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Recortes de Prensa   Miércoles 14 Abril  2010

 

 La República, una apuesta de esperanza
Manuel Muela* El Confidencial 14 Abril 2010

La evocación republicana de abril debería ser en este 2010 un estímulo de esperanza y de realismo para un país que asiste, todavía incrédulo, a la agonía del régimen de la Monarquía, carcomido por la corrupción y por la inepcia; incapaz, por ello, de dar respuesta a los graves problemas políticos y económicos de nuestra nación: un Estado endeudado, débil y fragmentado, dominado por los poderosos, y una sociedad angustiada, que no se siente dirigida para enfrentarse a los cambios que podrían permitir la salida de la ciénaga en la que nos encontramos.

En circunstancias como estas de España es cuando se nota la ausencia de una vigorosa sociedad civil: arrastramos déficits agudos en la educación, en la exigencia cívica y en el sentido participativo de la vida pública, valores todos que deben conformar un proyecto democrático nacional. Y es lógico que haya sido así, porque, a causa de nuestra atormentada historia y del fraude de la Transición, hemos carecido de las semillas de las que había de surgir el árbol de ese orden civil superior: las ideas del esfuerzo y de la exigencia han permanecido desterradas de la vida española, sustituyéndolas por principios acomodaticios, para facilitar la supervivencia y el aprovechamiento de los impostores.

Por eso, a la altura de 2010, no es posible aventurar cuándo llegarán a nuestro país la democracia y la República, como apuestas legítimas y esperanzadas de un futuro de libertad, sobre todo en un momento como el actual, en el que la ruina institucional y la quiebra económica están poniendo en peligro el equilibrio político y social de España, con la consiguiente amenaza para la convivencia pacífica y ordenada de los españoles.

El reconocimiento de esta situación apoya el rechazo expreso a la doctrina oficial imperante, para la que República y republicanismo son únicamente asunto de historiadores y estudiosos, sin nada que aportar al devenir del proceso político español. La aceptación fatalista de esas tesis interesadas es el peor servicio que se puede prestar no solo a la causa republicana, sino, lo que es peor, a la apuesta por la recuperación de la integridad democrática y el bienestar social para nuestra Patria.

La impostura de la clase dirigente
Después de la Guerra de España, tanto las ideas republicanas, fundamentadas en lo más genuino del liberalismo español, como los grupos sociales que las sostenían y fomentaban, fueron proscritos o exterminados. Su recuerdo y memoria desapareció de la faz de nuestro país. Fue la versión contemporánea de lo que Roma hizo con Cartago después de las Guerras Púnicas. Por eso, es inevitable que pase algún tiempo hasta que la sociedad española, presa en gran medida de la ocultación, de la mistificación del pasado inmediato y también del dolor de la memoria, sea propicia al renacimiento republicano: las clases dirigentes españolas han hecho un ejercicio magistral de impostura con los valores democráticos, para conservar sus privilegios y ahondar en la exclusión social y fiscal, que son las consecuencias más llamativas de su mantenimiento.

La magra experiencia democrática de todos estos años, la quiebra constitucional, reconocida por los propios protagonistas del régimen, y la ruina económica del país justifican la necesidad de un cambio de rumbo que permita la recuperación de instituciones de contenido genuinamente democrático y el fortalecimiento del Estado. Para ese objetivo, el pensamiento republicano, hasta ahora ausente de la política española, podría aportar propuestas que enriquezcan las decisiones que se adopten en los próximos tiempos.

Empezando por el debate actual y causante de la crisis constitucional, la estructura del Estado Autonómico, hay que apelar a la concepción republicana del Estado como instrumento para la civilización y el progreso de la sociedad. Ello obligaría, entre otras cosas, a establecer límites claros y precisos al derecho a la autonomía de las regiones, delimitando y cerrando su marco de competencias. La regulación de ese nuevo marco competencial habría de basarse en la idea de reforzamiento de los poderes del Estado, como garante de la libertad y la igualdad de los españoles, recuperando para el Gobierno nacional y las Cortes generales gran parte del poder perdido en educación, sanidad, vivienda y fiscalidad, por citar algunas materias sensibles.

Además, las competencias de los municipios, que son las administraciones más cercanas a los ciudadanos, deberían reforzarse y, por su parte, las Comunidades Autónomas tendrán que reestructurarse, sin descartar la desaparición de algunas de ellas, en beneficio de la eficacia y de la austeridad del poder público, teniendo en cuenta un horizonte de escasez de recursos como el que se avecina.

La partitocracia, que es una forma de dictadura que ha contaminado todas las instituciones, tiene que ser erradicada. Para ello son necesarios cambios en las leyes electorales en los que se debe buscar, además, el acomodo de la representación de las Cortes Generales a la realidad nacional: hay que terminar con la dictadura de los partidos, sustituyéndola por la capacidad de decisión de los individuos, que son los que han de elegir y exigir la responsabilidad a las personas que consideren más capacitadas. El sistema electoral debe buscar la constitución de mayorías claras, que permitan la ejecución de las políticas de interés general sin las limitaciones ahora existentes.

El Senado, superfluo y estéril
Con el objetivo de reforzar el órgano de la soberanía popular, las Cortes Generales, estas quedarían reducidas a una sola cámara, el Congreso de los Diputados, suprimiendo el Senado por superfluo y estéril. Se volvería así a la tradición liberal democrática, propia de los periodos más abiertos de nuestra historia constitucional.

Un nuevo Estado, estructurado sobre los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad, no podría ser auténtico si no elige a su propio Jefe, por sufragio universal, directo y secreto, para convertirlo en representante genuino de la nación, asignándole las facultades ejecutivas precisas para el ejercicio de sus funciones constitucionales. Porque España, con una democracia por construir y amenazada por la segregación territorial, no se puede permitir mantener la jefatura del Estado en manos de una institución que ensalza el privilegio y la desigualdad social, que son la antítesis de los valores exigibles en una sociedad abierta y democrática.

España forma parte de la Unión Europea, en la que los Estados sólidos, que tengan un claro proyecto nacional, gozan de preeminencia indiscutible. Nuestro país debe aspirar a ese objetivo y no puede continuar siendo rehén de quienes sostienen de forma dogmática que el régimen de 1978 es inalterable e inamovible, a pesar de su fracaso que, muchas veces de forma cínica, reconocen los defensores del mismo. Por ello es necesaria y urgente la revisión constitucional para romper el nudo gordiano que impide la superación de la crisis española. Al fin y al cabo es lo que hicieron, en su tiempo, otros socios nuestros de la UE, como son las grandes repúblicas de Alemania, Francia y la propia Italia.

La empresa del cambio no será fácil porque, aparte de superar el hastío y la desconfianza de muchos ciudadanos, habrá que desvanecer la impresión, cultivada conscientemente, de que los valores republicanos no contienen la respuesta de modernización y justicia que España necesita. A pesar de esas limitaciones, la apuesta por la República, como conclusión natural, integradora y nacional de la evolución constitucional de España debe ser el objetivo, no partidario, para republicanizar los espíritus de los españoles que aspiren a lograr la plenitud democrática del país.

*Manuel Muela, Presidente del CIERE.

El Tribunal Constitucional en su laberinto
Roberto Blanco Valdés La Voz 14 Abril 2010

Si son correctas las filtraciones que llegan de Domenico Scarlatti (no del gran compositor, sino de la calle madrileña donde el TCE tiene su sede) hoy debería producirse un nuevo intento -¡el quinto!- para aprobar una sentencia que resuelva al fin los siete recursos presentados contra el Estatuto catalán.

A tal votación se llega, como se sabe, en la peor situación imaginable: con un pleno que forman 10 y no 12 magistrados, pues uno ha fallecido (sin haber sido sustituido) y otro ha sido recusado; con una parte de los restantes magistrados muy pasados de mandato, ante la incapacidad del Parlamento (es decir, del PSOE y el PP) para renovarlos de acuerdo con lo que la Constitución manda de forma taxativa; y con una presidenta del Tribunal que ocupa el puesto mucho después del momento en que debería haberse producido su sustitución legal.

