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Recortes de Prensa   Miércoles 31 Marzo  2010

 

La "pinza" gobierno-sindicatos está hundiendo a España
Francisco Rubiales Periodista Digital 31 Marzo 2010

Un gobierno que, unido a sindicados comprados con dinero público, demoniza a los empresarios y no es capaz de ver a sus empresas como las grandes generadoras de riqueza, conduce inexorablemente a su pueblo hacia la ruina económica y el fracaso político y social. El espíritu emprendedor se hunde en España, a pesar de ser el único capaz de sacarnos del foso. Los estudiantes, masivamente, quieren ya ser políticos o funcionarios. Han descubierto que esos dos sectores son los únicos blindados ante la crisis. Ese sueño de las nuevas generaciones es una pesadilla que conduce, inexorablemente, al fracaso de la nación.

De todos los errores de Zapatero, que son muchos, su hostilidad a la empresa es el más dañino para España, un país al que el mal gobierno socialista, probablemente el peor en los últimos dos siglos, está llevando hacia la pérdida de la prosperidad y la derrota como pueblo.

El gobierno mantiene una relación más o menos fluida con las grandes empresas, pero no se entiende con el 95% de las empresas españolas, que son pymes. La mala gestión de la crisis ha provocado en España la desaparición de casi 200.000 empresas, mientras que hay otras tantas en situación dramática.

¿Quien pagará por los errores de Zapatero? La democracia española es tan imperfecta y está tan trucada que convierte en impunes a dirigentes que, con su mal gobierno, están destruyendo espacios vitales de la nación, como es el tejido productivo. Zapatero, probablemente, saldrá del gobierno sin sufrir el castigo que merece como destructor de la prosperidad española, lo que significa una injusticia frustrante para las miles de víctimas de un gobernante que ha demostrado con creces no tener la altura política y moral que España necesita.

Los autónomos españoles, mitad empresarios y mitad trabajadores, están siendo masacrados por el aterrador binomio gabierno-sindicatos, lo que representa una temeridad y un error de gravísimas consecuencias para una economía donde las pequeñas empresas, pequeños comercios y talleres generan más del 90 por ciento del trabajo existente. Cientos de miles de autónomos han cerrado sus pequeñas empresas y talleres y ya no producen ni dan empleo, mientras otros muchos han emigrado hacia la economía sumergida. Un paseo por los centros comerciales de nuestras ciudades y pueblos es suficiente para percibir que miles de tiendas han cerrado y que los locales vacíos siembran de pobreza y desesperación el paisaje económico de España.

Los dos grandes sindicatos españoles, atiborrados de dinero y de privilegios por el gobierno, son incapaces de defender a los obreros y empleados y sólo representan ya a sus afiliados y a los 300.000 liberados que viven sin trabajar en esta España postrada. La frustración y el rechazo que provocan en la ciudadanía han conseguido que los sindicatos pierdan el prestigio que ganaron en la Transición y que compitan ya con la SGAE y con el propio gobierno por ocupar los puestos de cabeza en el ranking español del descrédito.

Ante la incomprensión y acoso que sufren por parte del gobierno y de los sindicatos, decenas de miles de empresarios españoles han decidido no poner un sólo euro en la economía mientras que Zapatero permanezca en el poder. Ese boicot silencioso y defensivo frente al dirigente que les agrede convierte al gobierno en un lastre para el despegue de España.

Haciendo gala de una irresponsabilidad impropia de un gobierno democrático, Zapatero y sus sindicalistas subvencionados se dedican a echar a los parados en contra de los pequeños y medianos empresarios, cuando las pymes y las microempresas están cerrando sus negocios de manera inevitable, por culpa de una crisis que el gobierno no es capaz de combatir.

El gobierno y los sindicatos, necesitados de optimismo, alteran la realidad y mienten cuando afirman que el ritmo de destrucción de empleos y de empresas está descendiendo. Su análisis es falso y perverso porque ocultan que el ritmo desciende por lógica, ya que cada día quedan menos empresas que puedan cerrar y menos empleados que puedan perder su trabajo.

El letal binomio Zapatero sindicatos se niega a realizar las reformas que España necesita y que le recomiendan los expertos y las grandes instituciones y foros internacionales, entre ellas las tres mas urgentes: la fiscal, la laboral y la educativa . Y lo hacen porque prefieren anteponer su poder y sus privilegios al bien de España. Afirman que los obreros no deben perder sus derechos, pero ocultan que con ellos al mando cientos de miles de trabajadores están siendo expulsados de sus hogares, que no pueden pagar, después de háber perdido ya el trabajo, que es el más fundamental de los derechos y el único que otorga dignidad. Hablan de prestaciones sociales, pero no se dan cuenta que la mejor prestación social es el trabajo y que los subsidios del gobierno a los desempleados son limosnas disfrazadas que vulneran los derechos fundamentales y destruyen la dignidad.

En esta situación de injusticia, desencanto y hundimiento, lo más triste y escandaloso es que el gobierno y la casta privilegiada política y sindical ni siquiera hayan tenido el gesto ejemplar de bajarse sus ostentosos salarios y privilegios para ofrecer a los millones de desempleados españoles un gesto de ejemplo y solidaridad. La ostentación, la arrogancia y la insensibilidad de los nuevos amos, que siguen exhibiendo sus coches oficiales, guardaespaldas, sueldos, pensiones de lujo y demás privilegios diversos ante una sociedad desmoralizada y que se sumerge en la pobreza, son sencillamente despreciables.

Voto en Blanco

¡Que salga de una maldita vez!
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 31 Marzo 2010

Nuevas filtraciones, y van cien, sobre una inminente sentencia del Constitucional acerca del Estatuto de Cataluña. Hace un par de meses las hubo y bastante similares. Espero que de una vez por todas esta vez se emita sentencia. Tan tardía, hace más de tres años y medio que se presentó el recurso, que ya no puede ser buena por el mero hecho de ese enorme retaso, de ese bloqueo y de esa enorme cantidad de despropósitos que al primero que ha afectado ha sido al propio tribunal y a su credibilidad.

