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Recortes de Prensa   Sábado 3 Abril  2010

 

Sobre el marasmo actual de España
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 3 Abril 2010

El pasado 27 de marzo se cumplieron los cincuenta años del fallecimiento de Gregorio Marañón quien, con Ortega y Pérez de Ayala, fundó la Agrupación para la Defensa de la República, de la que tuvo que abjurar como el propio Ortega –“no es esto, no es esto”— pero que resultó ser uno de los grandes intelectuales españoles del siglo pasado. Releyendo las dimensiones de la obra de Marañón –qué decir de la de Ortega y Gasset—y listando las obras de otro hombre de letras y pensamiento que acaba de marcharse –Miguel Delibes, el escritor de la castellanía y de la introspección novelada del alma española–, se llega a la triste conclusión de que el hoy de España hay que leerlo en la descripción de estos clásicos porque no ha habido generación intelectual que los sustituya. Y en esa tarea, pocos –acaso ninguno— como el bilbaíno Miguel de Unamuno, cuyos ensayos siguen siendo –lo mismo que muchos textos de Marañón y Ortega— auténticas candelas que barren la oscuridad de la vida española presente.

“Atraviesa la sociedad española honda crisis; hay en su seno reajustes íntimos, vivaz trasiego de elementos, hervor de descomposiciones y recombinaciones, y por de fuera, un desesperante marasmo”, escribía en 1895 Unamuno en su ensayo El marasmo actual de España. Y añadía como si de nuestro país hoy se tratase que “los unos adoran lo tozudo y llaman constancia a la petrificación; los otros plañen la penuria de caracteres, entendiendo por tales hombres de una pieza. Nos gobierna, ya la voluntariedad del arranque, ya el abandono fatalista”. No se quedaba ahí e insistía el catedrático de Salamanca que “se dilata por toda nuestra actual sociedad española una enorme monotonía, que se resuelve en atonía, uniformidad mate de una losa de plomo de ingente ramplonería”. Y remacha: “Es un espectáculo deprimente el del estado mental y moral de nuestra sociedad española (…) es una pobre conciencia colectiva homogénea y rasa. Pesa sobre todos nosotros una atmósfera de bochorno; debajo de una dura costra de gravedad formal se extiende una ramplonería comprimida, una enorme trivialidad y vulgachería”. Continua Unamuno perfilando, como si de ahora se tratase, las características de la sociedad española diciendo de ella que “no hay corrientes vivas en nuestra vida intelectual y moral; esto es un pantano de agua estancada (…) bajo una atmósfera soporífera se extiende un páramo espiritual de una aridez que espanta”.

Los partidos, la juventud y la Prensa
Unamuno no era condescendiente tampoco con los partidos políticos de su época – ¿podrían aplicarse sus palabras a los que ahora tenemos?— al afirmar en este ensayo que “nada (…) tan estúpido como la disciplina ordenancista de los partidos políticos. Tienen éstos sus ilustres jefes, sus santones, que tienen que oficiar de pontifical en las ocasiones solemnes, sea o no de su gusto el hacerlo, que descomulgan y confirman y expiden encíclicas y bulas; hay en ellos cismas, que resultan ortodoxias y heterodoxias y celebran concilios”.

Lo que el más universal de los bilbaínos escribe de la juventud podría proclamarse perfectamente contemporáneo: “Los jóvenes tardan en dejar el arrimo de las faldas maternas, en separarse de la placenta familiar y cuando lo hacen derrochan sus fuerzas más frescas en buscarse padrino que les lleve por esta sabana de hielo”.

¿Y de la crisis económica? El ensayista la aborda así: “la pobreza económica explica nuestra anemia mental; las fuerzas más frescas y juveniles se agotan en establecerse (…) pocas verdades más hondas que la de la que en la jerarquía de los fenómenos sociales los económicos son los primeros principios, los elementos (…) y no es nuestro mal la pobreza cuanto el empeño en aparentar lo que no hay”.

Arremete Unamuno contra los periódicos como se podría hacer –de hecho sucede— en nuestros días: “Es esta Prensa una verdadera balsa de agua encharcada, vive de sí misma; en cada redacción se tiene presente, no el público, sino las demás redacciones; los periodistas escriben unos para otros, no conocen al público ni creen en él. La literatura al por menor ha invadido la prensa, y aun de los periodistas mismos los mejores no son sino más o menos literatos de cosas leídas. La capacidad indígena de ver directa e inmediatamente y en vivo el hecho vivo, el que pasa por la calle, se revela en la falta de verdaderos periodistas”.

