AGLI

Recortes de Prensa   Jueves 15 Abril  2010

 

"MEJOR QUE TE VAYAS DE GALICIA"
El calvario de una niña gallega de diez años por utilizar el castellano en el colegio
Otro ejemplo más de persecución lingüística; otra Natalia Santacreu: idéntica edad, el mismo partido en el gobierno, pero también la misma determinación por que sus derechos no sean pisoteados. La única diferencia, la comunidad en que tiene lugar el acoso, esta vez en Galicia.
Olivia Moya Libertad Digital 15 Abril 2010

Todo comenzó en el inicio de este curso en un colegio concertado de Lugo. La pequeña, a la que denominaremos con la inicial S., dejó claro en su ficha a su tutora que era castellanoparlante. La profesora, que en otros tiempos no dudaba en llamar "paletas" a las niñas que llegaban de las aldeas y que hablaban en gallego según denuncian, la “marcó” delante de todos sus compañeros. Tras decir en alto su nombre y apellidos, manifestó: “Qué penita me dan estos niños, tienen una pobreza cultural tan grande…” Y ahí comenzó el calvario de la pequeña S.

La niña se dirigía a su profesora en castellano, quien no dudaba en responderla, delante de sus compañeros: “¿Qué dices?, que no te entiendo…”. Los exámenes también los contestaba en español. En la corrección, con letras bien grandes y en rojo, le recordaba: “EN GALEGO”. Llamaba a la niña a su mesa, le llamaba la atención: “Es la última vez que lo haces”, “con la cantidad de cursos que te quedan por estudiar, mejor que te vayas de Galicia”, amenazaba.

"Al resto de niños los tiene amedrentados", pero S. no está dispuesta a ceder un milímetro en sus convicciones. Su madre, entristecida por la presión a la que estaba siendo sometida, le aconsejó que lo dejara, que contestara y hablara en gallego. “No, mamá, yo tengo mis derechos”, contestó resuelta su hija.

Pero las proclamas nacionalistas de la susodicha profesora van más allá. En clase lee textos de la escritora nacionalista María Raimóndez, quien no duda en hacerse eco de esta historia en las páginas del periódico el Xornal. A continuación reproducimos un fragmento traducido de esos textos de Raimóndez al que ha tenido acceso Libertad Digital:

“Nuestra lengua está en peligro, eso fue lo que presenciaste. Lo único que pasó aquel día que fuiste al "borde de la fraga" –dice otra de ellas– es que el cura hablaba otro idioma, otra lengua. El castellano. Es la lengua vecina, la de Castilla. Pero el monstruo fue capaz de hacerla fuerte, dándole poder a quien la habla para invadir y conquistar. Llegaron más allá de los mares, imaginaos. El monstruo es ahora muy poderoso y fue capaz de matar lenguas en esas tierras… matando a quien las hablaba”.

Después de meses de discriminación y humillación porque la niña contestaba oralmente en las clases y presentaba sus ejercicios escritos en castellano, y ante la intransigencia de la profesora y la falta de respuesta del centro, la familia decidió solicitar la intervención de la administración educativa.

Tras no poca insistencia, una inspectora de educación accedió a tratar de persuadir a la profesora de que el decreto del gallego 124/07 es susceptible de una interpretación menos rígida de la que ella aplica, debido a la cláusula “con carácter general” del artículo 13, que impone la obligación del uso del gallego en la práctica totalidad del horario lectivo no sólo a los profesores, sino también a los alumnos.

A raíz de esa intervención de la inspectora, la profesora acudió al sindicato nacionalista CIG, "sacando la cuestión del contexto escolar para convertirla en un conflicto sindical" contra una niña de diez años por expresarse en español en clase. Dicho sindicato no dudó en tergiversar la situación ofreciendo la versión de los hechos de la profesora y así lo publicó La Voz de Galicia.

La Mesa por la Libertad Lingüística se muestra esperanzada por la derogación del decreto y la formulación de uno nuevo sobre el gallego que va a presentar el gobierno de Feijóo, pero ha querido denunciar esta situación y la actuación de este sindicato, que mientras “promueve la insumisión” al futuro decreto “pretende someter a una niña a la interpretación más dura posible del vigente”.

Mientras, su familia es sometida a esta “dictadura lingüística” soportando todo tipo de insultos que, por otra parte, son los de siempre: “¡Facha!”, “¡fascista!”…

Una niña gallega de diez años discriminada por utilizar el castellano en el colegio
"Mejor que te vayas de Galicia" es una de las muchas contestaciones que la pequeña recibe de su profesora cada vez que habla en español
Álvaro Rubiowww.lavozlibre.com 15 Abril 2010

Madrid.- La persecución lingüística que vive el castellano en Galicia es lo que siente cada día una niña de diez años en un colegio concertado de Lugo. Ella y su familia prefieren permanecer en el anonimato pero no están dispuestos a vivir la imposición de una determinada lengua.

En un lado, una profesora fiel defensora del gallego; en el otro, una menor que domina los dos idiomas, pero defiende su derecho de utilizar el castellano en el aula. El resultado es el desprecio, la humillación y la lucha continúa de una pequeña por hablar su propia lengua.

LOS HECHOS
Las ofensas comenzaron desde el principio. En los primeros días de clase, los alumnos hicieron una ficha de información en la que la menor dejaba claro que era castellano-parlante, algo a lo que la docente respondió delante de toda la clase: “¡Qué pena me dan estos niños, pobrecitos, que pobreza cultural tienen por no querer hablar gallego!".

Ante la palabras en castellano, "no te entiendo" era la respuesta utilizada por la tutora, que se negaba incluso a corregir exámenes que estuvieran en castellano. “La profesora comentaba en los ejercicios y en letra grande: en gallego”, explica la madre de la alumna afectada.

Las críticas por parte de la maestra continuaron y aunque la madre de la pequeña le aconsejaba hablar en gallego para evitar el conflicto, la menor estaba dispuesta a defender unos derechos que le pertenecen.

Los desprecios no pararon y la madre decidió acudir a Educación. Mientras la Consejería le confirmó que estaba en su derecho de hablar en castellano, la profesora se lo prohibió "tajantemente por decreto".

En ese momento comenzó la peregrinación de una madre luchadora por los despachos del director, jefe de estudio y así llegó hasta inspección, que explicó a la tutora de la pequeña que ésta sí podía hablar en castellano. Aunque en un principio lo profesora lo acató, a la semana, la docente denunció mediante el sindicato CIG que se estaban "saltando el decreto del gallego".

Después de la denuncia las presuntas amenazas siguieron. "Es la última prueba que te consiento en castellano, a partir de ahora en gallego, porque el centro ha llevado tu caso a Educación y no tienes derecho para hacerlo en castellano", reproduce la madre las palabras de la docente, que aconsejó a la pequeña que abandonara Galicia si no hablaba gallego.

LA IMPOSICIÓN CONTINÚA
Pese a la lucha continúa, la petición de ayuda y la denuncia pública de este caso, la imposición lingüística continúa y roza el marcaje ideológico. Según afirma la madre de la joven, la profesora recomendó la lectura de ‘El Monstruo de la Palabras’, un libro escrito por María Raimóndez, en el que el castellano es la bestia que puede “invadir y conquistar e incluso es capaz de matar lenguas” en Galicia.