Se dice ahora lo que se ha venido diciendo en los últimos meses : que hay un principio de acuerdo para una mayoría y que este más que en decisiones tajantes utilizará la formula interpretativa. O sea, que se deja el artículo pero se señala que debe entenderse que lo que dice debe interpretarse de una determinada manera. Conclusión: no se hará más que enredar todavía más la madeja y es más que probable que de origen a una retahíla de nuevos recursos.

Vuelve a insistirse en que habrá una ristra de artículos que serán declarados inconstitucionales, de manera especial en lo que hace referencia al poder judicial, a la pretensión de bilateralidad y a la financiación. Sin embargo se empieza luego a jugar con el depende y los paños calientes y desde el mismo preámbulo, sobre otros asuntos esenciales. El primero es el concepto de Nación. El rumor publicado es que se permitira tal definición en el preámbulo pero señalando de inmediato que a efectos “constitucionales” la única nación es la española. Ni si ni no ni todo lo contrario.

Y esa fórmula es con la que pretende resolverse y “cepillar”, por aplicar la frase de Guerra una veintena más de puntos, aunque en el polémico asunto de la lengua la inclinación es a dejar la cosa como estaba y que a algunos nos parece realmente una barbaridad y un ataque directo a la lengua común de todos los españoles.
Pero sea lo que sea, que sea ya de una maldita vez. Aunque ahora con lo que la política está es que no sea conveniente por la clave de que las elecciones en Cataluña serán este otoño y que esa sentencia puede influir y envenenar la campaña y afectar al resultado.

Lo teme quien más el PSC que ve como sus expectativas se están deteriorando cada vez más y piensa que habrá de romper más pronto que tarde con los separatistas de ERC que pretenderán, y con ello amenazan, “echarse al monte” en cuanto toque una coma. Lo cierto es que esa puede ser su pretensión y que busquen ahí, junto con algunos aún más radicales como ese grupo por el que circula el presidente del Barsa , Laporta, caladeros de votos, pero que el conjunto de los catalanes están, siempre han estado bastante escépticos ante el asunto, en otra cosas más a pie de calle y de bolsillo. El tripartito se ha demostrado desastroso para gobernar y la crisis les está apretando a ello en ocasiones aún más que al resto de España. En eso está el personal y mucho menos en esas ansias de poder y esas obsesiones identitarias que dieron lugar al Estatuto auspiciado por Maragall y alentado por la insensatez de Zapatero y su promesa, incumplida como podía ser de otra manera, de que respetaría cualquier cosa que decidieran. No se solucion, como se ha visto problema alguno, pero se crearon nuevos y lo único que gano fue el secesionismo. Menudo negocio hizo el Presidente de España. Bueno, él sí. Aquello le dio el triunfo en las últimas elecciones donde la victoria la consiguió con los escaños de Cataluña que marcaron exactamente la diferencia.

Ahora el temor está en su campo. El PSC sabe- diga lo que diga Blanco que afirma tener encuestas “buenas”-que lo tiene oscuro tirando a negro. Los catalanes están del tripartido hasta la barretina y CiU acaricia la vuelta al poder. Que ademas ello pueda tener consecuencia para el conjunto de la politica nacional es algo que tampoco se le escapa a nadie.

Fin de ciclo
Alejo Vidal-Quadra www.gaceta.es 31 Marzo 2010

De nuevo se anuncia la inminencia de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP, el Defensor del Pueblo y varias Comunidades Autónomas contra el nuevo Estatuto de Cataluña.

De nuevo se filtran las posiciones de este o aquel magistrado y los supuestos pactos alcanzados en el seno del supremo intérprete de nuestro ordenamiento para resolver en relación a puntos concretos. En realidad, ya no tiene demasiada importancia cuál sea el veredicto final porque los efectos deletéreos de esta irresponsable operación política ya se han producido y su evolución futura es a estas alturas imposible de detener. El mero hecho de que el Tribunal haya necesitado cuatro años para pronunciarse indica por sí solo el nivel de impotencia y deterioro al que ha llegado el sistema político vigente en España.

Una sentencia interpretativa, además de no solucionar el problema, sino de abrir la puerta a numerosos conflictos de ahora en adelante, pondría de manifiesto que el Estado de las Autonomías ha entrado en una crisis irreversible en la medida que nuestra estructura institucional y jurídica es incapaz de manifestarse con claridad sobre materias que son diáfanas y de las que depende la supervivencia de España como entidad soberana reconocible y su viabilidad como Estado. Si el Tribunal admite, por muchas declaraciones paralelas que haga, que un Parlamento regional puede, aunque sea en la parte no directamente normativa de un Estatuto, proclamar la condición de nación de una Comunidad Autónoma, la Nación única e indivisible consagrada por nuestra Ley de leyes saltará por los aires.

Si los doctos magistrados aceptan la obligatoriedad del conocimiento de una lengua cooficial en una parte del territorio nacional, reconociendo así que un gobierno autonómico está legitimado para negar a una familia el derecho de escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado, España como matriz común de libertades y como espacio consolidado de comunicación dejará de existir. Y si una Comunidad Autónoma puede imponer unilateralmente al Congreso de los Diputados la configuración de los presupuestos generales del Estado, la soberanía nacional se desvanece. La conclusión es obvia: estamos viviendo un fin de ciclo histórico que ha durado tres décadas y que la deslealtad de los partidos nacionalistas y la pusilanimidad y el egoísmo de los dos grandes partidos nacionales han conducido inexorablemente al fracaso. La salida del embrollo no será fácil, es posible que sea traumática y seguramente el cuadro que emerja tras el reajuste que se avecina sea muy distinto al que conocemos.

