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Recortes de Prensa   Lunes 26 Abril  2010

 

El Estado, el mayor fracaso de la Humanidad
Francisco Rubiales Periodista Digital 26 Abril 2010

El Estado es el mayor fracaso de la Humanidad. Es como un hijo que no sólo no te ayuda sino que te maltrata y te oprime.
Es probable que el Estado sea la instancia más ineficiente del planeta. Ha sido creado por el hombre para que gestione el poder político, garantice la convivencia, la seguridad y la justicia, para fomentar la paz y el orden y para que luche contra las grandes lacras de la Humanidad: desigualdad, pobreza, injusticia, incultura, diferencias lacerantes entre ricos y pobres, etc. Sin embargo, cuando se establece un balance justo y preciso, se concluye que el Estado ha fracasado en todas sus misiones y se descubre que, en lugar de eliminar las lacras y garantizar la convivencia y los grandes valores, ha concentrado su esfuerzo en fortalecerse a sí mismo y en dominar, someter y, muchas veces, asesinar a los mismos ciudadanos que lo han creado.

El Estado es, seguramente, la mayor estafa y el mayor fracaso de la civilización.
Tan sólo en el siglo XX, el más sangriento de la historia y el que fue testigo del mayor incremento del poder estatal, los expertos calculan que el Estado asesinó a más de cien millones de personas. Otros expertos elevan la cifra a más de 150 millones, refiriéndose no a muertos en los campos de batalla, sino a gente asesinada en la retaguardia, civiles a los que ese mismo Estado debía proteger.

En el año 2005 ocurrió en Francia un hecho que revela con deslumbrante claridad la sorprendente ineficiencia del Estado: un empresario frances generó un enorme revuelo entre sus trabajadores tras entregarle cada mes una nómina detallada, en la que aparecía claramente que una parte importante, prácticamente la mitad del fruto de su esfuerzo laboral, iba a parar a manos del Estado.

Los obreros y empleados reaccionaron con estupor porque no tenían ni la menor idea de que la empresa les pagaba justo el doble de lo que recibían cada mes, sólo que el Estado se quedaba con la mitad.

El mismo empresario, quizás animado por el efecto que tuvo en la plantilla la información sobre el salario, calculó qué tendría cada trabajador si en lugar de haber entregado al Estado las prestaciones para la seguridad social hubieran invertido esas mismas cantidades en un fondo libre de pensiones. El resultado fue todavía más sorprendente y la indignación de los empleados casi llega a la revuelta al conocer que al jubilarse habrían percibido más del doble de pensión y, en algunos casos, más del triple.

El empresario, tenaz y libre, llegó más lejos y calculó qué tipo de beneficios y servicios médicos habrían disfrutado sus empleados si en lugar de destinar parte de sus sueldos a la sanidad pública, hubieran contratado seguros médicos privados.

Lo sucedido en aquella empresa francesa demuestra que lo que está en crisis en nuestras democracias europeas no es el “Estado del Bienestar” sino el Estado mismo, al menos en su concepción actual, como ente supremo, autoritario, aislado de la sociedad, majestuoso, cargado de poder y alejado de un ciudadano que, a pesar del ser el rey de la democracia, ha sido marginado y aplastado.

El Estado, según declaró a la prensa uno de los empleados franceses de la mencionada empresa, “es como un hijo que no sólo no te ayuda sino que te maltrata y te oprime”.

Pero la verdad es todavía más dura: el Estado es una máquina ineficiente y cruel que aplasta a los mismos ciudadanos que la crearon, que ha fracasado en todas sus misiones y que incumple vergonzosamente sus compromisos.

A pesar de los enormes recursos que la ciudadanía ha puesto en manos del Estado (fondos públicos casi ilimitados, garantizados mediante el cobro de impuestos, gran capacidad de endeudamiento, monopolio de las armas, servicios de seguridad, tecnologías, información, ejército, legiones de funcionarios y de empleados, etc.) ese ente superior ha fracasado en todas sus tareas y no sólo no ha sido capaz de eliminar la injusticia, la desigualdad, la pobreza, la incultura y otras grandes lacras que azotan a la Humanidad, sino que ha optado por el uso del engaño y de la fuerza, por dominar y ni siquiera ha podido garantizar la seguridad diaria de los ciudadanos, ni de ofrecerles esperanzas de cara al futuro. Demasiadas veces, ese Estado, que sólo se muestra eficaz a la hora de recaudar, se ha revuelto contra el ciudadano, aplastándolo y asesinándolo, como quedó científicamente demostrado a lo largo del terrible siglo XX.

En manos de políticos ineptos y muchas veces corruptos, el Estado moderno es un monumento a la ineficacia y a la injusticia que reclama a gritos reformas urgentes y drásticas.

Para muchos ciudadanos conscientes y libres, el Estado, injusto, voraz recaudador, ineficiente, egoísta, rencoroso, arbitrario y violento, es ya su peor pesadilla y empieza a ser visto también como el peor enemigo.
Voto en Blanco

Farsa soberanista en Cataluña
Editorial ABC 26 Abril 2010

CUANDO se abre un proceso sin sentido que cuestiona la soberanía nacional, nadie puede extrañarse de que todos los disparates sean posibles. Ayer, con escaso éxito, se celebraron en 212 municipios catalanes unas sedicentes consultas populares para votar a favor de la independencia de Cataluña. Sin garantías jurídicas y sin ningún soporte legal, estos falsos referendos utilizan ahora como pretexto la sentencia pendiente del TC sobre el Estatuto, y, como de costumbre, sólo movilizan a los ya convencidos de antemano. Resulta especialmente grave la participación de los tres consejeros republicanos del Gobierno tripartito, así como del presidente del Parlamento de Cataluña, puesto que los titulares de un poder público tienen el deber de guardar y hacer guardar la Constitución, y no deberían prestarse a esta extraña pantomima que carece de toda validez, incluso en términos sociológicos. Rodríguez Zapatero abrió la caja de los truenos en materia de organización territorial y José Montilla acompaña a sus socios radicales en esta deriva intolerable en un Estado de Derecho con el objetivo de conservar sus opciones en las próximas elecciones autonómicas, que apuntan perspectivas muy negativas para el socialismo catalán. La presencia de algunos dirigentes de Batasuna en calidad de «observadores» introduce un elemento de indignidad que va más allá del ridículo o la farsa porque se trata de una formación ilegal que actúa -si le dejan- como brazo político del terrorismo.

A mayor abundamiento, la Diputación de Gerona y los ayuntamientos implicados malgastan el dinero de todos financiando unas consultas ilegales e ilegítimas sin que nadie les pida cuentas. En plena carrera hacia el abismo, también Convergencia se apunta a la desmesura como si la proximidad de las elecciones fuera el punto de salida para una competencia lamentable por ver quién llega más lejos. Mientras el TC continúa siendo incapaz de dictar sentencia, el Estatuto está ya en plena aplicación y hace poco se aprobó una ley catalana sobre referendos y consultas a los ciudadanos. Culminada la farsa de ayer, sigue adelante un proceso iniciado hace unos meses en Arenys de Munt y que ha producido un «efecto contagio» del que sólo ERC obtiene provecho al servicio de su propaganda. En todo caso, extremistas y radicales consiguen un día tras otro llevar el agua a su molino ante la pasividad -y muchas veces la complacencia- de Rodríguez Zapatero, siempre dispuesto a dar prioridad a los intereses partidistas.

Deconstrucción nacionalista para “licuar” España (I)
Ángel Puerta, Blogs ABC.es 26 Abril 2010

Hace unos años el cocinero Ferrá Adríá adoptó el término deconstruir para aplicarlo a algunos de sus revolucionarios platos. El diccionario de la RAE define la palabreja como: “Deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual”. O sea, en términos coloquiales, tomar tortilla española en “chupitos” en lugar de en “bocata”. Los ingredientes son los mismos: patatas, aceite, cebolla y huevos. Todo ello licuado adecuadamente, mediante ingeniería culinaria, para conservar las mismas propiedades alimenticias y el mismo sabor. Pero sin la misma textura, peso y consistencia que la cuña de tortilla embutida en una buena barra de pan.