Este caso, que pasa a engrosar las listas de los que tiene que luchar en determinadas comunidades autónomas por hablar en el idioma que deseen, ha sido denunciado por la Mesa por la Libertad Lingüística. Esta entidad critica la actuación del sindicato nacionalista CIG, que “con notoria extralimitación de sus funciones, no duda en mentir para perseguir a una niña de diez años por hablar y escribir en castellano"

Cuídense todos
HERMANN TERTSCH ABC 15 Abril 2010

NO sé realmente si todos se dan cuenta de la atrocidad política y jurídica en la que han metido a nuestra patria. No sé si todos ustedes son conscientes de que nos están embarrancando para mucho tiempo. Y que puede que tardemos dos generaciones de salir de la miseria moral, política y económica en la que nos meten unos memos insensatos y sin escrúpulo alguno. Unos procaces ignorantes que, surgidos después de nuestra transición a la democracia, están envenenados por una ideología caduca, maniquea y miserable que todo lo emponzoña y corrompe. El aquelarre habido el martes en una universidad pública de Madrid, con presencia y apoyo de mandos del Gobierno, dedicado a la demonización de nuestra máxima institución judicial, es un escándalo sin parangón. Y demuestra las credenciales de un Gobierno y un presidente que no han sabido ni querido condenarlo. Ni han cesado a todos aquellos miembros del poder que participaron en ese acto bolchevique. Porque en realidad están de acuerdo. El único acto de decencia posible sería cesar a quienes allí estuvieron o abandonar el gobierno que ampara esta insólita agresión al Estado. De agresión directa a la división de poderes.

Esto, me temo yo, es sólo el principio. Según la terrible realidad económica y social vaya haciéndose evidente en este país, la secta que ha secuestrado al Partido Socialista hará todo por perpetuarse. Y cuando digo todo es todo. Liquidar instituciones. Dinamitar un Estado de Derecho que estaba orgulloso de serlo. Y que tanto costó a los que realmente lucharon por la democracia frente a la dictadura. No a estos que se inventan su pasado, a sus abuelos y hasta su lugar de procedencia. A estos nada les impedirá moral o políticamente perseguir a sus propios ciudadanos. Porque perciben a media España como enemiga. Ni les costará nada fumigar prestigio y honor de individuos que resisten a sus tentaciones totalitarias. Machacando a todo aquel que crean susceptible de ser un peligro para sus intereses. Tengan cuidado. Porque la inseguridad no nos acosará sólo por parte de aquellos desesperados que se han hundido en la ruina por la política económica socialista, por sus mentiras e ineptitudes. Nuestra amenaza mayor es la voluntad decidida de la peor gente en dominar el destino de los demás.

El aquelarre contra la justicia que parte del Gobierno y que quiere proteger a un juez partidista que tiene al propio Gobierno cautivo por lo que sabe, es el anuncio de lo que son capaces algunos por mantenerse en el poder. El juez Garzón tiene cogido al Gobierno y a su policía política por los santos huevos, y perdonen la expresión. Los cadáveres en el armario se acumulan y el juez hace el papel del forense y guardián de la morgue. Tiene pillado al Gran Timonel, Rodríguez Zapatero, cuya relación con la verdad y probidad es de permanente combate. Y el Timonel sabe cómo las gasta el juez de los amaneceres. Tengan todos mucho cuidado.

Porque gente como Jiménez Villarejo nos meterían a la mitad de los españoles en una cheka. Ese sujeto que era fiscal en el año 1962, fiscal entonces sin abrir la boca y hoy acusa a otros de complicidad con el franquismo. Un señor que cuando condenaron a muerte a Grimau podría haberse siquiera quejado. Un valiente ahora, aferrado como antes al poder y que nos es antifranquista furibundo ahora, con Franco muerto hace 35 años. ¡Qué dignidad, Dios mío! ¡Qué valentía! La villanía, está claro, tiene ahora su época de gloria. De ahí la apología constante del asesino de Paracuellos, el Katyn español, que se llama Santiago Carrillo, que llevan a cabo los medios oficiales, comprados o cautivos. Son indolentes o ineptos ante la ruina de este país. Pero son inmensamente eficaces en defenderse a sí mismos en su combate guerracivilista. Cuídense todos. Porque el acto miserable de la Complutense con ese personaje incalificable que es su rector al frente, con los sindicatos pagados por este Gobierno y toda su tropa sectaria detrás no sólo es detestable. Es para tener miedo.

La sentencia del Estatuto
Germán Yanke Estrella Digital 15 Abril 2010

Resulta consolador, y un tanto irónico, que la vicepresidenta Fernández de la Vega asegure que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña será "razonada, razonable y ajustada". Últimamente tenemos cada día la declaración de un político, gobernante o de la oposición, que convierte lo obvio en noticia.

La noticia verdadera sería lo contrario y, en este caso, que la vicepresidenta recelara de lo que el Constitucional vaya a decidir. Además, en este caso, el desprestigio del Tribunal es tan grande (a la percepción de su politización se une el retraso de la sentencia: tiene razón el diputado republicano Ridao al tacharlo de esperpéntico) y, si la presidenta confía, se piensa a continuación que algo sabe y que el resultado será favorable al texto aprobado en su día. Si un portavoz del PP pide, por el contrario, que "se deje trabajar al Constitucional sin presiones", se tiende a creer que alguna información tiene sobre una sentencia que declare inconstitucionales elementos fundamentales, o considerados fundamentales por los que lo votaron, del controvertido Estatuto.

El Constitucional se demora, no porque los artículos recurridos sean muchos (como esta misma semana ha asegurado un ministro), sino porque, más que discutir, "negocia". Entre los que creen que hay que sancionar el Estatuto con algunos peros, más interpretativos que jurídicos, y los que consideran que debe ser rechazada una buena parte del texto con algunos peros, también interpretativos, que supongan una suerte de golpecito amistoso en el hombro de sus partidarios. Ahora hay, al parecer, un tercer grupo de afanosos mediadores, que no se sabe muy bien qué éxito tendrán y en qué sentido. Si sólo fuese eso, la sentencia, fuese cual fuese, se conocería ya. Lo que anima las sospechas es que unos y otros pertenezcan a los universos políticos consiguientes. Los contrarios, al de la derecha; los favorables, a lo que se llama, con cierto desparpajo, "progresismo". De ahí una negociación que desborda lo jurídico y se despliega políticamente más allá del Tribunal. Y por eso, a estas alturas, la sentencia que termine firmándose, si es que al final hay al menos sentencia, que todo puede ser, resultará acatada (esperemos) pero no convincente.

Ése es el drama del Constitucional. Si sanciona la columna vertebral del Estatuto estarán detrás, para demasiados, el Gobierno y sus socios, a los que no se puede desairar y crear un problema de esa naturaleza desde el Tribunal. Si la sentencia es contraria a esos fundamentos, estarán detrás el PP y "sus" magistrados. En todo caso, la imposibilidad de renovar sus miembros. Un desastre.

Si se añade que, más allá de la discusión sobre este estatuto concreto, se extiende la idea de que la deriva del Estado de las Autonomías termina teniendo un coste excesivo e imparable y establece mecanismos -lo estamos viendo ahora con las cajas de ahorro, antes y después con otros graves asuntos- que dificultan las políticas generales, el panorama es desolador. Casi se puede decir que, en este escenario, el deseo o la convicción de que la sentencia será razonada, razonable y ajustada (que no es decir nada) es lo de menos.

