AGLI

Recortes de Prensa   Viernes 16 Abril  2010

 

El TC, al borde del colapso
Editorial ABC 16 Abril 2010

EL pleno del Tribunal Constitucional finalizó ayer su segunda sesión de debate sobre el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular contra el Estatuto de Cataluña sin que se formara un bloque suficiente -por mayoría o con el voto de calidad de la presidenta- para respaldar la quinta ponencia presentada por la magistrada Elisa Pérez Vera. Hoy continuará el debate en el TC; pero es evidente que las propuestas de esta magistrada no concitan el apoyo mayoritario de sus compañeros, a pesar de las sucesivas modificaciones que ha ido introduciendo en ellas, y que su mantenimiento como ponente, sin variar sus criterios sobre la declaración que merece el texto estatutario, conduce al Tribunal a un bloqueo indefinido inaceptable. Es la presidenta de esta institución, María Emilia Casas, quien debe extraer las consecuencias de una situación que está perjudicando no sólo el crédito del TC, sino la seguridad jurídica de todo el sistema constitucional, pendiente de saber en qué queda convertido el Estado español, si en un Estado unitario organizado en autonomías, como prevé el Título VIII de la Constitución de 1978, o en una súbita confederación de Cataluña y España, por la vía simulada de una reforma estatutaria.

La asignación de la ponencia a alguno de los magistrados capaces de proponer una solución con respaldo mayoritario es la opción responsable, pero también la exigible legal y constitucionalmente. La falta hasta hoy de una respuesta del TC se acerca a una auténtica denegación de justicia, poniendo actualmente la identidad constitucional del Estado en una situación de precariedad. La soberanía absoluta del TC, el único órgano constitucional cuyas sentencias escapan a la revisión por otro poder, garantiza a sus magistrados la independencia suficiente para tomar la decisión que corresponda según la Constitución. Ningún otro criterio, sea político o social, debe interferir en la resolución de esta encrucijada, la más decisiva para la democracia española desde el proceso constituyente de 1978. Los efectos de su decisión se prolongarán indefinidamente y condicionarán desarrollos legislativos imprevisibles, sobre todo en el ámbito autonómico, donde ninguna comunidad estará dispuesta a tolerar distintos niveles de autogobierno, ni agravios en la concesión de privilegios. Por tanto, no es sólo el Estatuto de Cataluña o la relación de esta comunidad con el Estado lo que está en juego, sino también, y esto es lo principal, la paz constitucional de los próximos años.

El retorno de los brujos
IGNACIO CAMACHO ABC 16 Abril 2010

No se trata de salvar a Garzón, sino de rescatar a Zapatero. Agarrados al espantajo de Franco como a un fetiche de combate, los socialistas y su red de apoyo han situado el debate político nacional en el punto donde más a gusto se sienten: en la confrontación, el radicalismo y la discordia. Son expertos de la provocación, que utilizan con grave irresponsabilidad como una eficaz herramienta de marketing. En esa bronca que invoca demonios históricos como en una ouija siniestra, las expectativas electorales del PSOE crecen siempre al amparo de una niebla de visceralidades que cubre los defectos y tapa las carencias de una gestión estéril. A falta de soluciones acuden a la trifulca; en ausencia de logros apelan al alboroto para agitar los fantasmas primarios de una izquierda social desencantada. A costa de provocar crispación y desestabilizar las instituciones, dramatizan el efectismo ideológico para disimular un fracaso político.

Cada vez que el presidente está en apuros echa mano de las banderas del izquierdismo de barraca. La crisis lo ha dejado sin argumentos y no encuentra el modo de levantar las encuestas, así que ha decidido incendiar los rastrojos del divisionismo para movilizar a unas bases sociales cada vez más frías ante su poder de seducción. El espectro del franquismo, por gastado que esté, funciona siempre como galvanizador de reyertas; simplifica los esquemas y provoca una enorme humareda sociológica. Cuando no hay manera de crear un «marco conceptual» más sofisticado, el zapaterismo dibuja escenarios de brocha gorda.

El del retorno de los brujos de la dictadura debería ser un señuelo demasiado burdo en una sociedad que lleva treinta años de sólida democracia, pero por alguna razón relacionada con nuestros viejos atavismos cainitas todavía funciona para aglutinar el entusiasmo de la izquierda exaltada y remover las pasiones de una derecha confusa. Zapatero necesita que sus huestes más radicales sientan hervir la sangre para olvidar el desastre de un gobierno catatónico. Lo va a conseguir; estas historias truculentas de tumbas removidas y siniestros fantasmones emboscados tienen un inquietante poder de sugestión simbólica. El precio de esta frívola estrategia de espiritismo político es el desgaste institucional de la muy denostada justicia y el desprestigio internacional de un país que ya está perdiendo relevancia económica, peso específico e influencia; pero, sobre todo, supone un espeluznante retroceso del clima interno de convivencia. Todo eso lo malbarata el Gobierno a cambio de un par de puntos en los sondeos y una semana más de iniciativa ante una oposición a la defensiva y sin brújula. Ha soltado a una jauría extremista para intimidar y empequeñecer a la España moderada, que de nuevo se ve emparedada entre dos frentes soliviantados. Garzón no es más que el pretexto de un drama artificial destinado a crear coaliciones de rencor y abrir trincheras de resentimiento.

Constitución y retranca
M. MARTÍN FERRAND ABC 16 Abril 2010

TODOS, personas e instituciones, tenemos algún gato en la barriga. Vamos arrastrando nuestras miserias como señal de identidad. Lo que convierte en verdaderamente singular al Tribunal Constitucional es que, contra lo acostumbrado, parece disfrutar exhibiendo al público sus imperfecciones. Así nació -no olvidemos su poco ejemplar trayectoria- y así continúa, como si ello fuera una fatalidad inexorable asociada a su composición y funcionamiento. Ahora, mientras el Gobierno alimenta todas las calderas institucionales para que el calor de una docena de escándalos impida la contemplación de sus errores en materia económica, el TC brilla con luz propia. En las casas de apuestas clandestinas, que de todo hay en el país del esperpento, cotiza tres a uno la opción de una sentencia para antes del verano. Cinco a dos si se puja por la opción de sentencia con voto de calidad de la presidenta.

Tampoco es cosa de demonizar al TC, un lujo más de los muchos con que la Transición quiso anular los vicios del pasado y vestir el futuro con ropajes garantistas. U
n TC como el nuestro es, en su innecesariedad -hubiera bastado con una Sala especializada en el TS-, algo que concuerda con una Constitución como la que nos ampara; algo, como dicen que está el cielo, empedrado de buenas intenciones. Cuatro años de trabajos preparatorios para una sentencia que de respuesta a los recursos de inconstitucionalidad que provocó el Estatut no es un síntoma de pereza institucional. Es, en profundidad, una evidencia de la imprecisión que domina nuestra Ley de Leyes y una consecuencia del gran problema pendiente en España desde, por lo menos, la Primera República: la concreción territorial del Estado sobre supuestos de lealtad y unívoco sentido nacional.

Hoy -¡en viernes!, lo nunca visto- volverán a reunirse los magistrados del TC. ¿Alcanzarán la mayoría que pretende su presidenta? Más probable parece que, ante el empate asentado, terminen votando artículo por artículo con el desgaste que ello conlleva para el prestigio del Estado y la certeza constitucional que tanto escasea entre nosotros. Algunos han pretendido a lo largo de esta compleja y viciosa peripecia estatutaria, alimentada por el ímpetu insolvente de José Luis Rodríguez Zapatero, reformar la Constitución sin atenerse a lo establecido para ello. De ahí el espectáculo institucional y la fatiga ciudadana.