Por si todo ello fuera poco, el Tribunal ha sufrido desde el momento mismo en que, en el 2006, tuvieron entrada los recursos contra el texto catalán, un proceso de galopante desprestigio, no tanto como consecuencia de las presiones a las que ha sido sometido (algo que no puede evitar el Tribunal), sino por haber caído, a sabiendas, en muchas de las trampas que se le tendían desde fuera y por haber entrado, de un modo completamente irresponsable, en el devastador pantano de la politización.

De hecho, ha sido esa politización, perfectamente perceptible por quien tenga un mínimo de información sobre cómo funciona hoy el Tribunal, la que explica que este vaya a dictar sentencia (si es que lo hace, que ya veremos) con más de tres años de retraso: el Gobierno ha presionado hasta la extenuación para conseguir que no fuera declarado inconstitucional ningún artículo del texto estatutario, y ha sido esa presión la que ha impedido aprobar una sentencia con un apoyo sustancial.

Sin embargo, y pese a todo, si hay sentencia, solo será tras declarar inconstitucionales una docena y media de preceptos y fijar la interpretación que procede en otros tantos. Y es que lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible: el Estatut está hasta tal punto plagado de previsiones inconstitucionales que ni siquiera los magistrados que se han mostrado como aguerridos defensores del Gobierno han podido conseguir una sentencia que confirme lo que, también presionando, proclama, pro domo sua, el ministro de Justicia: que el texto es constitucional en su totalidad.

No lo es ni de muy lejos, y por eso, si hoy hay sentencia, será por la mínima. Incluso puede que por el voto de calidad de una presidenta del Tribunal que se deja abroncar ante las cámaras de televisión por Teresa Fernández de la Vega. Lo que es, claro, una prueba irrefutable de su indeclinable independencia.

España, entre las incoherencias de Zapatero y el desguace institucional
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 14 Abril 2010

Asomarse a los medios de comunicación es un ejercicio de riesgo para la sanidad mental del lector, el oyente o el espectador. Mucho más lo es para el internauta. Porque lo hoy derecho, mañana amanece torcido; lo hoy incuestionable, es relativizado mañana; la decisión de ahora, se corrige después. Y nada, o casi nada, funciona. Como el lobo no terminaba de llegar y ahora está merodeando el rebaño, Zapatero ya le ha dicho al Financial Times que, ahora sí, es tiempo de austeridad y que hay que conseguirla “cueste lo que cueste” y Celestino Corbacho ha anunciado, nada menos que en The Wall Street Journal que “habrá reforma laboral”. O sea que un Gobierno que no vio venir -ni aceptar– la crisis, que se introdujo en una alocada espiral de gasto público y asumió el populista discurso de los “derechos sociales”, acude a los portavoces del capitalismo anglosajón para confesar que vuelve al redil de una engañosa ortodoxia.

La reforma laboral que el Gobierno plantea es un puzle: rebaja el coste del despido pero lo compensa con dinero público; se deja guiar por el modelo alemán para lograr flexibilidad horaria y movilidad, y por el austriaco para establecer fondos de cobertura para el futuro de los trabajadores. La patronal dice saber poco de esta presunta reforma -¿qué pasa con la jubilación a los 67 años?- y los sindicatos trastean a ver cómo salvan los muebles sin declararle a Zapatero una huelga general. Las vacaciones presidenciales en Doñana han hecho su efecto: la caída del PSOE en las encuestas era literalmente libre y entre las muletas del caso Gürtel y las fotos del coche eléctrico, el plan de infraestructuras, los pactos de Zurbano y, ahora, la reforma laboral, el Ejecutivo toma oxígeno aun a costa de desdecirse punto por punto de cada una de sus tradicionales tesis.

Fuera de la Moncloa, que se ha instalado en el autismo, el país es un auténtico manicomio: el Tribunal Constitucional ha alcanzado grados surrealistas en su patológico funcionamiento (¿); el Tribunal Supremo está siendo zarandeado por unos y por otros, no sólo con querellas a sus magistrados, sino también con arremetidas desde observatorios mediáticos que quieren rescatar a Baltasar Garzón del inminente banquillo (llega a escribirse sobre “la pervivencia del franquismo judicial”). Unas asociaciones argentinas, demandan -¿a quién?- ante sus tribunales por los crímenes del franquismo; la Audiencia Nacional -siete años después del cerrojazo al periódico- revoca el cierre de Egunkaria y sugiere que pudieron producirse malos tratos y torturas a detenidos (¡como en los años ochenta¡); la oposición acusa a unidades policiales de predeterminar pruebas contra el PP para enfangarle, más aún, en los casos de corrupción; el presidente del Congreso, José Bono, está en la picota a propósito de su abultado patrimonio; el Ayuntamiento de Vic se propone delatar a los inmigrantes irregulares que empadrone; el ministro del Interior -como hace décadas- instruye a la policía para que no vuelva a cargar como lo hizo con los manifestantes del barrio valenciano de El Cabanyal -debe utilizar “la fuerza mínima necesaria”-; el presidente de los empresarios queda de nuevo en evidencia porque su liquidada aseguradora no la quiere nadie, ni regalada; las Cajas de Ahorros continúan sin avanzar en su necesaria reestructuración, con Isidro Fainé y Amado Franco en campaña electoral para presidir la CECA… y hasta podría ser que fuese cierta la hipótesis valleinclanesca de que desde el Gobierno de Esperanza Aguirre se ordenase espiar los movimientos de Manuel Cobo y Alfredo Prada.

¿Cuánto tiempo puede soportar esta permanente anomalía una sociedad en crisis como la española? ¿En qué momento quebrará todo este despropósito insensato y continuado de incoherencias y dislocaciones institucionales que convierten la política española en un manicomio? ¿Qué miedo intuye el Gobierno para dar estos bandazos sin convicción reformadora y con ánimo de simple apariencia? Preguntas sin respuestas. Ese es el problema: quienes nos gobiernan no tienen capacidad de respuesta; la crisis está por encima de sus posibilidades; la falta de creencia de los ciudadanos en la política podría ser irreversible y el sistema se está quedando viejo y ajado, sin versatilidad para estos tiempos de crisis. Si salimos de ésta, que saldremos, habrá que hacer un repaso serio de qué hemos hecho para llegar hasta esta sintomatología propia de una enfermedad psiquiátrica colectiva.

Y para que no falte la astracanada clerical, la Iglesia católica, a través del Osservatore Romano dice que los pecados de los Beatles, ante sus muchos méritos y “bellísimas canciones”, parecen ahora algo “lejano e insignificante”. Quizás Julián Marías no escribiría hoy su gran obra: España inteligible. Sencillamente porque no lo es. Vuelve a ser ininteligible.

La Voz Libre: sólo un año
Manuel Romerowww.lavozlibre.com 14 Abril 2010

Hasta el año pasado, yo asociaba el 14 de abril a la proclamación de la II República Española y al nacimiento de mi hija Sara. Un poco de coincidencia y otro tanto de intención quiso que a las 20.00 horas del 14 de abril de 2009 decidiera que ‘La Voz Libre’ estuviera accesible sin claves en la red, para todos los internautas.

El periódico nació con ingredientes de los dos acontecimientos que le precedieron: una explosión de júbilo y mucho cariño. Afortunadamente, a lo largo de estos últimos 365 días, ‘La Voz Libre’ ha crecido con la fortaleza, seguridad y alegría de mi hija, y no con las convulsiones, desgastes y enfrentamientos de la República.

Un año después, ‘La Voz Libre’ es uno de los digitales más dinámicos, jóvenes y sin complejos ideológicos del panorama de la red. Nació con un objetivo: informar de las contradicciones de la realidad nacional española y, especialmente, de la falta de libertad lingüística en el ámbito de la enseñanza, del comercio y de la Administración Pública en algunas Comunidades Autónomas.