Y termino las citas –podría seguir con ellas— con una escalofriante y sentenciosa: “Es una desolación; en España el pueblo es masa electoral y contribuible. Como no se le ama, no se le estudia y como no se le estudia, no se le conoce para amarle”.

A esta situación denominaba Unamuno el “marasmo actual de España” en junio de 1895. El bilbaíno fue siempre un hombre un tanto taciturno y pesimista, pero de una esplendorosa lucidez. Sus ensayos –La agonía del cristianismo, La tradición eterna, La casta histórica de Castilla y otros—son retratos que han devenido perennes sobre la idiosincrasia española. En tiempo de crisis –de marasmo—hay que retrotraerse a los hombres de la generación del 1898 y de 1927 y lamentarnos de que hoy, en España, no haya intelectualidad que hayan tomado el testigo de ese enorme patrimonio de ideas y pasiones, de pulsiones y reflexiones, de las que España necesitaría en abundancia para diagnosticar qué nos pasa y por qué nos pasa. Porque, como escribió Ortega, “nos pasa que no sabemos lo que nos pasa”, más allá de observar las mismas cosas que Unamuno vio y trató de conjurar. Sin embargo, el marasmo –en medio de un pesimismo general que nuestro presidente tiene por antipatriótico— tiene parentesco con el de hace ciento quince años.

11-M: seguimos queriendo saber (IV)
Cristina Falkenberg El Confidencial 3 Abril 2010

No se querría empezar sin expresar la más enérgica condena de los atroces atentados del pasado lunes en el Metro de Moscú, perpetrados por dos terroristas suicidas. Valga la profunda convicción de que no cabe escatimar recursos en la lucha contra el terrorismo, en cuyo empeño se afanan, día tras día, excelentes profesionales a quienes agradecemos su magnífica labor. Contra el terrorismo no caben fisuras, indeterminaciones o medias tintas…

Ese empero, es uno de los problemas de la Sentencia 65/2007 de la Audiencia Nacional (AN), que pasa de puntillas sobre demasiadas cosas, evitando los puntos problemáticos incluso contra las reglas de la sana lógica, dejando al lector más que intranquilo.

Una sentencia llena de buenos propósitos
La sentencia tiene partes de indudable interés jurídico-didáctico. Es el caso de la referencia al funcionamiento de las presunciones y el juego de la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo.

El artículo 4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), establece su carácter supletorio para los demás órdenes jurisdiccionales. Los artículos 385 y 386 LEC regulan las presunciones legales y las judiciales, respectivamente. En cuanto a las primeras, las presunciones establecidas por la ley, su efecto es el de dispensar “de la prueba del hecho presunto a la parte a la que este hecho favorezca”, bastando pruebe “la certeza del hecho indicio”. Probada esta certeza las presunciones legales iuris et de iure, no admiten prueba en contrario, mientras que las iuris tantum, sí, sea porque se pruebe la inexistencia del hecho presunto, o del enlace entre éste y el hecho indicio.

Distintas son las presunciones judiciales del artículo 386 LEC. En ellas, “a partir de un hecho admitido o probado, el Tribunal [no la ley] podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.— La sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción.” Y probado el hecho indicio, caben las mismas pruebas en contra que en el caso de las presunciones iuris tantum, a saber: de inexistencia del hecho presunto o de inexistencia del enlace lógico (entre el hecho presunto y el hecho indicio).

Seguidamente el Tribunal explica la diferencia entre el derecho subjetivo público de origen constitucional a la presunción de inocencia, para cuya enervación es imprescindible que la sentencia condenatoria se fundamente “en verdaderas pruebas practicadas en el juicio oral, que puedan considerarse racionalmente de cargo y de las que surjan la evidencia tanto de la existencia de un hecho punible como de la culpabilidad de los autores”. Frente a ella el principio in dubio pro reo es un criterio interpretativo. “El Tribunal no tiene obligación de dudar ni de compartir las dudas que abriguen las partes, pero sí tiene obligación de no declarar probado un hecho del que dependa un juicio de culpabilidad si no ha superado las dudas que inicialmente tuviese sobre él” —dice la Sentencia de la AN citando la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 27.04.1996. “Ello implica, en definitiva, que si tras haber agotado todos los medios probatorios disponibles y procedimentalmente admisibles que puedan emplearse en base al deber de esclarecimiento que incumbe al Juez, no llega a aclararse el supuesto de hecho lo suficiente como para convencer al Tribunal de la concurrencia de los presupuestos negativo y positivos del juicio de imputación, el proceso penal debe concluirse por razones de seguridad jurídica, con una declaración negativa de culpabilidad...”, cita que la AN toma del la STS de 17 de noviembre de 2004.