Esa misma ingeniería de deconstrucción están empleando los políticos autonómicos, sobre todo, los nacionalistas y algunos sectores de los social-nacionalistas para licuar a España y dejarla reducida a un mero “chupito”. O sea, al “Estado residual” que definía, encantado de conocerse, el socialista catalán y ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall. Lo peor de todo es que en este país de “culo veo, culo quiero” se copia y se pega todo, de modo que, incluso, las comunidades menos infectadas de nacionalismo se empiezan a apuntar a esta “deconstrucción”. La vorágine de nuevos estatutos recurridos ante el Tribunal Constitucional, dan buena prueba de ello. Cinco de ellos han sido recurridos ante el alto tribunal por atribuirse competencias del Estado o porque afectan a comunidades vecinas. Como es el caso de los “blindajes” de agua y otros asuntos asumidos por un “patriotismo” regional de “san paramí, que los demás no quieren”.

Las autonomías salen caras
En tiempos de bonanza las autonomías han cumplido buena parte de lo que se nos “vendió” en 1978 con aquel “café para todos”: acercar la Administración al ciudadano. Eso sí a un coste, que incluso muchos países de nuestro entorno consideran excesivo por la cantidad de funcionarios y altos cargos con sus correspondientes despachos, infraestructuras, coches oficiales, etcétera, que conlleva mantener tanta administración pública y porque en muchos casos se duplican los servicios y las gestiones. Lo cierto es que, según los datos del Banco de España, las autonomías cerraron el año pasado con una deuda de 86.280 millones de euros, con un incremento del 25,85 por ciento respecto al año anterior. Los expertos estiman que cada familia paga al año una media de 6.056 euros por los servicios de las distintas administraciones públicas. De ellos, 1.938 son para pagar a funcionarios del Estado; 3.075 para sostener a los de las autonomías y 1.043 a los municipales. En la actualidad más de 1.300.000 personas trabajan para las administraciones autonómicas, con un incremento de casi el 30 por ciento en los últimos 10 años. Las comunidades se defienden aduciendo que se debe a la asunción de nuevas competencias y a la ampliación y mejora de los servicios, pero algunos expertos sostienen que no se da la correspondiente correlación con la reducción del número de funcionarios del Estado. Según un reciente informe de Funcas en España hay una media de 64 empleados públicos por cada mil habitantes, pero si la cifra se enmarca en términos de empleo, supone que de cada mil personas ocupadas 146 trabajan para alguna administración. Según estimaciones fiables, desde que se instauró la democracia y el Estado de las autonomías el número de funcionarios se ha incrementado en 1.600.000 personas, un millón de ellas en los últimos 20 años. Aunque ni las propias administraciones disponen de datos muy precisos, los especialistas sostienen que en la actualidad en España hay tres millones de funcionarios, sin contar con el ingente número de altos cargos, asesores y empleados en empresas públicas o semipúblicas, que proliferan como setas en todas las administraciones. Si se sumaran todos estos parámetros, la cifra superaría con creces los tres millones y medio de personas que trabajan para las administraciones.

Involuciones y “cavernas”
Todos estos datos, en tiempos de crisis han hecho saltar algunas alarmas. Algunas voces se alzan pidiendo la devolución de competencias al Estado. Pero de inmediato salta la respuesta por parte de los más nacionalistas y de una pseudoprogresía, que a falta de argumentos lógicos se encastillan en lo de siempre: en “etiquetar” tópicos y estereotipos: es cosa de los involucionistas, o sea, de “la caverna”, la etiqueta que más molesta a una parte de la derecha, la más acomplejada. Pero lo cierto, como veremos más adelante, es que cada vez más, se alzan voces de la izquierda intelectual pidiendo que se ponga coto a un desmadre autonómico que ha puesto en jaque a la Constitución y a buena parte de sus principios democráticos y de solidaridad entre territorios. La “deconstrucción” del Estado empieza por su actual presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en sintonía con los postulados más rancios del partido socialista de construir un Estado federal. Intelectuales de su propio partido advierten, sin embargo, que la actual estructura autonómica ya es más federal que muchos Estados que se tienen por tales y alertan de que algunas autonomías, con sus estatutos intentan pasar al Estado confederal, o sea, a lo que algunas especialistas denominan, como más preciso, “confederación de estados”. Un riesgo grave para un país como España que en su historial ya cuenta, en este terreno, con tristes experiencias de descomposición. Palabras como autodeterminación e independencia están más presentes que nunca en el vocabulario cotidiano de los nacionalistas. Las sucesivas consultas independentistas, como las que hoy se celebran en 211 municipios catalanes, son una mera provocación al resto de España y una forma de presión a instituciones, como el Tribunal Constitucional, en plena reflexión sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña.

Consultas y “cohetes”
Por supuesto que las consultas no son vinculantes. Para algunos “progres” no son más que meros fuegos artificiales, puro “gesto”, pero cuando líderes de CiU, verdadera alternativa para la Generalitat, o de ERC, miembro del actual Gobierno catalán las apoyan o incluso amenazan con llevarlas a cabo a nivel autonómico en un futuro muy próximo, el asunto se presenta más que preocupante. Afortunadamente, los resultados de las consultas, por su bajísima participación y resultados, son decepcionantes para los nacionalistas porque en ellos no se ve reflejado el sentir de la Cataluña real, pero lo cierto es que van dando pasitos cada vez más firmes para desbordar la Constitución de todos. La progresía optimista aduce que no pasa nada. Ibarrtxe presentó su proyecto de “Estado libre asociado”; se le echó para abajo y no hubo ninguna convulsión en el País Vasco, salvo que el entonces lendacari perdió el gobierno en las elecciones autonómicas siguientes. Los más pesimistas, sin embargo, sí se preocupan por la situación, porque los nacionalistas confunden “hecho diferencial”, o sea, “diferencia” con “desigualdad” y parece que continúan avanzando gracias a una ley electoral que les otorga mucho más poder que el que les corresponde. Y ahí entra el juego del poder y los intereses de partido por encima del interés general, sobre todo, cuando hay un presidente del Gobierno español y secretario general de un PSOE, para quien la Nación española “es un concepto discutido y discutible”.

El silencio del presidente
Editorial La Razón 26 Abril 2010

Bastaría poner de relieve la estética frentepopulista y anticonstitucional, con profusión de banderas republicanas y eslóganes de la Guerra Civil como «No pasarán», para que la manifestación celebrada el sábado en Madrid en apoyo a Garzón se descalificara por sí misma y no mereciera mejor consideración que la convocada, unos metros más allá, por la Falange. En ambos casos se trató de una mirada hacia atrás con ira, una apología del guerracivilismo y una reivindicación rabiosa del revanchismo. Sin embargo, no cabe ignorar que la movilización de la izquierda radical forma parte de una brutal campaña contra las instituciones judiciales, sobre todo el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, columna vertebral del Estado de Derecho puesto en pie hace treinta años en virtud de un pacto de reconciliación entre los españoles. Con el pretexto de sostener a un juez tres veces encausado por un delito de prevaricación, esa izquierda que va desde el PSOE hasta los antisistema, pasando por los independentistas y los nostálgicos comunistas, se ha arrogado la representación de todas las víctimas republicanas de la Guerra Civil, a las que utiliza para deslegitimar a los más altos tribunales y para presentar al PP como el heredero directo de los verdugos.

Para estos guerracivilistas, la Ley de Aministía no fue más que una claudicación ante la amenaza golpista, como si de ella no se hubieran beneficiado notorios criminales de la República y terroristas de ETA, alguno de los cuales no tuvo empacho en encabezar la manifestación del sábado. Asistimos, por tanto, a una radicalización de la izquierda, que ha encontrado en la guerra fratricida su principal alimento intelectual y moral. Nada de todo esto debería preocupar a la sociedad española, instalada en la moderación e identificada con la Monarquía constitucional que encabeza el Estado de Derecho. Pero resulta que el PSOE y el propio Gobierno, lejos de apartarse de esta izquierda rabiosa y de descalificar sus oníricos viajes al pasado español más sangriento, se han dedicado a justificarla y alentarla. Ayer mismo, el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, se sumaba sin rebozo alguno a la campaña contra el Tribunal Supremo; y el ministro de Fomento, José Blanco, cometía la insidia de ligar al PP con los falangistas. Es evidente que si la izquierda se está radicalizando hacia el frentismo populista es porque la pésima situación económica, con más de cuatro millones y medio de parados, está golpeando especialmente a sus militantes. Pero en vez de reclamar al PSOE, prefiere agitar el espantajo de Franco para aglutinar a los frustrados y movilizar a los desencantados.

