AGLI

Recortes de Prensa   Domingo 18 Abril  2010

 

Bajo llave
Luis del Pino Libertad Digital 18 Abril 2010
Entradilla al programa Sin Complejos del sábado 17/4/2010:

La palabra cónclave, que designa la reunión de cardenales encargada de elegir nuevo Papa, viene del latín "cum clave", "bajo llave".

A la muerte del Papa Clemente IV en 1268, el colegio cardenalicio se reunió en la ciudad italiana de Viterbo para elegir un nuevo Sumo Pontífice. Pero, como ya había sucedido en ocasiones anteriores, las discusiones entre las facciones políticas del momento (en aquel caso, entre los cardenales de la facción francesa y de la facción italiana) hicieron que la elección se eternizara.

Finalmente, y después de tres años de deliberaciones, el elegido fue Teobaldo Visconti, que ni siquiera era sacerdote y que fue ordenado el 19 de marzo de 1271 y consagrado obispo de Roma 8 días después, adoptando el nombre de Gregorio X.

El nuevo Papa, para evitar el espectáculo en que las reuniones del colegio cardenalicio habían degenerado, reguló mediante una serie de normas draconianas las futuras elecciones. Así, Gregorio X estableció que, a la hora de elegir nuevo Papa, se encerrara a los cardenales bajo llave ("cum clave") en un recinto cerrado, en el que sólo dispondrían de un único sirviente y no contarían con habitación individual. La comida se les suministraría por un ventanuco y a partir del tercer día de cónclave sólo tendrían derecho a una comida al día. Y si el cónclave se prolongaba más de cinco días, los cardenales se verían sometidos a dieta de pan y agua. Además, todas las rentas eclesiásticas de los cardenales pasarían a engrosar las arcas de la Iglesia mientras el cónclave durara.

Aquellas normas tan estrictas vinieron a acabar con las inacabables discusiones y los eternos empates que habían transformado la elección de los Papas un espectáculo tan poco edificante.

Ayer conocíamos que el Tribunal Constitucional ha vuelto a fracasar en su intento de llegar a una sentencia sobre la inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña. ¡Cuatro años llevan ya debatiendo sus señorías, divididas en dos bandos irreconciliables! ¡Cuatro años durante los que María Emilia Casas, y su ponente de cámara, Elisa Pérez Vera, han intentado por todos los medios colar hasta cinco borradores sucesivos, con los que se aprobaba el grueso del anticonstitucional estatuto, realizando así una reforma constitucional encubierta sin que los españoles podamos siquiera opinar sobre esa reforma! ¡Cuatro años en los que el gobierno autónomo catalán ha continuado legislando, en aplicación de una acelerada política de hechos consumados! ¡Cuatro años que han visto el paulatino recorte de derechos constitucionales de todos los españoles, mientras todas las instituciones, y en especial el Tribunal Constitucional, permiten y consienten!

El espectáculo protagonizado por las instituciones de este régimen que murió un 11-M y cuyo cadáver empieza a apestar, resulta ya dantesco. Con un poder ejecutivo que no sólo no ha hecho nada por defender los derechos de los españoles, sino que puso todo su empeño en sacar adelante ese Estatuto que los conculca; con un poder legislativo que se ha convertido en la simple correa de transmisión del ejecutivo; con un poder judicial sometido a los criterios de reparto impuestos por los partidos; y con un cuarto poder, la prensa, que hace mucho que renunció a su labor de control y de denuncia de los otros tres poderes, los españoles no tenemos ya quien nos defienda.

Quizá debiéramos empezar a plantearnos si no sería hora de adoptar esa norma aprobada por la Iglesia católica hace 735 años, para evitar el bochornoso espectáculo de los debates eternos, con los que no se intenta otra cosa que perpetuar el reparto de poderes decidido en los despachos, al margen de la ciudadanía.

Quizá fuera bueno encerrar bajo llave, en algún recinto cerrado, a los miembros del Tribunal Constitucional, que tienen la obligación de velar por la constitucionalidad de las leyes; y a esos senadores y diputados que tienen la obligación de legislar de acuerdo con la Constitución; y a los miembros de ese gobierno que controla el Boletín Oficial del Estado; y a ese Monarca que tiene atribuida la constitucional potestad de moderar y arbitrar el funcionamiento de las instituciones.

Quizá fuera bueno encerrarles a todos, como a los cardenales en tiempos, bajo llave; a dieta de pan y agua; sin derecho a habitaciones individuales. Y con sus sueldos embargados hasta que se den cuenta, de una maldita vez, de que ninguno de ellos tiene el más mínimo derecho a conculcar, ni a permitir que se conculquen, los derechos de los ciudadanos, como se vienen conculcando con el Estatuto de Cataluña desde hace cuatro años.

María Emilia Casas
Ramón Pi www.gaceta.es 18 Abril 2010

El Estatuto de Cataluña es un mal potaje que revienta la Constitución por todas partes

Todos dicen que el Tribunal Constitucional está atascado con el Estatuto de Cataluña (y añado yo que con muchos más asuntos, entre los que descuella la ley del “matrimonio” homosexual, aún más disolvente que el Estatuto, cuyas consecuencias pagaremos carísimas). Y es verdad: no hace falta ser Raymond Aron para advertirlo. Sin embargo, ya son bastantes menos los que se atreven a señalar el motivo del atasco. La mayoría se contenta con señalar lo obvio: están paralizados porque no logran formar una mayoría. Pura tautología: están atascados porque están atascados.

Ya sabemos que últimamente se legisla bastante mal, a veces rematadamente mal. Ahora bien, ¿forma parte de esta explosión de incompetencia legislativa la regulación de los atascos por empate en el TC? La respuesta es no. Ya que el constituyente estableció en doce el número de magistrados, por esta vez el legislador ordinario se esmeró, y en la Ley Orgánica previó el empate y proveyó el modo de deshacerlo otorgando al presidente del Tribunal un voto de calidad para esos casos.

María Emilia Casas Baamonde es la presidente del Tribunal Constitucional del Reino de España. Conoce todo lo que acabo de decir. Pero por alguna razón que no se me alcanza, parece preferir ser desollada viva antes de correr el riesgo de que su voto sea el que decida sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán. Las almas buenas, que nunca faltan, andan diciendo por ahí que en realidad lo que esta señora quiere es una sentencia por consenso. ¿Por qué? Éste es otro misterio, pero hay dos interpretaciones posibles. La primera es que con una sentencia por consenso se reducirían las posibilidades de presentar el Estatuto resultante como la victoria de unos sobre otros. Ya saben: la concordia, el pacto, bla, bla, bla. La segunda es que la señora Casas Baamonde no quiere quedarse sin el burladero del consenso. Dicho de otro modo, no quiere o no se atreve a asumir su responsabilidad.

Si la segunda hipótesis es la cierta, que es lo que me temo, también hay dos interpretaciones, una más benévola que la otra. La menos benévola es que la señora Casas sabe que este Estatuto es un potaje que revienta la Constitución por todas partes, y por eso no quiere ser la que decida una votación favorable a semejante enormidad. Esta actitud tiene un nombre, que el sagaz lector no tardará en encontrar. La interpretación más benévola es que su nombramiento fue un error, que el cargo le viene grande y que ahora todos pagamos las consecuencias.

