AGLI

Recortes de Prensa   Martes 13 Abril  2010

 

La alternativa del TC
Editorial ABC 13 Abril 2010

EL Tribunal Constitucional decide a partir de mañana no sólo el futuro del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sino también la solidez del sistema constitucional español para asegurar la continuidad del pacto constituyente de 1978, por encima de los compromisos partidistas y de las coyunturas de los gobiernos. Sería dramático para España que el TC aplicara a su resolución condicionamientos derivados de los posibles perjuicios políticos que su decisión causaría en la estabilidad de tal o cual ejecutivo. Lo que está en juego no es un pacto de conveniencia entre partidos, sino la continuidad constitucional de España como un Estado unitario organizado en comunidades autónomas o su suplantación por una confederación entre Cataluña y el resto de España. Cada poder del Estado debe asumir sus propias responsabilidades, y al TC no le incumbe tapar las chapuzas cometidas contra la Constitución en el Estatuto catalán, sino depurarlas del ordenamiento jurídico, porque cualquier otra opción, por ejemplo, por vía interpretativa, sólo sería una fuente de conflictos latentes para los próximos años. Si de alguna forma el TC se desliza por el terreno de las funciones legislativas es mediante el empleo de las nefastas sentencias interpretativas. Mejor será para el Estado saber qué es constitucional y qué no, según esté escrito en la sentencia, y no según decida en cada momento el Gobierno catalán de turno.

Tampoco debería ser un gravamen para la libertad de criterio de los magistrados del TC el cúmulo de leyes de desarrollo estatutario aprobadas por el Parlamento catalán, con el aliento del Gobierno de Rodríguez Zapatero, el primer interesado en intimidar al TC con la magnitud de las consecuencias de una sentencia de inconstitucionalidad. Mucho más importante que la tranquilidad de Zapatero en La Moncloa es la estabilidad constitucional de España. La responsabilidad de aprobar una ley inconstitucional siempre es de la Cámara que la aprueba y del Gobierno o los partidos que la impulsan.

Sí es responsabilidad del TC la asombrosa dilación que ha sufrido este proceso constitucional, causa directa del desprestigio de la institución y de la presión política sobre sus magistrados. Más que problemas de valoración jurídica, el TC ha sido presa de una excesiva atención hacia el exterior, hacia los efectos políticos de sus decisiones. El empeño de la presidenta del TC en lograr una mayoría que evite su voto de calidad ha invertido las prioridades de esta institución, sustituyendo la recta defensa de la Constitución de 1978 por la comodidad de un consenso exculpatorio. Mañana tienen una oportunidad para enmendar este error.

España: con Zapatero en el poder, la democracia está en peligro
Francisco Rubiales Periodista Digital 13 Abril 2010

El repugnante caso Matas, una demostración más de que tanto el PSOE como el PP merecen el desprecio de los ciudadanos españoles decentes, está siendo aireado por la prensa de manera intensa, acaparando portadas, mientras que decenas de casos de corrupción protagonizados por el PSOE, algunos de ellos todavía más nauseabundos, como los que a rítmo de vértigo se están destapando en Andalucía, quedan ocultos y mantenidos bajo el silencio conspirativo de la prensa adicta al "régimen".

Algunos observadores atribuyen esa desproporción al hábil y profesional manejo que los socialistas hacen de la propaganda y a la torpeza que los populares demuestran a la hora de dialogar con la sociedad. Sin embargo, esa explicación no es suficiente y quizás exista otro factor en juego: la utilización de la Justicia como arma al servicio de la política, un comportamiento antidemocrático que refleja el alto grado de podredumbre de la democracia española.

Cada día son más los expertos y ciudadanos que sospechan que el gobierno de Zapatero, al que ya no le queda una sola gota de escrúpulo democrático, podría estar utilizando la Justicia para fustigar y acorralar a la oposición y, a la larga, para mantenerse en el poder. La nula independencia del sistema de Justicia se demuestra a diario, pero quedó demostrada de manera solvente cuando la vicepresidenta De la Vega, en el verano de 2009, anunció desde Latinoamérica el recurso de la Fiscalía al archivo del caso Camps. En aquella ocasión, María Dolores de Cospedal, la número "dos" del PP, consideró que es "la primera vez en la historia que un Gobierno utiliza la Fiscalía para perseguir a la oposición".

Es probable que Cospedal también acertara cuando acusó al PSOE y al gobierno de Zapatero de haber convertido la democracia en un “Estado Policial” al utilizar los recursos del Estado para golpear y destruir a la oposición. No podemos tener pruebas de que eso sea cierto, pero lo importante es que esa acusación es creíble para millones de españoles, lo que significa que es posible que sea cierta y que la democracia, cuya base es la confianza en las instituciones y el liderazgo, está herida de muerte en España.

