AGLI

Recortes de Prensa   Lunes 29 Marzo  2010

 

La Nación de naciones está sentenciada.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 29 Marzo 2010

Todo está decidido. El Sr. Zapatero una vez más declaró orgullosamente que él consideraba al Estatuto de Cataluña totalmente Constitucional. Y para ello, aludió a que durante estos cuatro años de aplicación, no ha habido problemas. Es patente que el Sr. Zapatero obvia voluntariamente todos los aspectos más conflictivos como el término "Nación" y todo el articulado que se deriva de él. Un articulado que va a ser ligeramente retocado por el tribunal Constitucional en una Sentencia histórica y seguro que polémica, tanto por su injustificado retraso al emitirla como en el alcance de las observaciones.

Y supongo que el Sr. Zapatero cuando habla lo hace con un amplio conocimiento de causa, ya que son notorias las filtraciones interesadas así como las consignas que emanan desde la Presidencia del TC, la Sra. María Emilia Casas, cuya dependencia política del PSOE y de Presidencia nadie pone en duda. Para el PSOE, se ha garantizado el mantenimiento de la Sra. Casas en ese puesto mediante una Ley "ad hoc" y con el exclusivo objetivo de mantener el equilibrio en el TC en la esperanza, parece que fundada, en que algún otro juez del sector no progresista, admitiese el maquillaje de la sentencia.

Las filtraciones que llegan de lo que puede ser el contenido final de la Sentencia del TC son francamente desoladoras y que suponen la certificación de hecho de la derogación de la Constitución de España a favor de un engendro de Estatutos Autonómicos infumables e insolidarios. La consecuencia lógica que traerá la Sentencia será la aplicación inmediata en el resto de Estatutos, que así lo contemplen, de la llamada "cláusula Camps". Esa cláusula lo que conlleva es el tratamiento igualitario con cualquier ventaja que se observe en el Estatuto de Cataluña. Así que al final tendremos en vez de "nacionalidades", "naciones" o lo que es lo mismo, un Estado Federal, sin que los ciudadanos se hayan pronunciado en referéndum.

Esta anomalía democrática no puede ser admitida en ningún caso. Los ciudadanos y sus Asociaciones cívicas y aquellos partidos con verdadero sentido nacional, deberán llevar el caso de inconstitucionalidad a otras estancias jurídicas europeas como puede ser el Tribunal de Estrasburgo. España ha dejado de ser hace tiempo una Nación donde los ciudadanos tengan los mismos derechos y deberes con independencia del lugar de nacimiento o residencia. España ha pasado a ser un ente amorfo autonómico donde las leyes del Estado son ignoradas., donde los derechos de los españoles son pisoteados por la casta política dirigente y unas leyes que violan las libertades.

Es más que seguro que el TC se decida a sacar su Sentencia en pocos días, aunque no podrán evitar que la respuesta de los ciudadanos sea proporcional al nivel de sometimiento a los chantajes nacionalistas y a las presiones del Gobierno y del PSOE, incesantes durante estos cuatro años de larga travesía que llevan los recursos de inconsitucionalidad. Aunque lo verdaderamente lamentable es que el PP principal, aunque no único, promotor de los recursos, esté ahora en una posición de sumisión y de contemplación ante este atropello a la Constitución a la que definitivamente parece haber renunciado en aras de alcanzar pactos políticos que le aseguren el Gobierno.

De aprobarse el Estatuto con el maquillaje de urgencia para que sea "tragable", nadie puede asegurar si puede ser el comienzo de una rebelión cívica. Lo que pueden hacer no es tensar la cuerda, sino romperla definitivamente. Cuando se disponga del texto final de la Sentencia, será el momento de obrar en consecuencia con su contenido.

Negociación
Bombas y votos
Ignacio Cosidó Libertad Digital 29 Marzo 2010

Si la denuncia que hacía Jaime Mayor Oreja la pasada semana de que el Gobierno mantiene una negociación con ETA ha provocado que el Consejo de Ministros haya impulsado una reforma legislativa para hacer más difícil la presencia de los terroristas y sus cómplices políticos en las próximas elecciones municipales, habría que concluir que las palabras del ex ministro del Interior no podían haber sido más oportunas y útiles. Nada ha hecho tanto daño a ETA en toda la historia de la lucha antiterrorista que su expulsión de las instituciones democráticas y nada resulta por tanto más prioritario en este momento en la política contra el terrorismo que evitar la presencia de cualquier marca blanca etarra en las urnas.

No obstante, cercenar la presencia de terroristas en las elecciones no depende sólo de los instrumentos legales de que se dispongan, sino sobre todo de la voluntad política de utilizarlos para lograr ese objetivo. Con la Ley de Partidos vigente, en las elecciones municipales de 2003 Batasuna no estuvo presente gracias a la determinación política demostrada por el Gobierno de Aznar y el excelente trabajo de la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Con esa misma Ley, otra marca blanca de ETA, ANV, logró colar casi la mitad de sus candidaturas en 2007, en pleno proceso de negociación entre el Gobierno y la banda terrorista. Ni siquiera una vez roto ese proceso Zapatero tuvo la voluntad de disolver los ayuntamientos gobernados por los cómplices de ETA aplicando la Ley de Bases de Régimen Local. El Gobierno aprueba ahora una reforma que aplaudimos, pero la prueba final es si Zapatero aplicará todos los instrumentos de los que le dota el Estado de Derecho para evitar que ETA esté presente en las próximas elecciones.

Hace escasos días el consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, un hombre de la máxima confianza del actual ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendía de hecho que no era precisa ninguna modificación legal para evitar la presencia de los terroristas en las elecciones. Cuesta creer que la decisión de llevar al Consejo de Ministros esta reforma no tenga nada que ver con la polémica generada por las declaraciones de Jaime Mayor Oreja.

En todo caso, las conversaciones entre los socialistas y ETA han sido casi una constante histórica. Cuando Mayor Oreja ocupó la cartera de Interior en el primer Gobierno de Aznar, existía una auténtica orgía negociadora a múltiples bandas entre el Gobierno y los terroristas. Incluso cuando Zapatero firmaba el Pacto Antiterrorista con el PP, el presidente del PSE, Jesús Eriguren, mantenía discretamente contactos que cristalizaron en el proceso de negociación iniciado por Zapatero en 2005 traicionando el propio pacto que él había impulsado. El mismo presidente del Gobierno ha reconocido públicamente que mantuvo abierta la negociación incluso después del atentado de la T-4 en contra de lo que afirmó inicialmente. Con estos antecedentes, lo más sensato es fiarse más de los hechos que de las palabras del Gobierno, por mucho que sus ministros eleven la voz para descalificar a aquellos que dudan de que el Gobierno no vuelva a sucumbir a la tentación de una negociación de la que por otra parte jamás se han arrepentido ni renegado.

El mejor desmentido que puede dar el Gobierno a quienes sospechan que hay una negociación en curso es impedir que cualquier persona relacionada con ETA pueda figurar en mayo de 2011 en una candidatura municipal o foral en el País Vasco o Navarra. Es importante dejar claro que para poder concurrir a esas elecciones no basta con una condena del terrorismo por imperativo legal, del mismo modo que los representantes de Batasuna en el Congreso de los Diputados hacían en el pasado prometiendo la Constitución española, sino que es imprescindible una demostración fehaciente de que han roto todas las amarras con la organización terrorista de la que hasta ahora dependen. Esa desvinculación plena exige a su vez una verificación por parte del Gobierno mucho más exhaustiva y fiable que la que hizo Rubalcaba para certificar el falso alto el fuego durante el proceso negociador anterior. Para lograr ese objetivo de expulsar a los terroristas de las instituciones democráticas el Gobierno contará no sólo con el máximo apoyo del PP, sino también con nuestra más firme exigencia.
Ignacio Cosidó es diputado del Partido Popular por Palencia.

Nacionalismo
Dentro de un siglo Cataluña será una región pobre
Pedro de Tena Libertad Digital 29 Marzo 2010

No es una afirmación gratuita más que en el plazo. No puedo saber si será dentro de un siglo o mucho menos. Pero ya me parece algo evidente que será una región pobre y de escasa relevancia dentro de poco. No parte mi aserto de ninguna premisa ideológica, sino de un hecho comercial. Hace días solicité a una empresa catalana de Vallfogona de Ripollès un abono ecológico para enriquecer un huerto en el que aniquilo los fantasmas de mi cabeza entre soletas y rastrillos. Lejos de seguir las consignas de los exaltados que prefieren boicotear los productos catalanes, mi actitud ha sido siempre la de seguir tratando a Cataluña como lo que es: una hermosa y fructífera región de España, a pesar de la estupidez de sus nacionalistas.

