AGLI

Recortes de Prensa   Domingo 25 Abril  2010

 

El descrédito del Gobierno
Editorial www.gaceta.es 25 Abril 2010

Tanto ha mentido el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que ha acabado perdiendo cualquier atisbo de crédito, tanto dentro como fuera de España. Ya no son los británicos del Financial Times o de The Economist los que están con la mosca detrás de la oreja, ahora son los mercados financieros internacionales, el Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) los que no se fían de las cuentas ni de la capacidad de respuesta de nuestra economía. Para tranquilizarlos, hace algunas fechas que ZP mandó a la vicepresidenta económica Elena Salgado y al secretario de Economía, José Manuel Campa, a hacer una gira europea prometiendo que el Gobierno haría todo lo que estuviera en su mano para enderezar la situación y comprometiéndose a un plan de ajuste. Mentira. Sólo trataba de ganar tiempo para ver si, con un poco de suerte, las cosas se arreglaban por sí solas porque como cabía esperar, de lo prometido, nada de nada, porque ni hay reforma laboral, ni recorte del gasto público, ni reformas estructurales. Sólo cuatro parches y una subida del IVA totalmente contraproducente.

Las consecuencias no se han hecho esperar. Tras el fiasco griego, los ministros del Eurogrupo reunidos en el Ecofin designaban a España como primer país que tendrá que justificar sus previsiones económicas, a la par que explicar ante sus colegas comunitarios las razones de sus continuos errores presupuestarios. El Eurogrupo ya no se fía de nadie y ha decidido revisar todos los Presupuestos antes de ser aprobados y extremar la vigilancia para que los Estados cumplan el Pacto de Estabilidad. El plan de austeridad presentado por Salgado no es creíble, por lo que además de someter a examen las cuentas públicas, también fiscalizará el mercado laboral, la balanza comercial y otros indicadores.

Por si fuera poco, el FMI nos colocaba en vísperas de la Asamblea anual del organismo en el furgón de cola de la economía mundial. Y es que pese al optimismo del organismo en su informe de primavera, donde mejoran las expectativas de la economía mundial, y también de la española, ésta se mantiene como la única de las grandes economías mundiales que seguirá en recesión en el 2010, con una contracción del 0,4% del PIB, dos décimas menos, eso sí, de la caída prevista en enero. Lo que no varía es la previsión para el 2011, año en el que España superará la recesión y crecerá un 0,9%, un punto menos que el conjunto del continente.

Ante esto, Elena Salgado ha saltado como un resorte y ayer en Washington defendía ante el asombro del respetable que la previsión de crecimiento de España para el 2011 es el 1,8%, el doble que la anunciada por el FMI. Es más, trató erróneamente de enmendar la plana al FMI al afirmar con su indolencia característica: “Podremos demostrar que nuestras previsiones son las que se cumplen”. El problema es que ya no la cree nadie. Ni España ni este Gobierno pueden seguir viviendo del cuento. En todo el mundo existe la sospecha de que España está al borde del colapso. El resultado ha sido la caída de la Bolsa y el aumento del diferencial de tipos con Alemania.

El crédito de España está por los suelos.La pregunta que flota en el ambiente es cuál será la próxima Grecia, y la respuesta la daba ayer mismo el presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas: “España no es Grecia, pero podemos empezar a parecernos”. Y es que el riesgo de contagio es cada día mayor y cada vez queda menos margen para una rectificación de la política económica que, por desgracia, ya nadie espera. Y la salida, como ya ha amenazado la canciller alemana Angela Merkel en referencia a Grecia es la salida del euro.

Clima de desguace
IGNACIO CAMACHO ABC 25 Abril 2010

ESTA irresponsable agitación radical la vamos a pagar, y no va ser a un precio barato. Una democracia no puede cuestionar sin costes la legitimidad de su propia estructura legal, porque eso equivale a impugnarse a sí misma. La movilización de la izquierda española contra el proceso a Baltasar Garzón ha rebasado de largo la razonable expresión de un respaldo cívico al juez para alcanzar el paroxismo de un rechazo global a las instituciones de la justicia. El horizonte penal del magistrado -cuyo derecho a la defensa está plenamente garantizado y en ejercicio- es ya sólo el pretexto para una exaltada refutación ideológica de las bases del régimen constitucional, de sus principios jurídicos y del pacto social y político que permitió alumbrar la Transición democrática. En cierta forma constituye la reclamación de un proceso de ruptura que pretende anular los consensos civiles de los últimos treinta años y la legalidad que de ellos se ha derivado. Es decir, del sistema vigente, de sus mecanismos de garantías y de sus equilibrios de poder.

Todo eso no puede resultar inocuo. Un zarandeo institucional de esa clase deja una secuela de desconfianza que no va a recuperarse de cualquier modo. El ataque frontal y simultáneo contra la legitimidad del Tribunal Supremo y del Constitucional representa una campaña de desestabilización que afecta al principio de la independencia judicial y de la supremacía de la ley. Desde que Zapatero permitió o alentó una reforma encubierta de la Constitución a través del Estatuto de Cataluña no se había producido en España un cuestionamiento tan grave y profundo de los fundamentos del régimen democrático. Lo que la izquierda está pidiendo en su ofensiva de opinión pública es la abolición de la justicia igualitaria y reglada y su sustitución por una nueva legitimidad de base ideológica. Y eso sucede con el respaldo más o menos pasivo de un Gobierno que simpatiza inequívocamente con las pretensiones revisionistas por culpa de un frívolo tacticismo que le lleva a creer en la posibilidad de obtener un rédito político inmediato de la algarada.

Estos días se ha empezado a ver la reacción alarmada de una cierta socialdemocracia responsable. Los Jáuregui, Leguina, Bono y otros han comenzado a advertir del riesgo de esta crecida atolondrada con la que el zapaterismo vuelve a jugar a aprendiz de brujo. Una característica de la posmodernidad política es la creencia de que ante la volatilidad de la opinión pública cualquier maniobra oportunista sale gratis. Error; no se pueden licuar los principios que articulan un pacto de convivencia sin poner en peligro la estabilidad del sistema. Que lo hagan en las calles unos extremistas es preocupante, pero no esencial. Lo crítico es que sean las instituciones las que propicien un clima de desguace de sí mismas.

Dilaciones indebidas por omisiones inexcusables
Jesús Santos Vijande ABC 25 Abril 2010

La sentencia del Estatuto catalán
Producen extrañeza y escándalo en la ciudadanía las dilaciones del Tribunal Constitucional en la deliberación, votación y fallo de los recursos interpuestos contra el Estatuto de Cataluña. Y con mayor razón cuando, en su día -2006-, el Tribunal decidió dar prioridad a la tramitación de este asunto por su enorme trascendencia para la articulación del Estado.

El descrédito social de la institución -lo digo con enorme pesar- es fundado: semejantes dilaciones ni son admisibles según el sentir común, que siempre ha negado el carácter de justicia a la impartida tardíamente, ni tienen justificación en Derecho. Es paradójico tener que recordar que la Constitución proclama el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que también obliga al Tribunal Constitucional, de modo que, por muy complejo que sea un caso, no resulta aceptable que un tribunal necesite varios años de deliberaciones para resolver.

El tiempo que la Presidencia del Tribunal Constitucional está consintiendo en la discusión y votación de este asunto evidencia que no ha utilizado los medios legales que existen, y que son de obligada observancia, para dirigir los debates y obtener las mayorías requeridas.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) dice sobre esta materia (art. 90) que «las decisiones se adoptarán por mayoría y que, en caso de empate, decidirá el voto del presidente». El «voto de calidad» del presidente es un importante instrumento de obtención de mayorías cuando un tribunal está integrado, como es el caso del TC, por un número par de magistrados. En consecuencia, resulta muy claro que el «voto de calidad» no es un derecho del presidente de turno, sino que, como el enjuiciamiento y fallo de los asuntos judiciales, es un «deber inexcusable». El uso del voto de calidad constituye también un genuino deber si con él se han de evitar, como se deben evitar, dilaciones a todas luces injustificadas.