Los ciudadanos asumen cada día con más determinación y crudeza que, bajo el gobierno de Zapatero, no se espeta ni uno solo de los principios de la democracia. Bajo Zapatero, no existe separación de poderes, ni una ley igual para todos, ni elecciones realmente libres, ni una sociedad civil fuerte, ni una libertad de expresión y de información que garantice la fiscalización del poder por parte de los medios de comunicación. Ni una sola de las reglas imprescindibles para que exista la democracia está vigente en España, donde la democracia, además, está dramáticamente podrida por la corrupción, el amiguismo, el nepotismo, la hipertrofia del Estado, el poder casi absoluto de los partidos políticos y la casi impunidad de los políticos, especialmente de los que están en el poder.

Algunos creen que el origen del mal está en la escasa calidad moral y profesional de los gobernantes, unida al desmedido poder de los partidos políticos, que han roto todos los cerrojos y controles. Pero nosotros creemos que también es importante que la izquierda no crea en la democracia, sino en la transformación del mundo desde el poder, una herencia puramente leninista a la que jamás han renunciado. Sólo se ha adaptado a la democracia para sobrevivir en Occidente, donde la democracia es un valor irrenunciable, por ahora.

Cada vez que se debate con un socialista sobre la democracia y la necesidad de respetar sus reglas, su respuesta es la misma: "la democracia es un asunto secundario; lo importante es construir un mundo mejor desde el poder”.

La respuesta encierra un error garrafal y un engaño pleno al pueblo. El error es que el fin no justifica los medios y que no se puede mejorar el mundo desde la dictadura y la opresión, como ha quedado mil veces demostrado. El engaño es que un partido político no puede presentarse ante los ciudadanos como demócrata si no cree en la democracia y no está dispuesto a respetarla cuando llega al poder.

Voto en Blanco

Movilizan a la sociedad «anestesiada» para pedir la dimisión de ZP
Más de 283.000 personas se han adherido ya a un grupo en Facebook que quiere concentrarse en Madrid el 8 de mayo para protestar por la «inacción» del Gobierno ante una «crisis tan alarmante». Y prometen no callarse
ÉRIKA MONTAÑÉS | MADRID ABC 13 Abril 2010

«O tiramos la toalla o protestamos; o seguimos hablando o pasamos a la acción». Éstas son las disyuntivas que subyacen bajo la creación de uno de los grupos en Facebook más contestatarios contra la situación (sobre todo, económica) que hoy atraviesa España. Políticamente, no quieren adscribirse a un lado concreto del arco ideológico, si bien el nombre de la página en la red social es significativo de la diana a la que dirigen sus principales dardos: se llama «A que conseguimos 4 millones de personas pidiendo la dimisión de Zapatero». La iniciativa ha calado tanto en la Red que han surgido posteriormente a su creación, el pasado mes de diciembre, varios grupos con idéntico nombre.

Como ya publicó ABC.es, el movimiento anti-Zapatero crece en internet y se extiende como la pólvora, proliferando decenas de blogs, páginas y grupos en las redes sociales que demandan respuestas claras contra la crisis, hastiados de medidas que acaban en fracaso como el Pacto de Zurbano.

«A que conseguimos 4 millones...» es una de las iniciativas de protesta ciudadana que ha reclutado a más gente. El grupo ha congregado, a la hora de publicarse esta información, a casi 284.000 personas. Entre ellas, hablamos con su creador, Toño Carratalá, y una de sus miembros más activas, sin duda, Marisa Quel. Su situación económica y social dista bastante, pero ambos nos ofrecen dos aristas de nuestra compleja radiografía social.

Toño, creador del grupo en Facebook, es un joven de 28 años con trabajo, pero no se resiste a abandonar su derecho a la pataleta ante la situación que atraviesa el país

De un lado, Toño. Es un valenciano de 28 años, con trabajo -«afortunadamente»-, que está harto de ver la mala situación que atraviesa el país, de no ver «una reacción ni una alternativa clara». «El éxito de este grupo, que crece mes a mes, es nuestra independencia. Nos hemos querido desmarcar de ideales extremistas, y la gente no nos encasilla», comenta este joven, que ha llegado a recibir en su correo interno mensajes amenazantes tras anunciar que pretenden llevar su grito reivindicativo a las calles de Madrid el próximo 8 de mayo. El lema con el que se convoca a los que se resisten a abandonar su derecho a la pataleta es «No es por política, es por dignidad y por el futuro de nuestros hijos». Ya han solicitado la autorización para movilizarse a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid y a la propia Comunidad, pero todavía no han obtenido una respuesta.

«Me gusta meterme en la zanja a trabajar por mi país»Más ágil porque odia a la gente que está inmóvil ante una situación tan alarmante habla Marisa. «Yo también he recibido decenas de improperios e insultos, entre otras cosas por mi segundo apellido -Franco- pero no me importa. Soy una mujer casada, de 50 años y con tres hijas, y me rebelo ante la situación que me rodea». Marisa habla con una vehemencia propia de esa parte de la sociedad inconformista que contempla, con una mezcla de rabia y resignación, que «mientras una persona cava en la zanja, el resto están mirando». Y añade la evidencia: «A mí me gusta meterme en la zanja», clama, y defiende que no piensa silenciar su oposición a la gestión económica que ha abocado a su marido al paro.