14 de abril, Día de la Cheka
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 15 Abril 2010

España ha sido monarquía electiva y hereditaria, absoluta y constitucional, fiel a la nación y a la tradición pero también felona hasta la ignominia. Ha sido también, en su primera versión, república unitaria y federal, cantonalista y militarista o dictatorial; y en la segunda versión, autonomista e integral, masónica desde el inicio y finalmente soviética, primera de las futuras repúblicas populares del Este de Europa impuestas y mantenidas por los tanques soviéticos, que aplastaron heroicas rebeliones como la de Alemania del Este, Hungría o Checoslovaquia. Hay, pues, en la tres veces milenaria historia de la civilización política en el solar ibérico, y sobre todo en los dos mil años de romanización y cristianización, muchas clases de monarquía y no pocas de república.

Lo que no había pasado nunca es que la monarquía o la república hubieran discutido la existencia y legitimidad de la nación española, base de cualquier forma de Estado. Esa es la diferencia radical que separa este 14 de abril de cualquier otra conmemoración. Y eso es lo que le confiere importancia al alarde chequista de la Complutense el día anterior, el 13, respaldado en las últimas horas por Sebastián y hasta por Patxi López, tal vez recordando que la primera bandera tricolor se izó en Eibar, aunque la proclamación multitudinaria se produjo en Madrid, en el hoy Palacio de Ambiciones, cuando se izó la bandera tricolor de Lerroux, con el morado que el Partido Radical había atribuido a Castilla cuando en realidad era el carmesí desteñido de un viejo pendón del reino vertebral de las Españas. Ayer tantas y hoy ninguna. Pero la única bandera republicana nacional es eso, la nacional, que desde su última encarnación en tiempos de Carlos III, roja y amarilla, es la que siempre mantuvieron las monarquías y la Primera República. Y habrá de mantener las que vengan, repúblicas o monarquías.

Lo que hoy, 2010, representa la bandera tricolor no es la República, sino la Cheka. Si los inquilinos dinásticos desertan como Alfonso XIII en 1931, cosa nada descartable, vendrá una república, de eso no hay duda, pero de momento la única que se perfila es la II bis, la del 31 hasta el 34, masónica y despótica, y, tras el golpe de Estado del PSOE y ERC en el 34, la del 36 al 39, soviética, totalitaria y genocida. El PSOE actual tiene, como el de la II República, dos proyectos políticos: el masónico a la mexicana y el chekista a la soviética, cubana o venezolana. Los dos se sientan en el Consejo de Ministros. Y Zapatero utilizará el segundo, el soviético, para hacer más digerible el primero, el mexicano. Pero lo terrible es que, como en el 31, como el 34 y como el 36, la derecha política no tiene nada preparado: ni para resistir el cambio ilegal e ilegítimo de régimen, ni para combatir el despotismo masónico ni siquiera para evitar la cheka, destino inevitable de esta casta de cobardes y cretinos que pastorea la Derecha actual, hoy más cobarde que nunca pero tan cretina como siempre. Este 14 de abril se ha reunido también el Tribunal Constitucional, bien para ratificar el Estatuto de Cataluña que liquida el régimen constitucional español, actual o futuro, bien para no ratificarlo pero seguir amparando ese golpismo con metástasis que llamamos Estado de las Autonomías. La nación sólo está para el fútbol. Ni Iglesia, ni Ejército tienen la fuerza de ayer; y el prestigio popular de la Monarquía se va hundiendo solo entre la desidia, la idiocia y la corrupción. Si esto no cambia mucho en poco tiempo, cosa harto improbable, temo que, hasta para evitar la cheka, llegará tarde la República. ¡Pobre España!

Abogados habituales
FLORENCIO DOMÍNGUEZ EL Correo 15 Abril 2010

Una buena parte de los países que han padecido la actuación de organizaciones terroristas han tenido que afrontar conflictos con algunos abogados que no se limitaban a desarrollar el ejercicio de su actividad profesional, sino que cruzaban la raya y se alineaban con las actividades del grupo ilegal. España, Alemania, Italia o Francia, por citar los más próximos, han tenido ese tipo de conflictos y han aprobado medidas para impedir la complicidad de los letrados con sus clientes.

En Alemania, durante los años de plomo de la banda Baader Meinhof, las autoridades adoptaron numerosas medidas para controlar o restringir la presencia de los abogados de confianza de los presos terroristas porque eran conscientes de que, a menudo, los letrados eran el canal de comunicación entre el recluso y la organización exterior. Famoso y polémico fue el caso del abogado de miembros de la RAF Klaus Croissant, que huyó de Alemania a Francia en 1977, pero fue deportado a su país de origen donde se le encarceló.

Son los abogados habituales, aquellos que se encargan de manera regular de atender a los presos de ETA, los que suscitan sospechas sobre su papel. El mejor ejemplo de esas sospechas se pone de relieve cuando un detenido se distancia de ETA. La primera medida que toma es renunciar a la asistencia de los abogados habituales y elegir uno ajeno a la izquierda abertzale. El PNV, cuando colaboraba con el Gobierno en las políticas penitenciarias, se ocupaba de recomendar nuevos abogados a los presos que se disociaban para que renunciaran a los que procedían de las Gestoras pro amnistía.

Los grupos terroristas estables terminan disponiendo de abogados afines a la causa que se identifican ideológica y políticamente con los grupos clandestinos. Es esa afinidad la que conduce a algunos de esos letrados a cruzar la raya y a actuar como cauce de comunicaciones entre el preso y la banda a la que pertenece. Hace tres años, la Justicia francesa condenó a dos letrados de miembros de ETA por hacer ese papel. Otras veces el abogado es el comisario político que transmite las órdenes de la dirección de la banda al interno.

Esa sospecha sobre el papel de los abogados habituales es la que está en el origen de la incomunicación que contempla la legislación española, no para dejar sin asistencia letrada al terrorista detenido, sino para que no le atienda un jurista del que se sospecha que realiza funciones que van más allá de lo que es una actividad profesional. La propia Arantza Zulueta, arrestada ayer, fue asistida por un letrado de oficio en 1993 cuando se la detuvo por vez primera, ya que el juez le aplicó la incomunicación para evitar la presencia de uno de sus compañeros habituales.

Preocupantes detenciones
La operación de ayer podría demostrar que ETA está contando con sus ex presos
EDITORIAL El Correo 15 Abril 2010

La detención ayer de diez personas, al parecer bajo la acusación de colaborar o pertenecer a las estructuras de ETA, es el resultado de una investigación de la Guardia Civil que ha llevado al juez Grande Marlaska a adoptar tan drástica decisión. El hecho de que entre los detenidos haya tres abogados comprometidos en la defensa de presos de la banda sitúa la actuación judicial en un terreno especialmente delicado. La eventualidad de que los letrados simultanearan la representación de sus defendidos con labores que pudieran considerarse delictivas obligaría al instructor a diferenciar cuidadosamente ambas facetas, para que no quedara en entredicho el derecho a la defensa.