Además, el artículo 80 LOTC obliga a aplicar en el seno del Tribunal Constitucional lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) sobre deliberaciones y votaciones con carácter supletorio y siempre que ello sea posible. Estas leyes contienen algunas previsiones tan sencillas y eficaces como indebidamente ignoradas en la práctica del TC.

De entrada, cabe votar sobre partes de la decisión, lo cual es aconsejable en asuntos complejos; acto seguido, se prevé que, «cuando en la votación no resultare mayoría de votos sobre cualquiera de los pronunciamientos, volverán a discutirse y a votarse los puntos de que hayan disentido los votantes» (arts. 262.1 LOPJ y 202.1 LEC). Si aun así no se resuelve la discrepancia, el presidente provocará una «nueva -y última- votación, sometiendo sólo a ésta los dos pareceres que hayan obtenido el mayor número de votos en la precedente» (arts. 263.2 LOPJ y 202.4 LEC).

Si estos mecanismos legales, que siempre vinculan la deliberación a la subsiguiente votación, se unen al voto de calidad del presidente del TC -no previsto para los tribunales ordinarios-, resultan inconcebibles, en Derecho, unas dilaciones como las acaecidas en el caso del Estatuto de Cataluña. En otras palabras: hace mucho tiempo que una correcta dirección de los debates hubiera debido acotar un máximo de dos pareceres -los más votados- sobre cada pronunciamiento en particular y sobre el conjunto del fallo, para así llegar a una votación final donde se obtuviera, sin más retrasos, la mayoría requerida, aunque para ello la presidenta tuviera que apelar, en cumplimiento de un deber, a su voto de calidad.

Afirmaba el malogrado Tomás y Valiente que «las deliberaciones debían prolongarse para aproximar criterios, integrar argumentos, enriquecer la fundamentación»... Y aconsejaba que la votación tuviera lugar una vez alcanzada la exhaustividad de la deliberación, que, a su entender, existe «cuando ya nadie tiene nada que decir y se repiten los argumentos a favor o en contra del fallo». Aceptemos que la deliberación sea exhaustiva, pero exhaustiva no significa, legal y constitucionalmente, indefinida o indebidamente dilatada.

Claro que es laudable intentar el consenso por todos los medios, pero la falta de consenso en absoluto no permite eludir el cumplimiento de los propios deberes como presidente: quien tiene la misión de dirigir los debates debe llevarlos a buen fin en un plazo razonable, aun cuando el peso de la decisión, sea ésta la que fuere, recaiga especialmente sobre su persona.
Catedrático de Derecho Procesal

¿Es posible la regeneración democrática?
Pío Moa Libertad Digital 25 Abril 2010

(Esta noche estaré, para hablar de la República, con Jesús Salas Larrazábal y Ángel David Martín Rubio en el programa de Alfonso Arteseros "España en la memoria", de Intereconomía)

Hoy, en Época:

La involución, bananización y balcanización de la política española, comenzada con el 11-m, no ha hecho sino empeorar desde entonces, gracias, sobre todo, a la colaboración del PP de Rajoy en el proceso, que ha dejado al país sin oposición. Y así hemos llegado a la situación actual, en que vamos alcanzando el nivel de descomposición del sistema democrático. Bajo Felipe González, la democracia sufrió los embates de la corrupción rampante, del terrorismo gubernamental, del servilismo en materia exterior, del "ataque a Montesquieu", pero fue posible una rectificación, gracias sobre todo a un sector de la prensa que defendió la libertad, y al PP de Aznar, que logró superar en buena parte la siniestra herencia felipista. Aznar, aun con sus numerosos errores, redujo el paro a la mitad, saneó la Hacienda, disminuyó notablemente la corrupción, acorraló a la ETA y elevó el papel de España en Europa. Y fue por estos logros, y no a pesar de ellos, por lo que la izquierda y los separatistas le honraron con un auténtico odio, en especial un PSOE que, lejos de aprender de sus yerros, salió del gobierno con rencor mal contenido y deseo de vengarse de quienes le habían hecho perder el poder. No obstante, Aznar no acometió la regeneración democrática pedida por Mayor Oreja, y todo quedó a medias.

Después de la utilización prácticamente golpista que el PSOE hizo del atentado del 11-m --un suceso cada vez más oscuro en lugar de más clarificado--, la rectificación realizada por Aznar prácticamente se disolvió, y en lugar de propiciar una regeneración, el PP pasó pronto a colaborar en la involución. Para Rajoy, "la economía lo es todo", y ello se puso de relieve desde su misma campaña electoral de 2004, aunque muchos no lo viéramos entonces. Una economía que, irónicamente, ha desembocado en el caso Gürtel, y no por casualidad.

Este caso merece atención. Desde luego, todos los regímenes, sociedades y partidos tienen un grado de corrupción y de delincuencia diversa. Pero hay en ello niveles tolerables y otros intolerables. El sistema político puede reaccionar contra su degradación, pero esta se vuelve difícil de superar cuando los encargados de perseguir y juzgar los delitos recurren a su vez a métodos delictivos: en el caso Gürtel, a un espionaje propio de estados policíacos. Es solo un ejemplo de lo que ocurre con Garzón, y no solo con él: el panorama político está lleno de cosas semejantes, como un gobierno encargado de cumplir y hacer cumplir la ley dedicándose a desbaratar la Constitución en obsequio de los terroristas, con quienes ha colaborado y colabora, aun si al mismo tiempo lo presiona, como colabora con dictaduras tan ominosas como el castrismo. Respecto de Garzón, un grado más en la descomposición se ha alcanzado con la campaña, orquestada por las mafias sindicales, y bajo cuerda por el gobierno, para poner al juez por encima de la ley, y para consagrar el principio de que la ley solo puede aplicarse en función del interés de la izquierda. Algo semejante ocurre con el Tribunal Constitucional, falto de toda autoridad moral, empezando por su presidenta.

La situación se ha vuelto mucho más grave y peligrosa que bajo el felipismo, precisamente por la mencionada ausencia de oposición, por lo cual cobra urgencia la cuestión de qué hacer. Por supuesto, la denuncia de lo que viene ocurriendo debe proseguir de forma incansable, pero ello serviría de poco en ausencia de un programa positivo, constructivo, de reformas para atajar la degradación presente. Es preciso un análisis profundo de la realidad y exponer unos objetivos inteligibles como los propuestos –y mal cumplidos-- frente a Felipe González. Pero se necesita asimismo una fuerza política dispuesta a emprender con energía la tarea. Las circunstancias son muy favorables para tal empresa, y sin embargo no acaba de ponerse en marcha por ninguna parte.

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**** La mejor manera de no hacer nada es exigir unas condiciones que no se dan en la realidad. O demandar el "todo o nada". Puros pretextos, por supuesto, en lo que todo el mundo es muy experto. Ni AES ni UPyD o Ciudadanos son grandes alternativas, no solo por su contenido, sino porque reciben pocos votos. Por eso precisamente conviene votarlos, ya que en el peor de los casos no son peores que los grandes, y porque

a) Ello dificultaría el contubernio PSOE-PP, pues es un contubernio al margen de las peleíllas que se dan entre ellos, por puros motivos de reparto del pastel. Tiene gran importancia que el pastel de los votos y el poder se divida más, por varias razones.

b) Limitaría el margen de maniobra de la chusma política PP-PSOE.

c) Aumentaría la democracia y representatividad, ya que muchas personas votan a los grandes no porque los crean buenos y se sientan representados en ellos, sino por creerlo más "útil". Y es más útil, desde luego: para ir acentuando la involución política.

d) Porque muchos simplemente no votan, por hastío, y ampliando el abanico de opciones pueden animarse. Con ello sería posible que los todavía "grandes" partidos tuvieran que buscar apoyos que no fueran los separatistas.