«Él todavía está asimilando que el otro día fue a la oficina a recoger su carta de despido. Trabajaba en una empresa de construcción importante. Mi indignación me va a costar el divorcio, pero no pienso callarme», dice. El motivo por el que Marisa se manifestará, si se lo permiten, no sólo será la gestión del equipo de Zapatero en el Gobierno, sino que también pedirá por la apertura de las listas electorales, el fin de pactos postelerectorales que forman alianzas de amigos muy extraños, y pone como ejemplo el hecho de dar gobernabilidad a partidos nacionalistas y minoritarios. Un sinfín de defectos que observa en el sistema político actual.

Marisa Quel dice que su derecho a la protesta le «va a costar el divorcio», pero observa con rabia cómo su marido aún está asimilando que está en el paro. Tienen tres hijas
«La idea de formar el grupo y de ir más allá me la dio una película de Andy García. Me inspiró este actor, porque es un tipo muy comprometido con el tema cubano y siempre es fiel a sus ideales. Yo lo que quiero es que mi país no se vaya a la mierda», señala con contundencia esta madrileña de nacimiento y residente en Valencia. «Estamos hartos de ver a sindicatos condescendientes, conchabeos electorales y una democracia que es mentira», remata para ABC.es esta mujer, a la que en el grupo de Facebook ya la ha bautizado como «la guerrillera».

Uno y otra prometen seguir dando la batalla y tratar de arrancar a la sociedad de la «anestesia» política en la que ha entrado. De momento, el siguiente paso que han dado es remitir decenas de correos a personajes famosos que se quieran comprometer con su causa y se lancen a la calle el 8 de mayo (si se autoriza, finalmente, la convocatoria). Así que... la acción de este grupo y sus cientos de miles de personas continuará.

Las páginas 'web' de los ayuntamientos catalanes discriminan el castellano
Es lo que revela un informe presentado por Impulso Ciudadano en el que destaca que sólo el 7% de los portales son bilingües
Álvaro Rubiowww.lavozlibre.com 13 Abril 2010

Madrid.- Las páginas ‘web’ de la administración de Cataluña priorizan el catalán para mostrar sus contenidos y discriminan el castellano. Eso es lo que revela un informe presentado por el dirigente de Impulso Ciudadano, José Domingo, sobre el uso de las lenguas oficiales en las ‘web’ de las Administraciones Públicas catalanas.

El ciudadano no está en igualdad de condiciones si desea obtener una información o efectuar tramitaciones en castellano y el estudio realizado por Impulso Ciudadano lo demuestra. De las 186 páginas analizadas, sólo la del Ayuntamiento de Rubí es plenamente bilingüe, tanto en sus informaciones como en los procedimientos de tramitación y documentos descargables.

Por lo que respecta a los demás ayuntamientos analizados un 45% ofrece contenidos exclusivamente en catalán y un 48% presenta diferentes deficiencias, pudiéndose considerar como páginas bilingües, sólo el 7% de ellas.

Respecto a las páginas ‘web’ de los Departamentos de la Generalitat, el informe recoge que, a excepción de algún Departamento como el de Salud, la totalidad de ellas presentan deficiencias y contenidos limitados en sus versiones en castellano. De hecho, son muchos los que no recogen esa opción y entre ellos destaca la Vicepresidencia, Interior, Educación, Relaciones Institucionales y Participación, Economía y Finanzas, Gobernación y Administraciones Públicas, Justicia, Acción Social y Ciudadanía.

Para acabar con esta desigualdad, Impulso Ciudadano ha anunciado que el presente informe supone el inicio de un observatorio de bilingüismo e igualdad lingüística que revisará con periodicidad anual la calidad de la administración electrónica catalana en materia de usos lingüísticos.


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La hora de la verdad del Estatut
Madrid - La Razón 13 Abril 2010

El Pleno del TC debate el último borrador del fallo por primera vez este año / Sólo cuatro magistrados lo apoyan

Más de tres años y medio después de que el PP, el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas recurrieran el Estatut, el Tribunal Constitucional (TC) parece por fin preparado para someter el texto a su examen final, aunque sin garantía alguna de que esta vez sea la definitiva. Aunque desde el tribunal se insiste en que el Pleno convocado por la presidenta María Emilia Casas para los próximos miércoles y jueves entra dentro de la normalidad de una «semana jurisdiccional», lo cierto es que será la primera vez este año que el Estatut figurará en el orden del día.

Así, sobre la mesa estará el quinto borrador de sentencia elaborado por la ponente de la resolución, la progresista Elisa Pérez Vera, que en principio cuenta con el respaldo expreso de otros tres miembros del Pleno adscritos a su mismo sector: la propia Casas, Pascual Sala y Eugenio Gay. Más incierto es el respaldo de Manuel Aragón, encuadrado asimismo en el bando progresista –fue elegido a propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero–, pero que a menudo se ha desmarcado de la postura de sus compañeros, y con cuyo apoyo sería posible sacar adelante la sentencia. Ello obligaría a Casas, sin embargo, a hacer uso del voto de calidad, privilegio que siempre ha sido reacia a utilizar pero que, a estas alturas, ya nadie descarta.