¿He dicho estúpidos? Sí, lo he dicho. Utilizo para ello la acepción aportada por el profesor Cipolla en su libro sobre la estupidez donde, si no recuerdo mal, afirmaba que el estúpido, que no descansa y es mucho más peligroso de lo que se cree, es el que hace daño a todo el mundo inclusive a sí mismo. Esa nota del auto-castigo es lo que le distingue de otros malvados, que hacen daño a los demás, pero no a sí mismos.

Yo no sé si esta empresa de Vallfagona de Ripollês es estúpida o si la han hecho cometer una estupidez. Lo cierto es que tras cursar el pedido, llega a mi casa un paquete con el abono solicitado y un sobre, que creía, ingenuamente, que sería la factura. Pero no. No venía la factura. El sobre contenía un folleto sobre el producto que está escrito totalmente en catalán. Y entonces caí en la cuenta: o los catalanes reaccionan a tiempo o se verán convertidos en una ruina cultural, moral y económica.

Está claro que a partir de ahora nunca más compraré a la empresa y haré lo posible porque otros tampoco lo hagan. ¿Saben por qué? Porque me he sentido vilipendiado, herido, humillado y despreciado. No sé si ha sido la empresa la que ha tomado esta decisión o si ha seguido las instrucciones de la Generalidad que preside un andaluz del PSOE, Montilla. Me da igual porque o uno se enfrenta a la estupidez o debe correr el riesgo de ser considerado estúpido.

¿O no es estúpido tratar a un cliente de este modo? Vamos a ver: cuando una empresa estadounidense, francesa, alemana, finlandesa e incluso china, coño, vende un producto, sus instrucciones suelen estar recogidas en todos los idiomas de sus posibles clientes: francés, inglés, español (que leen nada menos que casi 400 millones de personas más los que lo aprenden), árabe o lo que sea. Es lo natural y lo es por dos razones. Primera, porque estas empresas, que no son estúpidas, quieren que quienes compran su producto sepan en su idioma cuáles son las instrucciones de uso del mismo. De esa forma, el producto puede ser apreciado en toda su riqueza y se reducen las reclamaciones por un mal uso del mismo.

En segundo lugar, consiguen que el cliente se "fije", es decir, que se sienta respetado y bien tratado por la empresa que tiene la deferencia de expresarse en su lengua materna para comunicarse con él.

Pero, ¿cómo puede sentirse un andaluz de Jerez de la Frontera que no ha aprendido catalán porque las circunstancias de la vida no se lo han aconsejado, pero que tiene una lengua común con los dueños de esta empresa, si las instrucciones de uso de este abono le vienen explicadas sólo en catalán, como es el caso? Es que ni siquiera vienen en inglés, ni en francés ni en ninguna otra lengua. Sólo en catalán.

Primero, ¿cómo creen estos estúpidos señores, que me hacen daño a mí porque me impiden conocer lo que he comprado y cómo usarlo, y se hacen daño ellos mismos porque ya tienen un cliente menos y un enemigo más, que debe tratarse a los clientes de su empresa en un mercado abierto? ¿Es que acaso cuando un inglés o un canadiense, enterado de la existencia de su producto y lo compran, va a recibir sus instrucciones de uso sólo en catalán? ¿Es así como lo hacen? Pues permítanme que les diga que son completamente estúpidos, además, desde el punto de vista comercial y económico.

¿O es que, acaso, esta faena se la hacen sólo al público español no catalán y a los clientes de los demás países sí remiten el producto con las instrucciones en el idioma correspondiente? Esto sería una cabronada odiosa de unos nacionalistas baratos hacia la ciudadanía de habla española, que somos todos aunque les pese.

Por tanto, además de anunciar la ruina de Cataluña en un tiempo breve aunque impreciso, aprovecho este momento para anunciar que la empresa que me ha vendido el producto es estúpida por sí o por inducción de terceros y que jamás volveré a comprarles ningún producto, a menos que me pidan perdón y cambien su estúpida e infamante actitud.

Para que quede totalmente claro que no es un juego de palabras, compré el producto Vermicuc por internet a través de la entidad Ecofamilia, igualmente estúpida, número de pedido: 394 y fecha del pedido, domingo 7 marzo 2010. Y ruego a los lectores y a todos los españoles en general que dejen de comprar sus productos hasta que las instrucciones vengan, como es natural en todas las empresas del mundo, menos en las estúpidas que se rigen por el nacionalismo barato catalán, en el idioma del cliente.

Parte del problema
César Vidal La Razón 29 Marzo 2010

Lo decía John Wayne refiriéndose a Hollywood: «Hubo una época en que el cine era parte de la solución a los problemas. Ahora es parte del problema». El viejo actor –símbolo del héroe capaz de pasarse tiempo y tiempo intentando rescatar a una niña secuestrada por los indios en Centauros del desierto– sabía lo que se decía. Durante la recesión de 1929 y después durante la Segunda Guerra Mundial, el cine había sabido inspirar a los norteamericanos esperanza, alegría y fe en la victoria. Después vinieron unos tiempos en que no pocas películas prepararon a la nación para embarrarse en discursos progres y, como tales, destructivos. No eran ya un alivio de nada sino parte del mal, claro que, por lo menos, no estaban subvencionadas. Saco todo esto a colación porque a día de hoy los políticos se han convertido no en la clave para solucionar los problemas nacionales –como debería ser, que para eso los pagamos–, sino en parte considerable de los mismos. Permítanme brindarles algunos ejemplos.

Nuestra economía acumula ya cerca de cinco millones de parados reales, está sumida en la recesión y sigue cayendo. Nuestra economía necesita recortar el gasto público si desea salir del foso en que se encuentra. ¿Quién no recorta el gasto público? Políticos. A decir verdad, sólo Esperanza Aguirre ha logrado de entre 17 CC AA reducirlo.

Nuestra economía precisa de acabar con el actual sistema de cajas de ahorros si quiere evitar un seísmo financiero pavoroso y cercano. ¿Quién lo impide? Políticos. Al parecer, pocos están dispuestos a renunciar al mando en el chiringuito financiero regional y, por añadidura, se oponen a las fusiones interregionales que podrían salvar a algunas, por lo menos a algunas, de las cajas.

Nuestra economía exige una flexibilidad del mercado laboral que permita reducir las cifras alarmantes del desempleo. ¿Quién lo impide? Políticos flanqueados por los sindicatos que cobran –¡el colmo!– por cada Expediente de Regulación de Empleo que sufre España. Nuestra economía ansía una reducción de impuestos para evitar ahogarse del todo. ¿Quién lo impide? Políticos que, si pertenecen al Legislativo, se ven exentos de tributar hasta un setenta por ciento de sus impuestos y que no dejan de idear formas nuevas para exprimirnos –de nuevo, Aguirre es la excepción–, pertenezcan al partido que pertenezcan… ¿o es que Tutangallardón es del PSOE?

Nuestra economía necesita una reforma del sistema de pensiones. ¿Quién lo impide? Políticos que tienen unos planes de pensiones injustamente superiores a los de los ciudadanos que les pagamos el sueldo. No podemos seguir como en los últimos años, sumidos en la inactividad, el despropósito o la tibieza y lo peor es que los que deben adoptar medidas serias no lo hacen por la sencilla razón de que, de la manera más personal, les beneficia el actual despropósito. Han logrado –y es para pensar– que la mayoría de los ciudadanos los consideren un problema aún más preocupante que el terrorismo. Sin duda, es una exageración y hay excepciones, pero también resulta cierto que si el terrorismo es una lacra de la que ansiamos liberarnos –no lo hemos conseguido por los nacionalistas y por los devaneos de ZP– nunca ha amenazado la viabilidad del presente sistema constitucional. La conducta irresponsable de algunos políticos sí lo hace y habrá que ver de qué les aprovecha si en algún momento, más cercano que lejano, se desencadena un vendaval que se lleva todo como el viento de la celebre película de Hollywood.

Veinte años no es nada
Luis del Pino Libertad Digital 29 Marzo 2010

Entradilla al programa Sin complejos del domingo 28/3/2010:

Hoy se cumplen 20 años de aquel congreso que aupó a José María Aznar a la presidencia del Partido Popular, la formación que aglutina a la derecha española.

Iniciaba así el PP un viaje que habría de llevar a Aznar 6 años después a la Moncloa, tras haber fracasado sucesivamente en el empeño tanto Manuel Fraga como Antonio Hernández Mancha.

Como dice el tango, "20 años no es nada", pero hay que ver la de cosas que han pasado en este tiempo, tanto dentro del PP como en nuestra maltrecha patria.