Pero doña María Emilia no es la única responsable. Detrás de ella hay un Gobierno que la abronca en público, presidido por un mentiroso acreditado que afirmaba que dejaría el Estatuto “como una patena” en cuanto a su constitucionalidad. Pero, claro está, como es tan laico se conoce que no tiene la menor idea de lo que es una patena. Y además, como los focos están clavados en la señora Casas, a él qué más le da. Y esto es lo que hay.

No es el franquismo, es la Transición
«Garzón ha querido ser el brazo judicial de una poderosa corriente deslegitimadora del pacto constituyente que, sobre todo, debe su presencia corrosiva en la política española a un Gobierno empeñado en ensombrecer el pacto constitucional»
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 18 Abril 2010

Cada cierto tiempo, como si tuviera que administrarse una dosis de recuerdo, una izquierda de médula sectaria e iracunda destapa sus frustraciones más oscuras poniendo a prueba los límites del sistema democrático. El acto en apoyo de Baltasar Garzón celebrado en la Universidad Complutense entra en esta categoría como un episodio a la vez inquietante, deprimente y patético. Patéticos esos gritos de 'no pasarán', la pura farsa como forma en que la tragedia se repite. Patética la pasión de los que siguen empeñados en revivir a Franco para tener una segunda oportunidad de reescribir un relato que no acepta el sentido de la reconciliación nacional ni asimila la experiencia sin precedentes de libertad y prosperidad ganada desde ese acuerdo colectivo de futuro.

Lo deprimente de lo visto y escuchado en esa algarada donde se perdió -porque de eso se trataba- todo sentido de la medida y de la razón radica en comprobar el retroceso histórico en el que estamos, en términos de convivencia y vertebración cívica. Por ejemplo, ninguno de los antecesores de Méndez y Toxo habría secundado semejante discurso de deslegitimación de nuestro sistema democrático. No menos deprimente resulta que una ardiente defensora de las atrocidades de ETA, Hebé de Bonafini, perversión andante de una causa noble, haya podido sentirse exaltada a través del aplauso a las 'madres de la Plaza de Mayo' presentes en el acto. Pero difícilmente puede extrañar que, en semejante situación, la calumnia, la manipulación argumental y la deslegitimación de instituciones neurálgicas del sistema constitucional convirtieran el acto de marras en una subasta al alza para ver quién la decía más gorda.

Hay que agradecer a los promotores del espectáculo el valor de éste para clarificar las cosas. Eso de que Garzón quería someter a juicio al franquismo no es más que una coartada sin recorrido. También que él sea la garantía de que se abran fosas en satisfacción de las pretensiones amparadas por la ley de los descendientes de víctimas. Lo que Garzón realmente ha querido es sentar en el banquillo es a la Transición democrática y, con ella, al pacto constitucional. Que al hacerlo haya prevaricado o no, lo decidirá el Tribunal Supremo. En este empeño, es verdad que Garzón no está sólo. De hecho, el magistrado de la Audiencia Nacional ha querido ser el brazo judicial de una poderosa corriente deslegitimadora del pacto constituyente que ha ido ampliando sus espacios en la historiografía y la opinión publicada pero que, sobre todo, debe su presencia corrosiva en la política española a un Gobierno empeñado desde sus primeros pasos en ensombrecer el pacto constitucional proyectando sobre él como una sombra una legitimidad histórica anclada en la II República que sería la genuinamente democrática.

Presentar la Transición como un fraude y el consenso constitucional como una debilidad colaboracionista con el franquismo es un disparate incendiario que, sin embargo, el Gobierno contempla, cuando menos, con simpatía y tolera mientras hace números. «La tensión nos conviene», confesaba Rodríguez Zapatero a su entrevistador en la campaña electoral de 2008, en confidencia recogida por uno de esos micrófonos furtivos que suelen traicionar a los políticos. Si ésa es la conveniencia en la que cree Rodríguez Zapatero, nada mejor que lo que está pasando. Se busca de nuevo inhabilitar al PP -es decir, a la alternativa de gobierno representativa hoy de más de diez millones de votantes- con el estigma del franquismo, estimular a un electorado en desafección y movilizar a lo más extremo de la izquierda de la que depende la suerte electoral del socialismo. Para Rodríguez Zapatero, aquello de que las elecciones se ganan en el centro es otra reliquia de la Transición que él sigue dispuesto a desmentir cortejando a esa amalgama de izquierda extrema y nacionalismo radical sobre la que cree tener un atractivo carismático.

Lo que no deja de resultar paradójico es que esta irresponsable demasía interpela también a toda esa izquierda que es coautora del pacto constituyente y que dedicó sus mejores elogios a la ley de amnistía como logro histórico, según recuerda el testimonio abrumador de las hemerotecas. Esa izquierda cuyo triunfo en el 82 cerró la Transición con la madurez democrática de la alternancia y que gobernó durante casi catorce años sin sentir los apremios revisionistas de sus sucesores años después. Descontada la cabalgada de los comunistas a posiciones de hace sesenta años, esa izquierda necesaria calla, tal vez arrollada por un revisionismo que la deja reducida al humillante papel de colaboradora en la pervivencia camuflada del franquismo.

Referirse a los magistrados del Tribunal Supremo como cómplices de torturadores y acusar al máximo órgano judicial de ser instrumento del fascismo español es algo más que un desvarío. Es la obra de demasiados pirómanos satisfechos con la excitación que les producen los fuegos que están alentando. Cuidado. Que digan a qué casilla de salida quieren que volvamos. Porque si llegamos a creernos que la Transición fue un fraude, que el Tribunal Supremo es instrumento del fascismo y que el consenso constitucional fue una trampa del franquismo para perpetuarse, entonces que nadie se extrañe de que otros, necesitados más que nunca de legitimación, reclamen para sí la propiedad histórica e intelectual del disparate. Y, en ese punto, será la farsa la que se recree como drama.

La UE no se fía de las cuentas de Zapatero
EDITORIAL Libertad Digital 18 Abril 2010

No es casual que España sea el primer país, junto con Finlandia, cuyas cuentas públicas van a ser sometidas a un riguroso examen por los rectores económicos de la Unión Europea. Las continuas correcciones presupuestarias, obligadas a causa de unas previsiones macroeconómicas totalmente fuera de la realidad, y la absoluta pasividad de un Gobierno incapaz de llevar a cabo las reformas necesarias para iniciar la salida de la crisis, justifican sobradamente que la atención de los miembros del Ecofin se haya centrado en la gestión de Zapatero de forma prioritaria.

La economía española tiene un peso mucho mayor que el de Grecia y nuestros socios no están dispuestos a correr el riesgo de un desplome en nuestras finanzas que sin duda tendría repercusiones mucho mayores que las de Grecia sobre el conjunto de la UE. Pero es que, sumada a esa circunstancia, la incapacidad de Zapatero para gestionar una crisis de esta magnitud es ya una evidencia para toda Europa.