En estas circunstancias, la presidenta se ha decidido a convocar el Pleno para que los diez miembros con derecho a voto expongan abiertamente su postura. Casas sopesa incluso la oportunidad de celebrar una votación –sería la primera formal desde noviembre pasado– que permita anunciar por fin que el Constitucional está en condiciones de notificar la sentencia.

Pero el objetivo nada oculto de los progresistas es conseguir al menos un apoyo entre los conservadores que evite que Casas tenga que recurrir al voto de calidad, un apoyo que podría venir del vicepresidente del Constitucional, Guillermo Jiménez. Éste, a pesar de su adscripción conservadora, se ha alineado en ocasiones con los progresistas, que ven todavía posible sumarle al consenso y que intentarán hasta el último momento obtener asimismo el mucho más improbable respaldo del también conservador Ramón Rodríguez Arribas. El voto favorable de este último haría que la sentencia fuera aprobada por una mayoría de 7 a 3, aunque el sector progresista se daría por más que satisfecho con recabar seis apoyos, informa Efe.

Bermúdez se luce otra vez
EDITORIAL Libertad Digital 13 Abril 2010

No por inesperado ha sido menos el estupor que nos ha ocasionado el auto de los magistrados de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, Ramón Sáez Valcárcel y Manuela Fernández de Prado por el cual se censura el cierre del diario abertzale Egunkaria hace siete años y se absuelve a sus principales directivos. Llega ahora, de un modo extemporáneo poniendo en ridículo a la propia Audiencia, que instruyó un caso totalmente distinto al que se ha terminado juzgando.

El tribunal presidido por Gómez Bermúdez echa por tierra todo el trabajo del juez instructor, que fue Juan del Olmo. Exactamente los mismos roles que ambos jueces representaron en el juicio por los atentados del 11-M. De sabios es, por lo tanto, no fiarse de ninguno de los dos. Pero no ya por su vergonzosa actuación antes, durante y después del juicio del 11-M sino, porque, en el caso Egunkaria, el primero ha dejado al segundo a los pies de los caballos dictando una sentencia que poco o nada tiene que ver con la instrucción. Sólo eso ya desautoriza completamente todo el proceso y, si no toda, sí parte de la sentencia.

Pero tras las bambalinas de la Audiencia Nacional, hay un tercer protagonista: la Fiscalía General del Estado que, en un principio, se sumó a la acusación y luego se echó para atrás coincidiendo con la tregua de la ETA. Hay razones fundadas para creer que este de Egunkaria fue la enésima contrapartida que el Gobierno, Gómez Benítez mediante, prometió a los etarras a cambio de entrar en razón. Precedentes no faltan y la errática actitud de Conde Pumpido al respecto sólo lleva a pensar lo peor.

Las razones que han llevado a Gómez Bermúdez a absolver a la cúpula de Egunkaria, poblada por señalados abertzales como Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga o Txema Auzmendi, están, cuando menos, cogidas con calzador. El juez se apoya en un argumento tan peregrino y falaz como que los denunciantes –Dignidad y Justicia y la AVT– partían de la idea preconcebida de que el diario era una herramienta de la banda en el frente cultural vasco. A estas alturas Bermúdez considera que el interés de la ETA por promover el vascuence y la cultura vasca es “una falacia interesada, buscada por la banda terrorista”, pero que, a tenor de la sentencia, no se corresponde con la realidad. Con esto lo único que demuestra el juez Gómez Bermúdez es no conocer ni un ápice la naturaleza de la banda y sus mecanismos de penetración en la sociedad vasca.

No contento con eso, el juez del 11-M ha rechazado los informes que la Guardia Civil facilitó durante la instrucción y que fueron admitidos como pruebas periciales. Se escuda en que ese material "no se ha confeccionado utilizando conocimientos técnicos científicos, artísticos o prácticos”, sino “sobre la base de estudios hechos por los miembros de la Guardia Civil”, es decir, las pruebas aportadas por los principales expertos antiterroristas de España no valen por no se sabe bien que razones en las que el magistrado se enreda.

El juez no sólo devalúa la inestimable labor de la Benemérita, sino que, en una indescriptible canallada que hará las delicias de los asesinos de la ETA, da visos de credibilidad a las denuncias de tortura por parte de los agentes que todos los detenidos interponen de un modo automático. Se limita, claro está, a arrojar la piedra y esconder la mano porque, textualmente, no “puede llegar a conclusiones jurídicas penalmente relevantes sobre el particular”. Las denuncias por tortura son una vieja treta del entramado etarra para desviar la atención sobre sus propios crímenes y, sobre todo, para encender los ánimos de sus incondicionales. La propia ETA lo recomienda en sus comunicados internos.

La sentencia de Bermúdez, que vuelve a lucirse tras su triste papelón en el juicio del 11-M, da alas a la ETA y hace retroceder casi una década la lucha contra el terrorismo que, mediante acciones como la de Egunkaria, había conseguido ganar una batalla crucial: la del soporte mediático, cultural y económico de la banda. Habrá que temblar por las derivaciones de esta incomprensible sentencia. El nacionalismo vasco aprovechará la resolución para rehabilitar a Batasuna y a todas las marcas blancas que la ETA utilizó en el pasado a su favor.

