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Recortes de Prensa   Miércoles 21 Abril  2010

 

El insostenible despilfarro autonómico
EDITORIAL Libertad Digital 21 Abril 2010

Si bien la austeridad y la contención del gasto público deberían ser objetivos esenciales para todas las administraciones públicas, el estudio "El coste del Estado Autonómico", que acaba de publicar la Fundación Progreso y Democracia, deja en evidencia hasta qué punto ese objetivo es prioritariamente exigible a nuestras despilfarradoras comunidades autónomas.

Aunque sus autores insisten en que es sólo una primera aproximación al problema, el estudio mide de una forma muy gráfica y objetiva la eficiencia y eficacia de nuestras administraciones autonómicas, entendiendo por tales conceptos, en primer lugar, la relación entre el presupuesto gestionado por cada comunidad y la parte de ese presupuesto que se dedica a su propio funcionamiento. La eficacia, por su parte, se mediría en función de la relación entre el dinero que cada comunidad autónoma gasta y el desarrollo del PIB de su región.

Tomando como base de referencia, no un ideal teórico sino lo que hacen las tres comunidades más eficientes, el estudio llega a la conclusión de que si todas las comunidades fuesen tan eficientes como ellas en el terreno del gasto corriente y del personal, se podrían ahorrar nada menos que 26.108 millones de euros, es decir un ahorro del 2,6% del PIB nacional obtenido sólo por mejoras de funcionamiento interno.

Los autores del estudio –es importante insistir en ello– ni siquiera reclaman una reducción de servicios públicos, sino que se limitan a poner en evidencia las duplicidades, redundancias y excesos a los que nos ha llevado el Estado de las Autonomías; un despilfarro que explican por la falta de responsabilidad que tienen, ya que nadie analiza ni fiscaliza su funcionamiento.

Aunque los autores proponen una gran reforma que pasa por cambios en la Constitución, pero también por otros aspectos como dotar a la administración central de herramientas para controlar el gasto autonómico o despolitizar los Tribunales de Cuentas, nosotros querríamos señalar además el irresponsable sistema de financiación autonómica como una de los principales causantes del mal funcionamiento de las comunidades. Y es que mientras que las comunidades son "autónomas" para decidir en qué se gastan o malgastan el dinero del contribuyente, no lo son sin embargo para responsabilizarse ante ellos del costo político que supone su recaudación. Así, mientras la administración central debe soportar el coste en términos electorales que implica una política fiscal expansiva, las comunidades autónomas se dedican tan sólo a gastar el dinero que le transfiere la administración central. Así se anulan en la práctica los controles al gasto que sí podría generar una auténtica descentralización liberalizadora y competitiva como la que se daría si cada autonomía fuera la responsable de recaudar aquello que pretende gastar.

Y es que al margen de los controles de cuentas que se pudieran aplicar desde arriba a los gobernantes autonómicos, deberían ser los propios ciudadanos los que al votar –también con los pies– pudieran responsabilizar desde un punto de vista fiscal a sus gobernantes autonómicos.

Esperemos que este estudio contribuya también a cuestionar y corregir un diseño mal planteado de la financiación autonómica, que explica de manera decisiva la triste realidad del exceso de regulación y de gasto en el que se ha convertido este ineficaz e ineficiente Estado de las Autonomías.

El Constitucional y el valor de una sentencia que no fue
Roberto Blanco Valdés La Voz 21 Abril 2010

abril los Gobiernos español y catalán, las direcciones del PSOE y el PSC (además de las de CiU, IU y ERC) y algunos (aunque pocos) juristas españoles consideraban como una verdad evidente por sí misma que el Estatuto catalán aprobado en el 2006 era «íntegramente constitucional».

Así lo repetía, entre otros, cada vez que podía, el actual ministro de Justicia, quien -supuesto garante jurídico, en su día, de aquella operación legislativa- ha carecido de cualquier reparo no solo en presionar al Tribunal Constitucional, sino también, al hacerlo, en comportarse como parte y como juez: todo era, según él, constitucional y quien discutiese tal presunta obviedad es que no sabía nada de derecho.

Pues ha resultado que no. ¡Y de qué forma! El Tribunal Constitucional fue incapaz el pasado viernes de aprobar una sentencia, pero lo fue no por exceso sino por defecto. Y es que lo que consideraban unánimemente inconstitucional los diez magistrados que votaron les parecía a seis de ellos insuficiente en mayor o menor grado. No debería ser necesario recordar, pero lo haré, que ese resultado se producía pese a que el TCE ha estado sometido a todas las presiones imaginables, dirigidas en un sentido coincidente: a que confirmase lo que dispone el Estatuto desde el principio hasta el final.

Pues, bien frente a tan voraz pretensión de constitucionalidad, los magistrados del tribunal parecen concordar en que son inconstitucionales, cuando menos, varios aspectos claves del actual texto estatutario: la definición del catalán como lengua oficial preferente, la exclusividad de las competencias del Defensor del Pueblo Catalán (Sindic de Greulles) en Cataluña, la existencia de un Consejo de Justicia como órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña, la definición de las competencias compartidas o la exigencia de que la solidaridad territorial dependa de que todas las comunidades realicen un similar esfuerzo fiscal.