De ahí que el Gobierno vea con simpatía la sucesión de aquelarres guerracivilistas y manifestaciones de estética apolillada y reaccionaria.
España tiene muchos problemas, pero entre ellos no está el franquismo. Y si las víctimas de aquel régimen aún están pendientes de reparación, a quien hay que pedirle cuentas es al Gobierno que hizo una ley de Memoria Histórica ridícula, inservible y crispante. La culpa no la tiene el Supremo, sino un Gobierno que se esconde tras millones de parados y un presidente que calla y otorga.

Garzón
Al escepticismo por la verdad
Agapito Maestre Libertad Digital 26 Abril 2010

La crítica débil de la señora De Cospedal a las movilizaciones de los socialistas por la cosa de Garzón ha sido respondida con facundia despótica por Blanco. El ministro de Fomento, el número dos de los socialistas, se ha permitido decir que sus manifestaciones a favor del juez presuntamente prevaricador y contra el tribunal que ha de juzgarlo son las únicas legítimas; por el contrario, ha seguido afirmando el tal Blanco, son unos impresentables quienes se manifestaron a favor de las víctimas del terrorismo de ETA y contra la excarcelación del criminal terrorista De Juana Chaos. Si alguien del PP no contesta estos paralelismos salvajes, estas barbaridades de un izquierdista totalitario, con una argumentación firme, seria y valiente, entonces tendremos que seguir manteniendo que el sistema político está podrido.

Soy escéptico, pues, sobre la viabilidad política e intelectual de este país. Aunque la señora De Cospedal reconozca que corre riesgos la democracia con la deslegitimación que los socialistas están llevando a cabo del Tribunal Supremo, la verdad es que la derecha está desaparecida y la izquierda ejerce su poder despóticamente. Quizá el escepticismo sea una forma cobarde de superioridad intelectual, pero, hoy por hoy, es un paso imprescindible para alcanzar un mínimo concepto sobre la ruina de nuestro sistema político. El silencio ominoso, casi cómplice, de la derecha española hasta hoy ante la ola de manifestaciones contra el tribunal que tiene que juzgar a un juez por prevaricación, es otra prueba más de la inviabilidad de un régimen democrático basado en la disonancia de opiniones.

Zapatero presiona al PP y saca a la calle a sus huestes para insultar con vileza a la derecha. El PSOE estigmatiza. Excluye y destruye. Pero, desgraciadamente, el PP calla. O peor, mira para otro lado. Sin embargo, ayer, domingo, la número dos del PP se atrevió a decir algo, pero inmediatamente Blanco trató de desprestigiarla comparando lo incomparable. Es el poder de la demagogia socialista. Ojalá me equivoque, pero el silencio, la falta de impulso e indolencia de la derecha contra las manifestaciones totalitarias de la izquierda para que uno de los suyos no sea juzgado por los tribunales de justicia, pudieran pasar a la historia como pruebas de la ruina del sistema político.

¿Dónde están las argumentaciones de Rajoy contra los totalitarios que tratan no sólo de "deslegitimar" las instituciones democráticas, sino que también pretenden expulsar a sus adversarios del espacio público? No existen, o peor, se hacen con desgana y sin convicción sobre cuáles son los verdaderos valores de un sistema democrático. La tragedia de España, pues, es la desaparición de la derecha, porque es incapaz de enfrentarse a una izquierda totalitaria. Ni el PP ni sus intelectuales se atreven a definirse de derechas. Todo en España está bajo el manto totalitario de lo políticamente correcto, o sea, del socialismo totalitario. Ridículamente totalitario. La izquierda ocupa todo el espacio político y cultural.

Garzón, un ariete contra la democracia
EDITORIAL Libertad Digital 26 Abril 2010

Como cabía esperar, las marchas en defensa del derecho de Garzón a prevaricar concluyeron en ataques directos contra las instituciones democráticas y contra la esencia de la democracia misma. Las proclamas oscilaban desde pedir la ilegalización del PP hasta procesar a los miembros del Tribunal Supremo. Nada, por cierto, que no cupiese anticipar desde que quien fuera fiscal en tiempos de Franco, Jiménez Villarejo, acusó a los miembros del alto tribunal de ser cómplices de las torturas.

Al final, certificada la muerte de Franco, parece que la causa general contra el franquismo que inició Garzón se está transformando en una causa general contra lo que la izquierda reputa "herederos del franquismo". A saber, la derecha, que siempre les ha sobrado en su camino hacia la revolución, y la democracia española en su conjunto, sucesora directa de la reforma, que no ruptura, del régimen anterior.

Suele decir Carrillo que la derecha actual es idéntica a la del 36. Pero si algo se está volviendo cada vez más calcado a esa época es la izquierda y su pose crecientemente guerracivilista. No sólo por las consignas del estilo "No pasarán", sino por ese sentimiento de que las instituciones deben emplearse para acorralar a los enemigos de clase y que, cuando éstas fracasan en tal empeño, deviene legítimo rebelarse contra ellas. Sucedió en el 34 y se repite ahora, a menor escala, ante el temor de que el PP regrese al poder o lo mantenga allí donde no lo ha perdido todavía –de ahí la desproporcionada inquina contra Esperanza Aguirre– y ante lo que consideran una afrenta del Supremo contra uno de los suyos. Por eso Blanco, ministro de Fomento del Reino de España, se congratulaba equiparando al PP con los falangistas, porque así permite que la izquierda exhiba su lado más totalitario sin que una derecha caricaturizada como extremista la pueda acusar de ir contra la democracia.

Y es que la izquierda no parece entender, o no quiere aceptar, que en democracia todo el mundo debe estar sometido a las mismas leyes y que los fueros o los privilegios personales son algo propio del Antiguo Régimen o de las dictaduras modernas. Pero lo que buscan es precisamente la impunidad para los suyos, de modo los equilibrios institucionales y los contrapesos que conforman de un sistema democrático son obstáculos en el camino.

Por ejemplo, aparte de la mentira descarada ("se persigue a Garzón por querer investigar los crímenes del franquismo"), recurren a todo tipo de argucias para justificar simple y llanamente que Garzón debe ser intocable por la justicia española: desde que la Ley de Amnistía sólo resulta de aplicación a los criminales del bando republicano a que el delito de genocidio justifica la retroactividad de las leyes penales salvo para ellos.

Lo cierto es que nada le impide a Garzón blandir semejantes argumentos en su defensa durante la fase del juicio oral. El problema de las marchas guerracivilistas no es que traten de defender la inocencia de Garzón, sino que buscan descalificar el mero hecho de que sea juzgado. Ante la duda más que razonable de que el juez ha delinquido por prevaricación, niegan cualquier legitimidad al Supremo para encausarle. Pero como carecen de razones que expliquen por qué un individuo debe situarse por encima de la ley, su táctica pasa directamente por destruir las instituciones.

No basta, pues, con que los demócratas defiendan la independencia judicial (y menos con la boca pequeña como suele hacer Zapatero). La izquierda guerracivilista va más allá de presionar al Supremo para que absuelva a Garzón. Su objetivo es socavar la legitimidad misma del Alto Tribunal para enjuiciar a un ciudadano español de izquierdas. La misma táctica, dicho de sea paso, que puede observarse en los nacionalistas con respecto al Tribunal Constitucional: no debe ser competente para enjuiciar una norma catalana.

Garzón, en el fondo, les importa bastante poco. Lo esencial es romper los pactos sobre los que se asentó la Transición para marginar y perseguir a los enemigos de la izquierda. Por eso la democracia y las instituciones les sobran; por eso no dudan en atacarlas abiertamente con la complicidad cada vez menos oculta del Gobierno. Al fin y al cabo, fue Zapatero y su legislación de "memoria histórica" la que dio el pistoletazo de salida para todo este aquelarre.

CARTA A J. L. RODRIGUEZ ZAPATERO
Carlos Rubio González.. email  26 Abril 2010

J. L. Rodríguez Zapatero:
No puedo anteponer a tu nombre alguna de las palabras: querido, admirado, amigo, respetable, etc. No me salen del corazón y los adjetivos que te mereces, mi pluma no quiere grabarlos.

Soy un ciudadano de 77 años, jubilado, duramente curtido por la lucha cotidiana del ejercicio de mi profesión de gran responsabilidad. El milagro de la vida lo he visto casi a diario con la asistencia a mis parturientas.