Una sentencia inquietante
Editorial ABC 13 Abril 2010

LA opinión pública ha recibido con extrañeza e inquietud la sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve a cinco directivos del periódico «Egunkaria» por no estar probada su pertenencia a la banda terrorista ETA. Estiman los jueces que la clausura del diario en 2003 carecía de habilitación constitucional y tampoco existía una norma legal suficiente para justificar esa decisión. Mas aún, la sentencia estima que la línea informativa no permitía considerar que el diario fuera un instrumento para la comisión de delitos. La libre absolución de los acusados responde también a la petición de la Fiscalía que -una vez más- actúa de forma errática en esta compleja materia, dejando ante los ciudadanos la impresión de que no se mueve únicamente por razones de legalidad, sino también por circunstancias y contextos ajenos a la aplicación estricta de la norma. En efecto, la contundente postura del Ministerio Público -que constrasta radicalmente con la mantenida en un principio-descarta por completo los indicios de que «Egunkaria» estuviera vinculada con las finanzas de la banda, con una actitud rígida que cierra el paso a cualquier posible investigación.

Nadie pone en duda que la libertad de expresión es un principio esencial en el Estado democrático y se puede también compartir el razonamiento de la sentencia de que un periódico no es una empresa cualquiera, precisamente por su vínculo con la formación de una opinión pública libre en los términos del artículo 20 de la Constitución. Sin embargo, ello no significa que esa libertad carezca de límites, entre ellos -por supuesto- cualquier planteamiento editorial que favorezca la causa del terrorismo. Las pruebas esgrimidas por las acusaciones populares, a partir de documentos intervenidos a la dirección de la banda no han sido consideradas por una resolución judicial que se muestra muy dura con las acusaciones. El juez Del Olmo ordenó en su día la clausura de este medio de comunicación -precisamente a instancias de la Fiscalía y tras informe de la Guardia Civil que concluía que «Egunkaria» había sido «creada, financiada y dirigida por ETA»- y ahora la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rectifica al magistrado.

La unidad de los demócratas
Maite Nolla www.gaceta.es 13 Abril 2010

Según Montilla, los que no votamos ‘sí’ al Estatut no somos demócratas.

Cuando surge cualquier rumor que tiene que ver con la sentencia del Estatut de Cataluña se producen dos efectos automáticos. El primero es que los partidos nacionalistas, con el PSC al frente, amenazan con la ruptura, la movilización del pueblo de Cataluña y con todo tipo de horrores políticos si el Constitucional corrige algo del Estatut, aunque sea una falta de ortografía; en este sentido, les recuerdo el vergonzoso editorial conjunto y toda la comedia que lo acompañó.

Otro ejemplo es que ese fino liberal ilustrado que es Joan Puigcercós ya ha anunciado una nueva legalidad catalana que conduzca a la independencia. Y los muy moderados Artur Mas o Duran i Lleida no dicen cosas diferentes. El segundo efecto ante la rumorología es el insulto al prójimo.

Hasta la fecha, a Montilla le hacían leer unos discursos en los que ante una eventual sentencia más o menos desfavorable, el presidente autonómico llamaba a la unidad del catalanismo. Eso no dejaba de ser una variante de la vieja fórmula de la división de los catalanes en buenos y malos según seamos o no nacionalistas, que ahora se actualiza según se votara en contra o a favor del Estatut; eso sí, con el grave problema de ubicar en el limbo del catalanismo a la abstención, que es la principal opción política de los que pueden votar en Cataluña.

El caso es que el defensor de las esencias del catalanismo ha dado un salto en sus agravios. La semana pasada, además de apelar otra vez a la unidad del catalanismo, añadió que ante una sentencia desfavorable él confía en la “unidad de los demócratas” en Cataluña. Además de la frivolidad en el uso del concepto, la nueva división de Montilla establece que los que votamos que no al Estatut ya no es que no seamos catalanes, es que no somos demócratas. Y lo dice un señor de Córdoba.

*Maite Nolla es abogada.

Diez magistrados en busca de consenso
EFE | MADRID ABC 13 Abril 2010

Los magistrados del Tribunal Constitucional que mañana examinarán en pleno el quinto borrador de sentencia del Estatuto de Cataluña llevan más de tres años y medio tratando de alcanzar un consenso sobre la misma, hasta ahora sin resultado.

El fallecimiento en mayo de 2008 de Roberto García Calvo y la recusación por parte del PP de Pablo Pérez Tremps -que tendrá que abandonar el pleno cuando éste comience a estudiar el Estatut- hace que sean sólo diez los magistrados con voz y voto en una cuestión que tiene en vilo a la clase política española.
La que sigue es una relación de esos diez hombres y mujeres, divididos al cincuenta por ciento entre progresistas y conservadores:

María Emilia Casas Baamonde (Presidenta)
Adscrita al sector progresista, es catedrática de Derecho del Trabajo y llegó al tribunal designada por el Senado. Su mandato expiró en diciembre de 2007. Siempre reacia a utilizar el voto de calidad, ahora no se descarta que haga uso de ese privilegio para poder sacar adelante la sentencia, aunque sea con un consenso mínimo.

