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Recortes de Prensa    Jueves 6 Mayo  2010

 

Cómo el socialismo destruye Europa
GUY SORMAN. ABC  6 Mayo 2010

Hoy en día, no es la crisis griega lo que convendría explicar, sino el camino que condujo hasta ella. No se trata de reabsorber la deuda griega o española: se trata de poner un plazo o no a la estrategia del declive europeo

La tragedia del euro sobrepasa con mucho el único caso de Grecia y esta tragedia sólo es financiera en apariencia. El mal es más profundo: alcanza a todos los países miembros o acabará por alcanzarlos a todos. No bastará con poner un poco de orden en las cuentas públicas, salvar a Grecia de la quiebra y tranquilizar a los acreedores de España y Portugal. Estos remiendos financieros no evitarán el contagio general de todos los países miembros de la Unión ya que a todos les aqueja el mismo mal. Algunos querrían quitar importancia a este mal. En el FMI, en el Banco Central Europeo, en los ministerios nos dicen: es financiero, es técnico, sabemos actuar, ya pasará, basta con algunos créditos, con persuadir a los alemanes, con reducir un poco el gasto público. ¿Y todo volverá a empezar como si no hubiese habido crisis en absoluto? ¡Qué ilusión, qué ceguera y sobre todo que negación de la realidad! ¿La realidad? Los fundamentos de la Unión Europea son incompatibles con la manera en que se gestionan los Estados europeos. Es decir, la Unión Europea es de origen liberal, concebida como tal en filosofía política y en economía y sólo es posible gestionarla de manera liberal, mientras que todos los gobiernos nacionales, aunque fueran de derechas, crearon, de hecho, unos gigantescos Estados del Bienestar de inspiración socialista.

Expliquémonos: en los comienzos de Europa, un empresario (no un diplomático, sino un comerciante de coñac familiar de Estados Unidos), Jean Monnet, tras la Segunda Guerra Mundial, reparó en que los gobiernos europeos nunca habían logrado, y no lograrían nunca, hacer de Europa una zona de paz y de prosperidad. Sustituyó el motor diplomático por el motor económico; consideraba que el libre cambio y el espíritu emprendedor deberían generar unas «solidaridades concretas» que eliminarían la guerra y la miseria. Esta institución liberal de Jean Monnet fue ratificada el 9 de mayo de 1950 por los principales artífices de la primera Comunidad Económica Europea, tres demócratacristianos: Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi y Robert Schuman. Estos hombres compartían una misma concepción moral de la política y un mismo análisis económico, y se mostraban recelosos con el estadismo que entonces se identificaba, con razón, con los totalitarismos guerreros. La Comisión de Bruselas, y más tarde el Banco Central Europeo, no han dejado de ser fieles a ese espíritu liberal original. El libre cambio, gracias al apoyo constante de la Comisión de Bruselas, atizó el espíritu de empresa frente a los proteccionismos y los monopolios nacionales. Y se creó el euro para obligar a los Estados a equilibrar su presupuesto, siguiendo la línea de la teoría monetaria liberal.

Desgraciadamente, los gobiernos nacionales creyeron que sería posible acumular los beneficios de la Europa liberal, a la vez que se superponían las delicias electorales del socialismo. Aquí se llama «socialismo» al crecimiento infinito del Estado del Bienestar, a la acumulación de seguros sociales y de empleos protegidos por el Estado.

Ese socialismo de hecho, sedimentación de promesas electorales y de derechos adquiridos, se desarrolló en Europa infinitamente más rápido que la economía y que el número de habitantes. Por tanto, este socialismo de hecho sólo podía financiarse a crédito, se creía que sin riesgos, ya que el euro parecía «fuerte». Este euro fuerte enloqueció a sus poseedores: de repente todo parecía asequible con el crédito. Ello tuvo como consecuencia un endeudamiento notablemente homogéneo, en todos los países europeos, del orden del 100% de la riqueza nacional: entre el 91% en Alemania y el 133% en Grecia, una diferencia bastante modesta entre los dos extremos, reflejo de una misma trayectoria socio-estatal. Hoy en día, la diferencia entre Alemania, Grecia, España o Francia, depende menos del endeudamiento y de la manera de gestionar los Estados -más bien similares- que de la capacidad de reembolso variable dependiendo de los deudores. Todos los Estados europeos han sido gestionados «a la socialista», en contradicción con los principios liberales de la Unión Europea: algunos serán capaces de hacer frente a los vencimientos mejor que otros, pero todos han seguido juntos la misma trayectoria.