Soy padre de cuatro hijos maravillosos y abuelo de siete nietos que me hacen feliz todos los días.

No quiero que un inoportuno infarto me impida darte mi más sincera enhorabuena por tu brillante trayectoria presidencial.

Aunque sea difícil has conseguido romper la unidad democrática de España tras la transición. De nuevo hay dos Españas, que como entonces, no se aman. Hemos vuelto al año 1.936 ¡Enhorabuena!

Has destruido los pilares fundamentales de una pacífica convivencia: la moral, la cultura, la educación y hasta la religión ¡Enhorabuena!

Has podido conseguir tu promesa electoral del pleno empleo con cinco millones de parados ¡Enhorabuena!

Te has encamado con los más honestos sindicalistas, defensores no de los trabajadores, sino de sus cuentas corrientes ¡Enhorabuena!

Te has atrevido con tu soberbia ofender al país más potente del mundo. Los norteamericanos, con Bush u Obama, aman profundamente a su país y a su bandera. Tu
ignorancia y rencor no te permitieron levantarte de la silla al paso de ella ¡Enhorabuena!

Tu profundo convencimiento de los derechos humanos te permite hermanarte con los dictadores más abyectos del siglo XXI, como Chaves, Castro, etc. ¡Enhorabuena!

Apoyándote en la gran preparación científica de tu ministra Aido vas a conseguir que las mujeres de 16 años puedan abortar libremente ¡Enhorabuena! Ante un accidente grave quirúrgico, ¿a quién llamaríamos?, ¿a la ministra?, ¿a ti?, ¿o entonces sí, a sus padres?

Has apoyado y promulgado romper la unidad lingüística de España. Pienso que a un gran conocedor de idiomas, como eres tú, le da igual ¡Enhorabuena!

Podría seguir felicitándote profusamente por tus innumerables méritos en las distintas esferas de la vida política. Sólo tus continuadas mentiras hacen que las nauseas que me producen, me impidan continuar.

Enhorabuena Rodríguez Zapatero por todo, pero si te queda algo de conciencia por favor vete ya…a tu casa.

Carlos Rubio González.
Premio Extraordinario de la licenciatura de Medicina.
Doctor en Medicina y Cirugía.
Especialista en Obstetricia y Ginecología.
Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz.

ZP alienta el golpe de Estado
Editorial www.gaceta.es 26 Abril 2010

Asistimos a una actitud subversiva contra el sistema y la división de poderes.

Lo digo con toda la serenidad y, al mismo tiempo, preocupación que un asunto como este exige. Lejos de aminorar la presión que la izquierda está ejerciendo sobre la independencia del Poder Judicial, ésta aumenta de modo alarmante, y empieza a suponer un verdadero riesgo para la estabilidad de la democracia.

Si algo parecido lo hubiese hecho la derecha saben ustedes que ya estarían Pedro Almodóvar y la corte del sindicato de la zeja acusando al Partido Popular de golpismo y exigiendo en la calle su disolución como partido político…

Yo no voy a pedir, hoy, la disolución del PSOE por golpismo, pero golpismo hay detrás de todo lo que está ocurriendo, en la medida que asistimos a una auténtica actitud subversiva contra el sistema y contra la división de poderes que consagra nuestra Constitución.

Estos tíos se están pasando muchos pueblos y es necesario hacer un llamamiento a la cordura y al sentido común, pero es necesario también decir alto y claro que Rodríguez no es sólo un mal gobernante, es que además es un gobernante pernicioso y un verdadero peligro para nuestro sistema democrático y por eso, ahora más que nunca, a la vista de que el comportamiento de la izquierda, alentada por este presidente que expira totalitarismo por todos sus poros, vuelve a ser el mismo comportamiento violento y antidemocrático que ha tenido en otros momentos de la historia, las circunstancias exigen una convocatoria urgente de elecciones para salir de esta dinámica guerracivilista.

El ejemplo que estamos dando al mundo entero es el de un país de cuarta, el de una república bananera, incapaces de hacer frente a nuestros verdaderos problemas sin montar otros con la única ambición de evitar que la derecha pueda llegar al poder –porque de eso se trata, nada más, y nada menos–, y lo lógico es que en los próximos meses nuestra economía siga sufriendo el castigo de los mercados financieros.

Nos deben de observar absortos, boquiabiertos, “¡estos tíos están locos, con la que les está cayendo y de nuevo pelándose por una guerra de hace casi cien años!”. Así es, y todo ello alentado, impulsado, dirigido y ¡pagado!, por José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Esta vez no pasarán o tal vez sí? ¿Quién sabe el futuro?
Vicente A. C. M Periodista Digital 26 Abril 2010

Puede que sí o puede que no. Depende. Desde luego las exaltaciones retrógradas y sectarias guerra civilistas de la manifestación de ayer en Madrid son el exponente de hasta dónde puede llegar esta izquierda que se erige en heredera de una facción de uno de los hechos más lamentables de la Historia de España, la guerra civil y la posterior dictadura de Franco. Lo de ayer no fue una imagen del apoyo de unos ciudadanos en el libre ejercicio de su libertad en defensa de la causa de un juez bastante singular y polémico, sino la burda expresión de una actitud beligerante y desafiante con aquellos que osan llevarles la contraria.

El "Esta vez no pasarán" tiene muchos interrogantes. El primero sería decir ¿a quienes se refieren?.Lo segundo, ¿pasar a dónde, por dónde, cómo y por encima de quien? Solo les ha faltado apropiarse del eslogan de ánimo a la selección española, el famoso "a por ellos". Sea lo que sea, con actitudes tan viscerales se está jugando con fuego y ya se sabe que existe siempre el riesgo de quemarse y provocar un incendio que sea incontrolable. Se puede decir que el terreno está en unas condiciones demasiado propicias para que si salta la chispa, se prenda el fuego.

Nunca he creído en las casualidades en asuntos de política y mucho menos cuando se trata del PSOE y de este Gobierno del Sr. Zapatero, especialmente del propio Sr. Zapatero y alguno de sus siniestros Ministros. Este Gobierno no se ha ocultado para hacer patente su desprecio por la independencia Judicial, posicionándose frontalmente y usando todos sus recursos desde el Poder para manipular a la opinión pública y crear un estado de opinión favorable a impedir que el juez Garzón sea enjuiciado por las causas que tiene el Tribunal Supremo abiertas contra él. Un hecho que les parece incomprensible e increíble, algo como que este juez tan admirado por ellos sea cuestionado como cualquier ciudadano que comete un delito.

Así que estas espontáneas manifestaciones pro Garzón que derivan en un ataque al PP y a la derecha cavernaria que identifican con el partido legalmente constituido de Falange Española y el Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias, lo que hacen es revivir unos acontecimientos que recuerdan demasiado a los años pre guerra civil y la etapa más sombría de la II República. Es evidente que desde que el Sr. Zapatero y el PSOE recuperaron el poder en marzo del 2004, tras unas elecciones generales seriamente mediatizadas por el terrible atentado terrorista del 11M, no han cesado en su intento de imponer su particular visión de la Memoria Histórica.

Pero el verdadero objetivo, que no se molestan ya en disimular, es negar la legitimidad de la Ley de Amnistía de 1977 previa a la redacción y aprobación de la Constitución. Ya son muchas las voces que se atreven a cuestionar lo que cínicamente llaman "la ley de punto final", como si en esa amnistía no se hubiera incluido a todos y cada uno de los posibles responsables del signo político que fueran y con independencia de los cargos que ostentaran durante el periodo amnistiado, no limitado a la propia guerra y la posterior dictadura. Así que con el grito de "esta vez no pasarán", el mensaje es de que será su voluntad y no la de los jueces la que dicte sentencia. Se intentan apropiar la representación de la legitimidad y de las Instituciones, sin más argumentos que su sola voluntad revanchista y anti democrática.

Pues es posible que esta vez los que pasarán por encima de estos libertarios sean los jueces, cumpliendo con el deber que los ciudadanos les han encomendado y aplicando la Ley sin coacciones de ningún tipo. Esta vez los que pasarán a la Historia como alborotadores y antidemocráticos son los que han confundido la libertad de expresión con una algarada callejera propia de regímenes totalitarios. Y además quieren llamarse demócratas. ¿Hay mayor hipocresía?

