AGLI

Recortes de Prensa   Sábado 24 Abril  2010

 

El español en España
IGNACIO CAMACHO ABC 24 Abril 2010

LA víspera del Día de Cervantes, el ministro de Educación y los responsables de la enseñanza en las autonomías discutían con la mayor naturalidad y el menor consenso sobre las dificultades para normalizar la enseñanza del español en España. Algo grave ha pasado en este país para que la lengua nativa de cuatrocientos millones de hablantes represente un conflicto político capaz de bloquear un elemental acuerdo de bases educativas en la misma nación que le da nombre. Un conflicto absurdo, errático, disparatado y febril, que niega en su propia formulación la existencia de una memoria de expresión colectiva que ni siquiera nos pertenece a los españoles en la medida en que no somos más que una pequeña, aunque esencial, parte de esa inmensa comunidad social que encuentra en el castellano el eje vertebrador de su cultura. Un debate estéril que nos enreda en estúpidas controversias y nos aleja del orgullo de liderar el segundo idioma del planeta, cuestionado en su propia tierra de origen por un aberrante prurito de particularismo identitario.

«La lengua en que nací es mi única riqueza». Son palabras aún frescas de José Emilio Pacheco, el último Premio Cervantes, un poeta mexicano de irrebatible compromiso moral y sentimental con los ideales de la izquierda. Palabras lúcidas de un hombre dolorido y pesimista que apenas si confiesa encontrar ante la tristeza del mundo otro consuelo que el compartir con millones de personas la posibilidad de expresarse en una misma lengua. La de Quevedo y Neruda. La de Antonio Machado y Octavio Paz. La de Galdós y García Márquez. La de Cernuda y Borges. La de Juan Ramón Jiménez y Miguel Ángel Asturias. La que se habla en los rutilantes rascacielos del nuevo Madrid y en las deprimidas villas-miseria del Gran Buenos Aires. Una patria común y abierta, integradora y libre; un tesoro gratuito, extenso y versátil cuyo disfrute integral se deniega o se cercena a los estudiantes en algunos territorios de España por culpa de un delirio fragmentario que ha troceado la universalidad del castellano en un desquiciado puzle de aldeanismos y desigualdades.

Esta descabellada incongruencia, que dilapida sin lógica ni razón un caudal expresivo y cultural impagable, es posible debido a una rendija de confianza que quedó abierta en la Constitución por un exceso de lealtad mal correspondida. Por ese resquicio se ha colado el designio miope de ciertos nacionalismos hasta convertirlo en una zanja de convivencia donde puede quedar enterrada parte de nuestra más viva cultura. Cada vez parece más claro que los padres constituyentes se dejaron abierto un grifo por el que está vaciando no sólo la integridad territorial del Estado, sino el patrimonio inmaterial más valioso que nos ha legado la Historia.

La insurrección de CiU
EDITORIAL Libertad Digital 24 Abril 2010

Que la democracia moderna vive de la imagen, y no de la sustancia, es un hecho que no por conocido y asumido deja de ser menos lamentable. Así, los socialistas llevan semanas agarrados a un clavo ardiendo: el supuesto desafío institucional que supone que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, haya llamado a una "rebelión" contra la subida del IVA. Evidentemente, si a la palabra le siguieran unos actos sediciosos el escándalo estaría justificado. Pero no, claro, es tan sólo el nombre que el PP ha dado a una mera campaña política, con recogida de firmas incluida, que además cuenta con el encomiable objetivo de que los socialistas no nos cojan aún más dinero del bolsillo.

En cambio, sí existen otros políticos en otras latitudes ideológicas que están llevando a cabo una auténtica insurrección. Pero como no la llaman así, pareciera por las informaciones que se dan que se trata simplemente de una postura política, tan respetable como las demás. Porque el ataque que está recibiendo el Tribunal Constitucional durante esta semana supone un intento evidente de destruir las instituciones, más o menos imperfectas, que convierten a España en una democracia y un Estado de Derecho.

Sin duda, cabe conceder a Montilla y compañía que la composición del Tribunal Constitucional debería haberse cambiado en tiempo y forma, por más que se calle ante el escándalo de que el PSOE y sus socios modificaran las reglas del juego a mitad de partido extendiendo artificialmente el mandato de su presidenta, María Emilia Casas. De hecho, ha sido la catedrática de Derecho Laboral la principal culpable de que el TC aún no haya emitido fallo alguno. Su empeño en encargar a la misma ponente la elaboración de propuestas que sabía que serían rechazadas una y otra vez ha alargado un proceso que seguramente habría acabado hace años de haberle encargado a otro miembro del tribunal la redacción de la sentencia.