Crisis institucional
Recorte de recortes
Agapito Maestre Libertad Digital 31 Marzo 2010

La crisis económica es grave, pero la "recrisis", que así llaman los medios de comunicación socialistas a la crisis de legitimidad del presidente del Gobierno, es aún más peligrosa, porque o bloquea el sistema o lo conduce a la ruina. En un contexto de "recrisis", o mejor, de crisis de legitimidad y gobernabilidad socialista, todas las medidas del Gobierno nacen muertas. Así, por ejemplo, el Gobierno recortará, según se anunció ayer, en el año 2010 un 87% la oferta de empleo público, pero la medida apenas tendrá repercusión para paliar la crisis económica. He ahí otro dato para mantener que el Gobierno no aguantará hasta las próximas elecciones sin hacer añicos parte del sistema político y económico.

El problema de este Gobierno no es sólo que no tome medidas, sino que cuando lo hace es a destiempo, o peor, con ánimo torticero para comprar votos. Las medidas del último Consejo de Ministros demuestran una vez más lo obvio: la vida del Gobierno, y quizá de toda la casta política, va por un lado y la del personal normal por otro muy distinto. Se requieren medidas profundas y consensuadas y no parches populacheros. La brecha, sin embargo, entre los ciudadanos y el Gobierno es de tal tamaño que éste todavía podrá sobrevivir sin que nadie les moleste.

Zapatero no hace otra cosa que agrandar esa zanja a través de medidas populistas y engaños ideológicos permanentes. Mentiras. Por la otra parte, Rajoy mejor calla por si acaso alguien le recuerda que sería menester una oposición más enérgica. En síntesis, el parte de "guerra" de este divorcio es sencillo: por un lado, Zapatero aguanta y Rajoy espera; y, por el otro lado, la población se empobrece cada vez más, pero es feliz con el botellón, el fútbol, la telebasura y las vacaciones. Eso es todo. Nada. Miseria política sobre miseria electoral.

La situación política y económica es tan deplorable que cualquier gobernante sensato ya hubiera convocado elecciones anticipadas. Yo aún no descarto que Zapatero lo haga, después de su semestre de presidente de la UE. Seguramente no lo hará por sensatez, sino porque quiera pillar con el pie cambiado a Rajoy. Lo cierto es que el presidente del Gobierno pasa por horas bajas, según la prensa adicta al socialismo, pero eso no significa que todo lo tenga perdido. Al contrario, para los políticos populistas el tiempo de la crisis económica es propicio para seguir engañando y, sobre todo, buscar fórmulas ideológicas torticeras para mantenerse en el poder a la vez que el país se despeña.

Nadie espere, por lo tanto, nada bueno de este Gobierno, de aquí hasta las próximas elecciones. Yo diría que lo peor aún está por llegar. Hasta el Banco de España ya critica abiertamente el despeñadero por el que nos lleva Zapatero. El populismo y la exageración ideológica crecerán sin frenos. Mientras más aislado se sienta el Gobierno, y prueba de lo que digo es que nadie desea firmar "lo acordado" en la Comisión de Zurbano, la locura no tendrá fin. El calendario político de las municipales y autonómicas, que no es muy propicio para Zapatero, pondrá en evidencia aún más la distancia entre el Gobierno y los partidos nacionalistas, o peor, Zapatero sería capaz de darles todo lo que le pidan con tal de que le voten los próximos presupuestos.

En fin, cualquiera que sea el escenario político de los próximos meses, naturalmente plagado por parte del Gobierno de agitación, propaganda y acoso ideológico a quien no sea de su cuerda, indicará que ya hemos dejado atrás una situación económica estable y, sin remedio alguno, hemos entrado en una situación de decadencia prolongadísima.

Ojalá me equivoque
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 31 Marzo 2010

OJALÁ me equivoque porque, si no me equivoco, la crisis económica va a ser un catarro comparado con el cáncer que puede llegarnos desde el nuevo Estatuto catalán. Una crisis económica gira en torno al dinero, poderoso e importante caballero, pero que puede recuperarse si se pierde. O sea, algo ajeno al sujeto, que no lo define ni determina. Una constitución, en cambio, define lo que es una nación, y si la constitución se licua o gasifica, tras ella va la nación. Es lo que tememos ante las noticias que corren sobre la sentencia cocida y recocida del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán. Que no nos diga claramente si es constitucional o no. Peor incluso: que nos diga que es y no es constitucional al mismo tiempo, convirtiendo la Constitución española en plastilina, al dejar sus más controvertidos artículos al albur de eso que llaman «interpretación conforme», pura camelancia, pues hay tantas interpretaciones como pareceres, con lo que nos quedaríamos como estábamos, sólo que peor. Es lo que me temo: que se salve el conjunto del estatuto con parches aquí y apaños allá. Un enjuague, una componenda, un chanchullo con la «carta magna» nada menos.

No se puede aceptar el término «nación» en un preámbulo y añadir luego que la constitución no admite otra nación que la española. No se puede aceptar el uso del catalán en todos los ámbitos de la vida pública catalana y aceptar al mismo tiempo que el español es la lengua del Estado, teniendo derecho todo español a usarla y conocerla en todo el ámbito estatal. Dejar puntos como estos al arbitrio interpretativo es puro sofisma e instalarse en el campo opuesto a la razón y al Derecho. O sea, en el de la sinrazón y en el del derecho torcido. Que de ser ciertas las habladurías, es lo que nos espera.

El Tribunal Constitucional tiene sólo una función: decirnos si la conducta de un ciudadano o lo legislado por algún organismo del Estado es constitucional. Pero si nos dice que esa conducta o esa legislación puede ser constitucional o no según se interprete, no nos servirá de nada, ni lo necesitamos a él para nada. Al revés, nos servirá tan sólo para crear más confusión, más frustración, más controversia de la que ya tenemos, y este país tiene ya demasiado de las tres cosas para permitirse el lujo de aumentarlas. Ocurriría lo mismo en un tribunal ordinario, si el juez sentenciase que el inculpado es culpable, pero al mismo tiempo, inocente. Quedando al criterio de cada cual el decidirlo. ¿Se lo imaginan?