Partiendo de tan impecables bases, las conclusiones de la AN preocupan aún más. ¿Cómo pudo el Tribunal haber llegado a sus conclusiones, juzgando “según su conciencia, las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa…” que dice el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?

Valgan unos ejemplos sucintos
De los setenta dedos de los suicidas de Leganés sólo aparecieron treinta y cinco, pertenecientes a Abdennabi Kounjaa, Rifaat Anouar Asrih, Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet (alias El Tunecino) y Jamal Ahmidan (alias El Chino o Mowgli). Curiosamente no apareció un solo dedo de ninguno de los otros tres muertos, impidiendo las oportunas pruebas lofoscópicas (dactilares) por las cuales sabríamos que los cuerpos eran de las personas que se decía. ¡Pero de esos tres muertos no apareció huella dactilar alguna en el piso! La probabilidad de que se den ambos sucesos en personas que durante tiempo estuvieron vivas ahí es sumamente baja, una circunstancia objetiva que no cabe obviar.

Las páginas 591 y siguientes de la Sentencia de la AN disertan acerca de la diferencia entre una autopsia clínica y una judicial, pues atendidos sus distintos fines también lo son sus requisitos. Esto es evidente, como también lo es que debe permitir la identificación del cadáver —cosa que la AN evita mencionar—, a la vez que establecer el momento de la muerte, su causa y su origen —accidental, suicida o criminal—. Resulta de una obviedad preocupante, que las pruebas concluyentes en orden a establecer inequívocamente la causa de la muerte, no se practicasen, y sin embargo otras —que tanto en un cadáver como en una persona viva dan el mismo resultado— se llevasen a cabo. Tan lleno de traumatismos queda un vivo como un muerto tras una explosión pero, ¿fue ésta de verdad la causa de la muerte?

Las páginas 676 y siguientes de la Sentencia no son más tranquilizadoras pese a su intento de resultar concluyentes, y más a la luz de las informaciones aparecidas sobre las llamadas (incluidos los teléfonos que seguían funcionando un mes después de muerto su dueño en Leganés; o las informaciones de policías capaces de predecir el futuro); el extraño fax enviado a ABC, la aparición de cartas sospechosamente falsas, o los objetos aparecidos en Leganés… y tras Leganés (que si algo es una constante en el 11-M es la aparición de muchas, muchas cosas que nadie vio antes)… y por cierto, como en su día observó el bloguero Mill, si las bombas se montaron en Morata, ¿por qué llevar a Leganés centenares de envoltorios de cartuchos vacíos? Sea por poner sólo unos ejemplos, pero, por favor, infórmense ustedes mismos…

La valoración de la prueba que la Ley impone al Tribunal es conjunta, lo que obliga a tener en cuenta todas las circunstancias y no sólo algunas; y debe regirse por las reglas de la sana lógica, imponiendo al Tribunal la obligación de atribuir grados de certeza razonables a cada hecho, sin obviar las contradicciones sino precisamente teniéndolas en cuenta y atribuyendo menor certeza a los sucesos claramente menos probables, ¡y no al revés! Tras las falsas informaciones sobre terroristas suicidas en los trenes la misma noche de 11-M, cierta pulcritud y rigor judicial sobre los “acontecimientos suicidas” de Leganés, hubieran resultado ciertamente tranquilizadores. [Continuará…]

El País llama al asesinato masivo inmolarse.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 3 Abril 2010

Telediario de Antena 3 de mediodía. Cuentan la historia de la asesina suicida de Moscú, poco menos que parece que el redactor de la noticia intenta que sintamos pena por esa bestia con cara de mujer que asesinó a sangre fría a decenas de personas en el metro. Para redondear la faena de enaltecimiento de la violencia la voz en off dice algo así como que la joven “se llevó por delante” a muchos. Al asesinato salvaje y desalmado le llaman llevarse por delante a varias personas.

En el resto de medios no crean que la cosa se trata mejor, basta un pequeño repaso para ver por dónde nos quieren llevar.

En El Periódico titulan: “Dos mujeres suicidas causan 38 muertos en el metro de Moscú”, como si se hubiesen tirado de un décimo piso y sin querer hubiesen caído encima de 38 personas matándolas accidentalmente. El mensaje suele ser que dos bellas viudas, contra su voluntad, y sin querer, se vieron obligadas a causar 38 muertos, pobrecitas las viudas. Estos periodistas deberían ir a algún sitio a que se lo miraran lo suyo.