No ha habido un solo día en el que, entre la docena de titulares que componen el cuerpo principal de nuestro periódico, no destacaran dos o tres que dieran a conocer testimonios de jóvenes que no pueden estudiar en español en España, o denunciaran la discriminación que sufren particulares o empresas por el hecho de usar el idioma común que consagra el hábito de siglos y la Constitución.

Otra de nuestras intenciones ha sido dirigirnos a los lectores más jóvenes, aquellos que acceden a Internet después de clase en colegios, institutos o universidades. Primero, porque es el lector que mayoritariamente enciende el ordenador. Segundo, porque nuestro espíritu innovador y nuestras posiciones, en ocasiones vehementes, están reñidas con la cautela que frecuentemente anida en las personas que acumulan un mayor número de años. A veces es necesario dejar la prudencia al margen para transmitir aquello por lo que nacimos.

El nombre del periódico está relacionado con la expresión oral, es decir, con la lengua y el lenguaje, al que antes aludía, y también con la Libertad. En estos tiempos en los que sistemáticamente se distribuyen conceptos a diestra y siniestra como quien reparte cartas y comodines, esperando que los ciudadanos y votantes sigan el mismo juego, es enormemente audaz y hasta osado devolver las cartas para volver a barajarlas.

No nos plegamos a clichés preestablecidos. Por ejemplo, la defensa del español como idioma común y la liberad de uso, como derecho indiscutible, parece estar ligado a la derecha. La defensa de la libertad, la igualdad sexual y de los colectivos de gays, lesbianas y transexuales, a la izquierda. Los toros, pertenecerían a la derecha. El laicismo, a la izquierda. Y así, hasta el infinito, convirtiendo cada posición y hasta cada actitud de la vida cotidiana en una etiqueta partidaria.

A lo largo de estos 12 meses hemos conectado con una ciudadanía que mayoritariamente reparte y picotea sus posiciones entre lo que calificaríamos derechas e izquierdas, sin importarles aparentes contradicciones ideológicas. Eso ha llevado a que muchos de ellos hayan encontrado en nuestro periódico una bocanada de aire fresco, un espacio sin clasificar, en el que las posiciones no están ligadas a ideologías encorsetadas por un sastre.

Cerca de un millón y medio de visitas al mes en una línea ascendente nos animan a seguir la senda de que los ciudadanos comparten valores, tradiciones, filias y fobias sin ajustarse a las férreas fronteras establecidas por los partidos y transmitidas con seguidismo por la mayoría de los medios de comunicación. Ahora tenemos por delante un gran reto, tal vez superior que cuando nacimos: mantener nuestra independencia mientras nuestros labios se acercan al borde de la copa de las mieles.

Somos un equipo joven, generoso y amante del periodismo. Nuestra aspiración es informar y defender causas nobles. Prometemos seguir esta línea. Y queremos que ustedes se conviertan en nuestros testigos.

Bye, bye, alliance of civilizations
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC

¿QUÉ diablos hace este hombre en Washington? Porque la conferencia nuclear convocada por Obama es justo lo contrario de su Alianza de Civilizaciones. La Alianza de Civilizaciones trataba de abrazar a los enemigos. La cumbre nuclear trata de aislarlos y penalizarlos. De ahí que no se haya invitado a los que Bush llamaba «estados delincuentes» -Irán, Corea del Norte-, decididos a convertirse en potencias atómicas y que se busque la forma de impedirlo. Obama consiguió ya un triunfo la víspera, al lograr que el presidente chino, Hu Jintao, apoyase su paquete de medidas contra Irán, algo a lo que venía oponiéndose, al temer que los iraníes les cortasen sus suministros de petróleo. La promesa norteamericana de que se le suministrarán por otro lado, ha vencido sus renuencias. Ahora falta convencer a los demás, a los rusos y franceses, que temen por sus exportaciones a Irán. Obama ya se reunió con Medvedev y Sarkozy y lo esta haciendo con sus colegas de Ucrania, Nigeria y Sudáfrica, todos ellos con intereses en uranio y petróleo.

¿Qué hace en esa reunión Zapatero, sin ninguna de ambas cosas? Pues hace bulto. Se le ha invitado, acude encantado y cuando, al finalizar, Obama pida a los 47 reunidos que guarden sus residuos nucleares bajo siete llaves y sanciones para los delincuentes, será el primero en prometerlo. ¡Adiós Alianza de Civilizaciones! ¡Adiós a esa debilidad de la izquierda por los marginados, por los perseguidos, por los «fuera de la ley»! Ahora toca perseguirlos, como toca perseguir a ETA, después de haber hecho manitas con ella.

Es curioso que los mismos que criticaban a Aznar por seguir los pasos de Bush sigan ahora los de Obama con la misma devoción canina, no del todo correspondida, pues Bush al menos permitía a Aznar poner los pies en la mesa de su rancho, mientras Obama no ha invitado todavía a Zapatero a su casa e incluso ha cancelado la prometida visita a España.

Pero, en fin, si Obama le hace olvidar ese juguete de la Alianza de Civilizaciones, que nos está costando un dinero sin servirnos para nada, bienvenido sea el seguimiento. Aunque, ¿saben ustedes una cosa? Yo, que Obama, no me fiaría demasiado. Alguien que cambia de actitud de un día a otro sin justificarlo ni siquiera admitirlo, puede volver a la actitud anterior sin pestañear. Hay quien dice que Zapatero no ha roto del todo con ETA y que, si se le presenta la ocasión, volverá a negociar con ella. Del mismo modo, si mañana le conviniese volver a estrechar lazos con los «estados delincuentes», lo haría con ese gesto tan suyo de abrir los brazos y «a mí, que me registren».

¡Ah! Lo más importante: allí no se habla de la crisis económica. ¡Qué alivio! ¡Y qué pena tener que volver a España!

España
Enésimo debate del Constitucional para estudiar el Estatuto catalán
El Tribunal lleva más de tres años sin resolver el recurso del PP
Agencias www.lavozlibre.com 14 Abril 2010

Madrid.- El Tribunal Constitucional se reunirá de nuevo hoy en Pleno para discutir sobre el último borrador, el quinto, que presenta al debate la magistrada Elisa Pérez Vera, ponente de la sentencia que debe dictarse en relación con el recurso presentado contra el Estatuto de Cataluña por el PP.

Fuentes del alto tribunal señalaron que a esta sesión Plenaria, que puede prolongarse al jueves, también van otros asuntos, tales como la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno para paralizar los derribos en el barrio valenciano del Cabanyal.

Los diez magistrados que discutirán sobre el 'Estatut' -queda fuera Pablo Pérez-Trems, recurrido por el PP, y hay una plaza vacante tras el fallecimiento de Roberto García Calvo-, tendrán sobre la mesa un fallo que anula una quincena de artículos y somete a otros 24 a interpretación. Es decir, estos últimos se aceptarían siempre y cuando las leyes que los desarrollen respeten los criterios que el Tribunal Constitucional establezca en su resolución.

El Tribunal debe estudiar más adelante, además del recurso formulado por el PP contra 125 artículos del 'Estatut', los recursos interpuestos contra la norma catalana por el Defensor del Pueblo y las comunidades de Valencia, Aragón, La Rioja, Baleares y Murcia, aunque muchos de los artículos impugnados en estos escritos son los mismos que los recurridos por el Partido Popular.

En la sesión de hoy podría tratarse la aprobación definitiva de la sentencia, que lleva discutiéndose en este órgano desde hace más de tres años, aunque la división existente en el alto tribunal hace difícil un acuerdo.

Otras fuentes señalan que es probable que, de darse luz verde al borrador, únicamente se dé a conocer el fallo en espera de que se redacten los votos particulares que previsiblemente presentarán algunos de los magistrados sobre diversas partes del texto.