Es la consecuencia de haber puesto en la cima de la Justicia española un tribunal político, que mira de reojo al gobierno en vez de tener una venda sobre los ojos para no dejarse influir por las circunstancias. El desprestigio que ha acumulado desde aquella primeriza sentencia sobre Rumasa es inmenso. Pero nada comparable a lo que pudiera ocurrir si decidiese que la Constitución es vasalla de un estatuto. Ojalá me equivoque.

Fariñas
Algunas vidas valen mucho
Juan Morote Libertad Digital 31 Marzo 2010

No puedo dejar de acordarme de todos aquellos disidentes cubanos, de sus familiares, de sus amigos, y cada vez me siento más cerca de ellos, a pesar de la hipocresía del entorno. Recordando canciones de los colaboracionistas del régimen, y viendo la última rueda de prensa que ha dado Silvio Rodríguez en La Habana, no sé qué siento más, si rabia o ganas de vomitar.

Alberto Fariñas se está dejando la vida en la lucha por la libertad, una lucha incruenta la suya: sólo ha usado la palabra y ahora su vida. Fariñas ha convertido su degradación física en un espejo que refleja con claridad inusitada la degradación moral de la tiranía cubana. Mas este espejo no refleja sólo al tirano, al hermano del tirano y sus condiscípulos, el espejo devuelve la imagen pútrida, cual retrato de Dorian Grey, de todos los dirigentes políticos occidentales que ocupados en sus miserias, justifican, amparan o soslayan la situación de Cuba.

Los cantistas oficiales del régimen castrista más conocidos en España son Milanés y Rodríguez, el primero sobre todo después de la gira que protagonizó con Víctor Manuel. El segundo se ha despachado con un alegato a favor de la revolución y con un clamoroso silencio sobre los torturados, eso sí, a la vera del ministro de cultura castrista, ¡qué paradoja!

Compuso Pablo Milanés una canción que si tuviera el más mínimo ápice de vergüenza no volvería a entonar en su vida. Hace unos días, Orlando Zapata dio su vida por la libertad de los cubanos, y hoy Fariñas se debate entre la vida y la muerte. Mientras, el desvergonzado de Pablo Milanés, siempre bajo la cobertura del régimen liberticida de los hermanos Castro, seguirá disfrutando de la opulencia de la oligarquía opresora. Este loador del socialismo real cantaba:

La vida no vale nada
si no es para perecer
porque otros puedan tener
lo que uno disfruta y ama.
...
La vida no vale nada
si ignoro que el asesino
cogió por otro camino
y prepara otra celada.

La vida no vale nada
si se sorprende a otro hermano
cuando supe de antemano
lo que se le preparaba.

La vida no vale nada
si cuatro caen por minuto
y al final por el abuso
se decide la jornada.

Es difícil relatar mejor la entrega de Zapata, Fariñas, Diosdado Gonzalez, Eduardo Díaz, Fidel Suarez, Nelson Molinet y tantos y tantos otros. Su vida será extraordinariamente valiosa. Nunca una vida entregada por la justicia o por la libertad ha sido en balde. En cambio, hay otras vidas cuya existencia y cuya memoria será ocultada por el oprobio de las acciones que sus protagonistas realizaron. ¿Se está bien viendo cómo Fariñas muere por la libertad de todos los cubanos? ¿Se está bien viendo como muere el próximo hermano? ¿Qué vida es la que no vale nada Pablo? ¿Silvio?

Necesita a la desesperada el respaldo de un conservador para no interferir en las catalanas
El ala progresista del TC busca a toda costa el fallo del Estatut antes de julio
Madrid - Ricardo Coarasa La Razón 31 Marzo 2010

De no conseguirlo, la presidenta, María Emilia Casas, podría verse obligada a recurrir a su voto de calidad.

La proximidad de las elecciones catalanas, previstas para el próximo otoño, puede ser el bálsamo de Fierabrás capaz de obrar el «milagro» en el Tribunal Constitucional (TC): que sus magistrados alumbren por fin la esperada sentencia sobre el Estatut de Cataluña. Casi cuatro años después de que el PP recurriera ante el Alto Tribunal 126 artículos de la norma por considerarlos inconstitucionales, el sector «progresista» del TC busca a toda costa la ansiada mayoría que le permita hacer público el fallo antes del verano para no interferir la precampaña catalana, en la que la incertidumbre sobre el futuro del Estatut sería, sin duda, un arma arrojadiza electoral. Aunque ha costado no pocos esfuerzos, el sector progresista ha conseguido aunar en torno al quinto borrador del fallo a su presidenta María Emilia Casas y a los magistrados Elisa Pérez Vera (ponente), Pascual Sala y Eugeni Gay y atraerse a Manuel Aragón, todos ellos elegidos a propuesta del PSOE. Este último, no obstante, sigue siendo reacio a avalar que no se «tumbe» la definición de Cataluña como nación, uno de los principales caballos de batalla de las deliberaciones.

Dos objetivos
Así las cosas, y como quiera que Casas no quiere verse en la tesitura de tener que inclinar la balanza con su voto de calidad (una decisión que rememoraría el paso al frente que tuvo que dar su antecesor Manuel García Pelayo para sacar adelante la constitucionalidad de la expropiación de Rumasa), el «bloque progresista» busca a la desesperada un aliado entre sus compañeros conservadores.

Según las fuentes consultadas por este periódico, el ansiado sexto hombre todavía no se ha sumado a sus tesis. Descartados en principio Jorge Rodríguez Zapata, Vicente Conde y Javier Delgado, que no parecen dispuestos a avalar la constitucionalidad del Estatut en los términos del último borrador, los «progresistas» intentan ganar para su causa al vicepresidente Guillermo Jiménez y al magistrado Ramón Rodríguez Arribas. Ninguno de los dos ha dado ese paso. Según esas mismas fuentes, ambos magistrados «no están por la labor» de respaldar el texto propuesto.