María Emilia Casas debió abandonar su cargo o al menos presentar una protesta pública cuando la reprimenda de De la Vega hizo ver hasta qué grado de descaro llegaba la interferencia del Ejecutivo en los asuntos de tribunal que preside. Al no hacerlo, dejó claro que era una persona de partido, que no respetaba el papel del Constitucional en el diseño institucional de nuestra democracia. Ahora parece que por fin, ante la renuncia de la ponente Elisa Pérez Vera, se ha visto obligada a nombrar a un sustituto más acorde con la visión mayoritaria en el tribunal, que considera inconstitucional el texto, como no podía ser de otra forma si se tuvieran en cuenta exclusivamente argumentos jurídicos.

Ha sido ese hecho, y no otro, el que ha llevado al nacionalismo catalán a exigir la cabeza de los magistrados, llegando Artur Mas al extremo de exigir al Constitucional que no cumpla con su principal función, la de examinar la legalidad de los textos aprobados por el parlamento español y los autonómicos. ¿La razón? Que lo votado por el pueblo "tiene que ir a misa", porque "si no se va a pique" la esencia de la democracia: el voto.

España es, al menos sobre el papel, una democracia liberal. Eso significa que no todo lo que se vote en un parlamento o en un referéndum es admisible, sino que tiene que ajustarse a Derecho y, especialmente, a la principal norma del ordenamiento jurídico, que es la Constitución. Los regímenes en los que lo único que cuenta es el voto pueden ser sin duda democracias, pero no presentan el aspecto que asociamos a las mismas: las de un país serio, próspero y confiable. Y es que, reduciendo al absurdo el argumento de Mas, conviene recordar que Alemania votó a Hitler, y su dirigente electo decidió asesinar a 6 millones de personas por el mero hecho de ser judíos. Según las "razones" del líder de CiU, fue un comportamiento impecablemente democrático, ya que las leyes deben estar al servicio de esa "esencia de la democracia" que es el voto, y no al revés.

Pretender convertir España en una república bananera es un esfuerzo al que se han sumado numerosos dirigentes políticos con gran ahínco, pero rara vez –Alfonso Guerra aparte– se ha expresado de forma tan clara y directa ese objetivo como Artur Mas. Esto sí es una "rebelión" en el peor sentido de la palabra, el de pretender convertir un Estado moderno en una república bananera al estilo de Venezuela.

Gabilondo y el Parto Educativo
TOMÁS CUESTA ABC 24 Abril 2010

SE veía venir que lo del Parto Educativo iba a ser una reedición del Pacto de los Montes, y a la viceversa. Se veía venir y, sin embargo, el texto que presentó anteayer don Ángel Gabilondo (en vísperas del Día del Libro, ¿casualmente?) es tan insustancial, tan chirle, tan desestructurado y tan grotesco que, más que mirárselo con lupa, hay que divisarlo con anteojeras. Ver para no creer: nuestra capacidad de asombro aún no está colmada, pese a lo que sostiene Steiner. El ministro del ramo -o del ramal, puesto que la burricie es de su competencia- ha perpetrado un documento en el que se declara especie protegida al genuino lerdo ibérico y se corre, de paso, un estúpido velo, un «hiyab», por más señas, sobre la incuria del presente. Sesenta y cuatro páginas de jerigonza inane, de aviesos solecismos, de anacolutos héticos y de comatosa verborrea (qué le vamos a hacer si el ágrafo de turno no ha dejado una coma con cabeza), son la última oferta de aquel que fue rector y nunca anduvo recto.

Encampanado y doctoral, el garitero del consenso ha distraído la baraja después de limpiar la mesa. Hasta aquí hemos llegado, advirtió el jueves mismo a la modosa oposición, tensando el ademán y engatillando el ceño. Y ésta -que, al igual que Rimbaud, ha perdido la vida «par délicatesse»-, cuando no se acoquina, al menos titubea. «Pero, jopé, si no hemos llegado a nada: el roce hace el cariño, a lo mejor nos entendemos». No sabe, por supuesto, y ahí le duele, que la nada es el terruño existencial de cualquier hegeliano que se precie. La nada, la pura nada, la ausencia de determinación, el vacío perfecto... ¡A Gabilondo le van a amedrentar con naderías siendo primo carnal de Hegel! Primo por molondro, desaborío y primavera. Carnal porque su padre (el de Gabilondo, claro, no el de Hegel) regentaba una carnicería espléndida. O sea, que la carne se hizo verbo y así, por obra y gracia de la dialéctica, nos retrotraemos al comienzo. Hasta el parto del pacto y a la viceversa.