José María Aznar cogió un partido dividido, incapaz de levantar la cabeza frente al polanco-felipismo, y lo transformó en una maquinaria electoral bien engrasada y aparentemente homogénea, capaz de poner contra las cuerdas a González en las elecciones de 1993, con una oposición a cara de perro; capaz de ganar por mayoría simple en 1996 y capaz de conseguir la mayoría absoluta en 2000.

Aznar cogió un país que no cumplía ninguno de los criterios necesarios para entrar en el euro y consiguió que España ingresara por méritos propios en la Unión Monetaria, con unos resultados superiores a los de la propia Francia.

Aznar llegó al poder con un país sumido en el descrédito de la corrupción y el crimen de estado, donde cada día nos desayunábamos con un nuevo escándalo, y consiguió normalizar relativamente la vida pública. Con lo que los españoles pudimos pasar de discutir sobre la corrupción a discutir sobre el papel de España en el mundo.

Aznar accedió a la Moncloa con un grave problema de terrorismo y contraterrorismo y supo aplicar la Ley, y sólo la Ley, hasta poner a ETA contra las cuerdas y asegurarse el respaldo de esa comunidad internacional que tantas veces nos había vuelto la espalda en nuestra lucha contra la banda que lleva 40 años asesinando españoles.

Cierto es que Aznar pudo tener sus fallos (¿quién no los tiene?), pero, echando la vista atrás, resulta espectacular el avance que España experimentó durante el tiempo en que Aznar estuvo pilotando la nave del PP.

Y en esto llegó el 11-M y con él el reflujo.

Y si espectaculares son los avances experimentados entre aquel año 1990 y 2004, no menos espectaculares son los retrocesos vividos desde que alguien, aún no identificado, volara cuatro trenes de cercanías, matando a 193 personas.

Si Aznar consiguió poner a ETA contra las cuerdas, la actuación del gobierno Zapatero ha conseguido revivirla. Y de nuevo son las víctimas y no los verdugos, las ignoradas por quienes tienen la obligación de protegernos y no lo hacen.

Si la corrupción dejó de ser con Aznar el tema principal de las portadas, ahora no hay día que no nos desayunemos con un nuevo escándalo que afecta a tal o cual partido, y el descrédito de la Justicia, de los partidos y en general de la política, ha vuelto a alcanzar cotas que no veíamos hace 14 años.

Si Aznar logró que entráramos en la Unión Monetaria por la puerta grande, Zapatero está a punto de conseguir que nos expulsen del euro por la puerta de servicio.

Y si Aznar hizo del PP un partido unido, fuerte y con criterio, los españoles nos vemos ahora sometidos a la maldición de contar simultáneamente con el peor gobierno imaginable y con la peor oposición posible.

Si tuviéramos que resumir gráficamente el cambio sufrido, podríamos decir que España ha pasado de poner las botas encima de la mesa de Bush a limpiarle los zapatos a Obama.

Éramos un país de tres al cuarto y Aznar consiguió que comenzáramos a creernos capaces de grandes cosas. Pero Zapatero se ha encargado de convertirnos otra vez, en sólo seis años, en un país de tres al cuarto, que invierte toda su energía en rozamiento interno, en lugar de emplearla en algo útil.

Sin embargo, como ya saben ustedes, lo mío es el optimismo patológico. Así que, en lugar de dejarme vencer por la nostalgia o por el derrotismo, permítanme que me quede con lo positivo.

Si la etapa de Aznar sirvió para demostrar algo, ese algo es que España y los españoles son, en efecto, capaces de hacer grandes cosas. Demostró que el nivel de España y de los españoles está muy por encima del nivel medio de su clase política. Demostró que España y los españoles atesoran unas energías creativas y una capacidad de ilusión que tan sólo están esperando, para florecer, a que se den las condiciones adecuadas.

Lo cual quiere decir, por supuesto, que existe margen para la esperanza.

Yo no sé si mañana o pasado mañana surgirá otro Aznar que permita que los españoles podamos, de nuevo, levantar la cabeza para mirar con orgullo y esperanza hacia el futuro.
Pero lo que sí sé es que, cuanto más trabajemos, cuanto más perseveremos, antes se darán las condiciones necesarias para que eso suceda.

Rescatamos a Grecia mientras nuestras cuentas se hunden
Roberto Centeno El Confidencial 29 Marzo 2010

Lo ocurrido el lunes pasado en la reunión entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, donde la Sra. Salgado se presentó sin un papel, sin una propuesta, sin una idea, para cumplir las exigencias de Bruselas de reducir el gasto autonómico y local, síntesis de la podredumbre, la miseria moral y la desidia a la que se ha llegado en la España de Zapatero, pues podía haberlo hecho igual el conserje del ministerio, ha quedado completamente eclipsado por la decisión del inquilino de la Moncloa de ayudar a Grecia más que ningún otro país en términos de PIB. Somos el país que más dinero pone y el que menos cuenta, a pesar de ostentar la Presidencia de turno.

Es algo tan asombroso, tan irreal y tan profundamente irresponsable, que entra en el terreno de lo paranormal: pagaremos el 12,5% del rescate de Grecia, frente al 14% Francia y el 18% Alemania, cuyos PIB son un 50% mayor y más del doble respectivamente, y Zapatero dice que aportamos más que nadie “porque podemos”, cuando la Sanidad está quebrada y solo sigue funcionando a base de no pagar a los proveedores, cuando la Seguridad Social está también quebrada y tiene que recibir transferencias crecientes del Estado para poder pagar las pensiones y a los parados, y cuando nuestras cuentas públicas han entrado en fase de hundimiento acelerado.

En términos de caja hasta febrero, es decir, los gastos y los ingresos que efectivamente se han realizado en el periodo, el déficit ascendió a 7.729 millones de euros, ¡100 veces más! que en el mismo periodo que el año anterior. Aunque enero y febrero son meses poco representativos, es evidente que el año empieza con un descuadre gigantesco sobre lo previsto en los Presupuestos.

Los ingresos no financieros caen un 7,1% a pesar de la mayores retenciones del trabajo y las pensiones, y los gastos crecen un 22,8%, nada que ver con las estimaciones de los PGE-2010. Y en cuanto a gastos financieros, estos crecen un ¡40,1%, ocho puntos por encima de lo previsto!; y las transferencias, fundamentalmente al servicio público de empleo, para así ocultar la quiebra de la Seguridad Social, que sigue mostrando un “superávit” virtual de 4.602 millones, se han incrementado un 26,3%, hasta los 17.422 millones de euros. La recaudación del IVA cayó a su vez un 8,9%, pero Dña. Elena nos cuenta que crecerá ¡un 26,15% en el conjunto del año! Y si esto es lo que ocurre con el gasto del Gobierno, imaginen ustedes lo que puede estar pasando con el gasto de autonomías y ayuntamientos, donde el despilfarro está fuera de control.

La clase política es el problema
“Los españoles ven ahora a los políticos como un problema mayor que el terrorismo”, señala The Economist en su último número, a la vez que denuncia la incapacidad de Zapatero para hacer frente a la “crisis política y económica” que atraviesa España, y afirma que la sensación generalizada es la de que el país se encuentra a la deriva. Ante una situación de emergencia nacional, Zapatero en lugar de tomar medidas saca leyes fantasmagóricas, como la de economía sostenible, que produce sonrojo y estupor, crea comisiones para echar balones fuera, reparte dinero como si fueran cromos, y miente masivamente sobre la situación. Y es este irresponsable, junto con la casta política parasitaria de uno y otro signo, los grandes culpables de habernos llevado a esta situación sin salida.

Es la casta política la que debe reducir los 100.000 millones de euros anuales que despilfarra allá donde gobierna; reducir de una santa vez los coches oficiales en un 90%; los asesores y cargos de confianza en otro 90%; las plantillas un 40 %, excepto sanidad, justicia y seguridad; los “estudios”, viajes de lujo y similares al 90%; las embajadas a cero; los escandalosos plurisueldos como la mujer de Montilla, la baronesa Cospedal, la Pajín, la mamá Pajín, y tantos y tantos otros a un solo sueldo; los ayuntamientos deben quedar reducidos a la mitad, de 8.000 a 4.000; el número de diputados, concejales, y altos cargos en un 30%, y crecimiento cero de las transferencias destinadas a las autonomías, que se han incrementado en un 36,9% desde primero de año, justo cuando tienen que devolver 20.000 millones de euros en 2010, que recibieron de más por la incompetencia de Solbes, y de los que la Sra. Salgado no ha dicho ni pío. Y esta vez, no hay aplazamientos, o se aplica ya una cirugía radical o estamos muertos.