Y, aunque parezca mentira, a tenor de los meses transcurridos, el tiempo apremia. Todas las previsiones apuntan a que si el TC no es capaz de conseguir el consenso antes de julio, la sentencia se retrasaría de nuevo hasta Navidad, una vez pasadas las elecciones autonómicas. Se trataría, por tanto, del último intento para no aplazar hasta esa fecha las deliberaciones decisivas.

Divergencias sobre «nación»
Salvar la referencia al término nación se ha convertido casi en una obsesión para el bloque «progresista», «muy empeñado», según las fuentes consultadas, en mantener esa definición de Cataluña en el articulado.

Una solución de compromiso pasaría por permitir esa referencia con el argumento de que, dado que está incluida en el preámbulo de la ley y éste carece de efectos jurídicos, el Pleno no debe pronunciarse al respecto. Pero incluso entre los magistrados del sector progresista no hay unanimidad sobre este punto. Frente a los más proclives a validar la constitucionalidad del Estatut –Gay y Sala– y quienes están dispuestos a ceder con tal de llegar a un fallo de consenso –Casas y la ponente Pérez Vera–, Manuel Aragón es quien más reparos tiene a dar el visto bueno a la definición de Cataluña como nación, aunque sea en el preámbulo. Y es que el articulado del polémico Estatut también hace referencia a los «símbolos nacionales» de Cataluña y avalar la definición del preámbulo, entienden algunos magistrados, obligaría también a dar por buena esa referencia a los símbolos «nacionales».

Uno de los indicios más palmarios de que no se ha alcanzado aún la mayoría esperada es que en el Tribunal Constitucional no está previsto que se convoque el Pleno ni ésta (algo más lógico teniendo en cuenta el periodo vacacional) ni la próxima semana), según confirmaron fuentes del Alto Tribunal.

Por lo que ha trascendido, el principal «tijeretazo» del Constitucional al articulado del Estatut afectará a las disposiciones que hacen referencia al Poder Judicial en Cataluña (11 de los 15 artículos están recurridos).

El Supremo, última instancia
Se da por seguro, por ejemplo, que la sentencia dejará claro que el Tribunal Supremo, y no el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es la última instancia judicial en la comunidad autónoma.

Si la sentencia no se consensúa antes del verano, el TC se enfrentaría a un contratiempo añadido: a los cuatro magistrados (la propia presidenta incluida) que están actualmente en funciones (sus mandatos expiraron en diciembre de 2007) se añadirían en noviembre otros tres: Pérez Vera, Gay y Delgado. Siete puestos, por tanto, pendientes de renovación (a los que habría que sumar el del fallecido Roberto García Calvo), lo que ahondaría en la imagen de interinidad del actual Pleno del TC.

Rajoy urge una sentencia e insiste en que aceptará «cualquier decisión»
Mariano Rajoy volvió a urgir ayer al Tribunal Constitucional (TC) a pronunciarse cuanto antes sobre el Estatut de Cataluña. «El PP aceptará cualquier decisión que adopte el Alto Tribunal», sentenció en La Laguna, Tenerife, informa Efe. En esta Legislatura el principal partido de la oposición ha evitado el bronco cuerpo a cuerpo con la reforma estatutaria que mantuvo en la pasada . En su lugar, ha preferido la vía de apelar al Constitucional para que resuelva cuanto antes el embrollo jurídico y territorial que puede derivarse de una sanción favorable para los artículos más polémicos del texto. Siempre con la premisa por delante de que respetará lo que decida el TC, aunque no coincida en absoluto con su recurso de inconstitucionalidad contra la nación, la lengua, el poder judicial, la financiación autonómica... Rajoy se negó ayer a pronunciarse sobre las filtraciones en las que se apunta el sentido de un posible fallo. «Yo me pronunciaré cuando el Tribunal Constitucional tome una decisión», sentenció. El PSOE, por su parte, afirmó ayer que habrá «una buena sentencia, una sentencia equilibrada», que no alterará el rumbo ni de Cataluña ni de España. «La máxima del PSOE es esperar y dejar que sean los tribunales los que decidan sus ritmos», manifestó la secretaria de Política Internacional, Elena Valenciano.

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Lengua de identificación
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.com 31 Marzo 2010

Seguimos con la encuesta sobre las lenguas catalanas, publicada en junio pasado. Recordemos: las lenguas maternas en Cataluña se reparten, en porcentaje, cincuenta-treinta, castellano-catalán, respectiva y aproximadamente. El dato es espectacular, porque desmiente la idea, admitida erróneamente por todos, de que la lengua de Cataluña es el catalán. Por chusco que parezca, el castellano es la primera lengua catalana: los números cantan.

El siguiente ítem es el llamado 'lengua de identificación': otro invento de los laboratorios sociolingüísticos nacionales. ¿Y qué es la lengua de identificación? ¿Es lo mismo que la lengua materna? Pues no, no es lo mismo. La lengua materna se define como "la lengua que el entrevistado dice haber hablado primero en su casa". La lengua de identificación, en cambio, es "la que el entrevistado considera su lengua". Y luego está la 'lengua habitual', la que el entrevistado "utiliza con más frecuencia". El habla materna castellana (55 por ciento) baja 9 puntos (46 por ciento) como lengua de identificación y lengua habitual. Mientras que el catalán (materno 32 por ciento) sube a 37 como lengua de identificación y 36 como lengua habitual. El epígrafe 'catalán y castellano por igual' pasa del 4 por ciento materno al 9 por ciento como identificación y 12 por ciento como uso habitual.