¿Explicarán esta trayectoria fatal? Las ideologías son su verdadera causa. El socialismo domina los espíritus en Europa, mientras que el mundo universitario, mediático e intelectual acosa al liberalismo. Apoyar al mercado frente al Estado y preconizar el Estado modesto se considera en Europa una perversión «estadounidense». Y la ideología socialista está lo suficientemente arraigada como para que a un político le sea casi imposible resultar elegido sin prometer aún más solidaridad pública y aún menos riesgo público. Estos Estados del Bienestar, debido a su coste financiero y a la falta de responsabilización ética que legitiman, han asfixiado el crecimiento económico en Europa: somos el continente del declive, pero del declive solidario.

Y ahora nos presentan la factura griega: no será la primera de esa clase. ¿Qué hacemos con ella? Sería lícito que no la pagáramos: en el fondo, ¿por qué un modesto contribuyente francés o alemán debería pagar los impuestos que evadió un griego rico, todo ello para financiar a los sindicatos o a los militares griegos? Pero las finanzas europeas son tan enrevesadas que el euro que debe Grecia se lo debe en realidad a un banco alemán o francés. Por consiguiente, que los no griegos corran o no a socorrer a Grecia no cambiará nada: nuestra quiebra será colectiva. Nos creíamos ciudadanos de un país, pero somos deudores para todos. Si los europeos no pagan la factura griega, las facturas de Portugal, España e Italia llegarán rápidamente a continuación ya que la bancarrota de Grecia repercutiría sobre el valor de todos nuestros euros.

¿Cómo se sale de una tragedia? Ganando tiempo, negándola, suicidándose o diciendo la verdad. En este momento de la historia que vivimos, no es posible prever cuál de estos supuestos prevalecerá. En los comienzos de Europa, Jean Monnet dijo la verdad y los hombres de Estado se la explicaron a los pueblos: éstos la entendieron. Hoy en día, no es la crisis griega lo que convendría explicar, sino el camino que condujo hasta ella. No se trata de reabsorber la deuda griega o española: se trata de poner un plazo o no a la estrategia del declive europeo. A fin de cuentas, deberíamos darles las gracias a los griegos quienes por imprudencia, eso sí, han interrumpido la siesta europea.

Crisis
Inyección letal
GEES Libertad Digital  6 Mayo 2010

¿Así que esto es a lo que se parece un rescate?

La debacle de las bolsas y, lo que es más grave, el aumento de los intereses reclamados para colocar deuda española, podían haberse evitado con una reestructuración de la deuda griega, y con la voluntaria asunción de reformas de reducción del gasto público e incentivación de la economía de mercado. Se ha preferido intentar engañar a los inversores, acusar a los que prestan el dinero con el que funcionamos de todo tipo de barbaridades, y se ha considerado más oportuno un plan de ayuda. Este es el resultado: el euro en mínimos, las necesidades de financiación más elevadas que nunca, y manifestaciones con hoces y martillos en la Atenas antaño de Pericles y Aristóteles, acompañadas de tres empleados de banca asesinados.

Esto procede, más que de la economía, de la destrucción de la previsibilidad que da la seguridad jurídica, fundamento hoy volatilizado de Occidente.

El Tratado de Maastricht creaba la posibilidad de una moneda única en la que entrarían los países virtuosos. Se imponían criterios económicos frente a la tesis francesa que deseaba un euro político. Estos parámetros, una vez fundado el euro, siguieron integrados, para próximos integrantes de la moneda, y bajo la forma del llamado Pacto de estabilidad y crecimiento. Se limitaron a exigencias presupuestarias.

La escasez de incentivos, por el limitado progreso de la liberalización, de las economías europeas las hacía crecer poco; el estancamiento de sus caros estados de bienestar, creaba dificultades. Para evitar incumplimientos se relajó la interpretación del pacto, pero no por la vía jurídicamente admisible de cambiar los tratados.