Si me permiten la inmodestia, nada de ello me ha llamado la atención, pues en un dictamen que realicé en el 2006 para el Defensor del Pueblo, incluí, como materias inconstitucionales, la práctica totalidad de las que acabo de citar. Otros muchos, sin embargo, se habrán quedado anonadados al comprobar que las cosas no se convierten en verdad porque ellos las repitan miles de veces o sus amigos amenacen a quien puede atreverse a discrepar de un criterio que han formado por mera conveniencia. No ha habido sentencia, pero ahora todos sabemos algo que antes solo unos pocos conocían: que por el mundo -también por el del derecho- circulan leguleyos dispuestos a decir lo que se les manda, aunque tal cosa sea algo que choca frontalmente con la lógica jurídica más elemental.

Montilla, perdido en su laberinto
Editorial ABC 21 Abril 2010

LA pretensión de los socialistas catalanes de convertir la imposible renovación del TC en el argumento con el que paliar el fracaso de su apuesta por un Estatuto de autonomía con taras de inconstitucionalidad sólo demuestra el estado febril de ansiedad e inseguridad con el que José Montilla encarará la campaña electoral. Durante la tramitación del Estatuto, fueron muchas las veces que el PSC demostró soberbia en la convicción de que el control político del TC anularía sin problemas cualquier discusión jurídica de fondo. Ahora, cuando el TC ha dejado entrever por fin la derrota del proyecto territorial más desintegrador e insolidario para cuantos el PSOE ha regalado irreflexivamente su voto, la rabieta del PSC le desnuda. Primero, porque el PSC reconoce que el suyo no es un fracaso individual, sino una derrota colectiva de los socialistas que ha retratado con toda crudeza la endeblez de Zapatero en el manejo de los resortes del poder. Segundo, porque deja traslucir en su rabieta que Zapatero no tiene intenciones de asumir su propia responsabilidad -mayor aún que la del PSC- ni el menor reparo en fagocitar a Montilla. La irritación del PSC con Zapatero es perfectamente comprensible -se suma al nutrido colectivo de personas y partidos que se dicen engañados o defraudados por él-, pero antes debió medir mejor sus pasos. El precio pagado para no dañar irreversiblemente la Constitución y mantener la credibilidad de las instituciones está siendo brutal.

Ahora, el PSC se enfrenta a una estrategia peligrosa para sus intereses porque distanciarse del PSOE le puede suponer un desgaste de imprevisibles consecuencias que sólo favorecerá a CiU. Recusar ahora a los magistrados del TC con mandato en prórroga sería una irresponsabilidad abocada a otro fiasco. Más allá del oportunismo político y la desesperación, Montilla debería recordar que la recusación es un instrumento jurídico tasado, sometido a circunstancias jurídicas objetivas y a plazos. Cualquier recusación hoy sería absolutamente extemporánea, e incluso cabría imputar mala fe a los socialistas catalanes. El ventajismo político, los caprichos electoralistas y la manipulación jurídica de la realidad, por cruel que sea para el PSC, no son motivos de recusación. Tampoco el PSOE tiene legitimidad hoy para presumir de pulcritud política o higiene institucional negando que vaya a alterar las reglas del juego. Ya las alteró en 2007 con la «enmienda Casas», viciando de origen el debate. Es natural que CiU observe con deleite el laberinto en el que se han encerrado los socialistas y que, incluso, se permita el lujo de fingir liderar una campaña de defensa del Estatuto mientras ve hundirse a Montilla, convertido en la enésima víctima de Zapatero.

Crisis política
Partitodictadura
Alberto Gómez Corona Libertad Digital 21 Abril 2010

Podría hablar sobre muchos temas de actualidad, pero prefiero hablar de la causa de buena parte de ellos: la soberanía reside en los líderes de los partidos políticos, que podrán nombrar tantos peones en los órganos de decisión como votos obtenga el partido dirigido por éstos.

Esto es lo que diría un marciano si observara los hechos políticos de aquí e ignorara la letra de las leyes. Porque esta realidad es lo fácticamente cierto y vivo entre tanta letra muerta y tanto papel mojado de la Constitución. No sé si eso es algo buscado y pactado durante la transición, como dice Jesus Neira en su último libro, o, tal como se justificó en un principio, es consecuencia del miedo a la ingobernabilidad histórica de los últimos regímenes españoles. La partitocracia aparece con preceptos constitucionales –como las listas cerradas– y desarrollos de éstos que subordinan todos los poderes y la misma sociedad civil al poder de los órganos ejecutivos y sus correspondientes partidos. Esta partitocracia está apartando de la política a todo aquel incapaz de sincronizarse telepáticamente con las ideas de líder. Al mismo tiempo, la partitocracia es la responsable del aumento de la demagogia política y el empobrecimiento intelectual tanto de la clase política como del elector y es la causa del alejamiento entre ambos.

Así como la falta de competencia en la televisión degenera en la televisión generalista y ésta en la telebasura –que es el mínimo común denominador morboso de sexo, violencia y escándalos que maximiza la audiencia– la supresión de las ideas políticas diferentes a las de los líderes genera una degeneración de la política hacia su propio mínimo común denominador, que maximiza el número de votos. Esa degeneración suele incluir elementos que estimulan la identificación tribal con el líder, la demonización del adversario y la proclamación de que la victoria del líder traerá el cielo del buenismo patológico a la tierra. Si el momento de ver la tele es el momento de dejarse llevar por lo más bajo, el momento de votar en la partitodictadura es una orgía de los sentimentalismos más atávicos y regresivos disfrazados de progreso, evocados por el líder y por el marketing de cortesanos y favoritos.