Guillermo Jiménez Sánchez (Vicepresidente)
Designado, como Casas, por el Senado, su mandato también expiró a finales de 2007. Catedrático de Derecho Mercantil, se le inscribe en el sector conservador, aunque a menudo se ha desmarcado de la línea mantenida por sus compañeros de ese bloque, lo que hace que su voto sea el más perseguido por los progresistas.

Ramón Rodríguez Arribas
Designado para el tribunal por el Consejo General del Poder Judicial, es magistrado del Tribunal Supremo y fue presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. Su mandato vence en junio de 2013. Es conservador, pero podría sumarse a un consenso amplio con los progresistas y con Jiménez en torno a un texto "centrista".

Jorge Rodríguez-Zapata Pérez
Designado por el Senado, su mandato expiró en diciembre de 2007. Magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Constitucional, es uno de los miembros del sector conservador cuyo "no" al borrador de sentencia que se estudiará mañana se considera inamovible.

Vicente Conde Martín de HIjas
Designado por el Senado, es el último de los cuatro magistrados -junto a Casas, Jiménez y Rodríguez Zapata- que tenían que haber sido renovados a finales de 2007. Magistrado del Tribunal Supremo, está también en el "núcleo duro" del sector conservador y no se cuenta con él para alcanzar el consenso. A su llegada al tribunal, compitió con Casas por la presidencia del mismo.

Javier Delgado Barrio
Designado por el Congreso, su mandato vence en noviembre de 2010. Ex presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, su posición firmemente conservadora asegura su voto contrario al proyecto de sentencia.

Pascual Sala Sánchez
Designado por el Consejo General del Poder Judicial, del que fue presidente, debe permanecer en el Constitucional hasta junio de 2013. Dentro del sector progresista, ha destacado por su postura favorable a avalar la constitucionalidad del Estatut en su práctica totalidad.

Eugeni Gay Montalvo
Designado por el Congreso, su mandato vence en noviembre de 2010. Ex presidente del Consejo General de la Abogacía Española, se ha alineado con Sala en la defensa del texto estatutario.

Elisa Pérez Vera
Designada por el Congreso, seguirá como magistrada hasta noviembre de 2010. Catedrática de Derecho Internacional Privado, es la ponente de la sentencia, es decir la encargada de redactar los borradores. El texto que se verá mañana es el quinto que somete a la consideración de sus compañeros. Si no sale adelante, podría dejar la ponencia en manos de un magistrado conservador.

Manuel Aragón Reyes
Designado por el Gobierno, su mandato vence en junio de 2013. Catedrático de Derecho Constitucional, está encuadrado en el sector progresista, pero alberga muchas dudas sobre la constitucionalidad de determinados preceptos del Estatut y su respaldo a la última ponencia de Pérez Vera es incierto.

ESTE MIÉRCOLES, PLENO
Casas, dispuesta a utilizar su voto de calidad en la sentencia del Estatut
Tras meses sin reunirse en Pleno, el Tribunal Constitucional reanuda este miércoles las deliberaciones sobre el Estatuto de Cataluña. La idea es votar el quinto borrador de la sentencia. Su presidenta, María Emilia Casas, cambia de parecer y se muestra ahora dispuesta a utilizar el voto de calidad.
ÁNGELA MARTIALAY Libertad Digital 13 Abril 2010

El Tribunal Constitucional se reunirá en Pleno este miércoles y el próximo jueves para deliberar sobre el fallo del Estatuto de Cataluña. Es la primera sesión plenaria que celebra el Alto Tribunal desde que comenzó 2010. Los magistrados se reúnen ahora con una clara intención que no tiene por qué corresponderse con el resultado: votar el quinto borrador de la sentencia que responde al recurso interpuesto por el PP al Estatut.

La convocatoria viene rodeada de gran expectación ya que los diez magistrados que deliberan sobre este asunto han venido celebrando en los últimos meses diversas reuniones informales para tratar de llegar a un acuerdo sobre el texto de la ponente Elisa Pérez Vera. Sin embargo, el Alto Tribunal lleva meses sin reunirse en Pleno.

Según ha podido saber Libertad Digital, entre las novedades que acompañarán a esta sesión plenaria se encuentra el hecho de que la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, se muestra favorable a utilizar su voto de calidad, algo que hasta ahora se había negado en rotundo.

En más de una ocasión, Casas se había opuesto a hacer uso de su condición favorable como presidenta del órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución. El motivo es que resultaría escandaloso que, tras más de tres años y medio de deliberaciones, el fallo del Estatuto de Cataluña lo determinarse una sola persona a través de su voto de calidad. Sin embargo, ahora la presidenta estaría dispuesta a utilizarlo en caso de que cinco de los magistrados se muestren a favor y otros cinco en contra a la hora de aprobar el quinto borrador de la sentencia.