A primeros del pasado mes de febrero, tras la fuerte caída de la bolsa española, el presidente envió a Elena Salgado de gira internacional para intentar convencer a los mercados de que el Gobierno español estaba dispuesto a emprender un severo plan de ajuste que preservara la confianza exterior en nuestra economía. En ese contexto, sus colegas en el Ejecutivo aprovecharon para hacer el más espantoso de los ridículos denunciando que los problemas se debían no a la ineptitud proteica de nuestros gobernantes, sino a una oscura conspiración internacional, actitud impensable en cualquier cabeza mínimamente amueblada si lo que se pretende es dar una imagen de seriedad de cara al exterior. Después del esperpento, Salgado y su segundo en el ministerio aseguraron en ese particular euro-tour que el Gobierno iba a llevar a cabo una fuerte reducción del gasto público, lo que unido a una reforma del sistema de pensiones y a ciertas modificaciones en el mercado de trabajo, pondría las bases para que nuestra economía tomara por fin la senda del crecimiento.

Pues bien, dos meses después nada se ha hecho aparte de algunas propuestas evanescentes incluidas en el habitual "paquete de medidas" que el Gobierno, comisión Zurbano mediante, suele hacer público de forma recurrente para fingir que está actuando de forma decidida contra la recesión. Antes al contrario, a fecha de hoy, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ni ha comenzado a actuar en función de unas previsiones realistas en cuanto al crecimiento del PIB, ni está dispuesto a reducir el gasto público más allá de algún gesto testimonial, ni, por supuesto, goza de la menor autoridad para exigir a las comunidades autónomas que moderen su brutal despilfarro. En cuanto a la reforma de las pensiones y del mercado laboral, aún estamos esperando que los numerosos "globos-sonda" que sus ministros nos regalan de forma insistente acaben concretándose en alguna medida medianamente útil para comenzar a caminar en la buena dirección.

En esta tesitura es normal que la lupa de los organismos europeos se dirija hacia unas cuentas públicas, las españolas, cuya debilidad sólo puede disimularse ya a base de maquillaje estadístico y demagogia política. Esas viejas técnicas socialistas pueden tener virtualidad en clave de consumo interno gracias a unos medios de masas entregados en general al Gobierno de turno, pero de cara al exterior su efecto es inapreciable. El Eurogrupo va a examinar la gestión de Zapatero y sus conclusiones y recomendaciones van a dar a los mercados financieros la medida de la solvencia de nuestro país. Si Zapatero se olvida del grotesco expediente de la "conspiración internacional" contra España y comienza, por fin, a hacer algo útil por todos los ciudadanos, el bochorno de ser considerados los peores estudiantes de la UE habrá merecido la pena.

José Antonio Portero Molina Es Catedrático De Derecho Constitucional De La Universidad De A Coruña
Este TC puede y debe resolver
JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA La Opinión 18 Abril 2010

Después de una espera de cuatro años, inexplicable por exclusivos motivos jurídicos, con recusaciones y fallecimientos en sus filas, con retrasos en su renovación imputables a los dos grandes partidos, con modificaciones en la ley orgánica para estirar el mandato de la presidenta, recibiendo los magistrados presiones constantes de autoría diversa y con cinco ponencias, las cinco estrelladas, de la misma magistrada, no es el momento de abordar las renovaciones pendientes desde 2007, ni de provocar que se adelanten las que tocan en 2010. Ahora, este mismo TC es el que tiene que resolver. Porque nos lo debe y, sobre todo, porque ahora, agotadas las posibilidades jurídicas de considerar constitucional el Estatuto, está en condiciones de resolver declarándolo parcialmente inconstitucional y estableciendo la interpretación constitucional de no pocos preceptos dudosos. Ahora puede el TC hacer lo que debió hacer hace mucho y no hizo porque la presidenta, con una gestión ineficaz de sus facultades, impidió.

Es cierto que la impugnación de más de cien artículos del Estatuto se las traía y que para cualquier órgano jurisdiccional semejante tarea es de todo menos fácil y amable. Es cierto que la Constitución no es una ley precisa en sus expresiones y que muchos de sus términos admiten varias interpretaciones; es cierto también que un TC no es un tribunal ordinario y que tiene que mirar más allá del código y el Aranzadi porque tiene un papel de guía, aunque no quiera. Es el intérprete de la Constitución y al revisar la constitucionalidad de un Estatuto como el catalán el TC tiene en sus manos algo más que la resolución de un litigio ordinario cuyas consecuencias afectan sólo a los concretos intereses de las partes. No se trataba de un recurso de amparo ni de un simple conflicto de competencias para atribuir la titularidad de una competencia sobre una materia a una u otra parte. Se trataba de decidir la orientación de la futura organización territorial del Estado.

Pues bien, pese a las dificultades extremas del caso, está probado que al cabo de un año, más o menos, de interponerse el recurso, en el mundo jurídico español se habían publicado ya centenares de opiniones sólidas a favor y en contra de la constitucionalidad de los preceptos impugnados y se había discutido en foros académicos y jurídicos hasta la saciedad sobre el Estatuto de Cataluña. En otras palabras: jurídicamente los magistrados del TC no podían no tener ya formada su particular opinión, sin lugar a dudas. Bastaba con un año más para defenderla y confrontarla con las de los otros magistrados y para, si así lo estimaban tras el debate, haber cambiado la propia o haberla matizado. Tirando por lo alto, en dos años no hay órgano colegiado que no esté en condiciones de votar y resolver un asunto como este.

La votación del viernes sobre la quinta ponencia de la misma magistrada ha puesto de manifiesto que todos los magistrados encuentran inconstitucionales una serie de preceptos del Estatuto y otros necesitados de interpretación para evitar su inconstitucionalidad. En esa posición están los cuatro que apoyaron la quinta ponencia y los seis que la rechazaron porque quieren extender la declaración de inconstitucionalidad a más preceptos. El nuevo ponente tiene ya mucho adelantado y no precisará años para presentar su ponencia. No dar una oportunidad al otro agrupamiento de magistrados después de las cinco que ha tenido a su disposición la presidenta y la ponente Pérez Vera, sería la puntilla definitiva al TC. Los magistrados de este TC tienen que resolver y hay que dejar que lo hagan.

A ZAPATERO: "QUIEN MAL ANDA, MAL ACABA"
Rajoy advierte: cambiar de jueces sería "un torpedo" y "liquidaría" el TC
Rajoy fija la postura del PP ante la sentencia frustrada sobre el Estatuto de Cataluña. Para sorpresa de todos, el líder popular ha entrado de lleno en la cuestión: cambiar ahora a los magistrados sería "un torpedo" y dejaría tocado de muerte al Tribunal Constitucional. Pide coherencia a Zapatero.
Pablo Montesinos (Leganés) Libertad Digital 18 Abril 2010

O la sentencia del Estatuto de Cataluña es dictada por los actuales magistrados del Tribunal Constitucional, o la institución quedará tocada de muerte. Es la opinión del Partido Popular, fijada este domingo, para sorpresa de todos, por Mariano Rajoy, quien ha protagonizado junto con Esperanza Aguirre el inicio de la campaña de los populares madrileños contra la subida impositiva del IVA.