La convocatoria crea gran expectación, ya que los magistrados del Constitucional han venido celebrado los últimos meses diversas reuniones informales para tratar de llegar a un acuerdo aunque el Pleno no se había convocado para tratar la sentencia del 'Estatut' en lo que va de año.

Los diferentes borradores que ha ido presentando Pérez Vela no han contado hasta el momento con el consenso suficiente para ser aprobados, y de hecho existiría un empate técnico que sólo podría resolverse con el voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas.

En una votación realizada a modo de 'sondeo' el pasado mes de noviembre se evidenció que a favor de la ponencia estarían, además de su autora, la presidenta del Tribunal, María Emilio Casas y los magistrados de tendencia progresista Eugenia Gaya y Pascual Sala.

En contra estarían posicionados los magistrados Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapatea y Javier Delgado, todos ellos situados en el sector conservador del tribunal. En un tercer bloque, según especulaciones de los últimos meses, se situarían los tres magistrados que pueden tener la clave para la aprobación definitiva del texto, el vicepresidente Guillermo Jiménez y los magistrados Ramón Rodríguez Arribas y Manuel Aragón Reyes.

Se da la circunstancia de que tanto Casas como Guillermo Jiménez y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata concluyeron su mandato en diciembre de 2007 sin que el Senado, a quien corresponde su renovación, hubiera podido alcanzar el consenso necesario para lograrlo.

El Pleno del alto tribunal venía reuniéndose al menos uno o dos días a la semana para tratar de este asunto desde la última semana de febrero de 2007, si bien las discusiones sufrieron después varias paralizaciones, y en lo que va de año no se ha convocado ningún Pleno monográfico para tratar los recursos al 'Estatut' catalán.

ZAPATERO PIDE RESPETO Y DEJAR "TRABAJAR BIEN"
Ayer, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió respeto y dejar "trabajar bien" al Tribunal Constitucional, al responder una pregunta durante la rueda de prensa ofrecida en Washington.

Tras asegurar que el fallo "depende exclusivamente" del Constitucional y de su proceso de decisión interno, Zapatero consideró conveniente que "desde la responsabilidad política no se hagan aproximaciones y análisis" sobre el impacto que tendrá dicha sentencia.

"Dejemos trabajar bien al Tribunal Constitucional", sentenció Zapatero, quien pidió respeto de todos para que "trabaje bien y haga una sentencia positiva, porque favorezca el entendimiento del sistema autonómico, la integración y el buen funcionamiento de las autonomías".

Por su parte, el presidente catalán, José Montilla, informó ayer a los 'conselllers' del Govern de que no le consta que haya una mayoría aún para dictar una sentencia, por lo que llamó a seguir defendiendo su plena constitucionalidad, según explicó el portavoz del Ejecutivo, Joaquim Nadal.

"El presidente no quiere abrir ninguna brecha de duda sobre la constitucionalidad del 'Estatut', por lo que no queremos actuar anticipadamente sobre la presunción de una sentencia que ahora no se conoce", apuntó Nadal.

La ponencia del Estatuto llega hoy al Pleno del TC sin garantías de aprobación
Sólo 48 horas antes de la convocatoria eran mayoría los magistrados que la rechazaban
NIEVES COLLI | MADRID ABC 14 Abril 2010

Las posiciones
A favor
Los únicos magistrados que se han mostrado incondicionales a favor de la sentencia de Elisa Pérez Vera son los progresistas Pascual Sala y Eugeni Gay, además de la presidenta, María Emilia Casas. Dentro del grupo progresista, más reticente se ha mostrado Manuel Aragón, cuyo voto dependerá de la solución que se dé a determinados aspectos del Estatuto catalán.
En contra
Tres son los magistrados que no han variado un ápice su posición contraria a la sentencia: Javier Delgado, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde, todos ellos encuadrados en el sector conservador. Al vicepresidente, Guillermo Jiménez se le ha colocado en ocasiones a favor, igual que a Ramón Rodríguez Arribas. A cuarenta y ocho horas de la reunión del Pleno, sin embargo, vuelve a situarse a ambos magistrados en posiciones contrarias a la sentencia avalada por Casas. Lo mismo ocurre con el vocal progresista Manuel Aragón.

«En este momento, todas las posibilidades siguen abiertas». Son palabras de fuentes del Tribunal Constitucional en vísperas de la reunión en la que los diez magistrados que integran el Pleno de este órgano retomarán, después de varios meses de encuentros informales, las deliberaciones sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado en el verano de 2006 por el Partido Popular contra el Estatuto de Cataluña.
A esta conclusión han llegado las citadas fuentes como consecuencia de algunos vaivenes que, a estas alturas, siguen produciéndose en el seno del TC. Apenas a dos días de la reunión, vuelven a torcerse las cosas para la ponente, Elisa Pérez Vera, y para la presidenta, María Emilia Casas, y el apoyo por la mínima (6-4) que se aventuraba hace dos semanas parece haberse invertido por un 6-4 en contra. En las reuniones de hoy y de mañana, aseguran, «puede pasar cualquier cosa».

Ni el empate
Con un seis cuatro en contra, la quinta ponencia elaborada por Pérez Vera no contaría ni con el apoyo del magistrado progresista Manuel Argón, ni tampoco con el del vicepresidente, Guillermo Jiménez, los dos votos que durante los meses de reuniones y negociaciones parecían haberse garantizado la ponente y la presidenta. Antes de Semana Santa, existía cierto optimismo incluso respecto a la posibilidad de captar un séptimo voto (el del también conservador Ramón Rodríguez Arribas) que habría dado mucha más fuerza a la resolución y habría limitado a tres los votos particulares en contra. Los incondicionales de la sentencia serían en este momento, junto a Casas y Pérez Vera, Pascual Sala y Eugeni Gay.

En esta tesitura, María Emilia Casas tampoco podría hacer valer su voto de calidad -opción que ha desechado hasta ahora con la esperanza de sacar adelante una sentencia con un número mayor de apoyos- al no haber siquiera un empate a cinco.

Esta es la situación de incertidumbre que, según varias fuentes, vive el Tribunal Constitucional en las horas previas a un Pleno que se perfila como definitivo. Junto a las crecientes presiones externas que recibe el TC, son muchos los magistrados que han puesto de manifiesto que el texto que hoy presente la ponente debe ser votado «pase lo que pase» y sean cuales sean los apoyos que logre. Y en caso de ser rechazado, añaden, lo más natural sería un cambio de ponente, como sucede con frecuencia en los tribunales ordinarios. Sin embargo, nadie pone la mano en el fuego ni se aventura a asegurar que, en la práctica, llegue a producirse la deseada votación.

El texto sobre el que discutirán mañana los diez magistrados declara la inconstitucionalidad de varios de los aspectos que constituyen el núcleo duro del Estatuto catalán. Los artículos anulados son unos diez o quince, y podría haber otra veintena de cuestiones cuyo encaje constitucional dependerá de que su interpretación por la Generalitat se amolde a los criterios que marque el Tribunal en la sentencia.

Los aspectos del Estatuto sobre los que las deliberaciones del TC parecen eternizarse son los que en Cataluña se consideran irrenunciables. Se trata de todo lo relacionado con la definición de esa Comunidad como «nación». Así, los símbolos nacionales, la lengua o la bilateralidad de las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno de la Nación. Junto a ellos, la financiación autonómica, la existencia de un poder judicial propio, la organización territorial, los derechos históricos o el blindaje de las competencias.

Dos días de Pleno
El Estatuto no es el único punto que figura en el orden del día del Pleno. Los magistrados debatirán en primer lugar otros cuestiones, entre ellas el recurso del Gobierno contra el derribo del barrio de El Cabañal, en Valencia. Por eso no es descartable que las deliberaciones sobre la norma catalana se prolonguen hasta mañana, jueves, e incluso que se habiliten los días sucesivos.