Es sabido que ETA ha contado siempre con una estructura para encuadrar disciplinadamente a sus presos. Pero se trata, en buena medida, de una labor que se mueve entre el delito que comporta la pertenencia a la banda y el mantenimiento de vías de comunicación con los reclusos que difícilmente podrían considerarse ilícitas desde un punto de vista penal. Lo que obliga también a la instrucción a deslindar ambos tipos de relación, incluso cuando pudieran haber sido desempeñados por las mismas personas. Pero la posible imputación de los detenidos ayer como integrantes del 'aparato de makos' demuestra, como reverso, que la pertenencia a ETA de los presos -y su actividad como tales- no expira con su arresto o su condena en firme, lo cual podría revelar una laguna en nuestro ordenamiento. Es más, de confirmarse las acusaciones que penderían sobre los detenidos ayer que presentan una trayectoria terrorista ya juzgada, nos encontraríamos con una nueva constatación de que ETA está recuperando a presos que vuelven a la libertad para integrarlos operativamente.

Es probable que esto se agudice a causa de la extrema debilidad en la que se encuentra la banda, y por sus dificultades de reclutamiento. Pero también es un significativo indicio de cuán lejos estarían los presos del reconocimiento de la definitiva derrota de ETA. Que el paso por la cárcel no conduzca a la reinserción plenamente democrática de los reclusos etarras es una cosa, y otra mucho más preocupante es que salgan para realimentar el fanatismo armado.

Hispanounidense
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 15 Abril 2010

La Academia Norteamericana de la Lengua Española de Nueva York (ANLE), fundada en 1973, es una de las veintidós academias de nuestro idioma en el mundo. Sin fines de lucro, la entidad tiene por misión fomentar el uso correcto de la lengua española en los Estados Unidos. Su director, el escritor y catedrático Gerardo Piña-Rosales, ha dado estas explicaciones sobre el término «hispanounidense» que publica la Fundéu.

El entrevistador es Manuel Garrido Palacio, también miembro de la ANLE.

— Hace poco surgió en el seno de la Academia Norteamericana la palabra «hispanounidense» ¿qué hay dentro de ella, a quién o a quiénes se aplica?
— Este neologismo, del que soy acuñador, describe a las personas de origen hispano —hablen o no español— que residen en Estados Unidos. Me parece un vocablo más acertado que los que se han venido usando hasta ahora: “Hispanic”, latino, hispano, etc.

— ¿Cómo nace una palabra? ¿Se busca, se encuentra, se celebra su presencia en la Casa de las Palabras, es decir, la Academia?
— Las palabras nacen, viven y mueren como cualquier organismo. Las hay que nacen porque se necesitan para nombrar algo nuevo, algo que antes no existía. La Academia no crea las palabras, sino el pueblo, la gente. Después, si el nuevo vocablo arraiga (sobre todo porque no atenta contra el genio de la lengua), si millones de personas lo usan, la Academia lo recoge en sus diccionarios. En Estados Unidos, muchas de las voces que hoy se consideran anglicismos inaceptables, al cabo de los años y por el uso reiterado que de ellos hace la población, acabarán siendo parte, y parte legítima, de la lengua española.

— ¿Qué piensa del llamado espanglish?
— Que es un fenómeno natural; una realidad. El español de Estados Unidos tendrá siempre características propias; la más relevante es la influencia del inglés. Pero eso no significa que hablemos espanglish. Lo que no debemos hacer, como han hecho y hacen algunos profesores y educadores (por llamarlos de alguna forma) es proponer el espanglish o espanglés como una nueva lengua, como un idioma que incluso hay que aprender. Eso es decirles a los millones de inmigrantes que no se preocupen por mejorar su español ni por aprender inglés. A mi juicio, estos defensores del espanglish (ensalada de la que, por cierto, ellos mismos no gustan) están haciendo un flaco favor a las personas, sean inmigrantes o no, que desean superarse, que aspiran a poder desenvolverse algún día en ámbitos profesionales.

— ¿Qué hace la ANLE en este sentido?
— La Academia Norteamericana, con fondos muy limitados, con muy poco apoyo gubernamental (ni de España ni de Estados Unidos), hace lo que puede. Hemos suscrito un convenio con GobiernoUSA, agencia del Gobierno estadounidense que informa y presta ayuda a los hispanos a través de sus páginas web. La ANLE asesora a esta agencia para que el español que ésta utiliza sea lo más correcto posible. Acabamos de publicar el libro Hablando bien se entiende la gente (Ed. Santillana USA), con más de 300 consejos idiomáticos, también transmitidos por Univisión todas las semanas. Y no hay que olvidar que el Gobierno de Estados Unidos ha reconocido a la ANLE como la máxima autoridad del español en este país.

— ¿Cómo se defiende un idioma en esa primera línea?
— La mejor defensa es hablarlo y escribirlo bien; pero para ello me parece fundamental que las nuevas generaciones de hispanounidenses no olviden su origen, su cultura, su lengua. Hay que luchar para que los jóvenes hispanos no abandonen la escuela, la universidad. Nos guste o no nos guste, la clase media educada es la que mejor conserva y defiende el idioma, por la sencilla razón de que posee una conciencia lingüística, una conciencia cultural; sabe que el español es una lengua universal, expresión de una rica y variada cultura, por no hablar de las ventajas económicas del bilingüismo.

— Parece difícil hablar de un grupo homogéneo de hispanohablantes.
— El conocimiento de la lengua vernácula depende del grado de escolaridad del hablante. Una gran mayoría de los hispanos que viven en Estados Unidos (personalmente, me parece aberrante hablar de legales e ilegales) proviene de países pobres y de estamentos sociales muy humildes. Es comprensible que su nivel de habla y escritura no sea muy elevado. Pero también es verdad que existe ya una pujante clase media, educada, que se siente cada vez más orgullosa de su lengua y de sus orígenes hispánicos, personas para quienes el ideal es el bilingüismo, la biculturalidad.

— Podemos decir entonces que la salud del español en Estados Unidos es…
— ¡Muy buena!

Periodistas-es:
http://www.periodistas-es.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6648:hispanounidense-o-como-nace-una-palabra-en-espanol&catid=56:en-espanol&Itemid=238
******************* Sección "bilingüe" ***********************

Invisibles
JOSÉ MARÍA MARTÍN LÓPEZ-SUEVOS* ABC 15 Abril 2010

Si tu hijo es humillado en el colegio por expresarse en su lengua, lo normal es que te calles y aguantes, como hemos hecho quien sabe cuantas familias en Galicia y otras partes de España sometidas a regímenes de normalización lingüística coactiva (cambio forzoso de la lengua común por la regional).

Una estrategia defensiva corriente es hacer de la necesidad virtud. El síndrome de Estocolmo facilita las cosas: ya que no puedes vencerlos, únete a ellos. Es abyecto, pero comprensible. A fin de cuentas, nuestros hijos están sujetos a escolarización obligatoria; la libertad de enseñanza constitucionalmente proclamada es un mito, y la posibilidad de cambiar al niño de colegio, una quimera. Digamos que nos tienen cogidos por donde más nos duele.

A veces emerge alguien a tomar un poco de oxígeno, a reclamar un poco de libertad y de dignidad. Hace unas semanas, toda España supo de la niña valenciana Natalia Santacreu. Ignorada por su profesora si hablaba o escribía en español, sólo podía recuperar la condición de persona si aceptaba expresarse en la lengua propia, o, más bien, propietaria: una lengua que te posee, como una servidumbre predial en favor de determinada finca autonómica.