Esta casta política parasitaria que está arruinando a la nación mientras sigue expoliándola sin contemplaciones, es ciertamente una amenaza mucho mayor que el terrorismo .El daño que están perpetrando a España y a los españoles con su incompetencia, su corrupción y su estulticia, raya lo delictivo, y los responsables deberán pagar por ello. No se pueden ir de rositas, tienen que responder de sus actos, el daño será demasiado grande, quebrará la sanidad, las pensiones, la riqueza de las familias se verá seriamente dañada -van a resucitar el impuesto de Patrimonio- y el coste de la deuda generada por estos sátrapas, afectará a varias generaciones de españoles. Es como un avión que hubiera entrado en pérdida, y el piloto en lugar de tratar de remontar, hiciera todo lo posible para acelerar aún más la caída.

El hundimiento súbito
Explicaba hace dos semanas el conocido analista John Mauldin, que de lo sucedido con las quiebras en diferentes países se desprende que aunque las situaciones empeoran gradualmente, el hundimiento siempre se produce de forma súbita, es decir, de la noche a la mañana los mercados toman conciencia de una situación, retiran el crédito y se produce la crisis. Y esto es lo que va a suceder con España. Los desequilibrios de las cuentas públicas no se sostienen, no hay plan de austeridad ni nada que se aproxime a lo mínimamente necesario. El déficit 2009 superó el 16% del PIB no el 11,4% oficial, la deuda el 87% no el 55% como falsamente afirman gobierno y el BdE, y nuestras necesidades de emisión en 2010 ascenderán a la astronómica cifra de 250.000 millones como mínimo, ¡el 25% del PIB!, ¿de verdad creen que los mercados nos lo van a prestar a tipos de interés asumibles?

Como señalaba Eduardo Segovia el viernes en este diario, es la banca española quien está comprando el grueso de la deuda Zapatero, 305.206 millones tienen en sus carteras de renta fija, española la inmensa mayoría y a corto plazo, “¿quién va a financiar al Estado si no?” exclamaría con un deje de soberbia el presidente de la AIE. Pero esto se acaba en cuanto termine la barra libre del BCE éste año, y entonces ¿quién va a seguir financiando a ésta panda? Pero el tema es peor aún, la pérdida de la calificación de triple A, y eso sucederá como señalaba McCoy el jueves, en cuestión de días, semanas a lo sumo. Los grandes fondos mundiales que solo tienen triple A en sus carteras, venderán la deuda española, y tendremos que pagar intereses más altos, y es solo el principio, porque de la A pasaremos a la B en pocos meses. Y ahora sumen a la deuda pública la inconmensurable deuda privada, solo en pago de intereses nos podemos plantar a fin de año en un 10% del PIB, ¿qué país del planeta puede permitirse dedicar el 10% de la riqueza nacional solo al pago de intereses, y a partir de ahí empezar a amortizar?

La propia banca tiene vencimientos por 72.614 millones de euros éste año, y 420.000 hasta 2015. El Santander 25.614 millones, una cifra de vértigo incluso para ellos, pero es que Caja Madrid, por ejemplo, la cuarta entidad financiera del país, tiene que devolver 6.365 millones, ¡veinticuatro veces su beneficio!, y así la mayoría. Eso en el caso en que estas cifras de extraídas de Bloomberg fueran buenas, que no lo son, porque servidor conoce una caja que aparece en la lista con una deuda a devolver de unos 3.000, y en realidad tiene que devolver 15.000 en 24 meses. ¿Y de dónde lo van a sacar? En parte con el timo de las preferentes, engañando a sus clientes con la complicidad de la CNMV, para que las compren con tipos de interés la mitad de emisiones similares, pero aún así la mayoría jamás podrá hacerlo. Solo con el aval del Estado conseguirán refinanciar por dos o tres años. En 2009 se refinanciaron 50.200 millones con aval del Estado, y no recuperaremos ni la mitad. ¿Hasta dónde y con qué vamos a seguir avalando?, ¿dónde figuran estas partidas en la deuda total? Es obvio que una mayoría de cajas no se sostiene, y cuando ocurra la catástrofe que durante tanto tiempo han tratado de ocultar, alguien va tener que responder de muchas cosas.

(*) Roberto Centeno, catedrático de Economía de la escuela de Minas de la UPM.

Ni un gramo de democracia en España
Francisco Rubiales Periodista Digital 29 Marzo 2010

Hace tiempo fui sometido a un test sorprendente y desolador. Un profesor amigo de la Universidad de Sevilla me retó a que encontrara alguna actividad o sector en España que fuera democrático. "Te pago una cena si lo encuentras", me dijo. Me reí porque pensé que era un farol y que tenía una cena ganada porque siempre sería fácil encontrar un resquicio de democracia en este país. Sin embargo, reflexioné, busqué, escruté y terminé estupefacto porque nunca logré encontrar ni un solo reducto democrático en el sistema español.

Desesperado, sabiendo que perdía, le dije que "la libertad de expresión", a lo que me respondió "¿Estas seguro?". Le dije que "no", pero que no encontraba nada mejor que decir. Él me respondió entonces que la libertad de expresión, cuando es utilizada con cierta plenitud en España, tiene penalización por parte del poder y me preguntó ¿No conoces a nadie a quién le hayan negado subvenciones o contratos públicos por criticar al poder? ¿Tampoco conoces a nadie que haya sido marginado y relegado en su puesto de trabajo por ser independiente y libre en sus expresiones? Tuve que responderle que "sí" conozco muchos casos de gente marginada y castigada porque es crítica.

Seguidamente me explicó algo que yo sé, pero que siempre es bueno oír: "La libertad de expresión está estrechamente vinculada a la libertad de información, que es el derecho del ciudadano a informar y a ser informado libre y verazmente sobre la actualidad y los asuntos que le interesan y competen, sobre todo los de índole pública. Es derecho es todavía más intensamente violado en la falsa democracia española porque el ciudadano es manipulado y sometido a engaños, mentiras, confusiones y, sobre todo, a un bombardeo atronador de propaganda política, diseñada por el marketing, que le impide siempre conocer la verdad".

Seguimos hablado y repasando sectores vitales del sistema, todos ellos sometidos a tensiones antidemocráticas y con funcionamiento más propio de una tiranía camuflada que de una democracia auténtica: el Parlamento, cuyos diputados sólo pueden hablar cuando se lo permiten sus partidos y sólo pueden decir lo que sus líderes quieren, estando también prohibido el voto en conciencia; la Justicia, politizada hasta la nausea, con partidos que nombran magistrados en los altos tribunales; la sociedad civil, ocupada por los partidos políticos y por el sector público, maniatada e imposibilitada de cumplir su misión democrática de servir de contrapeso al poder estatal; las elecciones sin libertad, con promesas electorales que no se cumplen y con unos partidos que hacen las listas e impiden al ciudadano elegir a quien él desee; la igualdad, mil veces violada desde el poder; los derechos humanos, violados igualmente... en fin, sector por sector, actuación por actuación, todo podrido y sin encontrar ni siquiera el aroma o el rastro de la democracia.

Desde entonces, cuando percibo que la ocasión es propicia y la audiencia está preparada para la prueba, lanzo el mismo reto a mis alumnos en cursos de postgrado a los que me invitan en las universidades y a la audiencia de mis conferencias. Aunque parezca increíble, nunca nadie me ha señalado nada que sea realmente democrático en España.

Ahora lanzo el mismo reto a los lectores de Voto en Blanco: ¿Hay alguien en este blog que pueda ayudarme a encontrar algo que sea democrático en este país? Me apuesto una cena y que conste que me gustaría perderla.

En apariencia me arriesgo demasiado, pero el drama de España es tan atroz que no temo arruinarme, como sería lógico, pagando cenas a mis lectores.

También en esto de la democracia, España es diferente.
Voto en Blanco

Política de logotipo
IGNACIO CAMACHO ABC 29 Marzo 2010

«En el nombre de rosa está la rosa»
(J. L. Borges)

LA gran aportación del zapaterismo a la política consiste en la corporeización de la nada. El método operativo es el siguiente: se toma un pedazo de nada, se reviste de elocuencia con un discurso altisonante articulado en torno a un par de tautologías de manual o de mantras genéricos del tipo «igualdad», «paz» o «sostenibilidad», y luego se levanta con él una arquitectura retórica forrada de propaganda para dar soporte a estructuras administrativas huecas, que van desde una comisión a un Ministerio. Se trata de una aplicación extrema de los principios de marcos conceptuales de George Lakoff, llevados al paroxismo mediante su conversión en estrategia unívoca; lo que para Lakoff constituye un ardid táctico sobre el que soportar una acción determinada de gobierno se convierte, en las manos de Zapatero, en el objetivo mismo de una gobernanza de estricta índole nominalista. Su programa consiste en una verbalización y una iconografía: gestos, imágenes, símbolos, frases. Ideas liofilizadas en envoltorios superfluos. Si fuese gastronomía sería buñuelo de viento, soufflé de humo, deconstrucción nitrogenada. Si fuese pintura estaríamos ante la nada de colores.