Al mismo tiempo conviene ir elaborando algunos puntos que pudieran servir al mismo tiempo de crítica de la situación actual, de alternativa y de aglutinante.

**** "Esta vez no pasarán", el grito de la marcha de PSOE y artistas contra el TS. El grito de los amigos de Stalin, Castro, Mohamed VI, Companys, Blas Infante, Largo Caballero, la Cheka, la ETA, el terrorismo islámico, el aborto, la eutanasia, la liquidación de la familia, la marginación o destrucción del cristianismo, de un nuevo holocausto en Israel... Porque da la casualidad de que son amigos de todo eso, en muchos casos abiertamente, en otros encubiertamente (ninguno cantará hoy las viejas loas a Stalin, por ejemplo, pero se identifican con lo que este significó, sobre todo en España, es decir, el Frente Popular de la guerra. Ni dirá que pretende un holocausto en Israel: "solo" trata de crear las condiciones para ello). Se sienten eufóricos y creen que, "esta vez, ahora, sí", podrán aplastar la justicia y la democracia si estas no se ponen incondicionalmente a su disposición. ¿Ahora sí?

**** Carrillo pide eliminar el TC que crearon unos "juristas enamorados" del Derecho. Lo pide el héroe de Paracuellos e icono de la izquierda. Obviamente, él no está enamorado del derecho. Pero casi toda la izquierda se le parece, y la derecha carece de otra ideología que el poder y la economía (Gürtel) ¿Quién dejaría de hacerle caso?

**** La campaña contra el TS logra lo inaudito: Felipe defiende a Garzón. ¿Y por qué no? Después de todo, Garzón no lo mandó a la cárcel. Además, González ha comprendido seguramente que el doble error del GAL fue suyo: no hizo ministro a Garzón y dejó que el tontiloco Belloch dejara sin cobertura económica a Amedo y Domínguez. Sin este doble error, lo del GAL no habría sucedido. González, hombre a su modo ecuánime, tiene que haber reconocido que metió doblemente la pata. Además, no parece probable que Garzón haya limitado sus ilegales pesquisas policíacas (de estado policíaco), al PP, y todo el mundo sospecha, sobre todo después del caso GAL, que tiene información muy amplia y peligrosa también sobre el PSOE. A Garzón hay que respetarlo.

**** En líneas generales, y expresado de modo vulgar, la izquierda y los separatistas tienen una intensa vocación de macarras; lo que es posible porque la derecha, en particular la de Rajoy, tiene una no menos intensa vocación de puta.

Velo
Etapas de islamización
GEES Libertad Digital 25 Abril 2010

¿Es inseparable el avance islamista del avance islámico? Intelectualmente es posible, y cultural y teológicamente el tema es de una enorme complejidad: demasiadas veces se despachan groseramente asuntos religiosos complicados, y el del uso del hiyab es uno de ellos. No entraremos aquí en ello, y dejaremos que rigurosos islamólogos y frívolos tertulianos traten el tema a su manera. Pero entraremos en lo que para nosotros es el tema fundamental, por encima del tema de los derechos, de la educación y del valor religioso de la prenda: el significado histórico y estratégico del asunto, que es lo relevante.

Lo trascendental, se quiera ver o no, es el avance en términos demográficos e ideológicos del mundo musulmán en Europa. No sabemos si el fenómeno de la musulmanización europea podría darse al margen del islamismo radical, pero lo cierto es que cuanto más crece el primero más lo hace el segundo; de hecho, las minorías más radicales –defensoras del terrorismo, obsesionadas con Al-Andalus, impulsoras de la judeofobia– son las que más trabajan para islamizar las sociedades occidentales. Son las que hoy copan asociaciones y organizaciones islámicas de referencia. Mientras los musulmanes europeos tengan como representantes comunes a islamistas radicales, difícilmente podrá separarse el auge del islam de los métodos de éstos para expandirlo. Métodos de islamización social que se despliegan en tres pasos distintos de imposición social.

En primer lugar, los primeros casos de islamismo social aparecen como algo aislado, de manera que no son tomados en serio ni por las autoridades ni por los ciudadanos en cada país. No se trata de conflictos casuales, sino que generalmente responden al impulso que llega desde mezquitas o centros islámicos –caso del presidente del de Pozuelo– muy comprometidos con la islamización. Nuestros países afrontan el problema en terminos de "derechos" y de "cultura", enzarzandose en discusiones interminables, como las que hoy ocurren en España. Mientras, los casos aumentan poco a poco hasta hacerse tan habituales que al final dejan de generar polémica. Por cansancio, por tolerancia o por falta de convicciones, la sociedad huésped acaba permitiendo que usos y costumbres sociales ajenas se instalen en su seno, como algo multicultural y exótico.

En una segunda etapa, el uso de velo ha dejado de ser algo aislado, y se ha vuelto algo socialmente corriente y que parece inofensivo. Así que comienzan a aparecer otras manifestaciones y reivindicaciones más radicales: desde ropajes hasta exigencias de una doble legislación o reivindicaciones contra iglesias y catedrales. Con el umbral de tolerancia occidental más alto, se produce con estos fenómenos la misma reacción que en la primera etapa, pero de manera más radical: los imanes han ganado poder ante los suyos y los representan ante los demás. El islamismo, en el interior de la comunidad musulmana, se hace asfixiante; y hacia el exterior, más reivindicativo y agresivo. En su fase más avanzada, comienza a observarse agudamente como un problema para la libertad y la paz. Francia, Bélgica u Holanda se encuentran en esta fase, que ha provocado la necesidad de tomar medidas. España va camino de ella.

En una tercera etapa, lo que antes era aislado y después corriente se va volviendo obligatorio gracias a la presión social sobre las mujeres. En las comunidades musulmanas ninguna mujer va ya con la cabeza al descubierto; son obligadas a cubrírsela. Poco a poco, la presion se extiende a las no-musulmanas en lugares con mayoria musulmana. Así, mientras el corazon de la comunidad islamica se fanatiza con manifestaciones cada vez más radicales, que incluyen el sometimiento femenino moral y fisico, el anillo exterior se amplía, parasitando nuevas sociedades o capas sociales. Ocurre con el avance islamista hacia el sur de África, con los países ya musulmanes de por sí caídos en la desgracia islamista, y también en barriadas europeas –británicas, por ejemplo. Hablamos ya aquí de una islamización completa, de países, de barrios o ciudades. El triple proceso se produce de sociedades no islámicas al islamismo y de sociedades islámicas al islamismo radical.

España se encuentra entre el primer estadio y el segundo, razón por la cual sería deseable una reacción institucional firme y sólida. Claro que la causa del problema está en la ausencia de esta reacción, lo que hace que podamos pensar ya en qué va a hacer nuestro país cuando la segunda etapa, que es la que usualmente hace reaccionar a los países, vaya madurando. Ahí estará la clave en nuestro país.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Un siglo de socialismo en las Cortes
Esther L. Palomera La Razón 25 Abril 2010


El 10-J se celebra el aniversario de la llegada de Pablo Iglesias a la Cámara. El PSOE reúne a Zapatero y González para rendir tributo a la memoria del grupo


En estos tiempos de memoria y desmemoria, el Grupo Socialista se propone reivindicar la suya. Sin más objetivo que el homenaje a todos los que han pasado bajo sus siglas por la Carrera de San Jerónimo, el PSOE ha echado la vista cien años atrás. ¿Qué ha encontrado? Pues en el diario de sesiones parlamentarias, un discurso del que no está especialmente orgulloso, del 7 de julio de 1910.


