AGLI

Recortes de Prensa    Miércoles 5  Mayo  2010

 

El problema es él
Editorial www.gaceta.es  5 Mayo 2010

La irresponsabilidad de Zapatero acabará hundiendo la economía española.

El dinero es cobarde y los temores de los inversores sobre el posible contagio de la crisis griega al resto de las economías europeas y, en concreto, a España y Portugal, hundían ayer las Bolsas y, en especial, el Ibex, que cerraba la sesión con una caída del 5,4%. El diferencial del bono a 10 años España-Alemania ascendía hasta los 121,9 puntos básicos desde los 102,8 del lunes, mientras que el coste del seguro contra un suspensión de pagos de la economía española se disparaba hasta los 212 puntos básicos desde los 163 del día anterior. Un mal presagio, que pone de manifiesto la falta de credibilidad de la economía española. Un síntoma muy grave y que tiene un claro culpable: José Luis Rodríguez Zapatero. La irresponsabilidad del presidente del Gobierno, su inoperancia a la hora de afrontar los problemas, su empecinamiento en negar la evidencia, su recurso al engaño y a la mentira han arrastrado a la economía nacional a una crisis de confianza que va a sumir a España en la pobreza. Ésa es la triste realidad, pero él, Zapatero, sigue en sus trece. Ayer en Bruselas, sin ir más lejos, calificaba de “absoluta locura” y “despropósito descomunal” el rumor que apunta a que España necesitará una ayuda de 280.000 millones de euros de la Unión Europea, similar a la que ha solicitado Grecia.

Y es que el pánico de los inversores se estaba viendo alimentado por las informaciones aparecidas en los principales diarios internacionales. Le Figaro recogía ayer un rumor según el cual España necesitaría 280.000 millones de euros que podría pedir al FMI. A esto hay que sumar que el diario francés Les Echos llevaba a portada la crisis española, tanto económica como también moral y que el New York Times afirmaba con rotundidad: “España puede seguir el mismo camino que Grecia”.

Estas informaciones aparecen en un momento en que la confianza en España se encuentra bajo mínimos y cuando arrecian los rumores sobre más recortes en nuestro rating por parte de las agencias de calificación. Un importante revés, en vísperas de la reunión con el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, en la que se va a abordar la crisis del sector financiero y el plan de ayuda a la economía helena, pero sobre todo una manifestación clara de la falta de credibilidad de Zapatero y su Gobierno para sacar adelante a una renqueante economía sumida en una recesión de difícil retorno. Los rotativos internacionales destacan que aparte de la falta de progreso en la vigilancia del crecimiento de la banca al Gobierno se le vienen encima otros problemas más grandes como el elevado déficit fiscal, en aumento por el elevado desempleo y la persistente recesión.

Hasta la fecha, las políticas de Zapatero se han basado en la esperanza de que la economía comenzara a recuperarse pronto y que la tasa de desempleo no superara el 19% este año. Pero ni lo uno ni lo otro. La semana pasada se confirmó que el paro había alcanzado ya al 20,05% de la población activa –el doble que en 2008 cuando el país entró en recesión– y los analistas apuntan a que, al contrario de las estimaciones del Gobierno, la destrucción de empleo no ha tocado techo todavía.

Si el Gobierno que preside Zapatero persiste, como parece, en su negativa a afrontar las reformas estructurales que necesita la economía española –reestructuración financiera, reforma laboral, revisión de las pensiones y drástico ajuste del gasto de todas las Administraciones– puede acabar mandando la economía española a segunda división siguiendo los pasos de Grecia. El presidente es el problema y, por el bien de España y rememorando a José María Aznar, habría que pedirle: ¡Váyase señor Zapatero!