Cuando el presidente anunció una comisión para negociar pactos de Estado contra la crisis, el objetivo no era la crisis ni siquiera el pacto, sino la comisión propiamente dicha. Una agenda en blanco con un rótulo en portada. Fotos de gente reunida, un debate de apariencias concebido en la estructura bidimensional de las imágenes. Para ello el ministro Blanco, convertido de nuevo en director del aparato de agit-prop gubernamental, dispuso de inmediato el elemento primordial de toda superestructura: una escenografía, un nombre y una imagen de marca. Un viejo palacete en desuso de la calle Zurbano, antiguo hogar de la reina Fabiola, se convirtió en la clave de bóveda de la operación, que inmediatamente pasó a denominarse «comisión Zurbano». Y en la primera reunión los asistentes comparecieron ante el fondo de un flamante photocall con el contorno de la fachada del inmueble dibujado a modo de pictograma como una esencia de la abstracción. Ya no hacía falta más: un cartel y un logotipo sustituyen a un mensaje y a un proyecto.

El resultado práctico de toda esa parafernalia es, naturalmente, un trozo de nada, un documento sin sustancia repudiado en bloque por la oposición. Pero al Gobierno le da igual; ha tenido durante varias semanas su escenario convencional, su debate nominal, su cartelería específica y su ruido mediático. Ha logrado que la palabra «pacto» domine la atmósfera política como un mantra categórico. Ha creado la portada de un relato y le ha puesto firma. El argumento es indiferente; hace tiempo que, a diferencia de sus adversarios, los zapateristas saben que en la sociedad contemporánea sólo cuentan los enunciados.

EN MEDIO DE LA POLÉMICA CON MAYOR OREJA
Mediadores profesionales piden a ETA una tregua y al Gobierno que negocie
En medio de la polémica con Mayor Oreja, un grupo de "negociadores profesionales" ha pedido a ETA que anuncie un alto el fuego y al Gobierno que responda con una nueva negociación. Los pasos que piden son la legalización de Batasuna y el acercamiento de presos, entre otros.
EP Libertad Digital  29 Marzo 2010

El ex presidente sudafricano Frederick de Klerk, el arzobispo de su país Desmond Tutu o los ex primeros ministros irlandeses John Hume, Mary Robinson y Albert Reynolds y otros 16 “profesionales de la negociación” han reclamado a ETA un alto el fuego permanente supervisado internacionalmente y han pedido al Gobierno español que responda entablando un nuevo proceso diálogo que permita "resolver las diferencias y alcanzar una paz duradera".

Estos mediadores "profesionales" han presentado una declaración en el Parlamento Europeo. El protagonista ha sido el sudafricano Brian Currin, que ya ha participó en la negociación del Ejecutivo de Rodriguez Zapatero con ETA y que lleva dos años alabando a la cúpula de Batasuna-ETA.

Currin incluso indica qué pasos seguir y todos avanzan en la misma dirección. Explicó que entre las medidas que debería adoptar el Gobierno está la legalización de Batasuna, el acercamiento de los presos etarras al País Vasco y la relajación de la legislación sobre seguridad.

Este grupo ha elogiado el "compromiso público" asumido por los proetarras de recurrir a medios "exclusivamente políticos y democráticos" para alcanzar sus objetivos políticos en "ausencia total de violencia". A su juicio, este compromiso recogido en una declaración publicada el 16 de febrero, si se respeta, "puede ser un paso importante para poner fin al último conflicto que pervive en Europa". Sin embargo, como ejemplo vale el asesinato del gendarme francés a manos de ETA, que no ha sido condenado por su brazo político tan elogiado por estos “especialistas”.

"Pedimos a ETA que apoye este compromiso declarando un alto el fuego permanente, plenamente supervisado", reclaman los firmantes. "Esta declaración, respondida adecuadamente por el Gobierno (español) permitiría que los nuevos esfuerzos políticos y democráticos avancen, que las diferencias se resuelvan y que se alcance una paz duradera", concluye el texto.

Los firmantes de la declaración son mayoritariamente irlandeses y sudafricanos. También está el jefe de gabinete de Tony Blair cuando éste era primer ministro británico, Jonathan Powell, o el ex secretario general de Interpol, Raymond Kendall, así como nueve académicos.

Currin admitió que una simple declaración de alto el fuego por parte de ETA no sería suficiente porque no generaría "confianza" al haberse vulnerado treguas similares en el pasado. "La importancia del alto el fuego que estamos pidiendo es que estaría supervisado internacionalmente por un órgano internacional independiente. No es un alto el fuego en el que no se pueda confiar", explicó el mediador sudafricano.

Aunque no quiso fijar plazos para esta nueva tregua, Currin dijo que "si en doce meses no ha pasado nada de nada, sería muy triste". Y explicó que el siguiente paso debería ser que los proetarras "respondan positivamente" a esta declaración de personalidades internacionales pidiendo a ETA que declare un alto el fuego permanente.

Si la banda terrorista responde a este llamamiento, el Gobierno español debería, en su opinión, en primer lugar aceptar la creación del órgano internacional independiente para supervisar la tregua y entablar después un nuevo proceso de diálogo, señaló el mediador sudafrican

VALIDARÍA CASI TODO EL TEXTO
La sentencia del TC sobre el Estatuto podría llegar tras Semana Santa
Varios periódicos anuncian este lunes por enésima ocasión la cercanía de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, con el acuerdo de seis de los diez magistrados de la institución que apostarían por un recorte leve del texto legal.
LIBERTAD DIGITAL 29 Marzo 2010

La información es publicada en términos similares por El Mundo, El País, ABC, La Gaceta y La Razón, que en su mayor parte coinciden en que se ha llegado a un acuerdo que pasaría por declarar inconstitucionales entre 15 y 20 artículos del texto, aunque se daría el sí a la mayor parte del articulado.

Según El País, la sentencia podría contar con el respaldo de todo el "bloque progresista" del tribunal y también con el de uno o dos de los magistrados del "bloque conservador". El Mundo, por el contrario, apuesta por una sentencia que apoyarían tres miembros de cada bloque, mientras que los otros cuatro publicarían votos particulares, los dos progresistas en el sentido de que la sentencia sería demasiado restrictiva y los dos conservadores considerándola excesivamente laxa.

Por su parte, La Gaceta informa de que la sentencia podría eliminar el término nación, aunque otras informaciones se inclinan por apostar que éste se mantendrá y que la mayor parte de los artículos referentes al poder judicial independiente catalán, además se reinterpretarían otros como los relacionados con la financiación. Finalmente, se aceptarían los artículos sobre la lengua, aunque El País también apunta que podría dictarse una reinterpretación en este punto.

Estas informaciones llegan un día antes de que se cumpla el cuarto aniversario de la aprobación del Estatuto el 30 de marzo de 2006, y días después de que el presidente del Gobierno apostase en la televisión pública catalana por la constitucionalidad del texto legal.

Lo más duro, contra el poder judicial catalán
En la información de Casimiro García Abadillo en El Mundo se cuenta que la parte del Estatuto que mayor rechazo ha concitado entre los miembros del Constitucional será, casualmente, la que se refiere al Poder Judicial, cuyos preceptos más importantes serán declarados inconstitucionales.

El TC apostaría claramente por el "principio de unidad jurisdiccional" y por que el CGPJ sea el único órgano de gobierno de los jueces, así como el Tribunal Supremo la última instancia judicial por encima del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

También se sometería a una notable revisión todo lo referente a la financiación y la bilateralidad, que pasaría por no declarar inconstitucionales la mayor parte de los artículos, pero sí sometería a una rigurosa "interpretación conforme" que "condiciona su constitucionalidad a la supremacía normativa del Estado".

El fallo puede estar listo a principios de mayo
El Constitucional se decanta ahora por eliminar el término “nación”
Los magistrados trabajan ya con un nuevo borrador de la ponencia
Miguel Gil Periodista Digital 29 Marzo 2010

El Tribunal Constitucio­nal se decanta hoy por constatar que Cataluña “ni es ni será nación” en su retrasadísimo fallo sobre el Estatuto de Cataluña, que, entretanto, va implan­tándose por la vía de los hechos. así lo trasladan a La Gaceta fuentes jurí­dicas de la máxima solven­cia, al tanto de los porme­nores de las deliberaciones y reuniones informales que vienen sucediéndose en el seno del tribunal para llegar a un acuerdo.