Ante un auditorio entregado -pese a la lluvia más de 2.000 personas abarrotaron el teatro Egaleo y alrededores de Leganés-, el líder de la oposición decidió “ir al grano” ante la retahíla de presiones, encabezadas por José Montilla, para renovar el Alto Tribunal y el silencio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

“El señor Zapatero ha provocado con su actuación una grave crisis económica, social e institucional. Esto es lo que pasa en España, y no quiere hablar. Huye de la responsabilidad que le corresponde como presidente. Yo sí quiero hablar, porque es mi obligación y porque Zapatero calla y nos deja sin referencias institucionales”, arrancó.

Primero: nada de cambiar el árbitro “a mitad de partido”. “Tenemos que ser coherentes y aceptar lo que se firmó, pactó y acordó”, sentenció, no sin recordar que la elección de los miembros del Constitucional “la hemos elegido todos, españoles y partidos”. Por ello, un cambio de magistrados ahora “sería un torpedo de flotación” al Alto Tribunal y “dañaría para siempre a la institución y liquidaría su futuro”.

“Hay un sinfín de alternativas planteadas por medios de comunicación, partidos políticos o algunas personas y el señor Zapatero no dice nada”, se quejó, para después insistir: “no se pueden cambiar las reglas del juego, no es aceptable y no lo aceptamos”.

En este sentido, recordó que el año pasado planteó al jefe del Ejecutivo una renovación de este órgano “y él lo vetó”. “Ahora recoge tempestades”, proclamó, ante los gritos de “Zapatero, dimisión” de los centenares de asistentes al acto.

"Queremos que el TC resuelva cuanto antes"
Tras la advertencia, una petición: “queremos que el TC resuelva cuanto antes”. En la sede nacional de los populares consideran “necesario” que haya una sentencia antes del verano habida cuenta de que todo hace indicar que las elecciones catalanas serán convocadas a la vuelta de las vacaciones estivales.

En todo este contexto, el presidente popular llamó a la “mesura, la sensatez y la responsabilidad” y pidió huir de “la exageración y el radicalismo”. En este sentido, volvió a reiterar que su partido “respetará las sentencias de los tribunales y defenderá su independencia”.

Una máxima que también le reclama a Zapatero, a quien le ha sacado los colores refranero en mano: “quien mal anda mal acaba”. “Fue Zapatero y no los nacionalistas quienes pusieron en marcha este estatuto, quien engañó a los ciudadanos de cataluña (…) ahora no sabe lo que hacer y nosotros recogemos los errores de su irresponsabilidad”.

Pide a Zapatero que "deje en paz" al TS
Y de un tribunal a otro. Rajoy calificó de “inaceptable”" las presiones que está sufriendo el Tribunal Supremo por el proceso al juez Baltasar Garzón y reclamó “contundencia” al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante los “ataques” a ese tribunal.

Puso en la diana de su acusación al Gobierno y, en especial, al presidente, a quienes les instó a que hagan su trabajo “y dejen en paz al resto de las instituciones”.

En el mismo acto, también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se refirió a este asunto en el contexto de sus críticas generales a los socialistas, a los que acusó de “enturbiar la atmósfera política” y “embarrar el campo de juego” cuando sienten que van a perder el poder.

De ahí que entre las “maniobras” que utiliza el PSOE haya citado la aprobación de la ley de memoria histórica “para acabar con la voluntad de reconciliación y concordia que impulsaron la Transición y la Constitución”.

Entre las pancartas que portaban algunos de los asistentes al acto, alguna de ellas hacía alusión a la situación de Baltasar Garzón. Concretamente, en una podía leerse “Berzosa dimisión”, en referencia al hecho de que el rector de la Universidad Complutense permitiera un acto en las instalaciones de esta institución en la que se utilizaron términos guerracivilistas.

Rajado
Nota del Editor 18 Abril 2010

Por muchas vueltas que pretendan darle al asunto, la situación del actual TC está plagado de ilegalidades, así que mejor disolverlo (y de paso eliminar el artilugio que ha causado tanto daño a los españoles).

TRAS LA PRESENTACIÓN DE “ESPAÑA SIN DEMOCRACIA”
Jesús Neira: "Felipe González era el jefe de una banda de criminales y ladrones"
El profesor Neira es de los que piensan que la mejor defensa es un buen ataque. Tras el lanzamiento de su último libro “España sin democracia” se despacha a gusto con el statu quo emanado de la Transición.
FERNANDO DÍAZ VILLANUEVA Libertad Digital 18 Abril 2010

Aparte de ser un héroe de la violencia doméstica, lo que le ha catapultado a la fama, Jesús Neira es profesor de Derecho Constitucional y Teoría del Estado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En condición de tal ha escrito su último libro, un ensayo político muy polémico que lleva por título “España sin democracia” y en el que demuestra que no tiene ni un solo pelo en la lengua.

En una entrevista que concedió la semana pasada al semanario Alba, Neira se muestra abiertamente crítico con el régimen actual que, según su opinión, no es una verdadera democracia, sino un apaño muy bien montado entre los dos partidos mayoritarios. El origen de todo estuvo en el pacto sobre la norma electoral para conformar las listas electorales. Neira afirma que aquello fue un pacto secreto entre Suárez y González, a pesar de que en el seno del Gobierno de entonces algunos destacados miembros como Alfonso Osorio estaban en contra. Por eso se hizo en secreto ocultándoselo a la gente.

Ese pacto se culminó porque, en palabras del profesor Neira, querían “crear un régimen político donde las cúpulas de los partidos quedan absolutamente protegidas”. Y va más lejos asegurando que “salíamos de una dictadura, y lo que estos políticos de la Transición quisieron es montar una dictadura fragmentada por partidos. Cada uno establece su cuartel a través del sistema electoral de listas”.

Para Neira la Santa Transición estuvo plagada de desatinos. No hubo, por ejemplo, Cortes Constituyentes. Al pueblo se le entregó un documento ya hecho y aprobado por las cámaras para que dijese sí… “es decir, lo que había hecho durante cuarenta años”.

El autor de “España sin democracia” considera que el problema es el sistema, defectuoso de origen, lo que obliga a todo el que gobierna a “mirar de reojo para sus apoyos parlamentarios”, y eso ha sucedido con los diferentes presidentes del Gobierno, desde Suárez hasta Zapatero, que “ha tenido que pactar con micropartidos que no son nada en la sociedad española porque necesita unos pocos escaños fundamentales para gobernar”.

El peor de los dardos, no obstante, lo reserva para el ex presidente Felipe González, de quien dice que, aunque era “el jefe de una banda de criminales y ladrones”, nunca pidió el PSOE su dimisión, cosa que sí que ha hecho con él solicitando formalmente que dimita de su cargo de presidente del Observatorio de la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.

Su libro está publicado por la editorial Temas de Hoy y parte de la pregunta sobre si existe una verdadera democracia en España. Muy incorrecto y con una tesis muy precisa de por donde debería discurrir la regeneración nacional.