Zapatero
Su moral y la nuestra
Agapito Maestre Libertad Digital  5 Mayo 2010

La imagen de Rodríguez Zapatero en Europa es para salir huyendo de este país. Es difícil hallar un político en la UE con tan poco sentido del ridículo. Su carencia de argumentación es patética. El problema no es, sin embargo, Rodríguez Zapatero, sino la falta casi absoluta de voces críticas en los ámbitos intelectuales que levanten acta de este desastre. España está hundida, pero la obsesión de los "nuevos ricos" es ocultar lo que saben todas las agencias solventes de evaluación económica y política de las naciones. Sé, cómo desconocerlo, de la existencia de voces críticas, pero, en verdad, son sólo relevantes desde el punto de vista de la moral individual, pues que apenas tienen efectos, desde el punto de vista político y económico, sobre el Gobierno, la oposición y, por supuesto, son incapaces de remover la conciencia colectiva de una sociedad que parece haberse acostumbrando al engaño y la mentira.

Reflejo de esa situación de quiebra moral era el grito que ayer entonaba una periodista en esRadio: "España no está en quiebra". Pobre. Está peor que en quiebra. No tiene una sola idea y carece de líderes. España sufre la mayor crisis moral de su historia. Estamos alcanzando tal grado de bajeza moral que cada vez cuesta más reconocer lo evidente: España no tiene credibilidad económica en Europa. Ni ofrece ninguna garantía política. Europa entera conoce que este país tiene su mayor cáncer en el llamado "Estado de las Autonomías"; mientras no se desmonte ese engendro, y sospecho que eso es algo que no entra en la agenda de Zapatero y Rajoy, será imposible salir de ese fiasco económico y moral.

El grito de esa periodista es una prueba más de que inteligencia ha abdicado de su tarea crítica. Educativa. Ha sucumbido al "espíritu de partido", a las guías de una miserable clase política, que niega lo evidente. Estamos en la ruina económica, pero nos afanamos por ocultar que la crisis económica nos hará perder como mínimo un 15% de nuestro poder adquisitivo. Tampoco hacen demasiado por educar a la población cientos de profesores, intelectuales, artistas, periodistas y gentes que prefieren dejarse llevar por el "espíritu de partido", o sea, por la clase política antes que mostrar las miserias reales. Si nos fijamos en los razonamientos infantiles y, sobre todo, inmorales de nuestra inteligencia, España es, seguramente, el país más indecente de toda Europa. No sólo tenemos la peor clase política de toda Europa, sino que la inteligencia ha desaparecido.

Nuestra inteligencia, especialmente la considerada de izquierdas, está lejos de sufrir una crisis de conciencia, o sea, sentir esa especie de vértigo ante las inmoralidades, o mejor, la moral de partido que ha impuesto Zapatero. En efecto, el presidente del Gobierno, desde el mismo día que llegó a La Moncloa, impuso la única "ley moral" aún vigente: "Moral es todo aquello que mantiene en el poder a Zapatero e inmoral es quien lo combate a los socialistas". He ahí el libro famoso de Trotsky, Su moral y la nuestra, puesto al servicio de la causa de Zapatero. La bancarrota es total. La esterilidad intelectual del Gobierno es tan grande como su incapacidad para crear un mínimo de confianza en los mercados. Pero, por otro lado, el Gobierno ha conseguido que la mayoría de los agentes intelectuales se abandonen a sus consignas infames y razonamientos infantiles.

La inmoralidad reinante induce a "pensar" que los enemigos de España son todos externos. Otra vez el nacionalismo de cartón piedra viene en auxilio la casta política... ¿Qué cabe hacer sin Gobierno y sin oposición, sin sindicatos y sin intelectuales críticos, sin sociedad civil y sin referentes de sentido histórico? Lo de siempre: culpar a los otros, a los del exterior, de nuestras propias culpas vuelve a ser la "solución".

EL Proyecto de Democracia en la fase de pánico.
Vicente A. C. M. Periodista Digital  5 Mayo 2010

Estamos en un ambiente de navajeros, tanto en la política como en la economía. Hay una lucha despiadada por el control, el poder y la destrucción de los adversarios. Una situación de caos en la que la falta de Gobierno, el desconcierto y el pánico se ha apoderado de una sociedad que ve su futuro en peligro y donde los tiburones hacen presa con facilidad para darse un festín. Y la palabra pánico es la única protagonista, en la que se considera la más crítica de las fases de cualquier proyecto.