Amnistía 1977
César VIDAL La Razón 26 Abril 2010

Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. A trompicones, entre brumas, pero con esperanza, en apenas unos meses, Arias Navarro fue sustituido por Adolfo Suárez y nos encaminamos –esta vez sí– hacia una monarquía parlamentaria de carácter democrático. A esas alturas, todos –salvo los irreductibles– estábamos de acuerdo en España en que para vivir el futuro era necesario hacer borrón y cuenta nueva con el pasado. En casa, donde mi abuela materna tenía a un hermano del PCE, que se había entrenado como aviador en la URSS y luego había pasado varios años en la cárcel sin más delito que el de su militancia, no recuerdo que nadie anduviera soñando con reivindicaciones a lo Garzón. Incluso mi padre –al que habían expulsado de unas oposiciones por sostener que el régimen de Franco era una dictadura y no una regencia– se dedicaba a tranquilizar a un vecino guardia civil que se temía vaya usted a saber qué represalias. Mi abuelo paterno –del que luego sabríamos que había sido visitado por gente del PSOE auténtico, no el de Felipe, para ir en las listas del Congreso– sólo lamentaba que hubiera que aguantar otra vez a un Borbón, pero hasta lo daba por bueno si, finalmente, se podía hablar con libertad.

Quizá por eso nos parecía conmovedor que, a inicios de octubre de 1977, Santiago Carrillo afirmara en un mitin que los comunistas querían «hacer cruz y raya sobre la guerra civil de una vez para siempre» porque había que «superar definitivamente la división de los ciudadanos españoles en vencedores y vencidos de la guerra civil» o que Marcelino Camacho afirmara: «La amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y cruzadas. Nosotros, precisamente, los comunistas que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores.

Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie. Yo creo que esta propuesta nuestra será, sin duda, para mí el mejor recuerdo que guardaré toda mi vida de este Parlamento». Al fin y a la postre, la ley de amnistía de octubre de 1977 fue un texto legal que concedía una amnistía completa y absoluta para todos los delitos de tinte político cometidos no sólo en el curso de la guerra civil y del régimen de Franco sino también hasta el 15 de diciembre de 1976. Pretendía integrar en la vida política no sólo a los contendientes de la guerra civil sino también a los terroristas y, posiblemente por esa voluntad, obtuvo un apoyo mayoritario en el Congreso consistente en 296 votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones y 1 voto nulo. Creía yo entonces –creíamos todos, ¿o no?– que por una vez en nuestra Historia avanzaríamos todos juntos sin rencores.

Ahora, los partidos de izquierdas y nacionalistas han decidido desandar lo avanzado en la Transición y buscar su legitimidad actual no en lo que no son capaces de hacer sino en un pasado muy distinto de cómo lo pintan. En el siglo pasado, destruyeron la monarquía parlamentaria y aniquilaron la Segunda República. Ahora, da la sensación de que aspiran a arrasar la obra de la Transición y sumirnos en un nuevo enfrentamiento civil del que logren, esta vez, emerger como vencedores. Han pasado poco más de tres décadas de esa ley y parece que han transcurrido siglos, sólo que nuestro reloj no ha avanzado sino que retrocede estúpidamente hacia tiempos peores.

Leguina critica la campaña orquestada contra el PP
Maniqueos y sectarios
"¿Por qué no aceptamos la verdad de una puñetera vez?"
Fermín Bocos Periodista Digital 26 Abril 2010

Más que de lo dicho por el ministro José Blanco -que con la gorra del PSOE salió de mitin el fin de semana para defender al juez Garzón-, en el Madrid de la política se habla de un artículo de Joaquín Leguina en el El País -"Enterrar a los muertos"- en el que el ex presidente de Madrid critica a quienes reclaman la revisión de la Transición aduciendo que la Ley de Amnistía del 77, en realidad, fue una ley de amnesia. Amnesia impuesta por el miedo al ruido de sables. "Es falso -decía- y encierra una calumnia contra quienes alumbraron la Constitución. Gentes generosas, no cobardes".

Leguina señala que faltan al rigor quienes afirman que la derecha española es heredera y añorante del franquismo. Considera, con razón, que es un disparate decir que la mitad de los españoles (los votantes del PP) son franquistas. También rechaza la proclama según la cual "todos" los represaliados por el franquismo son héroes de la democracia y de la libertad y recuerda los crímenes cometidos en Madrid en la zona republicana por alguno de los pistoleros izquierdistas que operaron en la retaguardia al inicio de la guerra civil.

Viene a decir que para defender a Garzón no hace falta tirar al niño (la Transición) con el agua sucia de la bañera. Leguina ha contado que desde la dirección del partido le habían llamado para recordarle que el PSOE estaban con Garzón. "¿Y, en qué congreso se ha decidido ése apoyo?", habría preguntado el cántabro con la retranca que le caracteriza. Joaquín Leguina, es un lujo; un socialista que no es que vaya por libre, es que, a la manera de Kazanzakis, se sabe libre porque nada teme, ni nada espera.

La enésima crisis belga
Editorial ABC 26 Abril 2010

LA política belga ha hecho de las crisis institucionales casi una especialidad, y el país asiste resignado a la sucesión de situaciones de extrema gravedad que siempre se resuelven en el último minuto. Sin embargo, cada una de estas erupciones de la conflictividad intercomunitaria deja un rastro indeleble, y cada vez son más los ciudadanos que se preguntan si, llegados a este punto, todavía es posible pensar en mantener viva la ilusión de preservar una Bélgica unida. Desde hace más de 25 años, los belgas de las dos comunidades lingüísticas -flamencos y valones- han optado por vivir separados, ampliando sin cesar la autonomía de cada cual. Pero este federalismo de nuevo cuño ha sido construido por una clase política que ha convertido el hecho diferencial en un argumento electoral siempre al alza y ha abandonado la necesaria lealtad con el proyecto común, que es la única manera de que tenga sentido. Así, la forma en que han entendido la autonomía que se dieron las dos comunidades belgas para garantizar su convivencia -sobre todo los flamencos- está siendo el camino que les lleva a profundizar su separación.

No es fácil entender que el destino de todo un país, que se ha forjado un elevado prestigio internacional en menos de dos siglos de existencia, esté pendiente de un problema de dimensiones locales: la determinación de los partidos flamencos de imponer las circunstancias lingüísticas del territorio en ciertos barrios donde viven mayoritariamente ciudadanos belgas que hablan francés y la de los partidos francófonos de impedirlo a toda costa. El Rey Alberto II tiene razón cuando señala que no era el momento para hacer estallar una nueva crisis intercomunitaria, teniendo en cuenta que Bélgica debe asumir en cuestión de semanas la presidencia europea, y que la Unión, con el colapso de la economía griega y sus efectos de contagio sobre el euro, lo último que necesita es que la sede de sus instituciones se viera sacudida por un conflicto. La situación económica aconseja, en todo caso, que los dirigentes políticos belgas midan mejor sus maniobras y se preocupen de resolver los problemas de la vida diaria de los ciudadanos en vez de dedicarse a crearlos.

Letanía de los errores
IGNACIO CAMACHO ABC 26 Abril 2010

A A.P.H. y muchos más.
ESTABAS equivocado. Cuando corrías delante de los grises y te forraban a palos por pedir la amnistía, estabas equivocado. Cuando defendías en nombre del Partido la política de reconciliación que os predicaba Carrillo, estabas equivocado. Cuando te emocionabas ante aquel cuadro de los abrazos de Genovés te estabas traicionando a ti mismo por culpa de unos sentimientos ofuscados. Cuando participaste en aquel encierro por el que te quitaron la beca de estudios cometiste un lamentable error de enfoque. Cuando creíste que la libertad llegaría con el mutuo perdón estabas en la más profunda de las confusiones. Cuando te sentías orgulloso de aquella lucha de tus mejores años sólo engañabas a tu propia conciencia. Acéptalo: todo aquello por lo que entregaste la juventud no fue más que una bajada de pantalones.

Eso es lo que te dicen ahora ésos a los que nunca viste en las manifestaciones. Los que se quedaban en sus casas cuando volaban los botes de humo y las pelotas de goma. Los que cuando cargaban los caballos no sintieron jamás a sus espaldas el ruido siniestro de las herraduras en el asfalto. Los que no iban a ver en la cárcel a los compañeros presos para que no apuntaran sus nombres en el registro de visitas. Los que en los buenos colegios a los que tú no fuiste habían compartido pupitre y juegos con los vástagos de la dictadura. Los que acabaron sus carreras mientras muchos de los tuyos se dejaron las suyas por el camino. Ésos son los que ahora te llaman calzonazos, los que juzgan tu empeño de entonces como una medrosa claudicación, como un vergonzante sometimiento entreguista, como una concesión asustadiza y resignada.