El País va por el mismo camino, titula "Identificadas las dos suicidas del metro de Moscú”, otros que tal le bailan el agua al terrorismo islamista. Jamás olvidaré el mega titular a toda página que publicaron a las pocas horas del atentado de las Torres Gemelas que decía “El mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush”.

Queda feo llamar asesinas viles y sanguinarias a las pobrecitas viudas. Ponerles calificativos no está bien visto, por eso no se les pone y listo. Esos adjetivos se guardan para cuando toca y con las asesinas esas no toca. Las técnicas de cuasi exaltación de los asesinatos son viles en extremo por parte de muchos medios, últimamente están empleando una forma de calificar los asesinatos abyecta por demás. Usan la palabra inmolarse, hasta El País, en el artículo antes mencionado titulado “Identificadas las dos suicidas del metro de Moscú” dice:

“Una de las terroristas suicidas que se inmolaron ha sido identificada como Dzhennet Abdurajmánova, viuda del rebelde islámico de Daguestán Umalat Magomedoy, que murió en una operación policial el pasado 31 de diciembre”.

Lo de inmolarse les da un aura de prestigio, casi de acto noble, justo, honroso y en cierto modo meritorio, por algo el María Moliner dice que es “Sacrificarse por un ideal o el bien de otros”. La teoría que tratan de trasmitirnos los medios es que los asesinos suicidas son obligados a inmolarse por muchos motivos que justifican sus actos y por eso no se les puede acusar de ser simplemente asesinos sanguinarios porque los pobrecitos hacen eso porque no tienen otra forma mejor de defenderse de los terribles males que el mundo occidental les está produciendo.

Es lo de siempre, la primera batalla es la del lenguaje, si se gana esa lo demás viene rodado, y nuestros medios están haciendo el caldo gordo al terrorismo asesino islamista porque después de todo es básicamente antioccidental y eso mola cantidad porque se inmolan. Por eso nos han dado a conocer la vida y milagros de las asesinas del metro de Moscú, nos han contado su triste historia y nos han dejado apenados, pero nadie se ha molestado en contarnos algo similar de al menos una de las víctimas de esas asesinas. Eso no mola porque no se inmola.

Cuba y el terrorismo
Editorial ABC 3 Abril 2010

LA posición de Estados Unidos sobre la relación del régimen castrista con diferentes grupos terroristas y las consecuencias políticas que ello ocasiona constituyen un marco de referencia extraordinariamente valioso. España debe estar agradecida por esa posición inconfundible de Washington en lo que nos afecta más directamente y ha de extraer las consecuencias de lo que significa que Cuba siga en la lista de los países que apoyan el terrorismo. Por un lado, el intercambio de cartas entre la Casa Blanca y el congresista McGovern demuestra que la Administración Obama no ha tenido ningún plan para allanar el camino de las relaciones con Cuba más allá de los intentos de resolver problemas migratorios que se conocen, y en segundo lugar, que en Washington sí que se toman en serio el hecho de que haya miembros de la banda terrorista ETA fuera de control en territorio cubano. Es por lo menos sorprendente que Estados Unidos se tome más interés que el actual Gobierno español en un asunto que nos afecta directamente. Y si el argumento para intentar normalizar las relaciones de la UE con Cuba era que Obama podría tomarnos la delantera, ya se ha visto que no hay nada que temer.

Por extensión de este principio, se puede deducir que lo que está pasando en Venezuela puede acabar teniendo los mismos efectos. Es decir, que lo que hace el Ministerio de Asuntos Exteriores buscando todos los pretextos para dilatar la reclamación del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, es lo contrario de lo que hace Washington con Cuba. Venezuela no está en la lista de países que apoyan el terrorismo, pero las pruebas que se acumulan sobre la relación entre el régimen chavista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -incluyendo las que provienen de la Audiencia Nacional- pueden obligar a la Casa Blanca a cambiar las cosas, a pesar de las implicaciones económicas que podrían desencadenarse. La cuestión para el Gobierno español es si está dispuesto a apoyar a Estados Unidos, si llega el caso, o preferirá seguir ignorando el daño que causan a la estabilidad de toda Iberoamérica sus atrevidas relaciones con Hugo Chávez y todos sus satélites.