En la partitodictadura los programas nunca se leen ni se cumplen, el votante no espera ver en ellos una solución concreta de problemas concretos, sino la enumeración de problemas irreales e inventados y la promesa de su resolución gracias al líder providencial. El peón-diputado no sólo no tiene que ofrecer su propio discurso al electorado de su circunscripción, sino que tiene que comprar íntegro el producto de la franquicia del partido o partidete regional y regurgitarlo en el mismo orden en todo momento y lugar. Para eso solo valen los más sumisos o los más cínicos.

Y así hemos llegado a la situación actual, donde todos excepto el líder actúan como títeres de cuota, con el juicio suspendido hasta que se reabra la cuestión del liderazgo. Los votantes por su parte acaban divididos y aceptando las políticas más demagogias e ineficaces.
Alberto Gómez Corona es físico y creador de varios blogs sobre evolucionismo, como La nueva Ilustración evolucionista, Psicología evolucionista y Darwinismo Conservador.

Apología de la rebeldía ciudadana. ¡Elecciones generales Ya!
Vicente A. C. M. Periodista Digital 21 Abril 2010

La democracia no puede admitir a quienes intentan destruirla y debe tomar las medidas necesarias para reconocer a los indeseables, denunciarlos y apartarlos de la sociedad. En eso se debe aplicar la máxima de que todos somos iguales ante la Ley. Por ello, las palabras de un “hombre de Estado” como el Sr. Pujol alentando a la desobediencia al Tribunal Constitucional, solo pueden ser calificadas de ataque a la democracia e incitación a la desobediencia civil. Una apología para realizar un acto anti democrático y que busca el enfrentamiento entre los ciudadanos.

No es de extrañar que el Sr. Pujol, como otros tantos ex mandatarios, se dedique a azuzar y criticar desde su jubilación política, dando ahora su verdadera cara muy alejada de aquella de persona moderada y colaboradora con el Estado, véase el Gobierno de España. Una voz más que sumar a este guirigay de voceros sectarios que no dudan en atacar a las Instituciones Judiciales cuando estas no siguen sus directrices y se apartan de sus planes. Unos planes que ya daban por supuesto la ilegalidad de garantizar la aprobación de textos, aunque estos llevasen implícita la destrucción del Estado, la desigualdad entre territorios de España y la vulneración de los derechos de los ciudadanos.

Así que hoy, en la sesión de control al Gobierno, cuando el PP ha expuesto las vergüenzas del mismo Gobierno en su ataque a las Instituciones Judiciales, en concreto al Tribunal Supremo, los interpelados se han quedado sin respuestas y en un balbuceo de excusas patéticas y que dejaban a las claras sus sucios manejos. Sus argumentos de no querer ahondar en el fondo de los asuntos e insultar como recurso a los denunciantes, es la expresión del sectarismo, del desprecio por la legalidad vigente y del intento de manipulación burda aportando como bandera fantasmas del pasado en la memoria ideológica de sus lobotomizados seguidores.

Porque a estas alturas, lo menos relevante de las causas abiertas por el TS contra el juez estrella es quien ha sido el que tomó la iniciativa de formular las denuncias, sino si esas denuncias tenían la solidez suficiente para que el TS las tomase en consideración, como así ha sido. Querer delimitar este asunto a un enfrentamiento ideológico, sería tanto como admitir que la Amnistía de 1977 no existió y que el PSOE y el Gobierno en pleno, al igual que el Sr. Pujol con el TC, está haciendo una apología de rebelión civil contra lo que consideran una injusticia, nada menos que encausar por prevaricación al juez de la AN Sr. Garzón y que son los falangistas los enemigos de la democracia por denunciarle.

¿Puede haber mayor hipocresía? Quizás sí, pero lo dudo. Además, el que sea el propio Presidente del Gobierno y Ministros del Gobierno de España los que pongan en cuestión a la Justicia e imparcialidad del TS, es una carga de profundidad contra la democracia que ni puede ni debe ser admitida. Este Gobierno con estas manifestaciones y apoyo descarado con graves acusaciones y complicidad con los ataques al TS, está deslegitimado para seguir ni un minuto más en sus cargos. Si tuvieran un mínimo de ética política deberían presentar su dimisión en pleno y convocar elecciones generales.

Su incompetencia e incapacidad demostrada para resolver los problemas de la grave crisis que atraviesa España, no va a ser ocultada con acciones de desvío de la atención ciudadana hacia debates oportunistas y que buscan la confrontación social. No lo debemos permitir.

Estrategias catalanas
Germán Yanke Estrella Digital 21 Abril 2010

Desconozco el grado de sensibilización ciudadana respecto al hipotético sentido de la esperada y quizá imposible sentencia del Tribunal Constitucional. Se habla mucho del "malestar", la "frustración" y el "descontento" que produciría una sentencia que declarara inconstitucionales aspectos más o menos vertebrales del texto recurrido, pero no se sabe muy bien si tales reacciones serían la de los ciudadanos o la de los políticos que lo apoyaron y que ahora lo defienden como si en ello les fuese la vida. Lo que si sé, para atemperar los anuncios de desastres, es que, visto el referéndum, el propio Estatuto no despertó excesivos entusiasmos, es decir, que no eran una mayoría aplastante los que pensaban que, en ello, les iba su vida común y anónima, aunque no por ello menos cívica y ciudadana.