Asimismo, aventuran que tras Semana Santa van a precipitarse los acontecimientos y “podríamos tener una sentencia a comienzos de mayo”. los 10 magistra­dos del Tribunal Consti­tucional que deliberan sobre los recursos del Par­tido Popular y del Defen­sor del Pueblo ya estudian un nuevo borrador oficial de la ponencia que redac­ta la magistrada progre­sista Elisa Pérez Vera (ya han debatido al menos otros cuatro).

Hasta el momento, se han precipitado los encuentros tratando de aproximar posiciones en el “confesionario”, tal y como definen jocosamen­te al despacho de la presi­denta del Tribunal Cons­titucional, la progresista María Emilia Casas. En estas charlas oficiosas no han participado todos los magistrados y se trata, según las fuentes consul­tadas, “de un método de trabajo completamente irregular”.

GRUPOS CLAROS
“Están como siempre, con dos bloques definidos y más marcados que hace meses”, relatan. los 10 magistrados, cinco ads­critos al denominado blo­que progresista y otros tantos al conservador, no han sido capaces de encontrar una solución a la constitucionalidad de la norma catalana. En su día se especuló sobre la posición “permeable” del progresista Manuel ara­gón. Sin embargo, confor­me ha ido trascurriendo el tiempo, aragón “se ha decantando hacia la del bloque progresista”.

El pasado acercamiento de este magistrado hacia los conservadores llegó a interpretarse “como una maniobra” para tratar de ahormar un tercer bloque posibilista que “al final tirara hacia la constitu­cionalidad del Estatuto con concesiones míni­mas”. Candidato oficioso a la presidencia del Tri­bunal Constitucional, ahora “vuelve” a su blo­que natural.

El reparto de una nueva ponencia implica la inten­ción de acelerar los pasos, y por eso se especula con un Pleno tras Semana Santa. En caso de blo­queo, bastante probable, o se varían posiciones mientras se delibera, o María Emilia Casas utili­za su voto de calidad. De lo contrario, se dilataría el fallo o se aplica el artícu­lo 254 de la ley Orgánica del Poder Judicial.

Según éste, “1. la vota­ción, a juicio del presiden­te, podrá tener lugar sepa­radamente sobre los dis­tintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o parte de la decisión que haya de dictarse; 2. Votará prime­ro el ponente y después los demás magistrados por orden inverso al de su antigüedad. El que presi­da votará el último; 3. Empezada la votación, no podrá interrumpirse sino en caso de fuerza mayor”. Las fuentes jurídicas consultadas predicen que “lo más probable es que acabe aplicándose” este artículo.

“Las declaraciones del otro día de Zapatero no son casuales”, apuntan las mismas fuentes. El presi­dente del Gobierno viene defendiendo sin concesio­nes la constitucionalidad del nuevo Estatuto cata­lán que él mismo impulsó, pero el pasado martes, haciendo lo propio, mati­zaba sobre la “nación” catalana incluida en el texto: “a mí no me produ­ce inquietud que se pro­dujera esta definición, pero jurídicamente, desde el punto de vista constitu­cional, es más adecuado que digamos que es una nacionalidad y que políti­camente es una comuni­dad autónoma”.

Para el Tribunal Cons­titucional, España es una nación, y no una nación de naciones discutida y discutible. Ése es el esce­nario en el que hoy traba­jan los magistrados, en lugar de la interpretación sobre el concepto nación incluido en el preámbulo que venían barajando a lo largo del año pasado.

PARALIZADO
El Tribunal Constitucio­nal lleva prácticamente paralizado desde hace cuatro meses (han alum­brado sentencias de Sec­ción, pero ni de Sala ni de Pleno). El TC no aborda nuevos asuntos. Tras más de tres años y medios sin pronunciarse sobre el Estatuto catalán, empie­zan a estar muy nerviosos “porque esto ya es un escándalo”, confiesan pro­nosticando que tras Semana Santa “va a haber un desenlace”.

El Partido Popular fue el primero en presentar un recurso de inconstitucionalidad con­tra el Estatuto de Catalu­ña. Fue el 31 de julio de 2006, y el 28 de septiem­bre fue admitido a trámi­te. Se acerca abril de 2010 y la sentencia no aparece por ninguna parte. Recien­temente la presidenta del Tribunal Constitucional, en respuesta a preguntas de la GaCETa desde los pasillos del Congreso de los Diputados, declaraba que la sentencia llegaría “muy pronto”.

FALLO INCÓMODO
El Estatuto de Cataluña ha ido derivando en un auténtico campo de minas para los políticos confor­me van acercándose las elecciones catalanas. Ni a los populares ni a los socialistas les interesa hoy que salga a la luz un fallo que, casi con total proba­bilidad, no va a contentar absolutamente a nadie y podría enrarecer el ambiente de cara a los comicios.

Más allá de los políticos, la sentencia marcará un antes y un después en el prestigio del Constitucional.De momento, la gestión del fallo se ha ganado un des­crédito generalizado, “aún más del que ya acu­mulaba”, concluyen. En cualquier caso, el males­tar de los magistrados ha llegado también a los letrados, que afirman que “están hartos” de esta situación.

LA NORMA CATALANA
El contenido de la norma catalana tiene en jaque al Consti­tucional. Tras casi cuatro años, no ha sido capaz de resolver los puntos polémicos del ‘Estatut’. Donde parece que hay unani­midad para rechazar el texto es en la creación de un poder judicial autonómico. Otro punto caliente es el término nación, pues ahora parece que se quiere eliminar. Siguen sin resolverse las transferencias, la relación de bilaterali­dad, los símbolos y los derechos históricos.

Originalmente publicado en La Gaceta

Los magistrados del TC acercan posturas y Casas cuenta ahora con seis apoyos
La presidenta podría llevar a Pleno la quinta ponencia y sacar la sentencia tras las vacaciones de Semana Santa
NIEVES COLLI | MADRID ABC 29 Marzo 2010

La sentencia del Estatuto catalán podría estar al caer si el acercamiento de posiciones conseguido en el último mes por los magistrados del Tribunal Constitucional se traduce después en un número suficiente de votos. Fuentes jurídicas aseguran que a día de hoy la resolución podría salir adelante por la mínima (6-4), aunque la presidenta, María Emilia Casas, y la ponente, Elisa Pérez Vera, siguen trabajando con empeño en la búsqueda de un séptimo apoyo. Y es que son conscientes de que sólo con seis votos favorables el TC daría una imagen de división muy poco recomendable en un asunto de este calado, sobre todo después de más de tres años de deliberaciones sin resultado alguno.

Si todo sigue como en este momento, el Tribunal estaría en condiciones de celebrar un Pleno, algo que no sucede desde hace meses, y quizás incluso de votar la quinta versión de la ponencia de Pérez Vera, pronunciamiento que reclaman muchos magistrados para no dilatar aún más las cosas.

Prudencia
Los más atrevidos se aventuran a hablar de mediados del mes de abril, poco después de las vacaciones de Semana Santa, como fecha para hacer pública la sentencia y despejar por fin la «x» sobre la constitucionalidad de la norma catalana. Sin embargo, y pese a no ocultar su optimismo, en medios del Tribunal Constitucional prefieren mostrarse muy prudentes, pues son muchos los altibajos vividos y son conscientes de que es muy fácil tener el enésimo tropiezo. Recuerdan, sin ir más lejos, cómo los avances conseguidos a principios de este año hicieron pensar que la sentencia podía salir a finales de enero o, a lo sumo, en febrero. Pero el equilibrio en el Pleno es inestable, y un mes después la situación había vuelto al bloqueo de julio de 2009. Hasta hoy.

Lo cierto es que, ya desde hace tiempo, muchos magistrados vienen reclamando a la presidenta Casas que celebre un Pleno y someta por fin a votación la ponencia. En las últimas semanas, se han plantado. El recurso del Partido Popular contra el Estatuto catalán lleva tres años y medio tramitándose y la situación es insostenible. La presión externa -en especial la que proviene de Cataluña, casi a las puertas de celebrar elecciones a la presidencia de la Generalitat, previstas para otoño- contribuye a que el ambiente sea aún más incómodo para todos y hace más que aconsejable resolver este asunto de una vez por todas.

Mejoras técnicas
La llave de este avance la ha tenido en su mano el magistrado Manuel Aragón. Nombrado a propuesta del Gobierno, se le sitúa en el sector progresista, aunque en numerosas cuestiones su voto ha estado al otro lado, en contra de la ponencia amparada por María Emilia Casas y, por lo tanto, en contra también de dejar pasar como constitucionales aspectos clave del Estatuto.