Sin embargo, a día de hoy las posturas entre los diez miembros del TC que deliberan sobre el Estatut, tanto progresistas y conservadores, continúan alejadas. Todos ellos saben que deben fallar sobre un asunto que supondrá un antes y un después en la historia de España. En lo que más se acercan sus pareceres ahora es en su interés en que haya sentencia cuanto antes. Y es que nadie pasa por alto que las elecciones catalanas están a la vuelta de la esquina y que tres años y medio de deliberaciones, pese a la complejidad del asunto, es mucho tiempo.

Por su parte, en caso de llegar a un acuerdo, lo más probable sería que se declarasen inconstitucionales entre 15 y 20 artículos del texto estatutario catalán, aunque se daría el sí a la mayor parte del articulado. En su resolución, el TC también apostaría claramente por eliminar el término nación, el "principio de unidad jurisdiccional" y por que el CGPJ sea el único órgano de gobierno de los jueces, así como por que el Tribunal Supremo sea la última instancia judicial por encima del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Daniel Portero: “La absolución de los directivos de Egunkaria es un hecho muy grave”
Redacción Minuto Digital 13 Abril 2010

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a los cinco directivos del diario Euskaldunon Egunkaria, Juan Mari Torrealdai, Iñaki Uria, Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga y José María Auzmendi, de las acusaciones de relación con ETA. También critica el cierre provisional del periódico al entender que los fines que se buscaban con esta medida podían haberse conseguido de otra forma.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal adopta esta decisión tras considerar que las acusaciones, ejercidas por Dignidad y Justicia y por la Asociación de Víctimas del Terrorismo -la Fiscalía solicitó la libre absolución-, “no han probado que los procesados tengan la más mínima relación con ETA, lo que por sí determina la absolución con todos los pronunciamientos favorables”.

De igual forma, destaca que tampoco se ha acreditado “ni directa ni indirectamente” que el periódico haya defendido los postulados de la banda terrorista, haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas ni que su línea editorial tuviese siquiera un sesgo político determinado, “esto último, además, no sería delictivo”.

Por el contrario, “incluso los miembros de la Guardia Civil que comparecieron como peritos reconocieron que no se había investigado si la línea del periódico era o no de apoyo a ETA, lo que hace incomprensible la imputación”, añade el fallo.

A lo largo de la sentencia, el tribunal destaca que la tesis acusatoria cae en la especulación y el artificio y constata insuficiencia probatoria. “A lo largo de la vista oral quedó de manifiesto que esos hechos y datos sobre los que se sustentan las acusaciones populares no están probados de forma directa y que los indicios en los que se apoyan son equívocos y admiten diversas de interpretaciones favorables a los procesados”, afirma.

El tribunal llega a descartar algunos documentos de ETA presentados por las acusaciones, al entender que su valor es “claramente exculpatorio”.

Portero: “El gran responsable es la Fiscalía, que cambió de criterio en la tregua”

En declaraciones a esRadio Portero ha sido muy claro: “el gran responsable de lo que ha pasado”, ha dicho en referencia a la absolución de los directivos del diario Egunkaria, “ha sido el Ministerio Fiscal, que manteniendo un criterio de acusación al principio, pero luego lo ha cambiado durante el proceso de tregua”.

Para Portero la mera absolución de los directivos es bastante grave, pero ha recalcado que “lo más importante es que se ha minado y se ha desestructurado el cimiento de la lucha contra el entramado de ETA”.

Y es que según Portero a partir de esta sentencia de la Audiencia Nacional “la izquierda abertzale va a utilizar esto para minar la sentencia de Estrasburgo”, en referencia al apoyo del tribunal europeo que ratificaba la ilegalización de Batasuna y sus distintas marcas y, a partir de ahora, “dirán que no todo es ETA y harán propaganda de esto”.

La ambición de Montilla
M. MARTÍN FERRAND ABC 13 Abril 2010

MIENTRAS, con significativa procacidad, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, trata de limar con una sierra, o de serrar con una lima, para que le cuadre la sentencia sobre el nuevo Estatuto catalán, el tripartito que gobierna en la Generalitat, o lo que queda de él, no descansa. El pasado sábado José Montilla se llegó a Solsonés, una comarca ilerdense de la Cataluña profunda. Allí, en Pinós -no confundir con El Pinós alicantino, donde hacen gloria del arroz con caracoles-, el president se lanzó un mitin de los clásicos, un fervorín a mitad de camino entre el catalanismo y el federalismo, que, de hecho, abrió con precipitada anticipación la campaña electoral para los comicios autonómicos de otoño.

Ayer, los doce disciplinados y devotos diarios catalanes que, en noviembre, publicaron un editorial conjunto -«La dignidad de Cataluña»- para pedirle al TC respeto para el Estatut resultante de un doble pacto político, en el Parlament y en las Cortes, publicaron una pagina completa, publicitaria -de pago, supongo-, en la que, bajo el título «Segueixo creient» y firmada por «President Montilla» se incluía un fragmento -en catalán, por supuesto- de la patriótica arenga del líder del PSC. Una llamada al margen indicaba en los anuncios que el texto completo de tan electoral discurso puede encontrarse en la página web de socialistas.cat y ello, en contradicción con la firma, establece una duda sobre el pago del importe de tan dispendiosa campaña. ¿La satisface el Govern, del que realmente Montilla es presidente? En el supuesto, más presentable, de que sea un gasto con cargo al PSC, ¿por qué firma el president, que lo es de la Generalitat, y no el primer secretari del partido, como le corresponde al personaje?