ETA
Placas
Salvador Ulayar Libertad Digital 16 Abril 2010

Tras la rajada de Mayor Oreja volvió la calma. Pero el afán zapatero de encontrar el fin de la ETA sigue ideológicamente emparentado con el debilitamiento de España. ZP persigue la consecución de una cosa sustitutiva de la nación. Y para hacer tortilla siempre se cascan huevos. Hay que romper la odiosa nación de Isabel y Fernando para aterrizar en una nación de naciones en proceso de invención, o así. Cree el inquilino de la Moncloa que hasta esa estación de término hay manera de hacerse acompañar de la ETA, sus partidos, medios y demás satélites. Una vez allí, la suma de izquierdas y separatismos sacará del mapa a la carcundia derechista, alumbrándose La Cosa. Cálculo plausible. La destrucción de la nación española, que con tanto acierto pilota, es un objetivo compartido con la ETA y con el separatismo en general. Pero lo que para el leonés se trata de un objetivo, una estación término decía líneas arriba, para los separatistas no es sino un estación de tránsito hacia la independencia, donde hasta el gran estadista del PSOE sobra. ¿O no?

En la legislatura 2004/2008, nos vendía la idea de que con esa concepción de nación discutida y discutible, los separatistas atemperarían sus exigencias, exacerbadas por la España cañí de Aznar; y así, en fraternidad, arribaríamos a la completa felicidad. La misma estúpida teoría –corregida y aumentada– aplicada desde la Transición: alimentar a la bestia hasta que, ahíta, quede conforme. Cosa que nunca ocurre ni ocurrirá mientras no se verifique la ruptura total. Y aún así. Pero el Adán de León tiene insuperable confianza en su pericia, pues que dispone de la Piedra de Rosetta descifradora del secreto de la armonía ibérica. Así que a la novedosa y traidorzuela postura de un presidente de gobierno español que relativiza el valor de nuestra nación –contra ella han matado a 850–, lógicamente suma las diferentes reformas estatutarias, colorín colorado del cuento de Zapanieves y los diecisiete estaditos. Pero el resultado no es la esperada respuesta generosa del separatismo. Todo lo contrario. ¡Oh sorpresa de necios! Pero tranquilos, que teniendo a mano al culpable de guardia, esa derechona bastante derechorra, no hay problema.

Y en este cuadro hay que inscribir tanto la primera como la segunda fase de la negociación, denunciada repetidamente por Jaime Mayor. Tratarán de empotrar en la vida política, con presupuesto e impunidad, a una parte de la banda terrorista. Así la Eta buena recogería réditos por la matanza. Toda esa gentuza que se ha roto las tripas descojonándose de nuestros muertos en cada atentado, pastará en el presupuesto si la jugada le sale bien a ZP, cosa por ver. Engrosarán la famélica legión regidora de los destinos ibéricos. Terroristas que una vez blanqueados no se nos ocurrirá llamarlos terroristas, pues que nos conducirán ante la justicia y nos condenará, cumpliendo su misión nuestro Estado de Derecho. Total, que ZP quiere integrar a la ETA. No le entra en la cabeza su derrota lisa y llana. Trabajo al que de haberse aplicado desde 2004 hoy daría como resultado su desaparición. Hay quien argumenta que nunca del todo. Tal vez, como nunca del todo el robo, las violaciones, el tráfico de drogas y la trata de blancas. Pero claro, estos delitos no tienen como percha una doctrina totalitaria que los proteja a los ojos de un presidente de Gobierno.

Recuerdo el discurso del Rey y los políticos tras cada atentado en estas últimas décadas. Cientos de veces apelaron a la debida confianza de los ciudadanos en general y de las víctimas en particular, en ese Estado de Derecho que, al cabo, derrotaría a la banda y nos protegería. Y me lo creí. Aquel discurso de la épica democrática frente a los malos, contrasta con la realidad. Hoy la negociación con los asesinos sigue viva y sedicentes grupos musicales se descojonan de las víctimas, como por ejemplo ahora en Sevilla, bajo la protección de partidos y de ese Estado de Derecho. Entre tanto ciertos políticos, instituciones y entidades se suman afanosos en la colocación de placas en las calles a la memoria de los muertos. Necrófagos, "viven" de placas, jornadas, conciertos, libros, leyes de víctimas, homenajes y piedades varias de orden lacrimógeno. Tras la placa marmórea del campo santo se enterraron los cuerpos de los asesinados. Ahora, tras las placas metálicas de nuestras calles, entierran su ciudadanía española. Y a uno le sale del pecho decirles que, de la Corona para abajo, pueden irse a freír churros. Que aproveche.
Salvador Ulayar es hijo de Jesús Ulayar, víctima del terrorismo.

El provocador
Alfonso USSÍA La Razón 16 Abril 2010


No corren buenos tiempos para el humor. España y su armonía social están en peligro. Zapatero lo ha conseguido. Los que no vivimos ni la fracasada Segunda República ni la Guerra Civil, ya sabemos el ambiente que se respiraba. La izquierda en España, la guerracivilista, es una gran fabuladora histórica. Todo lo cambia, lo revuelve y lo dispone a su favor. Garzón es un instrumento. Un instrumento malvado, pero no más que una excusa. Las palabras del fiscal Jiménez Villarejo en el bochornoso acto de la Complutense son de guerra civil. Ahí estaba aplaudiendo el Rector Berzosa, otro reanimador del odio. Y la gran manipulación. «Garzón se sienta en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo».

País de analfabetos. Garzón será juzgado por un posible delito de prevaricación. Es decir, por no ser justo a sabiendas siendo juez. Y tiene otros dos casos pendientes. Con falangistas o sin falangistas, de lo que se acusa a Garzón es de tomarse la Justicia por el pito del sereno. De gravedad sin medida hay que valorar las palabras de José Blanco, ministro del Gobierno, que se suma al acoso del Tribunal Supremo. Su argumento, la necia manipulación. Detrás de todos ellos, moviendo hilos y gratitudes, está el propio juez, que se sabe expulsado de la Judicatura, pero no acepta su destino. Se lo dijo Javier Gómez de Liaño, que no gozó de los apoyos de Garzón. Que se vaya con dignidad. No le faltará trabajo. Yo lo veo de embajador de España en una nación sudamericana. Se le adivinaba este final.

Los hay peores. Y los titiriteros. No relaciono sus nombres por aburrimiento. La República de Garzón. La izquierda no reconoce sus barbaridades. Ayer, en la presentación de la nueva edición de la poesía de Miguel Hernández, todos sonrientes en torno al genocida superviviente. Ocho mil muertos y niños de 14 años entre ellos, enterrados en Paracuellos, y él zalameado, aplaudido y ovacionado por Alfonso Guerra, el profesional de jurados literarios García Montero, y los «aminatus» de siempre. Carrillo es un beneficiado de la Ley de Amnistía que Garzón despreció, pero el beneficio no justifica el homenaje, aunque fuera en la presentación de la obra de un gran poeta torrencial y comunista, Miguel Hernández, descubierto y apoyado por el escritor José María de Cossío, hoy olvidado por estos indocumentados.

Se están afilando los odios y los rencores, y todo viene de esa parcialísima y deleznable Ley de la Memoria Histórica, alentada por un insensato vesánico y provocador. Ése que dicen que nos gobierna. Se ha quebrado la armonía. La vanidad, la soberbia, el empecinamiento y la tosquedad de un juez errado ha sido la excusa de la explosión de los resentimientos. España tiene una izquierda que todavía no ha superado la primera mitad del siglo XX. Un Gobierno que sostiene una campaña contra la independencia del Poder Judicial, es un Gobierno golpista y antidemocrático. Si eso lo hace un Gobierno del Partido Popular, hay tiros. Claro, que también habría estallado la violencia social con cinco millones de parados. Ahí la izquierda tiene suerte. Los sindicatos no protestan cuando quien los mantiene es de los suyos. Pero soplan muy malos vientos por España. Y el provocador, mira, contempla y sonríe.

