AGLI

Recortes de Prensa   Domingo 4 Abril  2010

 

Políticos en cuestión
Ángela VALLVEY La Razón 4 Abril 2010

Aumenta peligrosamente la animadversión de la mayoría de los ciudadanos hacia los políticos. La política debiera ser el distinguido arte de promover el bien común, pero las encuestas dicen que, en ese terreno, suspendemos a los políticos. Unos políticos que, en conjunto, ocupan un lugar destacado en la lista de nuestras «preocupaciones» más urgentes, al lado de problemas tan graves como el paro, la vivienda, la situación económica o el terrorismo. Los políticos de hoy también han conquistado sus escaños en el congreso de los conflictos públicos. Y eso es muy preocupante.

Ciertos casos de corrupción junto al deterioro de la situación económica, también moral, de la sociedad española están logrando que muchos contribuyentes se sientan decepcionados, hartos y molestos con quienes nos representan: aquellas personas que deben ocuparse de la justicia (como diría un moralista, el amor a la justicia no suele ser más que el temor que todos llevamos dentro a sufrir una injusticia, pero aun así), la salud de la democracia y ese asunto –tan manido y abaleado que ya hemos convertido en purita gaseosa– del «interés general». Saber que los políticos son considerados parte sustancial de nuestros problemas, en vez de artífices necesarios de su solución, se me antoja una mala noticia. Poca broma. Platón, que desconfiaba de la democracia ateniense más que el FMI y Angela Merkel juntos, decía que los mediocres llegarían a lo más alto. ¿Ha resultado ser así? ¿Está el ágora abarrotada de Calicles o de pescadores de ranas? ¿No sería mejor un término medio? ¿Cuál es el grado de higiene de la «ética política»? ¿Reinan en nuestra sociedad, por citar a don Carlos Marx, la libertad, la igualdad, la propiedad y Bentham?

Dominique Parodi decía que una sociedad es un conjunto de hombres (sic) libres, no una reunión de tendencias ciegas, y que el hombre (otro sic) adulto se distingue del niño y del insensato porque no necesita tutela, que la democracia es la forma en que se gobierna un pueblo adulto. ¿Somos adultos, demócratas? ¿O nuestra joven democracia sigue desconfiando del discurso político porque a nosotros y a nuestros políticos nos faltan décadas, por no hablar de siglos, de histórico entrenamiento en el ejercicio de esa democracia? ¿Estamos desmoralizados? ¿Tenemos lo que nos merecemos?, esto es: ¿son nuestros políticos un reflejo de lo que somos, ya que a todos y cada uno de ellos los respaldan, en mayor o menor cantidad, nuestros votos? ¿No será que no nos gusta lo que somos? Y, si es así, ¿por qué echamos la culpa a los políticos del disgusto que sentimos hacia nosotros mismos? ¿De qué nos quejamos? Quizás nuestra recurrente falta de antiguas costumbres democráticas nos lleva a pensar, con D’Alembert, que la política es el oficio del engaño. Pero no lo es, o no debiera serlo. Y en España, como en todos lados, hasta el menos espabilado que se deja engañar en ciertas cosas –por un político o por sí mismo con su voto en la mano– seguramente es porque quiere.

Zapatero y la pelota
GERMÁN YANKE Domingo ABC 4 Abril 2010

«Este hombre no cambia» decía la derecha, durante la primera legislatura de Zapatero, cada vez que el Gobierno ponía en marcha una nueva iniciativa. Y fueron muchas. Pero vaya si ha cambiado. Si durante cuatro años, el presidente, atacado por un activismo historicista, parecía convencido de que podía enfrentarse a todo lo que definía como síntomas de dominación, sin importarle las consecuencias colaterales, ahora se muestra paralizado, confiado sólo en que el tiempo le ayude, le de un respiro o un empujoncito. Si admira a Obama con una pasión que merecería también otro objeto, se diría que está a la espera de que, aquí, se cumpla aquello con lo que ironizaba hace unos días un chiste gráfico aparecido en la prensa norteamericana : el balón, lanzado locamente, avanza por el suelo, tropieza, salta por el aire, golpea el techo, se desvía y termina milagrosamente en la canasta. «Yo lo sabía», dice Obama, inmóvil, en una esquina. El fracaso de las negociaciones en el Palacio de Zurbano, en las que el Gobierno no sólo no ha conseguido la foto deseada sino tampoco avisar a tiempo al único diputado dispuesto a suscribir el documento, es toda una muestra del desastre del fondo y del método con el que el presidente trabaja en esta legislatura, un periodo especialmente grave por los efectos de la crisis.

