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Recortes de Prensa   Sábado 17 Abril  2010

 

Fracaso constitucional
Editorial La Razón 17 Abril 2010

Casi cuatro años después de que se presentara el recurso por parte del PP, el Tribunal Constitucional demostró ayer de nuevo su incapacidad para alcanzar una resolución sobre el Estatuto de Cataluña. Aunque los tanteos previos y las deliberaciones interminables de estos últimos días parecían apuntar en la víspera que se alcanzarían los apoyos necesarios, la mayoría del Alto Tribunal rechazó el quinto borrador de resolución presentado por la magistrada Elisa Pérez Vera. El resultado final fue de seis votos en contra frente a cuatro a favor. El «progresista» Manuel Aragón y el conservador Guillermo Jiménez, claves en la posibilidad de que la sentencia lograra el respaldo suficiente junto al voto de calidad de la presidenta María Emilia Casas, rechazaron finalmente los contenidos del texto de la ponente, que anulaba una quincena de artículos y sometía a otra veintena a interpretación. Entre otros, salvaba la definición de Cataluña como nación, porque, según su criterio, el preámbulo del texto no tiene valor jurídico, y declaraba nulos los que hacen referencia al Poder Judicial en Cataluña y al Defensor del Pueblo.

El desenlace abre un horizonte complejo en el que cualquier previsión o pronóstico son precipitados porque dependen de demasiadas variantes. Lo incontestable es que la situación de bloqueo en el Tribunal Constitucional prolonga una interinidad estatutaria con repercusiones preocupantes. No se puede ignorar que el dictamen que está por llegar amenaza a una gran parte de las 41 leyes hasta ahora aprobadas por el Parlament en aplicación de un Estatuto recurrido.

El debate se centra también sobre si el fallo debería esperar a que se celebren los comicios autonómicos, previstos para otoño, como ayer propuso algún responsable político. Los argumentos son que no se distorsionaría el periodo electoral y que el Tribunal Constitucional podría renovar los cuatro miembros que ya han agotado su mandato y los otros cuatro que están a punto de hacerlo. Es una alternativa que despejaría el camino a los políticos, pero que no resolvería el conflicto planteado ni aliviaría el pobre espectáculo ofrecido en la resolución de un recurso contra una norma de honda repercusión en el ordenamiento y la estructura del Estado. La propuesta pretende consolidar una coyuntura anómala e incierta, condicionada por la oportunidad política y no por la legalidad.

Entendemos que el paso inmediato es que Guillermo Jiménez, vicepresidente del Tribunal y próximo ponente de la sentencia, sea capaz de generar nuevos consensos mucho más amplios de los que se han fraguado hasta el momento, claramente insuficientes tanto en lo aritmético como en lo doctrinal, si bien las posibilidades de que se alcancen antes de los comicios son escasas.

El Estatuto de Cataluña no es una norma más. Contempla disposiciones que afectan al ordenamiento, las reglas de juego y los equilibrios institucionales. Cuatro años sin acuerdo han generado incertidumbres y tensiones que deben acabar con una sentencia que rehuya lo político y se limite estrictamente a lo jurídico.

Longa manus
IGNACIO CAMACHO ABC 17 Abril 2010

NO cuadra ni a martillazos. Una mayoría sostenida de magistrados del Tribunal Constitucional opina que el Estatuto de Cataluña no cabe en la Constitución por muy ancho que sea el filtro jurídico que se le aplique. La deliberación no está atascada; lo que se ha atascado es la voluntad de la presidenta del Tribunal, doña María Emilia Casas, de constitucionalizar el texto a base de mirarlo con buenos ojos, o más exactamente con los ojos del Gobierno y los nacionalistas catalanes. Por cinco veces, y durante cuatro años, un mínimo de seis jueces sobre diez se han negado a dar el visto bueno a la ponencia favorable, y eso no es un bloqueo, sino un rechazo en toda regla. Ante tan terca evidencia se imponía desde hace tiempo el cambio de ponente, que la señora Casas se negaba a aceptar porque en su arbitraje casero prefería seguir dando largas a ver si pasaba algo; por ejemplo que el magistrado Manuel Aragón, elegido a propuesta del PSOE, reconsiderase su posición contraria a la definición nacional de Cataluña y sus símbolos identitarios. Pero Aragón no se mueve de su criterio; entiende que, en la Constitución está muy claro que no hay en España otra nación que la española. Con sus maniobras dilatorias Casas ha actuado como longa manus del poder, aunque ni aún así ha logrado sacar un dictamen benévolo en el que la conveniencia política prevalezca sobre el rigor jurídico.

Finalmente se ha abierto paso la única solución razonable y será el catedrático Guillermo Jiménez, sevillano fino y serio, hombre moderado y cabal con fama de buen componedor de acuerdos, el que redacte un nuevo borrador en busca de un consenso hasta ahora imposible. En principio se podría interpretar su designación como un revés gubernamental, porque Jiménez también comparte la tesis de la inconstitucionalidad esencial de un texto que «depara» -el término es de Maragall- como nación a Cataluña; sin embargo, el Gobierno obtiene en el relevo una importante ventaja táctica para sus intereses. Salvo que el nuevo redactor haga un trabajo exprés la ponencia se puede demorar hasta el otoño, de modo que Zapatero y Montilla tengan unas elecciones catalanas tranquilas, sin que se les cruce por medio una sentencia que, caso de resultar adversa, les complicaría severamente una campaña que ya de por sí han de abordar en cuesta arriba.
Lo que a nadie parece ya causarle reparo es el desprestigio que el Constitucional continúa acumulando con su mecánica de apaños maniobreros, más pendiente de las consecuencias políticas de sus decisiones que de resolver conforme a Derecho. Con todo y con ello, por fino que hilen los magistrados, como al final tumben el núcleo duro del dichoso Estatuto se pueden ir preparando: si no los acusan de torturadores, como a sus colegas del Supremo, no se librarán de pasar por enemigos del pueblo catalán o cualquier enormidad semejante.

El fracaso de todos
Vicente A. C. M Periodista Digital 17 Abril 2010

No creo que sea tan difícil dictar sentencia sobre algo tan meridianamente claro como la inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña. No hace falta perder cuatro años y acabar por posponer cualquier solución hasta que se pase el escollo de las elecciones autonómicas de noviembre e en Cataluña. No hace falta ser u experto analista político para ver el fariseismo que hay en la petición del Sr.Montilla para exigir la renovación del Tribunal Constitucional, al ver como puede verse afectada su campaña.

Y la verdad, es sumamente preocupante el que el TC haya llegado a ese callejón sin salida por el sectarismo de unos y otros por igual. La propia interinidad de los actuales componentes, incluida la Presidenta Sra. Casas, solo hace acrecentar la desconfianza en las Instituciones Judiciales y que para cuando se produzca la tan esperada sentencia, sea indiferente su contenido, ya que el desarrollo efectivo del Estatuto durante estos cuatro años de paro político, ha sido aprovechado por los avispados legisladores del Parlamento autonómico para desarrollar una legislación acorde con lo más anti constitucional de su texto.

Luego, vendrá la avalancha del resto de Autonomías que incluyeron la llamada “cláusula Camps” que es como hacer trajes según el modelo que se realice para Cataluña. Así que el Gobierno que tan vehementemente defiende la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, tendrá que igualar los logros que se alcancen. Es una lástima que aún queden Autonomías que no han incuido esa fórmula de equiparación de derechos. Será mejor que lo hagan cuanto antes si no quieren perder el tren del desarrollo y de la financiación.

Eso sí ¿Quien va a garantizar para todos el mismo trato que exige el Parlamento de Cataluña?¿De dónde va a salir el dinero descomunal que supone esta aberración legislativa? Loa jugada de Maragall-Zapatero-Mas-Montilla corre peligro de quedar diluida como un azucarillo. Y personalmente me legraré que eso suceda y el Sr. Montilla acabe en la oposición y en el olvido. Porque su paso por la Generalitat pasará a la Historia como el más sectario, revanchista y anti español que se haya producido, incluido e periodo de gobierno de CiU con el Sr. Pujol.

Con este nuevo fracaso del TC, no solo fracasa la Justicia, sino la democracia. La falta de voluntad de consenso en lo que es un evidente ataque al espíritu y la letra de la Constitución, merece que el TC desaparezca, no que se renueven sus cargos. Total, la Constitución es ya un apel que n siquiera sus redactores se atreven a defender. Lamentablemente, todos fracasamos, incluso los que no hemos querido dejar de denunciar la campaña del cambio constitucional que planificó el Sr. Zapatero desde que accedió a la Presidencia del Gobierno. Un Gobierno que ha sido sectario y cdon desprecio absoluto a la oposición, o lo que parecía serlo.

Inflexión sobre el Estatuto
Jesús Zarzalejos Nieto ABC 17 Abril 2010

A pesar del cambio de ponente para la sentencia que debe resolver el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, sigue siendo arriesgado cualquier vaticinio sobre qué nuevas mayorías de magistrados permitirán al TC, de una vez por todas, decirnos si ese texto es o no constitucional. Aparentemente, la derrota de la ponencia presentada por la magistrada Pérez Vera supone que hay una mayoría (6 frente a 4) que cree que el Estatuto es más inconstitucional que lo que se les estaba proponiendo. También aparentemente, al ser nuevo ponente uno de los magistrados de esta mayoría, cabe pensar que su ponencia estará en mejores condiciones para mantener el respaldo de esa media docena de votos. Y, por último, aparentemente ayer se agotó el margen de maniobra que los magistrados proclives a mantener una generosa constitucionalidad del Estatuto tenían para sumar uno o dos votos.

Si estas apariencias se corresponden con la realidad, la inconstitucionalidad del Estatuto está sentenciada; una inconstitucionalidad amplia y en aspectos significativos.

Tampoco una sentencia así debería ser una sorpresa, visto que los argumentos más esgrimidos para defender la intangibilidad del texto oscilan entre la conveniencia política de los partidos que lo pactaron y la pura amenaza rupturista frente a un fallo anulatorio. El TC, encargado de velar por la integridad de la Constitución, no haría nada raro si anulara una ley orgánica, aun refrendada popularmente, que, por resumir, impone por el atajo de una reforma estatutaria la derogación singular del Estado autonómico en Cataluña para sustituirlo por una bilateralidad de soberanías entre uno y otra, una especie de «tú a tú» confederal entre Cataluña y España. Este no es el principio autonómico previsto por la Constitución, como tampoco otras disposiciones del Estatuto cuya premisa es la desconexión constitucional de Cataluña.

Profesor de Derecho Procesal UCM

La revancha de Zapatero o la ruptura con la Transición
José Antonio Zarzalejos. El Confidencial 17 Abril 2010

La Transición democrática se fundamentó en dos pilares: la reconciliación entre los españoles compartiendo memoria de los errores recíprocos y aceptando la más amplia amnistía de nuestra historia, y la distribución territorial del poder mediante un Estado autonómico que reconocía la personalidad de regiones y nacionalidades, declaraba la unicidad de la Nación y hacía residir en el conjunto del pueblo español la soberanía.

Desde Suárez a Aznar, y hasta 2004, este doble pacto -con mayores o menores dificultades- se ha venido manteniendo. Con José Luis Rodríguez Zapatero, esta corriente histórica de casi tres décadas se ha quebrado. Dos medidas legislativas han sido el instrumento de esta ruptura: la Ley de Memoria Histórica -técnicamente inaplicable y políticamente innecesaria- y el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña que él impulsó recogiendo la iniciativa de su compañero Pasqual Maragall y en el que se incorpora el carácter nacional de Cataluña, la bilateralidad de su Gobierno con el del Estado y una desconcentración del Poder Judicial que le segrega del común.

Con la ley de Memoria Histórica, el presidente del Gobierno neutralizaba los efectos del pacto de convivencia de 1978, demediaba la ley de Amnistía de 1976 e invitaba a la izquierda revanchista -es decir, aquella que pretendía el desquite del franquismo mediante la ruptura y no la reforma- a realimentar su legitimación política. Con el nuevo Estatuto de Cataluña de 2006 llevaba a la práctica su percepción de que la nación española era “discutida y discutible” y suministraba munición a los alientos independentistas del radicalismo republicano catalán con el que se alió para gobernar en Cataluña y ayudarse en Madrid, enturbiando la claridad de los fundamentos de la unidad nacional establecidos en el Título Preliminar de Carta Magna.

Deslegitimación del Supremo
La consecuencia de esas medidas legislativas -ambas revanchistas- las hemos observado en toda su crudeza en esta aciaga semana que concluye. De un lado, el acto en la Universidad Complutense, durante el que una izquierda extrema aglutinada por los sindicatos más burocratizados y depredadores de Europa, deslegitimó al Tribunal Supremo y resucitó el fantasma del franquismo mediante un discurso inaceptable desde el punto de vista de la sensatez democrática. De otro, el penoso episodio de diez magistrados -todos juristas de larga trayectoria- incapaces de encontrar un mínimo común denominador para contrastar la constitucionalidad del Estatuto catalán en lo que ha sido, seguramente, el definitivo fracaso del órgano de garantías constitucionales. Si el TC no es capaz de determinar unánimemente los valores superiores de la Constitución ¿acaso lo podrán conseguir otras instancias?

La conclusión es que se ha producido un fin de época, que se reabre el debate histórico treinta y cinco años después de fallecido el dictador, cuando creíamos haber superado la disputa trágica entre españoles; y que la Constitución no da ya respuesta mediante el Estado autonómico a las aspiraciones de autogobierno de la nacionalidad más importante -cuantitativa y cualitativamente- de las que coexisten en España, la catalana. Y no da respuesta porque se han alimentado unas expectativas que han exteriorizado, con casi imposible marcha atrás, los programas de máximos de un catalanismo que en estas tres décadas ha formado parte mucho más de la solución que del problema hasta que el PSC -con el independentismo de ERC y el izquierdismo extremo de ICV- llegó a la Generalidad.