Qué hermoso tiempo perdiste creyendo en una causa fallida. Podías haber escurrido el bulto, pasar inadvertido y haber llegado luego al poder como llegaron ellos, pisando con los zapatos limpios el sendero abierto por vuestras huellas. Podías haber disimulado tu militancia para fraguarte un porvenir confortable desde el que cuestionar todo aquel esfuerzo con la displicencia desenvuelta de un ideólogo de la posmodernidad. Pero te equivocaste y cargaste a tus espaldas con un compromiso irreparable. Y lo peor es que te sentiste bien, que incluso llegaste a creer que aquel sacrificio de generosidad y aquel acuerdo de esperanza habían valido la pena al fin y al cabo.

Ya lo ves, sin embargo: fue un fracaso, un triste autoengaño, una capitulación vergonzante que disteis por buena agarrotados de miedo. Lo que tomaste por un nuevo tiempo sin reproches no era más que una vulgar renuncia acongojada. Por suerte has vivido para ver este luminoso horizonte de rupturas que enmendará en tu nombre tus propios fallos. Cuánto te habría gustado, no obstante, ver a estos bizarros héroes retroactivos agitando sus banderas cuando las tuyas se quebraban sin que nadie llegase a echarte una mano.

Al futuro por el pasado
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS 26 Abril 2010

Los que se manifestaron el fin de semana en contra del Supremo nunca aceptarán la desmitificación de la II República; ni admitirán que la Revolución de Asturias fue el fracaso de un ensayo soviético; ni considerarán el asesinato de Calvo Sotelo como una declaración de guerra; ni los Estatutos como intentos rupturistas de la Nación; ni reconocerán jamás que Ortega, Marañón, García Morente, Azorín y Juan Ramón Jiménez... se exiliaron en 1936 por miedo a la barbarie republicana; ni dejarán de considerar crímenes contra la Humanidad los cometidos por los «nacionales» cuando, de serlo, habría que calificar del mismo modo a los cometidos por los republicanos; ni entenderán jamás por qué EE.UU. y Gran Bretaña respetaron el régimen de Franco como el aliado de la futura guerra fría..
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Pero viniendo ya a la transición, los manifestantes del fin de semana nunca llegaron a sentir pudor de que la dictadura hubiera terminado por la libre decisión de los últimos franquistas (Suárez, Martín Villa, Fraga,...) precedidos por los evolucionistas del Régimen (Ruiz Giménez, Areilza, Ridruejo, Laín....)

Por lo demás ¿por qué estos luchadores del sábado no reclamaron nunca las merecidas sepulturas para las víctimas de la represión franquista en los trece años de poder de González? ¿Por qué García Montero, Almudena Grandes, Ian Gibson y tantos otros no requirieron a los gobiernos socialistas en ese sentido? Como asesor del Ministerio de Cultura (no ya como periodista) mantuve relaciones muy estrechas, entre 1983 y 1987, con gentes del cine, del teatro y de la literatura pero nunca llegué a saber que alguno de ellos estuviera preocupado por este tipo de cuestiones... Quizá entendieron la victoria del PSOE como suficiente compensación «histórica». Como lo sería ahora la continuación de Zapatero en el poder. Gracias a casos como este de Garzón. En definitiva, una forma de controlar el futuro gracias al pasado.

Obama
Irán, bribón nuclear
GEES Libertad Digital 26 Abril 2010

Obama anda enzarzado con el cero nuclear, pero Irán se le sale del pentagrama. En la retracción del uso nuclear que la nueva doctrina americana supone, Irán y países similares son la excepción expresa. No sólo no quedan excluidos, sino que se les pasa aviso nominalmente. De momento sólo a Corea el Norte y al país de los persas. No cabe duda de que el cero es una de las grandes metas político-ideológicas de Obama. No ciertamente alcanzarlo. Su utopismo no llega a tanto. Pero sí pasar a la historia como el presidente americano que recorrió decisivos jalones en esa dirección. Pero además del distante objetivo final, todo el despliegue de doctrina y diplomacia nuclear que Obama está llevando a cabo en este mes y el próximo se propone, a corto plazo, aislar a Irán, estigmatizarlo, conseguir aliados, o al menos apoyos, en su contra.

Un año de carantoñas y acercamientos a los ayatolás no ha servido para nada, excepto para lo que sirve todo intento de negociación con Teherán, para regalarles más tiempo en su empresa de enriquecer uranio hasta el nivel y la cantidad suficiente como para poder transformarlo en unas cuantas bombas atómica. Así llevamos seis años. El tardío y tibio apoyo de la Casa Blanca a la protesta democrática contra el fraude electoral cometido por Ahmadinejad, no ha suscitado más que decepciones y desconfianza en el interior del país. Mientras tanto Washington ha tascado el freno a Jerusalén en los planes militares para resolver el problema por su cuenta. Toda una colección de enviados de la máxima categoría han estado destellando una deslumbrante luz roja. Por si las cosas no estuvieran claras, el presidente le dio un estentóreo revolcón a Netanyahu en plena Casa Blanca. La construcción de viviendas en el Jerusalén oriental no fue más que el pretexto. Hasta esta inusual maniobra puede verse como una jugada para alistar a los árabes, horrorizados con los progresos iraníes pero incapaces de dar la cara.

Washington pretende que la concreción de estas complicadas fintas sea una nueva serie de sanciones. El susto iraní no sólo aumenta entre los árabes sino también en Europa. El Reino Unido siempre ha estado en sintonía en el tema con Estados Unidos, pero Sarkozy se lo toma mucho más en serio que Chirac y él es ahora quien presiona al más que renuente americano. Alemania no cuenta en la votación del Consejo de Seguridad, pero junto con los cinco miembros permanentes forma parte del sexteto que mal que bien se ocupa del tema iraní. Con fuertes intereses económicos, no era ninguna devota de las sanciones, pero a medida que las orejas del lobo se hacen más visibles mejora su disposición a hacer sacrificios comerciales. Las puntillosas sensibilidades rusas han sido reiterado objeto de los desvelos de Obama. Un escudo antimisiles retirado de Europa Oriental. Un tratado de reducción de cabezas estratégicas, START, cortado a la medida de Moscú. Pero sigue sin estar claro que Putin se dé por enterado. Y existen pocas ilusiones respecto a los chinos, hambrientos del petróleo iraní y nada disgustados, como sus vecinos del N y el O, por ver a los americanos en un aprieto.

El resultado de todo ello puede ser el pistoletazo de una nueva carrera de armamentos nucleares en la zona, que Dios sabe cuántos contagios puede tener fuera de ella, pero que, desde luego, no nos acerca al soñado cero, sino que nos lleva derechos en la dirección contraria.

Otro resultado es la vuelta a la ambigüedad y la contradicción, por el valor que pueda tener como amenaza hacia los poco asustadizos islamistas que dominan Irán. Así Gates, secretario de Defensa, deja escapar que falta una estrategia frente a los persas. El almirante Mullen, jefe de jefes, dice que un ataque retrasaría mucho el programa nuclear iraní. Una subsecretaria de Defensa hace su contribución diciendo que USA descarta la opción militar "por el momento". La secretaria de Estado Hillay Clinton remata: "¿Puedo decirles exactamente lo que pasará? No. Trabajamos por conseguir un resultado mejor entre opciones realmente difíciles y no muy satisfactorias".

¿Está claro?
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos

Un 53,2 por ciento considera que existen presiones sobre el TC n La mayoría apuesta por un sistema más objetivo de elección de sus miembros, según una encuesta de NC Report
Más de la mitad de los españoles creen que el Constitucional está politizado
25 Abril 10 - Madrid - F. C. / M. C. La Razón 26 Abril 2010

Un 52,2 por ciento considera que el actual proceso de elección no garantiza su independencia.

MADRID- Las siglas TC han dejado de ser unas grandes desconocidas para muchos ciudadanos. En los últimos meses, el Tribunal Constitucional ha pasado a un primer plano por varios motivos, sobre todo por la cada vez más mediática y esperada sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. O por la renovación de este órgano judicial, que ha recibido todo tipo de calificativos, desde los mejores hasta los peores y desde todos los ámbitos. Y ahora, los ciudadanos han entrado a valorarlo y parece que lo tienen claro: más de la mitad de los españoles (un 55,1 por ciento) consideran que el TC está politizado y, por tanto, no les inspira demasiada confianza, tal y como se desprende de la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN.