Y la verdad es que España ha ido con el tiempo pasando de un modo casi milimétrico por las diferentes etapas del proyecto democrático nacido tras la imperfecta "Transición" desde la Constitución de 1978.

Fase 1- Entusiasmo. Evidentemente lo hubo en un principio. Una Ley de Amnistía general, una Constitución con aparentes sólidas bases y unos partidos políticos dispuestos a lidiar en el ruedo de la discrepancia ideológica.

Fase 2- Desilusión. Nada parecía ir bien. Existían resquicios del pasado y hubo un intento de involución a no se sabe muy bien dónde, con un "golpe" de opereta y cuyos inductores y fines aún están por aclararse. El rebote democrático ha acabado siendo un esperpento en el que los partidos políticos se han impuesto en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos. La independencia de poderes es inexistente y se ha producido una casta política profesionalizada, corrupta y que se auto protege mediante el otorgamiento de prebendas y privilegios sobre el resto de los ciudadanos.

Una etapa larga en la que los partidos nacionalistas han ido copando las Autonomías llamadas históricas (como si el resto no formasen parte d la historia común de España) y se han dedicado a pervertir el orden constitucional e imponer su doctrina y su objetivos secesionistas. Una etapa demasiado larga en ola que la corrupción ha sido la norma de conducta consentida desde el poder, con graves casos de prevaricación, de abuso de poder como la expropiación de RUMASA, financiaciones ilegales de los partidos como el caso FILESA, burbujas inmobiliarias en todo el territorio nacional con recalificaciones ilegales y comisiones en "negro", y un largo etcétera de actividades ilícitas e inmorales que han llevado a la desilusión de los ciudadanos y su desconfianza en los gestores.

A este maremágnum, solo faltaba añadir la irresponsable actuación del sistema financiero y el nulo control del Banco de España y los diferentes Gobiernos, que permitieron crear la ilusión de un crecimiento que asombraba a todos pero que tenía los pies de barro.

Fase 3 - Pánico. Y como no podía ser de otra forma, la realidad ha terminado por alcanzar a una sociedad a la que le pilló con el paso cambiado. De repente, todo se vino abajo y la ceguera sectaria de un Gobierno incompetente ha agravado y complicado la situación hasta hacerla casi irresoluble. Estamos de lleno en la fase más crítica de la que solo se puede salir con la imposición de medidas drásticas, la mayoría impopulares, pero necesarias e ineludibles.

La pregunta es si los actuales responsables de haber llegado a esta situación deben seguir tomando decisiones. La respuesta es claramente que no. El Gobierno del Sr. Zapatero nunca ha tenido la intención de afrontar la situación, porque nunca la ha reconocido hasta que ha sido obligado a ello por agentes externos. Y es ahora cuando el pánico ha hecho presa en su ánimo y busca desesperadamente la complicidad de otros para repartir su responsabilidad.

Aún quedan fases para que el Proyecto de la Democracia pueda acabarse con éxito, pero para ello deberemos pasar por cada una de ellas de un modo inexorable. Habrá seguro un castigo para los inocentes, los ciudadanos que deberán pagar con sus impuestos los errores de estos pésimos gestores. Pero la esperanza es que se llegue al castigo de los verdaderos culpables y paguen.