En el hipotético caso de que el texto de la ponente se vote y se apruebe, la sentencia íntegra podría no conocerse hasta la próxima semana, pues los magistrados que se opongan y decidan expresar su disensión por escrito, disponen de cinco días para redactar sus votos particulares. El Tribunal podría dar a conocer el fallo, aunque esta decisión depende, en última instancia, de su presidenta.

El origen de la muralla
ANDRÉS FREIRE ABC Galicia 14 Abril 2010

El cartel informativo llamó nuestra atención ya hace unos meses. Situado en la Puerta del Sol viguesa, forma parte de una amplia colección de textos que, a lo largo del centro de Vigo, intenta explicar de forma sucinta la historia de los más señalados espacios de la ciudad. En este caso, nos relata que la Puerta del Sol surge como muralla primigenia de Vigo, y que fue construida en 1669 «con objeto de defender a la ciudad durante la larga guerra que enfrentó a la Reforma contra las monarquías del Papado».

Un lector no avisado —un turista extranjero o un sufridor de la LOGSE, por ejemplo— se pregunta atónito qué larguísimas guerras religiosas obligaron a construir una muralla que defendiera Vigo en el siglo XVII. Piensa acaso que la referencia es demasiado vaga y genérica. Si sabe algo de historia, recuerda que las guerras religiosas asolaron Europa un siglo antes y acabaron en Westfalia (1648). En consecuencia, al inexperto lector le cuesta entender el sentido de lo que lee.
Un nativo, en cambio, entiende pronto el mensaje. Sabe que la historiografía para masas en Galicia, la de conmemoraciones y carteles, prohíbe cualquier alusión a España, de modo que sería tabú escribir en el texto una referencia más veraz y comprensible, tal como «esta muralla se construyó para defender Vigo contra portugueses y aliados durante la larga guerra por la independencia de Portugal».

En los tiempos que corren, es de mal gusto recordar que hubo épocas en que los gallegos luchaban tenazmente en nombre de España.

El lector avisado tampoco se sorprende. Con el tiempo, se ha ido acostumbrando a estos extraños silencios o a estas alambicadas expresiones cuando la Galicia oficial recuerda nuestra historia y a sus gentes. Los periódicos celebran hoy el centenario de un Gonzalo Torrente Ballester que nunca perteneció a la Falange.

De igual modo, Rosalía de Castro no renegó de su «dialecto» (la palabra es de Rosalía) en sus últimos años. Aunque mi favorito sigue siendo el libro de texto que nos explica que Vicente Risco «se retiró de la política en 1934». Entendemos aquí a sus autores: ¿Cómo explicar que uno de los nuestros, uno de los buenos, acabara apoyando calurosamente a los franquistas?

Me imagino que estas quejas mías no parecen más que chascarrillos de un reaccionario. El pasado —nos explica la moderna y escéptica historiografía— se construye tanto como el futuro. Y los dueños del pasado hoy en Galicia desean que el pueblo llano tenga claro quiénes son los buenos, quiénes los malos, quiénes los nuestros.

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Si el Pleno no cierra un acuerdo la sentencia se podría retrasar hasta después de las catalanas
El TC afronta otro debate del Estatut sin una mayoría que apoye el fallo
Madrid - Ricardo Coarasa La Razón 14 Abril 2010

El último borrador de la sentencia sólo cuenta con el apoyo de cuatro de los diez magistrados del Pleno del TC.

El rompecabezas en el que se ha convertido la deliberación de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) sobre la sentencia del Estatuto de Cataluña se enfrenta hoy a una nueva prueba del algodón. Por primera vez este año, el Pleno del TC incluye en su orden del día el debate sobre el quinto borrador del esperado fallo. No es el único punto, pues de hecho los magistrados decidirán antes sobre el recurso presentado por el Gobierno para paralizar los derribos en el barrio valenciano de El Cabanyal. Pero pese a las expectativas que ha levantado esta reunión de los diez magistrados con derecho a voto (que continuará mañana), las fuentes jurídicas consultadas no confían en que esta vez sea la vencida. Y es que los apoyos que ha concitado la última propuesta de la ponente, Elisa Pérez Vera, siguen siendo precarios. Al margen de esta última, únicamente apoyan el texto (que anularía una quincena de artículos de la norma) la presidenta, María Emilia Casas, y los magistrados Eugeni Gay y Pascual Sala, todos ellos del sector «progresista».

La dificultades para sumar nuevos respaldos hacen que cobre cada vez más fuerza la posibilidad de que la sentencia del Estatut se retrase hasta después de las elecciones catalanas, previstas para el próximo noviembre. Ese mismo mes, para más inri, expira el mandato de tres de los magistrados que deben decidir sobre el Estatut (Pérez Vera, Gay y el «conservador» Javier Delgado), que se suman a los otros cuatro (Casas incluida) que están en idéntica situación desde diciembre de 2007. Que siete de los diez magistrados que deberían resolver el futuro del Estatut estuviesen en funciones podría acelerar, incluso, la renovación de las vacantes y dejar en manos de un renovado Pleno del TC la resolución sobre la normativa autonómica. Algo que, sin duda alguna, retrasaría aún más si cabe la sentencia, pues obligaría prácticamente a empezar de cero al Constitucional.

A día de hoy, los esfuerzos del sector «progresista» para evitar aplazar el fallo hasta después de las elecciones catalanas pasan por sumar al menos un apoyo entre los magistrados renuentes. Con los «conservadores» Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde no parece haber muchas posibilidades de llegar a un acuerdo. La prioridad, en consecuencia, es atraerse al vicepresidente Guillermo Jiménez (que pese a su adscripción «conservadora» se ha alineado en ocasiones con el ala «progresista») y, sobre todo, al también «progresista» Manuel Aragón. Conseguir una mayoría de siete magistrados se antoja, pues, casi una utopía en estos momentos, cuando ni siquiera está garantizado el plácet del quinto voto (que, en todo caso, obligaría a Casas a desequilibrar la balanza con su voto de calidad, una posibilidad cada vez menos remota).

ANÁLISIS. La definición de nación aleja el acuerdo
¿Cuál es el principal obstáculo para alcanzar el consenso?
–La definición de Cataluña como nación entorpece el acuerdo. Para algunos magistrados no tiene efectos jurídicos y se puede pasar por alto. Otros, sin embargo, defienden que permitirla avalaría también la referencia a los símbolos nacionales del articulado.

¿A qué artículos afectaría la inconstitucionalidad?
–Sobre todo, a los que hacen referencia al Poder Judicial en Cataluña (once de los 15 artículos están recurridos). El actual borrador ya deja claro que es el Tribunal Supremo, y no el TSJ catalán, la última instancia judicial en Cataluña.

¿Hay otros artículos en discusión en el último borrador de la sentencia?
–Al margen de los 15 declarados inconstitucionales, el TC reinterpreta otra veintena, lo que sin duda condicionaría su posterior desarrollo legislativo y el alcance de las competencias.

Los siete recursos contra el Estatuto catalán
El PP fue el primero en denunciar la inconstitucionalidad del texto por entender que se trata de "una Constitución paralela"
EFE. MADRID ABC 14 Abril 2010

El 31 de julio de 2006 el Partido Popular fue el primero en presentar un recurso de inconstitucionalidad por entender que se trata de "una Constitución paralela". Impugna diversos apartados de un total de 114 artículos, nueve disposiciones adicionales y dos finales del estatuto, que, en opinión de los populares, "quiebra los principios de libertad e igualdad entre los españoles que establece la Carta Magna". El 28 de septiembre de ese año el Tribunal comunicó la admisión a trámite del recurso. La ponente es la magistrada Elisa Pérez Vera.

A la vuelta del parón vareniego, el 19 de septiembre, el Defensor del Pueblo presentó un recurso contra 112 artículos y cuatro disposiciones adicionales, referido a siete aspectos: derechos y deberes, lengua, competencias, justicia, Sindic de Greuges, relaciones bilaterales con el Estado y derechos históricos y carácter nacional. El 11 de octubre se hizo pública la admisión a trámite del recurso.