Llegó entonces el proceso constitucional salido de la declaración de Laeken. Redactada la Constitución y sometida a votación popular cosechó rechazos en Francia y Holanda, dos de los fundadores. Cualquiera en su sano juicio hubiera renunciado.

No fue así, y tras dejar enfriarse los ánimos, se produjo el tratado de Lisboa, versión adelgazada y meramente procedimental del texto constitucional. A pesar de las limitaciones se votó no en el referéndum irlandés. Se volvió a convocar otro al año siguiente, demostrando el afán democrático de los actuales dirigentes. Entonces, en pleno inicio de la crisis económica, y haciendo efecto las presiones, se logró el sí. Sólo quedaba apremiar a Chequia calificada de derechista y recalcitrante para hacer entrar en vigor el tratado. Lo hizo en enero de 2010, y la presidencia española iba a garantizar su puesta en funcionamiento, nueve años después de la declaración de Laeken.

La crisis de 2008 se resolvió impidiendo que los bancos quebraran porque ofrecían un riesgo llamado "sistémico" por la ausencia de diccionarios en las mesas de periodistas y economistas. Lo asumieron los Estados que, además inyectaron dinero público en la economía a través del BCE y de planes de estímulo –gasto– que incrementaron la deuda pública. Los riesgos privados, contenibles, se transformaron en riesgos públicos, incontenibles.

En esta larga cadena de violaciones, la última es la del tratado de funcionamiento de la UE. Prohíbe un plan de rescate que ya poca gente piensa que pueda ser aplicable o servir de algo.

Lo que sucede no es azaroso; es el resultado del incumplimiento sistemático del derecho, del repudio de la voluntad popular, y del uso abrumador de la demagogia.
Talleyrand decía que las leyes pueden violarse, porque no chillan. Se equivocaba. El grito sordo de tanta vulneración perversa de las normas que constituyeron Occidente reclama una justicia que será cualquier cosa menos misericordiosa.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

La gloria del antifascismo moderno
HERMANN TERTSCH. ABC  6 Mayo 2010

TRES ciudadanos griegos murieron ayer asesinados en Atenas por las llamadas fuerzas progresistas -o antifascistas, como dice aquí la tropa entusiasta de la izquierda y sus medios de difusión, que son casi todos. Murieron asfixiados, sin poder salir de un banco al que habían prendido fuego esas maravillosas fuerzas del progreso que están demoliendo aquella ciudad en aras del movimiento antiglobalización. Y en protesta contra las medidas que el Gobierno de un Estado en quiebra ha de implantar para que otros países, con el dinero de sus ciudadanos, que tampoco están ni contentos ni sobrados, se atrevan a ayudarle. De momento, tres muertos. Veremos lo que pasa en la cuarta huelga general de un país que nos precede en el hundimiento por inepcia y mentira de los gobernantes. Los bancos, como ya saben todos ustedes, porque aquí en España se lo cuentan los sindicatos, los socialistas y todo el entorno parasoviético que se ha creado en el último lustro, son muy malos. Muy malos los bancos que, con los empresarios, con George Bush y Franco, tienen al parecer toda la culpa de que sociedades modernas se paupericen bajo Gobiernos a los que nadie sensato dejaría la gestión de un quiosco ni siquiera un fin de semana. Lo que llamaría algún dibujante y columnista de los periódicos adictos, vendidos o comprados del zapaterismo, el »capital desalmado».

Y los adolescentes o ya maduritos, en Atenas y Madrid y Barcelona, pronto probablemente en muchos más sitios, se creen ese discurso y deciden castigar al maldito capital, es decir, a los bancos y a los empresarios, porque así, suponen, se hace esa justicia popular. Ya saben, la justicia popular que tanto se practicó en las retaguardias de las guerras europeas, incluida la nuestra, por todos esos valientes que jamás aparecían por el frente. Y resulta que mueren inocentes entre las llamas que el discurso retroprogre ha alimentado con su demagogia contra la banca, contra los empresarios y el mercado. Grecia, como España, a la cola en Europa en educación, liberalidad y rigor en el Gobierno; en la Champions League de la autocomplacencia, el engaño y el izquierdismo radical, ya ha comenzado a cobrarse en vidas humanas su fracaso como sociedad democrática europea en el siglo XXI. Incapaz de superar tanta mentira, tanto desprecio a la excelencia y exaltación del igualitarismo, la mediocridad y el parasitismo.

