aunque establece que en
términos constitucionales la única nación es España.
Además, se convalidarían los artículos sobre la lengua, se
derogarían los que establecen un poder judicial catalán y quedarían
sometidos a interpretación los referentes a la financiación. Por el
contrario, se declararían inconstitucionales los que crean un Poder
Judicial.
Eugeni Gay es el miembro del Tribunal Constitucional que más alejado
parece mantenerse de un hipotético fallo fundamentalmente
interpretativo del Estatut, pero que puede suponer la anulación de
20 de sus artículos.
Si Eugeni Gay ya hubiera cedido, o si la presidenta del TC estuviera
dispuesta a usar su voto de calidad, posiblemente la sentencia
hubiera llegado hace tiempo. Pero la resistencia de Gay ha sido
fuertemente secundada por el apoyo del magistrado Pascual Sala, ante
la insistencia de la presidenta y de la ponente del recurso del PP,
Elisa Pérez Vera, para cerrar una deliberación que prácticamente se
está produciendo en los mismos términos desde hace un año y medio.
En el avance ha resultado clave el magistrado Manuel Aragón, del
sector progresista, que sería el responsable de las mejoras que ha
sufrido en las últimas semanas el borrador de la sentencia.
El sexto y decisivo apoyo –Casas quiere evitar a toda costa hacer
uso de su voto de calidad– sería el del vicepresidente del TC,
Guillermo Jiménez. El séptimo podría llegar de Ramón Rodríguez
Arribas, el único «conservador».
Según parece, la sentencia en la que ahora se trabaja declara
inconstitucionales una veintena de artículos, entre los que estarían
varios referidos a aspectos nucleares del Estatut.
Las fricciones y desencuentros de los últimos meses habrían tenido
su explicación en cuestiones técnicas y aspectos relacionados con
los «símbolos nacionales».
EL PRESIDENTE DEL PSE ENCIENDE LAS ALARMAS EN EL MINISTERIO DEL
INTERIOR
Eguiguren irrita a Rubalcaba con un libro
sobre las conversaciones con ETA
Carlos Fonseca. El Confidencial 29 Marzo 2010
Jesús Eguiguren, presidente de los socialistas vascos y muñidor de
los contactos entre el Gobierno y ETA durante el frustrado proceso
de paz, prepara un libro sobre el contenido de las conversaciones
que ha encendido las alarmas en el Ministerio del Interior. El
dirigente del PSE, principal valedor del fin dialogado de la
violencia, ha decidido desvelar el contenido de las mismas sin
contar con Moncloa ni con Alfredo Pérez Rubalcaba, el hombre en
quien el presidente Zapatero depositó la gestión del proceso.
El ministro del Interior se ha enterado por terceros del proyecto
editorial del hombre que con Arnaldo Otegi, líder de Batasuna, y el
jefe etarra José Antonio Urrutikoetxea ‘Josu Ternera’ la tregua
indefinida de ETA que dio paso a la mesa de diálogo entre
interlocutores del Gobierno y de la banda. La iniciativa ha irritado
a Rubalcaba, que considera que este no es el momento de escribir un
libro sobre el proceso de paz, cuando el Ejecutivo defiende una
política de firmeza y la solución exclusivamente policial del
terrorismo, y menos aún por quien ha sido protagonista destacado del
mismo.
Secretos por desvelar
El contenido del libro es una incógnita, y sólo el autor sabe lo que
está dispuesto a desvelar de los encuentros con ETA en Oslo y
Ginebra. Las actas de las reuniones elaboradas por la banda le
fueron incautadas al dirigente etarra Francisco Javier López Peña
‘Thierry’, detenido el 21 de mayo de 2008 en Burdeos (Francia), y
fuentes que conocen parte de su contenido aseguran que son una
‘bomba’ política para el Gobierno. No parece probable que Eguiguren
vaya a poner en un aprieto a su partido, pero tampoco que se haya
embarcado en un proyecto de este tipo para no contar nada, señalan
personas de su entorno.
Eguiguren no es un político al uso. Poco acostumbrado a obedecer
consignas de partido, es un defensor convencido del diálogo para
acabar con ETA. Sólo cuando la banda rompió la tregua indefinida con
la explosión de un coche bomba en Barajas cerró filas con el
Gobierno y el PSOE, dando por zanjada cualquier posibilidad de
retomar los contactos si la banda no anuncia antes el fin definitivo
de la violencia. Tres años después de aquel atentado ha reaparecido
en la escena política vasca para decir que considera sincera la
apuesta de la izquierda abertzale por vías exclusivamente políticas
y democráticas anunciada tras un prolongado debate interno. Una
interpretación a la contra de la oficial del partido, que considera
que el entorno de la banda tan sólo persigue poder concurrir a las
elecciones municipales y forales del próximo año.