El 12 de marzo, un diario publicó la versión sindical de unos hechos similares en un colegio de Lugo: «Denuncian que López Besteiro permite a una alumna no ajustarse a la norma en vigor: La CIG-Ensino pidió explicaciones en la mesa sectorial de educación por la actitud de ... (la) inspectora ... al permitir que se le dé un tratamiento excepcional a una alumna para que no reciba en gallego las asignaturas que son de obligada impartición según el decreto actual». Aunque el periódico no lo aclara, tales asignaturas son, en ese colegio, todas excepto plástica y educación física.

El 18 de marzo, publicó su versión de los hechos la escritora María Reimóndez en otro diario: «... las instancias educativas trataron de obligar a la maestra a incurrir en la ilegalidad (permitirle a una niña... expresarse en castellano y hacer los exámenes en castellano en las materias obligatorias en gallego)».

Así que no se trataba, como mintió el sindicato y se publicó, de que la niña no reciba en gallego las asignaturas, sino de que la profesora no tenga que sufrir oírla hablar o leer sus exámenes en castellano. Suspendamos por el momento la perplejidad ante un sindicato «de clase» persiguiendo a una niña de diez años sin arredrarse ante la mentira. Con la autorización de la familia, que, por razones obvias, desea mantener el anonimato, vamos a dar su versión de los hechos: su hija de diez años era humillada sistemáticamente y ridiculizada ante sus compañeras por hablar castellano, y sus exámenes rechazados por responderlos en castellano.

Hablaron con la profesora, pero se mostró inflexible. Acudieron al jefe de estudios, al director, y finalmente a la administración educativa. No sin mucha insistencia, obtuvieron que la inspectora tratase de persuadir a la profesora de una interpretación del decreto 124/07 favorable a la niña.

Su artículo 13 dice que «en las áreas, materias o módulos impartidos en lengua gallega el alumnado utilizará, con carácter general, el gallego en las manifestaciones oral y escrita». Recordemos que tales materias son todas las antes llamadas «troncales» en el Plan General de Normalización de la Lengua Gallega y las restantes que el centro decida impartir en gallego (en este colegio, todas menos plástica y educación física).

La inspectora trató de persuadir a la profesora de la posibilidad de una interpretación del decreto sin exclusivismos, modulable en casos concretos, ya que es evidente que la cláusula con carácter general implica excepciones, y éstas no aparecen listadas en el propio decreto.

Pero la profesora encuentra inadmisible esa interpretación. Indignada, va a quejarse al sindicato que predica la insumisión al futuro decreto para que la proteja contra la niña castellano parlante. Luego se lo cuenta a su intelectual de cabecera, María Reimóndez, experta en enfoque de género y de la que hemos obtenido su versión de los hechos. A saber, que la persecución de la niña contra la pobre profesora consistía en «expresarse en castellano».

*Presidende de la Mesa por la Libertad Lingüística.

No tienen derecho a pedir que por ley se coarten mis derechos.
Paco Sande Periodista Digital 15 Abril 2010

Desde hace varias semanas todos los domingos por la mañana me los encuentro en el centro del pueblo.

Son los de la nueva plataforma creada recientemente en Galicia, “Queremos galego”, son los que antes se llamaron “Nunca Maís”, o sea, “los trinca maís”, los parásitos de siempre que viven dándoselas de defensores de Galicia, pero que en realidad son sus mas enconados opresores.

“Libertadores” que, como todo buen libertador que se precie, acaban convirtiéndose en dictadores y todavía proclamando que lo que ellos hacen lo hacen por el bien del pueblo.

Este domingo estaban ahí, también, con su chiringuito montado en medio de la plaza del pueblo, recogiendo firmas en contra del decreto de Feijoo, que estipula una enseñanza en las escuelas de un 50 por ciento en gallego y un 50 por ciento en castellano, algo que al parecer ellos no aceptan. Pues para ellos la enseñanza en Galicia, debería ser solamente en gallego.

Cuando los vi comencé a refunfuñar entre dientes, maldiciendo su estampa, y la suerte perra que nos toco a los gallegos el día que esta gentuza nació en nuestra tierra.

Y en estas estaba cuando una de las personas que me acompañaban, alguien a quien yo quiero mucho y que además tengo por alguien que tiene la cabeza muy bien amueblada y siempre me suele dar una opinión inteligente y equilibrada, me dijo: haces mal en enfadarte con ellos, estamos en una democracia y ellos, igual que tú, tienen derecho a pedir lo que deseen, que luego se les conceda, o no, es caso aparte, ¡piénsalo!

Bueno, pues lo he hecho y, a pesar de esta persona a la que tengo en gran afecto, no estoy en absoluto de acuerdo.

En primer lugar está el pequeño detalle de que, de yo ponerme en la plaza recogiendo firmas para que la educación en Galicia fuese dada solo en castellano, (español) la lengua de nuestro país y por lo tanto nuestra lengua, probablemente acabase con el escritorio encasquetado por sombrero, pues así son ellos de demócratas. Así que, aquello de que todo el mundo puede pedir lo que desee, aquí se va al garete, yo no puedo…

Y en segundo lugar, ellos tienen derecho a pedir sus derechos, valga la redundancia, y además a exigirlos, incluso tienen derecho a pedir cosas que no sean sus derechos, incluso aunque lo que pidan sea una tontería, si consiguen lo que piden, por pedir que no quede.

Pero lo que no tienen derecho es a pedir que por ley se coarten mis derechos y eso es lo que ellos están pidiendo.

Ellos no piden libertad para educar a sus hijos en gallego si así lo desean, eso ya lo pueden hacer; no piden libertad para rotular sus negocios en gallego, algo que a nadie se le prohíbe; no piden que puedan bautizar a sus hijos con un nombre gallego, algo que también hace años que está permitido.

Ellos lo que piden es que yo, que nosotros, los demás gallegos, no podamos educar a nuestros niños en castellano, que no podamos rotular en castellano, que no podamos bautizar a nuestros hijos con un nombre español y hasta que no podamos enterrar a nuestros muertos en castellano.

Y eso ellos no pueden hacerlo y no deberíamos consentir que lo hicieran, pues de seguir así no esta muy lejos el día en que prohíban las revistas, los libros, los cines, la radio, la televisión y todo lo que se tercie, en castellano y si no al tiempo.

Que pidan para ellos, pero a aquellos gallegos que no estamos con sus tonterías, que no nos inmiscuyan sus planes.
Que estos malditos parásitos nos dejen en paz de una vez.

Espero que Feijoo no olvide su promesa.
La promesa que nos hizo a los gallegos de que íbamos a poder elegir idioma.
La promesa por la que lo votamos por mayoría absoluta.
No la cumplió a rajatabla, por lo menos que la cumpla a medias.

Algo pasa con la Justicia
María Luisa G. Franco www.gaceta.es 15 Abril 2010

‘Egunkaria’ fue “moneda de cambio” en el diálogo del Gobierno de Zapatero con ETA

El cierre de un periódico durante siete años, sin una sentencia firme, no parece un procedimiento propio de una democracia moderna. Está claro que algo pasa con la Justicia en nuestro país, pero algunos de los que han levantado la voz para denunciar este “atropello”, como el lehendakari López, militan en un partido, el PSOE, que sostiene al Gobierno que, según las actas de Thierry, utilizó el caso Egunkaria como “moneda de cambio” en su diálogo con ETA. Con esa sospecha en el aire, López dice en su blog que el cierre del periódico vasco fue provocado por la utilización de la Justicia “como acompañamiento de una estrategia política muy determinada”. Se refiere el lehendakari a la decisión del Gobierno de Aznar de utilizar legalmente las mayorías parlamentarias para aprobar una legislación que permitiera a la Justicia luchar de forma eficaz contra el terrorismo. No sabemos por qué esto le molesta al lehendakari, ni tampoco por qué arremete contra una política en la que, en lo básico, Aznar tuvo el respaldo del PSOE. El partido del lehendakari votó en 2002, junto con el PP, la Ley de Partidos que permitió la ilegalización de Batasuna.