¿Era éste el propósito de Rodríguez Zapatero? Muchos piensan que sí porque de lo contrario no hubiera llegado tan lejos, habría desautorizado el acto de la Universidad Complutense en términos inequívocos, y respaldado al Tribunal Supremo. Del mismo modo, en el caso del Estatuto catalán, habría evitado aquella enorme frivolidad de “aceptaré el Estatuto que remita Cataluña” pronunciada ante Maragall en la campaña electoral de marzo de 2004.

Rodríguez Zapatero ha acudido siempre a imponer su política con medidas extremas de tal manera que la situación creada es el corolario inevitable de aquellas. El presidente, además, ha buscado la excitación de los grupos nostálgicos de la derecha postfranquista para activarlos y enfrentarlos a los de la izquierda revanchista. También lo ha conseguido. En España estamos recogiendo lo que el Gobierno socialista ha sembrado a ciencia y conciencia desde 2004, desafiando y desautorizando a la izquierda de González que gobernó nuestro país nada menos que trece años. Sumados a los seis de su mandato, el PSOE lleva dirigiendo este país diecinueve años desde 1978, dato histórico que certifica que es el revanchismo, el ánimo letal de acabar con el espíritu constitucional -que era de reconciliación y convergencia-, el que ha animado la primera legislatura y lo que llevamos de la presente bajo la dirección del actual presidente del Gobierno.

A él le corresponde el dudoso mérito de haber sometido al Tribunal Supremo al mayor y peor desgaste de su historia -Garzón, como otras veces en su trayectoria de bandazos no es más que un pretexto para el revanchismo izquierdista- y de haber conseguido destrozar la credibilidad del Tribunal Constitucional. Y de volver a abrir en canal la cuestión territorial, que ha sido el caballo de batalla de toda la historia del constitucionalismo español desde la I Republica en 1873. Por si fuera poco, un hombre de estas características es el que debe conducir el país cuando atraviesa por la peor recesión de las últimas décadas.

Rodríguez Zapatero -mesiánico- ha querido reescribir la historia. Parece que lo ha conseguido mediante la explosión controlada del edificio constitucional de 1978 y el exterminio del espíritu de sus arquitectos. Después de conseguida la revancha planteada nada menos que ante un tribunal argentino, ¿ahora qué, señor Presidente?

EL QUINTO BORRADOR DEL TEXTO FUE RECHAZADO
El Tribunal Constitucional se atasca de manera crítica con el Estatuto
C. Guindal. El Confidencial 17 Abril 2010

El Tribunal Constitucional ha evidenciado que no es capaz de sacar adelante la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. El quinto borrador del texto fue ayer rechazado por seis magistrados a cuatro, dejando entrever que no es posible un acuerdo.

Ya son cuatro años de atasco, y todo apunta a que se retrase la decisión por lo menos hasta el próximo otoño. Incluso los más pesimistas ya hablan de 2011. Los cálculos indican que el futuro inmediato es más negro que claro. La presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, decidió ayer tras la última reunión del Pleno, cambiar el ponente del borrador. Después de cinco textos y mucho trabajo, la magistrada Elisa Pérez Vera, del ala progresista, renunció de la ponencia. Casas dio un golpe en la mesa y optó por cambiar la estrategia. Si con el borrador progresista es imposible encontrar un acuerdo, a ver qué ocurre si son los conservadores quienes estudian los recursos contra el Estatut.

El vicepresidente Guillermo Jiménez será a partir de ahora el ponente. Es conservador, aunque del sector más moderado. El handicap del magistrado es que en breve comienza la etapa preelectoral de las elecciones autonómicas catalanas, previstas para el próximo otoño, y el Tribunal Constitucional no dicta sentencias en estas épocas para evitar que pueda perturbar el proceso electoral.

Por tanto, el nuevo ponente tiene escasamente dos meses para redactar el sexto borrador, cuando Pérez Vera ha tardado en el último más de cinco. Todo esto hace imaginar que no va a dar tiempo a que se pueda votar el texto antes de las elecciones.

Esto implica que habría que esperar a otoño. Sin embargo, hay que recordar que en noviembre finaliza el mandato para los cuatro magistrados elegidos por el Congreso de los Diputados. Si a esto se añade los otros cuatro que siguen en su cargo en funciones desde diciembre de 2007, se abre la opción de esperar hasta el cambio de los ocho magistrados y que sea otro tribunal quien estudie los recursos interpuestos por el PP, el defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Valencia, Murcia, Aragón, Baleares y La Rioja.

Entre los magistrados que llevan dos años y medio en sus sillones sin ser destituidos está la propia presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, el vicepresidente y ahora ponente, Guillermo Jiménez, y los conservadores Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata. Junto a éstos, tendrán que abandonar a partir de noviembre sus cargos los progresistas Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay, y los conservadores Javier Delgado y el fallecido Roberto García Calvo.

Difícil camino
Guillermo Jiménez, catedrático de Derecho Mercantil, tiene muy complicado acercar posiciones para que se apruebe su borrador. Su antecesora hizo cinco modificaciones y ninguno de sus compañeros se movió un ápice de sus criterios. El quinto texto anulaba 15 artículos del Estatuto y modificaba una veintena de ellos. Incluso el jueves por la tarde, todos los magistrados se encerraron en sus despachos para estudiar posibles cambios al texto y obtener su aprobación en el Pleno del viernes, pero ni por esas.

El ponente tiene que revisar de nuevo los puntos más polémicos del Estatut, entre los que están la autodefinición de Cataluña como Nación, que aparece en el Preámbulo. También hay que llegar a un consenso con la bilateralidad, que afecta al artículo 3 de manera directa e indirectamente al 183 y siguientes, cuando se habla de la creación de una comisión bilateral entre la Generalitat y el Estado o entre el gobierno catalán y la Unión Europea.

Los derechos históricos (artículo 5), el deber de conocer la lengua catalana (artículo 6) y los símbolos de Cataluña, es decir, la bandera, la fiesta y el himno (artículo 8) son también el eje de los principales desencuentros en el tribunal, que lleva ya cuatro años sin ponerse de acuerdo.

El tribunal ya está desesperado. Incluso la presidenta se ha llegado a plantear emplear el voto de calidad si consigue un acercamiento de cinco a cinco, algo por ahora imposible. Cierto es que esta maniobra a la desesperada puede caer como un jarro de agua fría en su curriculum. La última vez que un presidente hizo algo similar fue Manuel García Pelayo. Tuvo que recurrir a ese voto para aprobar la expropiación de Rumasa, en el Gobierno de Felipe González. El magistrado recibió tal aluvión de críticas que su carrera quedó manchada para siempre.

La sentencia del Estatuto catalán
El catalán no es lengua "preferente" y no se puede obligar a conocerlo
El proyecto decaído reinterpretaba los principales preceptos sobre el idioma
JULIO M. LÁZARO - Madrid El País 17 Abril 2010

El proyecto de sentencia elaborado por la magistrada Elisa Pérez Vera declaraba inconstitucionales parcialmente 14 artículos de los 114 recurridos del Estatuto catalán (que suma en total 223) y no inconstitucionales, siempre que se interpretasen en los términos expresados en los fundamentos de la sentencia, otros 25 preceptos. Se trataba de una sentencia que ahora se verá endurecida con el nuevo ponente, ya que los conservadores pretenden declarar inconstitucionales o reinterpretar bastantes más preceptos. Según las fuentes consultadas, al no tener el Preámbulo contenido normativo, no tienen eficacia jurídica interpretativa las referencias a "Cataluña como nación" y "la realidad nacional de Cataluña", según "resulta con claridad del artículo 1 de la Constitución".

El término "nacionales" referido a los símbolos de Cataluña está exclusivamente referido a los símbolos de la nacionalidad de Cataluña, reconocida y garantizada en el artículo 2 de la Constitución, dentro de la indisoluble unidad de la nación española. La mayor parte de los artículos reinterpretados, pero no declarados inconstitucionales, hacen referencia a la lengua catalana: el fallo sólo declaraba inconstitucional, y por lo tanto nulo, que el catalán sea lengua "preferente" en la comunidad autónoma de Cataluña.

El proyecto también establecía: El deber de conocimiento de la lengua catalana no puede ser entendido como obligación jurídicamente exigible con carácter generalizado.

El derecho de los ciudadanos de Cataluña a relacionarse por escrito en catalán con los órganos constitucionales y con los órganos jurisdiccionales de ámbito estatal "no condiciona la libertad del legislador estatal para el reconocimiento de ese derecho y el alcance de su eficacia jurídica".

El deber de disponibilidad lingüística de "las entidades, empresas y establecimientos abiertos al público" no permite la imposición de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las lenguas oficiales.

Los apartados 1 y 2 del artículo 35, sobre derechos lingüísticos en el ámbito de la enseñanza, "no impiden el derecho a recibir la enseñanza en castellano como lengua vehicular y de aprendizaje en los mismos términos que el catalán.

El deber de utilizar el catalán no supone la prohibición de utilizar el castellano por las entidades públicas y privadas y el personal a su servicio, según el artículo 50.5.

El artículo 5, relativo a los derechos históricos del pueblo catalán, no es inconstitucional si se interpreta que no es fundamento jurídico del autogobierno de Cataluña distinto de la Constitución.

Las veguerías del artículo 90 no pueden suponer la supresión de las provincias en Cataluña ni sus funciones constitucionales. Los consejos de veguería sólo sustituyen a las diputaciones cuando el ámbito territorial de las veguerías coincida con el de las provincias.

1.335 días sin ponerse de acuerdo
Madrid - Servimedia La Razón 17 Abril 2010

El Tribunal Constitucional lleva 1.355 días sin ser capaz de alcanzar un acuerdo sobre la sentencia del Estatuto de Cataluña, desde que el Partido Popular presentó el primero de los siete recursos examinados el 31 de julio de 2006.

Los magistrados del Constitucional rechazaron hoy por seis votos a cuatro el texto de la ponencia elorada por Elisa Pérez Vera. Era la quinta ponencia redactada por la magistrada y, como en las anteriores, ha fracasado después de tres días de reuniones y debate interno.

El Estatuto de Cataluña tiene siete recursos de inconstitucionalidad planteados. El Partido Popular fue el primero en recurrir la norma a finales de julio de 2006, aunque no fue admitido a trámite hasta el 27 de septiembre del mismo año.

En el texto del principal partido de la oposición, se ponen en cuestión 144 de los 223 artículos del Estatuto, así como 12 de las 22 disposiciones incluidas al final del documento.

Después llegaron los recursos planteados por el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Murcia, Comunidad Valenciana, La Rioja, Baleares y Aragón, estas dos ultimas gobernadas por el PSOE

Ojo, Mª Emilia, que vuelven a soltar a Villarejo
Santiago González El Mundo 17 Abril 2010

La portavoz del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, explicó en su rueda de prensa habitual tras el Consejo de Ministros y Ministras que explicó el juicio popular que se siguió al Tribunal Supremo en el juzgado de la Complutense en estos términos:


"creo que es compatible ese debate social que hay que enmarcarlo en el ámbito de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, en cuyo debate en estos momentos el Gobierno no debe entrar".

El titular de apertura de El Mundo cuenta hoy la penúltima pena del Estatut. Recuerden los precedentes: El nacionalismo catalán propiamente dicho, gobernó 23 años si anunciar en momento alguno que no podía vivir sin un nuevo Estatuto de Autonomía. Tras, la retirada de Pujol, es el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Pasqual Maragall, quien levanta la reivindicación. Aquí se produce el primer fenómeno sociológico: al grito de "persona de sexualidad alternativa el último", todos se agarran a la reivindicación maragalliana como si no hubieran hecho otra cosa en su vida.

En la campaña que había de llevar al nieto del poeta a la Casa dels Canonges, el presidente del Gobierno pronuncia aquellas palabras imborrables: "Aceptaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña", del que dijo: "Será un problema serio para los independentistas y los centralistas, y la solución para Cataluña y la España plural". Que Santa Lucía le conserve ese ojo clínico.

Dos veces tuvo que intervenir personalmente Zapatero para salvar el proyecto del naufragio. La primera, durante su tramitación parlamentaria en septiembre de 2005. La segunda, en la noche de los cigarros largos que vivió con Artur Mas el 21 de enero de 2006, a espaldas de Maragall que aquella noche se ganó la ruina sin saberlo.

"Limpio como una patena", dijo Zapatero que iba a quedar el invento a su paso por el Congreso. Alfonso Guerra, con metáfora más laica y carpintera, dijo el 8 de abril de 2006:“al Plan Ibarretxe lo cepillamos antes de entrar en la comisión y al otro (el Estatut) lo cepillamos como carpinteros dentro de la comisión".

La patena cepillada en la comisión fue aprobada en referéndum el 18 de junio de 2006 con menos apoyo popular que el Estatuto al que derogaba. La participación no alcanzó el 50% y sólo uno de cada tres catalanes votó afirmativamente al texto.

El Tribunal Constitucional lleva desde entonces examinando los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el PP y el Defensor del Pueblo, entre otros. Pese a la autorizada opinión que el presidente expuso el 22 de marzo, "el estatut es constitucional y además está dando buen resultado", y a la espera del dictamen de ese par de insignes juristas que son Cándido y Toxo, el TC realmente existente no ha acabado de tragar la quinta rueda de molino.

Es un fracaso de Zapatero, si se atiende a la cronología expuesta. Es también un fracaso del Constitucional, como dice el titular de apertura de El País, (¿qué función tiene el TC si no es maquillar los desaguisados del presidente?) y un fracaso de la España plural y diversa que pagará la España real, como siempre. Ojo, Mª Emilia, que alguien tiene que comerse este marrón y no va a ser José Luis. Recuerda los precedentes y ten cuidado si el fiscal Villarejo empieza a preguntarte dónde estabas tú cuando las torturas del franquismo.