Estos datos, suponiendo que la encuesta misma no sea un factor distorsionante de las respuestas, lo cual es mucho suponer, revelan que un 15 por ciento de catalanes de habla castellana (500.000, aproximadamente) dejan de considerarla su lengua, mientras un 15 por ciento de los que se identifican con el catalán (350.000) no lo tienen por lengua materna. Ésa es la ganancia de privilegiar el catalán como lengua única de la escuela, la administración y la cultura, ése es el resultado de los miles de millones dedicados a potenciar el catalán y denigrar el castellano. La noticia no es el 9 por ciento de castellanohablantes que se pasan al catalán, sino el 46 por ciento que se resisten, que mantienen que su lengua es el castellano: contra toda la presión institucional, contra toda la maquinaria dedicada a deslegitimar el uso del castellano. Son unos temerarios: con la que está cayendo, ellos se empeñan en hablar la lengua 'impropia', ser 'los otros' catalanes, estar en 'casa ajena'. Y renunciar a los gajes que supondría adoptar la 'llengua pròpia', hacerse 'nous catalans' y acomodarse en 'casa nostra'.

Hay más. Comparando los datos de 2008, año de la encuesta, con los de 2003, cinco años antes, como lengua materna, el catalán pierde un 4 por ciento, el castellano pierde un uno por ciento y 'ambas por igual' gana un uno por ciento. Aumentan las 'otras lenguas', por efecto de la inmigración, sobre todo árabe y rumana. Pero como lengua de identificación, el catalán ha perdido 7 puntos, del 44 al 37 por ciento, mientras que el castellano sólo uno (47-46 por ciento) y 'las dos por igual' casi se ha doblado: del 5 al 9 por ciento. Señores planificadores lingüísticos, ingenieros sociales y distribuidores de valores patrios, ¿ustedes creen que todo esto funciona? ¿No ven que las cifras les desmienten rotundamente? ¿No les embarga una sensación amarga de fracaso?

Claroscuros en la reforma legal contra Batasuna
«Bienvenidos sean los cambios que permitan que los terroristas y sus acólitos no penetren en las instituciones democráticas, pero eso ha de hacerse con un escrupuloso respeto al ejercicio de derechos fundamentales», sostiene el autor
EDUARDO VÍRGALA FORURÍA El Correo 31 Marzo 2010

CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

El convencimiento de que deben usarse contra ETA y sus terminales políticas todas las armas que el ordenamiento constitucional proporciona no debe ignorar que hay determinados límites que no han de sobrepasarse. En este sentido, las proyectadas reformas legales que ha propuesto el Gobierno el viernes pasado tienen dos evidentes objetivos. El primero, trasladar al plano legal los criterios jurisprudenciales de las más de veinte resoluciones del TS y del TC dictadas en los últimos siete años, y, segundo, intentar cubrir todas las lagunas legales que han permitido a los partidos ilegalizados a partir de 2003 tener alguna presencia institucional. Sin embargo, el texto proporcionado tras el último Consejo de Ministros plantea algunas dudas de constitucionalidad en las que me centraré en las líneas siguientes, obviando el análisis de aquello que entiendo que no plantea problemas desde el punto de vista jurídico, como es la ampliación del plazo para impugnar candidaturas en campaña electoral y la asunción por la diputación foral correspondiente de la gestión de un ayuntamiento.

-La denominada incompatibilidad 'sobrevenida'. La fórmula ahora elegida sería entender que la ilegalización del partido por el que se concurrió a las elecciones produciría una incompatibilidad 'sobrevenida' con el mantenimiento del cargo público obtenido. Para deshacer tal incompatibilidad se exigirá formular «una declaración expresa e indubitada de separación y rechazo respecto de las causas determinantes de la declaración de ilegalidad del partido». Al margen de la falta de concreción de cómo se formularía en la práctica tal «declaración expresa e indubitada», esta incompatibilidad 'sobrevenida' puede plantear algunos problemas de constitucionalidad que simplemente apunto, ya que su explicación detallada iría más allá de los límites que impone un artículo periodístico.

Hasta ahora las causas de incompatibilidad estaban previstas en la Constitución (art. 70) y, especialmente, en la ley electoral para que un cargo electo no desempeñe actividades públicas o privadas y se dedique plenamente al ejercicio de su función, de forma que cuando acceda a un cargo diferente o pretenda desarrollar otra función tenga que optar entre la nueva situación y su cargo original. La nueva previsión legal puede chocar también en el caso de diputados y senadores con la concepción hasta ahora mantenida del art. 67 de la Constitución (prohibición del mandato imperativo) en el sentido de que el electo lo es en representación del conjunto de los ciudadanos y no meramente un mandatario de su partido. Es cierto que la desposesión de los escaños a los miembros de partidos ilegalizados lleva vigente en Alemania desde los años cincuenta y que el TC en su jurisprudencia parece abrir algún resquicio a la misma, pero, creo, sin embargo, que una medida más correcta jurídicamente podría ser la exigencia, para el pleno ejercicio de todo cargo público, de que se preste al comenzar el mandato juramento o prometa de acatamiento a la Constitución con mención expresa de que se rechaza la utilización de la violencia o la colaboración con quienes la practican para cambiar el ordenamiento jurídico vigente.

-La impugnación de candidaturas 'contaminadas'. Aquí el problema es que la participación en las elecciones es la función fundamental de un partido político, y si se anulan sus candidaturas se está cercenando gravemente la actuación del mismo. No es equivalente totalmente a una prohibición del partido, pero se le asemeja mucho. Sigo pensando que lo correcto tendría que ser siempre instar la ilegalización de un partido y, como consecuencia de la misma, la imposibilidad de que presentara candidaturas a las elecciones. La fórmula de encajar en la resolución de una impugnación de candidaturas electorales la determinación de si un partido es instrumento de otro anteriormente ilegalizado es difícilmente admisible desde el plano constitucional. De la manera propuesta en la futura reforma legal se esquiva el procedimiento previsto en la Ley de Partidos para utilizar el de la Ley electoral que, en lo que atañe a la anulación de candidaturas, sigue siendo extremadamente breve tanto para alegar (en las últimas elecciones europeas Iniciativa Internacionalista tuvo 19 horas, prorrogadas luego a 23 horas, para analizar las impugnaciones, preparar la documentación necesaria y elaborar las alegaciones) como para resolver por el TS (dos días), con la posibilidad también brevísima de dos días para pedir amparo al TC y que éste resuelva finalmente en tres días.