Pero lo que parece claro es que, de cara a las elecciones autonómicas, las estrategias se van estableciendo en torno a la sentencia del Constitucional o a la falta de ella. Ahí está Montilla pidiendo que se renueven ya los magistrados que han perdido la licencia", frase que es a su vez una licencia excesiva para denunciar que algunos de ellos tienen el mandato caducado y que, en el fondo, revela el temor a una resolución desfavorable. Con este gesto del presidente autonómico y las iniciativas consiguientes en el Parlamento, Montilla, que está a medio camino entre la defensa numantina y la del orden, es decir, en peligro de arribar en tierra de nadie, pretende también beneficiarse de una cierta distancia del PSOE, curioso efecto de la presión nacionalista que a menudo pretende convertir sus particulares aspiraciones en el único modo de "defender el país". Y, al mismo tiempo, revela el descrédito del Gobierno de Rodríguez Zapatero, como ya se vio en lo que se ha dad en llamar "síndrome Barreda", es decir, la percepción de que el presidente ya no suma y sí rinde, sin embargo, separarse un poco de él.

Los nacionalistas tratan de abrir aún más esta herida tensionando lo que pueden para, en el fondo, demostrar que los demás son sucursalistas, Mas propone a Montilla que se distancie aún más del PSOE, o que rompa con él, para constituir una suerte de frente catalanista en defensa del Estatuto. Como si pretendiera, en vez de aunar voluntades, ponerle en un brete, que es lo que piensa que rinde electoralmente. Esquerra se pone de perfil para terminar presentándose como el adalid de la cosa, que no del Estatuto: si sale adelante, será fruto de la presión; si no, de la falta de ella que ya comenzó con pactar un texto que ellos no refrendaron. La cuadratura del círculo.

La paradoja es que, a estas alturas del caos institucional, las estrategias de los "defensores" del Estatuto buscan más como sacar tajada de la confusión y dañar al adversario que defender el texto. Porque defender su constitucionalidad, ya se sabe, es algo que se hacía antaño y con la boca pequeña. Ahora ni eso.

PARA MÚSICA, CINE Y MEDIOS
Asturias gasta casi 650.000 euros para "normalizar" el bable y el gallego-asturiano
El Gobierno asturiano, gobernado por el socialista Areces, ha ignorado la crisis y ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad la convocatoria de subvenciones por valor de 644.000 euros para la “normalización social” del bable y del gallego-asturiano.
J.LOZANO Libertad Digital 21 Abril 2010

El pasado 27 de marzo, el BOPA (Boletín Oficial del Principado de Asturias) publicó la resolución del Principado de Asturias en el que aprueba el reparto de subvenciones por un valor de 644.000 euros. El fin no es otro que “la normalización social del asturiano y, en su ámbito, del gallego-asturiano”.

En este sentido, justifican esta medida escudándose en el Estatuto de Autonomía de Asturias que, en su opinión, les obliga a proteger el “uso y promoción del asturiano en sus diversas variantes” utilizadas en toda la región. Y de ahí que en este momento de grave crisis económica hayan presupuestado casi 650.000 euros.

De este modo, el destino del dinero del erario público tiene distintos fines. De hecho, se puede optar a esta ayuda para realizar estudios en o sobre el asturiano o el gallego-asturiano. Además, las subvenciones dedican buena parte del dinero en la “promoción de actividades cinematográficas y de vídeo” en estas lenguas. La música también se llevará un buen pellizco y es que también se subvencionará la música tanto en asturiano como en gallego-asturiano.

Por último, el destinatario de la gran parte de estos fondos serán los medios de comunicación. Un total de 415.000 euros se darán para “actividades de medios de comunicación para la normalización social del asturiano”.

Ante esto, la Asociación Nacional de Libertad Lingüística ha denunciado el “despilfarro indecente” del Gobierno asturiano cuando esta comunidad “registraba en el mes de marzo la segunda mayor subida de la tasa de desempleados” en España.

“Con cantidades como 415.000€ para medios de comunicación, 75.000€ para las asociaciones o 45.000€ para fomentar la música en asturiano, lo que denunciamos desde la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística es que se está tratando de crear una red de clientelismo alrededor de la lengua minoritaria, convirtiendo en negocio lo que debería ser únicamente una riqueza cultural”, aseguran desde esta asociación.

Usar las lenguas autonómicas en el Senado costaría 120.000 euros anuales
El PP considera que todos lo senadores ya comparten el castellano para comunicarse y no es necesario sumar más gastos
Álvaro Rubio www.lavozlibre.com 21 Abril 2010

Madrid.- La próxima semana se debatirá la admisión a trámite de una iniciativa para generalizar el uso de las lenguas autonómicas en la Cámara, una medida que cuesta 120.000 euros, según los promotores, y que ahora su puesta en marcha sólo depende del voto del PSOE.

La Junta de Portavoces del Senado ha acordado que en el Pleno de la semana que viene se debata esta medida con la que se pretende que el euskera, el catalán, el valenciano y el gallego pasen a formar parte de la vida parlamentaria del Senado. La propuesta fue presentada por miembros de todos los grupos salvo del PSOE y del PP. Los ‘populares’ son contrarios a esta iniciativa y el PSOE todavía no ha decidido su posición.