No le falta un diagnóstico adecuado porque en sus reiterados discursos con los que pretende sustituir lo que debería aparecer en el BOE, se descubre que es consciente de que hay que reformar el sistema laboral, reducir drásticamente el gasto y reestructurar el sistema financiero. Todo va en contra de una retórica subrayada hasta hace muy poco (cosas de la derecha, gastos que nos podemos permitir y el sistema financiero más robusto del mundo), pero la caída del caballo ha dejado el trompazo de San Pablo en un simple susto .

Tampoco puede volver a insistir Zapatero en las «cuestiones ideológicas», como si estas se hubieran convertido en un freno a la actividad y las reformas. Para no pactar con el PP cuando ya no podía repetir que su principal adversario no proponía nada (lo ha hecho sobre las cuestiones mollares más que el propio Gobierno) podía servir como excusa ingeniosa. Sin embargo, ¿por qué no lo hace con los que podrían coincidir en aquellos sonoros llamamientos a las «soluciones socialdemócratas» en el comienzo de la crisis? O, desde un punto de vista más político ¿por qué no se ha construido un programa para combatir la crisis y cambiar el mundo a partir de la necesidad de un «nuevo contrato social» al que se refirió Fernández de la Vega?

El presidente ha cambiado. Antes, un simple rótulo le bastaba para desplegar el activismo, aderezado por aquello del «optimismo antropológico». Ahora, la enorme magnitud de los problemas y la abrumadora coincidencia de los análisis le sumen en la parálisis. En la parálisis y el desconcierto porque se vienen abajo, por pasividad, hasta las maniobras de distracción como las de Zurbano: pactos menores asuntos también menores para no enfrentarse a lo cada día más urgente.
La reforma laboral depositada en las manos de quienes, a un lado u otro del «diálogo social», no quieren impulsar lo que es necesario; el sistema financiero atrapado en las redes de los gobernantes autonómicos que convierten las cajas de ahorro en elementos identitarios; la reducción del gasto, que no puede dejar de afectar a inversiones, subvenciones, prestaciones y funcionarios, demorada con la promesa paradójica de acelerarla mañana.

Mientras, la casa sin barrer. Y el presidente esperando un mínimo crecimiento en el primer trimestre de 2010, para ganar un tiempo que no queda y sonar con que la pelota, al final, caiga en la canasta. Él, que hace bien poco atropellaba a cualquiera para hacer, aunque fuera imposible, un mate.

Rosa Díez: «Lo que les une»
Juan Julio Alfaya Periodista Digital  4 Abril 2010

Un escaño le cuesta a PSOE y PP 66.000 votos; a UPD, 306.000, y a Izquierda Unida, 484.000

Rosa Díez
29/03/2010

El día 23 de febrero defendí en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a que impulse urgentemente la reforma de la Ley Electoral. Lo hice a la vista de que nuestra iniciativa legislativa duerme el sueño de los justos desde abril de 2008 en la Comisión Constitucional. Únicamente Izquierda Unida (IU) me apoyó. El resto de grupos parlamentarios votó en contra y afeó mi conducta: "Cómo se atreve usted a traer aquí este tema que ya estamos analizando en la subcomisión... Esto es una burla al Parlamento...". Conclusión de su trabajo: carpetazo a cualquier reforma que garantice más igualdad y más proporcionalidad.

Un escaño le cuesta a PSOE y PP 66.000 votos; a UPD, 306.000, y a Izquierda Unida, 484.000.

No puede consolidarse en el tiempo un sistema contrario a la igualdad de derechos de los ciudadanos

No cabe duda de que el sistema electoral español, diseñado en plena transición política, cumplió con las necesidades del momento: promover un bipartidismo fuerte y evitar la excesiva atomización de fuerzas políticas en el Parlamento para facilitar los acuerdos y construir la democracia. Pero no puede consolidarse en el tiempo un sistema injusto y contrario a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.

El argumento principal para proponer una reforma urgente de la Ley Electoral es la defensa de la igualdad, consagrada y conectada en distintos artículos claves de nuestra Constitución: el 1.1 (igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico); 9.2 (participación de los ciudadanos en la vida política); 23.2 (acceso a los cargos públicos) y 68.1 (voto igual).