En noviembre, el Parlamento catalán y la Generalitat solicitaron la acumulación de los recursos presentados en cuanto a su tramitación y decisión final, que más tarde fue ampliada a los otros recursos interpuestos por algunas autonomías. El 28 de mayo de 2007 el TC rechazó acumular en uno todos los procesos. El recurso del Defensor del Pueblo dio lugar a una iniciativa parlamentaria de IU-ICV de reprobación y cese de Enrique Múgica, que fue rechazada en febrero de 2007. El ponente de este recurso es Pascual Sala Sánchez.

El 25 de septiembre el Gobierno de Murcia recurrió varios aspectos del artículo 117 del Estatuto, relativo al agua y las obras hidráulicas. Murcia rechaza que se otorguen a la Generalitat plenos poderes para fijar el caudal ecológico del río Ebro que discurre por nueve comunidades autónomas. El TC admitió a trámite el recurso el 24 de octubre.

Dos semanas después, el 11 de octubre, el Gobierno de La Rioja interpuso un recurso contra doce artículos, siete disposiciones adicionales y una final, relacionados con la gestión del agua, denominaciones de origen supracomunitarias, sistema de financiación, y el principio de bilateralidad en las relaciones Estado-Generalitat. El tribunal admitió a trámite el recurso el 24 de octubre.

Pugna por el Archivo de la Corona de Aragón
A este le siguieron dos el mismo día. El 19 de octubre, el Gobierno de Aragón, que recurrió una disposición adicional, referente al Archivo de la Corona de Aragón.

El Gobierno aragonés, única comunidad gobernada por el PSOE que ha recurrido el texto catalán, entiende que el Archivo de la Corona de Aragón -ubicado en Barcelona- es un ente indivisible que debe ser gestionado por las cuatro comunidades implicadas -Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia- y el Gobierno central y que la regulación del estatuto catalán modifica las competencias del aragonés en esa materia. El 14 de noviembre el TC hizo pública la admisión a trámite del recurso.

La Generalitat Valenciana siguió los pasos del Ejecutivo aragonés y decidió recurrir aspectos relativos al Archivo de la Corona y los recursos hídricos, así como el modelo de financiación incorporado al Estatuto por entender que "atenta" contra la solidaridad entre autonomías. Como en los casos anterior, el TC también lo admitió a trámite y así lo comunicó el 14 de noviembre.

Finalmente, un día después, el 20 de octubre, el Ejecutivo balear también presentó su recurso por considerar que el Estatuto contraviene la Constitución en lo referente al Archivo de la Corona de Aragón. Denuncia que "se apropia indebidamente" de este Archivo sobre el que los ciudadanos de las islas tienen "unos derechos históricos irrenunciables". Como en el caso del recurso valenciano, el TC comunicó su admisión el 14 de noviembre.

Antes de la aprobación del Estatuto, el 2 de noviembre de 2005, el PP interpuso un recurso de amparo ante el TC contra la decisión de la Mesa del Congreso de tramitar el texto como una reforma estatutaria, al entender que el procedimiento acordado suponía un "fraude constitucional", ya que se producía un cambio en la Constitución. Pero el 15 de marzo de 2006 el Tribunal notificó que no lo admitía a trámite.

política vasca
López defiende la presencia de las víctimas en los colegios para "contar la realidad de este país"
El objetivo del lehendakari es "desmontar los falsos argumentos" en que se apoya ETA
AGENCIAS | BILBAO El Correo 14 Abril 2010

El lehendakari Patxi López ha defendido que las víctimas del terrorismo acudan a los centros escolares a explicar su experiencia y narrar a los estudiantes "la realidad de lo que ha sucedido y sucede en este país". López ha negado que esta iniciativa busque promover el "victimismo" y ha explicado que sólo persigue "desmontar los falsos argumentos" que justifican la violencia terrorista.

En una entrevista concedida a RNE, López ha respondido de esta manera a las objeciones de los partidos nacionalistas a esta iniciativa recogida en el borrador del nuevo Plan de Educación para la Paz del Gobierno y ha expresado su convicción de que los grupos políticos alcanzarán finalmente "un consenso en un asunto que precisa de unidad". Un plan que será aprobado en próximas semanas para ser después debatido en sede parlamentaria.

El presidente vasco ha sostenido que la presencia directa o indirecta, a través de testimonios escritos o audiovisuales, de las víctimas del terrorismo en los colegios e institutos de Euskadi "no es para hacer victimismo, es para contar la realidad de lo que ha sucedido y sucede en este país, es una pieza más de esa búsqueda de la deslegitimación de esos falsos argumentos a los que todavía algunos acuden para legitimar la violencia". "Queremos que en este país no haya ni un solo joven que se base en esos falsos argumentos, que piense que Euskadi es una patria oprimida por no sé quién y que hay que matar a quien piensa diferente para liberarla, y eso ha sucedido en este país", ha añadido.

Para el lehendakari los jóvenes vascos deben aprender en la escuela que "Euskadi es un país democrático, que en Euskadi hay derechos y libertades, que se pueden defender todas las ideas y que hay víctimas por haber defendido precisamente eso, la libertad, la democracia, los derechos y las libertades de todos. Hay que contar lo que ha sucedido y sucede en este país de primera mano para que nadie caiga en errores". Y es que, según ha dicho, "nadie nace en este país queriendo ser terrorista, sino que se le inculcan ideas para serlo y lo que queremos es desmontar todo esto y empezar desde uno de los ámbitos fundamentales como es la escuela".

Encuestas
López ha hablado también de los resultados de las encuestas que indican que la mayoría de los vascos se oponen al pacto PSE-PP o que son muchos más quienes piensan que el PNV volverá al poder dentro de tres años que aquellos que confían en que los socialistas conservarán Ajuria Enea, y ha subrayado que estos estudios demuestran al mismo tiempo que las políticas del Gobierno vasco "son muy bien valoradas". Así, y tras destacar que el Gobierno vasco publica los sondeos "de forma inmediata, sin ninguna censura y sin cocina previa como pasaba antes", ha asegurado que los resultados antes mencionados "no me preocupan en absoluto siempre que lo que hace el Gobierno sea ampliamente respaldado, y estoy convencido de que al final estas encuestas acabarán dando la vuelta cuando lleguen unas elecciones".

Ha dicho a continuación que la intensidad de crítica al acuerdo PSE-PP está descendiendo respecto al inicio de la legislatura. "Es verdad que al principio el pacto se presentó como un frente antinacionalista y la realidad está desmontando esta afirmación. Sí, estoy convencido (de que ganaremos las próximas elecciones y seguiremos gobernando), este proyecto necesita de más de una legislatura para ver los efectos del cambio".

Lucha contra ETA
Al ser preguntado por las recientes declaraciones de algunos dirigentes del PNV en las que abren la puerta a que PSE y Batasuna mantengan "puentes estables" de relación, ha dicho que se trata de una afirmación "totalmente falsa" y ha explicado que nace de "aquella famosa frase o cosa que dijo Mayor Oreja y el PNV lo ha querido aprovecha para meter cizaña entre PSE y PP. Mayor Oreja cruzó todas las líneas de la decencia política".

"Los Gobiernos vasco y español está luchando con más firmeza que nunca todos los días contra ETA, hace poco aprobando reforma para impedir que las tapaderas de ETA puedan estar en las elecciones. Utilizar eso para atacar al adversario me parece ruin y las primeras críticas surgieron del PP vasco", ha agregado.

Garzón
El lehendakari ha afirmado que "algunos" jueces "avalan la utilización perversa de uno de los grandes logros del sistema democrático: la vía de la acusación popular". López se ha referido así a las acusaciones populares que impulsan el proceso contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que mantuvieron el caso Egunkaria o que le sentaron en el banquillo de los acusados a él mismo junto al ex lehendakari Juan José Ibarretxe por mantener reuniones con dirigentes de Batasuna.