En plena crisis, que los senadores puedan expresarse en cualquiera de las lenguas autonómicas en todos los ámbitos del Senado tendría un coste anual de 120.000 euros, según se estima en la memoria económica que acompaña el proyecto.

Ese precio, según sus promotores, "no debería comportar un aumento del presupuesto del Senado sino una reorganización del gasto contemplado en dicho presupuesto", afirman.

El Senado ha ido introduciendo poco a poco el uso del euskera, el catalán, el gallego y el valenciano en su actividad. Los parlamentarios pueden plantear iniciativas por escrito en cualquiera de estas lenguas, aunque deben además hacerlo en castellano; pueden igualmente emplearlas en sus intervenciones ante la Comisión General de Comunidades Autónomas, el foro en el que intervienen, y también en su lengua, representantes autonómicos.

Respecto a las posturas de los partidos políticos, hasta el momento, el PSOE se ha mostrado dispuesto a estudiar esta posibilidad aunque sin llegar a generalizar el empleo de estas lenguas, como pretenden los firmantes de la proposición.

Por su parte, el PP mantiene la postura que han defendido en otras ocasiones que se ha planteado el asunto: todos los senadores ya comparten una lengua para comunicarse, el castellano, sin necesidad de sumar otro coste al presupuesto de la institución.

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El lío político del Estatut

Editorial www.gaceta.es  21 Abril 2010

Sólo un tercio de los electores catalanes votó un Estatut que hoy está poniendo en jaque a toda España.

Las inminentes elecciones catalanas, previsiblemente para todos en noviembre, han desatado una inundación de sinrazones y desvaríos que sobrepasan el rango de la “boutade” del marketing político cortoplacista que las está moviendo.

El presidente Montilla está presionando al máximo órgano jurídico, garante de nuestra Carta Magna, con total impunidad.

Desde el poder ejecutivo se jalea al Tribunal Constitucional en un tono que fotografía la trágica realidad. Nuestro TC, hoy, no es más que el reflejo de los pactos partidistas de incluso los separatistas-anticonstitucionalistas.

De un órgano que debería ser absolutamente independiente de los poderes del Estado, ya que trata de garantizar que los poderes del Estado en su actividad y normativa no se aparten de la Constitución, la contravengan o la contraríen, hemos pasado a una marioneta, a una caricatura que refleja los desmanes y el desenfreno de unos partidos políticos, todos en clamoroso déficit de auténtica democracia interna en sus estatutos, intentando controlar no ya el poder, sino la forma y vida del Estado.

Las fisuras de la arquitectura constitucional trazada en la Transición se delatan en la convivencia real entre los españoles. El Estado de las Autonomías se ha convertido desde un proyecto que recogiese fueros y costumbres de pueblos, a un proyecto federal “de facto”.

Al Estatut de Cataluña seguirán todos (Valencia y Andalucía están ya a la espera) buscando una identidad propia que, por otro lado, la Constitución reconoce. La Nación, el Pueblo, el Estado, el proyecto común de una gran convivencia que es la realidad de España, recogida en la Constitución, debería estar protegida por un Tribunal. ¿Pero cómo va a hacerlo este Tribunal con rigor, imparcialidad, si quienes han sido designados son precisamente quienes deberían ser examinados? ¿Cómo salir de esta grave situación que amenaza un proyecto de convivencia?

La iniciativa imparcial del presidente Zapatero es una quimera. Difícilmente puede liderar un proyecto de consenso y libertad quien pasará a la historia como avivador de viejos odios ya enterrados, generador de conflictos, paradigma de medianías y propulsor de este hórrido Estatuto.

La capacidad de jefe, en el sentido amplio de líder, está reservada y encomendada por todos los españoles, en nuestra Constitución al Rey, que lo consagra como Jefe del Estado y le encarga un papel de árbitro, de moderador y de defensor de nuestra soberanía.

Sólo hoy él tendría capacidad de rediseñar en un entorno de pacto el ADN que sería legítimo para un TC sano. Las grietas constitucionales hoy no tienen salida por la perversión que el propio sistema ha creado.

Esas grietas se han convertido en instrumentos de marketing electoral: a todos los partidos parecen interesarles sus consecuencias; a unos el retraso, a otros el “impasse”, los recortes y a otros, y he aquí el peligro inminente, les interesa airear la viciosa atmósfera jurídica en la que nace todo el proceso.

Hoy, los catalanes, los españoles, el proyecto y la ilusión de un pueblo, necesitan que el jefe del Estado asuma sin reservas el papel que se le ha dado. En privado, lo hace, en público, lo esperamos. Dos presidentes, uno chantajista, y el otro protagonista y cómplice, no se pueden llevar el gato al agua, con perdón.

El lío del Estatut se habría evitado con el Recurso Previo
José Antonio Gundín Semanal Digital 21 Abril 2010

Es comprensible que José Montilla, político de temple y sosegado, incluso aburrido para lo que es el circo político, esté muy alterado y no cese de cometer tropezones. Esperaba que la patata caliente del Estatut saliera comestible de la "sartén hirviente" de Madrid, por usar la terminología de moda, y resulta que se ha atragantado en la gargante del magistrado en el que tanto confiaba: Manuel Aragón. Por eso lleva una semana proponiendo sin ton ni son, a tontas y a locas, las más variopintas fórmulas para que el fiasco no le pase factura al PSE en las elecciones autonómicas que están a la vuelta del verano.