Resulta alarmante la creciente confusión de la socialdemocracia española entre partido y gobierno e, incluso, entre ambos y el Estado; pero, sea como fuere, en lo que insiste Montilla es en que «soc i vull continuar sent el President de Catalunya». Una legítima ambición que adelanta en demasía el tiempo electoral catalán y en la que el prócer se afirma como «catalán y catalanista» y, al hacerlo, diluye en su territorio el sentido nacional -español, claro está- que el PSOE vende y proclama con gran desparpajo en las Autonomías en las que no se comería un rosco de actuar de ese modo. ¿Unidad en la diversidad?

Montilla llama a seguir defendiendo la "plena constitucionalidad" del Estatut
Zapatero pide que se deje trabajar al TC e insta a no entrar a valorar con el impacto de la sentencia mientras no se conozca su contenido
EFE, Madrid/Barcelona. ESTRELLA DIGITAL 13 Abril 2010

El presidente catalán, José Montilla, ha informado a los consejeros del Govern de que no le consta que haya una mayoría en el Tribunal Constitucional para dictar una sentencia sobre el Estatut en base al último borrador planteado, por lo que ha llamado a seguir defendiendo su plena constitucionalidad. José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido, por su parte, que se deje trabajar al TC para que concluya su proceso de deliberación interna, y de paso insta a los partidos a no entrar a valorar ni especular con el impacto que pueda tener su sentencia mientras no se conozca su contenido.

El consejero de Obras Públicas, Joquim Nadal, ha ejercido de nuevo de portavoz del Ejecutivo catalán tras su reunión ordinaria en el Palau de la Generalitat, y ha aprovechado para desmarcarse de las palabras del lunes del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, porque cree que si el fallo es "limitativo (...), tendrá efectos".

"El president nos ha recordado que es más que probable que el texto que pueden analizar desde este miércoles los magistrados del TC será el sexto borrador que se haya tratado y que, hoy por hoy, no hay todavía mayoría para su aprobación", ha explicado Nadal, que posteriormente ha matizado que seguramente debía hablar de un quinto borrador de sentencia, puesto que no tenía conocimiento de uno nuevo.

Así las cosas, el presidente catalán se ha reafirmado ante el Govern en la opinión que se debe defender "con firmeza" el criterio de que el Estatut es constitucional y que hay que seguir aplicándolo.

"Efectos políticos limitados"
"El presidente no quiere abrir ninguna brecha de duda sobre la constitucionalidad del Estatut, por lo que no queremos actuar anticipadamente sobre la presunción de una sentencia que ahora no se conoce", ha abundado Nadal. En este sentido, el Gobierno catalán se ha mantenido al margen de las afirmaciones de Zapatero, que señaló que espera que la sentencia el Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña tenga "efectos políticos limitados".

Nadal ha señalado que "hasta que no conozcamos la sentencia no podremos decirlo" y ha recordado que para la Generalitat "cualquier sentencia limitativa tendría efectos, y el Govern se mantiene en su constitucionalidad y en poderlo aplicar en plenitud".

Montilla mantiene su plan de que, llegado el caso, convocará a las fuerzas políticas catalanas, desde "el conocimiento profundo de la sentencia", aunque en estos momentos ha dicho no tener "más motivos que otras veces" para pensar que habrá por fin sentencia.

Dejar trabajar al TC
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido, por su parte, que se deje trabajar al Constitucional para que concluya su proceso de deliberación interna sobre el Estatut, y de paso ha instado a los partidos políticos a no entrar a valorar ni especular con el impacto que pueda tener su sentencia mientras no se conozca su contenido.

"La sentencia se producirá cuando termine el proceso de deliberación del fallo, que depende exclusivamente del Constitucional", afirmó Zapatero en rueda de prensa en Washington en el marco de su participación en la cumbre sobre seguridad nuclear convocada por el presidente estadounidense, Barack Obama.

Para el jefe del Ejecutivo, lo conveniente es que los partidos políticos no hagan análisis ni aproximaciones sobre el impacto que pueda tener esa sentencia. "Dejemos trabajar bien al Constitucional", reiteró Zapatero, quien subrayó que así el tribunal podrá sacar una sentencia "positiva" que favorezca el entendimiento de nuestro sistema autonómico.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha instado a respetar el tiempo judicial para dictar sentencia sobre el Estatuto de Cataluña y ha asegurado desconocer si esta semana habrá ya una resolución al respecto.

La vicepresidenta ha asegurado ignorar si tras el debate que habrá este miércoles en el TC se procederá a una votación o no, y ha recordado que en otras ocasiones ya se han debatido otras propuestas. "Esperemos a ver qué ocurre y, en función de ello, tendremos tiempo de sobra para opinar, acatar cuando se dicte una sentencia y poder dar una opinión razonada".

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