El proceso de diálogo del Gobierno de Zapatero con ETA hizo cambiar de posición al PSOE, pero las leyes fruto de esa estrategia política son las que han llevado a ETA a su actual situación de debilidad extrema. Fueron las que permitieron encausar a quienes proporcionan dinero, armas, información y cobertura a los terroristas. Sin ellos, los pistoleros están acabados. Si los veinte informes aportados por la Guardia Civil al sumario del caso Egunkaria no prueban que el diario formaba parte del “grupo de empresas que integraban la caja única del entorno de ETA”, Egunkaria nunca debió cerrarse y sus directivos son inocentes, lo cual no significa que, por extensión, lo sean todos los condenados por ayudar a los terroristas a matar, algo que parece derivarse de las reflexiones de partidos como el PNV.

Cuestionable Fiscalía
Daniel Portero, El Mundo 15 Abril 2010

(Daniel Portero es Presidente de la Asociación Dignidad y Justicia)

Egunkaria fue moneda de cambio entre ETA y el Gobierno durante la tregua, pero resulta inverosímil que el Ministerio Público se haya comportado como un representante mudo de la imparcialidad del Estado. Que los proetarras ganen este juicio puede resquebrajar la sentencia de Estrasburgo contra Batasuna, esplotando las contradicciones judiciales.

En poco más de 20 hojas de sentencia, el juez Gómez Bermúdez ha absuelto a los máximos responsables del periódico Egunkaria. Dignidad y Justicia ha ejercido en solitario la acusación popular, junto con la AVT, sin que la Fiscalía haya realizado acusación alguna, modificando el criterio con el que empezó en 2003.

Según las pruebas del sumario, en 1991 ETA intervino en la financiación del rotativo íntegramente escrito en euskara a través de las empresas relacionadas con Egunkaria. El periódico fue manipulado por ETA desde sus orígenes para financiar a las organizaciones del entorno de la banda terrorista y así se demostró con la incautación del documento Comisión de Proyectos Udaletxe a la cúpula de ETA en 1992. Todas las empresas relacionadas con el periódico fueron cerradas cautelarmente en febrero de 2003 por el juez Del Olmo con el consentimiento de la Fiscalía.

En 2002, el Ministerio Fiscal, dirigido entonces por Eduardo Fungairiño, inició junto con el juez Del Olmo la investigación, gracias a la Guardia Civil, contra toda la trama empresarial de Egunkaria. Sin embargo, en diciembre de 2006, en medio del proceso de negociación entre ETA y el Gobierno, la Fiscalía cambió diametralmente su acusación. Lo que a principios de 2006, el fiscal Miguel Ángel Carballo defendía con gran vehemencia en el procesamiento de todos los inculpados lo desmontaba íntegramente en un escrito de pocas hojas a finales de año. ¡Qué contradicción! Este cambio de criterio de la Fiscalía tiene su comienzo a partir de febrero de 2006, ya que el entonces fiscal jefe Fungairiño dejó precipitadamente la jefatura de la Fiscalía por «razones personales». Estábamos en la tregua entre el Gobierno y ETA y Fungairiño era una persona molesta del proceso de paz. En febrero de 2006, Garzón dictó un auto en el que desligaba de ETA a los partidos ANV y PCTV y, con ello, favorecía su presencia en las elecciones municipales de 2007. Eran momentos difíciles para todas las víctimas del terrorismo.

En abril de 2006, un mes antes de que se produjera el chivatazo policial a ETA, el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, puso al frente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a Javier Zaragoza, que cambió su estructura. Durante aquella época, la Fiscalía rebajó la petición de las condenas en el macrojuicio del sumario 18/98. No impidió que el fiscal Enrique Molina dejara la Audiencia por su disconformidad en la estrategia contra ETA. Otros fiscales como Santos, Rubira, Gordillo, Juan Moral o Blanca Rodríguez fueron relegados a casos de menor entidad. Era el momento del proceso de paz y Pumpido tenía que controlar a los fiscales, algo que no hubiese logrado con Eduardo Fungairiño.

Después de lo publicado por EL MUNDO sobre las actas de la negociación ETA-Gobierno, se ha demostrado que Egunkaria se trató como moneda de cambio durante la tregua. Y por ello, el papel de la Fiscalía en el juicio a partir de diciembre de 2006 fue defender a los acusados, en vez de acusarlos como hizo en 2003 pero con otro fiscal jefe. El fiscal Carballo modificó su escrito y solicitó la absolución para todos ellos. La Fiscalía dejaba en soledad a Dignidad y Justicia y AVT para ejercitar la acusación contra los responsables del periódico proetarra.

Durante las vistas orales, la Fiscalía no hizo pregunta alguna a los acusados, aunque sí que lo hizo para desmontar las tesis de la Guardia Civil. El juicio ha sido un esperpento. Sabemos que Egunkaria fue moneda de cambio entre ETA y el Gobierno durante la tregua, pero resulta inverosímil que el Ministerio Público se haya comportado como un representante mudo de la legalidad e imparcialidad del Estado cuando debería haber hecho lo contrario. Que los proetarras ganen este juicio puede resquebrajar la sentencia de Estrasburgo contra Batasuna, ya que la izquierda abertzale venderá una imagen equívoca a Europa, explicando las contradicciones judiciales de España.

El TC aplaza la decisión sobre el Estatut
Tras una intensa jornada de deliberaciones, el pleno del Constitucional ha decidido seguir estudiando este jueves una solución sobre los recursos presentados por el PP, el Defensor del Pueblo y cinco CCAA
Madrid. Estrella Digital 15 Abril 2010

Tras una jornada intensa de deliberaciones sobre el Estatut, el pleno del Tribunal Constitucional ha decidido seguir este jueves estudiando una solución sobre los recursos presentados por el PP, el Defensor del Pueblo y cinco Comunidades Autónomas contra la normativa, han informado fuentes de este órgano. Minutos antes de hacerse pública la decisión, el presidente catalán, José Montilla, se ha reunido con el director de campaña del PSC, Jaume Collboni, y sus diputados en el Parlament para trasladar tranquilidad ante la posible sentencia.

Los diez magistrados que deben pronunciarse sobre el asunto, Pablo Pérez Tremps, recusado por el PP, abandonó la reunión pasadas las 13:00 horas, han prolongado los debates hasta las 20:30 horas, cuando han decidido aplazar la discusión. Será por tanto este jueves cuando, previsiblemente, se lleve a cabo la votación que establecerá si, más de tres años y medio después de que se presentaran los recursos, hay sentencia sobre el Estatut o si el quinto proyecto redactado por la ponente Elisa Pérez Vera es rechazado, como sucedió con los cuatro anteriores.