Un rosario de desencuentros
Jesús Eguiguren era un político de provincias hasta que, tras cuatro
años de diálogo discreto con Arnaldo Otegi, y posteriormente con
‘Josu Ternera’, consiguió un ‘alto el fuego permanente’ de ETA a
poco de iniciarse la pasada legislatura. La paz en el País Vasco se
convirtió en la apuesta fundamental del Ejecutivo, y el presidente
del PSE pasó a tener línea directa con La Moncloa. Pero el que
hubiese arrancado una tregua a la banda no suponía que sus
posiciones contaran con el respaldo unánime, ni del partido en
Madrid, ni del Gobierno. El presidente Zapatero colocó a Rubalcaba
en Interior y le encargó que gestionara el proceso.
Los desencuentros entre Rubalcaba y Eguiguren fueron habituales
desde ese momento. El ministro, acostumbrado a tensar la cuerda en
sus negociaciones parlamentarias con otras políticas como portavoz
del PSOE, trasladó el modelo al diálogo con ETA, impuso sus tiempos
y decidió actuar con el freno de mano echado. El líder del PSE no
compartió nunca esa posición y era partidario de hacer gestos que
asentaran el proceso, como el traslado de presos a cárceles del País
Vasco o de su entorno, al que el ministro se opuso.
El ‘topo’ Ares
La desconfianza de Rubalcaba con Eguiguren le llevó a imponer a un
hombre de su confianza, Rodolfo Ares, actual consejero de Interior
del Gobierno vasco, como miembro de la delegación socialista que se
reunió con Batasuna y con el PNV en el santuario de Loyola para
alcanzar un acuerdo que evitara la ruptura de la tregua. Una vez
más, el objetivo del ministro era que el dirigente del PSE tuviera
un ‘guardián’ que evitara acuerdos inasumibles. El ‘pacto de Loyola’
abría la puerta al derecho a decidir y a un órgano común entre el
País Vasco y Navarra, que Batasuna se negó finalmente a suscribir
por la negativa de ETA a avalar el documento. Ahora, tras varios
años sin hostilidades, Rubalcaba y Eguiguren vuelven a verse las
caras. La solución, próximamente en las librerías.
Albert Rivera: "La Generalitat antepone la
lengua a la seguridad de las personas"
"El Gobierno central es cómplice de que este tipo de situaciones se
produzcan en España", comenta el presidente de Ciudadanos
Álvaro Rubio www.lavozlibre.com 29 Marzo 2010
Albert Rivera: "La Generalitat antepone la lengua a la seguridad de
las personas" Albert Rivera: "La Generalitat antepone la lengua a la
seguridad de las personas"
Barcelona.- El presidente de Ciudadanos (C’s), Albert Rivera, ha
pedido un protocolo de comunicación, que evite la descoordinación
motivada por el uso del catalán, cuando participan en operaciones
conjuntas bomberos de la Generalitat y profesionales de otras
Comunidades Autónomas. Por su parte, el Tripartito ha rechazado esta
iniciativa y no ha aceptado que se recoja el uso del castellano.
Tras la decisión del Gobierno catalán, Albert Rivera critica su
actuación y asegura que esto es sólo un ejemplo de la situación que
se vive cada día en Cataluña por el conflicto lingüístico.
-. ¿Cuál es la petición que habéis hecho?
-. La petición viene motivada por la información expuesta por
representantes de los Brif de Aragón, durante la comisión de
investigación del incendio de Horta de Sant Joan (Tarragona). Tras
ponerse de manifiesto que entre los bomberos, muchas conversaciones
no se habían entendido porque estaban en Catalán y además éstos
tardaban más tiempo en traducir que en llevar a cabo las cuestiones
técnicas, propusimos que se aprobara un protocolo de comunicación
por el cual la Generalitat cuando participaran en la extinción del
incendio bomberos de diferentes comunidades autónomas o del
ministerio se utilizara la lengua oficial del Estado. Todo con el
fin de conseguir un mayor entendimiento y no perder ni un minuto. Lo
hemos hecho porque creemos que la lengua no puede ser un problema,
sino que tiene que ser un instrumento de comunicación y no tiene
sentido hacer una torre de babel porque lo primordial es la
seguridad de las personas y no la lengua en la que hablen.
-. ¿Qué decisión ha tomado el Tripartito?
-. El Tripartito ha tumbado la propuesta de ese protocolo de
comunicación y es el ejemplo más flagrante y más claro de lo que
sucede en Cataluña, donde la lengua se ha interpuesto por encima de
la seguridad de las personas.
