AGLI

Recortes de Prensa   Martes 30 Marzo  2010

 

El pastel
IGNACIO CAMACHO ABC 30 Marzo 2010

DESPUÉS de tres años y medio de injustificables dilaciones en el pleito del Estatuto catalán, el Tribunal Constitucional parece tener casi a punto un veredicto para servirlo sobre la mesa del Estado. Se trata de un pastel descomunal cocinado con tres requisitos: que no contente a nadie, que no descontente a nadie y, sobre todo, que en su calculada ambigüedad no se entienda demasiado. Lo llaman sentencia interpretativa porque va a subordinar la legalidad del texto estatutario a una especie de sobreescritura redactada por los magistrados, que aceptarán la mayoría de los artículos imponiéndoles cláusulas condicionales. De este modo, su posible colisión con el marco constitucional dependerá del futuro desarrollo en leyes autonómicas, lo que augura una nueva cascada de recursos que a los miembros de este Tribunal ya les pillarán jubilados. El fallo propiamente dicho promete prestarse a todas las variantes polisémicas del término, y puede constituir un monumento jurídico a la plasticidad del Derecho y su adaptación a los hechos consumados de la política.

Esta sofisticada resolución, inspirada por la necesidad de no formar un lío de proporciones cósmicas, pretende dejar las cosas como están y salvaguardar el trámite de la dignidad jurídica mediante un procedimiento de medias ponderadas. Rechazará algunos principios del Estatuto, convalidará otros y dejará los más polémicos -la nación y la lengua, sobre todo- en el limbo de las exégesis de expertos, con la imposible intención de que todo el mundo se sienta al tiempo levemente satisfecho y suavemente decepcionado. Unos hablarán de inconstitucionalidad selectiva y otros de constitucionalidad condicionada, pero al fondo de tanto alambicamiento subyace la evidencia de un enjuague forzado a la medida de los intereses políticos. Al cabo de tanto tiempo de parálisis y de bloqueo el TC ha alcanzado un nivel de desprestigio que a sus componentes ya no les van a afectar en demasía las protestas de amaño.

El acuerdo en ciernes va a contemplar el Estatuto como un edificio en construcción sobre planos deficientes, y su solución consistirá en aceptar con más o menos reparos la parte que ya está edificada según la tesis del mal menor, que es una teoría pragmática y por tanto política. Del resto del proyecto eliminará algunos aspectos vistosos -sobre todo los que afectan a la soberanía judicial, que toca la médula corporativa de sus señorías- y propondrá algunos retoques que no afecten a la estructura. Será inevitable una cierta polémica, un alboroto político y mediático en el que abundarán los reproches de conveniencia, tan cargados de retórica como exentos de rigor jurídico, y luego el expediente languidecerá hasta decaer como se consumen casi todos los debates de una política superficial y volátil.

Despejado el horizonte hasta las próximas elecciones, la presidenta del Tribunal podrá rendir cuentas ante quien la nombró con la satisfacción tardía del encargo cumplido.

Sólo tumbas
EDUARDO SAN MARTÍN ABC 30 Marzo 2010

El fallo del Tribunal Constitucional sobre el estatuto catalán debería dar paso, no a una simple renovación, sino a una profunda reforma de ésa y de otras instituciones del Estado, que se han precipitado a un abismo de insoportable desprestigio por su dependencia orgánica del único poder estatal realmente existente. Tras treinta años de vigencia constitucional, en España no es que no exista una auténtica separación de poderes, sino que ha desaparecido la idea misma de pluralidad de poderes.

En el proceso de sublimación del poder político, descrito por Popper como el cáncer tal vez terminal de las democracias representativas, no ya los partidos, sino reducidas camarillas dentro de ellos, deciden la composición del Ejecutivo, del Legislativo y del gobierno de los jueces. La regeneración de la democracia española no se producirá con una mera renovación en el TC y el Consejo General del Poder Judicial, ni siquiera con una modificación de las normas que establecen la designación de sus miembros, aunque ambas condiciones son imprescindibles. Será necesaria también una reforma de las leyes electorales que reconozca a los electos -y a los electores- una autonomía de la que hoy carecen y una normativa eficaz que traduzca en leyes el imperativo constitucional de que la «estructura y funcionamiento interno» de los partidos «deberán ser democráticos».

Ninguno de los grandes está por la labor. Ni aún por la más modesta de convertir el actual sistema electoral en realmente proporcional. Pero en el horizonte acechan la desafección y los populismos. Y en Europa disponemos de ejemplos recientes del infierno que provocaron. En el prólogo de «Sobre el olvidado Siglo XX», Tony Judt se lamenta: «No sólo no hemos sido capaces de aprender mucho del pasado, sino que mostramos el convencimiento de que el pasado no tiene nada que enseñarnos». En España, al parecer sólo tumbas

ETA
La última farsa de Rubalcaba
Guillermo Dupuy Libertad Digital 30 Marzo 2010

Tras el Consejo de Ministros del viernes pasado, el ministro del Interior presentaba en rueda de prensa, junto a la vicepresidenta Fernández de la Vega, una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que, supuestamente, trata de reforzar la Ley de Partidos y cerrar la puerta a la participación de los proetarras en las elecciones municipales. Básicamente, lo que esta reforma permitiría es quitar el acta a un concejal de un partido ilegalizado si no renuncia, de manera expresa, pública y notoria, a los principios que llevaron a la ilegalización de su formación, así como facilitar la prohibición de nuevas candidaturas que tratasen de continuar el "trabajo" de un partido ilegalizado. Además, aunque ya esté en curso el proceso electoral, se podrá ilegalizar a una formación en la que se descubran pruebas de vinculación con el entorno de la organización terrorista.

Aunque el ministro Rubalcaba haya defendido esta reforma bajo la premisa de que "quien hizo la ley, tiene que prever la trampa", y pese a que la vicepresidenta también haya dicho que hay que evitar "los trucos y las artimañas" de los proetarras a la hora de burlar la ley de partidos políticos, que nadie se llame a engaño. Ni esta reforma de la LOREG era necesaria para impedir a los proetarras que pudieran volver a presentarse a las últimas elecciones, ni era necesaria para impedir que pudieran seguir desempeñando cargo público una vez ilegalizada la formación por la que se presentaron. Lo más grave de todo es que seguirá siendo insuficiente para impedir que los proetarras puedan volver a hacerlo.

Y me explico: si los proetarras de ANV y PCTV lograron burlar la Ley de Partidos no fue, tal y como pretende hacernos creer ahora el Gobierno, a causa de ninguna laguna o falla de la Ley de Partidos que esta reforma de la LOREG venga ahora a remediar. Se debió única y exclusivamente a la complicidad del Gobierno de Zapatero, que se negó a que la Fiscalía General del Estado instara la ilegalización.