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Navarra no financiará libros de texto que la incluyan en el País Vasco
GORKA MORENO | PAMPLONA ABC 3 Abril 2010

Mapas físicos y políticos de Euskal Herria que incluyen a Navarra en sus límites; pirámides de población conjuntas de las tres provincias vascas y de la Comunidad foral; el primer monarca de Navarra, Iñigo Arista, calificado como «Rey de los vascos»... Son algunos de los ejemplos de «colonización vasca» que pueden encontrarse en libros de texto que se imparten en centros de educuación navarros de Primaria y Secundaria.

Tras una inspección que comenzó el pasado mes de septiembre, el Gobierno de Navarra ha emitido una orden foral para no financiar, y excluir por tanto de la gratuidad, a los libros de texto que no respeten la identidad de Navarra y la sitúen en Euskal Herria. Una orden que afectará al menos a cinco editoriales y a 31 centros escolares.

Antes de adoptar esta medida, desde el Departamento de Educación se analizaron los libros de Conocimiento del Medio de Primaria y Geografía e Historia de Secundaria, que se emplean en las ikastolas y los colegios públicos del modelo D (euskera).

El informe final señala que en los manuales de cinco editoriales, utilizados en al menos la mitad de los 61 centros inspeccionados, «faltan datos específicos y relevantes sobre la Comunidad Foral o los muestran en el contexto de Euskal Herria, contrariando la legalidad constitucional». Todos estos libros están redactados en euskera.

Las editoriales afectadas son Edebé, Ikastolen Elkartea, Erien, Ibaizabal y Grupo SM, aunque según fuentes del Departamento de Educación ésta última ya ha aclarado que «elabora los libros para la Comunidad Autónoma Vasca y no es culpa suya que algunos centros de Navarra los usen».

Las conclusiones de la inspección destacan que «los contenidos de geografía e historia de Navarra son estudiados en el contexto de Euskal Herria», algo que también sucede en diversos temas como «la vegetación o el clima». Algunos de los manuales incluso indican que los fueros recogen «derechos de los vascos».

Revisión y seguimiento
«Navarra es Navarra. Así que ante cualquier intención de atacar a su realidad institucional, social y política, el Gobierno debe ser garante, ya que tiene el compromiso y la responsabilidad de defender su identidad y su status. Exigimos que se cumpla la ley», declaró a ABC el consejero de Educación del Ejecutivo foral, Alberto Catalán, quien dejó la puerta abierta a futuras iniciativas en la misma línea. «Es la primera vez que se toma una medida de estas características en Navarra y el primer paso de una serie de actuaciones. Vamos a revisar todo lo hecho hasta ahora y luego se hará un seguimiento en los centros escolares para que se cumpla el currículo educativo. La decisión se puede ampliar a más editoriales, libros, materiales...», destacó.

Las editoriales recibieron la notificación oficial de la orden foral entre el 12 y el 16 de marzo, por lo que pueden presentar un recurso de alzada durante los treinta días siguientes al aviso -hasta ahora ninguna lo ha hecho-. Por su parte, la Federación de Ikastolas de Navarra estudia acudir a la vía administrativa.

El PP propone indemnizar a las salas por las pérdidas de exhibir en catalán
M. J. C. | BARCELONA ABC Cataluña 3 Abril 2010

El PP propone en sus enmiendas a la ley catalana del cine, compensar a las empresas del sector del cine por las pérdidas de recaudación derivadas de la exibición de películas en catalán. También sugiere que la Generalitat asuma la financiación de los costes de doblaje y de las copias en versión catalana.

El proyecto de ley aprobado por el Govern, se encuentra en fase de trámite parlamentario, después de que los votos del tripartito -PSC, ERC e ICV- dieran luz verde a esta nueva normativa, que establece la obligación de doblar o subtitular al catalán la mitad de las copias exhibidas.

El polémico proyecto ha puesto en pie de guerra a los empresarios de este sector, que el pasado 1 de febrero secundaron una huelga como protesta, pues el proyecto impulsado por el conseller de Cultura Joan Manuel Tresserras no sólo establece este sistema de cuotas, sino que contempla multas de 75.000 euros si se incumplen esas previsiones. La polémica ha llegado incluso a Bruselas, donde la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea ha aceptado la queja presentada por el Gremio de Empresarios de Cine de Cataluña contra el proyecto de ley y analiza si éste es compatible con la normativa europea.

Enmienda a la totalidad
Los populares, que a través del diputado Rafael López defendieron una enmienda a la totalidad -Ciutadans también lo hizo- que no prosperó debido al rodillo del tripartito, proponen en sus enmiendas parciales importantes retoques en el apartados lingüísticos de la ley del cine.