Los cambios en la ponencia, que limitan o eliminan los aspectos más polémicos del Estatuto, podrían hacer posible un voto favorable de Rodríguez Arribas

Fuentes del Tribunal aseguran que las modificaciones y mejoras técnicas que en este último mes y medio ha sufrido el borrador de la sentencia -«en general ha mejorado bastante», explican- han sido inspiradas por Aragón, por lo que «a priori» el grupo progresista tendría garantizado su voto.

Según las mismas fuentes, el sexto apoyo -imprescindible para sacar adelante la sentencia, a la vista de que Casas quiere evitar a toda costa hacer uso de su voto de calidad- sería el del vicepresidente del TC, Guillermo Jiménez. El séptimo, que le daría más fuerza al fallo y dejaría en tres el número de votos particulares, podría venir de la mano de Ramón Rodríguez Arribas, el único magistrado del grupo conservador cuyo mandato no expira hasta 2013. En las mismas posiciones contrarias que vienen defendiendo desde el principio se mantienen Javier Delgado, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde, que redactarían votos particulares.

Otras fuentes consultadas por ABC aseguran que la versión de la sentencia en la que ahora se trabaja declara inconstitucionales una veintena de artículos, entre los que estarían varios referidos a aspectos nucleares del Estatuto catalán. Otros se habrían resuelto por la vía de la interpretación.

Las fricciones en las deliberaciones y reuniones informales mantenidas en los últimos meses se habrían centrado casi siempre en cuestiones técnicas y otros aspectos relacionados, por ejemplo, con los «símbolos nacionales», vinculados a la declaración que se hace en el preámbulo del Estatuto respecto del carácter de Cataluña como nación.

Renovación del TC
Muchos magistrados tachan la situación de insostenible
Junto a ellos, también ha resultado muy complejo consensuar posiciones sobre la bilateralidad de las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno de la Nación, la financiación autonómica o el poder judicial autonómico, así como la organización territorial de Cataluña, los derechos históricos o el blindaje de las competencias.

De prosperar este intento de sacar adelante la sentencia, quedaría despejado el camino para la renovación del Tribunal Constitucional, siete de cuyos once magistrados se encuentran en situación de interinidad. A esas siete vacantes hay que sumar una octava, causada por el fallecimiento de Roberto García-Calvo el 18 de mayo de 2008. El mandato de este magistrado vencía el próximo mes de noviembre.

Sin precedentes
Por primera vez en la historia de esta institución, se han acumulado dos renovaciones, que por ley deben producirse por tercios de magistrados y cada tres años. El Senado debió nombrar a los sustitutos de Casas, Jiménez, Conde y Rodríguez Zapata en diciembre de 2007; el Congreso debería hacer lo propio con los sustitutos de Delgado, Pérez Vera, García-Calvo y Eugeni Gay dentro de seis meses.

A la vista de que la hora de la sentencia parece estar próxima, fuentes consultadas por este periódico aseguran que los dos grandes partidos (PSOE y PP) han puesto en marcha la maquinaria con el objetivo de poder cerrar la renovación a finales de este año y acabar de una una vez con la actual situación.

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La sentencia podría conocerse tras las vacaciones de Semana Santa
Seis de diez magistrados del TC apoyan ya el fallo sobre el Estatut de Cataluña
Madrid - La Razón 29 Marzo 2010

El Constitucional recorta veinte artículos. Un séptimo magistrado podría también dar su voto favorable.

Cuando se cumplen cuatro años de la aprobación por el Congreso de los Diputados del Estatut de Cataluña, la decisión sobre su constitucionalidad puede estar tomada y conocerse después de Semana Santa. La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sería aprobada con el apoyo de seis magistrados, contra cuatro que continúan oponiéndose a aprobar puntos fundamentales de la reforma catalana.

Ante el bloqueo para llegar a una decisión, la presidenta del TC, María Emilia Casas, se había comprometido a tener una propuesta de sentencia antes del pasado viernes. Así lo hizo, y presentó un texto que podría contar con el apoyo de, al menos, seis de los diez magistrados que tienen voto en el Tribunal. Su propuesta es completamente novedosa respecto a la última que presentó Elisa Pérez Vega, excepto en los apartados sobre financiación y competencias.

El acuerdo conllevaría aceptar el preámbulo que incluye la autodefinición de Cataluña como «nación», aunque establece que en términos constitucionales la única nación es España.

Además, se convalidarían los artículos sobre la lengua, se derogarían los que establecen un poder judicial catalán y quedarían sometidos a interpretación los referentes a la financiación. Por el contrario, se declararían inconstitucionales los que crean un Poder Judicial.

Eugeni Gay es el miembro del Tribunal Constitucional que más alejado parece mantenerse de un hipotético fallo fundamentalmente interpretativo del Estatut, pero que puede suponer la anulación de 20 de sus artículos.

Si Eugeni Gay ya hubiera cedido, o si la presidenta del TC estuviera dispuesta a usar su voto de calidad, posiblemente la sentencia hubiera llegado hace tiempo. Pero la resistencia de Gay ha sido fuertemente secundada por el apoyo del magistrado Pascual Sala, ante la insistencia de la presidenta y de la ponente del recurso del PP, Elisa Pérez Vera, para cerrar una deliberación que prácticamente se está produciendo en los mismos términos desde hace un año y medio.

En el avance ha resultado clave el magistrado Manuel Aragón, del sector progresista, que sería el responsable de las mejoras que ha sufrido en las últimas semanas el borrador de la sentencia.

El sexto y decisivo apoyo –Casas quiere evitar a toda costa hacer uso de su voto de calidad– sería el del vicepresidente del TC, Guillermo Jiménez. El séptimo podría llegar de Ramón Rodríguez Arribas, el único «conservador».

Según parece, la sentencia en la que ahora se trabaja declara inconstitucionales una veintena de artículos, entre los que estarían varios referidos a aspectos nucleares del Estatut.

Las fricciones y desencuentros de los últimos meses habrían tenido su explicación en cuestiones técnicas y aspectos relacionados con los «símbolos nacionales».

EL PRESIDENTE DEL PSE ENCIENDE LAS ALARMAS EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR
Eguiguren irrita a Rubalcaba con un libro sobre las conversaciones con ETA
Carlos Fonseca. El Confidencial 29 Marzo 2010

Jesús Eguiguren, presidente de los socialistas vascos y muñidor de los contactos entre el Gobierno y ETA durante el frustrado proceso de paz, prepara un libro sobre el contenido de las conversaciones que ha encendido las alarmas en el Ministerio del Interior. El dirigente del PSE, principal valedor del fin dialogado de la violencia, ha decidido desvelar el contenido de las mismas sin contar con Moncloa ni con Alfredo Pérez Rubalcaba, el hombre en quien el presidente Zapatero depositó la gestión del proceso.

El ministro del Interior se ha enterado por terceros del proyecto editorial del hombre que con Arnaldo Otegi, líder de Batasuna, y el jefe etarra José Antonio Urrutikoetxea ‘Josu Ternera’ la tregua indefinida de ETA que dio paso a la mesa de diálogo entre interlocutores del Gobierno y de la banda. La iniciativa ha irritado a Rubalcaba, que considera que este no es el momento de escribir un libro sobre el proceso de paz, cuando el Ejecutivo defiende una política de firmeza y la solución exclusivamente policial del terrorismo, y menos aún por quien ha sido protagonista destacado del mismo.

Secretos por desvelar
El contenido del libro es una incógnita, y sólo el autor sabe lo que está dispuesto a desvelar de los encuentros con ETA en Oslo y Ginebra. Las actas de las reuniones elaboradas por la banda le fueron incautadas al dirigente etarra Francisco Javier López Peña ‘Thierry’, detenido el 21 de mayo de 2008 en Burdeos (Francia), y fuentes que conocen parte de su contenido aseguran que son una ‘bomba’ política para el Gobierno. No parece probable que Eguiguren vaya a poner en un aprieto a su partido, pero tampoco que se haya embarcado en un proyecto de este tipo para no contar nada, señalan personas de su entorno.

Eguiguren no es un político al uso. Poco acostumbrado a obedecer consignas de partido, es un defensor convencido del diálogo para acabar con ETA. Sólo cuando la banda rompió la tregua indefinida con la explosión de un coche bomba en Barajas cerró filas con el Gobierno y el PSOE, dando por zanjada cualquier posibilidad de retomar los contactos si la banda no anuncia antes el fin definitivo de la violencia. Tres años después de aquel atentado ha reaparecido en la escena política vasca para decir que considera sincera la apuesta de la izquierda abertzale por vías exclusivamente políticas y democráticas anunciada tras un prolongado debate interno. Una interpretación a la contra de la oficial del partido, que considera que el entorno de la banda tan sólo persigue poder concurrir a las elecciones municipales y forales del próximo año.