El fundador del PSOE, Pablo Iglesias, tomaba la palabra en el Parlamento para hablar de los objetivos sociales de su partido y dirigiéndose al presidente de la Cámara, el Conde de Romanones, le dijo: «El partido que yo represento aspira a concluir con los antagonismos sociales y esta aspiración lleva consigo la supresión de la magistratura, la supresión de la Iglesia, la supresión del Ejército y la supresión de otras instituciones necesarias para este régimen (…) Este partido –el PSOE– estará en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; y fuera de la legalidad cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones».


Poco después el socialista se dirigió al jefe del partido conservador en la oposición y le espetó: «Hemos llegado al extremo de considerar que antes de que su señoría suba al poder debemos ir hasta el atentado personal...». En medio del griterío se oyó al presidente de la Cámara: «¡Orden, orden, señor Iglesias, usted no puede ampararse en la inmunidad parlamentaria para cometer un delito». Quince días después, Maura era tiroteado en Barcelona, resultando herido leve en una pierna. El Congreso protestó formalmente, pero la minoría republicana no respaldó el acuerdo.

Aquel discurso incendiario fue pronunciado por Iglesias apenas un mes después de que el PSOE logrará, con 40.899 votos, su primer acta parlamentaria en las Cortes Españolas. Hoy, a punto de cumplirse el centenario de la entrada en el Congreso del primer diputado socialista, el grupo parlamentario quiere celebrarlo por todo lo alto.


Su dirección, con José Antonio Alonso y Eduardo Madina a la cabeza, lleva meses preparando la efeméride para poner en valor, no la voz de Pablo Iglesias, sino la existencia de voces socialistas a lo largo de un siglo en el Parlamento español. El Grupo Socialista editará para la ocasión un libro hasta ahora inédito: «Las voces de Pablo Iglesias. 100 años de grupo socialista», una aproximación a las principales aportaciones a la historia de España que el PSOE ha hecho en el Congreso de los Diputados a lo largo de estos 100 años. Desde el rigor histórico y la intención divulgativa, en él se detallan los momentos más importantes que ha protagonizado el PSOE en la Cámara Baja.

La publicación incluye un recuerdo especial para los 30 diputados socialistas asesinados tras la Guerra Civil por los franquistas, pero también rinde homenaje a las diferentes direcciones políticas que en los últimos cien años ha tenido el Grupo Socialista; a los cuatro presidentes socialistas de Gobierno que ha tenido España desde aquel año y a los cinco presidentes del Congreso.

El libro, que ha sido coordinado por Daniel Fernández, diputado del PSC y miembro de la actual dirección del grupo, será presentado el próximo 10 de junio en el Congreso en un acto multitudinario que contará con la presencia de todos los diputados, senadores y europarlamentarios vivos de la democracia, el Consejo de Ministros en pleno y la Ejecutiva Federal. Habrá dos mesas redondas en las que destacados socialistas debatirán sobre estos cien años de historia y en una coincidirán, por primera vez en mucho tiempo (mítines aparte), Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

Constitucional renovado
La sentencia sobre el Estatut de un tribunal en prórroga correría riesgo de deslegitimación
EDITORIAL El País

El quinto fracaso del Tribunal Constitucional para emitir una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña es a la vez síntoma y preludio de la grave crisis institucional que se cierne sobre el sistema autonómico español. Durante los cuatro infructuosos años transcurridos desde que los magistrados recibieron el encargo de pronunciarse sobre la constitucionalidad del texto se ha insistido, sobre todo, en identificar las responsabilidades por esta situación, en la que nadie está libre de culpa. Pero es hora de que el problema se aborde desde otra perspectiva. El pasado es el pasado, y de lo que se trata ahora es de buscar una salida que respete escrupulosamente el orden constitucional y también la voluntad de los catalanes expresada por el Parlamento autónomo, avalada por el Congreso de los Diputados y ratificada en referéndum.

Las frivolidades derivadas del sectarismo que arrasa la vida política española han llevado a enfrentar el principio democrático al principio constitucional, un conflicto que, puesto que nunca debería haberse producido, carece de solución concluyente. Así tendría que reconocerse por las partes implicadas, para después actuar en consecuencia. Los discursos agónicos sobre la ruptura de España o la desafección de Cataluña ni reflejan la realidad social e institucional actual ni contribuyen a encontrar una salida; son discursos de parte que anuncian males futuros para legitimar los propios puntos de vista sobre un contencioso presente.

Ante la imposibilidad de encontrar un rumbo claro de solución, se impone navegar a vista. Tras aguardar en vano cuatro años, nada justificaría que un tribunal diezmado y desprestigiado emitiera una sentencia antes de la celebración de las próximas elecciones catalanas. Sería una insensata interferencia que convertiría esas elecciones en un referéndum sobre la viabilidad del sistema constitucional. Del mismo modo, obstinarse en que sea el tribunal en su actual composición quien se pronuncie, y no otro sin recusaciones ni prórrogas, pondría de manifiesto una inaceptable pretensión de determinar el contenido de la sentencia a través de argucias. El Estado en su conjunto, del que forman parte las comunidades autónomas, saldría debilitado, por más réditos inmediatos que pudieran obtener algunas fuerzas políticas.

Un tribunal renovado y que pueda trabajar sin la presión de unas elecciones no es garantía de que el Estatuto sea declarado constitucional en su integridad; entre otras razones, porque es dudoso que lo sea. Pero tampoco es admisible que lo que se niegue a Cataluña se permita a otras comunidades, sobre la base de que, por oportunismo, nadie presentó recurso sobre sus reformas. La sentencia sobre el Estatuto, emitida por un Tribunal sin los lastres adquiridos y sin la urgencia de los acontecimientos, permitiría tal vez recuperar la coherencia del sistema. Navegar a vista equivaldría, a estas alturas, al magro consuelo de hacer de la necesidad, virtud.

Referendum unipersonal
Nota del Editor 25 Abril 2010

Las constantes intoxicaciones de "El País" no tienen límites. Siguen tratando de lavar el cerebro a la ciudadanía y llenarlo de "izquierdismo", de las ideas más estúpidas posibles para que la "izquierda" permanezca en el poder. A este paso ya falta menos para llegar al referendum unipersonal.

Pitorreo constitucional y cuadratura del círculo.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 25 Abril 2010

Esto del Tribunal Constitucional y sus vanos intentos por hacer constitucional lo que hasta ZP dijo que era inconstitucional ha entrado en la fase de pitorreo. Ahora que a todas luces parece que este tribunal no hace lo que debe hacer, toca encontrar una solución y las grandes mentes pensantes de El País han dado con ella. Es un hecho para una gran parte de ciudadanos de este país que el estatuto de Cataluña no es constitucional y también es un hecho que para muchos ciudadanos de este país el estatuto de Cataluña es constitucional, por tanto tenemos un problema para encontrar una solución al problema, hay que cuadrar el círculo y todos contentos.

Esa es la brillante solución que propone El País en su homilía editorial dominical intitulada “Constitucional renovado”, propone un grandioso apaño tipo cuadratura del círculo que ratifique que el estatuto no tiene absolutamente nada que no sea constitucional y a la vez tiene cosas completamente inconstitucionales y de ese modo todos contentos.

“El pasado es el pasado, y de lo que se trata ahora es de buscar una salida que respete escrupulosamente el orden constitucional y también la voluntad de los catalanes expresada por el Parlamento autónomo, avalada por el Congreso de los Diputados y ratificada en referéndum.”

No crean que los chicos de El País desconocen la imposibilidad de lo que proponen, estos machotes tienen clarísimo que el estatuto no es constitucional pero insisten en que hay que respetar escrupulosamente, o sea con gran exactitud, lo ratificado por tanta democracia lo que equivale a ratificar que es totalmente constitucional.