En efecto, al margen de las actas de la negociación con ETA que evidencian que esa burla de la Ley de Partidos era uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno con la organización terrorrista, conviene recordar la sentencia del Supremo que atendía la tardía y parcial solicitud de ilegalización de algunas listas de ANV presentada por la Fiscalía. Dicha sentencia incluía un "obiter dicta" o consideración complementaria a la misma, que abierta y duramente reprochaba al Gobierno y a la Fiscalía que no hubieran instado la ilegalización de ANV en su conjunto. Y es que, aunque los magistrados del Supremo dejaban de manifiesto que encontraban razones para poder ilegalizar la formación proetarra en su conjunto, también indicaron que no lo podían hacer por no haber sido objeto del recurso de la Fiscalía. Ciertamente, por el principio de congruencia, el contenido declarativo de una sentencia no puede conceder nada "extra petita", esto es, nada que no se le haya pedido.

Ahora con la reforma de la LOREG, el Gobierno sigue dejando en manos de organismos dependientes suyos, como son la Fiscalía General o el Abogado del Estado, la puesta en marcha de todos esos mecanismos con los que supuestamente se va a impedir a los proetarras colarse en las instituciones. Si el Gobierno quisiera de verdad impedir todo resquicio, la reforma se habría dirigido a lo que "falló" la última vez en la Ley de Partidos, esto es que sólo el Gobierno o la Fiscalía puedan instar el proceso de ilegalización.

¿Por qué el Gobierno de Zapatero no permite que las Asociaciones de Víctimas o, como ocurre con los recursos de inconstitucionalidad, un grupo de 50 diputados o 50 senadores puedan también instar el proceso de ilegalización?

Otro tanto se podría decir de la retirada de las actas de concejal a quienes hayan sido elegidos bajo unas siglas posteriormente ilegalizadas: Aunque tenemos que reconocer que esta reforma permitiría expulsar a los proetarras sin necesidad de disolver los ayuntamientos, hay que señalar que este proceso también se pone en marcha sólo si la Fiscalía y el abogado del Estado lo activan.

Si hay una razón para disolver un ayuntamiento es precisamente la existencia en su seno de concejales que dan cobertura al terrorismo, tal y como ya viene a decir la Ley de Bases de Régimen Local. Si siguen ahí es simplemente porque al Gobierno de Zapatero le ha dado la gana. Por otra parte, ¿no habíamos quedado que, gracias a esta reforma de la LOREG, los etarras ya no van nunca más a colarse en las elecciones? ¿O es que el Gobierno piensa seguir apagando y encendiendo el imperio de la ley a su conveniencia?

Con todo, a mí no me parece mal que el PP apoye esta reforma, siempre y cuando –eso sí– el Gobierno no siga reservándose, a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la exclusiva facultad de aplicar esta reforma y la Ley de Partidos. De otra forma, tal y como está ahora planteada, para lo único que servirá es para encubrir la tramposa complicidad pasada del Gobierno en su burla a la Ley de Partidos, así como para dejar en mal lugar a quienes, como Mayor Oreja, no nos fiamos un pelo de que este Gobierno no vuelva a las andadas.

Horrores virginales
J. M. RUIZ SOROA El Correo 30 Marzo 2010

En contra de lo que parece ser estimación generalizada entre los conservadores españoles, nunca he tenido a Mayor Oreja por un analista competente del fenómeno terrorista vasco. Su supuesto acierto máximo, el de conceptuar como «tregua trampa» la de 1999, siempre me pareció un desatino notable, pues en realidad fue la única tregua de ETA explicitada con plena sinceridad por ella misma: la tregua era su concesión al proceso soberanista de acumulación de fuerzas de Lizarra, y quedó sin efecto cuando el PNV no cumplió con las expectativas que ETA se había forjado (equivocadamente o no) en torno al contenido del proceso y de su participación. A nadie se pretendió engañar ni sorprender con aquella tregua, diáfana en su intención y su alcance.

Creo que Mayor Oreja es más bien un político de comprensión muy simple y lineal de un fenómeno que analiza sólo desde sus propios deseos, y sobre todo de sus propios miedos, más que desde la objetividad. Sólo así puede explicarse su absurda idea de que el Gobierno pudiera estar interesado, aquí y ahora, en propiciar la vuelta de Batasuna a las instituciones en las próximas elecciones municipales y forales.

Para cualquier analista medianamente perspicaz, es por el contrario patente que el interés del Gobierno socialista pasa por ahora por cerrar toda posibilidad a esa participación, requisito indispensable para consolidarse en Ajuria Enea. Y que, por otro lado, el resentimiento de Rodríguez Zapatero por el fiasco de la anterior negociación le va a mantener en el lado del palo el resto de la legislatura, muy lejos del lado de la zanahoria.

Ahora bien, dejando de lado las obsesiones y miserias del europarlamentario, lo que tampoco es de recibo es la ceremonia de ofendido rasgado de vestiduras que protagonizan ahora los socialistas ante la sola idea de negociación. Y no es de recibo, en primer lugar, porque son ellos mismos los que han protagonizado no hace mucho un proceso de negociación al que tildaron de noble esfuerzo por la paz que les hacía acreedores a singular mérito. Si eso es así, malamente pueden ahora mostrar un semblante de doncellas maltratadas ante la sola mención de la negociación, como si tal cosa fuera algo que ni siquiera han imaginado. Decir 'ahora, o así, no toca' tiene sentido, decir 'nosotros nunca jamás' es retórica vacua que no hace sino confundir a la ciudadanía.

Pero no es de recibo, sobre todo, porque la línea doctrinal dominante en el PSE preconiza un final negociado del ciclo terrorista. Si alguien se molestase en leer con tranquilidad la tesis doctoral de Jesús Eguiguren vería que su entendimiento de la política vasca moderna está esencialmente montado sobre una analogía: la de que hay dos formas de poner fin a la violencia, y que ambas han sido experimentadas ya en la historia con resultados bien distintos. Una fue la salida política de la primera carlistada, el abrazo de Vergara y la Ley confirmatoria de 25-10-1839, un arreglo pactado tan borroso como eficaz: propició cincuenta años de 'oasis foral'. Otra es la Ley canovista de 21-7-1876 después de la segunda carlistada, la de la imposición inflexible de una normativa común basada en la igualdad constitucional; no cerró el problema vasco sino que lo exacerbó a la larga.

Pues bien, Eguiguren convierte su particular lectura bipolar de estos dos momentos históricos en su faro de comprensión del presente: tal como sucedió en el pasado, habría también hoy dos posibles salidas (el pacto o la norma) y dos resultados diversos (la convivencia o el cierre en falso). Y no hace sino la opción lógica correspondiente.

Atención, no se trata de una discusión académica sobre cuál sea la correcta interpretación de la historia, ni de discutir si la analogía con el ciclo moderno estatutario/terrorista es acertada o forzada. Eguiguren no es un historiador ni un ensayista, es un político con influencia y mando, nada menos que el inspirador de la línea vasquista dominante en el PSE. Sus ideas son líneas de actuación a largo plazo del partido. Y eso es así, se rasguen las vestiduras o no nuestros actuales gobernantes.

Las condiciones han cambiado como consecuencia del último fiasco negociador, pero la negociación y el arreglo políticos siguen siendo el escenario de fin de ciclo para esta parte del socialismo vasco. Incluso si ETA dejara las armas, o más bien precisamente si lo hiciera, sería entonces obligado negociar con sus (ex) representantes los términos del arreglo que permitiera una nueva convivencia.
Así lo ven y así lo dicen, salvo cuando les da por hacer de vírgenes.