El sistema actual conculca dos derechos fundamentales: el derecho pasivo de todas las formaciones políticas a ser elegidas en igualdad de condiciones y el derecho activo de cada uno de los ciudadanos de elegir en igualdad de condiciones. Lo más intolerable en términos democráticos es que el voto de cada ciudadano tenga un valor diferente en función de la parte de España en la que viva y de la opción política que elija. Dicho de otra manera: lo que urge corregir es el hecho de que el voto de mi vecino, que vota PNV, valga seis veces más que el mío.

En el Pleno de 23 de febrero se me dijo (todos los grupos, salvo IU lo hicieron de forma descalificadora y algunos hasta grosera) que ya está creada una subcomisión para analizar todas estas cuestiones. Pero ya hemos visto cuál era el objetivo: cercenar todo tipo de avance hacia un sistema más justo y mantener el pacto de hierro entre el PSOE y el PP para que nada cambie y se consoliden los privilegios y la desigualdad.

Resulta muy interesante analizar el informe del Consejo de Estado y sus propuestas, tales como aumentar el número de diputados de 350 a 400; rebajar la representación mínima inicial de dos a un diputado o buscar una fórmula electoral más proporcional que la D'Hont (como la Hare, Droop, Sainte Lagüe...).

Pero es importante que nos fijemos en sus argumentos. El informe confirma un primer problema indiscutible: existen desigualdades en la distribución y atribución de escaños, lo que ataca directamente el principio constitucional de igualdad de voto o sufragio. Por eso, el Consejo plantea reducir el mínimo por circunscripción y elevar a 400 el número de diputados para buscar "un incremento de la calidad democrática del sistema político".

El informe afirma también que el sistema actual produce "primas que obtienen los partidos más votados y penalizaciones que sufren los menos votados, especialmente cuando estos últimos cuentan con un electorado disperso". O sea, prima a las dos grandes formaciones políticas de ámbito nacional y castiga al resto de partidos nacionales. Vean, si no, los números de las últimas elecciones generales: el Partido Socialista Obrero Español necesitó 66.801 votos para conseguir un escaño; el Partido Popular necesitó 66.740 votos; Izquierda Unida, 484.973 y Unión Progreso y Democracia, 306.079. Más claro, agua.

Me interesa incidir en las reflexiones del Consejo de Estado en relación con la igualdad de voto. Dice así: "En principio, la igualdad de sufragio se contempló en los textos constitucionales para significar que cada elector tiene un solo voto. No obstante, la jurisprudencia alemana ha superado esta interpretación clásica de la igualdad de voto, afirmando que este principio impone tanto el igual valor numérico como el igual valor del resultado del sufragio: igual valor numérico significa que el número y la fuerza del voto de cada elector deben ser los mismos; igual valor de resultado supone que todos los votos deben contribuir de manera semejante a la obtención de representación". Es claro el ejemplo: mi vecino sólo vota una vez, pero su voto vale seis veces más que el mío; luego el principio de igualdad está claramente pervertido.

Sigue analizando el Consejo las peculiaridades del sistema proporcional en relación con el mayoritario en el que sólo son eficaces los votos emitidos a favor del candidato ganador. E insiste en que "en un sistema proporcional los votos deben tener, aparte de un idéntico valor numérico, un igual valor de resultado", con los límites que se establezcan en razón de la racionalización y eficacia de gobiernos parlamentarios.

Quiero llamar la atención sobre el Código de Buenas Prácticas en materia electoral, aprobado en 2002 por la Comisión de Venecia, donde se distingue entre la igualdad en los derechos de voto y la igualdad del poder del voto. Es esta referencia la que le sirve al informe del Consejo para sostener que, si bien la igualdad de los derechos de voto no está amenazada salvo en las democracias emergentes, "la igualdad del poder del voto se ve puesta en cuestión en algunos países" (como en España) "mediante la aplicación de mecanismos tales como la asignación de un número fijo de representantes a cada una de ellas con independencia de su población y el establecimiento de una reducida composición de la Cámara, que determina un diferente peso del sufragio antes de ser emitido en función de la circunscripción en que se encuentre el elector". O sea, que el voto "vale" diferente en función de la parte de España en que vivas, lo cual es un claro atentado al principio de igualdad.