El resultado será una especie de 'media' ilegalización de un partido sin las garantías procesales completas que debería tener. En este sentido, no hay que olvidar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en la sentencia sobre Autodeterminaziorako Bilgunea que dictó el día 30 de junio de 2009 junto a la de Batasuna), sin llegar a declarar la violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ha recordado que el plazo español de dos días es muy breve y se aleja de los estándares fijados por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa en el 'Código de buena conducta en materia electoral' que preconiza un plazo de, al menos, tres a cinco días en la primera instancia judicial.

En definitiva, bienvenidos sean los cambios que permitan que los terroristas y sus acólitos no penetren en las instituciones democráticas, pero eso ha de hacerse con un escrupuloso respeto al ejercicio de derechos fundamentales consagrados en la Constitución, sin la tentación de utilizar peligrosos atajos.

Ciudadanos reclama una sentencia del Estatut "rápida y sin ambigüedades"
"El principal problema es a la politización de Tribunal Constitucional", explica Jordi Cañas, el portavoz de C's
Álvaro Rubio www.lavozlibre.com 31 Marzo 2010

Barcelona.- Ante el nuevo anuncio de una próxima sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, el portavoz de Ciudadanos (C’s), Jordi Cañas, reclama “una sentencia rápida y sin ambigüedades”.

Cañas argumenta que “el principio constitucional de la igualdad no puede sacrificarse en el altar de las insaciables demandas de los nacionalistas, ya que no estarán contentos sea cual sea la sentencia”. El portavoz de Ciudadanos ha recordado el uso que el Tripartito ha hecho del vigente Estatut y ha afirmado que lo han utilizado como “arma para atacar la igualdad y los derechos de los ciudadanos de Cataluña”. Asegura que el gobierno de la Generalitat lo ha empleado “como coartada para legitimar su voluntad excluyente y totalitaria para acelerar en su tarea de una construcción nacional cimentada en la destrucción de la igualdad de los ciudadanos de Cataluña”.

Jordi Cañas además insiste en la necesidad de una sentencia inmediata, porque explica que “cada día que pasa sin sentencia es un día más que divide a los catalanes y amenaza la igualdad entre ciudadanos españoles”.

Además, Cañas ha criticado la actitud del PSOE frente a esta situación: “El PSOE y el PSC jugaron a aprendices de brujo con la arquitectura constitucional española, aprobando un Estatut que vulnera numerosos aspectos del pacto constitucional”.

Cañas considera que “esta situación está provocada por la politización del TC”, un problema para el que proponen “una reforma que evite la instrumentalización política del máximo órgano por parte del PP y del PSOE”. Plantean la posibilidad, de aumentar de 12 a 15 el número de magistrados que componen el Tribunal Constitucional. Pero no sólo se centran en aspectos cuantitativos, sino que no están de acuerdo con la forma de escoger a los componentes y abogan por una elección en la que cinco magistrados sean elegidos por el Congreso, cinco por el Senado y cinco por el Consejo General del Poder Judicial.

Ciudadanos también ha hecho referencia a las nuevas caras en las listas del PSC, tras la conferencia abierta celebrada este fin de semana. Desde el partido que preside Albert Rivera, consideran este anuncio “una burla”, porque resaltan que “la renovación dentro del PSC debería empezar por el mismo Montilla”, un presidente al que se refieran como “agotado, incapaz de dar la talla”.

El euskera tendrá «atención preferente» en la enseñanza
El Gobierno vasco aprueba el decreto de la Educación Básica que sustituye al currículum de la 'reforma Campos'
M. JOSÉ TOMÉ | BILBAO. El Correo 31 Marzo 2010

Euskera y castellano tendrán idéntica importancia en el sistema escolar vasco, si bien la lengua vasca disfrutará de una «atención preferente» debido a su menor presencia social. Así aparece reflejado en el nuevo currículum de la Educación Básica que sustituye al aprobado en la etapa de Juan José Ibarretxe y que fue anulado por los jueces al no recoger las enseñanzas mínimas establecidas por la ley. El decreto, que recibió ayer la rúbrica del Consejo de Gobierno, limita también el uso del término 'Euskal Herria' a una entidad lingüística, cultural y social. Rechaza de esta forma su utilización como realidad política o jurídica, tal y como pretendía el anterior Ejecutivo.

El texto da carpetazo definitivo a la polémica reforma educativa emprendida por el anterior titular de Educación, Tontxu Campos, que fue cuestionada incluso dentro del propio tripartito. El dirigente de EA intentó sustituir el vigente sistema de modelos lingüísticos por uno único que daba prioridad absoluta al euskera hasta el punto de ser la «lengua principal» en las aulas. Desde su llegada al departamento, la redacción de los nuevos decretos ha sido una de las prioridades para la actual consejera, Isabel Celaá, que ha aplicado 150 modificaciones en los currículums de su antecesor para desbrozarlos de aquellos contenidos «adoctrinadores en la ideología nacionalista».

La nueva normativa pretende propiciar «una escuela inclusiva» en la que «todos se sientan como en su casa, más allá de las diferentes identidades y sensibilidades», señaló Celaá. Tras la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera se felicitó porque el decreto, «plenamente respetuoso con la legalidad vigente», pone fin a la «inseguridad jurídica» generada tras la anulación de los anteriores currículums por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. «Refleja la pluralidad vasca y está exento de carga ideológica partidista», insistió la responsable socialista.