... Y el tripartito sigue legislando: casi 40 leyes al calor del texto recurrido
IVA ANGUERA DE SOJO | BARCELONA ABC 17 Abril 2010

Una de las premisas del tripartito catalán presidido por el socialista José Montilla ha sido, desde su toma de posesión, el despliegue acelerado del Estatuto de Autonomía de 2006. Bajo el argumento de que es una ley vigente, el gobierno de Montilla ha practicado una política de hechos consumados que se ha traducido en 38 leyes aprobadas, además de diversos proyectos en trámite parlamentario que previsiblemente verán la luz antes de que concluya el mandato, además de traspasos como el servicio de Cercanías de Renfe, la Inspección de Trabajo, la gestión del litoral catalán o la titularidad del Hospital Clínico de Barcelona.

De hecho, el pasado 30 de marzo el consejero de Agricultura, Joaquim Llena, defendió la constitucionalidad del Estatuto, recordando que desde que entró en vigor, en julio de 2006, se han aprobado 32 leyes que lo desarrollan. Sin embargo, lo cierto es que esa cifra es de agosto de 2009. Desde entonces, el Parlamento catalán -con un ritmo de trabajo acelerado por el tripartito en la recta final de la legislatura- ha aprobado seis nuevas leyes directamente relacionadas con el nuevo texto estatutario.

Algunas de ellas de alta graduación política, como la Ley de consultas populares por la vía de referendo o la del Síndic de Greuges, que regula uno de los puntos del Estatuto recurrido por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional.

Referendos y TC catalán
Antes de eso, el Parlamento catalán ya había aprobado normas como la Ley de Educación -impugnada ante el TC-, la Ley de Fosas y la Ley del Consejo de Garantías Estatutarias -un organismo que emite dictámenes vinculantes sobre las normas catalanas y que, por tanto, tiene funciones semejantes a las del Constitucional, puesto que establece doctrina jurídica-. Directamente relacionadas con el desarrollo estatutario están también las leyes de creación de la Agencia Tributaria de catalunya, la Oficina Antifraude de Cataluña y la Autoridad Catalana de la Competencia.

Siguen en el tintero, esto es, en trámite parlamentario, otros proyectos igualmente claves para aprovechar al máximo las nuevas competencias asumidas con el Estatuto de 2006. Se trata de textos como la Ley de la Sindicatura de Cuentas, el tribunal de cuentas catalán, o la reforma de la estructura territorial catalana para dividir las cuatro provincias actuales en siete veguerías. Sin olvidar la creación de una Autoridad de Protección de Datos catalana o el Consejo de Gobiernos Locales, que culmina la nueva estructura de administración local y autonómica definida en la carta catalana.

Hasta el momento, sin embargo, el resultado más notable que desprende el nuevo Estatut es la reforma del sistema de financiación que, en 2010, aportará a Cataluña más de 2.500 millones de extra. Un capítulo que, según el consejero de Economía, Antoni Castells, está a salvo de la sentencia del TC porque se deriva de un pacto de Estado entre el Gobierno y las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Cristina Falkenberg
11-M: Seguimos queriendo saber
Cristina Falkenberg. El Confidencial 17 Abril 2010

De los 29 procesados por la masacre del 11-M, la Audiencia Nacional tan solo condenó a doce imputados, cuatro de los cuales fueron absueltos por el Tribunal Supremo de todo delito (y un quinto, parcialmente). Así pues, quedaron cinco condenados, esencialmente, por pertenencia a banda armada, tráfico de drogas, tenencia de explosivos y lindezas similares, y sólo tres, de manera directa, por los delitos de homicidio —incluidos dos abortos— y estragos terroristas.

A los de Leganés —que tampoco estamos seguros de que murieran ahí, ni de que todos fuesen quienes se dice que eran, necesariamente— no se les juzgó aunque se intentase que el imaginario popular hallase consuelo en que “los malos estaban muertos”, buscando provocar con ello un cierto sentimiento de que “hubo justicia… se lo merecían”. Nada menos técnico, nada menos justo y nada menos prudente que condenar a alguien sin mediar un juicio con todas las garantías.

La Sentencia 65/2007 de la Audiencia Nacional que venimos examinando —páginas 788 y siguientes— dice literalmente: “debemos condenar y condenamos a José Emilio Suárez Trashorras como responsable en concepto de cooperador necesario de ciento noventa y dos delitos de homicidio terrorista consumados en concurso ideal con dos delitos de aborto, mil novecientos noventa y un delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa, cinco delitos de estragos terroristas y como autor de un delito de falsificación de placas de matrícula de vehículo automóvil, con la atenuante de anomalía psíquica,…” A Jamal Zougam y a Othman el Gnaoui se les condena por lo mismo pero además “en concepto de autor” y “sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal”, esto es, ni atenuantes ni agravantes.

¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? Pues tienen un contenido y un significado muy preciso que no resulta ocioso conocer.

Las formas de participación
El artículo 27 del Código Penal dispone que “son responsables criminalmente de los delitos y faltas los autores y los cómplices” y el 28 precisa que “son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento”. Este último es el supuesto del autor mediato, que no realiza el hecho típico —el descrito como delictivo— por sí mismo, sino que hay otra persona que le sirve de brazo ejecutor, quien puede ser perfectamente inocente —por ejemplo, el mensajero que entrega un paquete con una bomba sin saber que lo es; o el menor o el disminuido psíquico sin plena consciencia de lo que están haciendo—, o persona que actúe coaccionada. La idea es que “hay otro que es quien tiene “el control último sobre la acción…”, hay en suma “un autor detrás del autor” (Sentencia del Tribunal Supremo de 02.07.1994).

Sin embargo en el caso de realizar el hecho “conjuntamente”, esto es, entre varios, estamos en el supuesto de la coautoría. De este modo, ninguno de ellos tiene el control último sobre los hechos sino que todos los sujetos, conjuntamente, delinquen.

Esta figura se distingue del siguiente inciso de este mismo artículo 28 que dispone que "también serán considerados autores: […] 2. Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado”, figura ésta del cooperador necesario que tiene carácter subsidiario, pues aunque su aportación haya resultado esencial para el éxito final del delito —que de otro modo no habría tenido lugar—, lo cierto es que realiza una serie de comportamientos distintos de los que de manera específica son los propios del delito.

En el caso el 11-M, Jamal Zougam y Othman el Gnaoui resultaron ser coautores en la masacre mientras que José Emilio Suárez Trashorras, suministrador del explosivo —según la AN— fue condenado como cooperador necesario: sin su suministro no habría habido 11-M.

Vistas las cosas con esta sencillez —y si usted en Derecho no ve claro lo que le están diciendo, sospeche—, es evidente que si lo que explotó en los trenes del 11-M no era Goma2ECO suministrada por Suárez Trashorras, la sentencia del 11-M se desmorona por completo, excepción hecha de otros delitos absolutamente menores si comparados con el objeto del proceso. Así, cuando de manera burlona se ha descalificado a quienes ante la aparición de los vídeos de la pericia de los explosivos han visto desmoronarse por completo el juicio del 11-M, lo único que cabe preguntarse es si quien así procede tiene en absoluto las ideas claras.

La pericia se grabó precisamente para que los jueces pudiesen saber exactamente qué pensaban de verdad, sinceramente, los peritos, y que éstos harían bien su trabajo. Hay más de 800 horas de grabaciones: aunque de ellas desapareciesen —y luego reapareciesen— minutos cruciales. ¡Por supuesto que el arma homicida era clave para la solución del caso!

Inducción y complicidad
Hay otras maneras de tomar parte en comisión de un delito. Así, del mismo modo que el Código ha estimado que los cooperadores necesarios —habida cuenta de lo crucial de su colaboración— merecen el mismo castigo que los autores, optando por considerarlos tales, también elige reciban el mismo castigo quienes induzcan “directamente a otro u otros” a ejecutar un delito (artículo 28.1).

No tenemos claro quiénes ejecutaron materialmente el 11-M. Pero, ¿tenemos siquiera la más remota idea de quiénes pudieron inducir a sus autores? Es tan culpable quien ejecuta, como quien induce, mereciendo un castigo igualmente severo, y el perfil de los actuales culpables —caso de verdaderamente serlo, que es dudoso— parece, desde luego, insuficiente para tamaño crimen.

La tentativa
El artículo 16.1 del Código Penal prevé que hay tentativa “cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores”, aclarando que esto consiste en que practicará “todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado” aunque luego “éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor.” Debe distinguirse entre la tentativa acabada y la inacabada (no se practicaron todos los actos que producirían el resultado, ver por ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo de 24.05.2001) y entre tentativa idónea —los actos llevados a cabo eran adecuados para producir un daño— e inidónea, que queda sin castigar pues el Código lo que castiga es la puesta en peligro o lesión de un bien jurídico, por ejemplo, en el caso del homicidio, la vida. Si los actos no son idóneos para causar un daño es evidente que no hay siquiera puesta en peligro del bien jurídico que la norma protege.

Las instituciones ceden a la presión islamista y permiten el velo en las aulas
Redacción Minuto Digital 17 Abril 2010

Las instituciones ceden a la presión islamista y después de 20 días, Najwa, alumna de 4° de ESO, ha podido volver a su clase.

Najwa dejó de asistir a clase porque profesores del centro impidieron que entrara por incumplir el artículo 32 del reglamento de interior del centro, que especifica que “en el interior del edificio no se permitirá el uso de gorras ni de ninguna otra prenda que cubra la cabeza”.

Una sola norma para todos
A una compañera, Marta, le parece “injusto que ella pueda llevar la cabeza tapada” y ellas no puedan. “Por la misma que ella lleva un velo, yo mañana vengo con una pamela y no me pueden decir nada, aquí somos todos iguales”, ha indicado, y se ha preguntado “quién asegura que en un examen no pueda estar copiando con un pinganillo”. “Éste es un colegio laico y el pañuelo es un símbolo religioso y no se puede llevar”, ha apostillado.

Un ejemplo, el caso de Amberes
La libertad y la lucha contra el totalitarismo ha llegado a Amberes, Bélgica, donde se prohibirá el uso del velo islámico en todos los colegios a partir de septiembre de 2010 según ha decidido el Consejo de Enseñanza de la comunidad flamenca.

La posible prohibición del velo, que dependía de la decisión del Consejo de Enseñanza flamenco, ya originó intensas protestas el pasado fin de semana y suscitó una manifestación en una escuela del barrio de Hoboken, a pesar de la prohibición expresa del alcalde de Amberes, Patrick Janssens, de que las protestas se produjesen en los alrededores de las escuelas.

Amberes ya prohíbe vestir la “hiyab” al personal de su Administración pública.

Amenazas en España
En nuestro país se comienzan a canocer las estrictas “leyes” que obligan a las mujeres a llevar el velo islámico. Fatima Ghailan, musulmana de 31 años, nacida en Marruecos, trabaja, conduce y no lleva velo. El imán de la localidad, Mohamed Benbraim, parece estar de acuerdo sólo con lo primero.

El acoso del imán hacia la mujer ha llegado a tal punto que el juzgado de instrucción número 1 del Vendrell le ha imputado por los delitos de amenazas, coacciones y calumnias. La Fiscalía ha solicitado para Benbraim cinco años de cárcel; cuatro para su mano derecha, el presidente de la Asociación Islámica de Cunit, Abderraman El Osri, acusado de coacciones y calumnias: y dos para la esposa y la hija del imán, Zohra Ahmaddach y Haffsa Ben Brahim, acusadas de coacciones.

El caso pone de manifiesto la existencia de tensiones entre musulmanes por imponer un islam extremista. Las autoridades consideran Tarragona el principal vivero en España del salafismo, corriente que profesa Benbraim.

Francia prohibirá el burka en todos los servicios públicos
Los diputados franceses han propuesto prohibir el ‘burka’ en los servicios públicos. Pretenden elaborar una “resolución parlamentaria” sobre el uso del velo islámico.

En Francia hay casi 2.000 mujeres que usan el ‘burka’ y se prohibiría llevarlo en todos los servicios públicos como en la administración, en hospitales, transportes o escuelas públicas.

El presidente de la misión parlamentaria, el diputado André Gerin, ya avanzó la semana pasada el contenido del informe presentado, al argumentar que cubrirse el rostro de esa manera “significa la negación de la identidad, de la personalidad”.

El diputado ha declarado que tras investigar la cuestión, “el problema es más grave de lo que creía”. Gerin ha puesto como ejemplo que en ciertas empresas se han implantado normas sobre la vestimenta de las mujeres, que en algunas escuelas las niñas están exentas de hacer gimnasia y que en los hospitales algunos hombres que acompañan a mujeres con velo exigen que las atiendan doctoras.

Prohibido en Italia
En Italia, al igual que en Francia, estará prohibido usar el burka, el velo de origen afgano que usan algunas mujeres musulmanas y que las cubre completamente, asegura la ministra de Igualdad, Mara Carfagna.

“El burka no es una libre decisión de las mujeres, sino un signo de clara opresión”, declaró Carfagna en una entrevista publicada este miércoles en el diario La Stampa.

Dijo esperar que la decisión francesa de vetar el burka pueda servir de impulso en Italia, donde el Parlamento discute una propuesta de Souad Sbai, presidenta de la asociación de Mujeres Marroquíes en el país europeo.

En la iniciativa se pide incluir al velo integral entre los indumentos, como pasamontañas o cascos, vetados porque hacen imposible la identificación de una persona.

La ministra de Igualdad insistió en que el burka no es un símbolo religioso y que ello y ha sido reconocido por autoridades islámicas, sino un acto de humillación del hombre sobre la mujer.

“Prohibir el burka es un modo de ayudar a las jóvenes inmigrantes a salir del gueto en el que quieren confinarlas”, añadió. Aseveró que usar el burka o el nikab (otro velo integral) hace retroceder las manecillas de la emancipación femenina en Italia. Carfagna destacó que junto al veto del velo integral podrían ser potenciados los centros que protegen a mujeres acosadas por musulmanes.