Bélgica y España
LEOPOLDO CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, Profesor del Instituto de Empresa ABC  5 Mayo 2010

El pasado 22 de abril, el primer ministro belga Yves Leterme presentó su dimisión al Rey Alberto II. Era la quinta vez que dimitía en tres años (dos como encargado de formar gobierno y tres como primer ministro). Aunque el Rey ha querido mantener la dimisión «en suspenso», parecen inevitables unas elecciones anticipadas, que se prevén para junio. No es este lugar para analizar los detalles de esta última crisis, que ha venido sobre todo provocada por el desacuerdo de las fuerzas políticas sobre el régimen político y lingüístico que ha de corresponder a determinados municipios de la periferia de Bruselas. Pero sí importa subrayar la gravedad de los problemas constitucionales a que se enfrenta Bélgica, y que afectan a su organización territorial. Cabe recordar, en este sentido, que en un informe que el Rey Alberto encargó a tres «mediadores» en el verano de 2008 se hablaba de crear una «estructura de diálogo» entre flamencos y valones que habría de desembocar en una reforma del Estado basada en la atribución de mayores competencias a las entidades federadas.

Por segunda vez en la historia, los caminos de Bélgica y de España se cruzan. La primera vez fue, por supuesto, cuando Flandes se convirtió en el principal escaparate ideológico y militar de una Contrarreforma impulsada por España. En la actualidad, los dos países se debaten con las dificultades que trae consigo la profunda transformación constitucional que lleva desde el Estado unitario al Estado políticamente descentralizado. Los belgas llaman a su Estado «federal», y nosotros al nuestro «autonómico», pero esa diferencia terminológica no debe ocultar las afinidades que existen entre los dos sistemas. En el amplio panorama del federalismo, el caso belga resulta particularmente próximo al español, y ello por razones históricas y políticas más que propiamente constitucionales. Por un lado, y a diferencia de los federalismos clásicos (como el norteamericano y el suizo), el federalismo belga no ha surgido de una previa confederación de estados independientes, sino de la descentralización de un estado unitario. Por otro, en Bélgica los polos magnéticos de los nacionalismos ejercen una continua interferencia que dificulta que el rumbo político pueda orientarse hacia el norte constitucional.

No terminan ahí las similitudes con España. Así, hay en Bélgica dificultades de ajuste entre la nueva naturaleza federal del Estado y la vieja cultura política unitaria, a veces denominada (con ironía o con afecto, según los casos) la Belgique de papa. Y, al igual que ocurre entre nosotros, la transferencia de competencias a las entidades federadas (comunidades culturales y regiones) es un proceso abierto, que comenzó en 1970 con el primer ministro Gaston Eyskens y se aceleró a partir de 1980 bajo los gobiernos de Wilfried Martens. Las sucesivas atribuciones de competencias no han conseguido saciar las ambiciones de los nacionalistas, y, como antes se apuntaba, la actual crisis viene provocada por el problema no resuelto de la estructura del Estado. Por otra parte, las cuestiones lingüísticas se han introducido hasta los últimos intersticios de todas las instituciones belgas, dando lugar a innumerables conflictos. Quizá el más famoso de todos fue el primero: en 1968, la Universidad de Lovaina, la más antigua de Bélgica, tuvo que trasladarse fuera de territorio flamenco para poder seguir impartiendo enseñanza en francés bajo el nombre de Lovaina la Nueva. Como dijo su entonces rector, aquello fue un «pecado contra el espíritu». Y en lo que hace a las finanzas públicas, la rica región de Flandes se resiste cada vez más a extender su solidaridad a la menos próspera Valonia.

De ahí que mucho de lo que sucede en Bélgica pueda servirnos de aviso, o de modelo, según los casos. Es verdad que hay importantes diferencias entre los dos países y que la mayoría de ellas son favorables a España. En Bélgica, las tensiones territoriales y culturales son básicamente bipolares, entre flamencos y francófonos, y esa simétrica invariabilidad en el origen de los problemas contribuye al pesimismo sobre su solubilidad. Entre nosotros, lo variado de los conflictos territoriales impide la concentración obsesiva de la atención sobre uno de ellos. En Bélgica, cada uno de los tres grandes partidos de ámbito nacional (socialista, social-cristiano y liberal) se partió en dos durante la década de los setenta del pasado siglo; y la fragmentación del paisaje político belga no ha dejado de aumentar desde entonces. En cambio, nuestros grandes partidos nacionales no parecen llevar ese camino, aunque sufran periódicamente embates de procedencia periférica.