El citado Código de Buenas Prácticas indica que la igualdad proporcional implica que los partidos deben ser tratados en función de su número de votos. Es por eso que el informe del Consejo insiste en que "el mayor o menor grado de proporcionalidad de un sistema electoral afecta a la igualdad de oportunidades de tales partidos, en cuanto verdaderos actores de la competición electoral...". "En razón de estas consideraciones", prosigue, "el análisis crítico de las desigualdades en la atribución de escaños no debe realizarse (sólo) desde la perspectiva del poder del voto de los electores, sino de la igualdad de oportunidades de las distintas candidaturas".

Es indiscutible que el resultado práctico de la aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) está produciendo claros ejemplos de desigualdades e injusticias en el valor del voto atribuido a cada ciudadano. Si nuestra Constitución proclama en su artículo 1.2 que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado", el sistema electoral ha de ser respetuoso con ese principio esencial de la democracia y no puede distorsionar la voluntad libremente manifestada por los ciudadanos en las urnas. La regeneración democrática exige una modificación y mejora democrática de nuestra ley electoral que se hace prioritaria e improrrogable de cara a futuras consultas electorales.

Resulta curioso confirmar cómo el PSOE y el PP -tan empeñados en explicitar ante sus votantes cuánto les diferencia- taponan esta reforma fundamental, origen y causa de desvertebración y desigualdad. Y es que en el fondo ambos se parecen tanto como una VISA a una MasterCard: sólo aspiran a mantener su cuota de mercado; aunque para ello hayan de vulnerar la libertad individual y la igualdad jurídica de los ciudadanos. Eso es lo que les une: el interés. Tan vergonzoso como cierto.

Rosa Díez González es diputada nacional y portavoz de UPyD.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/les/une/elpepiopi/20100329elpepiopi_12/Tes/

Un mundo sin fronteras idiomáticas
Los buscadores de Internet impulsan la traducción automática e instantánea con éxito creciente en los textos no creativos
JAVIER MARTÍN El País 4 Abril 2010

En el mundo real, Ramot se entiende en cinco idiomas, una nadería en el ciberespacio. "Paso el traductor de Google para escribir en griego, ruso, polaco, sueco... Me llega un e-mail en ruso, lo traduzco online, escribo mi respuesta en español o inglés, lo vuelvo a traducir al ruso y lo envío. Funciona muy bien. Cuando me responden dando las gracias en ruso me pregunto si saben que yo estoy en Girona y no en Moscú".

"El mayor obstáculo para el entendimiento global es idiomático", explica Javier Arias, ingeniero lingüístico de Google. "Nuestro objetivo fundacional era ordenar toda la información y hacerla accesible". El gran buscador traduce 52 idiomas en más de 2.500 combinaciones posibles. Gracias al poderío de la potencia de cálculo de decenas de miles de ordenadores, Google ha llegado más lejos que nadie en la traducción automática, gratis, universal y al instante.

El traductor de Google es el más habitual, pero no el único. También lo tienen los buscadores Bing y Yahoo! y varias universidades españolas investigan proyectos sobre lenguas del Estado. Además, la traducción automática de calidad es un negocio para empresas especializadas.

La filosofía de la traducción automática siempre es la misma: llenar el ordenador de información, empacharle de diccionarios y de gramáticas. El ordenador traduce según la información que almacena; cuanta más, mejor. "El ordenador no entiende el lenguaje, lo procesa", describe Juan Alonso, directivo de Lucy Software, un traductor automático para empresas.

El límite es la capacidad de memoria; la de la computadora de casa es limitada, sin embargo los buscadores de Internet aprovechan la capacidad casi infinita de sus redes de ordenadores para llenarlos de información. Miles de diccionarios, millones de documentos, leyes, discursos de la ONU y del Parlamento Europeo traducidos por humanos, con carácter oficial y a decenas de idiomas. Un aprendizaje de idiomas por acumulación de información (Internet no tiene problema de estanterías) y de usuarios (cientos de millones de personas empleando estos traductores y corrigiéndoles).

El Translate me ha traducido "fan", aficionado, por ventilador, en un texto en el que no cabía la confusión. "Ante el error se puede optar por dos sistemas de corrección", explica Arias, "el artesanal, que introduce manualmente correcciones, y el algorítmico, que, antes de tocar nada, busca averiguar por qué el algoritmo ha llegado a esa conclusión en ese contexto. Google opta por el segundo sistema que a largo plazo da mejores rendimientos. Introducir manualmente excepciones y más excepciones nos llevaría al caos".