«Parturient montent, nascetur ridiculus mus», sentenció el viejo Horacio después de aprobar un curso de latín sin esfuerzo. Quién le iba a decir que, al cabo de los siglos, en lugar de un ratón, las cordilleras parturientas traerían al mundo a un topo ciego. Porque ceguera intonsa es, a fin de cuentas, suponer que un Gobierno de necios deslenguados, lamerones impúdicos y cómicos de la lengua está dispuesto a preservar el español cuando ha puesto el solar en almoneda. Heraldos del fascismo de la vulgaridad, urracas del espíritu, truchimanes de almas, tratantes de conciencias, se nutren de la idiocia y en la estupidez prosperan. La ignorancia es sumisa, la inopia agradecida, la miseria moral es el tesoro de los déspotas. ¿Qué interés movería a formar hombres a aquellos que siempre han pretendido criar siervos? ¿A santo de qué desempolvar la alta cultura desempeñándose con tanta habilidad en la bajeza?

Dejémoslo estar y sálvese el que pueda. Lo que es un imposible metafísico, una broma ontológica y un chiste hermenéutico es fiar en que don Ángel Gabilondo redimirá a los memos después de haber dado vía libre a párrafos del jaez de este: «Los poderes públicos determinarán, con la participación de la comunidad educativa, las necesidades de escolarización de las distintas zonas, enseñanzas y etapas educativas en el marco de esta programación; y será en el ámbito de este diálogo con los sectores afectados en el que las Administraciones deberán considerar los distintos condicionantes de la oferta educativa: desarrollo demográfico de una zona y demanda de puestos escolares y de enseñanzas».
¿Solución? La gallina. Turuleta e implume, evidentemente.

Ahmadineyad se mueve
Óscar Elía Mañú www.gaceta.es 24 Abril 2010

Mientras las democracias liberales se paralizan, el eje de Irán se mueve

Para nadie es un secreto que Irán quiere la bomba, que la tendrá, y que la utilizará según conveniencia. A falta de armar en ellos cabezas nucleares, los misiles iraníes alcanzan ya Tel Aviv. En Europa, la cuna de la filosofía, Atenas, ya está al alcance de los ayatolás; y el centro de la Cristiandad, Roma, probablemente también, gracias las últimas generaciones de misiles Shahab. Y para el año 2015, si sigue contando con la suficiente ayuda, Irán podrá tener misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar territorio norteamericano.

La reacción de Obama ha sido apostar por la persuasión y la presión diplomática, con resultados cada vez más evidentes. La respuesta la dio el mismo Robert Gates: simplemente no funciona. Ya no es que los iraníes continúen con su programa nuclear; es que por un lado, el campo democrático se resquebraja, con Israel cada vez más desconfiado hacia la Casa Blanca, y Europa cada vez más incapaz de mirar más allá de su propia crisis económica.

El peor efecto de la estrategia americana no es ni la desunión occidental ni que Irán no se detenga; es que este país se está moviendo por el mundo, cada vez más rápido y más seguro. Ahmadineyad está desarrollando una intensa actividad diplomática y suma aliados: ha pasado del tradicional apoyo y protección norcoreano, chino y ruso a establecer múltiples alianzas por todo el globo, desde Brasil o Venezuela hasta Turquía.

El último éxito iraní ha sido atraer al no menos siniestro presidente de Zimbabue, Mugabe, poniendo un pie en el corazón de África. Al mismo tiempo, los ayatolás intensifican su actividad en la ONU con iniciativas contra la presencia occidental en Irak y Afganistán. El objetivo es acabar con la hegemonía americana en el mundo y alzar una alternativa heterogénea a las democracias liberales: mientras éstas se paralizan, Ahmadineyad se mueve. Cada vez más.

*Óscar Elía Mañú es investigador del GEES.

Gabilondo renuncia a defender la lengua y reduce su apoyo a una declaración de intenciones en el prólogo
Un pacto mínimo que no garantiza el castellano
Madrid - Rocío Ruiz La Razón 24 Abril 2010

El texto no desagrada a la comunidad educativa aunque algunos lo consideran insuficiente. También el PP.

MADRID-El Ministerio de Educación no se ha atrevido con la defensa del castellano. El PP exigía que garantizase su aprendizaje en las comunidades bilingües para poder firmar el pacto. Al final, Educación ha reducido a una mera declaración de intenciones su apoyo a la lengua castellana, que se recoge como una idea general en el preámbulo del texto definitivo que el ministro de Educación presentó ayer a la comunidad educativa, autonomías y partidos. «Los poderes públicos deben poner los medios necesarios para que, al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, todo el alumnado comprenda y se exprese con corrección oralmente y por escrito en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma», sostiene el texto.