¿Adónde puede conducir la actual crisis constitucional belga? No es fácil predecirlo, por supuesto. En los medios de comunicación belgas y, sobre todo, en los blogs, hay un debate desencadenado sobre el futuro del país y se discuten abiertamente todas las posibilidades, incluyendo la desaparición de Bélgica como estado. Hace algo más de dos años, un sorprendentemente ligero editorial de The Economist consideraba el fin del Estado belga como algo deseable y hasta bromeaba con el asunto, recomendando a los belgas que no estuvieran tristes, porque los países «van y vienen».

¿Hay verdaderas razones de alarma? Lo primero que debe considerarse es que las profecías sobre la inevitable escisión de Bélgica comenzaron hace mucho tiempo. La más conocida la hizo el escritor y ministro Jules Destrée, quien escribió en 1912 al Rey Alberto I para contarle una «gran y horripilante verdad»: «Señor, no hay belgas, sino valones y flamencos». En 1980 publicó el novelista René Swennen un agudo y melancólico libro bajo el título de «Belgique requiem». Es lo cierto que, a pesar de estas y muchas otras advertencias, Bélgica se resiste a desaparecer y las encuestas nunca reflejan mayorías a favor de la escisión. Sin embargo, es también verdad que cualquier observador de los asuntos belgas detecta hoy en políticos, periodistas y ciudadanos de las dos mitades de Bélgica un gran cansancio y exasperación con los problemas del país. Y la transferencia de aún mayores competencias a las entidades federadas de que habla el informe de los mediadores podría suponer una irreversible depauperación del poder federal.

Se ha abierto un proceso que puede ser decisivo en la historia de Bélgica. Los españoles somos sin duda interesados directos en su desenlace. Y los españoles que al compromiso con nuestra Constitución de 1978 unimos un viejo afecto a Bélgica tenemos una obligación especial de conocer y respaldar los esfuerzos que de forma tenaz e inteligente se hacen desde varios estamentos belgas por asegurar la supervivencia del país. Cuando el ambiente de una comunidad política se enrarece hasta hacerse asfixiante, sus miembros acaban perdiendo la noción del valor que su comunidad tiene. En esos casos, pueden ser útiles manifestaciones venidas desde el exterior en las que se subraye el valor que esa comunidad representa, no sólo para sus ciudadanos, sino también para los extranjeros, sobre todo cuando son socios y amigos. Bélgica necesita hoy el apoyo de todos los europeos que la aprecian. Si sabemos otorgárselo, comprobaremos la fecundidad de aquel mandamiento nuevo que a todos los europeos nos dio el gran poeta belga Émile Verhaeren: «Admiraos los unos a los otros».

Crisis económica y crisis institucional
JAVIER TAJADURA TEJADA El Correo  5 Mayo 2010

PROFESOR TITULAR DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UPV-EHU

El primer ministro socialista y el líder de la oposición (conservador) aparcaron sus diferencias para lanzar un mensaje de unidad ante la crisis financiera que amenaza con colocar al país al borde de la quiebra. Se reunieron ayer con carácter de urgencia en la sede del Poder Legislativo y anunciaron su compromiso de trabajar conjuntamente para responder a lo que es un ataque sin fundamento al euro y a la deuda soberana del Estado».

Lamentablemente, estas líneas no figuraban en las portadas de la prensa española. Pero no es una noticia ficticia. Se refiere a nuestro vecino Portugal y era la noticia estrella del miércoles 28 de abril. Con ella se transmitió a los mercados de capitales en general, y a los especuladores en particular, un mensaje claro. El país está unido para hacer frente a la crisis económica nacional y al contagio derivado de la crisis fiscal griega.

En España, por el contrario, y ante la amenaza creciente de que, tras Grecia y Portugal, los especuladores financieros vayan a colocar en su punto de mira a nuestro país, no sólo no hubo una respuesta unitaria, sino que, desgraciadamente, nuestra clase dirigente dio una lamentable imagen de desunión y falta de reacción.