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Un estatuto inconstitucional que el PSOE no quiere reconocer como tal
EDITORIAL Libertad Digital 17 Abril 2010

Suele afirmarse, con razón, que una de las grandes lacras que impide el adecuado funcionamiento de las instituciones y de la economía en España es el lamentable estado en que se encuentra la administración de justicia. Dos son los motivos esenciales que explican semejante situación: una, la lentitud de los procedimientos judiciales; dos, la omnipresente politización de los jueces y magistrados.

Lo primero impide proteger a tiempo a las víctimas, quienes sólo ven satisfechas sus pretensiones años después de que lo necesiten. Lo segundo impregna de una inquietante arbitrariedad las resoluciones judiciales, primando no el respeto a la legalidad, sino a los intereses políticos. Ni los poderes están separados ni actúan de manera eficiente, lo que tiende a degenerar en forma de sentencias tardías con un contenido más que discutible.

Pocos casos aúnan con tanta claridad estas dos lacras de la justicia española como el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña. Casi cuatro años después de que el PP, el defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas presentaran sus respectivos recursos, el Tribunal Constitucional, el principal garante de la vigencia y del respeto hacia nuestra Ley de leyes, todavía no se ha pronunciado sobre el encaje que esta norma puede tener en nuestro ordenamiento.

El retraso no se debe a que sea un asunto extremadamente complejo que requiera de un dilatado período de estudio y reflexión. Es bastante evidente que el estatuto es inconstitucional en la mayoría de sus preceptos, algunos de los cuales buscan directamente hacer trizas la Constitución. No hace falta tener más de quince años de experiencia y ejercicio profesional, como requiere la Constitución a los miembros del TC, para saberlo: basta con comparar el articulado de uno y otro para comprender que sólo subvirtiendo el orden jurídico nacido en 1978 se puede pretender convalidar el estatuto.

El problema es que el Gobierno socialista sí está presionando para subvertir ese orden, buscando como sea que el texto que Zapatero prometió al nacionalismo catalán no sea retocado en lo esencial. Así, no ha dudado en recurrir a todo tipo de argucias, desde reformar ad hoc la Ley Orgánica del Poder Judicial hasta abroncar en público a la presidenta de este órgano supuestamente independiente, para evitar que el tribunal declarara lo evidente. Ayer mismo, Montilla presionaba a PP y PSOE para que renovaran el CGPJ con tal de colocar a gente "favorable" al Estatut y evitar así que sea declarado inconstitucional.

Pero no se trata sólo de que la política impida que el tribunal imparta justicia. Siendo ya grave la politización de las instituciones, lo inaceptable es que en este largo impass el Estatut se esté imponiendo por la vía de los hechos. La Ley de Educación que sigue persiguiendo al español, la financiación autonómica hecha a medida de Cataluña o la primacía de ciertas instituciones catalanas (como el Síndic de Greuges frente al defensor del Pueblo o las veguerías frente a las provincias) son algunas de las disposiciones que emanan del estatuto y que, pese a ser inconstitucionales, se han impuesto o están en proyecto de serlo.

Una norma contraria a la Constitución está transformando el destino de todos los españoles porque la institución con la que nos habíamos dotado para proteger el ordenamiento jurídico está cediendo a los intereses, no sólo electorales, del partido político que gobierna España. Una señal más de que los contrapesos de poder en los que confiábamos no han funcionado y de que se han convertido en un instrumento para burlar el respeto a los derechos individuales. No es hora de que PP y PSOE se sigan repartiendo los jueces, sino de que dejen de entorpecer el funcionamiento de este tercer poder del Estado y le permitan concluir su labor. Pero para ello sería necesario que dejaran de querer gobernar sobre las ruinas de España y pasaran a valorar el normal funcionamiento de las instituciones. Algo que de momento les queda muy lejos.

Farsa en el Tribunal
Editorial www.gaceta.es 17 Abril 2010

La sentencia más largamente esperada en la Historia de la democracia sufrió el viernes un enésimo parón. No coló el borrador que blanqueaba el controvertido texto, conservando su esencia soberanista, y la ponencia no logró sumar ningún nuevo apoyo a los cuatro que contaba inicialmente. Ahora será el conservador con matices, Guillermo Jiménez, el encargado de la ponencia. El nuevo impasse evidencia el fracaso de este largo culebrón (tres años y medio), pero el nuevo ponente, al menos, garantiza una mayor ecuanimidad, dado su rigor jurídico y su relativa independencia (todo lo relativa que puede ser en una instancia tan manipulable como el TC), toda vez que cuenta con consenso –fue propuesto por el PP, con el apoyo del PSOE–. Tras el espectáculo que están dando todos los actores de esta farsa, cabe hacerse una pregunta ingenua sólo en apariencia: ¿a quién le importa, de verdad, la constitucionalidad del Estatut?

Si les importara a los vocales y a la presidenta del Tribunal Constitucional no se habrían prestado al juego partidista. Nada más lógico, por lo demás, teniendo en cuenta que el Alto Tribunal viene a ser una instancia clónica de los pulsos de partido del Parlamento. Sólo así se explica que la presidenta Casas haya mantenido a la ponente Elisa Pérez Vera que ha fraguado un borrador que blanqueaba el texto soberanista con retoques cosméticos.

Si le importara la constitucionalidad al Gobierno, habría sido exquisito con las deliberaciones del Tribunal, como mandan las cánones en un Estado de Derecho (o mandaban antes de las exequias de Montesquieu). Pero en lugar de eso, no ha dejado de presionar, bien con opiniones nada inocentes (Zapatero en TV3); bien con campañas orquestadas, tan turbias, como la que se lanzó contra un magistrado crítico con el Estatut, García Calvo, asunto que destapó ÉPOCA; bien con el manejo de los hilos para garantizar la permanencia de un alfil clave como María Emilia Casas, proclive a sus tesis, a pesar de que tenía que haber dejado el cargo. De hecho actúa sin cobertura legal, pues la ley de prórroga de su mandato venció en diciembre. Cierto es que algo análogo sucede con los cuatro miembros del Tribunal designados por el Senado, como el propio Guillermo Jiménez, cuyo mandato expiró hace dos años y medio.

Si le importara la constitucionalidad a los partidos políticos, algunos dirigentes no habrían reaccionado ante el nuevo retraso con el nerviosismo de quien teme las consecuencias que puede tener en las elecciones catalanas. CiU, que prefiere el Estatut como está, se pone ahora puntilloso al pedir la dimisión en bloque del Tribunal, porque "no tiene credibilidad"; y Duran i Lleida pide tiempo: “Si en tres años y medio no han sido capaces de ponerse de acuerdo, podemos esperar un año más” (claro y así salvan el escollo de la cita con las urnas). También trata de ganar tiempo Montilla, para quien un fallo (positivo o negativo) antes de los comicios resultaría desestabilizador, aunque pidiera ayer, de cara a la galería, que el Tribunal dictamine ya si el Estatut es o no constitucional. A la única formación que no le interesaba la demora era a ERC, que cae en las encuestas, y necesita adrenalina frentista para hacerse notar, por eso Puigcercós urgió una sentencia antes de las elecciones. En suma, el ritmo de un trascendental asunto de Estado marcado por las necesidades particulares del juego partidista.

GUILLERMO JIMÉNEZ, NUEVO PONENTE
El Constitucional no logra fallar sobre el Estatut casi cuatro años después
Casi cuatro años después, el fallo del Estatuto sigue sin llegar. Los magistrados han rechazado este viernes el quinto borrador de sentencia por seis votos a cuatro. La ponente, Elisa Pérez Vera, ha renunciado a redactar otro. María Emilia Casas ha designado como sustituto a Guillermo Jiménez.
ÁNGELA MARTIALAY Libertad Digital 17 Abril 2010

Tras tres días de intensas sesiones plenarias, el Tribunal Constitucional no ha llegado a ningún acuerdo sobre el Estatuto catalán y ha rechazado el quinto borrador de la sentencia. La ponencia de la magistrada Elisa Pérez Vera ha sido tumbada por seis votos contra cuatro. Es la primera vez en casi cuatro años que el Pleno vota sobre un borrador de sentencia ya que hasta ahora sólo se había habido prospecciones respecto al fallo.

Según informaron fuentes del tribunal a Libertad Digital, Pérez Vera ha decidido renunciar a escribir un nuevo borrador y la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, ha nombrado como nuevo ponente al vicepresidente, Guillermo Jiménez. El magistrado, de 70 años, es uno de los cuatro miembros del tribunal designados por el Senado cuyo mandato expiró a finales de 2007 sin que desde entonces se les haya renovado, junto con Casas y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata. La renovación del órgano encargado de velar por la Constitución está paralizada desde entonces.

Jiménez, catedrático de Derecho Mercantil, fue designado por el PP y se le integra en el denominado "bloque conservador" del Constitucional. A él le corresponde ahora elaborar una nueva ponencia, que se supone será más dura con el Estatut que la planteada por Pérez Vera, que preveía afectar a unos cuarenta preceptos de la norma catalana.

De esta forma, el Alto Tribunal fracasa en su primer intento formal de sacar adelante el fallo de la norma estatutaria catalana. Según fuentes consultadas por Libertad Digital, aunque el jueves por la tarde se suspendió la sesión plenaria que arrancó 24 horas antes los magistrados mantuvieron reuniones informales en sus respectivos despachos que hicieron pensar que la sentencia del Estatuto iba a aprobarse en las próximas horas.

El término "nación", el gran escollo
Sin embargo, una vez más el término "nación" ha sido el escollo principal en esta negociación. El borrador de Pérez Vera declaraba ajustado a la Carta Magna la definición de Cataluña como una "nación". Este hecho ha provocado que el magistrado Manuel Aragón, primero en votar ya que es el que menos tiempo lleva dentro del Tribunal y así está estipulado legalmente, se mostrara en contra del texto y que, por ende, éste fuera rechazado.

De esta forma, tras varias semanas de negociaciones, la última ponencia no ha logrado sumar ningún nuevo apoyo a los cuatro con los que contaba inicialmente -los de la presidenta María Emilia Casas y los magistrados Elisa Pérez Vera, Pascual Sala y Eugeni Gay-, ya que Manuel Aragón, del sector de izquierda y los conservadores Guillermo Jiménez, Ramón Rodríguez Arribas, Javier Delgado, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde han votado en contra en la sesión plenaria de este viernes que se ha prolongado durante dos horas. La presidenta no ha podido ni utilizar siquiera su voto de calidad para desatascar la situación.

El texto de Pérez Vera anulaba una quincena de artículos del Estatuto catalán, entre ellos algunos de los referidos al Poder Judicial en Cataluña y a las competencias del Defensor del Pueblo catalán; condicionaba la constitucionalidad de otra veintena a su interpretación y salvaba la inclusión del término "nación" en el preámbulo aduciendo que éste no tiene interpretación jurídica.

Ahora, es de esperar que el nuevo borrador tarde al menos varios meses en elaborarse siguiendo el precedentes de las cinco ponencias redactadas hasta ahora ya que habría que empezar desde cero a redactar una nueva y posible sentencia. Así, y tras más de tres años y medio de deliberaciones, el Constitucional fracasa en su intento de fallar sobre la norma catalana antes de que se celebren las próximas elecciones autonómicas este otoño.

Estatut
Cerrado por elecciones
Maite Nolla Libertad Digital 17 Abril 2010

Cada vez estamos más cerca de que se cumplan las previsiones de los negacionistas y que no haya sentencia sobre el estatuto de Cataluña nunca. El caso es que sus señorías han decidido cumplir las órdenes de una de las vicepresidentas del Gobierno y han cerrado el chiringuito por elecciones como cabía esperar. De hecho, y no es para disculpar a los magistrados, el principal problema que tienen ahora es que no todos los que están a favor o en contra de declarar la constitucionalidad del asunto lo están por los mismos motivos, con lo cual es fácil ponerse de acuerdo para rechazar un determinado borrador, pero no en redactar uno alternativo. Eso por un lado.

Por otro, ¿y qué más da que no haya sentencia? Dice una reportera de La Sexta que la falta de sentencia "aumenta la crispación en Cataluña"; entre los no nacionalistas, claro, porque a los nacionalistas les importa muy poco. Para empezar, esta semana el mismo Tribunal ha decidido suspender los derribos del barrio del Cabañal porque si después se anula la ley valenciana que sirve de fundamento a la remodelación del barrio, los derribos y las obras serían irreversibles o de muy difícil reposición. Eso es razonable. Lo que no es razonable es que el nacionalismo catalán lleve cuatro años legislando en desarrollo del estatuto, como si no pudiera ser anulado y como si no estuviera pendiente de sentencia. Si hoy se hubieran puesto de acuerdo los magistrados el problema no hubiera sido dejar sin efecto las previsiones del estatuto y de las normas dictadas para desarrollarlo; el problema hubiera sido que los que deben hacer cumplir eso –el Gobierno y la Generalitat– hubieran acatado mucho la sentencia, pero no hubieran cumplido ni una coma de todo lo que tuviera que ver con la lengua, la educación o la financiación autonómica. A la pobrecita de La Sexta que ha dicho que la falta de sentencia aumenta la crispación en Cataluña hay que decirle que nada impedirá a los nacionalistas seguir legislando, por muy irreversible que sea lo que hagan.

Y lo que ahora es un problema técnico derivado de la desidia y de la irresponsabilidad, mantiene la incertidumbre de cara a las elecciones. Tanto CIU como ERC pensaban que cualquier sentencia mínimamente restrictiva les iba a hacer la campaña gratis y no ha sido así. La señora Casas le ha dado una nueva oportunidad a Montilla, cumpliendo las órdenes de De la Vega. Y ya veremos. Yo sigo pensando que, al final, estaremos más cerca de un nuevo tripartito que de un Gobierno de CiU, porque las cosas se apretaran más entre CIU y el PSC de lo que dicen las encuestas.