11-M: Seguimos queriendo saber (III)
Cristina Falkenberg El Confidencial 30 Marzo 2010

Estos días Pérez Rubalcaba ha pedido la unidad de todos frente a ETA. No se puede estar más de acuerdo y de hecho, desde estas líneas, se quisiera reclamar esa misma unidad pero frente a todos los terroristas, incluidos los que perpetraron el 11-M, que no sabemos quiénes fueron.

Sin embargo el 11-M no es el único gran atentado que -con una clara influencia sobre el curso político de la nación-, empero haya quedado luego sin esclarecer o sólo parcialmente, caso del intento de golpe de Estado del 23-F. En efecto, el 12 de abril de 1985, plena campaña “OTAN si – no”, tuvo lugar la masacre del restaurante El Descanso, próximo a la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) en el cual perdieron la vida 18 españoles y 82 personas resultaron heridas. Nos recuerda Luis del Pino que nunca se detuvo a nadie (aunque la causa se reabrió a finales de 2005). Inicialmente atribuido a ETA, luego lo reivindicó la Yihad Islámica. Ningún miembro del Gobierno asistió al velatorio o al sepelio de las víctimas.

También Jaime Mayor Oreja se ha pronunciado recientemente, expresando su convicción moral de que se esté en la segunda fase de 'la' negociación con ETA. Sin perjuicio de otras valoraciones, el problema de negociar es que hace rentable el crimen. Plantea también el problema constitucional de una discriminación inaceptable a favor de unos criminales en detrimento de otros, pues si se negocia con etarras, ¿por qué no con proxenetas y narcotraficantes?

La única previsión de perdón es la del artículo 4.3 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (CP), caso en que el juzgador “acudirá al Gobierno exponiendo […] la derogación o modificación del precepto [a fin de rebajar la pena si se estima excesiva] o la concesión de indulto”, y sin que entretanto se pueda dejar la sentencia sin ejecutar. El indulto funciona “caso por caso” pues el artículo 62.i) de la Constitución prohíbe los indultos generales.

Hay sin embargo una forma de perdón por la -ilegalísima- vía de hecho. Se compondría de un conjunto de acciones y omisiones que en su conjunto tienden a impedir la captura del culpable al tiempo que se favorece la prescripción del delito. (Los únicos que no prescriben son los delitos de genocidio, lesa humanidad y los delitos contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, artículo 131.4 CP). Los demás prescriben todos: por ejemplo, el encubrimiento a los tres años.

Empecemos por el principio: ¿se usaron móviles?
Los artículos 326 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regulan como primer paso en cualquier instrucción la inspección “ocular” del lugar de los hechos (326-333) y la recogida del cuerpo del delito (334-367), base de toda investigación criminal.

Bien, pues respecto del cuerpo de delito se ha hablado extensamente acerca de bombas preparadas con teléfonos móviles, pero no tenemos ninguna prueba directa de esto. Como pone de manifiesto el Sr. del Pino, “es mucho más barato, más seguro, más compacto y menos arriesgado usar temporizadores o radiomandos”. Lo cierto es que los trenes estallaron todos en estaciones, a excepción del tren de la Calle Téllez, parado en las vías que corren paralelas y cercanas ella.

La sospecha de que se usasen teléfonos móviles nació de las bombas que se hallaron sin detonar y que fueron cuatro: la primera de ellas en la estación de Atocha, haciéndola explotar tras lo cual soltó el característico olor a almendras amargas propio de la nitroglicerina.

Las bombas segunda y tercera se hallaron en la estación de El Pozo. La segunda contenía una tartera color naranja y un móvil. Sin embargo fue reemplazada por dos señores vestidos de paisanos que aparecieron en un Citröen C15 diciendo que eran Tedax pero que no se identificaron y tras este episodio no se supo más de ellos. Cosas de España... Lo relató el municipal con carné profesional 7801-3 por primera vez en el juicio oral (sesión del 19 de marzo de 2007). Se llevaron la bomba de la tartera naranja pero tuvieron la amabilidad de dejar otra en su lugar, por supuesto con móvil, los cables sueltos (lo cual siempre es de agradecer) y la masa explosiva en una bolsa de basura azul. Un detallazo.

¿Por qué nadie, vestido de paisano y sin protección alguna, con riesgo para su vida, se llevaría, tan jaranero, una bomba, en principio preparada para explotar? ¿O acaso en los trenes se colocaron ya, desde el principio, falsas bombas para despistar? Eso sí, en vagones sin bombas verdaderas, que las hubiesen destrozado.

La cuarta mochila sin detonar apareció en la comisaría de Puente de Vallecas. Ese, y no otro, es el lugar donde consta su aparición. Esto, que es un dato, conviene tenerlo presente. Lo demás son suposiciones sin prueba alguna que las apoye de modo concluyente. No consta que la “mochila de Vallecas” apareciese en la estación de El Pozo. En ella los Tedax revisaron el tren completo dos veces, abriendo todos los bultos que encontraron, tres y hasta cuatro veces. Contraviniendo la orden de la Juez de Plaza de Castilla que auxiliaba a del Olmo, los bolsones en que se recogieron los efectos personales hallados en El Pozo no se recibieron en la Comisaría de Puente de Vallecas sino que el Comisario Rodolfo Ruiz (el mismo que fue procesado por el caso Bono) ordenó su traslado al IFEMA. Ahí, durante unas cuatro horas se rompió la cadena de custodia de unos bolsones sin precintar. Cosas de España…

La Juez, molesta, ordenó trasladar los bolsones a la Comisaría de Puente de Vallecas. Ahí, en uno de los bolsones, apareció la famosa “mochila de Vallecas”, prueba clave del caso y que la Audiencia Nacional dio por buena. Contenía masa explosiva con metralla —las víctimas no tenían metralla en sus cuerpos— en una bolsa de basura azul, un móvil sin suficiente potencia eléctrica como para hacer estallar el detonador y los cables sueltos (de nuevo, se agradece el detalle). El móvil contenía una SIM, innecesaria para hacer estallar la bomba, pero útil como pista (aunque inusualmente explícita).

Por todo esto se ha querido imaginar que se usaron móviles en las bombas que estallaron, pero en buena lógica —exigible a investigadores y juzgadores—, lo cierto es que no lo sabemos.

Un par de datos más
El Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela tiene una técnica, única en el mundo, para fijar el origen geográfico del ADN con casi el 100% de acierto. Una huella aparecida en la furgoneta Kangoo fijó que era de un varón español, y otra de la mochila de Vallecas, de un varón europeo; ambos, de momento, desconocidos. Del Olmo abrió Diligencias Previas (147/2006), dirigidas a elucidar este y otros puntos oscuros. Los Jueces del 11-M conocían esta circunstancia. Continuará…

El 11M, un desafío a la conciencia y al honor
Pedro Conde Minuto Digital 30 Marzo 2010

Por un asesinado lloran la familia y sus amigos. Por un crimen múltiple y de Estado, el de los casi doscientos masacrados y dos mil heridos y destrozados, debemos llorar todos los compatriotas; obligan el corazón y la conciencia. Quien no lo haga, nacido en la cuna común de España, es sospechoso de delito o de connivencia y, en este caso, de indecente y cínico usufructuario de los provechos electorales del horrendo crimen colectivo. Aquel pavoroso golpe de Estado, el 11-M ya para la Historia, ha tenido unos beneficiarios que están a la vista y en el poder. Este beneficio nos lleva a la duda, a las muchas dudas, que suscita el silencio de tales usufructuarios ante el clamor de las víctimas y el dolor de los auténticos españoles.