Muchos son los que afirman que la crisis económica actual es la más grave de las vividas en las últimas siete décadas. Con ser esto preocupante, aún lo es más el hecho de que, a diferencia de crisis anteriores, en nuestro país coincide con una crisis política e institucional sin precedentes. Algunas minorías con gran apoyo mediático están poniendo en cuestión los fundamentos de la Transición política, alentando un revisionismo histórico según el cual aquélla, lejos de ser nuestro mayor éxito político en doscientos años, sería un proceso del cual avergonzarnos por sus deficiencias e injusticias. Ello coincide con el procesamiento de un conocido juez-estrella por el Tribunal Supremo, que ha provocado una oleada de pronunciamientos que, en muchas ocasiones, han desbordado los límites de la crítica por su carácter injurioso y, en todo caso, han deteriorado la imagen institucional de nuestro supremo órgano de Justicia. Por otro lado, y como corolario del lamentable recorrido del Estatuto catalán, la legitimidad del Tribunal Constitucional, clave de bóveda de la democracia constitucional, ha sido también puesta en cuestión, hasta el punto de que el lunes 16 de abril, ante la campaña de presiones y descalificaciones sufrida por los magistrados, su presidenta tuvo que reclamar públicamente, por primera vez en sus treinta años de existencia, respeto y tranquilidad para poder cumplir sus funciones. A todo ello se une el hecho de que el primer partido de la oposición, única alternativa de gobierno creíble, está sumido en unos escándalos de corrupción que afectan tanto a sus órganos centrales como a los de aquellas comunidades donde gobierna o ha gobernado. Y que su única respuesta -que muestra una total carencia de sentido de Estado- consiste en cuestionar la labor de las Fuerzas de Seguridad.

En nuestro entorno geográfico-político, un panorama tan desolador sólo encuentra parangón en Bélgica, cuya existencia misma como Estado se encuentra gravemente amenazada.

En este confuso y peligroso contexto, nadie podrá negar que vivimos una situación de bloqueo político sin precedentes. El Gobierno confía -con suicida ingenuidad- en que el temporal amaine para la cita electoral de 2012. El Partido Popular, por el contrario -con notoria irresponsabilidad- apuesta por un empeoramiento de la situación que le permitiría recuperar el poder como fruta madura en el supuesto de que los electores no le pasaran factura por sus escándalos de corrupción. Ocurre, sin embargo, que dadas las circunstancias del escenario político y económico actual, es preciso adoptar ya medidas urgentes. De lo contrario, en 2012 el barco puede estar hundido.

España puede y debe salir del marasmo en el que se encuentra. Puede hacer frente a los ataques infundados de los especuladores presentando un plan viable y creíble de ajuste económico que aborde la reestructuración del sistema financiero, la regulación del mercado laboral y la reforma y control del gasto de las administraciones públicas. Su nivel de deuda pública es aún muy inferior a la media europea. Ahora bien, ello exige, inexorablemente, un gran pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas. Sin él, ningún plan gozará de credibilidad por la razón evidente de que el plan comprometerá a todas las comunidades autónomas durante varias legislaturas. Y dicho compromiso, para ser creíble, debe ser asumido tanto por el PSOE como por el PP.

Esto y no otra cosa es lo prioritario. En todo lo demás sólo cabe dejar trabajar en paz a todos los tribunales, desde el inferior hasta el Constitucional, pasando por el Supremo. Y mirar más al futuro y menos hacia atrás.