Y el problema lo sigue teniendo el PP. Que no haya sentencia le queda como un guante a Rajoy que no quiere tener opinión sobre nada. Pero les coloca en el centro de las iras nacionalistas en la campaña electoral: los nacionalistas les acusarán de que la situación de espera es culpa del recurso presentado por el PP –de hecho, eso dijo una vez Carmen Chacón– y que van contra Cataluña y toda la basura habitual. Claro, que de haberse dictado sentencia habría sido peor. Y el PP no está para defenderse. Han pasado de pedir que se anule el contenido esencial del estatuto, a pedir que se diga si es o no constitucional, que no es lo mismo. Nos vemos en el próximo rumor.

Parálisis en el Constitucional
El nuevo retraso de la sentencia del Estatut somete al Tribunal a un enorme desgaste
EDITORIAL El Correo 17 Abril 2010

El frustrado nuevo intento del Tribunal Constitucional -el quinto- de labrar un consenso interno que permita resolver los recursos presentados contra el Estatut catalán esfuma las expectativas de lograr el desbloqueo de las deliberaciones y resalta la parálisis de la alta institución. La imposibilidad de encontrar una fórmula pactada que engarce el texto estatutario con la España constitucional, reconocer su condición de nación en el marco de una soberanía única o admitir la simbología catalana sin desbordar el modelo autonómico ha abocado una vez más al TC a reanudar los debates sobre un nuevo borrador. Pero el bloqueo no es ajeno ni a la intensidad de las presiones que soporta el Alto Tribunal ni a su propia fragilidad, derivada de la forzosa interinidad de varios de sus magistrados, de la recusación de otros y de la comprensible resistencia de su presidenta a tener que solventar con su voto de calidad un eventual empate en asunto tan trascendental.

Las diferencias insalvables entre los sectores en que está alineado el pleno del Constitucional siguen estancadas en torno a las dificultades para encontrar un equilibrio normativo entre las aspiraciones de bilateralidad que se desprenden del texto estatutario y el espíritu de la España autonómica que consagra la Constitución de 1978.

La designación de un nuevo ponente, encuadrado entre los conservadores, abriría una nueva vía hacia la búsqueda de una mayoría suficiente, aunque es casi imposible que la resolución sea acordada antes de las inminentes elecciones catalanas. El incomprensible retraso de la sentencia sobre una norma refrendada por la ciudadanía catalana hace casi cuatro años y plenamente en vigor, unida al enfrentamiento entre las dos grandes fuerzas políticas españolas, encarece la gravosa factura política, además de someter al Alto Tribunal a un desgaste de impredecibles consecuencias. Sólo la creación de un clima de distensión y el abandono del Constitucional como terreno de lucha partidista -algo sumamente complicado con una campaña electoral en puertas- podrían facilitar la búsqueda por los magistrados de una fórmula que, aun cuando sea insatisfactoria para todas las partes, permita cerrar el debate legal limitando el coste político, social y judicial.

En manos de los jueces
El protagonismo judicial actual obedece más a los vacíos que deja la política que a un afán por apropiarse de terreno público
KEPA AULESTIA El Correo 17 Abril 2010

Los jueces y tribunales han alcanzado en los últimos meses en España un protagonismo que no habían tenido nunca antes. Parece claro que ello se debe, con alguna salvedad, más a los vacíos que deja la política que a un afán judicial por apropiarse de terreno público. Aunque tal notoriedad deja en evidencia que ni los órganos jurisdiccionales ni las personas que los integran están siempre a la altura del papel que les toca jugar, bien porque le ponen demasiadas ganas o demasiadas pocas a su quehacer. La cosa ha llegado a tal extremo que ya ni siquiera se habla de judicialización de la política o de politización de la Justicia. Ese estadio ha quedado superado por otro aún más enrarecido que parece imponerse sin remisión, y que políticos y jueces asumen con inquietante naturalidad.

La política se embarca en aventuras que no termina de completar adecuadamente, como es el caso del Estatut de Cataluña, obviando la necesidad de un consenso político más amplio sus partidarios, y optando el primer partido de la oposición por una salva de recursos ante cuyos efectos ahora se muestra taciturno. Frente a ello, la dilación del Tribunal Constitucional podría considerarse ya como una inhibición de facto que devolvería la pelota a la política en tales condiciones que ésta se siente legitimada para hacer de su capa un sayo. Porque si los magistrados del TC no han sido capaces de dirimir en todo el tiempo que se han tomado la contradicción entre el concepto de «nación catalana» del preámbulo del Estatut y el principio de soberanía del pueblo español, consignado en la Constitución, brindan todos los argumentos para concluir que la cosa no tiene arreglo. Aunque resulte paradójico, la inhibición de facto de un Tribunal Constitucional dividido entre quienes podarían un poco el contenido del Estatut y quienes lo recortarían bastante da ínfulas a los soberanistas decididos a desbordar el texto refrendado por los catalanes.

La judicatura se ve obligada a hacerse cargo de incesantes casos de corrupción política, la mayoría de ellos relacionados con interesadas irregularidades urbanísticas, hasta el punto de que han pasado a formar parte de un paisaje de fatalidad. Puesto que el instinto netamente defensivo con el que reaccionan los partidos e instituciones en cuyo seno se gestan esos casos de corrupción siempre va más allá de la defensa formal y obligada de la presunción de inocencia y acaba cuestionando la responsabilidad contraída por cada trama; como se está viendo con los escandalosos casos Gürtel y Matas que atañen al Partido Popular, o en la ambivalente actitud del diputado general de Álava, cuando hoy muestra su confianza hacia quien obligó a dimitir hace unos días. Hay razones para temer que la corrupción se instale para siempre entre las dobleces de la política y la parsimonia judicial.

Qué decir de las tres causas que se siguen contra el juez Garzón en el Supremo, por prevaricación y cohecho, y de la panoplia de muestras de indignación, solidaridad, satisfacción manifiesta o disimulada que se han dado ante la suerte que corre el magistrado. Los dos principales partidos se han dejado llevar por los más entusiastas defensores y detractores del juez de la Audiencia Nacional hasta formular acusaciones extremas de franquismo o de 'guerracivilismo', sin que una persona tan proclive a pronunciarse en público como el propio Garzón haya terciado para evitar semejante desquicio. Lo cual da motivos para pensar que quizá el juez se debate entre su convicción de que algunos se han pasado en su nombre y la satisfacción de sentirse arropado por incondicionales de su papel histórico como justiciero universal.

Esta legislatura se anunciaba más sosegada que la anterior, pero se están sucediendo episodios que nos retrotraen a los momentos posteriores a los atentados del 11-M. El empeño que socialistas y populares estaban poniendo para evitarse mutuamente en un acuerdo general en materia económica ha quedado ensombrecido esta última semana tanto a causa de las declaraciones de María Dolores de Cospedal, cuestionando las pruebas del 'caso Gürtel', como por las pasiones que han desatado las citaciones de Garzón ante el Supremo. La política se resiste a adelantar sus propias responsabilidades en relación a la vía judicial, y a trasladar a su ámbito de responsabilidad las consecuencias de la imputación y el encausamiento de los políticos. Por su parte, los procedimientos judiciales con implicaciones políticas siguen un ritmo lento, que en ocasiones se ralentiza a voluntad, en un gesto que podría considerarse desdeñoso hacia los otros dos poderes. Es la diacronía que comparten cómodamente jueces y políticos; que realza el papel de los primeros y diluye la responsabilidad de los segundos. De manera que los jueces tienden a parecerse a los políticos, con sus debilidades, su vanidad y sus incoherencias. Sus categóricos pronunciamientos, que se vuelven especialmente altisonantes cuando reflejan discrepancias dentro de la judicatura, no les acerca más a la verdad cuando llegan tarde respecto al tiempo político o se extralimitan en cuanto a su función jurisdiccional.

Un conservador redactará el fallo del Estatut al fracasar el quinto intento de acuerdo
El Constitucional rechazó el borrador por las discrepancias sobre el término 'nación' y los 'símbolos nacionales'
ALFONSO TORICES | MADRID. El Correo 17 Abril 2010

El Tribunal Constitucional, tras tres días de debates y pese a que su presidenta, María Emilia Casas, puso toda la carne en el asador, rechazó por seis votos contra cuatro el quinto intento de resolver el recurso del PP contra el Estatuto catalán. La propuesta de fallo rechazada avalaba la legalidad de la mayor parte del texto aprobado por el Parlamento y en referéndum. La derrota dio al traste con la línea de sentencia defendida en sus cinco borradores sucesivos por la ponente, la progresista Elisa Pérez, que tras la votación arrojó la toalla y renunció a elaborar una sexta ponencia. Casas, en un intento de romper el bloqueo, encargó el nuevo borrador al vicepresidente de la institución, Guillermo Jiménez, el más moderado de los conservadores del tribunal.

El documento que elaborará Jiménez es una incógnita y sus posibilidades de éxito también, pero ya se puede asegurar que introducirá más recortes al Estatut que el texto ayer derrotado. El vicepresidente tiene dos opciones, según donde pretenda encontrar los aliados para cerrar una mayoría. O un texto con leves modificaciones sobre el actual que sume al progresista Manuel Aragón a los cuatro defensores del quinto borrador; o un documento con recortes más pronunciados con el que busque el respaldo de los tres progresistas y conservadores más centrados -él incluido-, aunque se aparten de la ponencia Eugenio Gay y Pascual Sala -defensores de la legalidad de todo el 'Estatut'- y Javier Delgado y Jorge Rodríguez Zapata -que persiguen anular una parte sustancial del texto-. Pese a su condición de conservador, no podrá realizar una ponencia que mutile el Estatuto, porque se opondrían los cinco progresistas, incluida la presidenta, y no obtendría mayoría.

La sentencia más favorable
Manuel Aragón era precisamente la llave para zanjar ayer el asunto, pero no hubo acuerdo. El proyecto de sentencia ratificaba alrededor del 85% del texto, anulaba unos 15 artículos y disposiciones, entre ellos el diseño de poder judicial catalán, y marcaba la interpretación estricta con que debían ser aplicados otros 25 apartados para ser constitucionales, entre ellos el deber de conocer el catalán, los derechos históricos, la bilateralidad de las relaciones con el Estado, la financiación o el blindaje competencial. Se trataba, posiblemente, del fallo más favorable al que pueden aspirar los defensores del Estatut, pese a que los nacionalistas no querían que se tocase «ni una coma», y se quedaba muy lejos de los objetivos del PP, que pretendía ilegalizar 125 artículos, la mitad del texto.

Aragón aceptaba la mayor parte del texto de Pérez, pero en un punto no transigió. Estaba dispuesto a que se mantuviese el término 'nación' referido a Cataluña en el preámbulo como algo decorativo -sin efecto jurídico alguno- y a que se dejase la denominación de 'símbolos nacionales' para el himno, la bandera y la Diada, como elementos simplemente referidos a la 'nacionalidad' catalana, pero exigía que, a cambio, se trasladase al fallo de la sentencia con claridad que España no es un estado plurinacional y que la soberanía nacional no es divisible sino que recae en exclusiva en todo el pueblo español.

Al encomendar a Guillermo Jiménez la redacción del nuevo borrador, María Emilia Casas intenta comprobar si así es posible alcanzar una mayoría suficiente para dictar sentencia antes de julio y de que se eche encima la precampaña de las elecciones autonómicas catalanas, que se celebrarán en octubre o noviembre próximos.

La presidenta del Constitucional es muy consciente de que aplazar las deliberaciones hasta fin de año pondría al tribunal en una situación aún más límite que la actual. Además de superar los cuatro años de tramitación, el posible fallo ya no lo dictaría un tribunal con cuatro miembros con su mandato legal agotado, como ocurre ahora, sino que estarían en esa situación siete de los diez que forman la sala, porque el próximo noviembre concluye el mandato de nueve años de tres magistrados más.

La Universidad estudia dejar como única sigla EHU y eliminar la denominación UPV
La Universidad Politécnica de Valencia tiene registrada la marca, lo que podría crear un conflicto legal, argumenta el Rectorado
MARTA FDEZ. VALLEJO m.f.vallejo@diario-elcorreo.com | BILBAO. El Correo  17 Abril 2010

La Universidad del País Vasco prepara un ambicioso plan de comunicación para acercarse a la sociedad. Entre otras muchas medidas, los responsables universitarios estudian dejar como únicas siglas las de EHU, que se corresponden a su denominación en euskera: Euskal Herriko Unibertsitatea. El argumento que esgrime la institución académica es que la marca UPV -al igual que el dominio web- pertenecen a la Universidad Politécnica de Valencia, una circunstancia que ya les acarrea problemas.

Fuentes del Rectorado señalaron ayer que es una propuesta en estudio, y que en todo caso sólo variarán las siglas. Es decir, el nombre oficial seguirá siendo 'Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea'. Son conscientes, además, de que este cambio puede suscitar una fuerte polémica al desaparecer las siglas castellanas, pero consideran indispensable tomar una decisión. O se deja EHU, o hay que buscar otra denominación diferente a las dos actuales. «Lo que está claro es que las siglas no son nuestras. Y en algún momento habrá que abordar este problema», resume José Antonio Oleaga, sociólogo y coordinador del plan de comunicación.

De hecho, si se utiliza UPV en los documentos oficiales la Universidad Politécnica de Valencia podría tomar medidas legales, apuntan desde el Rectorado. Un verdadero problema, dicen, para los investigadores. «Ya nos ha ocurrido que publicaciones de nuestros científicos se han atribuido a los valencianos y se les han sumado los puntos a ellos para los rankings de universidades», añade Oleaga.