En los primeros días, en los primeros meses, pudo tener justificación el silencio ante el supuesto desconocimiento de quiénes fueron los ejecutores, planificadores y cerebros negros. Pero hoy, cuando sabemos que a los pocos días del atentado se mandó destruir los trenes reventados y lavar con acetona sus partes, donde estaban incrustadas las mayores y más contundentes pruebas del crimen-atentado; cuando conocemos que ante los tribunales se han aportado pruebas espurias; que se pusieron otras falsas y falseadoras para cegar la investigación; que ante el juez prestaron testimonio individuos perjuros…cuando, en fin, sabemos que el explosivo que reventó los trenes y los cuerpos no es el que consta en la sentencia, goma 2 eco, sino otro, el Titadyne, por cierto, el que emplea la ETA en sus crímenes, según los técnicos. Cuando sabemos todo esto ¿nos vamos a callar?, ¿puede enmudecer el pueblo español como una plebe de villanos e infames, de serviles y abyectos, de ruines y miserables, de insolidarios y egoístas? Aquellos muertos son nuestros muertos, aquellas heridos son nuestros heridos, aquellas víctimas son nuestras víctimas, esas familias desgarradas y traumatizadas son nuestras familias.

Por conciencia, por honor, no sólo no podemos olvidar lo inolvidable, es que debemos clamar por la justicia a voz en grito y en la calle, gritar hasta desgañitarse porque se haga verdadera justicia con nuestras inocentes víctimas y contra los felones cuya memoria es capaz de remontarse a setenta años atrás y la pierden a poco menos de siete que empiezan a contar para el siguiente 11-M de aniversario.

Por cierto, un día escribiré sobre esa mal llamada Memoria Histórica, la de un español, yo mismo, la de este españolito a quien las dos Españas helaron el corazón a partes iguales. ¡Dejad a los muertos que descansen en paz con sus muertos!; porque, al fin, todos los muertos en aquella guerra civil son nuestros muertos, sin exclusión de bando, y son también los muertos de España.

Más acá en el tiempo, ese día, ese desventurado 11-M, se fue la vida de aquellos compatriotas; ahora se nos va momento a momento y a chorros la de esta España. Dudamos si los canallas que planificaron el horrísono crimen se dieron cuenta bien de los efectos y transcendencia del mismo. O ¿era exactamente ese el fin que buscaban? Si España se rompe, a ellos les estallará aquel crimen en sus propias entrañas. Y si de España no quedara nada, qué gozo y beneficio les dejará tan magro y raquítico usufructo como es haber saboreado unos años las mieles del poder, a costa de la existencia de la Patria en que nacieron.

Por cierto, hemos visto entre los testigos, falsos por sí y por las pruebas que aportaron, individuos con uniforme, siempre honroso por servir al pueblo y al Estado, menos en ellos que lo mancharon con su traición. Habría que recordarles que un día juraron o prometieron por su honor servir a España y a su Estado. ¿Tan poquito honor les cabe en el cuerpo que les sobra el bolsillo del mechero para guardarlo? Ese uniforme con que juraron fidelidad a unos principios, esplendente con su medallero de barato, mejor es que lo tiren a un muladar para que no contamine ni la ropa de desecho. Qué decir de los ascensos y prebendas que han logrado a costa de su felonía

¡Gobierno y oposición!, tenéis el gravísimo deber de dar marcha atrás a vuestro reloj vital e histórico y volver a empezar a contar vuestros días en la política desde un primero que se inicia aquel 11 de marzo de 2004. Es urgente que os sacudáis de encima, por vuestra propia dignidad, ese adjetivo de chusma con el que recientemente os ha calificado, no sin razón, un moderno historiador. Cómo llamar a la conducta del, en ese momento, Director General de la Guardia Civil, nacido en mi tierra, que desde ese día parece haber desaparecido de la faz del orbe.

Por vuestra conciencia, por vuestro honor, por la justicia a los muertos y a España a la que decís representar, por la dignidad del pueblo español, ordenad la revisión de esta terrible causa, aportad las pruebas que tengáis, romped el silencio, no seais cobardes, no podéis buscar lucro político ni de otra clase en una sangre que caería sobre vuestras cabezas; porque de lo contrario pasaréis a ser de la clase política española de todos los tiempos la más vil que detentó, detentó, digo, no que ganó, ni obtuvo ni tuvo el poder durante uno de los períodos más indignos que se inscribirá y se escribirá en las páginas de la Historia de España.

El 11-M fue, además de una masacre humana, un atentado contra el ser de España.

La presidenta y el lobo
M. MARTÍN FERRAND ABC 30 Marzo 2010

NI siquiera la Agencia Estatal de Meteorología alcanza al Tribunal Constitucional en lo que respecta al lanzamiento de globos sonda con los que prospectar la realidad circundante. En ese entendimiento, y en función de la experiencia acumulada en los treinta años transcurridos desde que Manuel García Pelayo presidiera el polémico y seguramente innecesario TC, nunca escribo una sola línea sobre esa institución sin poner como música de fondo una hermosa versión de Pedro y el lobo, de Serguei Prokofiev, dirigida por Claudio Abbado y narrada en castellano por José Carreras. En consecuencia, vuelve el CD a sonar en el reproductor. La ocasión lo requiere.

Como para celebrar el cuarto aniversario de la aprobación del Nou Estatut, la iniciativa máxima del estéril tripartito que ocupa la Generalitat, ayer circularon nuevas versiones de lo que podría llegar a ser, «después de Semana Santa», el fallo sobre el particular del no muy apreciado Tribunal. Han sido tantas veces las que ya hemos vivido esta esperpéntica situación, el tráiler anunciador de una producción del TC que no llegó a ver la luz, que, en aras de la prudencia nos permitimos el lujo y el dolor del recelo ante una institución que, según la letra constitucional, está integrada por miembros independientes.

La presidenta del TC, María Emilia Casas, ya tiene experiencia, tanta como la ponente Emilia Pérez Varela, en tejer y destejer este manto que, debiendo ser inconsútil como alarde de pureza constitucional, está lleno de costuras y remiendos para ajustarlo a la medida de la demanda del Parlament, la exigencia variable de José Montilla y sus leales alternativos y el momento político de José Luis Rodríguez Zapatero, el irresponsable promotor de su elaboración en Cataluña a mayor gloria del PSC y sus circunstancias.

Se dice que los magistrados del TC acercan posturas y que no será necesario el voto de calidad que aterroriza a la presidenta. Si así resulta y la montaña termina de parir el ratón que se le espera, tendremos un fallo del TC como elemento central y polémico, político, como eje de las campañas partidistas en las elecciones autonómicas catalanas del próximo otoño. Otro mérito que reconocerle al TC en su desafortunado, y siempre tardío, acontecer. Por el momento, en mi CD, siguen sonando la cuerda, la voz de Pedro, y la trompa, la voz del lobo. No se escuchan aún los disparos de los timbales.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

TC: no corran, ya llegan tarde
editorial www.gaceta.es 30 Marzo 2010

Ya hace cuatro años que el Congreso aprobó el Estatut y el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre si es o no constitucional.