Peligrosa deriva
José Antonio VERA La Razón 16 Abril 2010

Parece mentira que estemos los españoles empeñados en tirar por la borda los logros de una transición ejemplar que fue motivo de admiración y elogio en todo el mundo. Cuando los rusos estaban en la idea de romper con la Unión Soviética, miraban hacia España para intentar hacerlo como nosotros de bien. Es decir, sin convulsiones, sin violencia, sin rupturas, sin enfrentamientos absurdos que no nos hubieran llevado a nada. Pero se ve que aquello no era definitivo. O quizás nos fallen los pilares. O quizás los actuales políticos. Estamos en un momento de dirigentes mediocres que, más que solucionar problemas, parecen empeñados en creárselos a una sociedad que no quiere líos sino soluciones. No de otra manera se puede entender la actual escalada de despropósitos a que asistimos como consecuencia del «caso Garzón». Lo último, ese procedimiento en curso abierto en Argentina que pretende juzgar y condenar nada menos que al Rey, a Suárez y a Fraga. No a Santiago Carrillo, por cierto, uno de los pocos dirigentes vivos que tuvieron responsabilidad en los crímenes de la Guerra Civil. No, la izquierda española y la argentina no tienen interés alguno en procesar y sentar a Carrillo en el banquillo por los homicidios de Paracuelllos. Ya arguyó Garzón que a Carrillo le amparaba la Ley de Amnistía. Curiosamente, sólo a Carrillo, porque para juzgar a los del otro bando el juez estrella no veía impedimento alguno en esa misma ley de Amnistía. De lo que se trata aquí es de juzgar a unos pero no a otros. Nadie desde la izquierda ultra habla de investigar los asesinatos en las checas o las ejecuciones de curas en las tapias de los cementerios. Sólo hablan del franquismo, incluyendo ahí al Rey y a Fraga, a Suárez y a los demás dirigentes del centro-derecha que siguen vivos.

El despropósito es mayúsculo. Aunque peor aún me parece la actitud del Gobierno ante los ataques al Poder Judicial, calificado de «fascista» y «torturador» por Jiménez Villarejo. Sin que el ministro de Justicia, por cierto, haya dicho nada en defensa de sus jueces. Francisco Caamaño calla pero José Blanco no. Pepiño ha decidido darle la razón al ex fiscal anticorrupción lamentándose de que en España sea posible que un partido como la Falange le pueda interponer una querella a un magistrado endiosado como Garzón. Eso tendría que estar prohibido. Bajo el criterio de Villarejo, sólo tienen derecho a querellarse los militantes comunistas y socialistas, siempre y cuando no tengan intención de hacerlo contra Garzón. Porque Garzón es intocable. La izquierda ultra y el Gobierno que le ampara quieren juzgar y condenar a todos los que no piensan como ellos. Y por supuesto absolver de cualquier culpa a los políticos implicados en los crímenes del Frente Popular durante los años de la República. Aquellos no fueron crímenes. Eran acciones necesarias para defenderse preventivamente del fascismo. Éste es el lenguaje que nos ha caído del cielo treinta y cinco años después de que España decidiera mirar al frente y al futuro en vez de a su miserable pasado de tiros y pistolas. Que es lo que quieren rescatar ahora los de la zeja y sus fiscales defensores en una deriva más que peligrosa.

¡Ya está bien!
Vicente A. C. M. Periodista Digital 16 Abril 2010

Creo que ¡Ya está bien! Ya está bien de declaraciones, de presiones, de mal meter y enfrentar a la sociedad española, de sacar los asuntos de contexto y querer ensuciar a las Instituciones Judiciales, ya bastante manchadas por múltiples actuaciones, o mejor dicho, pasividad en las actuaciones. Ya está bien de lanzar la piedra y esconder la mano. Ya está bien de hacer de poli bueno y poli malo, como el duo Zapatero Blanco. Ya está bien de pedir respeto por la independencia judicial mientras se la ataca sin descanso y se intenta intimidar desde todos los resortes del poder con la impagable, más bien subvencionada ayuda de los Sindicatos. Ya está bien de ir de progres, cuando lo que se intenta es imponer el totalitarismo de una ideología sectaria y excluyente de cualquier sentido democrátco.

Las declaraciones del Sr. Blanco, Ministro de Fomento del Reino de España, solo pueden considerarse como miserables, mezquinas e impregnadas de un revanchismo incomprensible en una democracia. Tales declaraciones jamás pueden ser escudadas en que son meramente de carácter personal, ya que su condición política bivalente de Ministro y secretario de Organización del PSOE, lo hacen imposible de discriminar. Si habla en esos términos no puede continuar ni un minuto más como representante del Gobierno de España. Sus palabras son un insulto a la independencia judicial, aunque ésta exista solo en la parte imaginaria de algo que está corrompido desde los propios partidos políticos en su afán de mangonear todos los resortes del poder.

Los ciudadanos no podemos dejar pasar este ataque descontrolado, o más bien demasiado calculado y controlado por quienes se proponen dar un cambio Institucional y doblegar la voluntad de los que se opongan a sus objetivos. Los ciudadanos no podemos consentir que las Instituciones Judiciales más altas de España, sean desacreditadas por el mismo Gobierno, el partido que lo sustenta y los grupos mediáticos de presión y Sindicatos. Unos Sindicatos que ya han demostrado que prefieren anteponer su discurso sectario, demagógico y sumiso con el poder que le subvenciona tan generosamente, que la defensa de los trabajadores cuya situación de paro forzoso está lejos de solucionarse por la terquedad de esos Sindicatos.

Es inaceptable la posición guerra civilista que se está planteando desde todos los ámbitos cercanos al PSOE y a un programa empeñado en resucitar todos los fantasmas del pasado. Es inaceptable el que se consienta toda clase de difamaciones y ataques a una Institución como es el Tribunal Supremo y las graves acusaciones de complicidad con formaciones fascistas. Un término del que se abusa, calificando a cuantos se atreven a oponerse a lo que este PSOE y el Gobierno consideran como políticamente correcto.

Y porque todo ello es inaceptable, hay que ponerle coto y marcar la línea roja. Ya está bien de aguantar y permanecer callados ante las ofensas y los insultos. Ya está bien de mantener una actitud de prudencia y de cobarde pasividad. Ya está bien de que no salgan voces discrepantes y que con energía y contundencia exijan el punto y final a estas actitudes. Tan punto y final como fue la Transición a la “democracia” con la Ley de Amnistía que afectó a todos. Ya está bien de querer reescribir la Historia y tomar medidas revanchistas con actitudes cobardes y mezquinas tras 30 años de transitar en el difícil camino de la convivencia.

Como español me siento avergonzado de muchos representantes de este Gobierno, de sus declaraciones y de su sectarismo. ¡Si no se le pone fin a esta actitud, puede que resuciten de verdad lo que se empeñan en resucitar.

Las vergüenzas de los Ayuntamientos
Enrique Arias Vega Periodista Digital 16 Abril 2010

El Gobierno ha dispuesto que la Administración pague en 30 días y no como ahora, en el que se retrasa como el mayor de los morosos. Ya me dirán, ya, dentro de un tiempo, cuando al Tesoro Público no le queden en sus arcas más que telarañas y los empresarios autónomos sigan anticipando al Estado un IVA que aún no han cobrado. Y lo que te rodaré, morena.

Es que una cosa es lo que se legisla y otra muy distinta lo que sucede en una realidad llena de artificios contables. Por ejemplo, con esa inversión pública adicional de 17.000 millones prometida por José Blanco y que no se contabilizará en los presupuestos del Estado hasta 2013, para que así dé tiempo a la reducción en tres años de la galopante deuda pública prometida por Rodríguez Zapatero a la UE.

Gracias al anticipo por las empresas privadas del dinero a invertir, se enmascara el aumento del déficit. Es lo mismo que se hace con la existencia de esos 5.000 entes públicos hacia los que el Estado, comunidades autónomas y municipios centrifugan muchas de sus deudas para que así no figuren en las cuentas de dichas instituciones. Semejante práctica, pero a lo bestia, es lo que ha venido haciendo Grecia y que le ha llevado al borde de la suspensión de pagos. No quiero decir que aquí estemos a ese nivel, líbreme Dios. Pero, cuando las barbas de tu vecino veas pelar,… ya saben.

En medio de ese marasmo económico se hallan también los Ayuntamientos españoles que, con una deuda por vecino de 740 euros, no constituyen precisamente una excepción a la norma.