Un rosario de desencuentros
Jesús Eguiguren era un político de provincias hasta que, tras cuatro años de diálogo discreto con Arnaldo Otegi, y posteriormente con ‘Josu Ternera’, consiguió un ‘alto el fuego permanente’ de ETA a poco de iniciarse la pasada legislatura. La paz en el País Vasco se convirtió en la apuesta fundamental del Ejecutivo, y el presidente del PSE pasó a tener línea directa con La Moncloa. Pero el que hubiese arrancado una tregua a la banda no suponía que sus posiciones contaran con el respaldo unánime, ni del partido en Madrid, ni del Gobierno. El presidente Zapatero colocó a Rubalcaba en Interior y le encargó que gestionara el proceso.

Los desencuentros entre Rubalcaba y Eguiguren fueron habituales desde ese momento. El ministro, acostumbrado a tensar la cuerda en sus negociaciones parlamentarias con otras políticas como portavoz del PSOE, trasladó el modelo al diálogo con ETA, impuso sus tiempos y decidió actuar con el freno de mano echado. El líder del PSE no compartió nunca esa posición y era partidario de hacer gestos que asentaran el proceso, como el traslado de presos a cárceles del País Vasco o de su entorno, al que el ministro se opuso.

El ‘topo’ Ares
La desconfianza de Rubalcaba con Eguiguren le llevó a imponer a un hombre de su confianza, Rodolfo Ares, actual consejero de Interior del Gobierno vasco, como miembro de la delegación socialista que se reunió con Batasuna y con el PNV en el santuario de Loyola para alcanzar un acuerdo que evitara la ruptura de la tregua. Una vez más, el objetivo del ministro era que el dirigente del PSE tuviera un ‘guardián’ que evitara acuerdos inasumibles. El ‘pacto de Loyola’ abría la puerta al derecho a decidir y a un órgano común entre el País Vasco y Navarra, que Batasuna se negó finalmente a suscribir por la negativa de ETA a avalar el documento. Ahora, tras varios años sin hostilidades, Rubalcaba y Eguiguren vuelven a verse las caras. La solución, próximamente en las librerías.

Albert Rivera: "La Generalitat antepone la lengua a la seguridad de las personas"
"El Gobierno central es cómplice de que este tipo de situaciones se produzcan en España", comenta el presidente de Ciudadanos
Álvaro Rubio www.lavozlibre.com 29 Marzo 2010

Albert Rivera: "La Generalitat antepone la lengua a la seguridad de las personas" Albert Rivera: "La Generalitat antepone la lengua a la seguridad de las personas"

Barcelona.- El presidente de Ciudadanos (C’s), Albert Rivera, ha pedido un protocolo de comunicación, que evite la descoordinación motivada por el uso del catalán, cuando participan en operaciones conjuntas bomberos de la Generalitat y profesionales de otras Comunidades Autónomas. Por su parte, el Tripartito ha rechazado esta iniciativa y no ha aceptado que se recoja el uso del castellano. Tras la decisión del Gobierno catalán, Albert Rivera critica su actuación y asegura que esto es sólo un ejemplo de la situación que se vive cada día en Cataluña por el conflicto lingüístico.

-. ¿Cuál es la petición que habéis hecho?
-. La petición viene motivada por la información expuesta por representantes de los Brif de Aragón, durante la comisión de investigación del incendio de Horta de Sant Joan (Tarragona). Tras ponerse de manifiesto que entre los bomberos, muchas conversaciones no se habían entendido porque estaban en Catalán y además éstos tardaban más tiempo en traducir que en llevar a cabo las cuestiones técnicas, propusimos que se aprobara un protocolo de comunicación por el cual la Generalitat cuando participaran en la extinción del incendio bomberos de diferentes comunidades autónomas o del ministerio se utilizara la lengua oficial del Estado. Todo con el fin de conseguir un mayor entendimiento y no perder ni un minuto. Lo hemos hecho porque creemos que la lengua no puede ser un problema, sino que tiene que ser un instrumento de comunicación y no tiene sentido hacer una torre de babel porque lo primordial es la seguridad de las personas y no la lengua en la que hablen.

-. ¿Qué decisión ha tomado el Tripartito?
-. El Tripartito ha tumbado la propuesta de ese protocolo de comunicación y es el ejemplo más flagrante y más claro de lo que sucede en Cataluña, donde la lengua se ha interpuesto por encima de la seguridad de las personas.

-. Tras el rechazo de la propuesta, ¿qué pensáis hacer ahora?
-. Nos planteamos hacer un comunicado dirigido al Ministerio de Medio Ambiente para poner de manifiesto que desde nuestro grupo se quería poner en marcha esta medida. Le pedimos al ministerio que nos dé su colaboración. Ya que no lo ha hecho el Gobierno de Cataluña, pedimos que el Gobierno de España pueda armonizar el uso de las lenguas a la hora de extinguir un incendio.

-. ¿Cuál es la solución que planteáis?
-. Debería haber una ley que regule el uso oficial de las lenguas en España para que este tipo de casos no se puedan producir. No podemos permitir que porque algunas comunidades tengan competencias autonómicas se pueda poner incluso en peligro la vida de las personas.

-. ¿Esto es un ejemplo de una situación generalizada que se puede extrapolar a otros ámbitos en Cataluña?
-. Esto sucede en casi todos los ámbitos (universitario, judicial, policial...). Pasa porque en España algunos se han tomado el estado autonómico como una especie de trinchera donde parecemos un estado tribal, donde cada tribu tiene su lengua y sus características y eso en vez de ser una virtud lo están convirtiendo en un problema a la hora de servir a los ciudadanos.

-. ¿Considera al Gobierno de España cómplice de esta situación?
-. Sí. La omisión por parte de los gobiernos centrales, ahora el PSOE y en su día del PP cuando pactó con CIU, pone de manifiesto que los nacionalistas tienen vía libre. Los gobiernos centrales no hacen cumplir las leyes y tienen dobles varas de medir según el gobierno. Esa es la responsabilidad que está teniendo el PSOE y Rodríguez Zapatero en concreto. No hay que olvidar que el PP de 1996 al 2004 hizo exactamente lo mismo o peor porque Aznar junto a Convergencia fue el encargado de cerrar los pocos colegios bilingües que quedaban en Cataluña. Esto no ha sido sólo el PSOE y además el PP si vuelve a gobernar volverá a las andadas porque les importa más la silla que los derechos lingüísticos de los españoles.

-. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha asegurado que "el conflicto lingüístico se ha vivido en España con normalidad", ¿está de acuerdo con esas declaraciones?
-. Esas palabras son la prueba de que miran hacia otro lado y no quieren hurgar en el tema porque es el Partido Socialista quien está llevando a cabo la imposición lingüística en las escuelas catalanas. Un ministro de Educación se debería ocupar de lo que pasa en sus aulas. Me gustaría que Ángel Gabilondo, me indicara un sólo colegio en Cataluña donde se pueda educar en castellano a los alumnos. Le pido por favor que cuando lo encuentre que nos lo señale porque nosotros no lo hemos encontrado. No existe un sólo colegio en Cataluña público o concertado donde se pueda estudiar en castellano. Hay una excepción: la escuela alemana donde lleva José Montilla a sus hijos en los que pagando 800 ó 900 euros uno estudia cuatro lenguas.

-. ¿Qué opina del 'cuerpo diplomático' específicamente catalán que Carod-Rovira quiere llevar a cabo en el extranjero?
-. Carod está preparando la retirada para colocar a los suyos y seguir minando la estabilidad a nivel internacional de España. Quiere dar la imagen de que Cataluña es un país distinto. Carod tiene muy claro y así lo ejecuta porque se lo permite Montilla que tiene que crear una serie de 'embajadas' y de 'cuerpos diplomáticos' para ir dando la imagen exterior de que Cataluña es una nación que tiene un conflicto con España. Se le echa la culpa de esa situación a Carod-Rovira, pero es Montilla quien está permitiendo este tipo de barbaridades y de despilfarro público de dinero

-. En el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) se ha publicado que Cataluña se ha gastado 860.000 euros más en promocionar el catalán en el exterior, ¿qué opinas de que esto suceda en plena crisis económica?
-. Por enésima vez lo hemos denunciado pero esto sigue. La ministra de Economía, Elena Salgado, habla de recorte, pero es curioso que los gobiernos autonómicos van a aplicar la austeridad sobre la Ley de Dependencia, un derecho social de muchas personas. En cambio para fomentar la independencia, y el nacionalismo no hay ahorro. En Cataluña existen recortes sociales, se cierran los bachilleratos nocturnos, se recorta la Ley de Dependencia, pero sigue habiendo subvenciones que reciben una serie de entidades para promover la construcción nacional. Una actividad que nunca ve sus partidas recortadas.

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