No es habitual en regímenes democráticos un nivel de inseguridad institucional como el que se ha creado en España, en primer lugar, con la propia figura del Estatut, que según diversos constitucionalistas implica invalidar la Carta Magna en Cataluña; y, en segundo lugar, con la tomadura de pelo del Tribunal, su parálisis derivada del grado de partidismo de sus desprestigiados miembros, y su escandalosa tardanza en emitir el fallo.

Pero más inquietante es aún que quien impulsó el proyecto de tintes soberanistas y quien ha presionado directa o indirectamente al Alto Tribunal sea la misma persona: Zapatero.

El líder socialista fue quien dio alas al Estatut, al asegurar que bendeciría la reforma que saliera del Parlament. Un montaje artificial del tripartito fraguado a espaldas de la mayor parte de la ciudadanía catalana, como demuestra el exiguo apoyo que recibió en las encuestas previas, y el manifiesto desinterés que despertó el referéndum, con una participación inferior al 50%.

Pero implicaba una severa amenaza contra el diseño del Estado surgido en la Transición. Tanto por el contenido (desde el concepto de Nación, puesto en tela de juicio por Zapatero, hasta los ataques a la unidad del poder judicial, pasando por un asunto tan medular como la bilateralidad), como por el contexto en el que se enmarcaba y no por casualidad: tras una tregua de ETA para Cataluña, después del famoso viaje de Carod, y con el plan Ibarretxe en ristre, y en paralelo con una negociación de Zapatero con la banda.

Extremo que puede resultar instructivo ahora que el presidente retoma viejos contactos. Todo sería menos preocupante si el Tribunal Constitucional hubiera dejado el texto catalán “limpio como una patena”. Cuatro años después seguimos esperando a Godot. Lógico. No se puede confiar en una instancia que es una fotocopia del reparto de papeles de los partidos.

Lo cual se presta a contaminaciones tan burdas como la de Pérez Tremps, recusado por el PP por haber firmado un contrato con la Generalitat. O a presiones cercanas a las prácticas mafiosas como la campaña orquestada contra García-Calvo, juez contrario al Estatut, a través de los servicios de Inteligencia, como reveló ÉPOCA.

Si ahora aprietan el acelerador y anuncian una sentencia para después de Semana Santa (¿como la que se anunció para Navidad?) parece que es por razones políticas: la renovación que favorecería al ala progresista de la actual composición del tribunal. Con estos mimbres, la sentencia será inevitablemente política. Es decir acomodaticia.

Los ciudadanos nos quedaremos sin saber si el Estatut es constitucional o no. No les pedíamos otra cosa, pero los jueces del Alto Tribunal, con María Emilia Casas al frente, no hacen sentencias sino política, y llegarán a un apaño lampedusiano, haciendo que cambie todo para que no cambie nada. Mantendrán el espíritu soberanista que anima el Estatut, y sus ejes –dinero, bilateralidad, lengua– pero procurando que se note poco. O que quede al arbitrio –de arbitrario– de la interpretación. Por esa misma razón ya llegan tarde.

El Estatut ya opera como una norma constituyente, el castellano ya ha sido laminado por el catalán, y la Generalitat pide al Estado credencial diplomática para los embajadores de la red que ha montado el canciller Carod. No corran: el daño está hecho.adín del feminismo.

El Constitucional se lava las manos
TOMÁS CUESTA ABC 30 Marzo 2010

SÓLO a través del catalejo de la buena fe o del monóculo de un optimismo irresponsable -antropológico, se decía antaño- se puede vislumbrar que la sentencia del Constitucional acerca del «Estatut» de marras y marrajos estará en consonancia con las expectativas de racionalidad (y hasta de «seny», lo Cortés no quita lo Pizarro) depositadas en los magistrados. En un mundo ideal, es decir, sensato, que una parte del todo se declarase solvente, competente, autosuficiente y autogestionaria en asuntos que afectan al común de los paganos, se tomaría, no ya como una insensatez «charlamentaria» y un disparate refrendado, sino como una aberración jurídica que en cuatro días se despacha. Aquí, sin embargo, llevamos cuatro años para, a la postre, concluir que sí y que no y que todo lo contrario.
Conforme adelantaba ayer este diario, parece ser que el Alto Tribunal habría terminado de digerir el sapo durante el ecuador del mes entrante.

De momento, doña María Emilia Casas y su plural compaña (progresistas, conservadores, híbridos, «peperos» y mariachis) ya han pedido que les arrimen la jofaina puesto que, a fin de cuentas, peor es ser Herodes que Pilatos. Lo cual, que, si Dios no lo remedia, la Carta Magna terminará crucificada entre un ladrón malísimo y un atracador infame. Si el «Estatut» es un bodrio de hoz y coz, la sentencia, por lo entrevisto, no le irá a la zaga. Oraciones impías (adversativas, condicionales, antinómicas, anti-lo-que-haga-falta) y piadosas ñapas (flecos pendientes, pendoneos flácidos, grietas, goteras, desconchados) que constituyen el último servicio que rinden a la Patria (a la patria, en minúsculas, tampoco hay que engallarse) sus señorías y sus señoríos, Dios les guarde, antes de disfrutar de la excedencia o caducar sin prisas y sin pausas al igual que un yogur en la nevera de un solterón recalcitrante.

Como este es un país de desagradecidos, la prueba del nueve es y será el arrebato victimista y gritón de los nacionalistas catalanes cuando les lean en diagonal el enjuague. En privado y en Madrid reconocerán que no les quedaba más remedio que poner el grito en el cielo y se irán a comer callos a Jockey tan contentos y tan desahogados dándoles palmaditas en la espalda a los «socis» del PSOE o los colegas populares. En Cataluña, se rasgarán las vestiduras y convertirán el «Estatut» en una olla a presión, en un corral de cuernos (un «correbous», no confundamos), un desquiciado laberinto sin salida y sin entrañas. ¡Que empiece el espectáculo!

Tenemos por delante unas elecciones autonómicas que, por dinamiteras, pasarán a los anales. Con tipos de la calaña de Laporta pescando en río revuelto e incluso -¿por qué no?- llevándose el gato al agua. La juerga padre, vamos. O sea, que de no ser por ellos, de no mediar la magistral ejecutoria de los señores magistrados, nos moriríamos de tedio y puede que de asco. ¡Marcha, venga marcha, que está el país parado!

Al cabo ¿qué esperábamos? El previsible cierre en falso de la charlotada estatutaria es el producto lógico de la demagogia dura y el discurso blando, de la anemia de ideas y del oportunismo a calzón bajado. El fruto de la pasividad medrosa y de los aspavientos atorrantes. El eco de un silencio abrumador en el que nunca se responde a nada. Ni al terrorismo, ni a la crisis, ni a los filibusteros, ni a los ciudadanos.