Así, la primera ocurrencia fue que había que recusar a los magistrados, pero como el PSOE no le secundó en el disparate, ahora propone que se reforme la ley para que un Estatuto que ha sido votado en referéndum no pase el examen del Constitucional, amén de proceder ya a la renovación inmediata de los magistrados "caducados". Para todo ello, se está trabajando el apoyo de CiU, que no quiere quedarse atrás en la defensa del texto.

Ciertamente, resulta extraño que el Tribunal Constitucional estudie la pureza legal de una ley que ya ha pasado el refrendo de la consulta popular. En este caso, que la votación favorable apenas rebasara el 30% de los electores catalanes no es una tacha inasalvable, pues, aunque exiguo, fue el voto más numeroso.

Ahora bien, Montilla y Mas deberían reconocer que si se ha llegado a esta situación tan atípica es porque el PSOE eliminó en su día el Recurso Previo de Inconstitucionalidad, salvaguarda que se estableció para impedir que las leyes orgánicas entraran en vigor antes del fallo del Constitucional y así evitar que su aplicación pudiera conculcar derechos fundamentales. El caso más claro es la ley del aborto, cuya aplicación antes de que se pronuncie el Alto Tribunal tendrá efectos irreversibles sobre los fetos abortados.

No hay constancia de que ni Montilla ni Mas se opusieran en su día a la supresión del Recurso Previo, impuesto por el Gobierno de González con el objeto de poder aplicar sus leyes sin tener que esperar la sentencia, y que cuando esta llegara ya fuera poco menos que inútil. Por tanto, lo que debería proponer Montilla es recuperar esa figura, de modo que ningún Estatuto entrara en vigor hasta que no estuviera constitucionalmente cepillado y bendecido.

En cuanto a renovar a los magistrados "caducados", la exigencia parece lógica. Pero también aquí se echa en falta la congruencia de Montilla y Mas, que aplaudieron a rabiar la prórroga dada a la presidenta María Emilia Casas, sin contar con el debido consenso del PP y contra la práctica habitual del tribunal. Zapatero echó mano, nada menos, que de una ley específica para que la señora Casas no se fuera a su casa. ¿Por qué? Pues porque le habría sustituido el vicepresidente, nombrado en su día por el PP.

En conclusión, ni Montilla ni Mas tienen autoridad moral para exigir ahora lo contrario de lo que han bendecido y apoyado, porque así les interesaba entonces. A los ciudadanos no se les puede tomar por tontos ni desmemoriados. Y si no, al tiempo.

Estatut
Aguantó
Clemente Polo Libertad Digital 21 Abril 2010

Al fin, podemos respirar con cierto alivio: la mayoría del Tribunal Constitucional (TC) rechazó la quinta ponencia de resolución de los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatut de Cataluña elaborada por la magistrada Pérez Vera. Existía el temor lógico a que la posición de la presidenta y las descalificaciones y presiones –presumo que fortísimas– que ha debido soportar el magistrado Aragón Reyes en los últimos meses hubieran acabado minando su ánimo –"allá se las entiendan"– y doblegando su voluntad. Pero llegado el momento decisivo, el magistrado se mantuvo firme y su voto permitió rechazar la quinta ponencia de resolución que, si bien anulaba quince artículos y reinterpretaba otros veinte, iba a "constitucionalizar" bastantes artículos inconstitucionales.

Que la magistrada Pérez Vera haya sido relevada y sustituida por el magistrado Guillermo Jiménez da pie a pensar que la nueva ponencia reflejará más fielmente la voluntad mayoritaria del TC, violentada por la Sra. Casas en cinco ocasiones. Porque la inconstitucionalidad del Estatut no se limita únicamente al término nacionalidad o a la pretensión de desligar la financiación o el sistema judicial de Cataluña del resto de España, sino que afecta a otras cuestiones de enorme trascendencia como el modelo educativo impuesto por la Generalitat en Cataluña. Para algunos medios de comunicación, el conflicto se reducía a un combate maniqueo entre magistrados progresistas que avalaban el Estatut y conservadores que lo rechazaban.

En efecto, durante las últimas semanas y especialmente desde el momento en que se conoció que la presidenta del TC había incluido la discusión de la ponencia en el orden del día de la sesión plenaria celebrada los días 13, 14 y 15 de abril, aparecieron multitud de artículos que sin prestar la más mínima atención a la cuestión de fondo –la posible inconstitucionalidad del Estatut–, se dedicaban a aventurar conjeturas sobre el sentido en que podían decantar su voto los magistrados. El grupo "progresista" contaba con la presidenta, la redactora de la ponencia y otros dos magistrados; el "conservador" lo integraban el vicepresidente Jiménez y otros dos magistrados que rechazaban la ponencia; y el tercer grupo incluía al magistrado Aragón Reyes y otros dos magistrados cuyos votos podían inclinar las votaciones en un sentido u otro.

Lo más aberrante de este planteamiento es que sin entrar a analizar el contenido del Estatut, algunos medios de comunicación haya presentado a quienes defendían la constitucionalidad del texto como "progresistas" y a quienes la rechazaban como "conservadores", sin otra base para hacerlo que el empeño de los últimos en asegurarse que el Estatuto no va a ser utilizado "como un potencial desafío a la unidad de España". No es éste el lugar para realizar un análisis exhaustivo del tema, pero me gustaría ilustrar esta afirmación con el sistema educativo catalán de inmersión lingüística de la Generalitat. El Estatut pretende blindar el sistema frente a cualquier norma del Estado, como por ejemplo los decretos de enseñanzas mínimas, y respaldar normas autonómicas como la Ley de Educación de Cataluña. Al avalar el Estatut, los supuestos magistrados "progresistas" lo que están es bendiciendo un texto inconstitucional y profundamente reaccionario.