Se ha referido al proceso que Manos Limpias y Falange Española han iniciado contra Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo y ha apuntado que en esta tramitación judicial "hay un doble rasero; hay demasiada connivencia con quien acusa", según ha indicado, aunque ha resaltado que "hay que esperar a que se pronuncie la Justicia".

El 86% de la información de las web de la Generalitat sólo está en catalán
Julia Urgel. www.gaceta.es 14 Abril 2010

La mitad de las páginas oficiales no permite traducir su contenido al castellano. Según la Asociación por la Tolerancia, la versión en español “presenta deficiencias” y está desactualizada.

Barcelona.- Sólo un 50% de los sitios web oficiales de la Generalitat (www.gencat.cat) ofrece la posibilidad de traducir sus textos al castellano o al inglés. Según la Asociación por la Tolerancia, órgano que promueve el bilingüismo en Cataluña, “el 86% de la información no está disponible en castellano” y la que se encuentra en ambos idiomas “presenta deficiencias”. Esta versión suele presentar información desactualizada o incluye menos información.

Lea la información completa en la edición impresa de LA GACETA.

La célula que asesinó al policía francés pertenece al nuevo organigrama, formado por unos 20 individuos
ETA ha creado una estructura paralela para evitar detenciones
Madrid - J.M.Zuloaga La Razón 14 Abril 2010

Los autores del robo, el pasado 16 de marzo, de seis automóviles en un concesionario de Villiers-en-Biere, cerca de París, y el posterior asesinato del brigadier de la Policía Jean Serge Nerin, pertenecen a una nueva estructura que ha creado ETA para tratar de evitar las continuas detenciones, que se han producido desde la ruptura del alto el fuego, en junio de 2007.

El grupo asaltante, integrado, al menos, por siete terroristas, según reconoció la banda en su último comunicado, formaba un «comando especial», integrado en esa nueva estructura, de la que forman parte una veintena de pistoleros. ETA la ha creado con el máximo secreto y ha seleccionado a individuos a los que considera «limpios» de posibles vigilancias policiales.

Entre ellos, pueden estar algunos de los que participaron, en pleno alto el fuego, en el robo de armas cortas en un almacén de Vauvert y otros que han huido a Francia en los últimos tiempos. De hecho, el único detenido tras el robo de automóviles y el posterior tiroteo, Joseba Fernández, había sido declarado en búsqueda y captura por la Audiencia Nacional sólo una semana antes.

La seguridad se ha convertido en una obsesión para los jefes de la banda que, además de ser detenidos, contemplan con impotencia cómo las medidas que ponen en marcha no sirven de nada. Este nuevo intento, según expertos consultados por LA RAZÓN, recuerda al que ETA realizó en 2004. Detrás del «aparato internacional», que denominaba «Nasa», se escondía un organigrama completo que debía entrar en acción si se producía una operación policial con la suficiente magnitud como para poner en peligro el funcionamiento de la banda.

El fracaso del robo de automóviles en Villiers-en-Biere, del que se llevaron dos Peugeot 307; un BMW; un Renault Laguna; un Citröen C-4 y una furgoneta Renault Espace (estos dos últimos no han sido todavía recuperados) y el asesinato del agente francés, ha supuesto un duro golpe para los planes etarras. De momento, la acción criminal que pensaban perpetrar se ha quedado en proyecto y las Fuerzas de Seguridad están alerta ante intentonas de este tipo.

El uso de territorio portugués para esconder «bases logísticas» y preparar desde allí atentados en España, se ha saldado con otro fracaso: el descubrimiento, en un chalet de la localidad de Óbidos, de un arsenal, del que formaba parte una importante cantidad de explosivo ya preparada para ser usada de forma inminente, evitó una acción criminal de envergadura.

El siguiente paso fue intentar montar una fábrica de explosivos en Cataluña, pero el encargado de alquilar el local fue detenido por la Policía justo después de pasar la frontera..

El traslado de la mayor parte de la organización al norte de Francia, tal y como publicó LA RAZÓN en su edición del pasado 21 de marzo, es otra de las medidas ideadas por los cabecillas de ETA, que ahora tienen que dedicar más tiempo a pensar en la seguridad que en la operatividad de sus «comandos». Su nueva estructura paralela no tardará en caer, advierten los expertos.

Los tres abogados detenidos gestionaban citas con ETA y el impuesto revolucionario
La Guardia Civil ha arrestado en el País Vasco a Arantza Zulueta, Jon Emparanza e Iker Sarriegi, habituales defensores de presos de ETA y a siete colaboradores de la banda terrorista
J. PAGOLA / D. MARTÍNEZ ABC 14 Abril 2010

La operación puesta en marcha por la Guardia Civil, que continúa abierta por lo que es muy posible que haya nuevas detenciones, ha permitido poner al descubierto que los tres abogados arrestados, Iker Sarriegi, Arantza Zulueta y y Jon Emparanza, junto a los siete colaboradores arrestados también hoy, gestionaban el cobro del impuesto revolucionario. Por ello, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, que dirige la investigación, les acusa de integración en banda armada en algún caso, y de colaboración en otros.

La investigación ha descubierto que los letrados, que pertenecen al frente más radical del «comando de las togas», no sólo se ocupan de defender legalmente a los terroristas sino que están a las órdenes de ETA, ya que además de ese cobro del impuesto también gestionaban citas con los pistoleros.

Igualmente, sus continuos contactos con los presos les permitía hacer de correos entre los presos y la dirección de la banda, que como se sabe está preocupada por las divisiones que comienza a haber entre el colectivo de presos etarras.

Los papeles de «Thierry» han sido claves en la investigación del Servicio de Información de la Guardia Civil, como hace meses lo fue en el caso de Joseba Agudo, también detenido por sus labores de correo entre la dirección etarra y los terroristas que se encuentran en Suramérica.

En la operación han sido detenidas hasta el momento diez personas, la última de ellas, José Domingo Aizpurua Aizpuru, arrestada en Usúrbil. Antes habían sido arrestados en San Sebastián Asier Etxabe Azkuey, Juan Maria Jauregi Zalakain, mientras que en Vizcaya han sido detenidos José Luis Gallastegui Lagar, Saioa Aguirre Arauko y Erramun Landa Mendibe, artista polifacético y hermano del ex parlamentario de Batasuna Karmelo Landa.

Además en Hernani (Guipúzcoa) han sido detenidos el abogado de la familia de Jon Anza y del Movimiento Pro Amnistia Jon Emparanza y el también letrado y ex futbolista de la Real Sociedad Iker Sarriegi, mientras que en Bilbao se ha arrestado a la letrada Arantza Zulueta y Naia Zuriarrain, una ex etarra que estaba siendo buscada por la Guardia Civil.

Zulueta, habitual defensora de presos de ETA, ha defendido este año a Isabel López Monge, acusada de depósito de explosivos, y en el pasado ha representado a otros como Asier Mardones, que participó en un tiroteo en el que murió un ertzaina, como recuerda Efe. También ha defendido en otras causas relacionadas con la izquierda abertzale, como el juicio contra Gestoras y su sucesora Askatasuna. Hace sólo tres semanas compareció en nombre de la familia del etarra fallecido en Francia Jon Anza para poner en duda las circunstancias de su muerte.

Emparanza, absuelto hace un mes por enaltecimiento
El pasado 2 de marzo la Audiencia Nacional absolvió a Emparanza del delito de enaltecimiento del terrorismo del que había sido acusado por participar en 2005 en un homenaje al preso etarra José María Sagarduy, en una causa en la que fue defendido precisamente por Arantza Zulueta, recuerda Efe. En ese mismo procedimiento, la Audiencia condenó a dos años de prisión al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi.