Sentencia
Cuatro años de Estatut
José García Domínguez Libertad Digital 30 Marzo 2010

Sin duda, la consecuencia más demoledora de la aprobación del Estatut en el Parlamento hace hoy cuatro clamorosos años es su absoluta, radical, definitiva inanidad. Y es que de nada ha servido que Zapatero, Guerra, Bono y el resto de sus iguales se prestasen, diligentes, a horadar los cimientos del edificio constitucional con tal de complacer a los catalanistas. Al revés, la virulencia del irredentismo identitario, el insulso plato único que se degusta en la plaza, no ha hecho más que avivarse desde entonces. Algo previsible si se concede que todo nacionalismo romántico, y no a otra calaña obedece el catalán, requiere de la constante tensión dialéctica con el enemigo externo para sobrevivir.

La siempre doliente imaginería victimista, ese permanente desgarro retórico a cuenta de no menos permanentes agravios imaginarios, se le antoja tan imprescindible como el aire que respirar. Así, por paradójico que semeje, el corolario fáctico de aquella renuncia de las Cortes a la soberanía nacional fue la final eclosión del independentismo en las filas de CiU. Esas vistosas performances domingueras del secesionismo rústico, las "consultas" que maquina el folclórico López Tena por orden directa de Artur Mas, constituyen la mejor expresión plástica del fenómeno.

Un sesgo, ése de la radicalización sentimental del catalanismo canónico, que cualquier sentencia del Constitucional no hará más que atizar. Así las cosas, el supremo interés del Estado, o sea, la más que prosaica conveniencia inmediata de los socialistas, aconseja que María Emilia Casas continúe bostezando en el limbo. A fin de cuentas, dirimir la cuestión ahora, es decir, en vísperas de las elecciones domésticas, implicaría desplazar los términos de la disputa partidaria hacía el terreno en el CiU siempre habría de ganar.

Salvo en la muy inverosímil hipótesis de que el Tribunal asintiera ciego y mudo a la literalidad del texto, toda enmienda suya abocaría el debate hacía el campo semántico de la confrontación con esa entelequia metafísica llamada "Madrit"; el peor escenario posible para el PSC; el que lo empujaría a un callejón sin salida, forzado a la parálisis escénica entre la espada de Convergencia y la pared de Zapatero. La única sentencia inminente que les sirve, pues, es que no haya sentencia. Por eso, no la habrá. Y si no, al tiempo.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Los asesinos buenos
HERMANN TERTSCH ABC 30 Marzo 2010

TODAVÍA habrá quien diga que Jaime Mayor Oreja no tiene razón cuando advierte a los españoles que este Gobierno está preparando otra negociación con ETA. Y desde luego hay demasiados en su propio partido que se han precipitado en criticarle o descalificarle diciendo que no entiende ya lo que pasa en el País Vasco.

Lo entiende muy bien. Tan bien que a ellos les molesta. Porque da la impresión de que algunos en el Partido Popular han interiorizado tanto el discurso del Partido Socialista y sus tesis de la eterna armonía que a veces parecen ya Eguiguren u Odón Elorza. La noticia tiene guasa. Pero va en serio. Resulta que ahora -¡¡o qué casualidad!!-, nos salen unos llamados «profesionales internacionales de la negociación», políticos jubilados y necesitados de ingresos para alimentar su pensión, que piden al Gobierno español la legalización de Batasuna. Y lo hacen en el Parlamento Europeo. Los dirigen los surafricanos Brian Curry, Frederick De Klerk y el arzobispo Desmond Tutu. Pero son más por lo que la posible nómina amenaza con subir aún más el déficit público español. Piden por supuesto también el acercamiento de los presos al País Vasco. En realidad demandan a medio plazo -sin decirlo- que todos los criminales que han causado casi mil muertos españoles vayan preparándose para la libertad. Miles de años de prisión en condena quedarían así en cuestión de meses. A eso llaman reconciliación.

Piden también generosamente a ETA que declare un alto el fuego. «Plenamente supervisado dicen». Se supone que como el anterior, en el que los zulos, según el ministro Rubalcaba, no eran zulos. Y los etarras, según decían, eran ya gentes de paz. Y ETA sería incapaz de volver a matar «porque el coste sería demasiado alto», como decían los portavoces de los diarios oficiales del zapaterismo. Y las pistolas robadas por ETA y que después han matado a manos de ETA las había robado algún chorizo, insistía Rubalcaba Fouché.

Y a partir de ahí, de la nueva tregua, todos amigos y dentro de un par de años, para las elecciones generales, aquí se declara la paz y el olvido, el fin de ETA, la legalización de Batasuna y la salida escalonada de prisión de todos los asesinos. Ni «ley Parot» ni niño muerto. Se hace una ley retroactiva y todos a la calle. Ya nos quieren hacer una ley para el señor Garzón para que quede sin vigencia el delito de intervenir las entrevistas de acusados y abogados defensores. Se hace otra. Y las que hagan falta.

Los que recomiendan al Gobierno español y a ETA tan bondadosas medidas para la eterna armonía no son otros que gente en parte implicada en la anterior negociación. Y son gente que no actúa gratis. ¿Por qué de repente, cuando se le cae encima al Gobierno español toda su ineptitud y su mentira sobre nuestra economía, cuando el país ha entrado en una deriva hacia la pobreza que parece imparable, estamos otra vez hablando de una paz con los terroristas de ETA ? ¿Por qué si la lucha contra el terrorismo va bien? Y promete ir mejor con el compromiso de Sarkozy tras la muerte del gendarme francés de acabar con todas sus guaridas. Pues porque el Gobierno Zapatero necesita tanta árnica como la organización terrorista. Y todo indica que ha acudido solícito a estos mediadores interesados -digamos que recaudadores-, para irse preparando esta especie de carta falsa en una partida, la electoral, que temen perder. Los españoles con dignidad tienen la obligación de rebelarse contra esta nueva infamia cuyo fin último es legitimar los crímenes de ETA y dejar en libertad a los criminales. Como dice Mayor Oreja, el Gobierno y ETA tienen hoy intereses comunes. Y con ellos los negociadores que pasarán por caja.

Y hablando de asesinos, da gusto ver como Santiago Carrillo, en su día héroe de la transición y hoy héroe del zapaterismo guerracivilista, se lanza al cuello de la oposición y defiende a quienes lo han erigido en adalid de la mentira histórica, auténtico caballo de batalla del caudillo vallisoletano que se creía leonés. Dice Carrillo que Rajoy es Le Pen. Mala comparación. Con lo fácil que sería decir que él es Laurenti Beria.

Los magistrados del TC acercan posturas y Casas cuenta ahora con seis apoyos
La presidenta podría llevar a Pleno la quinta ponencia y sacar la sentencia tras las vacaciones de Semana Santa
NIEVES COLLI | MADRID ABC 30 Marzo 2010

La sentencia del Estatuto catalán podría estar al caer si el acercamiento de posiciones conseguido en el último mes por los magistrados del Tribunal Constitucional se traduce después en un número suficiente de votos. Fuentes jurídicas aseguran que a día de hoy la resolución podría salir adelante por la mínima (6-4), aunque la presidenta, María Emilia Casas, y la ponente, Elisa Pérez Vera, siguen trabajando con empeño en la búsqueda de un séptimo apoyo. Y es que son conscientes de que sólo con seis votos favorables el TC daría una imagen de división muy poco recomendable en un asunto de este calado, sobre todo después de más de tres años de deliberaciones sin resultado alguno.