El documento definitivo tampoco recoge la petición de los populares de garantizar la libertad de enseñanza y de elección de centro, ni su propuesta de homogeneizar los cuerpos docentes, ni que los libros de texto de todas las comunidades tengan un tronco común. Precisamente, las exigencias del PP colisionan con los puntos más polémicos de la Ley Catalana de Educación y, por extensión, con el Estatut, sobre el que ahora se discute su constitucionalidad. El ministro Gabilondo ha evitado entrar en ese terreno.

Así que el gran acuerdo de Gabilondo podría acabar de la misma manera que el anticrisis que gestionó la ministra Salgado, que de pacto de Zurbano acabó llamándose acuerdos de Zurbano. De hecho, la portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, avanzó ayer que, «a fecha de hoy, estamos más cerca de alcanzar soluciones puntuales que de conseguir un pacto de Estado».

La cuestión es que ni comunidad educativa, ni autonomías ni partidos dieron un «sí» claro ayer. El ministro ha dejado 15 días de plazo para que todos se pronuncien a favor o en contra del texto definitivo presentado ayer y con el que el Ministerio ha llegado al límite de su capacidad de consenso, según dijo Gabilondo.

No obstante, el texto final no causó mala impresión entre la comunidad educativa, que vio recogidas algunas de sus grandes exigencias, pero generó desconcierto y sorpresa entre las comunidades gobernadas por el Partido Popular. El documento es prácticamente una réplica del anterior, pero incorpora una serie de mejoras puntuales que ayer acabaron creando una corriente favorable de adhesión al pacto entre la comunidad educativa (sindicatos, centros y asociaciones de padres), con la que Gabilondo mantuvo la primera reunión. De este modo, en lo que afecta a los profesores, hay un compromiso de negociar el estatuto de la profesión docente, en el marco de la mesa sectorial de la enseñanza pública, una reivindicación histórica. Incluso se puso fecha: «Antes del 1 de junio de 2010 y se desarrollará durante este año».

No se regula por ley el reconocimiento de la autoridad pública del profesor, aunque «se reforzará su autoridad social, académica y profesional». Y en lo que afecta al mantenimiento de la prejubilación voluntaria de los profesores a los 60 años, una exigencia unánime y de indispensable cumplimiento para los sindicatos, el Gobierno garantiza mantenerla dos años más, hasta que se convoque la mesa de negociación del Pacto de Toledo, donde se regulará la edad de jubilación de los colectivos de trabajadores.

La escuela concertada no sale tampoco mal parada. El Gobierno se compromete a crear una comisión para mejorar las condiciones de trabajo del profesorado de estos centros de tal manera que sus sueldos se irán equiparando progresivamente con los de la pública. Además, se revisará (supuestamente al alza) la aportación económica que el Estado hace a estos centros.

De cara a los padres, el texto recoge propuestas para mejorar los cauces de participación de las familias y los alumnos. Los padres católicos (Concapa) creen que ha habido una «aparente mejora», aunque «insuficiente», pero los padres laicos (Ceapa) tacharon los avances de «escasos» e incluso consideraron que el texto final es «peor».

En lo que afecta a los centros, tendrán mayor autonomía «para el diseño de agrupamientos, organización de horarios y tareas docentes... O el desarrollo de proyectos propios».

Otro ambiente distinto era el que se respiraba tras la reunión del ministro con las comunidades autónomas. Los consejeros del PP no ocultaron su desconcierto y su «sorpresa» después de que el ministro de Educación cifrara en 1.570 millones el dinero a cofinanciar por Estado y autonomías para ejecutar los programas previstos en el pacto educativo. Sin embargo, de esta cantidad ya están comprometidos cien millones para el desarrollo del Plan Educa3 y otros cien para continuar con la implantación del Programa Escuela 2.0.

La consejera de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, concluyó al término de la reunión que el texto sobre el que hay que pronunciarse «ni aporta novedades ni recoge las principales propuestas del PP». Como portavoz de las comunidades gobernadas por los populares, Figar aclaró que el PP apoyará «puntualmente» sólo las medidas que le parezcan que van en «la buena dirección».

A última hora de ayer Gabilondo dejó claro que seguiría adelante con el pacto, aunque no contara con el apoyo del del PP. «Nuestra capacidad de consenso ha llegado hasta aquí», sentenció.