Ahora, pues, en pleno declive financiero, se deplora la falta de previsión de antaño y la lasitud municipal con unos constructores enriquecidos a su costa. Ahora, con la disminución de obras ciudadanas y de prestaciones sociales y el retraso de pagos a acreedores, se descubrirán unas vergüenzas públicas que estaban ahí pero que, ocultas por la aparente bonanza del pasado, se mostrarán con toda su cruel evidencia.

Un diputado del Congreso cuesta la mitad que otro del Parlamento catalán
M. CALLEJA | MADRID ABC 16 Abril 2010

El Parlamento autonómico de Cataluña cuenta con 135 diputados para una población de 7,3 millones de personas, y tuvo un presupuesto, para el año 2009, de 68,3 millones de euros, mientras que el Congreso tiene 350 diputados para una población de 46 millones de habitantes, con un presupuestos de 98 millones de euros.

Esto se traduce en que el gasto medio por diputado en el Congreso es de 280.000 euros, mientras que uno del Parlamento catalán alcanza los 505.926 euros.

Éste es uno de los ejemplos incluidos en un informe sobre el coste del Estado Autonómico que ha realizado Unión, Progreso y Democracia (UPyD), donde se denuncia que el Estado de las Autonomía se ha convertido «más en un problema que en una solución en el actual contexto de crisis económica».

El partido de Rosa Díez sostiene que las comunidades autónomas podrían ahorrarse hasta 24.000 millones de euros al año si mejoraran sus prácticos de gestión y eliminaran sobrecostes innecesarios, como supone, apuntan, tener hasta tres canales autonómicos de televisión. «¿Realmente se necesitan 50 universidades públicas en España con 100.000 empleados a su servicio y 6.700 millones de euros de presupuesto público?», se pregunta este partido.

UPyD también denuncia la «obsesión» autonómica por dedicarse a las relaciones exteriores «con ánimo de sustituir al Estado». En 2009, Cataluña destinó 25,9 millones para relaciones exteriores.


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¿Habrá sentencia?
Raúl Vilas Libertad Digital 16 Abril 2010

No tengo ni repajolera idea. Dada la deriva del Tribunal Constitucional desde que se aprobó el requeteinconstitucional Estatut de Zapatero, cualquiera hace pronósticos sobre la cuestión. Los caminos de María Emilia son inescrutables para el común de los mortales, aquellos que no tenemos acceso la tribuna de autoridades en los desfiles militares para dedicarle reprimendas públicas, como la vice De la Vega. La separación de poderes, oiga.

Llevan reunidos dos días y anuncian que este viernes seguirán. En este negocio nuestro en seguida montamos revuelo. Necesitamos noticias como los yonquis un chute, y cuatro años de mono esperando una dosis tan importante como la sentencia son muchos años. La semana pasada, al conocerse la convocatoria de los dos plenos, las redacciones se convulsionaron. Ahora, cuando la calma había vuelto, se citan un día más y de nuevo el runrún. Basta que diga que no habrá sentencia para que sí la haya, o viceversa. Pero metidos a pitonisos, sería raro raro raro que, en caso de que algún día se resuelva el recurso del PP –no estaría yo tan seguro–, sea antes de las elecciones catalanas. De la Vega, la señorita rottenmeier particular de la presidenta del Constitucional, advirtió hace poco que los tribunales no interferían en las campañas electorales. Como indicio, no está mal.

Esta ópera bufa a la que asistimos desde hace cuatro años ha conducido a un desprestigio tan enorme como justificado del Tribunal Constitucional. A estas alturas nadie duda que su funcionamiento responde exclusivamente a criterios de conveniencia política, de obediencia a los partidos políticos, auténticos secuestradores de la soberanía: la partitocracia.

Que el Estatuto es inconstitucional de cabo a rabo –más aún, la voladura de la Constitución– es menos secreto que el sumario del Gürtel. Lo sabe desde Zapatero a los camisas pardas de la Esquerra y los meapilas de Unió, pasando por Rajoy y Alicia Sánchez Camacho, aunque todos desean que el TC diga lo contrario. Eso es lo de menos. Los magistrados no discuten, Constitución en la mano, argumentos jurídicos; negocian, carné de partido en la boca, un arreglo lo menos dañino para sus amos, los políticos. Si quitamos nación de aquí, la ponemos allí; si damos por buena la totalitaria imposición del catalán, recortamos un poquito la independencia judicial...

La fecha del parto no lo sabemos. Pero la naturaleza de la criatura sí: un apaño que rubricará la defunción de la soberanía nacional. De la democracia.

Estatut
Vísperas: ¿se romperá al fin la cuerda?
Clemente Polo Libertad Digital 16 Abril 2010

El anuncio de la inclusión en el orden del día del próximo pleno del Tribunal Constitucional del borrador de sentencia elaborado por la magistrada Pérez Vera sobre los recursos presentados por el PP, el Defensor del Pueblo y cinco CCAA contra el Estatut de Cataluña –aprobado el 16 abril de 2006 por el 54 por ciento de los diputados del Congreso–, ha vuelto a disparar las descalificaciones y amenazas contra el tribunal desde las disciplinadas huestes del nacionalismo catalán. El Sr. Antich, director de La Vanguardia, asumiendo su papel "institucional" de vocero del nacionalismo ha calificado el hecho de "impúdica utilización por parte de los magistrados de uno y otro bando de lo votado en referéndum por el (49 %) del pueblo de Cataluña el 18 de junio de 2006".

No menos virulenta ha sido la reacción de los partidos políticos catalanes. El president de la Generalitat Montilla ha pedido "la máxima unidad a la clase política catalana para defender y mejorar el autogobierno". En un insólito alarde intelectual Montilla se atrevió incluso a afirmar que "no hay nación sin sociedad", cuando lo acertado en el caso de Cataluña sería decir que "no hay sociedad si hay nación". El Sr. Pujol (Oriol) advirtió que "habrá un antes y un después" y se remitió al itinerario marcado por su líder, el Sr. Mas, que propuso hace unos meses llamar a "consulta al pueblo de Cataluña para comprobar si acepta o no el Estatut eventualmente debilitado por el Constitucional". Duran i Lleida, líder de Unió, ha hecho gala de su moderación insustancial y se ha limitado a manifestar que no sería bueno para nadie una sentencia impuesta "con forceps"; pero la corriente interna El Matí de su partido ha apostado abiertamente por "un gobierno de unidad nacional" para alcanzar la plena soberanía e independencia de Cataluña en el marco de la Unión Europea", si el TC recorta el Estatut, posición casi indistinguible a la del Sr. Benach, president del Parlamento de Cataluña y líder de Esquerra Republicana.

No sé si por su carácter cínico o sádico, quiero destacar de entre todas estas declaraciones programáticas las del Sr. Puigcercós, secretario general de Esquerra Republicana, que en una entrevista manifestó que "si el Alto Tribunal retoca aspectos del texto como la equiparación de los derechos de los catalanohablantes a los de los castellanohablantes el Estatut quedará tocado de muerte definitivamente". ¿No habían caído en la cuenta los impulsores de los recursos que los ciudadanos que hablan catalán en Cataluña no pueden educarse en su lengua materna porque la lengua vehicular del sistema educativo catalán es el castellano? ¿Desconocían acaso esos perversos enemigos de Cataluña que en los concursos de acceso a la función pública en la Universidad de Barcelona se discrimina a los ciudadanos de habla catalana porque para concursar se les exige que presenten un certificado de nivel C de castellano? ¿No repararon quienes pergeñaron esas invectivas que el catalán es una lengua vetada en las televisiones y radios públicas de Cataluña y que el Estatut solamente aspira a que sea equiparada con el castellano la lengua habitual en esos medios?