A modo general, esta formación defiende que las medidas adoptadas sean consensuadas por el Govern con el sector -la falta de diálogo ha sido una de las quejas constantes de los empresarios a lo largo de este proceso- y que la Generalitat «compense a todas las empresas de la industria del cine por los perjucios que se deriven de la aplicación de esta ley». El PP apoya la promoción de la exhibición del cine en catalán y doblado al catalán «para normalizar los hábitos lingüísticos de consumo de los espectadores», pero mediante un sistema de cuotas y sanciones.

El PP quiere que la ley incluya las obligaciones de los exhibidores para garantizar la existencia «en cantidad suficiente de copias en versión catalana, tanto en formato analógico como digital», pero también, las de la Generalitat «para financiar los costes de doblaje y de las copias en formato analógico, así como para compensar a los exhibidores por la menor recaudación que resulte de su colaboración en la política de normalización de los hábitos lingüísticos de los espectadores».

Asimismo, el PP propone en su redactado que el Govern compense «a las empresas del sector de la distribución en los costes de doblaje de las obras cinematográficas, y a las empresas del sector de la exhibición en la diferencia de rendimiento de las películas exhibidas en catalán respecto de las mismas películas exhibidas en castellano». También prevé que la Generalitat «asuma el coste y perjuicio de la retirada de los excedentes en los comercios de copias de obras cinematográficas». Finalmente, el PP propone una Comisión Mixta formada por el Govern y representantes del sector del cine para velar por el cumplimiento correcto de la ley.

Carod, tras el «decretazo», critica la falta de complicidad de los medios con el Govern
MARÍA JESÚS CAÑIZARES | BARCELONA ABC Cataluña 3 Abril 2010

Sonó a justificación del «decretazo» ordenado por la Generalitat para imponer a Enric Marín como presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Porque, 24 horas después de que el Ejecutivo catalán decidiera cambiar la ley para superar el bloqueo de la oposición, su vicepresidente, Josep Lluís Carod-Rovira, acusó a los medios de comunicación de falta de complicidad con el Govern.

Lo dijo en el sentido de la poca repercusión que tiene la obra de gobierno -«la sociedad catalana no aceptó nunca como normal el cambio político que se produjo en Cataluña en 2003», dijo-, aunque quizá sea precisamente esa «manu militari» que aplica el Gobierno de José Montilla en el control de los medios públicos lo que desmotiva a la opinión pública.

Para CiU, está claro que esa falta de sintonía está detrás de la reciente reforma de la ley de la CCMA, con la que el Govern reduce a mayoría simple los votos necesarios para nombrar a Marín, ex secretario de comunicación del Govern -el enunciado inicial de la ley exigía dos tercios de los diputados de la Cámara catalana-.

El presidente de CiU, Artur Mas, negó toda credibilidad a los cambios «cosméticos» introducidos en el equipo de campaña del PSC, con los que los socialistas buscan ofrecer una «cara más amable», que contrasta con su comportamiento en el Parlament, donde actúan como una «apisonadora».

Rectificar
Para el portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, la falta de complicidad de los medios de comunicación con el Govern que denuncia Carod-Rovira «es lo que ha motivado una voluntad de control político dede los medios mediante el «decretazo»».

Pujol recordó que «rectificar es de sabios y no nos pueden imponer a Marín cuando no han hecho ni un solo contacto para intentar buscar el consenso». La primera reunión formal que tendrá el conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, con representantes de la federación nacionalista para abordar este tema será el 8 de abril.

El presidente de ERC, Joan Puigcercós, justificó el decreto del Govern en la actitud «hooligan» de CiU en este asunto. «Frente a este tipo de actitudes, el gobierno catalán debe desbloquear las instituciones», dijo el líder republicano, quien recordó cómo CiU y PP ya bloquearon en su día la creación de la Oficina Antifraude de Cataluña «por temor a un órgano de lucha contra la corrupción». En aquella ocasión, el tripartito también modificó la ley para reducir la mayoría requerida para nombrar a David Martínez Madero, director de esa oficina.

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, cree que «Montilla ha rematado la falta de neutralidad de los medios públicos en Cataluña» con el decreto que prevé reformar la ley. En su opinión, el presidente catalán «se ha cargado el formato de la CCRTV que se había establecido. Ahora, el Parlament queda como «invitado de piedra» y Montilla y su tripartito se cargan la independencia de la Corporación».

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