Dime dónde estudias y te diré qué sabes
Uno de los problemas derivados de la falta de troncalidad de los libros de texto es que cada comunidad los adapta a su historia. Éstas son algunas de las disparidades de los manuales:
- La principal deficiencia es que los libros centran sus actividades en temas locales. «Clasifica entre servicio público o privado: Mossos d’Esquadra, TV3,...».
- Aprenden los hechos históricos exagerando la participación autóctona, como por ejemplo, aprender la importancia de la participación de los vascos en el descubrimiento de América.

- Además, cuando estudian en las lengua cooficiales aprenden los topónimos de toda España traducidos, lo que les impide reconocer capitales de provincia o nombres de ríos cuando los leen en español.
- Otro desvarío viene por las fotos. Así, en un libro de Historia de 1º de Bachillerato catalán aparece en portada Francesc Macià proclamando la República catalana el 14 de abril de 1931. O en uno del País Vasco, ver una foto del Festival de San Sebastián como acontecimiento más relevante de 1978, año en el que se aprobó la Constitución.

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Montilla, sin discurso
Enrique de Diego www.gaceta.es 24 Abril 2010

Ha recurrido al último reducto de los estúpidos y los incapaces: al victimismo

El histerismo de la respuesta de Montilla a la ausencia de sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut se debe a que se ha quedado sin discurso de cara a las elecciones catalanas del próximo mes de noviembre. El PSC, partido distinto del PSOE, que se cree engañado por Zapatero, es un partido nacionalista.

Montilla tendrá que responder ante las urnas de su gestión y de la de Zapatero, dos desastres sin paliativos, así que lo tiene muy difícil. Cataluña ha dejado de ser la referencia económica de España; destruye empleo a velocidad de vértigo, sólo superada por Andalucía. Ambas, no por casualidad, gobernadas por socialistas, puesto que éstos sólo han generado, en toda su historia, miseria.

El zorro viejo en las intrigas partidarias internas que es Montilla se ha mostrado como una completa nulidad a la hora de gestionar. El tripartito ha devenido en un agujero negro de despilfarro y nepotismo, dedicado al saqueo de las clases medias y con líneas políticas tan delirantes como el entramado de ‘embajadas’, que o bien con tal calificativo o mediante la maraña de organismos públicos de la Generalitat alcanza la cifra de 71. Ahí se lucran hermanos, primos y amiguetes, como si se tratara de los linajes de la aristocracia del pasado.

Con el cordobés Montilla, y la base españolista y castellano-parlante del Bajo Llobregat, se hacen agresiones burdas y estalinistas a la libre empresa como multar a los comerciantes dependiendo del idioma en el que rotulen sus establecimientos. Mientras lleva a sus hijas al elitista colegio alemán, el sistema educativo catalán es un caos de fracaso escolar y de totalitarismo educativo, un auténtico archipiélago gulag contra el maldito castellano-parlante. Al tiempo, la Generalitat y el PSC subvencionan a manos llenas la inquietante, alarmante y peligrosísima islamización de Cataluña: más de cuatrocientos mil musulmanes y sentencia contra un grupo que pretendía atentar, con seis suicidas, en el Metro de Barcelona.

Cataluña no había estado tan mal, ni había caído tan bajo que con Montilla. Hundido en su marasmo gris de político profesional amortizado, el presidente de la Generalitat ha recurrido al último reducto de los estúpidos y los incapaces: al irredentismo y al victimismo. Ya no cuela. ¿Por quién doblan las campanas? Por Montilla. Y lo sabe, por eso está de los nervios.

Otrosí: El infamante velo, proclamación de la superlativa inferioridad islámica de la mujer, debe ser prohibido en todos los colegios y espacios públicos. Cuestión nuclear para diferencia la civilización de la barbarie, la libertad de la esclavitud, el imperio de la ley de la inhumana sharia.

La escuela no es una isla en la sociedad
Las víctimas deben acudir a las aulas para ejemplificar la sinrazón y las secuelas del terrorismo en Euskadi
DEBATE SOBRE EL PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ
JAVIER ELZO El Correo 24 Abril 2010

SOCIÓLOGO. CATEDRÁTICO EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Si usted, estimado lector, pretende saber lo que opino del actual proyecto de ley del Gobierno vasco de Educación para la Paz en los centros docentes y si, a mi entender, es mejor o peor de lo que hicieron gobiernos anteriores, no siga leyendo. No he estudiado los documentos con la profundidad exigible para opinar públicamente. Menos aún para hacer comparaciones que, además, dado el actual clima político en Euskadi, apenas servirá para el objetivo final: avanzar en una educación en los Derechos Humanos en Euskadi. Lo que no quiere decir que no se evalúe lo realizado y se analice lo propuesto, particularmente entre quienes tengan conocimientos de experiencias similares en otros sitios. No vayamos a descubrir el Mediterráneo.