“Un tribunal renovado y que pueda trabajar sin la presión de unas elecciones no es garantía de que el Estatuto sea declarado constitucional en su integridad; entre otras razones, porque es dudoso que lo sea.”

Queda claro pues que si el estatuto no es constitucional pero estamos obligados a respetar escrupulosamente su contenido inconstitucional porque ha sido refrendado democráticamente y simultáneamente debemos respetar escrupulosamente el orden constitucional solo nos queda una salida, meter sangre nueva en el tribunal capaz de redactar una perfecta cuadratura del círculo y asunto arreglado. Se trataría de elaborar y dictaminar algo así:

“Debemos declarar y declaramos sin querer queriendo que absolutamente todos los artículos del estatuto de Cataluña que violan la Constitución son complemente constitucionales”.

Esto puede parecer un pitorreo constitucional pero en realidad es una solución maravillosa a un problema inexistente.

Lo de ser paisólogo aficionado es un calvario repleto de deleites sin cuento y placeres intelectuales a porrillo.

Comunismo negro
Ángela Vallvey La Razón 25 Abril 2010

En España, «El libro negro del comunismo» estaba olvidado, como quizás los crímenes que cuenta en su inventario

Acaba de ser reeditado «El libro negro del comunismo» (Ediciones B). Un libro originalmente editado en francés por Éditions Robert Laffont, en 1997. Sus autores son profesores universitarios, investigadores e intelectuales de primera fila, entre ellos el compilador y encargado de la edición, Sthéphane Courtois, editor de la revista «Communisme» y director del «Centre nacional de la recherche scientifique» (CNRS). Es extraño lo que ha ocurrido en España con este libro –un ensayo riguroso, impresionante, imprescindible, extraordinario–: el libro estaba descatalogado y había desaparecido. No se podía encontrar en ningún sitio, ni siquiera existían ejemplares «de viejo» que pudiesen ser localizados en librerías de segunda mano por Internet. No quedaba ni rastro de un libro que, en su momento, pasó discretamente por las librerías para, al poco, esfumarse por completo. El original francés se titula: «Le livre noir du communisme: Crimes, terreur, represión». Y de eso es precisamente de lo que habla: de los crímenes, el terror y la represión del comunismo. Courtois encabeza su capítulo introductorio con una cita estremecedora de Tzvetan Todorov, que conoció bien la Bulgaria comunista: «La vida ha perdido contra la muerte, pero la memoria gana en su combate contra la nada».

En España, sin embargo, la nada había vencido a la memoria hasta ahora, y «El libro negro del comunismo» estaba olvidado, como quizás lo están los crímenes que cuenta en su inventario. Dice Courtois que el siglo XX fue la centuria de la violencia y del crimen, y repasa la lista: dos guerras mundiales, nazismo, Biafra, Ruanda, el imperio otomano y el genocidio armenio, la Italia de Mussolini que asesinó a los etíopes… Una retahíla monstruosa. Sin embargo, ¿quién ha enjuiciado los crímenes del comunismo? Como recuerda el autor, ésos no han sido sometidos a evaluación legítima, ni mucho menos moral. Los archivos y los testimonios abrumadores muestran que «el terror fue desde sus orígenes una de las dimensiones fundamentales del comunismo moderno». El comunismo, continúa Courtois, ha cometido innumerables crímenes contra el espíritu y contra la cultura universal, pero este ensayo se centra en los crímenes contra la vida de las personas, lo que constituye «la esencia del terror».

La aproximación numérica, siendo mínima, se acerca a los cien millones de muertos. Lenin y sus camaradas –según Courtois– se situaron en el marco de una «guerra de clases» sin compasión en la que el adversario político, el ideológico o incluso la población recalcitrante eran considerados y tratados como enemigos y debían ser exterminados. Un hijo de kulak ucraniano deliberadamente entregado al hambre por el régimen estalinista «equivale» a la muerte por inanición de un niño judío en el gueto de Varsovia entregado al hambre por el régimen nazi… Este libro es demoledor: enfrenta al lector con el sufrimiento de millones de seres humanos y, curiosamente, está escrito por algunos intelectuales que, en su momento, se dejaron atrapar por «la fascinación del comunismo». Un comunismo que no es tan rojo como siempre suponemos, sino negro. Del color de la sangre derramada, reseca.

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Babel sin barbaridades
Lo malo no es que haya varias lenguas sino que los hablantes dejen de entenderse entre sí. Porque el lenguaje humano está hecho para comunicarse, no para afirmar lo distintos e idiosincrásicos que somos todos
FERNANDO SAVATER El Correo 25 Abril 2010

Aún no he podido leer el libro 'Babel o barbarie' de Patxi Baztarrika, sólo conozco el extracto aparecido el pasado domingo, así como la entrevista al autor en este mismo periódico. Todo parece indicar que se trata de una obra interesante, planteada con cordura y que se esfuerza por conciliar intereses cuya oposición a veces se extrema por razones de instrumentalización partidista. El titular que encabezaba el resumen es de esperanzadora sensatez: «El futuro del euskera pertenece a la ciudadanía». En efecto, allí donde una lengua autonómica no es perseguida ni prohibida lo que garantiza su uso es la voluntad de quienes desean hablarla y manejarla, nunca normas que la imponen como obligación patriótica a todo el mundo, tanto si les gusta como si no. Y es perfectamente asumible que incluso los ciudadanos que de hecho no la hablan, simpaticen con su salvaguardia como un bien común de interés cultural y social para la convivencia en su conjunto.

Sin embargo, la referencia a Babel en el título de la obra no me parece exacta ni afortunada para comprenderla adecuadamente. Según el autor, hay que reivindicar a Babel, puesto que la pluralidad lingüística no es una maldición sino «una característica de la libertad y un signo de riqueza». Desde luego no soy un experto en exégesis bíblica, pero yo diría que la maldición divina que castiga el orgullo de los humanos en la famosa torre consiste en la confusión de las lenguas, no en su mera pluralidad. Es decir, lo malo no es que haya varias lenguas sino que los hablantes dejen de entenderse entre sí. Porque el lenguaje humano está hecho para comunicarse, no para afirmar lo distintos e idiosincrásicos que somos todos. La riqueza humana consiste en que podemos comprendernos unos a otros y colaborar así en empeños comunes de nuestra libertad, sea construir una torre que llegue hasta el cielo o -más sensatamente, a mi entender- construir sociedades donde puedan convivir pacíficamente personas de diferentes ideologías o mentalidades.

En el caso de nuestro país, Babel sería que las dos lenguas que tenemos, la común a todo el Estado del que somos ciudadanos y la peculiar de la comunidad vasca, se mantuviesen como mutuamente cerradas e ininteligibles para así quedarnos satisfechos de lo distintos que somos unos de otros y de los demás vecinos estatales. Ese planteamiento sí que se parecería bastante a una maldición y, si no le he entendido mal, es precisamente lo contrario de lo que con mucha razón desea Patxi Baztarrika. No digo que la diversidad de lenguas que existen en el mundo sea una maldición bíblica, pero son un hecho problemático que causa más de un conflicto. Hay miles de lenguas pero sólo unos pocos cientos de Estados, por lo que es obvio que en cada uno de ellos ha de buscarse un idioma políticamente común, además de respetar -en los que son democráticos- la existencia cultural del resto.

En sí misma, la diversidad de lenguas no tiene por qué ser vista como un bien: si de lo que se tratara es de multiplicarlas, lo adecuado no sería aprender las que hablan otros para comunicarnos con ellos, sino inventarnos cada uno la nuestra lo más rara posible para así demostrar que nuestra libertad no admite componendas sociales. Afortunadamente, la tendencia general no es tan demencial: además de las lenguas propias, los sistemas educativos incluyen en la enseñanza alguno de los idiomas más hablados -como el inglés o el castellano- pero rara vez eligen como idioma complementario el finlandés o el urdu, que también tendrán su encanto pero resultan menos útiles.