Chusco, ¿verdad? Lo que el TC está dirimiendo estos días no es precisamente la "equiparación de los derechos de los catalanohablantes a los de los castellanohablantes" que el Estatut habría venido a garantizar, según la torcida interpretación del Sr. Puigcercós, sino todo lo contrario: poner coto a una norma concebida para eliminar el derecho constitucional de los catalanes que se expresan en castellano a educarse en su lengua, la que comparten con el resto de españoles; a acceder a la función pública sin ser discriminados; a utilizarla libremente en sus negocios y transacciones; a emplearla en los medios de comunicación públicos que sostienen con sus impuestos; y a que los impuestos estatales y los mecanismos que los revierten a las distintas comunidades autónomas sean los mismos para todos. El Estatut es el soporte jurídico de otras normas que lo desarrollan y precisan, transformando artículos en apariencia neutrales –"el Gobierno, las Universidades [...] han de adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso del catalán en todos los ámbitos"– en verdaderos instrumentos de discriminación y opresión (exclusión del resto de los españoles que no tengan el nivel C de catalán). Con el desarrollo del Estatut, la Cataluña oficial y paraoficial que depende de los presupuestos de la Generalitat, Diputaciones y Ayuntamientos aspira a convertir la rica cultura que se manifiesta en castellano en Cataluña en un ghetto marginal y rigurosamente vigilado.

Pocas noticias llegan del TC pero que la ponencia se lleve al pleno en estos momentos sugiere que algo ha cambiado respecto a hace unos meses, cuando la presidenta, partidaria de "constitucionalizar" el Estatut, retiró la ponencia al constatar que el magistrado Reyes Aragón se mantenía firme en su posición de no avalarla. No afloje, magistrado, le pedía. Como advertía entonces, la sentencia no resolverá los múltiples problemas políticos, administrativos y sociales que van a generar los estatutos a la carta aprobados por los Gobiernos de Rodríguez Zapatero con el apoyo de los nacionalistas (y del PP en varios casos), pero al menos servirá para establecer algunos límites a las pretensiones de los nacionalistas catalanes de gobernar Cataluña sin contar con el resto de las instituciones del Estado español y poner coto a las interpretaciones abusivas de los mismos en su posterior desarrollo legislativo. Un día u otro habrá que marcar una línea roja y cuanto antes se haga tanto mejor para Cataluña, España y la UE.

No es la primera vez que se plantea en España un conflicto de competencias de esta índole. En la Segunda República, un asunto menor, la Ley de Arrendamientos aprobada por el Parlament fue recusada por el Gobierno de la República con razones bien fundadas. Cuando el Sr. Hurtado, comisionado de la Generalitat para defender la ley ante el Tribunal de Garantías advirtió al presidente de la República "que veía difícil impedir la protesta vehemente de Cataluña si la sentencia del Tribunal de Garantías constituía un ataque a fondo contra el Estatut", éste le respondió: "pero tengan en cuenta que es mucho peor dar la sensación de que el Gobierno, sea el Estado o la Generalitat, no aceptan las sentencias de los tribunales más que cuando son favorables. Si eso ocurre, queda subvertido todo el ordenamiento jurídico del país".

Vale la pena recordar también las palabras que profirió el ilustre president Companys, cuando el comisionado le expuso la oferta del Gobierno de introducir algunos cambios menores en la Ley: "no puede ser. La ley se ha de volver a aprobar sin tocar ni un punto ni una coma". Palabras similares hemos oído estos días que deberían alertar a los miembros del TC de que la mayoría de los actuales políticos nacionalistas catalanes también prefieren subvertir el orden jurídico a aceptar algunos cambios para "constitucionalizar" un Estatut que vulnera derechos fundamentales y resulta, por ello, profundamente inconstitucional.
Clemente Polo es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Autónoma de Barcelona. Escribe regularmente en su blog.

Estatut
Sólo nos queda acatar la sentencia
Antonio Robles Libertad Digital 16 Abril 2010

Considero que hay múltiples artículos del actual Estatuto de Cataluña que desbordan la Constitución. Creo que de no ser rectificados por el Tribunal Constitucional, España se habrá convertido en un Estado asimétrico. Estoy convencido de que ese no será el último paso de los nacionalistas catalanes para conseguir el empalagoso, por instrumental, encaje de Cataluña en España. Al contrario, barrunto que será un paso más hacia una confederación donde la bilateralidad con el Estado central será la palanca para beneficiarse de su relación con España sin soportar los costes que todo Estado independiente ha de asumir como tributo de su soberanía.

Fuere lo que fuere en el futuro, si el Tribunal Constitucional no toma conciencia de su responsabilidad ante la historia, ese deslizamiento hacia la confederación y el bilateralismo, institucionalizará la desigualdad jurídica, económica y cultural entre los ciudadanos catalanes y el resto de españoles y entre determinados ciudadanos nacionalistas catalanes y los que no lo son. Llegados a este punto, sólo tenemos tres caminos: no aceptar la sentencia, aceptarla y una tercera, aceptarla para promover inmediatamente la reforma constitucional para restaurar la igualdad entre todos los españoles.

La primera opción ya la ha elegido ERC. En palabras de Joan Ridao, secretario general de la formación independentista, "no acatará" la sentencia si supone "un recorte" del texto. Bien, no se esperaba menos de un partido que confunde su ideología con la democracia; o lo que es lo mismo: sólo es demócrata lo que yo pienso. Sería ocioso explicarles que la democracia no es un contenido ideológico, sino un sistema de normas para convivir bajo reglas. El problema será saber qué quieren decir cuando dicen que no acatarán la sentencia. Con intenciones distintas pero con mucha más retórica electoral han sido las declaraciones del presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla: "Donde algunos ven un texto jurídico, Cataluña ve su voluntad mayoritaria". Y a continuación amenaza con el chantaje de turno avisando de "la inviabilidad del proyecto español" en el caso de que Cataluña no sienta reconocida su "realidad nacional". El Honorable aún no se ha enterado que el aspecto político del Estatuto ya se ha sustanciado en el poder legislativo (Parlamento catalán y Congreso de los Diputados), pero es su aspecto jurídico lo que juzga el Tribunal Constitucional. Para eso está, para garantizar que cualquier ley aprobada en España encaje en la Ley de leyes, o sea, con la Constitución.

La segunda opción es la única que nos queda a cualquier demócrata: acatar la sentencia. Sin más. Independientemente de nuestros sentimientos, ideologías, proyectos futuros, frustraciones o sentido de la justicia. Acatarla. Tiempo habrá de buscar salidas a la mayor o menor satisfacción que nos deje a cada uno. Acatarla. Todo lo que no sea acatarla es comportarse como un golpista institucional que el Estado no debe ni puede aceptar. Aquí no vale el diálogo de civilizaciones ni dudas metafísicas sobre si España es o no una nación. La literatura y las zarandajas del cuento del lobo y la caperucita roja no caben en los textos jurídicos.

La tercera opción no es relevante, sólo una opción entre otras muchas. A saber, acatar la sentencia y asumir sus consecuencias, acatar la sentencia y buscar una mayoría parlamentaria para reformar la Constitución en sentido contraria al Estatuto bilateralista, aceptarla y pactar una mayoría parlamentaria para reformarla con el objetivo de profundizar aún más en la bilateralidad y la confederación de pueblos ibéricos, acatarla y pedir su reforma para introducir el derecho de las autonomías a realizar referéndums etc.

Yo acataré la Constitución, no porque sea más demócrata que ERC, ni porque sea un ciudadano respetuoso con las normas democráticas. No. Acataré la sentencia del Tribunal Constitucional porque ese es mi deber. Como el del resto de ciudadanos españoles. Cualquier otra cosa nada tiene que ver con la democracia. Siempre quedará el derecho individual a la objeción de conciencia. El Sr. Montilla o el Sr. Rigao pueden hacerlo, como lo puedo hacer yo, pero antes habrán de dejar sus cargos institucionales. Y asumir las consecuencias de la ley.

P.D: Cacarear cuando los votos o los Tribunales coinciden con nuestros postulados no tiene mérito. Creo que sólo cuando la acción democrática no nos da la razón, podemos demostrar nuestro respeto por ella. Refugiarse entonces en identidades, razones religiosas, ideologías autosuficientes o cualquier otro mecanismo de defensa sólo sirve para demostrar la insuficiencia de nuestra cultura democrática.