Me limito, en consecuencia, a unas reflexiones sobre el hecho mismo de la educación por la paz en la escuela. Para decir, 1º que me parece imprescindible, 2º que me parece muy deseable que las propias víctimas participen activa y presencialmente y 3º sugerir alguna idea (no de pedagogía que escapa a mis competencias) para optimizar el empeño.

La escuela (más allá de su capacidad real de socialización en este punto) no puede permanecer al margen de lo que sucede en la sociedad en la que está enclavada. Y en la sociedad vasca, a tenor de la exposición de motivos de la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo aprobada por todos los partidos políticos en el Parlamento vasco, con la excepción de EHAK, el 19 de junio de 2008, sucede que «estamos ante varias décadas de violencia terrorista, con casi un millar de personas asesinadas; violaciones constantes de derechos esenciales como la vida, la integridad física o psíquica, la libertad de expresión o la seguridad personal. Podemos hablar, por tanto, de la existencia de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, tanto las cometidas por el terrorismo de ETA como las protagonizadas en el pasado por los grupos de extrema derecha y el propio GAL».

La escuela vasca no sólo no puede estar al margen de esto sino que debe inculcar y fomentar en sus alumnos el respeto escrupuloso de los Derechos Humanos, (de todos los DD HH y en todas las personas, sin excepción alguna) una de cuyas violaciones más sistemáticas y graves es la originada por los diferentes terrorismos que hemos padecido estas últimas décadas aunque, afortunadamente, en la actualidad solamente queda el terrorismo de ETA del que llevamos casi dos décadas diciendo que está en las últimas.

Me parece también muy deseable que participen las propias víctimas del terrorismo. Pero escribía en un reciente artículo en la revista de Gesto por la Paz, 'Bake Hitzak' que podría ser contraproducente si el discurso de la víctima fuera meramente reivindicador de su propia idea política y denigratoria de la del victimario. En ese supuesto el alumnado podría entender que, con la presencia de las víctimas, vienen a hablarle, en carne propia, no de una gravísima vulneración de los DD HH en su sociedad, sino de la defensa de una ideología u opción concreta para la resolución del contencioso político en Euskadi. Entiéndaseme bien, no se trata de que la víctima oculte su propia ideología. Máxime cuando, en muchos casos, puede ser el motivo por el que es víctima. Pero debe quedar meridianamente claro que no está en el aula para hacer apología de esta o aquella solución política para Euskadi, sino para ejemplificar, con su presencia, la sinrazón y secuelas del terrorismo en Euskadi.

Vengo insistiendo en la enorme importancia de las víctimas como la Memoria inolvidable de un Proyecto totalitario (básica, aunque no únicamente, el de ETA, entre nosotros). El recuerdo de las víctimas nos debe traer siempre al presente que todo Proyecto debe ser fruto del debate democrático y que la historia de la civilización debe avanzar hacia una incipiente y todavía frágil conquista del pensamiento que venga a decir que nunca, nunca más, proyecto alguno debiera ser aceptado en el concierto de las naciones como consecuencia de la fuerza de las armas. (Aunque todavía no estamos ahí. Vean y comparen el Sahara y Palestina). Las víctimas se nos imponen como la infranqueable barrera que nos lleva a esta primera disyuntiva: a) renunciar a toda verdad política, religiosa, social, nacional que para sustentarse deba hacerlo por la razón de la fuerza o, b) aceptar que la víctima es el mal necesario para un objetivo supremo, que le sobrepasa como persona, víctima, que solamente tras la victoria, y si vencen los suyos, recibirá el reconocimiento debido.

Quizás la expresión educación para la paz (que, aunque no sea la oficial del Gobierno vasco, es la que aparece en los medios) no sea la más feliz pues aquí no estamos en guerra. Me parecería mejor la de deslegitimación del terrorismo, aunque personalmente optaría por otra más completa: 'Por la defensa de los DD HH y la deslegitimación del terrorismo'. Aunque el terrorismo de ETA es, hoy, lo más grave y lo más urgente (pueden matar y secuestrar), sin salir del ámbito de la violencia política, la vulneración de los DD HH, en tierra vasca, va más allá del terrorismo. Pienso, por ejemplo, en el alejamiento de presos y en malos tratos en comisarías. Y esto no es equidistancia ni mezclar verdugos y víctimas sino universalidad de los DD HH.