Según el artículo 7 del Estatut "son ciudadanos de Cataluña los ciudadanos españoles con vecindad administrativa en Cataluña". Es mi caso y el de mis hijos: tenemos pasaporte español y estamos empadronados en Cataluña. Hablamos normalmente entre nosotros en castellano que según el artículo 3 de la Constitución española es "la lengua oficial del Estado" y tenemos el deber de conocer y el derecho a usar. ¿Por qué se plantea un conflicto entre el Estatut y la Constitución en esta materia? Porque el Estatut y las normas que lo desarrollan impiden a todos los españoles residentes en Cataluña, incluidos mis hijos, educarse en castellano.

El artículo 11 del Estatut establece "que todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán", un derecho que algunos ya apoyábamos en la dictadura y que la Constitución, a mi entender, ampara al reconocer a las "demás lenguas españolas" carácter de "oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas". ¿Por qué surge un problema de inconstitucionalidad en un asunto que podría haberse resuelto de manera satisfactoria para todos? Porque el Estatut y las normas que lo desarrollan no se limitan a reconocer y hacer efectivo ese legítimo derecho de los catalanes –recordemos: españoles con vecindad en Cataluña– sino que van mucho más allá, al no reconocer el igualmente legítimo derecho de los catalanes a educarse en castellano y proclamar a reglón seguido que "el catalán se ha de utilizar normalmente como lengua vehicular en la enseñanza universitaria y no universitaria". De hecho, la Generalitat ha convertido esa "normalidad" en una imposición que no admite excepciones y ha prohibido terminantemente la utilización del castellano como lengua vehicular en la enseñanza infantil, primaria y secundaria, algo que en cambio permite cuando se trata del inglés, francés o japonés.

La consecuencia práctica es que los catalanes –repito: españoles residentes en Cataluña– no pueden educarse en castellano, aunque ésta sea la lengua oficial del Estado y la lengua habitual de muchos de ellos y de la mayoría de los españoles. De nada sirve que los nacionalistas catalanes y la Generalitat afirmen que los niños catalanes conocen el castellano tan bien como el resto de los españoles –aseveración, por cierto, que dista mucho de ser verdad. Esa no es la cuestión: lo que se dirime es el derecho constitucional de los catalanes a educarse en castellano. Como tampoco la cuestión era si los catalanes aprendían bien el catalán en su casa durante la dictadura de Franco, sino el reconocimiento del derecho a educarse en catalán. En ocasiones, haciendo gala de un cinismo vergonzante, los nacionalistas catalanes afirman que no hay demanda de educación en castellano. Pues si tan convencidos están de ello, ¿por qué no permiten a los colegios ofrecer educación en castellano?

Que la imposición de un modelo educativo, más próximo al franquista que al de cualquier Estado moderno y descentralizado, esté avalada por la mayoría de los partidos políticos catalanes y sus voceros "institucionales", tampoco le quita un ápice al carácter inconstitucional y reaccionario de la política lingüística de la Generalitat. Por exactamente las mismas razones que consideraría inconstitucional y reaccionario que la mayoría de los diputados aprobaran una ley en el Congreso que, so pretexto de equiparar el castellano con el catalán, impidiera a los catalanes que lo desean recibir educación en catalán. La democracia parlamentaria sirve para adoptar normas avaladas por la mayoría de los representantes políticos, pero no asegura que éstas sean constitucionales, algo que los políticos catalanes, obsesionados con la idea de erosionar y torpedear el funcionamiento de las instituciones del Estado, han sido incapaces de comprender tanto en el pasado como ahora.
Clemente Polo es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Autónoma de Barcelona. Escribe regularmente en su blog.

Razón moral
Es primordial que el Gobierno y el PNV se pongan de acuerdo en la deslegitimación de la violencia y la memoria de las víctimas
EDITORIAL El Correo 21 Abril 2010

La decisión del Gobierno vasco de posponer la aprobación del plan remodelado de Educación para la Paz, con el fin de apurar las posibilidades de un mayor entendimiento, resultaba obligada. La aplicación del documento que el Ejecutivo de López ha titulado 'Convivencia democrática y deslegitimación de la violencia' serviría para poco si de entrada se traslada una imagen de división desde el ámbito político hacia la sociedad y la comunidad educativa. Además, la diatriba generada en los últimos días demuestra que en caso de desacuerdo serán los fundamentos más intachables del proyecto los que salgan malparados, concediendo una ventaja indirecta a quienes persisten en su intolerancia extrema. Aunque los integrantes del anterior Gobierno se sientan enmendados por lo que sería la continuación revisada del plan establecido para el período 2008-2011, no es el Ejecutivo de López quien les emplaza al acuerdo, sino las necesidades de una sociedad que precisa dejar atrás los largos años de barbarie desterrando tanto la violencia física como todo planteamiento que contribuya a justificarla.