La tregua basura
«Si ETA declarase el eufemismo del alto el fuego, EA abriría sin cortapisas sus listas a activos de Batasuna no tan contaminados como Otegi o sucedáneos. Se obligaría al Estado a usar el bisturí en el cuerpo del nacionalismo vasco»
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ El Correo 16 Abril 2010

El tiempo no es caprichoso en sus coincidencias. Al momento en que la Audiencia Nacional determinaba la absolución de los imputados en el 'caso Egunkaria' seguía otro en el que se divulgaba una nueva esperanza de Batasuna respecto a que ETA declare eso que se viene en denominar un alto el fuego.

La absolución de los imputados por la no acreditada relación entre ETA y 'Egunkaria' demuestra que la hipótesis de investigación, inicialmente planteada por la Guardia Civil, no se ha podido traducir en evidencias con peso probatorio. Y los tribunales de justicia condenan en función del conjunto de pruebas, de manera que en un proceso penal no es válido lo que sepamos sino aquello que pueda quebrar la presunción de inocencia de los acusados. Todavía queda un pieza de enjuiciamiento separada sobre 'Egunkaria', relativa a sus presuntas irregularidades económicas.

El fallo judicial sobre 'Egunkaria' es digno de hacernos reflexionar. Alrededor de la sentencia absolutoria se ha dirimido sobre la constitucionalidad de clausurar un medio de comunicación. En realidad parece que el argumento está desenfocado, pues los conceptos se han mezclado en la mente y en los discursos no se sabe si por apasionamiento democrático o por patinaje semántico. Es natural defender la inconstitucionalidad de cerrar un medio de comunicación. Igual de inconstitucional es intervenir comunicaciones telefónicas de ciudadanos. Sin embargo, tanto clausurar una empresa como intervenir las comunicaciones pasan a ser perfectamente constitucionales cuando ambos actos se producen por vía jurisdiccional y tutelados por un juez de garantías, que además de un juez de investigación es lo que acaba siendo un juez instructor. Es decir que, para ser precisos y no perdernos por los cerros de Úbeda, en su momento no se cerró un medio de comunicación sino que se clausuró una empresa dedicada a la comunicación por su presunta implicación en actividades terroristas. Y esa clausura vino respaldada por un juez de garantías, que en su momento y en su independencia valoró los indicios presentados por los investigadores y consideró que eran suficientes para adoptar medidas provisionales de seguridad contra los imputados y contra los medios, presuntamente en aquel momento, puestos por los imputados al servicio de una causa terrorista.

En cuanto a las esperanzas puestas por Batasuna en lo que eufemísticamente conocemos como una tregua, lo cierto es que el panorama se presenta complicado para ETA. Hay que entender que cualquier movimiento de la banda terrorista en torno a una tregua, en este momento, tiene una instrumentación estratégica que a todos se hace obvia: devolverse a las instituciones a través de Batasuna. El razonamiento instrumental sería que, cesando ETA su actividad, los mecanismos de ilegalización o desactivación de listas electorales perderían su punto de anclaje. A todas luces es un razonamiento absurdo, puesto que, habiendo colgado el cartel de tregua o no, ETA continuaría activa como organización terrorista. De esta manera, los circuitos de verificación de cualquier asociación con ETA de candidaturas ilegalizables continuarían en plena vigencia... y un Otegi o cualquier otro de similar perfil entrarían muy suavemente en la ilegalización�si es que en ese momento no permanecen aún en prisión.

Otro supuesto electoral para instrumentar la tregua sería la apertura de Eusko Alkartasuna. La hipótesis de trabajo sería que, declarando ETA el eufemismo del alto el fuego, EA abriría sin cortapisas sus listas a activos de Batasuna no tan contaminados como Otegi o sucedáneos. Y una vez instalada Batasuna en una oferta electoral de EA como plataforma abertzale, se obligaría al Estado a actuar contra ella sufriendo el desgaste mediático de usar el bisturí en el cuerpo del nacionalismo vasco.

En sentido estricto, para la recuperación por ETA de su presencia electoral no basta un alto el fuego ni el formato de una tregua. La condena de Batasuna o el romper con ETA no van a producirse. De manera que, si el Estado se mantiene firme jurídica y procedimentalmente, nos podríamos encontrar con candidaturas anuladas en medio de una enésima tregua torticera de ETA. Aun así, lo bueno de las estrategias es que casi siempre hay alternativas�si se tiene la voluntad de buscarlas.

Una alternativa razonable tiene que ver con el mismo formato de la tregua. De nuevo, un ejercicio de ingeniería semántica. ETA se ha descapitalizado en las treguas�es decir, en este momento una tregua de ETA es como un bono basura�nadie lo compraría. Considerando la situación, sería incluso una garantía para afinar todavía más los mecanismos de supervisión de listas electorales a fin de no dejarse flecos como los últimos, puesto que el riesgo de infiltración de una ETA basura en las instituciones se multiplicaría.

Ahora bien, imaginemos que no se trata de un alto el fuego ni de una tregua, sino de una suspensión indefinida y completa de la actividad de ETA para promover la búsqueda de la independencia de Euskadi exclusivamente por vías políticas. Atención a las palabras: suspensión, indefinida, completa, promover, independencia, políticas. Y acompañar esa declaración de un gesto�seguro que se les ocurre alguno. Una Batasuna más o menos descontaminada de perfiles pesados tendría relativamente sencillo incardinarse en una lista de EA y el tiempo de una legislatura daría para verificar el proceso de desactivación etarra.

Contra ETA
Germán Yanke EDT 16 Abril 2010

La última operación policial (y judicial) contra ETA resulta reveladora. Los abogados detenidos no lo han sido como tales ni como prestadores de los servicios de defensa a los terroristas de la banda, sino como personas que presuntamente formaban parte del entramado de la banda, ya fuese para transmitir mensajes y consignas, recoger información para acciones violentas o para facilitar en su caso la huida, como han señalado los responsables de Interior.

Son muchos y distintos los detenidos y la Justicia determinará, en cada caso, las responsabilidades y los delitos concretos. Lo importante en este asunto, independientemente de la suerte de cada uno de ellos, es que se mantiene un criterio en la lucha contra el terrorismo que, aunque obvio, ha sido olvidado durante mucho tiempo y, en ocasiones, aun siendo evidente, se ha pretendido arrumbar. ETA es una banda terrorista que no está integrada sólo por pistoleros. Funciona como una hidra bien organizada y disciplinada en la que muchos otros, en distintos campos, desempeñan papeles coordinados sin los cuales la banda no sería lo que es. Una persecución eficaz tiene que ser, en primer lugar, respetuosa con la ley y con sus garantías, pero, al mismo tiempo, no puede olvidar que lo que se trata de eliminar, la banda, funciona de esa manera, al estilo de las organizaciones criminales.

Si, como se ha constatado hasta la saciedad, no hay en ETA resortes internos para su disolución, ni morales ni estratégicos, ni para que una parte de la trama se lo exija a la otra, tampoco es posible acabar con ella sin el empeño legal y judicial por no dejar resquicio alguno para que la maquinaria respire y subsista. La batalla contra el terror, bien coordinada internacionalmente, debe perseguir todos los elementos de la banda, cerrar las puertas e impedir que unas y otras cabezas de la hidra respiren para mantener la violencia de una u otra manera.

La importancia y la necesidad de esta estrategia antiterrorista no asegura, lógicamente, que no vaya a haber antes o después un atentado, pero, además de dificultarlo y actuar preventivamente, es el único camino, cada vez más corto, para lograr el fin de ETA. Todo ello debería servir para que, al margen de algunas extravagancias impresentables, la cooperación con el Gobierno de todo el arco parlamentario se afiance y se estreche.