Si todo sigue como en este momento, el Tribunal estaría en condiciones de celebrar un Pleno, algo que no sucede desde hace meses, y quizás incluso de votar la quinta versión de la ponencia de Pérez Vera, pronunciamiento que reclaman muchos magistrados para no dilatar aún más las cosas.

Prudencia
Los más atrevidos se aventuran a hablar de mediados del mes de abril, poco después de las vacaciones de Semana Santa, como fecha para hacer pública la sentencia y despejar por fin la «x» sobre la constitucionalidad de la norma catalana. Sin embargo, y pese a no ocultar su optimismo, en medios del Tribunal Constitucional prefieren mostrarse muy prudentes, pues son muchos los altibajos vividos y son conscientes de que es muy fácil tener el enésimo tropiezo. Recuerdan, sin ir más lejos, cómo los avances conseguidos a principios de este año hicieron pensar que la sentencia podía salir a finales de enero o, a lo sumo, en febrero. Pero el equilibrio en el Pleno es inestable, y un mes después la situación había vuelto al bloqueo de julio de 2009. Hasta hoy.

Lo cierto es que, ya desde hace tiempo, muchos magistrados vienen reclamando a la presidenta Casas que celebre un Pleno y someta por fin a votación la ponencia. En las últimas semanas, se han plantado. El recurso del Partido Popular contra el Estatuto catalán lleva tres años y medio tramitándose y la situación es insostenible. La presión externa -en especial la que proviene de Cataluña, casi a las puertas de celebrar elecciones a la presidencia de la Generalitat, previstas para otoño- contribuye a que el ambiente sea aún más incómodo para todos y hace más que aconsejable resolver este asunto de una vez por todas.

Mejoras técnicas
La llave de este avance la ha tenido en su mano el magistrado Manuel Aragón. Nombrado a propuesta del Gobierno, se le sitúa en el sector progresista, aunque en numerosas cuestiones su voto ha estado al otro lado, en contra de la ponencia amparada por María Emilia Casas y, por lo tanto, en contra también de dejar pasar como constitucionales aspectos clave del Estatuto.

Los cambios en la ponencia, que limitan o eliminan los aspectos más polémicos del Estatuto, podrían hacer posible un voto favorable de Rodríguez Arribas
Fuentes del Tribunal aseguran que las modificaciones y mejoras técnicas que en este último mes y medio ha sufrido el borrador de la sentencia -«en general ha mejorado bastante», explican- han sido inspiradas por Aragón, por lo que «a priori» el grupo progresista tendría garantizado su voto.

Según las mismas fuentes, el sexto apoyo -imprescindible para sacar adelante la sentencia, a la vista de que Casas quiere evitar a toda costa hacer uso de su voto de calidad- sería el del vicepresidente del TC, Guillermo Jiménez. El séptimo, que le daría más fuerza al fallo y dejaría en tres el número de votos particulares, podría venir de la mano de Ramón Rodríguez Arribas, el único magistrado del grupo conservador cuyo mandato no expira hasta 2013. En las mismas posiciones contrarias que vienen defendiendo desde el principio se mantienen Javier Delgado, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde, que redactarían votos particulares.

Otras fuentes consultadas por ABC aseguran que la versión de la sentencia en la que ahora se trabaja declara inconstitucionales una veintena de artículos, entre los que estarían varios referidos a aspectos nucleares del Estatuto catalán. Otros se habrían resuelto por la vía de la interpretación.

Las fricciones en las deliberaciones y reuniones informales mantenidas en los últimos meses se habrían centrado casi siempre en cuestiones técnicas y otros aspectos relacionados, por ejemplo, con los «símbolos nacionales», vinculados a la declaración que se hace en el preámbulo del Estatuto respecto del carácter de Cataluña como nación.

Renovación del TC
Muchos magistrados tachan la situación de insostenible
Junto a ellos, también ha resultado muy complejo consensuar posiciones sobre la bilateralidad de las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno de la Nación, la financiación autonómica o el poder judicial autonómico, así como la organización territorial de Cataluña, los derechos históricos o el blindaje de las competencias.
De prosperar este intento de sacar adelante la sentencia, quedaría despejado el camino para la renovación del Tribunal Constitucional, siete de cuyos once magistrados se encuentran en situación de interinidad. A esas siete vacantes hay que sumar una octava, causada por el fallecimiento de Roberto García-Calvo el 18 de mayo de 2008. El mandato de este magistrado vencía el próximo mes de noviembre.

Sin precedentes
Por primera vez en la historia de esta institución, se han acumulado dos renovaciones, que por ley deben producirse por tercios de magistrados y cada tres años. El Senado debió nombrar a los sustitutos de Casas, Jiménez, Conde y Rodríguez Zapata en diciembre de 2007; el Congreso debería hacer lo propio con los sustitutos de Delgado, Pérez Vera, García-Calvo y Eugeni Gay dentro de seis meses.

A la vista de que la hora de la sentencia parece estar próxima, fuentes consultadas por este periódico aseguran que los dos grandes partidos (PSOE y PP) han puesto en marcha la maquinaria con el objetivo de poder cerrar la renovación a finales de este año y acabar de una una vez con la actual situación.

En tres años y siete meses, el Parlamento de Cataluña ha aprobado 39 leyes que desarrollan el texto del Estatut sin esperar al fallo del TC
El Parlament ha desplegado 39 leyes y prepara otras 15 al margen del fallo del TC / Una sentencia negativa tiraría por la borda la obra del tripartito
Cataluña ignora al Constitucional
Barcelona - M. Espanyol La Razón 30 Marzo 2010

Montilla no duda de la constitucionalidad del Estatut, por eso la prioridad del tripartito ha sido desplegar la norma.

Las últimas filtraciones sobre el proceso de deliberación del Tribunal Constitucional (TC) respecto al Estatut amenazan con introducir el debate en la precampaña electoral catalana. La actitud de la Generalitat acerca de la siempre «inminente» sentencia sobre el Estatut no ha cambiado ni un ápice en los últimos años. El tripartito defiende la constitucionalidad del texto y prueba de ello es que desde que entró en vigor la norma, en agosto de 2006, se ha dedicado en cuerpo y alma a desplegarla.

En tres años y siete meses, el Parlamento de Cataluña ha aprobado 39 leyes que desarrollan el texto. Además, hay una quincena de proyectos de ley que se encuentran en fase de tramitación parlamentaria, inclusive la polémica Ley de Veguerías, que aboga por cambiar la redistribución territorial de cuatro provincias a siete veguerías.

De ser ciertas las informaciones que apuntan a que el TC considera inconstitucionales 15 artículos del Estatut y que propone reinterpretar otros 20 –con el fin de explicar al Gobierno catalán cómo debe aplicarlos para no entrar en conflicto con la Constitución–, la polémica estaría servida. Lo que más teme el presidente de la Generalitat, José Montilla, es que las elecciones se conviertan en un plebiscito sobre la sentencia. Pero, sobre todo, que su obra de gobierno, su baza de cara a las próximas autonómicas, se vea fusilada.