Es que mirando al futuro no puedo olvidar el pasado. Hay que ir poniendo los cimientos para una memoria compartida. No una memoria única, pero tampoco una memoria selectiva y usurera, como tras la confrontación del 36. Siguiendo el símil de Jordi Ibáñez (en 'Antígona y el duelo', página 34) «la memoria no se comparte como se comparte el pan pero sí como se comparte una mesa». En mesas separadas no hay reconciliación posible. En una misma mesa, aun cada uno con su historia particular, al menos escucha la historia del otro y puede compartir su memoria, lo que posibilita la convivencia futura.

A cada uno lo suyo
Editorial www.gaceta.es 24 Abril 2010

Nada como los botes de humo y las ceremonias de la confusión para eludir responsabilidades.

Nada como los botes de humo y las ceremonias de la confusión para eludir responsabilidades. Zapatero ha tenido la habilidad de encubrir su fracaso inapelable como gobernante y destructor de puestos de trabajo con la milonga de la Memoria Histórica. Y su calculada estrategia guerracivilista ha conocido un punto de inflexión en la cruzada pro-Baltasar Garzón. Es una forma de agitar las aguas, demonizar a la derecha, y convertir en franquistas a quienes defienden la Constitución en un juego surrealista pero muy conveniente para sus tesis.

Da igual que quienes pretenden hacer de Garzón la Juana de Arco de la izquierda, asada a fuego lento en la pira de la caza de brujas, se acaben de quedar sin argumentos con la decisión del juez Varela de expulsar a Falange como acusación popular en el proceso contra el juez. Lo importante es el objetivo: exhibir el fantasma del 36. Aunque se lleven por delante el legado de la Transición y el marco de convivencia que ha permitido a España conocer el periodo de estabilidad más largo de la Historia: la Constitución.

Pero la Carta Magna y su intérprete, el Tribunal Constitucional, están bajo sospecha, tras el órdago del Estatut. Y la verdad es que no puede extrañar que un personaje como Santiago Carrillo abogue por liquidar el Alto Tribunal, en línea con un interesado Artur Mas. Lo sorprendente es que se sumen a la quema demócratas de toda la vida como los ex fiscales Jiménez Villarejo y Mena, o el periodista Carlos Sentís. Villarejo metió en el mismo saco reivindicativo a Garzón y al Estatut, preguntándose por qué no se ha renovado aún el Constitucional.

Pero Villarejo, que tilda de franquistas a los jueces del Supremo, juró los principios del Movimiento Nacional en 1962, cuando ingresó en la carrera fiscal. Tres cuartos de lo mismo se puede decir de su colega José María Mena, que tacha al TC de “obstruir impunemente” la expresión de la voluntad soberana de Cataluña. El periodista Carlos Sentís, otro acendrado demócrata, da un paso más. En un artículo publicado en La Vanguardia, con el título “Nostalgia por el Estatut”, pone implícitamente en cuestión la razón de ser del Alto Tribunal (“en muchos países no existe Tribunal Constitucional”).

Pero no se puede decir que Sentís haya sido un paladín del antifranquismo. Pasó de ser catalanista moderado durante la II República a entrar en Barcelona con las tropas franquistas en 1939, publicando un artículo en La Vanguardia en el que sostenía que el Régimen del 18 de julio había salvado a Cataluña. Después fue secretario personal del escritor Rafael Sánchez Mazas, cofundador de Falange, amigo de José Antonio, ministro de Franco y autor de los versos del Cara al Sol “volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz”. Y ocupó cargos de relieve ideológico y mediático en el Régimen, como director y presidente de la Agencia Efe. Eso sí, con la llegada de la democracia, Sentís, hábilmente posicionado como director de Información del Gobierno de Suárez, saltó a UCD, y fue consejero sin cartera de la Generalitat de Tarradellas. Es decir, siempre con el poder de turno.

Sentís se suma así a Prisa que, en lo más álgido de la campaña garzonista, ha puesto de vuelta y media la Ley de Amnistía de 1977, otro preciado hito de la Transición. Ellos, precisamente ellos, con apellidos cargados de pedigrí franquista, falangista y tradicionalista como Cebrián, Echarri o Pradera. Así se reescribe la Historia

La víctima del Estatut no es España sino el Constitucional
Juan Carlos Escudier El Confidencial 24 Abril 2010

Salvo en Cataluña, donde los políticos y la prensa se lo toman como algo personal, el Estatut ha dejado de ser noticia, o mejor dicho, ha dejado de ser una noticia dramática. Se trata de una actitud muy humana porque cuatro años es demasiado tiempo para cualquier cosa, incluso para esperar a que unos dignísimos señores tengan a bien ponerse de acuerdo para emitir un veredicto. El Estatut importaba mucho a los partidos y poco a los catalanes, que no se dieron de codazos para ir a votarlo y que, en líneas generales, conservan inalterable parte de una indiferencia que se ha instalado confortablemente en el resto del país.