Prisas oportunistas por renovar el TC
Editorial ABC 18 Abril 2010

LA única reacción política bien definida tras la derrota de la ponencia que avalaba en su mayoría el Estatuto de Cataluña ha sido la de José Montilla, que ha pedido a Zapatero y Rajoy la renovación de los magistrados del TC cuyo mandato está en prórroga. Con esta secuencia de hechos -primero se pierde la ponencia que «gustaba» al Gobierno y ahora hay que renovar el TC a toda prisa- es evidente que el presidente del tripartito catalán, el PSOE y el Gobierno de Rodríguez Zapatero dan por perdido el Estatuto con la actual composición del Tribunal. Por eso, lo que Montilla plantea es un tribunal «ad hoc», es decir, un tribunal cuya única razón de ser sea salvar este ingente trueque llamado Estatuto, realizado entre socialistas y nacionalistas para desmontar el orden constitucional en Cataluña y perpetuarse en el poder.

Después de tres años y medio de espera, estas prisas son hipócritas, en primer lugar porque a quienes las atizan les interesa únicamente el rescate del Estatuto catalán; en segundo lugar, porque si no ha habido renovación se debe a las maniobras desleales del Gobierno. Al respecto hay que recordar la «enmienda Casas», que ha perpetuado a esta magistrada en la presidencia para evitar que su voto de calidad cayera en manos conservadoras. También hay que traer a la memoria la deslealtad del Gobierno de no cubrir la vacante por fallecimiento del magistrado Roberto García Calvo, que correspondía ser propuesta al Partido Popular. No menos significativos han sido los vetos socialistas a las propuestas de las autonomías gobernadas por el PP con los candidatos al TC (Francisco Hernando y Enrique López). Rajoy no puede obviar estos datos ante los cantos de sirena que empezarán a llegar con llamamientos al sentido de Estado.

La renovación, ahora, es lo menos urgente. La prioridad absoluta es que el TC dicte sentencia cuanto antes sobre el Estatuto de Cataluña y que los actuales magistrados asuman, con libertad e independencia, la responsabilidad histórica que les ha correspondido con la Constitución española. Puestos a discutir legitimidades, no será mayor que la actual la de los nuevos magistrados que entraran en el TC con el estigma de ser mandatarios de sus respectivos mentores, PSOE o PP, para salvar sus posiciones políticas sobre el Estatuto. Hay, sin duda, un fuerte daño al crédito institucional del TC, que se haría definitivo si sus actuales magistrados lo abandonaran sin haber cumplido su deber con el interés nacional puesto en sus manos.

El gineceo presidencial
M. MARTÍN FERRAND ABC 18 Abril 2010

LOS sabios de la Grecia clásica, menos apurados por la deuda y el déficit que Yorgos Papandreu, se proponían a sí mismos problemas de imposible solución, desde la cuadratura del círculo a la trisección del ángulo pasando por la duplicación del cubo. A partir de tan tenue evocación puede concluirse la condición helénica que aletea en las entrañas de José Luis Rodríguez Zapatero, el líder al que Leire Pajín pretendía planetario y se ha quedado, pobrecito, en personaje de cercanías. Impulsado por su obsesión paritaria, el socialista ha construido un gineceo político y de pensamiento que anula, por su espectacularidad, todos los andrones habidos en nuestra vida pública desde que culminó la Reconquista.

Zapatero le ha encargado a sus elegidas, diz que mujeres de mérito, labores imposibles que convierten la citada cuadratura del círculo en videojuego -violento, por supuesto- de dificultad mínima. Después de consagrar la diferencia «de género» entre el garrotazo que un hombre puede darle a una mujer del que la mujer pueda propinarle al hombre -demagogia en estado puro-, confía en la inteligencia de Bibiana Aído para demostrar la igualdad, no sólo de derechos, entre los niños y las niñas, algo que debiera escandalizar a los ecologistas y que, una de dos, o nos convierte en una Nación de hermafroditas o cierra el ciclo de la perpetuación de la especie.

Siempre en pos de lo imposible, físico o metafísico, Zapatero pretende que María Emilia Casas deshaga en unas cuantas noches, después de un cuatrienio de fracasos, el manto que tejieron los padres de la Constitución y que, al calor de los poderes emanados por el Título VIII, ha degenerado en los escudos que portan los héroes autonómicos con armadura soberanista. Casas no es Penélope. Tampoco Elena Salgado entra en el marco de la Odisea. Ahora, si prospera la prudente propuesta de la Comisión Europea, tendrá que someter el Presupuesto del Estado -un género literario en lo que llevamos de zapaterismo- al más exigente y cabal criterio de Bruselas para que, después y en el Congreso, pueda ser aprobado, enmendado o rechazado por los diputados de sigla y obediencia.

Tal es la carga de imposibles que el líder socialista le impone a sus mujeres paritarias que terminarán cantando, como en La rosa del azafrán: «¡Ay, ay, ay!, ¡qué trabajo nos manda el Señor, levantarse y volverse a agachar!»

Un tribunal paralizado
Germán Yanke ABC 18 Abril 2010

El magistrado del Tribunal Constitucional Guillermo Jiménez, que será el ponente del sexto borrador sobre el Estatuto de Cataluña, discrepa al parecer de algunos planteamientos del grupo «conservador» en el que se le adscribe. Si no hubo empate en la votación de esta semana sobre el quinto, elaborado por Elisa Pérez Vera, fue porque el magistrado Manuel Aragón, del sector «progresista», se muestra con el Estatuto bastante más crítico que sus compañeros ideológicos. Las excepciones a las votaciones en bloque, saludables en cuanto muestran -por discutible que sea, como el de los demás- un criterio propio, no evitan la percepción general de que, más allá de los planteamientos jurídicos y de la interpretación de la Constitución, el Tribunal, como tantas otras instituciones que se entienden independientes, funciona como un parlamento reducido formado por grupos de adscripción política, aunque no sea partidista, que sólo el bloqueo de su renovación hace que, desde el punto de vista práctico, sea su copia miniaturizada.

El desprestigio que esta situación supone es un grave baldón sobre el Tribunal al margen de que los magistrados actúen en conciencia y no obedeciendo órdenes de quienes, bajo el disimulo de las votaciones pactadas en las cámaras, eligen una u otra cuota, que son los grupos políticos mayoritarios. La paralización de la renovación de los magistrados exigida por la ley -el mandato de Jiménez, por ejemplo, terminó en 2007- supone la constatación de que los políticos no quieren perder el control diferido del Tribunal y de que, en el fondo, lo desprecian como organismo independiente vigilante de la legalidad constitucional. En el caso del Consejo General del Poder Judicial se reproduce también esa politización -que se comprobó patéticamente en la elección de su presidente, pactada por Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy- y, desde los escaños socialistas, se justifica asegurando que no encuentran legitimidad mayor para sus miembros que la elección parlamentaria. En los de la derecha no se argumenta así, pero se acepta el sistema en la medida en que entienden que les favorece.

Sin embargo, incluso aceptando esa legitimidad (en muchos aspectos dudosa), lo lógico sería que los miembros del Consejo, como los magistrados del Constitucional, fueran todos ellos personas que, por su valía, preparación y trayectoria fuesen aceptados uno a uno por el conjunto de las cámaras y no bajo el procedimiento de repartirse cuotas partidistas. Quizá la confusión sobre el Estatuto de Cataluña fuese la misma que ahora paraliza durante años y años una sentencia fundamental, pero la percepción de los ciudadanos sería distinta primando la dificultad de encontrar una solución a un problema y no, como ahora, la sensación de que la discusión sigue siendo, como en las cámaras antaño, política.