La consejera también aseguró que el documento definitivo incorpora «prácticamente todas» las sugerencias realizadas al borrador por los agentes del sector, y «fundamentalmente» las formuladas desde el Consejo Escolar de Euskadi, el órgano en el que están representados todos los miembros de la comunidad educativa. Así, en el preámbulo de la norma aparece, tal y como aconsejó este órgano consultivo de Gobierno, que el euskera tenga una «atención preferente» en la educación de los escolares, en sintonía con el documento Euskera XXI, elaborado por el Consejo Asesor del Euskera.

En la práctica, esta discriminación positiva hacia el euskera se traducirá no sólo en la mayor carga horaria que dedican ya en la actualidad los modelos B y D -que son los elegidos mayoritariamente por las familias- sino también en los distintos programas y actividades de refuerzo lingüístico impulsadas desde las instituciones para lograr el bilingüismo real. El cambio respecto al anterior decreto se refiere a que tanto euskera como castellano, al gozar de igual rango como lenguas cooficiales de la comunidad autónoma vasca, quedan equiparadas jerárquicamente, sin que una de ellas sea principal respecto a la otra. El decreto también declara exento de la evaluación de euskera, aunque no de su estudio, a todo aquel alumno procedente de otra comunidad que se incorpore al sistema vasco sin tiempo suficiente para alcanzar su dominio. La 'reforma Campos' solo contemplaba este supuesto si el alumno iba a permanecer sólo un curso.

'Euskal Herria'
La utilización del término 'Euskal Herria', el otro polo de polémica, queda limitada a «una realidad lingüística y cultural» de la que existen citas literarias desde el siglo XVI y que se refiere a la zona de ambos lados de los Pirineos en la que se habla euskera. Celaá precisó que, con este cambio, el decreto «respeta ampliamente» las recomendaciones del Consejo Escolar al ajustarse a la definición que hace de 'Euskal Herria' la academia de la lengua vasca, Euskaltzaindia.

Así, este vocablo queda sustituido por 'Euskadi' cuando se hace referencia a la realidad administrativa de los tres territorios que conforman la comunidad autónoma. «Queda desligado de su identificación con cualquier proyecto partidista y opta por una acepción mucho más inclusiva», resaltó.

El euskera no será obligatorio para acceder a ciertas plazas de Justicia
Madrid - La Razón 31 Marzo 2010

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de octubre de 2009 por la que decretó que el euskera sea considerado mérito para acceder a ciertas plazas de funcionario de Justicia, pero no requisito para ocuparlas, es ya firme, después de que el Gobierno de Patxi López haya renunciado a mantener el recurso de casación que presentó ante el Tribunal Supremo el Ejecutivo de Ibarretxe.

De esta forma, el TSJPV establecía que el euskera podía ser un mérito para acceder a determinadas plazas de funcionarios de Justicia, pero no un requisito para ocuparlas. El tribunal vasco anuló aquellos artículos que decretaban «un perfil preceptivo ineludible» que consideraba la lengua vasca, no como mérito sino como requisito. El texto incluía la exigencia de que para ocupar determinados puestos era requisito esencial saber euskera. Eso sí, si no había nadie con conocimiento suficiente de euskera, la vacante no se cubriría y se recurriría a interinos con un perfil determinado.

Por otra parte, el Gobierno vasco hará público hoy el relevo del viceconsejero de Política Lingüística del Ejecutivo, Ramón Etxezarreta, que presentó la semana pasada su dimisión por no «encajar» en el equipo de dirección de la Consejería de Cultura, con el que mantiene diferencias «no sustanciales».

«Decretazo» del tripartito para controlar los medios públicos
MARÍA JESÚS CAÑIZARES | BARCELONA ABC Cataluña 31 Marzo 2010

Por segunda vez en apenas un año, el Govern ha cambiado una ley con la finalidad de evitar el bloqueo de la oposición e imponer a sus cargos de confianza. Primero fue la ley de la Oficina Antifraude, modificada para nombrar a David Martínez Madero como director por mayoría simple. Ahora ha hecho lo mismo con la ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) con la finalidad de colocar a Enric Marín -ex secretario de Comunicación del Gobierno catalán que vetó el acceso a los periodistas a la zona del derrumbe del Carmel- al frente de la televisión y la radio públicas. De esta forma, el Govern se asegura el control de TV3 y Catalunya Ràdio en un período tan esencial como la campaña electoral. Esta circunstancia no ha pasado desapercibida para CiU y PP, que habla de «decretazo» y «cacicada».

En caso de sustitución
El Consell Executiu, reunido ayer, decidió modificar por decreto el artículo 7 de la citada ley para garantizar, según el conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, que la CCMA no quede bloqueda tras la reciente marcha de su presidente Albert Sáez. Tresserras dijo que este cambio «puntual y quirúrgico» sólo se aplicará en caso de sustituciones, como es el caso. Hasta ahora, era necesario el acuerdo de dos tercios del Parlament para nombrar al nuevo miembro del Consejo de Gobierno de la CCMA, pero gracias a la modificación, podrá haber una segunda votación en el que la decisión se tome por mayoría absoluta.

El decreto deberá ser validado por la Cámara catalana, algo que el rodillo del tripartito -PSC, ERC e ICV- permitirá sin problemas. El portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, aseguró que su formación se opondrá de forma rotunda al «decretazo» y que, si su formación gobierna, lo eliminará. Asimismo, CiU estudia llevar la modificación legal al Consejo de Garantías Estatutarias y pedirá la comparecencia de Albert Sáez -flamante director adjunto del «El Periódico»- en el Parlament para que dé explicaciones de su renuncia al cargo.

Por su parte, la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, calificó de «cacicada propia de épocas predemocráticas» la modificación por decreto de la ley e instó al presidente catalán, José Montilla, a que «dé la cara y explique si los tics autoritarios formarán parte del talante de su última etapa de gobierno».

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