Pero también hay un 28,5 por ciento de los ciudadanos (algo más de uno de cada cuatro) que niega cualquier tipo de presiones sobre los magistrados del Alto Tribunal y considera total su independencia.

Y mientras esa mitad de la población tiene claro que se encuentra politizado, otro 53,2 por ciento también cree que esa situación se debe a la existencia de presiones, tanto mediáticas como políticas. Son también mayoría frente a uno de cada tres ciudadanos (un 33,8 por ciento) que tiene dudas de que esa coacción exista dentro del Constitucional.

Una opinión ésta, la de la politización, que creen tiene mucho que ver con el hecho de que sus miembros sean elegidos por las Cortes. Es la idea que mantiene un 52,2 por ciento de los encuestados, que considera que no es la opción más idónea para garantizar la independencia del que se supone es el máximo garante de de la Constitución. Por el contrario, hay dos de cada cinco ciudadanos (39,9 por ciento) que no creen que influya en absoluto en las actuaciones o decisiones de sus miembros el método o la forma en la que se lleve a cabo elección.

Así que la mayoría de los españoles considera que la mejor forma para garantizar esa independencia de la que hace y debe hacer gala el TC es llevar a cabo un sistema de acceso más objetivo que impidiera a los partidos políticos formar parte de dicha selección. Así lo considera el 48,6 por ciento de los encuestados, frente a un 39,8 por ciento (dos de cada cinco) que no ve ni mucho menos necesario reformar el sistema de elección de miembros al Constitucional.

Pero, además, la encuesta desvela también que el grupo de edad más crítico con el trabajo y la elección de los miembros del Alto Tribunal son los ciudadanos de entre 45 y 64 años. Son mayoría a la hora de asegurar que está politizado (60,2 por ciento), que recibe presiones mediáticas o políticas (54,8 por ciento) o que su proceso de selección no garantiza la independencia (56,2). Y también, a la hora de considerar que es necesaria una nueva forma de selección de los magistrados, con un 51,5 por ciento.

Ni presiones ni imparcialidad
Y, por el contrario, son los más jóvenes, los españoles con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años, los que con mejores ojos ven la labor del TC y los que menos critican a sus jueces. Así, son un 31,5 por ciento entre los que piensan que no existe politización o un 44,8 por ciento de los que consideran que el sistema de eleción es el correcto para garantizar la independencia. Y, además, vuelven a ser mayoría (42,9 por ciento a la hora de rechazar que se implante otro método de elección de sus miembros.

Los jueces discrepan sobre su renovación
Las asociaciones de jueces siguen sin ponerse de acuerdo sobre si habría que proceder a la renovación del Tribunal Constitucional o si, por el contrario, no conviene hacerlo mientras no se pronuncie sobre el recurso del PP contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) se decantan por lo primero, mientras que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cree que es mejor esperar. Los respectivos portavoces de estas asociaciones se pronunciaron sobre este asunto tras las declaraciones realizadas por el presidente del PP, Mariano Rajoy, quien advirtió de que renovar ahora el Alto Tribunal, que todavía no ha logrado acordar una sentencia en relación al recurso, equivaldría a «liquidarlo» y a «cambiar las reglas del juego a mitad del partido», informa Servimedia.

Desde la APM, Antonio García señaló que, lejos de plantearse una renovación, «lo que tiene que hacer el Constitucional, lisa y llanamente, es cumplir con sus obligaciones, dictar la sentencia que tiene obligación de dictar y hacerlo a poder ser con la máxima de las urgencias».

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Crisis institucional
Xosé Luis Meilán La Voz 26 Abril 2010

El fracaso del Tribunal Constitucional en acordar una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña revela una crisis que afecta no solo al funcionamiento de esa institución, sino a los fundamentos del actual Estado autonómico.

Van por el quinto intento después de cuatro años. La tardanza es ya un dato negativo. Entre tanto, se han aprobado leyes en desarrollo del Estatuto que se presentan como un hecho consumado, presionan al tribunal y constriñen su independencia.

En la anómala situación actual ha tenido mucho que ver el imprudente compromiso electoral del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Tiene un interés palmario en que el texto, después de su pulido en la Moncloa y en el Congreso de los Diputados, sea aceptado en su totalidad o rechazado en la menor medida. Para ello era necesario contar con una mayoría favorable en el tribunal.

El espectáculo de la lucha por el «disputado voto» del magistrado ha sido lamentable, como el impúdico alineamiento que se hace de los magistrados en los bloques progresista y conservador.

Ha habido de todo. Cada cual ha utilizado los procedimientos a su alcance: recusaciones y modificación de la ley del tribunal para prolongar la permanencia de la presidenta con su voto de calidad. Los cálculos han fallado. Un magistrado falleció y otro nombrado por el Gobierno se ha resistido a ser correa de transmisión.

Ahora, después de tanto tiempo tolerando la prórroga que se presumía favorable para el pronunciamiento deseado del Tribunal Constitucional, se insta su renovación. Son sus actuales miembros quienes deben cargar con la responsabilidad de resolver y no traspasar el muerto a otros. Habría que empezar de nuevo. Más retraso. Tal como se produjo la votación, debería ser hacedero acordar una mayoría para dictar sentencia.

El problema de fondo va a subsistir. Ya se está agitando de cara a las elecciones en Cataluña. Es el enfrentamiento de la «soberanía» del pueblo catalán, manifestada en referendo, con el Tribunal Constitucional.

Para resolverla se ha avanzado la propuesta de que el tribunal no pueda intervenir en esos casos. Una quiebra del sistema constitucional. Lo razonable es, como propuso el Consejo de Estado al Gobierno, que los recursos ante el Tribunal Constitucional se interpusiesen antes de que se celebre el referendo.

La cuestión pendiente de las autonomías que abordamos en la Constitución fue la más difícil. Se consiguió por consenso un delicado equilibrio entre posiciones muy alejadas, con una historia detrás a la que no era extraña la pasión. Hubo pasos en uno o en otro sentido.

El diseño, que preveía reformas de los estatutos, iba funcionando. Un modelo complejo porque la realidad no es simple. Se precisaba tacto político, del que se ha prescindido en aras de una actitud mesiánica trufada de oportunismo.

La apertura de las puertas del dique constitucional sin tener en cuenta la deriva de las aguas remansadas ha sido una irresponsabilidad del actual líder del Partido Socialista y presidente del Gobierno español. Nos ha embarcado sin rumbo determinado en una crisis institucional. Una crisis más.

Nacionalismo, terrorismo, irracionalismo y acientificismo en el País Vasco
Raúl González Zorrilla Periodista Digital 26 Abril 2010

El Ejecutivo central acaba de prohibir a siete ayuntamientos vascos y navarros realizar algún tipo de consulta colectiva sobre la instalación en sus territorios de líneas de alta tensión. Según ha informado la Delegación del Gobierno en Euskadi, estas peticiones de consultas incumplen los requisitos establecidos en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local "al no tratarse de un asunto de carácter exclusivamente local ni una competencia municipal propia". La prohibición afecta a los ayuntamientos alaveses de Bernedo, Elburgo, Lagran y Peñacerrada y a los consistorios navarros de El Busto, Espronceda y Sansol.

Esta decisión oficial cierra, provisionalmente, uno de los frentes que el movimiento anti-progreso vasco viene abriendo desde hace ya demasiados años. No podemos olvidar que, durante los últimos tiempos, y en una oleada de radicalidad e irracionalismo como no se conoce en ningún otro lugar de Europa, organizaciones proetarras, asociaciones presuntamente ecologistas, colectivos antisistema y grupos incediarios, habitualmente cercanos al mundo nacionalista más radical o a esa progresía vana que se agrupa alrededor de la Izquierda Unida vasca, llevan a cabo en las calles de Euskadi numerosas y ruidosas campañas y movilizaciones contra: a) la construcción del tren vasco de alta velocidad; b) la ampliación del aereopuerto de San Sebastián; c) la puesta en marcha del nuevo puerto exterior de Pasajes; d) la instalación de equipos emisores de telefonía móvil; e) la construcción de una incineradora en Guipúzcoa; f) la apertura de nuevas grandes superficies comerciales; g) la puesta en marcha de segundos cinturones circulatorios en Bilbao y San Sebastián; h) la edificación de una nueva línea de conducción de gas entre Euskadi y el resto del país; i) la instalación de redes wifi en los centros de enseñanza vascos.