Los tres abogados detenidos gestionaban citas con ETA y el impuesto revolucionario
En una rueda de prensa celebrada ayer mismo y como abogado del Movimiento Pro Amnistia, Enparantza insistió en que el etarra Jon Anza murió por «la guerra sucia» y llamó a acudir a una manifestación este sábado en San Juan de Luz (Francia) para exigir «el fin de la represión».

Anza fue hallado 11 meses después de su desaparición en una morgue de la localidad francesa de Toulousse. En una rueda de prensa en Hernani, Emparanza, acompañado de abogados y miembros del Movimiento Pro Amnistia, así como de familiares de presos de ETA, hizo público un comunicado, en euskara y castellano, en el que se considera que todas las informaciones y reacciones surgidas tras hallarse el cadáver de Anza «confirman que se está ante un hecho de guerra sucia», según informaba ayer Ep.

El abogado denunció que en los últimos años «ha subido en Euskal Herria la intensidad del estado de excepción, se ha acelerado el máximo nivel de represión con el objetivo de abortar una nueva oportunidad política, se han dado nuevos pasos en la estrategia de ilegalización y se ha pagado con cárcel la actividad política».
Ex miembro del «comando Barcelona»

José Luis Gallastegui, otro de los detenidos, fue miembro del «comando Barcelona», que cometió el célebre atentado de Hipercor en junio de 1987. Natural de Lekeitio, de 53 años, Gallastegui formó parte de ETA político militar antes de pasarse a la rama "militar". El 31 de marzo de 1989 fue condenado por la Audiencia Nacional a penas que sumaban 31 años de cárcel y permaneció en prisión hasta 2000.

Naia Zuriarrain Mendiguren, por su parte, se encontraba en libertad desde el 5 de abril de 2008, día en que fue expulsada de Francia tras haber cumplir una condena de seis años por su vinculación a ETA. Había sido detenida en el país galo el 19 de diciembre de 2002 en la misma operación policial en la que fue capturado el jefe de ETA Ibón Fernández Iradi, "Susper". Gallastegui ha sido arrestado en Guernica y trabaja para el sindicato LAB.
Saioa Aguirre es profesora de una escuela infantil y se encontraba dando clase a niños cuando fue detenida en Sopelana.

La Generalitat ayuda con casi 2 millones anuales al diario 'El Punt'
Este periódico nacionalista acaba de recibir el Premio de Proyección Social de la Lengua Catalana 2010
Álvaro Rubiowww.lavozlibre.com 14 Abril 2010

Madrid.- El diario ‘El Punt’, uno de los periódicos por excelencia que se comercializa en catalán y que defiende la ‘normalización’ lingüística de este idioma es uno de los diarios más subvencionados de la Generalitat.

Los deseos del equipo de José Montilla por fomentar el uso de esta lengua también se materializan económicamente en los diferentes medios de comunicación y es que el periódico recibió más de 1,8 millones de euros en 2008.

La Generalitat tiene claro que su voz se tiene que escuchar y por eso no escatima en subvencionar los medios afines al nacionalismo. Junto a ‘El Punt’, ‘El Periódico’ con 1,7 millones, y ‘Avui’ con 1,4 millones fueron los más beneficiados en ese mismo año.

Ayudas económicas y reconocimientos especiales. De hecho, el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes de la Generalitat ha galardonado con el Premio Nacional de Proyección Social de la Lengua Catalana 2010 a ‘El Punt’, que pertenece al grupo ‘Hermes Comunicacions’.

Como no podía ser de otro modo, ha destacado su trabajo por “formar parte indiscutible del patrimonio lingüístico y cultural catalán”.

Camps subvenciona a los comerciantes que promocionan el valenciano
Otorgan una ayuda de 1.000 euros a los que fomenten el uso de esta lengua, una medida que varios comerciantes consideran un "chantaje"
Álvaro Rubio www.lavozlibre.com 14 Abril 2010

Madrid.- Rotular, etiquetar, nombrar productos, presentar la documentación administrativa, editar guías, etc. Todo ello en valenciano. Si un empresario o comerciante decide hacer eso en su negocio recibirá una subvención de 1.000 euros que la Comunidad valenciana le concede.

Si lo hace en castellano no dispone de esa ayuda. En Valencia sólo existe este tipo de apoyo económico para las empresas, comercios e industrias que realicen actividades de promoción del uso del valenciano.

Para poder optar a los 1.000 euros en esta particular forma de vender el idioma, se tienen que cumplir varios requisitos, que se explican en la página de la Generalitat. En primer lugar, deberán rotular exclusivamente en valenciano el interior y exterior de las dependencias (indicadores, toldos, luminosos...) y los vehículos de la empresa. También tendrán que etiquetar los productos en esa lengua (bolsas, papel de embalar, cajas, etiquetas...).

La documentación administrativa, técnica, informática y la edición de guías y catálogos de la empresa también tendrá que estar explicada en valenciano, así como las ‘web’, que si son bilingües o plurilingües deberán tener la página de inicio en el idioma de la Comunitat o dar la opción de seleccionar la versión en esa lengua antes de acceder a los contenidos del propio portal de Internet.

Pero desde el gobierno de Francisco Camps se muestran "permisivos" y hacen una excepción con materiales promocionales como llaveros, bolígrafos, camisetas, gorras, calendarios o pancartas.

"CHANTAJE"
Son muchos los valencianos que se han sumado a esta subvención, que según varios comerciantes con los que ha contactado 'LA VOZ LIBRE' es una forma de "chantaje". De hecho, gran parte de los empresarios que han podido acceder a esta ayuda no lo han hecho con la finalidad de promocionar la lengua, sino simplemente por interés económico.

Es el caso de uno de los locales comerciales situado en una de las principales avenidas del Puerto de Sagunto, ‘Ferreteria El Port’ (en la imagen), que puede acceder a la subvención por cumplir las normas establecidas y está regentada por empresarios chinos.

Defender el idioma se ha convertido en uno de los objetivos de la Comunidad Valenciana, que en plena crisis se va a gastar durante este año más de un millón de euros en ayudas para la promoción de la lengua, de las cuales 325.000 euros se dedicarán exclusivamente a subvencionar las actividades de promoción del uso del valenciano realizadas por empresas, comercios e industrias.

Queremos Galego denuncia ante la UE la ´cruzada´ de la Xunta contra el idioma
La plataforma formulará también sus quejas ante el Consejo de Europa y la Unesco
La Opinión 14 Abril 2010

La plataforma Queremos Galego ha denunciado hoy ante las instituciones europeas la "cruzada" contra la lengua gallega que a su juicio desarrolla el gobierno regional de Alberto Núñez Feijóo y ha avanzado que llevará el caso a otras instancias internacionales como el Consejo de Europa y la UNESCO.

Representantes de la organización ofrecieron hoy una rueda de prensa en la sede del Parlamento Europeo (PE) en el marco de un viaje a Bruselas en el que han plantado sus quejas ante la Comisión Europea y varios eurodiputados por los "incumplimientos" de la legislación en los que a su juicio ha caído la Xunta.

"En Galicia tenemos un Gobierno que viola el derecho inalienable de los ciudadanos a usar su lengua en todas las situaciones", ha explicado el diputado nacionalista Bieito Lobeira.

Para Lobeira, el Partido Popular (PP) "trata de colocar el gallego al nivel de una lengua extranjera" y sus medidas "agresivas" hacen imposible un acuerdo con el resto de fuerzas.

Es por ello que "Queremos galego" ha decidido llevar el asunto a la UE y por lo que denunciará el decreto del gallego ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y ante el Consejo de Europa.

En el caso de esta institución, la plataforma considera que la reforma educativa que plantea la Xunta incumple sus recomendaciones sobre la protección de lenguas minoritarias.

Según el presidente de la Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, el decreto "lleva a un modelo lingüístico retrógrado y perverso".

"Quremos galego" ha recibido en la Eurocámara el apoyo del eurodiputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, y de Ana Miranda (BNG), que le sustituirá en la última parte de la legislatura.
 

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