Cada 14 días muere una lengua. Hay 2.500 en peligro de extinción, muchas de ellas amenazadas por los idiomas-asesinos: inglés, español y francés. En el año 2100 pueden haber desaparecido la mitad de las 7.000 lenguas actuales, según la Unesco. La traducción automática podría frenar la tendencia. Gracias a ella es posible la comunicación y los negocios, sin abandonar la lengua materna. Del yiddish al gallego, del suajili al letón o del bielorruso al afrikaans. Los textos de 52 idiomas en Google, de 20 en Bing y de 11 en Yahoo! se traducen automáticamente.

Pero el mundo de la traducción automática ni empezó ni acabará en Internet. Antes de que Google existiera, Óscar Suau y su equipo se inventaron un sistema para la traducción automática de El Periódico de Catalunya, que en 1994 se empezó a vender en castellano y catalán. Suau creó Automatictrans, empresa que hoy da servicio, entre otros, a las agencias Efe y Europa Press y a la web del Ministerio de Educación, "la única de la Administración con sus contenidos en las cuatro lenguas del Estado", explica Suau.

"A diferencia de otros traductores, nuestro método emplea tres sistemas, el estadístico, que es el de Google; el sistema de memorias de traducción dinámica y el de las reglas gramaticales de cada idioma", explica Suau. Los textos van pasando los tres filtros. "Si el primero detecta una palabra dudosa, se encola para que lo coja el corrector (automático) que, una vez asegurado el término, lo devuelve al sistema para que lo aprenda".

Suau deja claro que la traducción automática se divide entre la que sólo persigue captar el sentido del texto, como Google, y la publicable o productiva. Es el caso de los servicios de pago que ofrecen Automatictrans o Lucy Software. "A diferencia de los buscadores, nosotros empleamos sistemas híbridos, técnicas mixtas: el algoritmo y la corrección humana", explica Alonso, que tiene entre sus clientes a las administraciones y a grandes corporaciones como SAP o Volkswagen. "Indudablemente ha mejorado la calidad respecto hace una década, pero nunca será comparable a la traducción humana".

Sin embargo, Suau cree que el éxito puede llega al 99%. "En lenguas cercanas, como las latinas, la calidad roza el 95% y con las correcciones del cliente alcanza el 99%. En lenguas como euskera, inglés o chino, los resultados rondan el 80% de éxito".

Los expertos coinciden en que la traducción automática de la obra creativa es imposible. "Pero son sólo el 10% de la producción", advierte Suau, que cree inviable económicamente las webs en varios idiomas y con nuevos contenidos diarios. "La traducción automática reduce los costes hasta un 85% respecto a las webs sin esta tecnología".

Las empresas como Automatictrans y Lucy Software, o los proyectos universitarios juegan la carta de la especialización. "No creo en la traducción universal", dice Suau. "En Efe, el sistema que traduce la información local es diferente al de economía, y así podrá distinguir cuándo un banco es para sentarse, para meter dinero o para almacenar sangre. Creamos sistemas para el contenido de cada cliente, con sus propias normas de estilo. El primer punto es tecnología, pero el segundo, metodología".

Los avances no se detienen. Desde hace unos meses ya se traduce de voz a texto, mucho más complicado técnicamente que de texto a voz. La novedad llega de la mano de YouTube. A petición del internauta es capaz de que un vídeo con voz en inglés incorpore subtítulos en castellano. Más aún, Android, el sistema telefónico de Google, ya es capaz de traducir y convertir la voz en texto. Según explica Arias, la técnica empleada es la más ambiciosa. "El clásico dictado al ordenador de un texto hasta que reconoce la voz del que habla, pero con millones y millones de usuarios. El sistema va aprendiendo con el tiempo y el uso. Al igual que el ordenador, el teléfono no tiene suficiente potencia, o sea información, para traducir. Nosotros esa voz la enviamos a la nube, a Internet, donde la potencia de información es infinita, y la nube te lo devuelve traducido, en texto al segundo. Es bastante revolucionario".

Lo último son las gafas Tele Scouter, de la empresa japonesa Nec. Traducen en tiempo real lo que el interlocutor al que mira pronuncia, o sea, será literal decir: "Ya veo lo que dices". Con estas gafas, si un chino hablando chino se mirara a los ojos de un español hablando español, ambos se entenderían con la inmediatez de una película con subtítulos.

En las lentes se proyecta el texto, para lo cual llevan integrados una cámara y un micrófono, que recogen las palabras que se pronuncian y que las envía a un pequeño ordenador que lleva encima, envía la voz a Internet que convierte el audio en texto en el idioma que hayamos escogido.