-. Tras el rechazo de la propuesta, ¿qué pensáis hacer ahora?
-. Nos planteamos hacer un comunicado dirigido al Ministerio de
Medio Ambiente para poner de manifiesto que desde nuestro grupo se
quería poner en marcha esta medida. Le pedimos al ministerio que nos
dé su colaboración. Ya que no lo ha hecho el Gobierno de Cataluña,
pedimos que el Gobierno de España pueda armonizar el uso de las
lenguas a la hora de extinguir un incendio.
-. ¿Cuál es la solución que planteáis?
-. Debería haber una ley que regule el uso oficial de las lenguas en
España para que este tipo de casos no se puedan producir. No podemos
permitir que porque algunas comunidades tengan competencias
autonómicas se pueda poner incluso en peligro la vida de las
personas.
-. ¿Esto es un ejemplo de una situación generalizada que se puede
extrapolar a otros ámbitos en Cataluña?
-. Esto sucede en casi todos los ámbitos (universitario, judicial,
policial...). Pasa porque en España algunos se han tomado el estado
autonómico como una especie de trinchera donde parecemos un estado
tribal, donde cada tribu tiene su lengua y sus características y eso
en vez de ser una virtud lo están convirtiendo en un problema a la
hora de servir a los ciudadanos.
-. ¿Considera al Gobierno de España cómplice de esta situación?
-. Sí. La omisión por parte de los gobiernos centrales, ahora el
PSOE y en su día del PP cuando pactó con CIU, pone de manifiesto que
los nacionalistas tienen vía libre. Los gobiernos centrales no hacen
cumplir las leyes y tienen dobles varas de medir según el gobierno.
Esa es la responsabilidad que está teniendo el PSOE y Rodríguez
Zapatero en concreto. No hay que olvidar que el PP de 1996 al 2004
hizo exactamente lo mismo o peor porque Aznar junto a Convergencia
fue el encargado de cerrar los pocos colegios bilingües que quedaban
en Cataluña. Esto no ha sido sólo el PSOE y además el PP si vuelve a
gobernar volverá a las andadas porque les importa más la silla que
los derechos lingüísticos de los españoles.
-. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha asegurado que "el
conflicto lingüístico se ha vivido en España con normalidad", ¿está
de acuerdo con esas declaraciones?
-. Esas palabras son la prueba de que miran hacia otro lado y no
quieren hurgar en el tema porque es el Partido Socialista quien está
llevando a cabo la imposición lingüística en las escuelas catalanas.
Un ministro de Educación se debería ocupar de lo que pasa en sus
aulas. Me gustaría que Ángel Gabilondo, me indicara un sólo colegio
en Cataluña donde se pueda educar en castellano a los alumnos. Le
pido por favor que cuando lo encuentre que nos lo señale porque
nosotros no lo hemos encontrado. No existe un sólo colegio en
Cataluña público o concertado donde se pueda estudiar en castellano.
Hay una excepción: la escuela alemana donde lleva José Montilla a
sus hijos en los que pagando 800 ó 900 euros uno estudia cuatro
lenguas.
-. ¿Qué opina del 'cuerpo diplomático' específicamente catalán que
Carod-Rovira quiere llevar a cabo en el extranjero?
-. Carod está preparando la retirada para colocar a los suyos y
seguir minando la estabilidad a nivel internacional de España.
Quiere dar la imagen de que Cataluña es un país distinto. Carod
tiene muy claro y así lo ejecuta porque se lo permite Montilla que
tiene que crear una serie de 'embajadas' y de 'cuerpos diplomáticos'
para ir dando la imagen exterior de que Cataluña es una nación que
tiene un conflicto con España. Se le echa la culpa de esa situación
a Carod-Rovira, pero es Montilla quien está permitiendo este tipo de
barbaridades y de despilfarro público de dinero
-. En el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) se ha
publicado que Cataluña se ha gastado 860.000 euros más en
promocionar el catalán en el exterior, ¿qué opinas de que esto
suceda en plena crisis económica?
-. Por enésima vez lo hemos denunciado pero esto sigue. La ministra
de Economía, Elena Salgado, habla de recorte, pero es curioso que
los gobiernos autonómicos van a aplicar la austeridad sobre la Ley
de Dependencia, un derecho social de muchas personas. En cambio para
fomentar la independencia, y el nacionalismo no hay ahorro. En
Cataluña existen recortes sociales, se cierran los bachilleratos
nocturnos, se recorta la Ley de Dependencia, pero sigue habiendo
subvenciones que reciben una serie de entidades para promover la
construcción nacional. Una actividad que nunca ve sus partidas
recortadas.
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