Porque en ciertos casos depende mucho de la lengua que se hable. Con motivo del terremoto en Haití, he leído bastantes estudios sobre el atraso de ese país respecto a la relativa bonanza de la República Dominicana, la otra mitad de la isla. Entre varias razones históricas, siempre se señala la desventaja educativa y cultural del creole frente al castellano. Ninguna lengua es buena o mala en sí, pero por razones históricas algunas alcanzan mucha más extensión geográfica, mayor número de hablantes y más abundancia de literatura o bibliografía que otras. Es lógico que quienes pueden elegir las prefieran como medio de expresión o estudio. De modo que la hegemonía del castellano en el País Vasco es inevitable?lo cual no quiere decir que sea inevitable el monolingüismo. El idioma común del Estado tiene una primacía constitucional y práctica (en los negocios, en los viajes, en la administración, etc? que afortunadamente se complementa con la posibilidad institucionalmente reconocida de convivir en nuestra CAV con el uso del euskera en muchos ámbitos por quienes así lo deseen.

El perfecto bilingüismo es un deseo encomiable pero que siendo realistas sabemos que nunca será alcanzado por gran parte de la población. Lo que sin embargo sí que está a nuestro alcance -y hoy es ya algo habitual en la mayoría de los casos- es el intercambio normal, basado en el sentido común y en una educación no sectaria, entre los que habitualmente recurren a una u otra lengua. Sabiendo, claro está, cuál es el alcance oficial y social de cada una. Los amantes del euskera pueden aumentar el de la suya haciéndola cada vez más atractiva a quienes la desconocen o la usan poco: a este respecto, la abundancia actual de buenos escritores jóvenes en vascuence puede hacer más por la perpetuación de éste que cualquier forma de imposición burocrática, la cual a menudo sólo provoca rechazo y fastidio contra parte del patrimonio cultural que compartimos.

El catalanismo se siente estafado por Zapatero
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 25 Abril 2010

“Sepa señor presidente que hoy, día de Sant Jordi, jornada cívica, flota en Catalunya la sensación de estar próximos a un avieso engaño”. Éstas eran las últimas frases del editorial de La Vanguardia de ayer viernes que, con bastante suavidad, verbalizan el sentimiento del catalanismo político, especialmente en el PSC, según el cual el Presidente del Gobierno habría utilizado el nuevo Estatuto de Autonomía con propósitos meramente tácticos. Ante la inviabilidad constitucional del texto aprobado y refrendado en 2006, sectores importantes de Cataluña se reflejan en las expresiones de Antonio Puigverd: una sentencia -ya inevitable- contraria al Estatuto catalán situaría a “los moderados catalanes, que son mayoría, ante un horrible dilema: o humillación o conflicto. Si esto es así, no le saldrá gratis esta vez la cena al Pinocho de la Moncloa”. En unas crípticas palabras, Jordi Pujol, ante el panorama creado en el TC respecto de la ley estatutaria, afirmaba el pasado lunes en un acto público que “los ignorantes no tienen derecho a hacer política”. Era, claro está, una referencia a Zapatero.

José Luis Rodríguez Zapatero ha engañado al PSC y a otros sectores que aspiraban a un nuevo Estatuto, traicionándolos conforme a un itinerario político que puede sintetizarse en el siguiente decálogo:

1) Cuando el presidente del Gobierno sostuvo que el concepto de Nación española es “discutido y discutible”, no sólo mostraba un enorme desapego, o una suma ignorancia, hacia el pilar del sistema político vigente consagrado en el artículo 2º de la Constitución, sino que, en términos generales, remitía un mensaje que los catalanistas no quisieron o no pudieron entender: para Zapatero todo concepto superior -sea el nacional, sean los simbólicos- son “discutidos y discutibles”. Por lo tanto, ese carácter relativo de la nación se refería también al que sostienen los catalanistas y los nacionalistas vascos.

2) Rodríguez Zapatero, a diferencia de González, es un hombre poco viajado y menos leído. Desconoce tanto el País Vasco (por eso, entre otras cosas, fracasó su proceso de paz con ETA) como Cataluña. De acuñación izquierdista, entiende los nacionalismos como expresiones burguesas y conservadoras, incluso aunque el catalanismo sea compartido por un sector amplio del PSC, que es el que comandaba Pasqual Maragall que jamás llegó a sintonizar con el Presidente del Gobierno ni él con la gauche divine de la ciudad condal. En otras palabras: Zapatero está anímicamente más alejado de Cataluña y del País Vasco que ningún otro presidente anterior.

3) No obstante, la única manera que tenía Rodríguez Zapatero de hacer saltar la hegemonía de CiU en la Generalitat y llevar al PSC al poder, como prólogo de lo que podía ser y fue su victoria en las elecciones generales de marzo 2004, era prometer un nuevo Estatuto a Cataluña antes de las elecciones autonómicas de 2003. Lo hizo aceptando, dijo, el que enviase a Madrid el Parlamento catalán. Y aunque CiU obtuvo más escaños que el PSC en las elecciones, éste formó gobierno con ERC e ICV al amparo de esa promesa refundacional del autogobierno catalán, del que se excluyó a los nacionalistas y al PP.

4) Los socialistas redujeron en el Congreso el texto del Estatuto elaborado en Barcelona, pero siguieron avalando una ley orgánica con graves problemas de colisión con la Constitución, como denunciaron numerosos juristas -de diversa militancia- que fueron olímpicamente ignorados. Zapatero continuó adelante acordando en una reunión privada con Artur Mas en la Moncloa el capítulo relativo a la financiación, granjeándose así el apoyo de CiU al nuevo Estatuto.

5) Antes, en 2004, el presidente del Gobierno, y cuando ya estaba en trámite la elaboración del Estatuto catalán, promovió a Manuel Aragón Reyes a magistrado del Tribunal Constitucional, sabiendo toda la comunidad universitaria y jurídica que el catedrático de Derecho Constitucional se había pronunciado en textos académicos y periodísticos acerca de la unidad de la nación española, la inaplicación del concepto de “nación de naciones” y a favor de la jurisdicción del Tribunal Constitucional.

6) El presidente del Gobierno dejó -pese a que había una propuesta sobre la mesa- que el Tribunal Constitucional no se renovase en tiempo y forma, prorrogando, incluso, la jurisdicción de la presidenta, María Emilia Casas, especialista en Derecho Laboral, alejada del derecho público, de personalidad insuficiente para liderar los debates y persuadir a catedráticos y magistrados de una envergadura superior a la suya -desde el propio Aragón hasta Guillermo Jiménez-.

7) Los propios magistrados propuestos por el PSOE -derrotados en la votación de la quinta ponencia de la sentencia- se han mostrado partidarios de oponer graves tachas de inconstitucionalidad al Estatuto catalán, tachas que se incorporaban bien en el fallo, bien en el fundamento jurídico conclusivo. De ahí que en Cataluña hayan llegado a la conclusión de que tan “verdugos” del Estatuto (como ha escrito Jordi Barbeta) eran los conservadores como los progresistas.

8) Al presidente del Gobierno, por razones no explicadas con transparencia, no le interesa ahora la renovación del Tribunal Constitucional como reclama el PSC y CiU, ni la modificación de la Ley Orgánica que lo regula, de tal manera que el grupo socialista no apoyará ninguna de las peticiones que se hagan en este sentido en el Congreso de los Diputados aún a costa de agrietar el socialismo y poner en peligro su cohesión. Veinticinco de los 169 diputados socialistas son del PSC.