Los avances no acaban. Aquí llega otra vez Google con su conversor fonético. Convertir caracteres latinos a su equivalente fonético en hindi, marati o urdu, entre otras lenguas no romanizados. Si queremos decir "Hoy luce el sol" en telugu, pero no sabemos pronunciar esos caracteres, Google voceará lo escrito. Si no tenemos el teclado en telugu, escribe cómo te suena que Google lo convierte en el sonido de la lengua nativa.

Gracias a que lio sus idiomas, Yavé consiguió que los albañiles no acabaran la Torre de Babel. Hoy, con la traducción automática, rumanos, serbios, polacos y paquis nos podrían acabar antes y mejor la reforma de la cocina.

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EDITORIAL La Razón 4 Abril 2010

El Gobierno ha defendido, por medio del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que el nivel de cooperación de los países iberoamericanos en la lucha contra ETA es «cada vez mejor», pese a que en ocasiones surgen «dificultades puntuales» sobre «asuntos concretos». El discurso oficial del Ejecutivo se mantiene inalterable en torno al más que satisfactorio compromiso de los gobiernos «hermanos». Esas palabras, sin embargo, contrastan con la realidad judicial que emanó, primero, de las resoluciones del juez Eloy Velasco hace unas semanas y que ayer mismo volvió a ponerse de manifiesto en otro auto del juez Grande Marlaska. El primero, en el auto de procesamiento de los seis terroristas de ETA y otros seis de las FARC luego reclamados, aseguró que en su juzgado «obran diligencias que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita cooperación entre las FARC y ETA». Ayer, el magistrado Grande-Marlaska, que envió a prisión al abogado proetarra Joseba Agudo Mancisidor por servir de correo entre los terroristas «huidos» en el extranjero y la dirección de la banda, denunció de nuevo los vínculos y las actividades de ETA en distintos países, especialmente Venezuela y Cuba, a los que los etarras denominaban en clave «Urano» y «Saturno», respectivamente.

En concreto, el juez confirmó que el Gobierno cubano, por ejemplo, pidió al enlace de ETA retrasar un viaje a la isla, lo que da idea del nivel de comunicación entre la tiranía y los terroristas. De la resolución judicial sólo cabe concluir que Venezuela y Cuba, entre otros países, sirven de santuarios y retaguardia a la banda. Ambas investigaciones judiciales abundan en la idea de que los etarras gozan de una situación de privilegio, de libertad de movimientos y de una impunidad que echa por tierra los mensajes que el Gobierno intenta trasladar a la opinión pública española. Si con el auto del juez Velasco el Ejecutivo alimentó la desconfianza hacia el contenido del mismo y aportó confusión a un procedimiento judicial suficientemente grave, ahora debemos preguntarnos cuál será su actitud ante el auto de otro magistrado de la Audiencia Nacional.

Las palabras del secretario de Estado de Seguridad no presagian un cambio en la posición oficial española, que defiende el compromiso de La Habana y de Caracas en la lucha contra el terrorismo. El Gobierno se equivocará de nuevo en este asunto como lo ha hecho en tantos otros si ignora dos procedimientos esclarecedores de dos magistrados tan solventes de la Audiencia Nacional. Que los terroristas puedan hoy disfrutar todavía de retaguardias seguras en función de no sabemos qué oscuros intereses o estrategias nos resulta incomprensible. Y que el Ejecutivo asista impasible a esa circunstancia sólo alimenta la desconfianza, por mucho que el régimen de Hugo Chávez presente a Vladimir Putin como garante de su supuesta determinación contra el terrorismo después de suscribir millonarios acuerdos comerciales y estratégicos.

Los éxitos en la lucha contra ETA son incuestionables y el trabajo de las Fuerzas de Seguridad sobresaliente, pero la derrota del terrorismo pasa por que los santuarios de los terroristas acaben de una vez por todas.

La sentencia silenciada
«La condena de ETA ha de ser tanto de sus medios como de sus fines, esos fines que Batasuna, sus organizaciones antecesoras y sus sucesoras han representado y querido imponer desde la coacción y el miedo que ETA viene sembrando»
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 4 Abril 2010

El 30 de junio de 2009, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) emitía una histórica sentencia en la que desestimaba íntegramente las alegaciones de las diversas marcas electorales de ETA (Batasuna y Herri Batasuna) contra su ilegalización, declarando conforme al Convenio Europeo de protección de los derechos humanos la disolución de estas organizaciones y la propia Ley de Partidos en que aquélla se fundamenta.