Debiéramos estar alerta y tener cuidado todos también aquí nosotros. Esto acaba de empezar y los que se saben aparatchiks e impostores, que jamás tendrían el nivel de vida que han logrado con su demagogia, son capaces de cualquier cosa por no compartir el sino de las desafortunadas víctimas de su política. Porque hemos comenzado en Europa el siglo XXI mucho peor que el anterior. Las sociedades europeas aun en 1910 eran muy apacibles, ordenadas y prósperas. Se creía en la excelencia, en la educación y en la honestidad. Había códigos de honor que merecían tal nombre. Y después, pese a todo ello, pasó lo que pasó. No creo que haga falta recordar la primer mitad del siglo XX desde 1914. Hasta 1945 en el oeste. Hasta 1978 en España y hasta 1989 en todos los países que sufrieron la miseria del régimen totalitario más largo de la historia, el comunismo. Ese que reivindican quienes han quemado vivos a los atenienses. En ningún caso quiero asustarles más de lo que debieran estarlo. Pero después de registrar anonadado esta pasada mañana los éxitos de la cooperación política entre los dos líderes de los principales partidos nacionales, cuyo gran acuerdo, en momentos de máxima emergencia, ha sido la patética reforma de las Cajas de Ahorros para junio, hay que empezar a pensar en sobrevivir. No sólo los parados, sino todos los vivos. Reforma que por cierto, ya veremos si se cumple. Con este Gobierno y esta oposición nos vamos, queridos españoles, a un negro periodo griego. De cuyo final probablemente la gente de mi generación no vea el final.

Reflexiones desde el borde del abismo
Michele Boldrin y Pablo Vázquez. El País  6 Mayo 2010

El plan de ayuda a Grecia que el Eurogrupo y el BCE aprobaron la semana pasada, junto al compromiso todavía incierto del Gobierno griego para adoptar algunas de las reformas que se le venían pidiendo desde el principio de la crisis, suponen varias e importantes lecciones para España y para nuestros políticos en particular. Nuestra esperanza es que el caso de Grecia les ayude a superar la disonancia cognitiva que padecen desde hace tres años y que nos ha llevado al borde del abismo. Todavía es posible evitar el gran salto al vacío.

Probablemente, el primer paso para conseguirlo sea desmontar un argumento que está equivocado, aunque se haya repetido cientos de veces estas últimas semanas. Si se "rescata" a Grecia -se dice- se reducirán las amenazas sobre nuestra deuda, tendremos un euro más fuerte y la recuperación española comenzará.

Es algo apresurado identificar problemas fiscales en una región de un área monetaria, por graves que sean, y fortaleza de su moneda. California sería la octava potencia del mundo si fuera un país independiente. Arrastra una deuda enorme para su capacidad fiscal y tiene un riesgo real de que el Estado declare suspensión de pagos. Pues bien, a nadie se le ha ocurrido pensar que la situación fiscal de este Estado puede afectar gravemente al dólar. California sabe que, para salir de ésta, no puede esperar un rescate del Gobierno federal y ese Gobierno ni se plantea que la situación en California pueda afectar a la fortaleza de su moneda. Si Grecia hubiera tenido que presentar suspensión de pagos, el euro no tenía necesariamente por qué sufrir.

Al contrario, el euro sufriría si la crisis termina afectando a otras deudas europeas, ya que forzaría al BCE a monetizarla, generando alta inflación. Más aún: es el hecho de que las medidas adoptadas no hayan despejado sino posiblemente aumentado este riesgo, lo que ha hecho reaccionar negativamente a los mercados esta semana. Así, las dos lecciones fundamentales del acuerdo son: primero, "rescatar" a Grecia, asumiendo simplemente su deuda, haría más probable tener que "rescatar" a otros países y, segundo, solamente si cada país se rescata (sin comillas) a sí mismo podremos rescatarnos todos juntos.