Lo que no tiene discusión es que la marca UPV está registrada y es propiedad de la Universidad levantina, más antigua que la institución vasca. Portavoces de la 'UPV valenciana' lo confirmaron ayer abiertamente a este periódico.

Los responsables universitarios no creen que el cambio sea políticamente incorrecto. Ponen como ejemplo el Bilbao Exhibition Center, la 'feria de muestras' vizcaína. «Nadie ha puesto el grito en el cielo por que su nombre esté en inglés y que se le llame habitualmente 'BEC'», argumentan desde el Rectorado. También ponen encima de la mesa nombres de numerosas sociedades que adoptan denominaciones sin equivalente en castellano como Ikerbasque -la Fundación Científica de Euskadi- o Innobasque -Agencia Vasca de Innovación-, ambas dependientes del Gobierno vasco, sin que salten las alarmas.

Lo que sí parece un proyecto complicado es la adaptación social a las nuevas siglas. Los estudiantes, los profesores, los medios de comunicación, las instituciones, todos hablan de la 'UPV'. «No es tan difícil, lo han hecho otros, la BBK, el BBV, la Kutxa...», apunta Oleaga.

Plan de comunicación
El cambio de siglas es sólo una pequeña parte del nuevo plan de comunicación, uno de los ejes del programa electoral del rector Iñaki Goirizelaia. «Somos la Universidad de la sociedad vasca y tenemos que mejorar los cauces de comunicación con los agentes sociales», matiza el profesor de Periodismo.

El proyecto se encuentra en una fase inicial, en la que se están recogiendo las opiniones de los diferentes sectores de la comunidad universitaria para conocer sus necesidades y elaborar con esa información el nuevo plan. Los técnicos realizan desde hace tres meses encuestas y entrevistas personales -se cuentan por miles- a decanos, alumnos, profesores, personal de administración y personas vinculadas al mundo empresarial. También sondearán a más de un millar de ciudadanos.

A todos se les pide su opinión sobre ese posible cambio de siglas. «La decisión se tomará una vez analicemos esta consulta y veamos la aceptación que tiene la propuesta. En todo caso, será el Consejo de Gobierno el que apruebe el cambio», aclararon fuentes del Rectorado.

Muchas preguntas de estas encuestas cambian según el sector al que van dirigidas. A los estudiantes de Bachillerato, por ejemplo, los cuestionarios les piden su valoración tanto de la UPV, como de Deusto, Mondragón o Navarra. Debían señalar si las encontraban 'politizadas', 'de prestigio', 'tecnológicas', 'con buen profesorado', entre otros aspectos. «Es importante saber la imagen que tienen los jóvenes de nuestra Universidad y del resto», detalla el coordinador. Los resultados de estas encuestas le servirán a la oficina de comunicación recién creada para elaborar el plan estratégico. Las acciones concretas llegarán a partir de 2011. En los primeros puntos de la agenda está la mejora de la web o de la difusión de la información científica.

Los magistrados Guillermo Jiménez y Manuel Aragón, considerados «clave» para el acuerdo, se mantuvieron en sus posiciones. Ayer no hubo prácticamente debate
Los símbolos nacionales del Estatut hacen fracasar por quinta vez al TC
Madrid - F. Velasco La Razón 17 Abril 2010

El sector «progresista» no logró el aval de otro magistrado que hubiese provocado el voto de calidad de la presidenta.

Las esperanzas de que el Tribunal Constitucional pudiese resolver el recurso del Partido Popular contra el Estatut después de casi tres años desde su admisión a trámite se desvanecieron ayer de un plumazo. Las diferencias respecto al polémico artículo 8, en el que se recoge que «Cataluña, definida como nacionalidad en el artículo primero, tiene como símbolos nacionales la bandera, la fiesta y el himno», hicieron inviable un acuerdo de mínimos que contase, al menos, con el respaldo de cinco magistrados, y, de esa forma, sacar adelante la sentencia con el voto de calidad de la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas.

Y es que las posiciones se mantuvieron invariables respecto a las últimas deliberaciones, pese al optimismo que existía en un sector del tribunal que confiaba en que el «progresista» Manuel Aragón o el «conservador» Guillermo Jiménez, vicepresidente del TC, diese finalmente su apoyo a la ponencia de Elisa Pérez Vera. Aragón, según fuentes jurídicas, pedía que de forma expresa se recogiese en el fallo de la sentencia lo relativo a que la nacionalidad catalana se incluye dentro de la nación española y a su unidad.

Finalmente, ninguno de los dos avaló el texto de Pérez Vera, en el que era quinto borrador de sentencia. Fuentes jurídicas señalaron de respaldar esa redacción suponía avalar todo lo relativo al término «Nación», tal como viene recogido en el Preámbulo de la norma estatutaria.

De esta forma, la votación arrojó el mismo resultado que en las anteriores ocasiones: cuatro votos a favor y seis en contra de la ponencia. La presidenta, María Emilia Casas, Pascual Sala, Eugeni Gay y la propia ponente respaldaron el texto presentado, mientras que Guillermo Jiménez, Manuel Aragón, Ramón Rodríguez Arribas, Vicente Conde, Javier Delgado y Jorge Rodríguez–Zapata lo hacían en contra. Una vez más, las posibilidades de cerrar un acuerdo que facilitara la sentencia quedaron en aguas de borrajas.

En la reunión de ayer, prácticamente, no hubo debate alguno. Las posiciones parecían marcadas desde el principio. A las doce y media de la mañana, los diez magistrados comenzaban la reunión y abandonaban la sala apenas horas después. «Entraron casi directamente a votar», señalaron al respecto las fuentes consultadas. Nada había cambiado.

Renuncia
En ese momento, la posición de Elisa Pérez Vera se antojaba ya insostenible. Ninguna de sus propuestas había concitado el apoyo necesario para salir adelante y la decisión de ayer fue algo más que un jarro de agua fría. Por ello, y ante esa tesitura, no le quedaba otra opción que renunciar a la ponencia, y eso fue lo que hizo. Sabía que quienes tenían un proyecto de sentencia diferente al suyo, más «duro» con el Estatut, según algunas fuentes, eran mayoría en el tribunal.

El quinto borrador declaraba inconstitucional 15 artículos del Estatut, sobre todo los que hacían referencia al Poder Judicial –en los que existía una práctica unanimidad de los magistrados–. Entre esos preceptos figuraba el 95, que determina que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y no el Tribunal Supremo, es la última instancia jurisdiccional «de todos los procesos» iniciados en la comunidad autónoma.

El artículo que concedía competencias exclusivas al Síndic de Greuges tampoco planteaba dificultades. La mayoría del TC consideraba inconstitucional su actual redacción, ya que no se puede impedir que un ciudadano catalán pueda acudir también al Defensor del Pueblo.

Además, el texto de Pérez Vera cuestionaba también otra veintena de artículos, aunque dejaba su constitucionalidad o no a que las leyes orgánicas que los regulasen se ajustasen a los parámetros recogidos por la Carta Magna.

Con la votación de ayer se cerraba un nuevo capítulo en el largo y tortuoso camino que debe desembocar, con un calendario ahora que es toda una incógnita, con una resolución sobre el Estatut.

Y todo ello, con un tribunal en el que el mandato de cuatro de sus integrantes –María Emilia Casas, Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Rodríguez Zapata– expiró en diciembre de 2007 –llevan en funciones dos años y cuatro meses– y en el que a finales de este año ocurre lo mismo respecto a los magistrados Javier Delgado, Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay. Además, está pendiente la vacante producida tras el fallecimiento de Roberto García Calvo. Una situación, cuando menos, insostenible para el buen crédito de la Institución.

El Constitucional tumba el quinto borrador sobre el recurso del PP contra el Estatut
La ponencia de la magistrada Elisa Pérez Vera, favorable en buena medida a la norma catalana, ha sido rechazada por seis votos frente a cuatro
N. C. / E. M. | MADRID ABC 17 Abril 2010

El quinto borrador de resolución del recurso interpuesto por el PP contra el «Estatut» no ha superado el corte. A pesar de la expectación mediática que había suscitado la convocatoria del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) de esta semana -prorrogada hasta hoy, viernes, algo poco habitual-, la votación de hoy del borrador cuya ponente era la magistrada Elisa Pérez Vera no ha sido aprobada por seis votos frente a cuatro. Por tanto, la tramitación de los recursos interpuestos por el PP, el Defensor del Pueblo y cinco autonomías seguirá su curso, y la «constitucionalidad o inconstitucionalidad» del texto que está vigente en Cataluña desde 2006 se mantiene en el aire.

El Pleno del Constitucional se ha reunido esta mañana desde las 12.30 horas. En la sesión extraordinaria de hoy se ha deliberado sobre el quinto borrador que anula una quincena de artículos de la norma catalana y reinterpreta otra veintena.

Cabe recordar que el tiempo promedio en el que el TC dicta una sentencia supera los siete años, y que en el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña, tras el recurso del PP, el Alto Tribunal deberá estudiar los interpuestos por el Defensor del Pueblo y la Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja, Murcia y Baleares.
Horas de debate, un nuevo fracasoTras apenas dos horas de debate, los magistrados del TC han procedido hoy a la votación del texto de la ponente Pérez Vera, y el texto fue rechazado por el denominado «bloque conservador» en el Alto Tribunal.

Los diez magistrados que discuten sobre el Estatut -queda fuera Pablo Pérez-Trems, recurrido por el PP, y hay una plaza vacante tras el fallecimiento de Roberto García Calvo-, tenían sobre la mesa un fallo que salva el término «nación» del Preámbulo de la norma, anula una quincena de artículos y somete a otra veintena a interpretación. Es decir, estos últimos se aceptarían siempre y cuando las leyes que los desarrollen respeten los criterios que el Tribunal Constitucional establezca en su resolución.

Desde el pasado miércoles el Pleno del alto tribunal buscaba la aprobación definitiva de la sentencia, que lleva discutiéndose en este órgano desde hace casi cuatro años, aunque la división existente en el alto tribunal permitía pronosticar la dificultad de alcanzar un acuerdo en torno a la última propuesta de la ponente.
Posiciones enquistadasHoy se han repetido las mismas posiciones de la votación realizada a modo de «sondeo» el pasado mes de noviembre. Entonces ya quedó de manifiesto que a favor de la ponencia estarían, además de su autora, la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas -que ha desistido de ejecutar su voto de calidad, que inclinaría la balanza a favor del bloque progresista- y los magistrados de tendencia progresista Eugenio Gay y Pascual Sala.


El TC deja en manos de un conservador la ponencia del Estatut
Se antoja difícil una sentencia antes de las elecciones catalanas
Nuevo ponente y un fallo en favor de la unidad de España
Madrid - F. Velasco La Razón 17 Abril 2010

Si la decisión no se adopta antes de que se disuelva el Parlamento catalán, se dejará hasta después de los comicios.

La renuncia de Pérez Vera a elaborar una nueva ponencia, a la vista de que ninguna de sus propuestas concitaba el apoyo necesario, hizo que la presidenta, María Emilia Casas, tuviese que designar a quien presentase un nuevo borrador de sentencia para someter a debate. Y designó para ello al número dos del Tribunal, a su vicepresidente, Guillermo Jiménez, un «conservador» que goza de buena imagen en el sector «progresista». El nuevo ponente se vio «beneficiado» por la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, uno de cuyos artículos establece la renovación automática de su presidente, mientras siga siendo magistrado, pese a que haya vencido su mandato. Ese precepto le permitía también seguir en ese mismo puesto hasta su renovación.

A partir de ahora, Jiménez deberá elaborar una nueva propuesta de sentencia para someterla a consideración de los otros nueve magistrados que deben pronunciarse.

Esta situación hace muy difícil que el TC pueda pronunciarse antes de que en el mes de julio se disuelva el Parlamento catalán, paso previo a los comicios de otoño. Y, además, existe la norma no escrita de que el tribunal se aparta lo máximo de dictar resoluciones que puedan tener algún tipo de incidencia o influencia en las campañas electorales, circunstancia que prevé un mayor retraso en el fallo final.

Algunas fuentes consultadas señalaron al respecto que no tienen dudas de que la sentencia será tras las elecciones catalanas: «La ponencia se podría tener en un mes, si se quisiera, pero es muy difícil que haya sentencia antes de esas elecciones».

En todo caso, todo hace indicar que su ponencia incluirá los argumentos defendidos por los seis magistrados que rechazaron los distintos borradores de Pérez Vera. De esta forma, no es descartable que se vean afectados más artículos del Estatut, en especial el citado artículo 8, referido a los símbolos nacionales de Cataluña. Se da por segura la alusión en el fallo a la unidad de la nación española.

Una vez que tenga redactado el borrador, dará traslado del mismo a los otros magistrados, para que puedan realizar las correspondientes aportaciones. El objetivo es lograr al menos el respaldo de los seis jueces que rechazaron la última propuesta. Esta circunstancia, al igual que si se hubiese producido de salir adelante la última propuesta con los apoyos justos, evidenciaría una fractura en el TC en una materia tan sensible como es el Estatut.

Renovación
La consecuencia de esa sentencia, al margen de cómo afecte directamente a la norma catalana, será que, por fin, no habrá ningún motivo que justifique que PSOE y PP no aborden de una vez la renovación de cuatro magistrados cuyo mandato venció ya ampliamente.

Un protagonista inesperado
El nuevo ponente de la sentencia, Guillermo Jiménez nació en Almadén (Ciudad Real) en 1940. Es catedrático de Derecho Mercantil y dedicó gran parte de su vida a la Universidad, hasta que a finales de 1998 fue designado por el Senado magistrado del TC, órgano del que se convirtió en vicepresidente en 2004.
Su mandato expiró en 2007 –como el de otros tres jueces–, pero la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar esas plazas, así como la vacante del fallecido García-Calvo, le ha convertido en protagonista del periodo más turbulento de la historia del garante de la Constitución.