El Gobierno y sus socios, que deslizan de vez en cuando sobre la mesa del debate la falta de renovación del Constitucional como una culpa de la derecha cuya explicación estaría en asuntos como el que nos ocupa, deberían reflexionar sobre sus propias responsabilidades.

Rajoy evita comprometerse formalmente a defender la libertad lingüística
Opta por el silencio ante la petición que la fundación Unidad+Diversidad hizo en Génova para que el PP confirmara que iba a defender la libre elección de lengua
Álvaro Rubiowww.lavozlibre.com 18 Abril 2010

Madrid.- Mariano Rajoy no aclara las dudas que giran en torno al PP ante el compromiso de defender la libertad lingüística en las diferentes comunidades autónomas donde gobierna. El presidente del Partido Popular ha perdido la oportunidad de hacer un compromiso formal en el que asegure que está dispuesto a salvaguardar la libre elección de lengua.

La Fundación Unidad+Diversidad requirió notarialmente en la sede de Génova a Rajoy que cumpliera su programa electoral garantizando la libertad de elección lingüística de los padres. Esta entidad le pedía que abandonara "la esquizofrenia política que exige a otros ejecutivos y que, sin embargo, incumple donde gobierna".

En concreto le instaba a que cumpliera los siguientes epígrafes de su programa electoral, con el que se presentó a las Elecciones Generales de 2008: “Los españoles tienen derecho a elegir el idioma en el que educar a sus hijos”. “La Lengua no puede convertirse en un factor de discriminación ni una barrera cultural para restringir derechos, impedir la movilidad geográfica, o romper la unidad de mercado”. “Estableceremos las medidas necesarias para garantizar el derecho de todos los españoles a usar el castellano y asegurar que ningún ciudadano sea discriminado por el ejercicio de este derecho”. “Garantizaremos por ley el derecho a utilizar y estudiar en castellano en todas las etapas del sistema educativo”.

CASO VALENCIANO
En el requerimiento de la Fundación Unidad+Diversidad se centraban en la legislación autonómica valenciana, que se muestra contraria a los derechos de los padres a educar a sus hijos en castellano y hacían hincapié en el artículo el Art. 10 del Decreto 79/1984, sobre uso y enseñanza del Valenciano, que afirma que “en los centros situados en los territorios de predominio lingüístico valenciano, se hará una extensión progresiva del valenciano como lengua de enseñanza a partir del ciclo medio con el fin de conseguir un conocimiento ponderado y compensatorio del valenciano y del castellano en el ciclo superior y en los niveles de enseñanza media”

De este modo, Unidad+Diversidad solicitaba al PP, por medio de su presidente central, que cumpliera su programa electoral y las políticas lingüísticas con las que se presentó a las elecciones. En caso contrario, le pedían que expusiera su incumplimiento y “en un ejercicio de transparencia política”, explicase a su electorado que “en ningún caso garantizará a los padres el derecho a elegir libremente la lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos”.

Ante las peticiones, por parte de Unidad+Diversidad, Mariano Rajoy ha preferido optar por el camino del silencio y no ha dado respuesta al requerimiento.


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Un tribunal legítimo
Editorial La Razón 18 Abril 2010

El fracaso del quinto borrador de resolución sobre el Estatuto de Cataluña ha dado paso a una intensa campaña de desgaste contra el Tribunal Constitucional desde la Generalitat y los partidos nacionalistas, especialmente CiU, que también han responsabilizado al Partido Popular de la actual situación de bloqueo tras casi cuatro años sin sentencia. Las principales fuerzas políticas catalanas, excepto el PP, han emprendido una movilización para desacreditar al máximo intérprete de la Constitución como órgano ideal para fiscalizar el texto estatutario. Se han vertido pronunciamientos fuera de lugar, como que el TC estaba inhabilitado o que el PP había cometido «fraude de ley» en la no sustitución de los magistrados. Los dirigentes que han expresado sus críticas están en su derecho de entender que el Tribunal carece de la credibilidad suficiente para dictar el fallo, algo que no compartimos, pero cabría recordar a todos los representantes políticos que se deben respetar las reglas del juego democrático y la independencia de los tribunales, gusten más o menos sus resoluciones. Echamos en falta la serenidad y la responsabilidad imprescindibles para no transformar un procedimiento más en una crisis institucional que perjudicaría a la credibilidad del sistema. Y no acabamos de comprender las contradicciones de un Gobierno catalán que recurrió a este mismo tribunal hace dos semanas con una cuestión sobre los fondos bancarios sin que entonces aludiera a su competencia.

Entendemos que los actuales magistrados del Tribunal Constitucional están legitimados para realizar sus funciones mientras los partidos políticos no sean capaces de alcanzar acuerdos para su relevo. PSOE y PP han tenido más de dos años para solventar esta anomalía sin que se apelara a urgencias y sin que los partidos catalanes pusieran el grito en el cielo. Si no se ha logrado, se debe a una responsabilidad compartida y a un sistema mejorable que deja en manos de los partidos la suerte del Tribunal. Creemos, eso sí, que lo ideal es que las renovaciones de los órganos constitucionales se concreten en tiempo y forma, pero estos retrasos no son nuevos y se han sucedido en otras ocasiones. ¿Por qué entonces esas críticas de una parte de la clase política catalana? Sin duda, por la intuición de que el nuevo borrador elaborado por el vicepresidente del TC, el magistrado conservador Guillermo Jiménez, se puede convertir en una sentencia más dura y enmiende preceptos discutidos como el de la nación, los símbolos nacionales, la lengua, la Justicia o la bilateralidad. Esas presiones parecen perseguir un cambio en las mayorías para evitar ese recorte.

Compartimos la necesidad de que la sentencia se produzca cuanto antes para que además no interfiera en el proceso electoral catalán, pero el respeto a las instituciones democráticas y a su independencia debe ser máximo, sobre todo por parte de representantes de otros poderes del Estado, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.

El conflicto del Estatuto ha demostrado también la necesidad de valorar la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad como instrumento para regular este tipo de procesos de forma más racional.

Fracaso constitucional
Editorial La Razón 18 Abril 2010

Casi cuatro años después de que se presentara el recurso por parte del PP, el Tribunal Constitucional demostró ayer de nuevo su incapacidad para alcanzar una resolución sobre el Estatuto de Cataluña. Aunque los tanteos previos y las deliberaciones interminables de estos últimos días parecían apuntar en la víspera que se alcanzarían los apoyos necesarios, la mayoría del Alto Tribunal rechazó el quinto borrador de resolución presentado por la magistrada Elisa Pérez Vera. El resultado final fue de seis votos en contra frente a cuatro a favor. El «progresista» Manuel Aragón y el conservador Guillermo Jiménez, claves en la posibilidad de que la sentencia lograra el respaldo suficiente junto al voto de calidad de la presidenta María Emilia Casas, rechazaron finalmente los contenidos del texto de la ponente, que anulaba una quincena de artículos y sometía a otra veintena a interpretación. Entre otros, salvaba la definición de Cataluña como nación, porque, según su criterio, el preámbulo del texto no tiene valor jurídico, y declaraba nulos los que hacen referencia al Poder Judicial en Cataluña y al Defensor del Pueblo.