La obsesión antitecnológica de los criminales y de los independentistas vascos nace prácticamente con el surgimiento de la banda terrorista ETA. Tanto es así que cuarenta años de terrorismo etarra, y otros tantos que lleva el nacionalismo vasco otorgando legitimidad al discurso más reaccionario de los criminales, ha provocado que el País Vasco sea actualmente una de las regiones españolas donde más difícil resulta sacar adelante cualquier tipo de proyecto infraestructural y donde prácticamente todos los grandes planes de desarrollo de la industria, del comercio y de las comunicaciones que se han emprendido han estado rodeado de polémicas y de viles asesinatos.

En este sentido, a comienzos de los años ochenta, los criminales etarras ya cometieron diversos atentados mortales para intentar detener la construcción de la central nuclear de Lemóniz, entre ellos el del ingeniero responsable de la obra, José María Ryan, asesinado en 1981 tras varios días de secuestro.

A comienzos de los años noventa, la construcción de la autovía de Leizarán, que une actualmente San Sebastián con Pamplona, no solamente fue motivo de múltiples ataques de los terroristas, y del asesinato de dos obreros que participaban en los trabajos de cimentación, sino que, además, el trazado definitivo de la misma, denominado “San Lorenzo”, fue pactado, hablado y consultado por los nacionalistas vascos con ETA. De hecho, la autovía San Sebastián-Pamplona debe de ser la única carretera del mundo cuyo diseño ha sido tutelado, auditado y aprobado por una banda terrorista.

La construcción del Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en octubre de 1997, supuso numerosas críticas y una fuerte polémica desde ámbitos ideológicos de la izquierda presuntamente progresista y del nacionalismo vasco, que entendían que la pinacoteca neoyorquina iba a suponer, por su influencia y por su poder económico, un ataque frontal al mundo artístico vasco. La banda terrorista ETA asesinó al ertzaina José María Aguirre Larraona durante los actos inaugurales de la obra de Frank Gehry.

En diciembre de 2008, los etarras asesinaban a Ignacio Uría Mendizabal, propietario de la empresa constructora Altuna y Uría, una de las adjudicatarias de las obras del tren de alta velocidad vasco.

Como puede verse, para la banda terrorista ETA y el nacionalismo vasco más radical, siempre ha sido un tema muy querido el hecho de forjar, a base de crímenes, una Euskadi comparable con la irracional y mítica aldea gala de los reaccionarios Asterix y Obelix. Y esto ha provocado que en esta comunidad proliferen con especial rapidez las creencias irracionales, los sentimientos acientíficos, los pensamientos mágicos y las obsesiones maquinistas. No es extraño que esto ocurra en un territorio en el que, a lo largo de las últimas décadas, se han puesto del revés los más elementales principios éticos, en el que se han dinamitado los posicionamientos ideológicos más sensatos y en el que insistentemente se han alentado las emociones más obtusas y extremistas, pero sí sorprende cómo los argumentos más disparatados, las opiniones más deformadas y los dogmas más retrógrados disfrutan en la sociedad vasca de una expansión vírica que amenaza con poner contra las cuerdas los principios más elementales de la modernidad, el progreso y el bienestar colectivo.

No se trata solamente, por ejemplo, de que en Euskadi estén presentes, en estos momentos, más de setenta sectas consideradas destructivas, convirtiendo a esta comunidad en una de las más amenazadas por la invasión de este tipo de asociaciones intelectual y emocionalmente corrosivas. O de que esta región, sorprendentemente, permita que, en las prematriculaciones para la escuela pública, los padres puedan elegir la religión que desean para sus hijos, entre las opciones de católica, evangelista, islámica y judía, o la cienciología, por ejemplo, siempre que haya un mínimo de cien progenitores que soliciten su impartición. Lo más preocupante, sobre todo, es que frenar, retrasar, impedir y violentar el desarrollo infraestructural y tecnológico con atentados y amenazas y criterios pseudocientíficos, estrafalarios, apocalípticos y demenciales, que en muchas ocasiones ponen como excusa la búsqueda incesante de un territorio irreal, ecológicamente impoluto y ambientalmente límpido, se ha convertido en algo tan cotidiano que, a fuerza de repetirse hasta la extenuación, acaba de ser contemplado con absoluta normalidad. De hecho, una vasca anónima, participante en un programa radiofónico que se emitía el mismo día en el que los terroristas asesinaron al empresario Ignacio Uría, expresó el asunto con meridiana claridad: "Está muy mal que hayan matado a este hombre, pero hay que tener en cuenta que él también asesinaba montañas".

Y nadie dijo nada.

El referendo se está desarrollando en 211 municipios de Cataluña
Consultas soberanistas: a la tercera tampoco va la vencida
Montse Espanyol La Razón 26 Abril 2010

La participación en los referendos en Cataluña apenas llega al 20%. Pese a que era la mayor convocatoria, obtienen siete puntos menos que en la primera. El movimiento de consultas soberanistas que nació en Arenysde Munt (Barcelona) pierde fuelle.

Aunque la última oleada de consultas soberanistas puso en evidencia que el movimiento independentista pierde fuelle en Cataluña, la convocatoria de ayer tenía un especial interés: comprobar si el último episodio del culebrón sobre la sentencia del Estatut tenía algún efecto movilizador. Pero el voto del catalán «emprenyat» –enfadado–, que plantea su participación en el referéndum como un gesto en defensa del Estatut, no fue suficiente para revitalizar el músculo independentista.


Votó cerca del 20 por ciento de los ciudadanos que estaban convocados al referendo (260.000), siete puntos menos que el 13 de diciembre y más o menos como el 28 de febrero.

Una convocatoria ambiciosa
La de ayer era una jornada clave para los promotores de las consultas soberanistas tras el batacazo del 13 de diciembre, en que participó el 27 por ciento del censo, y del 28 de febrero, cuando votó el 21 por ciento del padrón. Era clave porque estaban llamados a participar más municipios que nunca, 211 localidades y 1,3 millones de ciudadanos, el 20 por ciento de la población de Cataluña. Además, por primera vez estaban convocadas dos capitales de provincia, Lérida y Gerona. Pero los resultados demostrarían a los promotores que «quien mucho abarca, poco aprieta». Una cosa es probar el experimento en una población como Arenys de Munt (Barcelona), donde nació la iniciativa, y la otra en 211 municipios, teniendo en cuenta que, según la última encuesta publicada por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, sólo un 19,4 por ciento de los ciudadanos está convencido de que Cataluña tendría que ser un estado independiente.

Pero como sucede en las noches electorales, tanto la Coordinadora Nacional como ERC y CiU, que esta vez volvió a implicarse en la promoción de los referendos, hicieron una lectura positiva de los resultados.

El más optimista fue el presidente de ERC, Joan Puigcercós. no tuvo reparos en jubilar al Tribunal Constitucional (TC) al afirmar que el TC supone el pasado, mientras que las consultas por la independencia son el presente y el futuro. Sus compañeros de partido con cargo institucional que participaron en el referéndum secundaron su afirmación. El presidente del Parlament, Ernest Benach, que ejerció «emocionado» su derecho a voto en Reus (Tarragona), destacó que participar «es una manera de expresar el descontento con la no sentencia del Tribunal Constitucional». Por su parte, el consejero de Gobernación, Jordi Ausàs, desveló que optó por el «sí» a la independencia para reclamar que «Cataluña vaya por libre» y no pierda el tiempo en debates en torno al TC. Mientras que el consejero de Innovación, Universidades y Turismo, Josep Huguet, que votó en Manresa (Barcelona), avisó que en la Constitución no hay lugar para el autogobierno catalán.

Pero la declaración que llamó más la atención fue el guiño que Puigcercós lanzó a CiU, teniendo en cuenta que las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina. Puigcercós admitió que las consultas soberanistas han conseguido «rehacer puentes de diálogo entre CiU y ERC». El presidente de los republicanos matizó que CiU y ERC «somos dos partidos que pensamos diferente en muchas cosas, pero cuando hay una causa, un objetivo, somos capaces de trabajar juntos».
 

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