Pese a su adscripción al sector «conservador», se ha desmarcado a menudo de la línea mantenida por sus compañeros de «bloque».

Las cenizas de un error
ABC 17 Abril 2010

EL 18 de julio de 2006, con una abstención del 51 por ciento, los catalanes ratificaron en las urnas un nuevo Estatut nacido exclusivamente del tacticismo y de los intereses partidistas y electoralistas de todas las formaciones que intervinieron en aquel traumático proceso. Por las mismas fechas, el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat revelaba que la inmigración, el paro, la precariedad laboral y el acceso a la vivienda eran, por este orden, los asuntos que de verdad quitaban el sueño a los catalanes. Más tarde irrumpiría la preocupación por la falta de infraestructuras y transportes. Del Estatut y la financiación autonómica, prácticamente ni rastro.

Cuatro años después, lejos de interiorizar el asunto estatutario como un aspecto fundamental de su existencia, los catalanes sólo han incorporado una preocupación a la vieja lista de inquietudes cotidianas: su clase política.

El Estatut no ha figurado jamás entre las prioridades y preocupaciones de los catalanes. Las calles no fueron espontáneamente tomadas por hordas de ciudadanos furibundos cuando el PP -igual de tacticista en sus planteamientos que los partidos que impulsaron la reforma estatutaria- presentó un recurso de inconstitucionalidad.
Cataluña no necesitaba un nuevo Estatut. Simplemente, no hacía ninguna falta. Pujol lo sabía, Montilla lo sabía, Duran lo sabía... hasta Carod lo sabía, que dejó temblando a su partido cuando soltó aquello de que, entre un nuevo Estatut o un buen sistema de financiación, él se quedaba con los dineros.

Ya una vez recurrido por el PP, fue al líder de Unió, Josep Duran Lleida, a quien se le escapó que el Estatut podía tener «algún elemento de inconstitucionalidad». A las pocas horas asumió el «error» dejando claro que «nunca fue mi intención favorecer las tesis de aquellos que van contra el Estatut». A lo largo de este cuatrienio -sin olvidar los dos largos años de discusión y aprobación del texto en el Parlament- ni las instituciones, ni los partidos ni los editoriales conjuntos han conseguido arrastrar a los catalanes hacia su terreno. Convocatoria electoral tras convocatoria electoral, han dejado claro que esta no es su guerra... ni su berenjenal.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, canceló ayer su agenda matinal y las instituciones y fuerzas políticas quedaron paralizadas (literalmente) a la espera de conocer una sentencia que no llegó ya que el Tribunal Constitucional rechazó el quinto borrador de resolución sobre el Estatut. Pero lo más extraordinario del caso es la falta de pudor de unas formaciones que durante años han presionado de mil formas distintas a los miembros del TC -que siendo como son «liberados» podrían espabilar un poco- para que dictaran sentencia; que en los últimos días han pedido a gritos que ese mismo fallo se aplazara hasta después de las autonómicas y que ayer, una vez a salvo, volvían a a la carga, exigiendo reacciones, recusaciones e incluso la dimisión en bloque del TC.

Lo trascendental de la no sentencia, desde una perspectiva estrictamente electoralista, se resume en pocas líneas: el PSC se queda como estaba, ERC se queda sin juguete y CiU y PP quedan en una situación comprometida de cara a una futura colaboración. Con las consecuencias del Pacto del Majestic aún por digerir, a ver cómo explican los nacionalistas un eventual acuerdo con una formación que, bien tiene recurrido el Estatut, bien propició un recorte del mismo. De ahí que la desesperación de Mariano Rajoy ayer en Girona sonara sincera: «A mí lo que me gustaría es que se haga un esfuerzo para que este asunto se resuelva ya. Necesitamos reglas de juego, necesitamos claridad y necesitamos saber dónde estamos».

Por estar, estamos con medio mundo colapsado porque al volcán Eyjafjälla le ha dado por enviar cenizas al espacio aéreo europeo, y con el otro medio pendiente del paro, la economía, la delincuencia,las tribulaciones del juez Garzón y hasta de los rumores sobre el supuesto romance de Laporta con una grande de España. La vida, abriéndose camino, aunque el establishment político, TC incluido, siga atrapado en el tiempo.

Otro Constitucional
El Parlamento debe renovar un alto tribunal que no logra decidir sobre el Estatut en cuatro años
EDITORIAL El País 17 Abril 2010

El Tribunal Constitucional ha sido incapaz, por quinta ocasión en casi cuatro años, de dirimir sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña. No debería intentarlo una sexta vez. No existe ninguna garantía de que con la actual composición este tribunal sea capaz de evitar un nuevo fracaso. Y se trata, además, de una composición que no haría más que añadir sombras a una decisión adoptada en la sexta prórroga. De los 12 magistrados que empezaron la discusión, uno está recusado, otro fallecido, cuatro han desbordado el plazo para el que fueron elegidos y otros tres lo harán en noviembre.

Noviembre es la fecha límite para celebrar las elecciones catalanas (quizá sean antes), y no resultaría tampoco conveniente una sentencia en plena campaña o precampaña electoral. Tanta precariedad erosiona su legitimidad -aunque naturalmente no la anula- para dictar la esperada sentencia. Ante el continuado bloqueo del tribunal demostrado en este asunto, debe ser el Parlamento quien tome las riendas y renueve su composición. La situación es grave.

Es grave para Cataluña y para el resto de la sociedad española. Ni una ni la otra merecen este trato. El autogobierno consagrado en la Constitución es algo demasiado serio como para seguir, voluntariamente o no, degradando su horizonte al someterlo al albur de quinielas, amagos de cambios de opinión de un juez si el vecino modifica la suya, recusaciones y otros episodios poco edificantes. España en su conjunto no merece esta incertidumbre, que no representa más que inseguridad jurídica a futuro.

Lo quieran o no los magistrados del Constitucional, su tardanza e incapacidad han producido daños políticos de grueso calibre: sobre sus posiciones reales o adivinadas han estado urdiendo tácticas, estrategias y auténticas subastas tanto el neocentralismo español como el soberanismo catalán, que han ocupado la vida política con discusiones eternas y virtuales que dañan al diseño constitucional. No pueden alegar ignorancia, pues conforman un tribunal, con disciplina jurídica, pero de extracción y funciones políticas, al ser elegido por las Cámaras y ejercer entre sus funciones la de enjuiciar las leyes, producto político del Parlamento.

La tarea del Constitucional no radica sólo en la escueta validación, o rechazo, de las leyes impugnadas. También consiste en establecer, si las hay, entre las distintas posibles lecturas de las mismas, interpretaciones conformes a la Constitución, y como consecuencia, imponerlas como válidas. Y la finura de la tarea constructiva que se le exige aumenta en el examen de leyes, como el Estatut, insertas en el bloque de constitucionalidad, que han pasado el triple filtro de la votación de dos Parlamentos y un referéndum popular.

El eventual choque de legitimidades -la política contra la del tribunal- no debe derivar, en contra lo que algunos pretenden en Cataluña, en negar la competencia del Constitucional para dirimir. La tiene toda. Y sin menoscabo alguno. Pero tampoco se puede obviar la realidad: en estos años se ha aprobado una cuarentena de nuevas leyes autonómicas, existe una veintena en trámite, y otra veintena de traspasos pactados bajo el amparo del Estatut. Son normas y acuerdos de muy distinto calado (de la financiación a la enseñanza) que no han generado ningún terremoto.

El actual tribunal ha sido incapaz de realizar su tarea. La sentencia debe redactarla un nuevo cuerpo de magistrados con plenitud de facultades y de prestigio, y sin interferir en el proceso electoral catalán que se abrirá en los próximos meses. Y si el Parlamento tampoco es capaz de estar a la altura de las circunstancias, los actuales magistrados tienen un método para forzarle a ello: la dimisión.

Otro País
Nota del Editor 17 Abril 2010

Vaya editorial-basura. Ni el más despistado mortal puede tragarse los disparates que pretende colar. La Constitución en un marco de referencia que tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los españoles y no dejarlos sometidos a los vaivenes de los chanchullos de los políticos. Hablar de aprobacion por dos parlamentos no tiene sentido cuando lo que se dirime son conceptos que deben estar sometidos al criteriode todos los ciudadanos, referendum de todos los españoles; hablar de referendum con algunos catalanes es una absoluta estupidez.

El Tribunal es incapaz de resolver el recurso que el PP presentó hace cuatro años contra el Estatuto catalán
El Constitucional fracasa por quinta vez y deja en manos del magistrado conservador Guillermo Jiménez la ponencia del Estatut
Por cuatro votos a favor y seis en contra, los magistrados desestimaron la ponencia que declaraba inconstitucionales 14 artículos
Pablo López, Periodista Digital 17 Abril 2010

El vicepresidente del Tribunal Constitucional, el conservador Guillermo Jiménez (70 años y cuyo mandato expiró en 2007), ha asumido la ponencia de la sentencia sobre el Estatut después de que la magistrada progresista Elisa Pérez Vera haya renunciado a elaborar un nuevo texto, han informado fuentes del tribunal.

El Constitucional ha rechazado este viernes por seis votos a cuatro el quinto borrador presentado por Pérez Vera, que anulaba 14 artículos del Estatut y condicionaba la constitucionalidad de otros 20 a la interpretación --en total hay 113 impugnados en el recurso presentado hace cuatro años por el Partido Popular-- que se les de en las leyes que debe desarrollar el texto estatutario.

El bloque progresista, que respaldaba la ponencia de Elisa Pérez Vera, culpa al magistrado Manuel Aragón, teóricamente también de ese sector, del fracaso de la sentencia por su empecinamiento en llevar al fallo sus postulados sobre el alcance del término "nación".

La ponencia contenía un fundamento jurídico en el que se explicaba que el Preámbulo del Estatuto "no tiene un contenido normativo" ni tienen eficacia jurídica las referencias a "Cataluña como nación" y a la "realidad nacional de Cataluña".

Y que que los símbolos "nacionales" de Cataluña del artículo 8.1. estaban exclusivamente referidos, en su utilización y significado, a los símbolos de la "nacionalidad" de Cataluña, reconocida y garantizada en el artículo 2 de la Constitución, "dentro de la indisoluble unidad de la Nación española".

EL MAGISTRADO CONSERVADOR GUILLERMO JIMÉNEZ
La designación de Jiménez se interpreta como un voto de castigo a Aragón.
Jiménez, Catedrático de Derecho Mercantil, pese a su adscripción al sector conservador, se ha desmarcado a menudo de la línea mantenida por sus compañeros de bloque, por lo que su voto había sido estas últimas semanas intensamente "perseguido" por los progresistas en su intento de sacar adelante la sentencia.

El cambio de ponente hace prácticamente imposible que la resolución vaya a ser acordada antes de las próximas elecciones autonómicas catalanas, previstas para otoño, ya que el Constitucional acostumbra a no notificar sentencias "polémicas" en periodo preelectoral.

Fuentes consultadas en el tribunal han recordado que el proyecto de sentencia rechazado comenzó a elaborarse después de que, el pasado mes de noviembre, varias "votaciones prospectivas" pusieran de manifiesto que el cuarto borrador no reunía el respaldo necesario para salir adelante.

Entre ese momento y la votación celebrada este viernes por el pleno han transcurrido cinco meses, mientras que el plazo que Jiménez tendría ahora para redactar un texto y someterlo a la consideración de sus compañeros sin interferir en los comicios catalanes se reduce a apenas dos meses, lo que se antoja imposible.

El cambio de ponente, además, no asegura que los magistrados vayan a variar las posiciones mantenidas hasta ahora, tal y como se ha podido comprobar en el pleno celebrado esta semana.

Así, pese a los meses de contactos informales y los tres días de debate en pleno, el texto de Pérez Vera no ha logrado sumar ningún nuevo voto a los cuatro con los que contaba inicialmente: el suyo, el de la presidenta María Emilia Casas y el de los magistrados Pascual Sala y Eugeni Gay, todos ellos progresistas.

Tanto Manuel Aragón --también progresista pero muy crítico con determinados aspectos del Estatut-- como el bloque conservador al completo -compuesto por Jiménez, Ramón Rodríguez Arribas, Javier Delgado, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde- han votado en contra.

HAY QUE RENOVAR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Si en cuatro años y cinco intentos el actual Tribunal no ha sido capaz de dirimir sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, no debería intentarlo una sexta vez porque las garantías de éxito son cercanas a cero.

De los 12 magistrados que empezaron la discusión, uno está recusado, otro fallecido, cuatro han desbordado el plazo para el que fueron elegidos y otros tres lo harán en noviembre.

El Parlamento de tomarse en serio renovar la composición del TS por la gravedad de la situación, no sólo para Cataluña, sino para toda la sociedad española.

Si el actual Tribunal no ha sido capaz de realizar su tarea, la sentencia debe redactarla un nuevo cuerpo de magistrados que cuenten con el prestigio y las facultades para llevarla a buen puerto.

Y si el Parlamento no lograr renovarles, siempre les queda a los magistrados la opción de dimitir para forzar a los diputados.

LOS ARTÍCULOS CONSIDERADOS INCONSTITUCIONALES
Estos son los artículos que la quinta ponencia declaraba inconstitucionales, en parte o en su totalidad (en cursiva, el texto considerado nulo por el tribunal).

- Artículo 6. 1. La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña (...).

- Artículo 76.4. Los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias tienen carácter vinculante con relación a los proyectos de ley y las proposiciones de ley del Parlamento que desarrollen o afecten a derechos reconocidos por el presente Estatuto.

- Artículo 78.1. El Síndic de Greuges tiene la función de proteger y defender los derechos y las libertades reconocidos por la Constitución y el presente Estatuto. A tal fin supervisa, con carácter exclusivo, la actividad de la Administración (...).

- Artículo 95. 5. El presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el representante del poder judicial en Cataluña. Es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña (...).

6. Los presidentes de Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña son nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña (...).