Un gran jurista, experto en el sistema europeo de derechos humanos, denomina este fallo del Tribunal de Estrasburgo «la sentencia silenciada». Y tiene razón. Sorprende que una sentencia que contiene una doctrina de extraordinaria relevancia en la definición de elementos centrales de nuestro sistema democrático no haya sido objeto del tratamiento académico y de la asimilación política que merece.

Es verdad que la sentencia tuvo impacto. Era una apabullante reivindicación de la iniciativa tomada por el Gobierno del Partido Popular en 2002, en el marco del Pacto Antiterrorista. El nacionalismo vasco planteó una oposición frontal con su conocido discurso deslegitimador de la democracia española. Otros jugaban con discursos garantistas colocando palos en las ruedas del engranaje legal que debía poner fin a la presencia en la política democrática de los representantes de ETA.
Pero, sin duda, la sentencia de Estrasburgo dice mucho más de lo que se supone y éste parece un momento oportuno para que no siga silenciada sino que, por el contrario, se la deje hablar y la escuchemos.

En efecto, la vida de Arnaldo Otegi en prisión se ha convertido en lo más parecido a un 'reality show', que se programa en las portadas de los periódicos para ver -¡qué pesadez!- si estamos más cerca o no de la metamorfosis del preso en pacificador. Por su parte, Patxi López, como salido de una máquina del tiempo, hacía una insólita declaración después del asesinato del gendarme Jean-Serge Nérin que nos retrotraía décadas, instando a la izquierda abertzale (¿radical, histórica, ilegalizada?, vaya usted a saber) a pronunciarse, como si todo lo que ya han dicho -y lo que han dejado de decir- resultara prescindible. Y, por último, el viernes de la semana pasada, el Gobierno, como de costumbre, anuncia que va a hacer lo que había negado que fuera necesario, esto es, afinar algunos instrumentos legales para evitar que marcas electorales de ETA puedan comparecer en las próximas elecciones municipales y forales. Si lo lograran, la reforma propuesta contempla que los cargos electos sean revocados si posteriormente se ilegaliza el partido o coalición que los presentó -como ha ocurrido con ANV, por ejemplo- y aquéllos no rechazan la violencia terrorista de manera «notoria y fehaciente».

Si ésta es ahora la cuestión, la del rechazo a la violencia de ETA, hay que recordar que la doctrina del Tribunal de Estrasburgo es mucho más exigente que ese criterio de rechazo verbal de la actividad terrorista donde se sitúa el 'ábrete Sésamo' que franquearía el paso a las instituciones a los que han dedicado su vida a acabar con ellas.

Una exigencia que el TEDH hace muy explícita al afirmar que un partido político puede promover un cambio de la legislación o de las estructuras legales o constitucionales del Estado, con dos condiciones. La primera, que «los medios utilizados al efecto deben ser desde todo punto de vista legales y democráticos». La segunda, que «el cambio propuesto debe ser en sí mismo compatible con los principios democráticos fundamentales. De lo que resulta -continúa el Tribunal- que un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia o proponen un proyecto político que no respete una o varias reglas de la democracia o que persiga su destrucción o el desconocimiento de los derechos y libertades que aquélla reconoce, no puede prevalerse de la protección del Convenio contra las sanciones infligidas por estos motivos».

Batasuna y compañía no fueron ilegalizadas por querer la independencia. Semejante ridiculez ya ha decaído. Tampoco lo fueron únicamente por no condenar el terrorismo. De la misma manera, no basta con una condena de los medios -violentos- que deje a salvo el proyecto totalitario que ETA promueve. Y Batasuna es ese proyecto. Condenar la violencia de ETA es renunciar a ese proyecto totalitario. De lo contrario, tendríamos que admitir que los etarras serían perfectamente integrables en el sistema democrático si no fuera por su tendencia a matar. O, por la misma razón, Batasuna no habría tenido que ser ilegalizada porque en el reparto de papeles no le tocaba disparar.

No todas las ideas son legítimas aunque se expresen pacíficamente. Precisamente, la sentencia de Estrasburgo desmiente este tópico, que no es cierto ni siquiera en un sistema democrático como el español que, a diferencia de otros modelos de la llamada 'democracia militante', no exige adhesión de los partidos a determinadas cláusulas constitucionales.