El Constitucional puede obligar a rehacer normas claves que Cataluña ha aprobado durante el desarrollo del Estatut.
El sistema educativo y judicial catalán están pendientes del fallo
41 leyes bajo sospecha
Marcos Pardeiro La Razón 16 Abril 2010

El tripartito ha puesto velocidad de crucero al despliegue estatutario a riesgo de que el TC le haga deshacer el camino

BARCELONA- Al presidente de la Generalitat, José Montilla, se le ha escuchado decir en más de una ocasión que «el desarrollo constante y efectivo del Estatut es la mejor manera de defenderlo». Desde que el texto catalán entró en vigor en agosto de 2006, el tripartito ha tratado de impulsar el despliegue de la norma cuanto ha podido. Así, ha querido demostrar a los catalanes la utilidad de su nuevo marco legal y, de paso, disuadir a los magistrados de una severa corrección del texto. En tres años y medio de vigencia del Estatut, el Ejecutivo catalán ha sacado adelante 41 leyes. Sus bríos han contrastado con la pasividad del Gobierno, que siempre ha mirado de reojo los trabajos del Tribunal Constitucional.

La hora del juicio final sobre el Estatut se aproxima y las consecuencias podrían ser que al menos una quincena de enunciados del texto catalán queden invalidados y otra veintena sean reinterpretados. Esto podría obligar a los legisladores catalanes a rehacer leyes de tanto calado como la de Educación o la de Consultas Populares, por citar algunas de las más emblemáticas que el Parlamento de Cataluña ha aprobado al amparo del nuevo Estatut.

El tripartito ha apretado a fondo el acelerador del despliegue estatutario convencido de la plena constitucionalidad de una ley que el Congreso se encargó de «cepillar», según la célebre expresión del veterano diputado del PSOE Alfonso Guerra. Pero el cepillado de las Cortes bien podría no ser suficiente a criterio del TC. Si es así, la obra legislativa desarrollada en los últimos tres años debería rebobinarse para someter varias normas a un nuevo trabajo de edición acorde a la doctrina constitucional.

EDUCACIÓN
La ley de Educación ignora el decreto estatal que fija un mínimo de tres horas semanales de castellano en los centros escolares y blinda la inmersión lingüística en las aulas. Éste es uno de los aspectos que ha centrado más debates en el seno del Alto Tribunal, puesto que está relacionado con la obligatoriedad de conocer el catalán, un punto que no merece el visto bueno de varios magistrados.

NACIÓN E HISTORIA
El término nación, uno de los más polémicos del Estatut tiene muchas posibilidades de seguir en el preámbulo, un apartado que, según la jurisprudencia constitucional, carece de valor jurídico. Por contra, los magistrados podrían numerosos peros al reconocimiento de los derechos históricos del pueblo catalán. La Ley de Fosas o del Memorial Democrático se podrían ver afectadas por esta decisión.

FINANCIACIÓN
El nuevo sistema de financiación también podría sufrir una vuelta atrás por haber traspasado los límites constitucionales. Sin duda, el nuevo modelo de ingresos de la Generalitat es la conquista en vigor más importante de la que se ha beneficiado Cataluña desde que entró en vigor el Estatut. Varias autonomías protestaron al entender que el esquema de financiación de la Generalitat rompía la solidaridad interterritorial, pero lo cierto es que el modelo fue aprobado en el marco del Consejo General de Política Fiscal y Financiera.

EL TC CATALÁN
En situación de incertidumbre también se encuentran otras leyes como la del Síndic de Greugues (el equivalente al Defensor del Pueblo en Cataluña), la de Consultas Populares por vía de referéndum, la del Consejo de Garantías Estatutarias –que faculta a este organismo para emitir dictámenes vinculantes sobre las leyes catalanas, lo cual le ha valido el apelativo de «Tribunal Constitucional catalán»–, la que regula el derecho a la vivienda –con previsión de alquiler forzoso de pisos desocupados–.

El PP aconsejó desde el primer momento congelar el despliegue del Estatut hasta no tener la certeza de que el texto era plenamente constitucional, un veredicto que sólo puede dictar el TC. Pero los partidos que impulsaron y apoyaron la ley de leyes de Cataluña ignoraron esta advertencia con el argumento de que el Estatut es una norma en vigor y, por tanto, no podía ponerse a hibernar.

LOS TRASPASOS
Más prudentes han sido los legisladores españoles, aunque el Gobierno ya ha dado luz verde a una docena de traspasos y tiene madurada otra media docena. Sin embargo, el PSOE no ha querido desplegar a fondo el Estatut por temor a recibir la enmienda del Constitucional. La descentralización del Consejo General del Poder Judicial, que requiere de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la participación de la Generalitat en organismos estatales son dos de las muchos aspectos aún pendientes que dependen del Congreso.

El TC cierra el segundo día de debate sin un acuerdo que permita votar la sentencia
La presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, vuelve a convocar a los magistrados, que se reunirán hoy a partir de las doce y media de la mañana
N. COLLI | MADRID ABC 16 Abril 2010

Claves de la deliberación
FIN DE SEMANA
Si fuera necesario, Casas podría habilitar sábado y domingo para continuar con las deliberaciones
ABANICO ABIERTO
Fuentes del TC señalan que siguen abiertas todas las opciones: seguir el debate, votar o cambiar de ponente
BLOQUEO
Durante los dos días de deliberaciones, los magistrados se han mantenido en las mismas posiciones
UN VOTO IMPRESCINDIBLE
Los esfuerzos se dirigen a conseguir al menos el empate, pero Casas es reacia a usar su voto de calidad
NUEVO REFERÉNDUM
Maragall dice que si el TC modifica el Estatuto, los catalanes deberían volver a votar el texto
SENTENCIA RAZONABLE
El vicepresidente Chaves espera un fallo «razonable para toda España y para el Cataluña»

El segundo día de deliberaciones sobre el Estatuto de Cataluña concluyó ayer de nuevo sin acuerdo en el Tribunal Constitucional. Tras deliberar durante toda la mañana sin que se produjeran avances significativos que permitieran por fin votar el borrador de sentencia, la presidenta, María Emilia Casas, optó por citar hoy de nuevo a todos los magistrados.

La decisión de Casas no es habitual, pues las reuniones del plenario suelen celebrarse de lunes a jueves, pero sí parece indicativa de que el Constitucional está dispuesto a quemar todos los cartuchos para tratar de sacar adelante una sentencia cuyo enorme retraso es desde hace tiempo insostenible. Fuentes del Pleno han llegado a apuntar la posibilidad de que, «si fuera necesario, podrían habilitarse también el sábado y el domingo y recuerdan que el año pasado Casas hizo lo propio con el mes de agosto».

En este momento, todas las opciones siguen intactas y en el debate que comenzará a partir de las doce y media de la mañana de hoy, reiteran las fuentes citadas, «puede pasar de todo». El abanico de posibilidades incluye la votación del borrador, el cambio de ponente o, simplemente, el cierre de la deliberación hasta la convocatoria de otro Pleno.

Durante estos dos días de reuniones, las posiciones de los magistrados han permanecido invariables por lo que el Tribunal sigue bloqueado y en una situación igual o similar a la del pasado verano. La ponencia de Elisa Pérez Vera -que es la quinta que presenta- cuenta con el respaldo de la presidenta y de los magistrados Eugeni Gay y Pascual Sala, todos ellos del sector progresista. En total, cuatro votos que son insuficientes y que ni siquiera suponen el empate que permitiría a Casas hacer valer su voto de calidad para sacar adelante la sentencia. Contrarios al borrador siguen mostrándose los magistrados «conservadores» Vicente Conde, Javier Delgado y Jorge Rodríguez Zapata.

Reticencia de Casas
De ahí que todos los esfuerzos se dirijan a lograr el apoyo de al menos uno de los tres magistrados restantes, de modo especial el del progresista Manuel Aragón, aunque éste se ha mostrado muy crítico con el texto de Pérez Vera. Su voto supondría el empate y permitiría sacar la sentencia a la desesperada con el voto de calidad de la presidenta.

La enorme reticencia de Casas a hacer valer ese privilegio es la razón por la que se busca también el apoyo de otros dos magistrados, los conservadores Guillermo Jiménez (vicepresidente del Tribunal) y Ramón Rodríguez Arribas, que en algún momento puntual se han mostrado dispuestos a dar su voto. Dos días antes del Pleno ninguno de los tres se encontraba en esa posición.