Si el Eurogrupo "rescatara" a Grecia transformando en deuda de los demás países un porcentaje importante de la deuda griega sin forzar a Grecia a tomar rigurosas medidas fiscales, estos países estarían más endeudados que antes. Los especuladores que ahora apuestan en contra de, por ejemplo, Portugal, tendrán mas razones para esperar que Portugal suspenda pagos. Podría llegar un punto en el que para rescatar a Portugal tuviéramos que aumentar aún más la deuda de España. Al final de este juego quedarían Italia, Francia y Alemania, que tienen actualmente (sin la deuda adicional que tendrán que emitir para financiar los préstamos a Grecia) un nivel de endeudamiento del 120%, 78% y 86% de su PIB,respectivamente, porcentajes que no permiten muchas alegrías.

La verdad es que los especuladores no apuestan "contra" los países en crisis porque son malas personas. Los especuladores no generaron la crisis de la deuda griega: lo hicieron los griegos mismos, que la agudizaron con trucos e indecisiones. Los precios de mercado de la deuda griega, portuguesa y española reflejan simplemente la incertidumbre sobre la voluntad de estos países de rescatarse a sí mismos. Los especuladores apuestan porque encuentran razones para hacerlo y porque, evidentemente, los países no envían señales convincentes de solvencia. Esto es lo que parece ocurrir en buena parte de Europa, incluso España. Llevamos dos años intentando salir de la crisis con planes de rescate: al sector financiero primero, a los productores de bienes duraderos después, y ahora incluso a los propios Estados. Pues bien, serán "malos" los especuladores, pero no ignorantes, y saben que así no se sale de una situación como la actual. Salió Suecia, en los años noventa, recortando un 16% su gasto público; pretende salir California aplicando, entre otros cortes, una reducción lineal del 20% del salario de todos los empleados públicos; ha empezado Irlanda, recortando el 15% el sueldo de los suyos, y está a punto de suceder en Reino Unido, donde todos los candidatos se han comprometido al recorte de gastos más importante desde la II Guerra Mundial.

Si miramos a nuestro país, acierta el equipo económico del Gobierno cuando hace de la consolidación fiscal su primera prioridad. Pero debería cumplir con sus promesas. Para convencer a los mercados de que la deuda pública española es sostenible hace falta garantizar que el gasto público será inferior a los ingresos en el medio y largo plazo, y que España tiene perspectivas creíbles de crecimiento económico. Y no se está haciendo. Subidas, por ejemplo, en el capítulo de sueldos y salarios de los funcionarios del 3,3% (y del 4,9% incluyendo las pensiones de clases pasivas), como ha ocurrido en lo que va de año, son incompatibles con el rigor fiscal. El ahorro de 1,6 millones de euros en sueldos de altos cargos del pasado viernes suena, cuando menos, a tomadura de pelo: en Irlanda, el corte de gastos fue del 25%, desde el primer ministro hasta el último director general. Los operadores financieros que compran bonos del Estado español tontos no son, como confirman en estos mismos días. Son otras las medidas que hacen falta: pensiones, mercado laboral, cajas de ahorro, reforma de la Administración (financiación autonómica, funcionarios), sanidad y educación (sobre todo la Universidad). Esta es la imprescindible lista de la compra para salir de verdad de esta crisis. La alternativa es la estagnación, en el mejor de los casos, o Grecia, si la situación se complica con un pequeño choque adicional.

Cuanto peor, mejor, es la disonancia cognitiva que paraliza a la oposición, la cual parece estar esperando, desde que comenzó la crisis, a ver pasar por delante el cadáver de su adversario. Pues esta vez no. Si su propósito es ser ellos los que saquen a este país de una de las situaciones más graves que hemos vivido desde finales de los años cincuenta, más les vale que dejen algunas cosas hechas en esta legislatura. Es tiempo de que la oposición se moje, porque si no van a saber lo que es un país hundido y cabreado.

En este momento, España necesita un acuerdo inmediato entre Gobierno y oposición. Nuestro nivel de deterioro económico es muy elevado: el endeudamiento del Estado sube peligrosamente, se está destruyendo demasiado tejido productivo y una parte importante del sistema financiero (las cajas) está en grave crisis. Los miembros del Gobierno pueden seguir declarando que ya hemos tocado fondo y que sólo es cuestión de paciencia. Incluso pueden pensar que esto ya ha pasado, gracias a que el paro ha dejado de bajar en abril o el PIB ha dejado de estar en zona negativa, como parece que nos van a anunciar en unos días. Pero el invierno no termina un día soleado. Lo que nos estamos jugando es si somos capaces de hacer que este país vuelva a generar prosperidad para todos durante una década o más. Y para eso estar en -0,3 o en 0,2 es bastante irrelevante. Especialmente cuando se tiene un déficit público estructural de, aproximadamente, el 8% del PIB.