La condena de ETA -sin perífrasis- no sólo debe afectar a lo que ETA hace, sino también a lo que ETA es: un proyecto incompatible con el sistema democrático. Sin violencia, ese proyecto seguiría siendo incompatible. Han de darse esas dos condiciones que el TEDH fija inequívocamente. La condena de ETA ha de ser tanto de sus medios como de sus fines, esos fines que Batasuna, sus organizaciones antecesoras y sus sucesoras han representado y han querido imponer desde la coacción y el miedo que ETA viene sembrando.

Los ayuntamientos proetarras gestionan 300 millones de euros
A. Bartolomé La Razón 4 Abril 2010

Los feudos abertzales siguen sin condenar el terrorismo, pero no dudan en recibir dinero del Estado español.

MADRID- Votos o bombas. Es el dilema de Batasuna desde que el Gobierno emprendiera la nueva reforma legal que obliga a los cargos electos a condenar el terrorismo. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) facilitará la impugnación de las candidaturas consideradas afines a ETA –que se podrá hacer una vez iniciada la campaña electoral–, y permitirá por primera vez la expulsión de las instituciones de cargos electos.

En el caso de los municipios que cuentan con representación de Acción Nacionalista Vasca (ANV), es una decisión que podía haberse tomado antes si se hubiera aplicado el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, como pedía el Partido Popular. Según publicó este periódico, el precedente de Marbella hubiera permitido disolver las corporaciones con presencia de aeneuveros, pero el Gobierno nunca lo hizo. Sí actuó en ocasiones para defenderse de actuaciones contra derecho de estas administraciones locales, y les ganó en algún caso ante los tribunales, pero no aplicó la ley con la disolución como objetivo.

Blindaje legal
La situación va a cambiar. La reforma legislativa en marcha introduce una figura novedosa: la «incompatibilidad sobrevenida», que afectará a los cargos electos que sean considerados ilegales después de los comicios, circunstancia que se da en el caso de los ediles de ANV. El blindaje legal que prepara el Ejecutivo para evitar «artimañas» proetarras no permitirá que las listas de partidos legales que acojan a los afines a la banda terrorista puedan concurrir a las elecciones y evitará, por lo tanto, que consigan subvenciones como partido político. Si se hubiera actuado antes, la decisión habría supuesto hace tiempo la pérdida de millones de euros por parte de formaciones cuyo objetivo es llegar a las instituciones para servirse de ellas mientras aplauden el crimen o la coacción de los terroristas en su eterna lucha contra el Estado.

ANV cuenta para ello con una red de empresas –«colaterales» las ha denominado el portavoz de Administraciones Públicas del PP, Rafael Merino– que se beneficia de las adjudaciones municipales. En total, los ayuntamientos proetarras gestionan 250 millones de euros que van a parar directamente a firmas afines o participadas directamente por los propios concejales o sus familiares. Además, durante esta legislatura, los 42 feudos abertzales navarros y vascos han gestionado 32 millones de euros del Plan E de Zapatero, que se han empleado fundamentalmente en la construcción de frontones, aceras y en la mejora de consistorios en los que no ondea la bandera nacional, como denunció la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

Los municipios más beneficiados son Mondragón –donde fue asesinado a tiros el concejal socialista Isaías Carrasco y donde estaba el zulo en el que Ortega Lara pasó 532 días– y Hernani –cuya alcaldesa, Marian Beitialarrangoitia, fue condenada por pedir un aplauso en un mitin para los autores del atentado de la T-4 de Barajas–, que se han repartido cerca de cuatro millones y medio de euros y casi tres millones y medio, respectivamente.

Las localidades guipuzcoanas de Pasajes y Vergara también se han visto beneficiadas por el reparto (2.847.918 y 2.623.497 cada una). En Azpeitia, donde fue asesinado el empresario vasco Ignacio Uria, la cantidad asciende a 2.487.393 euros. En la lista figuran asimismo Oyarzun (1.735.547) –cuyo «Bosque de los ausentes» recuerda a terroristas fallecidos–, o Elorrio (1.255.024), municipio rodeado por la polémica cuando, en diciembre de 2008, el PSE-EE denunció que los ediles de ANV se desplazaron a Madrid para visitar a un preso y cargaron los gastos al erario público. El 80 por ciento de los fondos para los ayuntamientos de ANV es para corporaciones donde la formación no cuenta con mayoría absoluta, por lo que los demás partidos podrían desalojarles si llegaran a un acuerdo.

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