- Artículo 97. El Consejo de Justicia de Cataluña es el órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña. Actúa como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de las competencias de este último, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

- Artículo 98. 2. Las atribuciones del Consejo de Justicia de Cataluña respecto a los órganos jurisdiccionales situados en el territorio de Cataluña son, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, las siguientes:

a) Participar en la designación del presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así como en la de los presidentes de Sala de dicho Tribunal Superior y de los presidentes de las Audiencias Provinciales.

b) Proponer al Consejo General del Poder Judicial y expedir los nombramientos y los ceses de los jueces y magistrados incorporados a la carrera judicial temporalmente con funciones de asistencia, apoyo o sustitución, así como determinar la adscripción de estos jueces y magistrados a los órganos judiciales que requieran medidas de refuerzo.

c) Instruir expedientes y, en general, ejercer las funciones disciplinarias sobre jueces y magistrados en los términos previstos por las leyes.

d) Participar en la planificación de la inspección de juzgados y tribunales, ordenar, en su caso, su inspección y vigilancia y realizar propuestas en este ámbito, atender a las órdenes de inspección de los juzgados y tribunales que inste el Gobierno y dar cuenta de la resolución y de las medidas adoptadas.

e) Informar sobre los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de los órganos de gobierno de los tribunales y juzgados de Cataluña.

3. Las resoluciones del Consejo de Justicia de Cataluña en materia de nombramientos, autorizaciones, licencias y permisos deben adoptarse de acuerdo con los criterios aprobados por el Consejo General del Poder Judicial.

- Artículo 99. 1. El Consejo de Justicia de Cataluña está integrado por el presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que lo preside (...).

- Artículo 100. 1. Los actos del Consejo de Justicia de Cataluña serán recurribles en alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, salvo que hayan sido dictados en el ejercicio de competencias de la comunidad autónoma.

- Artículo 101. 2. El Consejo de Justicia de Cataluña convoca los concursos para cubrir plazas vacantes de jueces y magistrados en Cataluña en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

- Artículo 111. En las materias que el Estatuto atribuye a la Generalitat de forma compartida con el Estado, corresponden a la Generalitat la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto. En el ejercicio de estas competencias, la Generalitat puede establecer políticas propias. (...).

- Artículo 120. 2. Corresponde a la Generalitat, en materia de cajas de ahorros con domicilio en Cataluña, la competencia compartida sobre la actividad financiera, de acuerdo con los principios, reglas y estándares mínimos que establezcan las bases estatales (...).

- Artículo 126. 2. Corresponde a la Generalitat la competencia compartida sobre la estructura, la organización y el funcionamiento de las entidades de crédito que no sean cajas de ahorros, de las cooperativas de crédito y de las entidades gestoras de planes y fondos de pensiones y de las entidades físicas y jurídicas que actúan en el mercado asegurador a las que no hace referencia el apartado 1, de acuerdo con los principios, reglas y estándares mínimos fijados en las bases estatales.

- Artículo 206. 3. Los recursos financieros de que disponga la Generalitat podrán ajustarse para que el sistema estatal de financiación disponga de recursos suficientes para garantizar la nivelación y solidaridad a las demás comunidades autónomas, con el fin de que los servicios de educación, sanidad y otros servicios sociales esenciales del Estado de bienestar prestados por los diferentes gobiernos autonómicos puedan alcanzar niveles similares en el conjunto del Estado, siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar (...).

- Artículo 218. 2. La Generalitat tiene competencia, en el marco establecido por la Constitución y la normativa del Estado, en materia de financiación local. Esta competencia puede incluir la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales e incluye la capacidad para fijar los criterios de distribución de las participaciones a cargo del presupuesto de la Generalitat.

Los siete recursos contra el Estatuto catalán
El PP fue el primero en denunciar la inconstitucionalidad del texto por entender que se trata de "una Constitución paralela"
EFE. MADRID ABC 17 Abril 2010

El 31 de julio de 2006 el Partido Popular fue el primero en presentar un recurso de inconstitucionalidad por entender que se trata de "una Constitución paralela". Impugna diversos apartados de un total de 114 artículos, nueve disposiciones adicionales y dos finales del estatuto, que, en opinión de los populares, "quiebra los principios de libertad e igualdad entre los españoles que establece la Carta Magna". El 28 de septiembre de ese año el Tribunal comunicó la admisión a trámite del recurso. La ponente es la magistrada Elisa Pérez Vera.

A la vuelta del parón vareniego, el 19 de septiembre, el Defensor del Pueblo presentó un recurso contra 112 artículos y cuatro disposiciones adicionales, referido a siete aspectos: derechos y deberes, lengua, competencias, justicia, Sindic de Greuges, relaciones bilaterales con el Estado y derechos históricos y carácter nacional. El 11 de octubre se hizo pública la admisión a trámite del recurso.

En noviembre, el Parlamento catalán y la Generalitat solicitaron la acumulación de los recursos presentados en cuanto a su tramitación y decisión final, que más tarde fue ampliada a los otros recursos interpuestos por algunas autonomías. El 28 de mayo de 2007 el TC rechazó acumular en uno todos los procesos. El recurso del Defensor del Pueblo dio lugar a una iniciativa parlamentaria de IU-ICV de reprobación y cese de Enrique Múgica, que fue rechazada en febrero de 2007. El ponente de este recurso es Pascual Sala Sánchez.

El 25 de septiembre el Gobierno de Murcia recurrió varios aspectos del artículo 117 del Estatuto, relativo al agua y las obras hidráulicas. Murcia rechaza que se otorguen a la Generalitat plenos poderes para fijar el caudal ecológico del río Ebro que discurre por nueve comunidades autónomas. El TC admitió a trámite el recurso el 24 de octubre.

Dos semanas después, el 11 de octubre, el Gobierno de La Rioja interpuso un recurso contra doce artículos, siete disposiciones adicionales y una final, relacionados con la gestión del agua, denominaciones de origen supracomunitarias, sistema de financiación, y el principio de bilateralidad en las relaciones Estado-Generalitat. El tribunal admitió a trámite el recurso el 24 de octubre.

Pugna por el Archivo de la Corona de Aragón
A este le siguieron dos el mismo día. El 19 de octubre, el Gobierno de Aragón, que recurrió una disposición adicional, referente al Archivo de la Corona de Aragón.

El Gobierno aragonés, única comunidad gobernada por el PSOE que ha recurrido el texto catalán, entiende que el Archivo de la Corona de Aragón -ubicado en Barcelona- es un ente indivisible que debe ser gestionado por las cuatro comunidades implicadas -Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia- y el Gobierno central y que la regulación del estatuto catalán modifica las competencias del aragonés en esa materia. El 14 de noviembre el TC hizo pública la admisión a trámite del recurso.
La Generalitat Valenciana siguió los pasos del Ejecutivo aragonés y decidió recurrir aspectos relativos al Archivo de la Corona y los recursos hídricos, así como el modelo de financiación incorporado al Estatuto por entender que "atenta" contra la solidaridad entre autonomías. Como en los casos anterior, el TC también lo admitió a trámite y así lo comunicó el 14 de noviembre.

Finalmente, un día después, el 20 de octubre, el Ejecutivo balear también presentó su recurso por considerar que el Estatuto contraviene la Constitución en lo referente al Archivo de la Corona de Aragón. Denuncia que "se apropia indebidamente" de este Archivo sobre el que los ciudadanos de las islas tienen "unos derechos históricos irrenunciables". Como en el caso del recurso valenciano, el TC comunicó su admisión el 14 de noviembre.

Antes de la aprobación del Estatuto, el 2 de noviembre de 2005, el PP interpuso un recurso de amparo ante el TC contra la decisión de la Mesa del Congreso de tramitar el texto como una reforma estatutaria, al entender que el procedimiento acordado suponía un "fraude constitucional", ya que se producía un cambio en la Constitución. Pero el 15 de marzo de 2006 el Tribunal notificó que no lo admitía a trámite.

Los municipios de ANV gastan el 30% de su presupuesto en los presos etarras y el euskera
E. Morales www.gaceta.es 17 Abril 2010

La mayoría de los consistorios abona los viajes a las cárceles. Las familias de los reclusos obtienen hasta 700 euros mensuales para este fin. Palestina y el Sáhara, subvenciones prioritarias.

Madrid.- Los 43 ayuntamientos que gobierna la ilegalizada Acción Nacionalista Vasca (ANV) cuentan cada año con más de 250 millones de euros para gastar; en la mayoría de los casos, con criterios más que cuestionables. Estas partidas no incluyen diversas subvenciones del Estado –como el Plan E– o del Gobierno vasco para incentivar proyectos sostenibles.

Una detallada fiscalización de las cuentas de los principales municipios en manos de formaciones proetarras evidencia la subjetividad con la que se gasta el dinero público en estos consistorios. En la mayoría de los casos, las partidas no tienen el respaldo de los concejales del resto de los partidos.

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Bieito Lobeira, sobredosis de sectarismo
ALFREDO AYCART ABC Galicia 17 Abril 2010

Pocos dirigentes políticos en las últimas décadas son tan inexpugnables a la sensatez como el diputado Bieito Lobeira, a quien deberíamos declarar como «especie protegida», no por sus ocultas virtudes sino por la generosidad con que proporciona argumentos para la reflexión sobre las consecuencias de las sobredosis de sectarismo en las instituciones públicas.

Habría que buscar en las hemerotecas a pesonajes como el peor Blas Piñar, o el habitual Carod Rovira para encontrar equivalencias a la inmediata reacción defensiva que provocan los planteamientos dictatoriales del parlamentario.

Aún no se había apagado el alboroto provocado por su batería de proposiciones para imponer el gallego en las lápidas de las tumbas, aludiendo al riesgo de que una guerra nuclear llevara a pensar a los arqueólogos del futuro que en Galicia sólo se hablaba castellano, cuando se descolgaba con la no menos interesante moción para que las muñecas hablantes lo hicieran también en gallego, en un intento de trasladar sus fobias a la infancia.

El reaccionario con ínfulas de humorista lo mismo defiende cambiar el apellido del presidente de la Xunta -que a su juicio debería empezar a escribirse como Feixóo- «para evitar -y traduzco textualmente- los apellidos deturpados por la barbarie castellanizadora», que presenta una iniciativa para que el Parlamento autónomo adopte iniciativas para defender el idioma de los mapuches, el muy popular mapazugún, evidenciando su desprecio por las necesidades reales de la Comunidad.

La última del diputado en peligro de extinción es su intento de descalificar al parlamentario popular -y brillante columnista de ABC-, tras rebatir Pedro Arias su exigencia de establecer medidas para primar el mejillón gallego argumentando que sería una actuación «ilegal y suicida» y que atentaría contra la libre competencia.
Alterado quizás por la ejemplar utilización de su oponente de las dos lenguas oficiales del Galicia, al portavoz nacionalista no se le ocurrió otra que la boutade de acusarle, con absurda ampulosidad, de «agente infiltrado de potencias extranjeras en su propio país».

Pero la apariencia ridícula de sus dichos, lo absurdo de sus planteamientos, no debe hacer olvidar el transfondo autoritario que los impregna. Bieito Lobeira es uno de los más acérrimos defensores de la imposición lingüística. Se trata de un enemigo declarado del castellano, un idioma que intentaría eliminar de las aulas en aplicación de los más radicales postulados nacionalistas y al margen de la opinión de los afectados.

El diputado del ala más extremista del Bloque, se sitúa con cansina persistencia frente a quienes defienden en Galicia la libre convivencia en todos los órdenes -también el lingüístico- y la tolerancia, ideales ajenos a l frustrado censor empeñado en falsificar la historia con la única finalidad de dar soporte a su maniqueísmo antiespañolista.

Sin bandera, y sólo en gallego
POR F. CRIADO. SANTIAGO ABC Galicia 17 Abril 2010

El portavoz popular en el Ayuntamiento de Brión salió ayer al paso del desmentido del alcalde de la localidad, José Luis García, acerca de un enfrentamiento entre ambos acontecido hace unos meses durante un pleno local aportando un acta en la que se observa que el primer edil reprochó a los miembros de la oposición el uso del castellano en los plenos cuando su portavoz, Carlos Tomé, reclamó en castellano la presencia de la bandera y el cuadro del S. A. R. Don Juan Carlos en el salón de plenos.

Era el último pleno ordinario del 2009, cuando García «llamó la atención a los populares, diciendo que tenían que cumplir la normativa del uso del gallego, en concreto la Ley de Administración Local de Galicia, y presentar sus mociones, ruegos y propuestas en gallego». Tomé explica que «el 90% de los escritos que presentamos se redactan en gallego, pero lógicamente, en el PP trabajamos muchas personas, y cada cual es libre de escribir y redactar en la lengua oficial que quiera».

Tomé considera «vergonzosa» la actitud del alcalde y tilda de «imposición desmesurada» los hechos. También incide en que el segundo punto del artículo 7 de la ley mencionada por el regidor expone que, siendo el gallego la lengua oficial de la administración, «tales entidades pueden hacerlo, además, en la otra lengua oficial, el castellano».

Queja ante el Valedor
Por tal motivo, el PP de Brión «aún pudiendo acudir a los Tribunales por su amparo en las Leyes», explica que presentará una queja ante el Valedor, Benigno López, y contra el regidor, «evitando así que los vecinos paguen con sus impuestos juicios debidos a las malas gestiones y actuaciones de García».

Los populares reiteran que el derecho a utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales en Galicia está amparado por la Constitución Española; el Estatuto de Autonomía o la Ley de Normalización Lingüística. «En todas ellas se consideran ambas lenguas oficiales y se defiende su uso libremente, apuntando que nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua». Y critican que, además de incumplir la ley, «cuando le interesa echa mano de alguna otra, como la de la Memoria Histórica, para pedir la retirada de la placa de la Iglesia de Viceso».
 

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