Según las fuentes consultadas, las intervenciones en las que los magistrados han fijado este miércoles sus posiciones en el pleno han confirmado que el nuevo borrador tampoco ha logrado concitar un amplio consenso, por lo que los escenarios más optimistas contemplados al inicio de la reunión -su aprobación por 6 votos a 4, e incluso por 7 a 3- se dan por prácticamente descartados.

Quedaría, sin embargo, abierta la puerta a que los cuatro magistrados progresistas que antes del pleno respaldaban la ponencia, la propia Pérez Vera, Pascual Sala, Eugenio Gay y la presidenta, María Emilia Casas, logren un apoyo más, con lo que la sentencia quedaría aprobada siempre que esta última hiciera valer su voto de calidad.

Voto de María Emilia Casas
Casas ha sido reacia durante todo su mandato a hacer uso de ese privilegio, pero el tiempo transcurrido desde la interposición de los recursos, la cercanía de un nuevo periodo electoral en Cataluña, los comicios autonómicos están previstos para el próximo otoño y, sobre todo, la constatación de que las posturas son prácticamente inamovibles, podrían hacerle cambiar de opinión.

Aun así, ese voto de calidad sólo serviría si el bloque progresista consigue hacerse con un quinto voto, que podría ser el de Manuel Aragón, que a pesar de estar adscrito a este mismo sector y haber sido designado magistrado a propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado muy crítico con algunos de los aspectos más polémicos del Estatut.

Entre ellos figuran la inclusión del término "nación" en el preámbulo del Estatut, cuya constitucionalidad se justifica en el borrador de sentencia que está sobre la mesa en la abundante y reiterada jurisprudencia del tribunal sobre la falta de valor jurídico de esta parte del texto impugnado.

El sexto y el séptimo votos, ya prácticamente descartados y que exigirían nuevos retoques a un borrador que ya lleva "mucha cocina", procederían de los conservadores Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez Arribas.

Los otros tres miembros del pleno, Vicente Conde, Javier Delgado y Jorge Rodríguez-Zapata, también adscritos al sector conservador, no han modificado en ningún momento su postura contraria a una sentencia que avale la constitucionalidad de la mayoría de los preceptos del Estatut impugnados.

Montilla pide "tranquilidad"
José Montilla se ha reunido también este miércoles con el director de campaña del PSC, Jaume Collboni, y sus diputados para pedirles un "esfuerzo en el esprint final" del mandato, y ha trasladado tranquilidad ante una posible sentencia sobre el Estatut.

Según fuentes socialistas presentes en la comida de trabajo, celebrado en un restaurante de Barcelona, Montilla sólo se ha referido a la sentencia del TC para reafirmarse en su idea de que no existe hoy por hoy una mayoría suficiente para sacar adelante la sentencia y que, mientras eso no ocurra, se debe defender la constitucionalidad del texto.

En una conversación informal con periodistas en los pasillos del Parlament, Montilla se ha mostrado muy tranquilo sobre la posible inminencia de la sentencia y ha explicado que no ha alterado en nada su agenda. Sólo se ha permitido deslizar algún comentario, reiterado en otras ocasiones, sobre que no le gustaría que el debate estatutario monopolizase la campaña electoral.

Montilla prefiere afrontar las elecciones hablando sobre cómo solucionar la crisis ya que entiende que son otras fuerzas políticas, en alusión al PP, las que están interesadas en enturbiar las relaciones entre Cataluña y España a partir del recurso presentado ante el TC.

Recurso del PP contra el Estatut
El Pleno del Constitucional concluye sin votación
 www.gaceta.es 15 Abril 2010

El debate sobre el recurso interpuesto por el PP contra el Estatut proseguirá este jueves a partir de las 10.00 horas.

El Pleno del Tribunal Constitucional concluyó a las 20.20 horas sin votación tras apenas cuatro horas de deliberación sobre el recurso interpuesto por el PP contra el Estatut de Cataluña. El debate proseguirá este jueves a partir de las 10.00 horas, según fuentes del alto tribunal.

Los magistrados comenzaron su discusión a la una de esta tarde, en un debate de carácter intenso en el que cada uno de los diez magistrados expuso su opinión sobre el último borrador -el quinto- que ha presentado la ponente de la sentencia, la magistrada Elisa Pérez Vera. A las dos de la tarde pararon para comer y reanudaron la sesión pasadas las cinco y media, aunque tras más de tres horas de diálogo acordaron proseguir mañana.

El Pleno se había reunido a las diez de la mañana con la asistencia de once magistrados -incluyendo a Pablo Pérez Tremps, recusado por el PP en la discusión del Estatut-, para abordar diversos temas pendientes, entre ellos la admisión a trámite del recurso del Gobierno que paraliza los derribos en el barrio del Cabanyal, en Valencia.

Los diez magistrados que discuten sobre el Estatut -queda fuera Pablo Pérez-Trems, recurrido por el PP, y hay una plaza vacante tras el fallecimiento de Roberto García Calvo-, tienen sobre la mesa un fallo que anula una quincena de artículos y somete a otra veintena a interpretación. Es decir, éstos últimos se aceptarían siempre y cuando las leyes que los desarrollen respeten los criterios que el Tribunal Constitucional establezca en su resolución.

El Tribunal debe estudiar más adelante, además del recurso formulado por el PP contra 125 artículos del Estatut de Catalunya, los recursos interpuestos contra la norma catalana por el Defensor del Pueblo y las comunidades de Valencia, Aragón, La Rioja, Baleares y Murcia, aunque muchos de los artículos impugnados en estos escritos son los mismos que los recurridos por el Partido Popular.

En la sesión de hoy se buscaba la aprobación definitiva de la sentencia, que lleva discutiéndose en este órgano desde hace más de tres años, aunque la división existente en el alto tribunal hace difícil un acuerdo. Otras fuentes señalan que es probable que, de darse luz verde al borrador mañana únicamente se de a conocer el fallo en espera de que se redacten los votos particulares que previsiblemente presentarán algunos de los magistrados sobre diversas partes del texto.

La convocatoria creó gran expectación y reunió a un gran número de medios de comunicación a las puertas del tribunal ya que los magistrados del Constitucional han venido celebrado los últimos meses diversas reuniones informales para tratar de llegar a un acuerdo aunque el Pleno no se había convocado para tratar la sentencia del Estatut en lo que va de año.

Un pleno dividido
Los diferentes borradores que ha ido presentando Pérez Vela no han contado hasta el momento con el consenso suficiente para ser aprobados, y de hecho existiría un empate técnico que sólo podría resolverse con el voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas.

En una votación realizada a modo de "sondeo" el pasado mes de noviembre se evidenció que a favor de la ponencia estarían, además de su autora, la presidenta del Tribunal, María Emilio Casas y los magistrados de tendencia progresista Eugenia Gaya y Pascual Sala.

En contra estarían posicionados los magistrados Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapatea y Javier Delgado, todos ellos situados en el sector conservador del tribunal. En un tercer bloque, según especulaciones de los últimos meses, se situarían los tres magistrados que pueden tener la clave para la aprobación definitiva del texto, el vicepresidente Guillermo Jiménez y los magistrados Ramón Rodríguez Arribas y Manuel Aragón Reyes.