En este sentido, algunas voces muy cualificadas como los profesores Andrés de Blas en 'El País' o José Félix Tezanos en 'Sistema' han reclamado -sin éxito- ese pacto político cuya traducción debiera consistir en la formación de un Gobierno de concentración nacional, que, inspirado en el modelo de la Gran Coalición (SPD-CDU) alemana, sea capaz de adoptar las decisiones políticas y económicas precisas para evitar el hundimiento del Estado. La experiencia del País Vasco demuestra que con voluntad política un pacto tal es posible.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acepta colocar en las instituciones placas insultantes contra el ordenamiento constitucional español
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco permite colocar placas contra el ordenamiento institucional español
Raúl González Zorrilla Periodista Digital  5 Mayo 2010

Los tribunales aceptan colocar en las instituciones placas insultantes contra la Constitución y la bandera españolas

EIG. Sixto Guzmán Ríos. El nacionalismo vasco más radical sigue obteniendo beneficios de las instituciones a las que no se cansa de vejar e insultar. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) considera que la Diputación de Guipúzcoa ha cumplido la sentencia que le obliga a hacer ondear la bandera española en su sede, a pesar de que en la entrada al edificio foral colocó una placa en la que se lee que se trata de un "símbolo impuesto". El TSJPV ha desestimado el incidente de ejecución de sentencia planteado por la Abogacía del Estado por la declaración institucional de la Diputación de Guipúzcoa contra la obligación de colocar la bandera española en su sede.

La Abogacía del Estado planteó este incidente al entender que la declaración de la institución foral y la placa colocada "impiden el total y efectivo cumplimiento" de la sentencia que le obliga a hacer ondear la enseña. El abogado del Estado consideró que la Diputación había llevado a cabo un "indebido cumplimiento de la sentencia del 30 de septiembre de 2005", por la que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco obligó a esta institución a colocar la bandera española en su sede, a instancias de la Delegación del Gobierno del País Vasco.

No obstante, el TSJPV habría desestimado la petición del abogado del Estado al entender que "la ejecutoria se ha llevado a cabo pues la bandera ondea" y que la colocación de una placa con una leyenda es "ajena al pleito". "Esta placa y su contenido no obstaculizan ni impiden que la bandera esté en su debido sitio", argumenta el tribunal, que señala que el cuestionamiento del contenido de la citada placa, colocada por el diputado general, Markel Olano, el 27 de febrero, "deberá promoverse a través del proceso que corresponda, según la gravedad que para el actor merezca el texto".

Una vez conocido el fallo, el portavoz de la Diputación, Eneko Goia, ha animado a los ayuntamientos "donde por sentencia se les obligue a izar la bandera española" a que coloquen "en un lugar destacado" una placa "bien visible" que refleje "el sentir mayoritario de nuestra sociedad en contra de la imposición de símbolos".

Encargan un informe para disolver el Constitucional
MARÍA JESÚS CAÑIZARES | BARCELONA ABC  5 Mayo 2010

El Parlamento catalán ha encargado a sus servicios jurídicos un informe sobre los mecanismos necesarios para lograr que el Tribunal Constitucional (TC) se declare incompetente para pronunciarse sobre el Estatuto. De esta forma, la mesa de la Cámara autonómica da cumplimiento a uno de los puntos de la resolución, aprobada la semana con los votos del tripartito y de CiU, en la que también se reclama la reforma del TC, una iniciativa que, ya lo dijo el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, no compete a un Parlamento autonómico.

Las advertencias del líder del PSOE respecto a la ofensiva catalana tuvieron un aparente punto de inflexión el lunes, cuando Zapatero no descartó emprender esos cambios en el TC, aunque no de la forma que plantea el presidente catalán José Montilla. No obstante, desde el Gobierno catalán se recela de esa supuesta predisposición del mandatario español pues, según recordó el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, es necesario pasar de las palabras a los hechos. Por su parte, el líder de ERC, Joan Puigcercós, propuso crear una «legalidad catalana» si el TC recorta el Estatuto.

En este clima de pulso nacionalista, el presidente del Barça, Joan Laporta, reivindicó una «Constitución catalana» porque, a su juicio, el Estatuto es «una estructura que se ha presentado como obsoleta, no por el TC, sino por el encaje que se busca entre el Estatuto, Cataluña y España».

******************* Sección "bilingüe" ***********************
 

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