Sobre el TC y la sentencia se manifestó ayer el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien defendió a la institución y esperó que la sentencia sea «razonable», «jurídicamente correcta» y que aporte «claridad» al ordenamiento jurídico.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, rebajó un punto el tono de sus presiones y señaló que tanto él como su gobierno acatarán la sentencia, aunque no la compartan, informa Ep.

Por su parte, el dirigente de ERC Joan Puigercós ha reclamado al TC que se pronuncie «de una puñetera vez» porque seguir pendientes de la sentencia «nos hace perder el tiempo a todos».

El Constitucional estira al máximo el debate sobre el Estatut sin garantías de acuerdo
Agencia EFE Periodista Digital 16 Abril 2010

El pleno del Tribunal Constitucional que debe resolver los recursos contra el Estatuto de Cataluña reanudará hoy sus debates sobre el quinto borrador de sentencia, que podría ser sometido a votación pese a que parece seguir sin concitar el consenso suficiente para ser aprobado.

Según las fuentes consultadas en el tribunal, la sesión de hoy -inusual porque en las llamadas "semanas jurisdiccionales" puede haber pleno de martes a jueves, pero nunca los viernes- se adivina como determinante para el futuro de la ponencia, hasta el punto de que si ésta continúa sin alcanzar un "umbral mínimo" de respaldo podría ser definitivamente rechazada.

El texto anula una quincena de los cerca de 125 preceptos recurridos, entre ellos algunos de los referidos al Poder Judicial en Cataluña y a las competencias del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán); condiciona la constitucionalidad de otra veintena a su interpretación y "salva" la inclusión del término "nación" en el preámbulo del Estatut aduciendo que este no tiene valor jurídico.

El borrador que ha puesto sobre la mesa la ponente del recurso del PP, la progresista Elisa Pérez Vera, contaba al inicio del pleno el pasado miércoles con el respaldo de otros tres magistrados de su mismo sector -Pascual Sala, Eugeni Gay y la presidenta del tribunal, María Emilia Casas- y con el rechazo frontal de los conservadores Javier Delgado, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde.

Así, las únicas opciones para que el borrador fuera finalmente aprobado residían en los otros tres miembros del pleno: el progresista Manuel Aragón y los conservadores Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez Arribas.

Sin embargo, las intervenciones de los magistrados que se han sucedido a lo largo de los dos últimos días, en los que los debates sobre el Estatut han ocupado casi nueve horas, no dejan demasiado lugar al optimismo, según las fuentes consultadas.

Éstas ya descartaban el miércoles que Jiménez o Rodríguez Arribas fueran a prestar el tan buscado quinto apoyo -que permitiría aprobar la sentencia siempre que Casas hiciera uso de su voto de calidad-, pero también ven muy difícil que lo vaya a prestar Aragón.

Este magistrado, pese a su adscripción progresista -fue designado miembro del Constitucional a propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero-, ha mantenido posiciones muy críticas con determinados aspectos del Estatut, en especial los referidos a la inclusión del término "nación" y a la regulación de los llamados "símbolos nacionales".

Así las cosas, y aunque los contactos informales entre los magistrados han continuado después de que, a las 14:00 horas de ayer, el pleno quedara interrumpido hasta hoy, si la situación no varía el texto que está sobre la mesa podría ser rechazado y la sentencia sobre el Estatut sufriría un nuevo retraso.

Esta vez, además, una votación en la que el borrador siguiera sin sumar los apoyos suficientes podría suponer la renuncia de Pérez Vera a la ponencia.

En ese caso, la presidenta Casas podría asumir la tarea de redactar un nuevo texto o encomendar a cualquier otro magistrado esa misión.

El porcentaje de personas que siempre habla en gallego cae trece puntos en 5 años
Más del 16% de los menores de 14 años domina "poco o nada" esta lengua
DANIEL DOMÍNGUEZ | SANTIAGO La Opinión 16 Abril 2010

Cada vez son menos personas las que se expresan exclusivamente en gallego. El número de ciudadanos que siempre habla en el idioma de Rosalía se desplomó trece puntos en cinco años, durante los que se alternaron en el Gobierno del PP y la coalición entre PSdeG y BNG. En 2003, el 43% de la población utilizaba siempre este idioma, mientras que en 2008 ese porcentaje se situó en el 30%.

Después de que esta semana la oposición pidiese al Valedor do Pobo mayor protección al gallego, la encuesta de conocimiento y uso de esta lengua publicada ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE) refleja no solo el descenso de las personas que utilizan siempre el gallego, sino en el grado de competencia.

En este sentido, destaca que el 16,4% de los menores de catorce años domina "poco o nada" el gallego, un porcentaje que es inferior al 10% en el resto de franjas de edades, excepto entre los 30 y los 49, en la que aumenta hasta el 13,2%.

Si en 2003 el 81,1% de la población comprendía "mucho" el gallego, en 2008 ese porcentaje descendió hasta el 66%. No es el único indicador negativo. Las personas que sabían hablarlo "bien" también descendieron desde el 67,9% al 54,1%.

La encuesta refleja un aumento del bilingüismo: el 56,4% de la población habla mayoritariamente en gallego. El porcentaje de personas que usan más el gallego pasó del 18,2% al 26,4% en cinco años, mientras que los que optan por invertir ese orden pasaron del 18,7% al 22,5%.

Sin embargo, el análisis de los hábitos idiomáticos por franjas de edad revela un desequilibrio. Las personas mayores de 65 años son las que aguantan del idioma, mientras las nuevas generaciones se decantan por el castellano. No parece que haya relevo, porque los ciudadanos en edad de jubilación que hablan mayoritariamente en gallego duplican a los jóvenes menores de 14 años: 78,5% frente a 36,2%. Entre los 15 y los 29 años el porcentaje es del 43%; entre los 30 y los 49, del 48%; y a partir de los 65, del 67%.

Si se analizan los datos de las personas que siempre se expresan en gallego, la radiografía es similar. A partir de los 65 años el 53% opta por esta decisión, pero ese porcentaje disminuye al 34,3% entre los 50 y los 64. Entre los 30 y los 49 se sitúa en el 22,1%; entre los 15 y los 29, en el 18,6%, y entre los 5 y los 14, en el 15,3%. En esta franja de edad más joven resulta evidente el desequilibrio: casi el doble de niños hasta los 14 años hablan siempre en castellano.

También existen diferencias entre la Galicia atlántica y la interior. En Lugo y Ourense las personas que emplean mayoritariamente el gallego superan ampliamente las cifras de A Coruña y Pontevedra. En las dos primeras se alcanzan el 73,3% y el 71%, respectivamente, mientras en las segundas apenas se alcanzan el 55,1% y el 46,4%.

A cinco meses de que empiece el nuevo curso, la Xunta no ha podido confirmar si entrará en vigor el nuevo decreto del gallego, cuyas bases ya ha presentado. La encuesta del Instituto Galego de Estatística refleja la situación en las escuelas en los últimos cinco años. En ese período, el 46% de los alumnos recibían las clases mayoritariamente en gallego, por un 32,8% de mayoría en castellano. Los extremos resultan minoritarios. En 2008 solo el 6,3% de los alumnos escuchaba a sus profesores exclusivamente en castellano, más de ocho puntos menos que en 2003. En el otro lado de la balanza, la tendencia se invierte. El número de niños que recibió clases íntegramente en gallego pasó del 8,32% en 2003 al 14,32%. Sumadas ambas cifras, los datos muestran que uno de cada cinco alumnos recibe clases monolingües en Galicia.

Al gallego le está costando hacerse un hueco entre los jóvenes. En las escuelas gallegas, un 35% de los alumnos siempre habla en castellano con sus compañeros por un 17,4% que lo hace exclusivamente en gallego. Cuando se dirigen a sus profesores el 22,5% opta por la primera y el 15,1% por la segunda.

A la hora de escribir, el 47% suele usar más gallego que castellano. Sin embargo, uno de cada cinco alumnos escribe de forma monolingüe: el 11,5% lo hace siempre en gallego y el 11,4% en castellano.

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