El Plan B de Montilla
Marcos Pardeiro La Razón 15 Abril 2010

El presidente buscará reconquistar las competencias que anule el TC volviendo a negociar con el Gobierno. Lo primero será convocar una cumbre catalana

Barcelona- Las estrategias no se explican, se ejecutan. El presidente de la Generalitat, José Montilla, siempre se ha guiado por esta máxima, sobre todo en lo relativo a la sentencia del Estatut. Montilla únicamente ha dejado claro que no renunciará «a defender ni alcanzar ninguno de los objetivos del Estatut», pero jamás ha detallado cómo piensa hacerlo. Ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) invalide parte de los enunciados del texto catalán, ¿cómo reaccionaría el Gobierno de Cataluña? ¿Cuál es su plan B?

De entrada, el president se comprometió con el líder de Unió Democràtica, Josep Antoni Duran Lleida, a convocar a una reunión a todas las formaciones catalanas para analizar la sentencia y ofrecer una respuesta «lo más unitaria posible». Ambos dirigentes son partidarios de articular una reacción desde la firmeza, pero también desde la moderación. Convergència y ERC, en cambio, apuestan por la contundencia.

Los republicanos, decididos a sepultar la España de las Autonomías, azuzarán una confrontación con el Estado en caso de que el TC disminuya el Estatut. Convergència, por su parte, subrayará las debilidades del Gobierno tripartito a la hora de plantar cara en Madrid y reclamará que se devuelva la palabra al pueblo de Cataluña en una nueva consulta.

Ante este panorama, Montilla tiene el reto de liderar la respuesta de Cataluña sin que se descuelguen de su estrategia sus socios y el principal partido de la oposición. El plan B del president consiste, en síntesis, en negociar con el Gobierno la reconquista de todas aquellas competencias que anule el TC, sea mediante la modificación de leyes en el Congreso o mediante el artículo 150.2 de la Constitución, que permite el traspaso de competencias a las autonomías. Es decir, Montilla acatará la sentencia pero sin caer en «silencios resignados».

El titular de la Generalitat no cree que un fallo adverso deba precipitar el fin de la Legislatura en Cataluña, pero nadie en el PSC se atreve a descartarlo ante la posibilidad de que ERC «se eche al monte». El gran interrogante es saber qué artículos podría invalidar el Constitucional. Elementos simbólicos como la definición de Cataluña como nación desatarían la ira del catalanismo político y social, al igual que otros como el uso del catalán.

La tesis de Montilla es que el Estatut no es sólo una ley refrendada por el pueblo, sino un pacto político entre el Gobierno de Cataluña y el Madrid. Hay que respetarlo, por tanto.

Recuerdos retroactivos
Santiago González El Mundo 15 Abril 2010

El lehendakari abría ayer la portada de El Correo con unas declaraciones sobre la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvía a los acusados de Egunkaria de relación con ETA. Quien fue director del diario clausurado en 2003 comentó ayer que le habría gustado oírle esas declaraciones dos meses antes del juicio. El diario nacionalista 'Deia' reproducía ayer declaraciones de Patxi López hace siete años: "Parece que el juez tiene datos que indican que el diario participa del entramado de ETA".

Patxi López no es el único que ha reconstruido su posición de antaño a partir de sus necesidades del presente. El hoy diputado del PNV José Ramón Beloki fue encargado en 1990 por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco para hacer un informe sobre la viabilidad y coste de un diario íntegramente en euskera. En aquel mismo año, algunos representantes culturales de eso que viene a conocerse confusamente como Izquierda Abertzale preparaban el lanzamiento de un periódico de esas mismas características. Este blogmaster fue testigo de una conversación entre Beloki y el entonces vicelehendakari, Ramón Jáuregui, en la que el primero decía al segundo: "No podemos permitir que el único diario en euskera esté en manos de esa gente". El vicelehendakari estuvo de acuerdo. Yo también.

Los hijos de las tinieblas son más avispados que los hijos de la luz, esto ya era así en los tiempos del Nuevo Testamento. El organismo para la alfabetización de adultos en euskera que montó la Izquierda Abertzale (AEK) se impuso al diseñado por el Gobierno vasco (HABE).

Análogamente, el proyecto de periódico que se convertiría en 'Egunkaria' se adelantó al que ni siquiera llegó a tener un nombre, proyectado por el Gobierno vasco y el 6 de diciembre de 1990, día de la Constitución, salió a la calle el primer número del diario, aunque no creo que fuera por eso.

Juan Mª Atutxa, consejero de Interior, compareció a petición propia en el Parlamento vasco el 3 de febrero de 1992 para explicar la detención de un comando de ETA dedicado al cobro del 'impuesto revolucionario'. El consejero declaró que en la operación habían quedado ¡demostradas las significativas coincidencias existentes entre esa red y entidades tan importantes para el mundo de HB como su propia mesa nacional, el diario Egin, Egunkaria y el sindicato LAB".

El 22 de julio de 1993, el portavoz del PNV, Joseba Egibar, fue a declarar al TSJ por una querella del director de Egunkaria, Pello Zubiria, después de que el primero afirmara que ETA había intervenido en su nombramiento. Aquel día, Egibar se ratificó y explicó la desconfianza de su partido hacia el periódico por "la participación directa y estrecha que ha tenido el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, KAS, la permanente de KAS y directamente también ETA" y que él tenía transcripciones de las actas según las cuales ETA había intervenido en el nombramiento del director y que si se le requería, estaba dispuesto a aportar dichas transcripciones.
El PNV no simpatizaba con Egunkaria entonces y el Gobierno vasco no subvencionaba el periódico. ¿Cuándo cambió la cosa? Por aquel entonces se estaba gestando la fusión del PSE y EE y el PNV se malició que Mario Onaindia y Ramón Jáuregui estaban tendiendo cabos al mundo del euskera y, más concretamente a 'Egunkaria'. El año siguiente, el Ejecutivo Ardanza comenzó a subvencionar el diario y no paró hasta su cierre.

Entre quienes vivimos aquel proceso no cabían muchas dudas sobre las relaciones de Egunkaria con el mundo abertzale, pero las convicciones personales carecen de sentido después de una sentencia judicial, por más que en el escrito se hayan deslizado algunas convicciones personales del juez tan extemporáneas como ésta:

La estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por E.T.A. conduce, en el proceso penal, a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación.

Nadie en Euskadi ha tenido una visión tan estrecha y errónea como la que el juez Gómez Bermúdez supone a una parte de los ciudadanos vascos.

para un período de 18 meses
El Gobierno vasco saca a concurso los contratos para escoltas por 144 millones
Fija como límite el próximo 30 de abril para la recepción de las ofertas de las empresas
EFE | VITORIA El Correo 15 Abril 2010

El Departamento vasco de Interior ha sacado a concurso, por un importe total de 144.400.000 euros, la licitación de los contratos de los servicios de protección a personas para jueces, políticos y víctimas de violencia machista para un período de 18 meses.

El anuncio del concurso se publica hoy en el Boletín Oficial del País Vasco, que fija como límite el próximo 30 de abril para la recepción de las ofertas de las empresas.

La licitación de los contratos se divide en doce lotes, cuatro por cada territorio histórico.
Los expedientes se subdividen por territorio en los siguientes lotes: servicio de protección para jueces; para cargos electos y políticos del PP; para miembros del PSE-EE y para políticos de otras formaciones políticas, personalidades y víctimas de violencia machista.

El presupuesto base de licitación para la contratación de estos servicios se ha fijado en 124,4 millones, a los que hay que añadir 19,9 millones en concepto de IVA.
 

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