Poder Judicial
Si el TC impone el principio de unidad jurisdiccional, es decir, que sólo reconoce un único órgano de gobierno de jueces y magistrados –el Consejo General del Poder Judicial–, leyes como la del Consejo de Garantías Estatutarias tendrían que revisarse. El Consejo de Garantías Estatutarias es un organismo que emite dictámenes vinculantes sobre las normas catalanas y que tiene funciones semejantes a las del Constitucional. El TC también establecería que el Tribunal Supremo es la última instancia, por encima del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Ley de Educación
Contra todo pronóstico, los artículos relacionados con la lengua no serían declarados inconstitucionales. Sin embargo, la sentencia pondría el acento en que el castellano, como lengua oficial de Cataluña, no puede ser excluido por parte de los poderes públicos. Y esto podría obligar a revisar la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que el Parlament aprobó el pasado julio. La LEC sortea el decreto ministerial que insta a hacer 65 horas de castellano durante la primaria –tres horas a la semana–, alegando que los centros educativos diseñan su currículum –el número de horas que dedican a cada asignatura–. Además, reduce de cinco a un año la posibilidad de recibir atención personalizada en castellano durante la educación primaria. Como sucedería con muchas otras normas, la LEC quedaría sometida por el TC a una «interpretación conforme».

Nación
El término nación, que tantas veces se ha dicho que se caería del Estatut, seguirá en el preámbulo. Los magistrados del TC parece ser que no van a seguir discutiendo por el contenido del preámbulo que, según la jurisprudencia constitucional, carece de valor jurídico. Por contra, los magistrados podrían numerosos peros al reconocimiento de los derechos históricos del pueblo catalán. La Ley de Fosas o del Memorial Democrático se podrían ver afectadas por esta decisión.

Leyes polémicas
El TC tampoco parece meter mano en la reforma del sistema de financiación, el resultado más notable que se desprende del Estatut y que este año ha aportado a Cataluña 2.500 millones extra. Por contra, pueden provocar un lío jurídico, la ley de consultas populares vía referendo o el Código Civil de Cataluña.

Educación
El euskera tendrá una "atención preferente" en el nuevo currículo pese a tener la misma jerarquía que el castellano
Prohíbe utilizar Euskal Herria como concepto político
VASCO PRESS| | VITORIA El Correo 30 Marzo 2010

El nuevo currículo que define los contenidos y objetivos del sistema escolar para los ciclos de Educación Básica equipara jerárquicamente euskera y castellano, pero reconoce la necesidad de conceder una "atención preferente" a la lengua vasca debido a su menor presencia social. El decreto limita el uso de Euskal Herria como concepto lingüístico, cultural y social, y niega su utilización como término político o jurídico.

Otros elementos importantes del currículo es que establece con claridad en los contenidos que serán impartidos a los estudiantes el rechazo de la violencia, incluida expresamente la violencia terrorista y su consideración de "violencia ilegítima", y el fomento de la empatía hacia las víctimas. Los centros podrán elegir el formato más adecuado: presencia directa o testimonios indirectos a través de material impreso o audiovisual.

El Gobierno vasco ha aprobado hoy la reforma del currículo de Educación Básica y en las próximas semanas hará lo propio en cuanto a los decretos de Educación Infantil y Bachillerato. Cada norma tendrá sus propias especificidades, pero todas ellas comparten un conjunto de principios en cuanto al tratamiento de las lenguas vehiculares o los criterios de utilización del concepto Euskal Herria.

La consejera de Educación, Isabel Celaá, ha comparecido hoy en rueda de prensa para explicar el contenido del nuevo decreto y ha subrayado que "incorpora prácticamente todas las sugerencias y recomendaciones de los distintos agentes, y fundamentalmente las sugerencias y recomendaciones del Consejo Escolar de Euskadi".

Asimismo, ha sostenido que permite poner fin a una etapa de "inseguridad jurídica". "Con este decreto, plenamente respetuoso con la legalidad vigente, ponemos fin a la inseguridad jurídica y sensación de provisionalidad que supuso que el decreto anterior estuviera recurrido por el Estado y el Gobierno de Navarra, garantizando de esta manera una mayor estabilidad de nuestras normas educativas", ha explicado.

Valores y pluralidad
Para la consejera la nueva normativa refleja "la pluralidad de la sociedad vasca, está repleta de valores y carece de carga ideológica partidista" con el fin de que la escuela sea un ámbito de "inclusión y acogimiento por igual de todos los sentimientos de pertenencia que existen en nuestro seno. Y en consecuencia sea un factor imprescindible de cohesión y equidad de nuestro país, de nuestro pueblo".

Celaá ha asegurado que la regulación de las lenguas oficiales en el nuevo currículo es "absolutamente respetuosa con la legislación vigente" y contempla las recomendaciones del documento 'Euskara XXI' elaborado por el Consejo Asesor del Euskera.

Una regulación que elimina la consideración del euskera como "lengua vehicular principal" y equipara jerárquicamente castellano y euskera. Eso sí, el decreto reconoce ya desde el prólogo la necesidad de prestar una "atención preferente" al euskera por ser una lengua de menor presencia social. "El sistema educativo trabaja sobre todo en euskera y, en consecuencia, la atención preferente al euskera se materializa en una mayor atribución horaria como ya está sucediendo en estos momentos y seguirá de esta forma", ha precisado.

En cuanto al término Euskal Herria, la norma establece su utilización como concepto lingüístico -país del euskera-, cultural tal y como aparece en escritos literarios desde el siglo XVI y social, pero no político. Celaá ha dicho que "respeta ampliamente" las recomendaciones del Consejo Escolar de Euskadi al asumir la definición que de Euskal Herria realiza Euskaltzaindia.

"Queda desligado por lo tanto de toda identificación con cualquier proyecto partidista y opta por una acepción mucho más inclusiva que por otro lado resulta totalmente respetuosa con la realidad de otras comunidades autónomas. El límite es por lo tanto que no configura una unidad jurídica, política ni administrativa", ha señalado.

La titular del Departamento de Educación ha destacado como novedad que determinados estudiantes tengan que cursar la asignatura de euskera, pero puedan quedar exentos de su evaluación cuando, por ejemplo, se incorporen a un centro educativo de Euskadi poco antes de presentarse a la selectividad.
Otra novedad es la modificación de los objetivos de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Esta modificación está relacionada con el nuevo Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia del Gobierno vasco. Así, según ha explicado Celaá, recoge "claramente el rechazo a la violencia, también a la violencia terrorista, y no elude de ningún modo la situación que sufre nuestro país considerándola sin ambages como un caso de violencia ilegítima desde todos los puntos de vista".

"Los objetivos de respeto de los derechos humanos y empatía hacia las víctimas van a tener carácter prescriptivo, es decir, en todos los centros educativos, modulados por el proyecto educativo que cada uno de ellos desarrolla", ha añadido. Es decir, todos los centros educativos trabajarán en el aula la empatía hacia las víctimas del terrorismo, pero los procedimientos para conseguir este objetivo (presencia física de las víctimas, testimonios escritos o audiovisuales) será una cuestión de decidirá cada centro escolar "en función de su capacidad y autonomía".
 

 

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