El desenlace abre un horizonte complejo en el que cualquier previsión o pronóstico son precipitados porque dependen de demasiadas variantes. Lo incontestable es que la situación de bloqueo en el Tribunal Constitucional prolonga una interinidad estatutaria con repercusiones preocupantes. No se puede ignorar que el dictamen que está por llegar amenaza a una gran parte de las 41 leyes hasta ahora aprobadas por el Parlament en aplicación de un Estatuto recurrido.

El debate se centra también sobre si el fallo debería esperar a que se celebren los comicios autonómicos, previstos para otoño, como ayer propuso algún responsable político. Los argumentos son que no se distorsionaría el periodo electoral y que el Tribunal Constitucional podría renovar los cuatro miembros que ya han agotado su mandato y los otros cuatro que están a punto de hacerlo. Es una alternativa que despejaría el camino a los políticos, pero que no resolvería el conflicto planteado ni aliviaría el pobre espectáculo ofrecido en la resolución de un recurso contra una norma de honda repercusión en el ordenamiento y la estructura del Estado. La propuesta pretende consolidar una coyuntura anómala e incierta, condicionada por la oportunidad política y no por la legalidad.

Entendemos que el paso inmediato es que Guillermo Jiménez, vicepresidente del Tribunal y próximo ponente de la sentencia, sea capaz de generar nuevos consensos mucho más amplios de los que se han fraguado hasta el momento, claramente insuficientes tanto en lo aritmético como en lo doctrinal, si bien las posibilidades de que se alcancen antes de los comicios son escasas.

El Estatuto de Cataluña no es una norma más. Contempla disposiciones que afectan al ordenamiento, las reglas de juego y los equilibrios institucionales. Cuatro años sin acuerdo han generado incertidumbres y tensiones que deben acabar con una sentencia que rehuya lo político y se limite estrictamente a lo jurídico.

Simposio, Garzón y Estatuto
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 18 Abril 2010

LA próxima semana se celebra en la sede del Banco de Santander en Nueva York un simposio sobre «España 1975-2010», en el que intervendrán Maria Teresa Fernández de la Vega, Alfonso Guerra, Manuel Marín y Virgilio Zapatero. Supongo que todos ellos dejarán muy claro que el «New York Times» se equivocó al decir que procesar a Garzón era una «injusticia». Que demostrarán que a Garzón no se le procesa por antifranquista, sino por un posible exceso en sus atribuciones como juez, por unos cobros discutibles durante su estancia en esta ciudad y por haber violado la confidencialidad entre acusados y sus defensores, principios todos reconocidos por la justicia universal, empezando por la norteamericana. En otras palabras: que la justicia española es tan justa, tan rigurosa y tan legítima como cualquier otra de un país democrático. Un juez español puede equivocarse. Pero no a sabiendas. Ni puede saltarse las leyes, los procedimientos ni los derechos fundamentales de los procesados. Supongo, repito, que las personalidades españolas que vienen a Nueva York a exponer las diferencias entre la España de Franco y la actual dejarán esto meridianamente claro. Cualquier otra cosa sería hacer turismo en Nueva York, como tantos otros españoles, pero vedado a ellos en este caso.

Me queda media «postal» para comentar el fallo del Tribunal Constitucional sobre el nuevo estatuto catalán. Pues el rechazo del quinto borrador de doña Elisa Pérez Vera es una sentencia a la inversa: todos los afeites, amaños arreglos, retoques que la ponente, apoyada por la presidenta del tribunal, ha venido dando al texto para encajarlo en la Constitución española han sido inútiles. El nuevo Estatut no cabe en la Constitución por ser un sucedáneo de constitución. Y, o cede el estatuto o cede la Constitución. Ha bastado que uno de los miembros del tribunal propuesto por el PSOE examinase con ojos jurídicos y no ideológicos el texto aprobado con entusiasmo por el Parlamento catalán y con negligencia por el Congreso español para darse cuenta de ello, sin que valiesen los denodados esfuerzos de las señoras Pérez Díaz y Casas para dejar en él lo substancial, eliminando lo accidental. Permitir el término «nación» para Cataluña, una relación de bilateralidad entre España y Cataluña y un Tribunal Superior catalán como última instancia en aquel territorio es pasar de la nacionalidad la nación, de la autonomía, a la soberanía. Tan simple como eso. Si Zapatero ha perdido dos años negando la crisis y poniéndole parches, doña María Emilia y doña Elisa han perdido tres, intentando hacer constitucional lo que no es. ¿Y ahora, qué? Se me acaba el papel. Mañana responderé, en mis posibles, a esa pregunta. Lo primero era lo primero, y hoy, lo primero era ese simposio en el Banco de Santander, aunque sea un poco citar la soga en casa del ahorcado.

Las dos lenguas de Galicia: lengua propia y propia lengua
Roberto Blanco Valdés La Voz 18 Abril 2010

Si todos aceptásemos de una vez y de buen grado la evidencia de que las lenguas de Galicia son las que hablamos los gallegos, es seguro que saldríamos ganando tanto unos como otras. Ese reconocimiento sentaría las bases de una armonía lingüística que hoy brilla desgraciadamente por su ausencia y permitiría además abordar la cuestión de cómo apoyar, respetando los derechos de todos, a una de las dos lenguas del país, que pierde hablantes en beneficio de la otra.

La información que acaba de hacer pública una institución de cuya seriedad no cabe sospechar (el Instituto Galego de Estatística) demuestra, con datos rigurosos, lo que todos los gallegos percibimos: que Galicia es un país bilingüe, que el gallego pierde espacio social en favor del castellano y que la distribución del dominio lingüístico de ambos se produce en función de la edad y el hábitat de la población (a su vez muy vinculados) según una regla casi matemática: cuanto más rural es el hábitat y más alta la edad de los hablantes más crece el uso (único o preferente) del gallego; por el contrario, cuanto más urbano es el hábitat y más baja la edad de los hablantes, más se incrementa el uso (único o preferente) de la lengua castellana.

Tales datos prueban algo que solo desde el sectarismo lingüístico más cerril puede ya ponerse en duda: que seguir operando con una previsión normativa (la de que el gallego es, según nuestro Estatuto, la lengua propia de Galicia) como si aquella fuese, en realidad, una descripción de sociología lingüística solo puede conducir a enconar los ánimos de una sociedad cuyos habitantes desean, en su inmensa mayoría, lo mismo que los de cualquier otro sitio del planeta: que no se les discrimine por hablar su propia lengua.

Pero los datos del IGE demuestran otra cosa: que todo ese experimento de ingeniería social denominado normalización lingüística ­-origen de injusticias y sufrimientos para muchísimos gallegos- no ha conseguido ni de lejos el auténtico objetivo que con él se perseguía: cambiar los hábitos idiomáticos de los habitantes de Galicia.