En estos cuatro años los magistrados del Constitucional se han labrado un merecidísimo desprestigio, pero su demora ha abierto la puerta a un relativismo muy beneficioso. La interminable espera ha permitido comprobar que el león no era tan fiero como lo pintaban y que los augurios sobre la ruptura de España eran como las profecías sobre el fin del mundo, una tabarra persistente que deben de inventarse las editoriales para vender libros de Nostradamus.

El tiempo ha mermado igualmente el ímpetu de los abanderados del Estatut, que se han visto obligados a modificar sus estrategias, conscientes de que la movilización constante es un ejercicio agotador. Así, de la prometida respuesta contundente y unitaria de Cataluña a un supuesto fallo adverso, que se concretó a finales de 2009 en editoriales conjuntos y manifiestos de apoyos de la sociedad civil, se ha pasado a la exigencia de renovar el Tribunal, un consenso del que se ha descolgado CiU, que dice querer más para no llegar a nada, impecable táctica con la que trata de no cerrarse ninguna puerta tras las elecciones, especialmente la del PP. Este jueves en Barcelona se lo pregunté a Montilla, cuya fe es tan inquebrantable que ahora anda trabajándose a Rajoy para la causa:

-¿Renovamos el Constitucional, president?
-Es algo que no sólo depende de nosotros.

Dirán que la estrategia tampoco es nueva y llevan razón. A finales de marzo, PSOE y PP tumbaron en el Congreso una moción para que los miembros del Tribunal que hubieran consumido su mandato sólo pudieran permanecer en funciones un máximo de 90 días y no dos años como ahora. ¿Que por qué vuelve la burra al trigo? Pues porque, aun sin sentencia, lo conocido de la última ponencia ha revelado que, incluso en el supuesto más favorable, el texto sufrirá recortes y hay que demostrar que no se baja la guardia para poder concurrir a las elecciones como los guardianes de las esencias.

La sentencia no desencadenará suicidios colectivos en las Ramblas
Ocurre que, de la misma manera que estos cuatro años han demostrado que se puede seguir viajando a Cataluña sin que nadie te pida el pasaporte, es posible afirmar que las tachaduras o matizaciones que algún lustro de éstos pudiera hacer el Constitucional no desencadenarán suicidios colectivos en las Ramblas. En definitiva, que si determina que Cataluña no es una nación y se reinterpreta la referencia del Estatut a los símbolos nacionales, ello no restará poder a la Generalitat, ni recortará la financiación, ni afectará a la vida diaria de los catalanes o de sus instituciones. El ruido está asegurado pero, sea cual sea el desenlace, la víctima no será España o Cataluña sino el propio Tribunal Constitucional como institución.

Este tribunal se quiere poco a sí mismo aunque son los principales partidos políticos, los que dejaron de manifestarle aprecio alguno hace ya bastante tiempo. Un órgano concebido como árbitro e intérprete máximo de la Constitución no puede ser groseramente asaltado por el sectarismo ni convertirse en el escenario improvisado de la trifulca política. Que Montilla afirmara este viernes que los magistrados del Constitucional elegidos a propuesta del PP son “más obedientes” al partido que les propuso que los del PSOE es insultante, pero no por el sentido de sus palabras, sino por su realismo.

El sistema necesita de reguladores independientes del poder político para garantizar que su funcionamiento sea el adecuado. Lo contrario es hacernos trampas en el solitario. Algo grave nos ocurre para que fórmulas que funcionan en otras democracias y fomentan la independencia, como es establecer mandatos prolongados para sus miembros y hacer imposible su reelección, no consigan aquí los mismos efectos.

Existe tal enquistamiento que ni siquiera renovando a los magistrados del Tribunal que han concluido su mandato mejoraría la situación. ¿Qué constitucionalista de prestigio que pudiera optar al cargo no ha emitido ya en estos cuatro años su veredicto sobre el Estatut? ¿Cuánto tiempo tardaría alguna de las partes en litigio en recusarle por entenderle contaminado para dirimir la cuestión?

Estamos condenados, por tanto, a que sea éste Tribunal con su actual composición el que dicte sentencia aunque no sepamos cuándo. Y a que su legitimidad sea cuestionada desde el primer momento, y no sin razón. El Constitucional debía haber proporcionado soluciones y se ha convertido en el problema. Así de sencillo.

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