9) Zapatero, demostrando su falta de creencia en las posibilidades inmediatas del PSC y del Gobierno tripartito, está haciendo un despliegue de seducción con CiU, coalición preferente en los pactos de carácter socio-económico. Montilla ha declarado al respecto: “No me molesta que PSOE y CiU pacten, pero cuando exhiben trofeos, me da risa”.

10) El presidente del Gobierno consistió y hasta alentó el llamado Pacto del Tinell (14 de diciembre de 2003) que trató y consiguió aislar al PP en Cataluña, se negó a pactar con el primer partido de la oposición el Estatuto -al menos a intentarlo- porque calculó, y ahí acertó que Rajoy lo impugnaría ante el Constitucional y que ocurriría exactamente lo que está ocurriendo: que había hecho una promesa táctica al catalanismo, que prosperaría inicialmente, pero que decaería por inconstitucionalidad bajo el liderazgo de un magistrado progresista -azañista por más señas, Manuel Aragón, que a nadie ha engañado, ni nada ha simulado- nombrado a propuesta del PSOE.

Y así, ni más ni menos, Zapatero ha consumado una taimada traición al catalanismo cuya responsabilidad consiste en dejarse engañar. El Presidente ha humillado -esa es la verdad- al PSC y a amplios sectores catalanes desentendiéndose por completo de la suerte del Estatuto. Y ha cometido un nuevo y quizás definitivo error que puede costarle muy caro, no sólo en términos electorales, sino también en la unidad de su partido. Este presidente -¿alguien tiene ya duda?- forma parte del problema de la crisis institucional española y en modo alguno de la solución que precisa. Jamás debió jugar con los valores superiores de la Constitución y jamás debió engañar sobre su adaptación a pretensiones que los rebasaban.

Administración autonómica: la teníamos demasiado grande
FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS La Opinión 25 Abril 2010

Desde hace tiempo uno sospechaba que los gallegos la teníamos más grande, que nuestra administración autonómica supera en envergadura a las de otras comunidades más ricas o con mucha más población. Ahora sabemos que eso no es necesariamente bueno, pero que además, con la que está cayendo, no nos lo podemos permitir. Hay que apretarse el cinturón. No basta con dejar de engordar. Hay que rebajar peso y de una forma drástica. Y tiene que ser ya: no se puede esperar.

Y es que desde que nació y hasta ayer mismo, el entramado de la Xunta no dejó nunca de crecer y multiplicarse para acabar convertido en lo que hoy es: una estructura mastodóntica cuya eficacia y no digamos su eficiencias fue disminuyendo al mismo tiempo y en la misma proporción en que iba agrandando su tamaño. En pocos años el complejo administrativo de San Caetano se quedó pequeño para albergar incluso los llamados servicios centrales. El número de funcionarios se disparaba al tiempo que se asumían nuevas competencias o simplemente se ampliaba el alcance de las existentes. Aquello no parecía tener límite.

La gallega, como las del resto de las comunidades, se ha revelado como una administración voraz. El despliegue del llamado Estado de las Autonomías ha deglutido ingentes cantidades de recursos. Por suerte, el proceso de desarrollo autonómico coincidió con una de las más largas etapas de crecimiento económico de la historia de España. En época de vacas gordas, parecía que este país podía permitirse un incremento constante y sin límite del gasto público para asentar lo que iba a ser un Estado descentralizado y hoy es una máquina de gastar descontrolada e insaciable.

Fue lo que se dice un proceso acumulativo. Cada gobierno, sin que cambiara siquiera el signo político, incrementaba el número de empleados al servicio de la autonomía, fundamentalmente burócratas, de tal suerte que a día de hoy no debe haber en Galicia casi ninguna familia que no haya cobrado o no esté percibiendo una nómina de la Xunta o de algún organismo dependiente. Qué duda cabe que eso contribuyó y mucho a asentar la autonomía. Aún los que no creían en ella, o eran escépticos, descubrieron las oportunidades de trabajo y negocio que brindaba. Era como una gran vaca, con infinidad de ubres, inagotables.

Claro que el autogobierno tenía que haber servido para acercar el poder de decisión a los ciudadanos. Sin embargo la excesiva burocratización consiguió el efecto contrario al complicar hasta la exasperación las relaciones del administrado con los organismos encargados de atender sus problemas. La administración gallega es una verdadera selva. Nada más internarse en ella, uno se pierde en una maraña de secciones, negociados, áreas, consellerías y entes autónomos, que convierte la más simple gestión en una carrera de obstáculos. Las sucesivas reformas administrativas y los proyectos de modernización sólo han servido para constatar que la cosa no tiene arreglo.

Pues bien, ahora sí, en el marco de la tan traída y llevada austeridad, el Gobierno de Feijóo se ha puesto manos a la obra. La Xunta va a ser sometida a una severa cura de adelgazamiento o más bien a una operación quirúrgica para reducir su peso y su volumen. Para la oposición, se trata de una simple cirugía estética, que en el fondo no arregla nada, porque la administración supuestamente reducida nos va a seguir costando casi lo mismo (y lo que no va en misas va en oraciones). Habrá que ver si el presidente y su equipo económico consiguen lo que se han propuesto. Dicen que se trata de que el entramado institucional pierda grasa, pero manteniendo el músculo que le permita atender a sus obligaciones más perentorias, seguir prestando los servicios básicos y priorizando, porque los recursos no dan para todo. Don Alberto debe tener en cuenta que adelgazar repentinamente tiene efectos no deseados. Que al tiempo que se adelgaza es conveniente ponerse en forma. Para ganar en agilidad, además de tener mejor presencia.

fernandomacias@terra.es

POLÍTICA
«Algunos seguimos en el banco de los acusados respecto al euskera»
L. GIL El Correo 25 Abril 2010

-La consejería de Educación, junto con la de Interior, son las que más críticas acumulan del PNV. ¿Cómo lleva la presión?
-La Educación es una de las cuestiones más delicadas porque es donde se dan cita las diversas identidades y, como tal, es un terreno propicio para el debate y la confrontación. Pero yo sí le diría algo al PNV. Ellos llevan veintitrés años sin gestionar de forma directa este Departamento, pese a gobernar, por lo que les recordaría que en este campo, si lo que se pretende es un avance, la mejor forma de hacerlo es a través del diálogo. Yo tengo mi despacho abierto.

-¿UPV o EHU?
-UPV es la denominación original de la Universidad. EHU vino después. Ambas juntaos conforman un término bilingüe que responde perfectamente a lo que es una institución con dos lenguas cooficiales con igual jerarquía. En todo caso, deberíamos darle un nombre en inglés para avanzar en el trilingüismo.

-¿Qué opina de que PNV y EA duden de su «voluntad real» de dar atención preferente al euskera?
-Yo les diría que el socialismo vasco, siempre que ha tenido la competencia de Educación, ha hecho una enorme tarea. No tenemos más que pensar en la época de José Ramón Recalde o de Fernando Buesa, en las que se materializó todo lo que era el bilingüismo. Yo fui viceconsejera con Fernando e hicimos un trabajo ingente por incorporar los modelos B y D. Pero algunos permanecemos en el banco de los acusados con respecto al euskera.

-El modelo trilingüe, ¿perjudicará al euskera?
-Nosotros queremos consolidar el bilingüismo e incluir el inglés para superar un modelo caduco, pero eso no será una amenaza al euskera.

-A día de hoy, ¿diría que se ha garantizado la libertad de elección del modelo lingüístico?
-Absolutamente. Con la aplicación informática que pusimos en marcha conocimos la demanda real en 48 horas y se pudo resolver caso a caso.