El hecho de que el número de gallegohablantes haya bajado un 8% en cinco años, o el de que el grupo de edad (5 a 14 años) donde el dominio del castellano es abrumador (un 65%) sea precisamente el de quienes han estudiado en gallego al menos la mitad de sus materias pone de relieve que, hablando de lenguas, una cosa es la aptitud (la capacidad de hablarlas) y otra la actitud: la disposición a hacerlo libremente.

A lo primero puede ser uno constreñido, pero nunca a lo segundo. Mientras quienes deben hacerlo no entiendan tan obvia diferencia, las cosas seguirán como hasta ahora: con mucha normalización, pero con el gallego en descenso permanente.


El PSOE encaja el fiasco del Estatut entre presiones para «dinamitar» el TC
MANUEL MARÍN | MADRID ABC 18 Abril 2010

Algo serio se ha quebrado en aquella confianza ciega que los socialistas catalanes depositaron en el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y en la que, a su vez, éste depositó en María Teresa Fernández de la Vega y Francisco Caamaño, para restar al Tribunal Constitucional argumentos jurídicos con los que «tumbar» el grueso del Estatuto de Cataluña. Después de casi cuatro años de un tenso proceso de recusaciones y «contrarrecusaciones» en el seno del TC, y de deliberaciones, atascos y atrasos permanentes que han terminado por desacreditar hasta el extremo su papel de garante de la Constitución, el PSOE contempla hoy un escenario muy sombrío para lograr del Tribunal un texto estatutario definitivo que no sufra un severo recorte en su contenido.

Poco optimismo en el PSOE
No es optimismo lo que deja traslucir el PSOE: ni jurídica ni políticamente. El comunicado emitido por los socialistas catalanes tras conocer anteayer la decisión del pleno del Tribunal Constitucional de cambiar de ponente no deja lugar a dudas: habrá un «antes y un después» de la votación del viernes, y por ello el PSC da por empezada la guerra para «dinamitar» este TC en prórroga masiva, tarea a la que ha instado con urgencia a Rodríguez Zapatero.

Pese a que el PSOE trate de maquillar el varapalo aduciendo razones tácticas de corto plazo en clave preelectoral catalana, algunos de sus dirigentes asumen en privado que se trata de un resultado «profundamente indeseado» o, más aún, de un fracaso político y jurídico. Públicamente, la culpa hoy es de un TC desprestigiado y mañana será de un PP que se niega a renovar el TC bloqueando la institución. Pero lo cierto es que en privado se lamentan de la evidente falta de eficacia de las múltiples iniciativas políticas y presiones puestas en marcha por el PSOE en los últimos años para apuntalar el Estatuto. A los ojos del nacionalismo catalán y de parte del PSC, Rodríguez Zapatero ha quedado debilitado, y su Gobierno en evidencia, ante la imposibilidad de cumplir la promesa hecha a Pasqual Maragall de que se aceptaría como constitucional el texto que saliera del Parlament.

De nada parece haber servido la operación política a varias bandas puesta en marcha desde 2006 para que el Congreso aprobara en mayo de 2007 la llamada «enmienda Casas», una reforma específica de la Ley del TC para prorrogar automática e indefinidamente en su cargo a la presidenta de esa institución, María Emilia Casas, cuyo mandato ya vencía. Garantizar su hipotético voto de calidad en favor del Estatuto era el fin último de los socialistas.

Batalla perdida con Tremps
Tampoco le ha valido al PSOE haber truncado los esfuerzos del PP por cubrir la vacante del magistrado Roberto García Calvo, fallecido en mayo de 2008, y recusado sin éxito desde octubre de 2006 por la Generalitat de Cataluña para que no liderase un movimiento interno en el TC contrario al Estatuto. Y finalmente, también desde el PSC se reprocha al sector progresista del TC, y al Gobierno, no haber sido capaces de combatir con solvencia el apartamiento de las deliberaciones del magistrado Pablo Pérez Tremps, quien fuera recusado por haber participado como jurista en informes técnicos previos al Estatuto. Entre quienes creían en el PSOE que el TC era «gobernable» desde La Moncloa, cunde ahora el desánimo de contemplar la impotencia del Gobierno de Zapatero para «reconducir» el debate hacia una sentencia favorable. Desde esta perspectiva, y en clave interna, la desautorización política de quienes aconsejaron y avalaron en su día el nombramiento, por ejemplo, del magistrado Aragón Reyes, es hoy una evidencia.

Tampoco le ha valido al PSOE haber truncado los esfuerzos del PP por cubrir la vacante del magistrado Roberto García Calvo, fallecido en mayo de 2008
Ni Rodríguez Zapatero cuando «cepilló» a solas con el líder de CiU, Artur Mas, un Estatuto que estaba en el abismo; ni Fernández de la Vega, como «avalista» de los magistrados llamados a «purificar» el Estatuto otorgándole el certificado de constitucionalidad; ni el ahora ministro de Justicia, Francisco Caamaño, emplazado en su día personalmente por Zapatero a «limar» con el tripartito catalán el texto definitivo —que luego tampoco lo fue—, han visto cumplido su objetivo de que el Estatuto deje de ser, por fin, un problema legislativo de primer orden. Por el contrario, han sido incapaces de convertirlo en un triunfo personal del presidente del Gobierno con el que ayudar a José Montilla a remontar los pesimistas sondeos que le envían a la oposición tras los comicios catalanes.

La excusa: es un mal menor
Mirando el futuro inmediato, el PSOE busca argumentos y excusas para presentar este varapalo como un mal menor, indeseado pero previsible tal y como se han desarrollado los debates en el TC sobre la principal apuesta para reformar el modelo de Estado. A la plausible estrategia futura para culpar al PP de una renovación del TC que difícilmente se podrá producir en estos momentos —el PSOE ya acusa al PP de ser el único responsable del «bloqueo institucional»—, se unen las presiones de otros partidos, como CiU, para ganar tiempo, dilatar la nueva ponencia del magistrado Guillermo Jiménez y eternizar la sentencia definitiva. O como mínimo, que no se produzca un fallo al menos hasta pasadas las elecciones catalanas.

Tres teorías
De hecho, en un primer análisis interno de los socialistas conviven dos teorías sobre lo que puede ocurrir: primero, la hipótesis más pesimista para sus aspiraciones les induce a pensar en una sentencia «conservadora» para junio o julio con más artículos del Estatuto anulados de los que preveía el PSOE. La segunda hipótesis, más favorable para sus tesis, apunta a un TC «responsable» que no querrá interferir en la precampaña catalana —que de hecho ya ha empezado— y prolongará «sine die» sus debates.

Una tercera teoría —la que parece estar decidido a impulsar a la desesperada el PSC— empujaría al PSOE a provocar un enfrentamiento abierto y agresivo con el PP, «dinamitar» el TC y plantear de inmediato la guerra por la renovación. Lo que fuentes jurídicas vinculadas al PSOE y sectores próximos al TC dan casi por descartado es que los debates sobre la nueva ponencia de Guillermo Jiménez puedan suponer una «vuelta atrás». Y se preparan para asumir que el texto será, en cualquier caso, seriamente restrictivo con un Estatuto que, a día de hoy, sigue en vigor —y con 40 leyes marcadas con su vitola— sin gozar del título de «constitucional».
 

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