El terrorismo se ha perpetuado en Euskadi porque ha logrado echar raíces en la conciencia social gracias al perverso argumento de que constituye el reflejo de un conflicto histórico irresuelto. De ahí que sea imprescindible proceder a su deslegitimación como un mal en sí mismo, inadmisible tanto moral como políticamente. Además, la perversidad del argumento se ha sustentado durante décadas en la consideración de los asesinados y heridos como si fuesen en el mejor de los casos las desafortunadas víctimas de una confrontación inevitable. Por eso la presencia viva de su memoria a través de sus familiares representa mucho más que un recurso testimonial y didáctico en la educación para la paz; representa la razón humana desbaratando las tupidas y a menudo sutiles redes de sinrazón que ha ido tejiendo el terrorismo hasta generar toda una ideología de la violencia. Es primordial que el Gobierno y la oposición -o cuando menos el Ejecutivo y el PNV- se pongan de acuerdo en torno a estos dos aspectos centrales del plan: la deslegitimación de la violencia como objetivo y la memoria de las víctimas como su razón moral. De lo contrario, ahora que la violencia física parece disiparse preludiando el anhelado final de ETA, Euskadi correría el riesgo de comenzar a pasar página mediante un olvido injusto y atroz para el futuro.

El PSOE abre la puerta a las lenguas cooficiales en el Senado
Madrid - Ep La Razón 21 Abril 2010

El Grupo Popular en el Senado insistió hoy en que votará en contra de la toma en consideración de la iniciativa presentada por 34 senadores para generalizar el uso de las lenguas autonómicas en la Cámara, y criticó que al PSOE le preocupe ahora buscar la unanimidad con los partidos.

Tras conocerse que el Grupo Socialista votará a favor de tramitar la propuesta, y después de que su portavoz, Carmela Silva, señalara que cualquier reforma del reglamento de la Cámara debe hacerse con "consenso", fuentes del PP subrayaron que es "la primera vez en esta legislatura" que a los socialistas "les preocupa la unanimidad a la hora de reformar el reglamento del Senado".

En este sentido, recordaron que el "precedente más inmediato" fue la modificación reglamentaria por la que se varió el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Senado, donde, según remarcaron las fuentes, "no se tuvo en cuenta la negativa del PP y que se aprobara por mayoría y no por unanimidad".

Por lo tanto, argumentaron que las palabras de Silva conllevan "más hipocresía y más incoherencia", al tiempo que añadieron que les parece "bochornoso" que advierta de que su grupo no admitirá "vetos" por parte del PP.

Según las fuentes del Grupo Popular, "el PSOE ha votado en contra de las cuatro tomas en consideración de proposiciones de ley que el PP ha presentado en esta legislatura" sobre municipios turísticos, cierre de páginas web, denominación de origen de vinos e inscripción registral de niños no nacidos. "Este tipo de argumentos, en roman paladino, se llaman hipocresía", subrayaron las fuentes.

El próximo miércoles, el pleno del Senado votará si acepta tramitar esta propuesta, que parte de 34 senadores de la Entesa (PSC, ERC e ICV), CiU, PNV, BNG y el Grupo Mixto, y pretende extender el uso de las lenguas cooficiales a todos los trabajos de la Cámara Alta en esta legislatura.

El Govern realiza 788 inspecciones lingüísticas en 10 meses en Barcelona
M. S. La Razón

La Generalitat interpuso 152 sanciones por no rotular en catalán en 2009

BARCELONA-La Generalitat de Cataluña recaudó 148.100 euros en 2009 en multas lingüísticas. No en vano, durante todo el año pasado el Govern interpuso un total de 152 sanciones a comercios que incumplieron la Ley de Política Lingüística, o lo que es lo mismo, que no rotularon sus comercios, como mínimo en catalán o que en su plantilla no había ni una persona que hablara en lengua catalana. Sin embargo, sólo 16 establecimientos fueron sancionados en la ciudad de Barcelona, según se desprende de la respuesta de la conselleria de Economía a una pregunta parlamentaria planteada por el PP.

Según los datos de la Agencia Catalana de Consumo, la Generalitat se embolsó tan sólo 2.100 euros en multas lingüísticas en Barcelona, aunque la cuantía de las sanciones oscila entre los 300 y 600 euros por comercio. Son muchos los comerciantes que se niegan a pagar este tipo de sanciones, manteniendo un pulso con la Generalitat. Es el caso de Manel Nevot, propietario de una inmobiliaria de Vilanova y la Geltrú (Barcelona) sancionada por no rotular en catalán. Nevot ha llevado su caso hasta el Tribunal Constitucional (TC) en un intento de librarse de las dos sanciones de 400 euros interpuestas contra su negocio. La misma historia se repite con Xurde Rocamundi, propietario de una inmobiliaria en Arenys de Mar (Barcelona). La Generalitat exige 1.200 euros a Rocamundi por no exhibir los rótulos de su negocio en lengua catalana.

Aunque el Govern tan sólo interpuso 16 sanciones en Barcelona durante 2009, la Generalitat realizó 788 inspecciones en los comercios de la Ciudad Condal y detectó 211 infracciones. Cabe recordar que el Ejecutivo catalán dispone de 25 inspectores destinados a controlar los comercios de todo el territorio catalán.
Durante 2009, la recaudación por multas lingüísticas bajó respecto a 2008 pese a que el número de denuncias aumentó en un 45 por ciento respecto al año anterior. En 2008, el Ejecutivo catalán tocó techo con las multas lingüísticas con una recaudación récord de 208.200 euros, fruto de 209 sanciones.

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