Una mentira repetida muchas veces sigue siendo una mentira: dos lenguas cooficiales con igual jerarquía.
Nota del Editor 25 Abril 2010

Que el vasco es lengua cooficial en las vascongadas, lo establece indirectamente la constitución española, pero en ella no se establece el bilingüismo obligatorio,
por el contrario, se establece el deber de conocer el español, y por tanto lo de igual jerarquía entre el vasco y el español es una mentira. Por otro lado, el vasco unificado que están inoculando a los niños, es un engendro etnopolítico, una lengua inventada cada día a partir de las variedades habladas en la región y palabras que no se parezcan al español.

ertzaintza
Policías con más de un carné
Un grupo de ertzainas muy ideologizados se enfrenta a las directrices del equipo de Interior
ÓSCAR B. DE OTÁLORA | BILBAO El Correo 25 Abril 2010

«Tenemos por delante una travesía del desierto, pero pronto volveremos al Gobierno. Si alguien colabora con los socialistas, nos acordaremos». La frase fue pronunciada, hace ahora algo más de un año, por un gestor de la Academia de la Ertzaintza en Arkaute. El tono revela la tensión con la que algunos sectores del Departamento de Interior recibieron el cambio de Gobierno.

El aterrizaje del PSE no resultó nada fácil en una consejería que, desde su fundación, había sido dirigida por el PNV y que tiene una peculiaridad: dispone de un escalafón de mandos policiales que responde a una carrera profesional y no puede ser removido de forma automática tras un relevo en el poder, como sucede con los cargos políticos de los departamentos. El equipo de Rodolfo Ares ha comenzado a realizar reajustes tras examinar la situación interna y ha tomado decisiones en función de las experiencias vividas en los últimos meses.

Arkaute fue uno de los focos en los que generó mayor crispación el cambio de responsables tras la llegada de Patxi López a Ajuria Enea. La anterior directora, Guadalupe Camino -nombrada por el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe-, continuó trabajando en el centro de estudios, donde tiene plaza de funcionaria. El elegido para sustituirla fue el doctor en Psicología y profesor de la Universidad del País Vasco Juan de Dios Uriarte, quien apenas duró ocho meses en el cargo. Interior justificó su cese como un simple reajuste interno. Sin embargo, fuentes consultadas por este periódico explican que la medida perseguía en realidad colocar al frente de la academia a una persona que se impusiera en un entorno donde existen grupos de empleados con escasa empatía hacia el nuevo equipo de Interior. La elegida fue Elena Moreno, hasta entonces directora de Emergencias.

El centro de estudios tiene una misión clave: formar a los 300 ertzainas que permitirán completar la plantilla de 8.000 agentes negociada con Madrid. Además, afronta dos grandes retos: los cursos de intendentes y de comisarios. La preparación del primero de ellos ya está avanzada y marcará un hito en la Policía autónoma. En su escalafón, el máximo rango es el de intendente y superintendente. Hasta ahora no se había realizado ninguna convocatoria para cubrir esas plazas. Sus ocupantes lo hacían en funciones. Cuando concluya el proceso, serán asignadas 'en propiedad' y un eventual cambio de Gobierno deberá respetar la graduación de las personas que hayan accedido a ese nivel.

Con el curso de comisarios sucede algo parecido. En la actualidad hay una treintena de mandos con esta graduación. El equipo de Ares ha tenido que contar con estos agentes para cubrir las plazas. Ello ha supuesto mantener en puestos de dirección a personas que ejercieron responsabilidades en la anterior etapa. Muchas de ellas son de adscripción nacionalista. Según las fuentes consultadas, el consejero del PSE ha elegido para funciones de ese tipo a mandos con una evidente afinidad al PNV. «En la Ertzaintza hay gente que, por encima de la política, es policía y aunque todo el mundo sepa que está vinculado al PNV, trabaja como el que más y no tiene ningún problema. Otra cosa es la existencia de un determinado grupo de personas en las que se mezclan razones personales con la política a la hora de estar siempre criticando a la consejería», afirma un mando consultado por este periódico.

«Conflictos aislados»
En este sentido, los portavoces de Interior resaltan que la práctica totalidad de la plantilla está actuando «con la máxima profesionalidad y sin política». «Únicamente se han producido algunos conflictos aislados con determinadas personas», reconocen.

Cuando Ares llegó al departamento, insistió en que no utilizaría una vara de medir política a la hora de realizar los nombramientos que llevó a cabo nada más tomar posesión de su cargo. Además, permitió a los mandos escoger destino en la mayoría de los casos. En opinión de un suboficial de la Ertzaintza, ése pudo ser un error de la consejería. «Para determinadas personas, que vivían muy cómodas en la otra etapa, el nuevo equipo mostró cierta debilidad que fue entendida como una especie de capacidad de veto en determinadas circunstancias».

Para entender esta frase hay que advertir de que la Ertzaintza, a pesar de ser un colectivo de 8.000 personas, tiene un componente endogámico, como todas las organizaciones cerradas. En ese contexto, es difícil mantener ocultos comentarios o actitudes personales. Además, se extienden en forma de rumor con la velocidad de la pólvora. Así que muchos ertzainas no entendieron que se 'premiase' con la posibilidad de elegir destino a algún mando que, por ejemplo, se había enorgullecido de no haber saludado a Patxi López en los primeros actos públicos del lehendakari.

Es ahí donde se enmarcan los recientes cambios ordenados por el Departamento de Interior en Guipúzcoa. La genealogía de la crisis, sin embargo, es compleja. En el territorio existían algunos casos de mandos que habían mostrado en las reuniones internas -pero de carácter oficial- su discrepancia con algunas posturas públicas de la consejería. Una de estas situaciones fue, por ejemplo, el anuncio de la creación de una División Antiterrorista. Hasta la llegada de los socialistas, la lucha contra ETA era una unidad más de la Policía de lo Criminal. Con Ares, se le dio el máximo rango a esta tarea al dotarla con medio millar de agentes y el nivel de división.
Desde el PNV se abrió una intensa polémica, al interpretar que las declaraciones de Patxi López a la hora de poner en valor este cambio incluían una crítica a la anterior etapa y una minusvaloración de la lucha contra el terrorismo llevada a cabo en los mandatos nacionalistas. El ex consejero Juan María Atutxa aseguró que las declaraciones de los socialistas «le revolvían el estómago».

Mandos guipuzcoanos reprodujeron estas acusaciones en reuniones internas y pidieron que constasen por escrito. A partir de ese momento, ya era evidente que existían tensiones en el territorio. La siguiente polémica se produjo hace un mes, cuando Interior detectó que en algunos despachos e instalaciones policiales no se habían cambiado las fotos oficiales del ex lehendakari Ibarretxe por las de su sucesor, Patxi López.

Interior redactó una circular en la que instaba a que se cambiasen los retratos, pero se distribuyó la redacción coloquial en la que dos miembros del equipo habían discutido sobre la medida y calificaban a Ibarretxe de «el joven Juanjo». Este mensaje apareció más tarde en un medio. La consejería, al comprobar la 'ruta' que había seguido el comunicado, comprobó que un par de mandos habían incluido al transmitirlo una frase para llamar la atención: «Ojo al parche».

Es en ese contexto en el que Interior toma la decisión de relevar al jefe territorial de la Ertzaintza en Guipúzcoa por una supuesta pérdida de confianza. El comisario iba a ser destinado a la comisaría hispanofrancesa de Hendaya, donde debía representar a la Policía vasca. Pero el día posterior a que se le comunicase el cese, el mando fue detenido tras dar positivo en un control de alcoholemia, lo que ha terminado por anular su nombramiento.

Según una fuente consultada por este periódico, la disidencia interna no acabará y continuará toda la legislatura. «En la Ertzaintza funciona el principio de autoridad, así que no se pueden dar casos de insubordinación, ya que se les expedientaría. Otra cuestión es la batalla simbólica. Siempre habrá gente que diga que con el PNV vivíamos mejor», afirma.

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