Estamos pagando un alto precio por la falta de reformas y en eso la oposición sí puede ayudar; sería muy malo para el país que no tuviera el coraje de hacerlo y que el Gobierno no tuviera la humildad de pedírselo. Después de tres años en los que el Gobierno no ha tomado la iniciativa, no puede esperar que la oposición firme y a partir de ahí carta blanca. Tiene que poner reformas concretas sobre la mesa pactando con la oposición el contenido y la actuación de las mismas. Tiene que permitirle que, de modo continuado, fiscalice el cumplimiento de lo que se acuerde y que pueda también explicarlo como suyo. Todo esto puede y debería ocurrir en el plazo de un año; después cada uno a lo suyo hasta las elecciones de 2012. Así es como abordan una situación realmente difícil como la nuestra los países serios. Y nosotros queremos serlo.

Michele Boldrin es profesor de la Washington University en St. Louis. Pablo Vázquez es profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

La izquierda repite historia
Juan Van Halen www.gaceta.es  6 Mayo 2010

Es una aberración que un presidente susurre a un periodista que hay que atizar la crispación.

No es cierto que la Historia no se repita aunque el dicho se repita tanto. La Historia tiene una tendencia imparable a volver sobre sus pasos porque hay quienes, de manera suicida y estúpida, se empeñan en ello. La izquierda en general y el PSOE en particular han caído una y otra vez en este error que les lleva a seguir en momentos diferentes de la Historia la misma pauta con una machaconería que, sin embargo, no ha supuesto enseñanza. El fracaso de la Segunda República se debió principalmente a que la izquierda –y dentro de ella singularmente el PSOE– creyó sólo en su República y no estaba dispuesta a aceptar otra; la alternancia en el poder era una cuestión superflua, una molestia.

Por eso apostó por el enfrentamiento abierto con sus adversarios políticos ya desde mayo de 1931. Primer acto: la quema de iglesias y conventos. Los policías, de espectadores y los bomberos inactivos, sólo pendientes de que el fuego no se propagara a las casas colindantes. Lo cuenta con rigor e ingenio un testigo de excepción: Josep Pla.

Largo Caballero, el Lenin español, lo dejó claro ante las elecciones de febrero de 1936: “Si triunfan las derechas nuestra labor deberá ser doble: colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la Guerra Civil declarada”. O: “La Democracia es sólo el primer paso para la consecución de la dictadura del proletariado. Que nadie dude de que el poder será nuestro por las buenas o por las malas”. La República burguesa era un peaje obligado, pero sólo eso. Azaña, que a sí mismo se consideraba un burgués, fue un escritor sumergido en las buenas intenciones y en los libros, pero aislado, casi secuestrado, ajeno a la realidad.

Léase el Cuaderno de la Pobleta. La apuesta por las soluciones violentas fue consustancial a la izquierda y dentro de ella al PSOE. Por ejemplo, lo que hubo tras el pacto de San Sebastián que desembocó, como última asonada romántica, en la sublevación de Jaca en diciembre de 1930, apoyada por socialistas y comunistas; la revolución de Asturias y el intento secesionista de Cataluña en octubre de 1934, protagonizadas ambas por socialistas y comunistas y en el caso catalán también por separatistas; Estos, entre otros, son eslabones de la misma cadena a la que hay que unir el acopio de armas de contrabando destinadas al golpe de la izquierda que se preparaba para junio de 1936, que fue aplazado a agosto, y al que se anticipó el golpe militar del 18 de julio que, al fracasar, condujo a la tragedia de la Guerra Civil. O el exterminio de parte de la izquierda por la izquierda misma, dentro ya de la guerra, en la Cataluña del reivindicado Companys…

La izquierda, y en ella el PSOE, cree que la crispación y la confrontación entre los españoles favorecen sus propósitos, ahora electorales. Que un presidente democrático susurre a un periodista que es necesario atizar la crispación en el seno de una sociedad a la que tiene la responsabilidad de dirigir, como dijo Zapatero a Gabilondo, es sencillamente una aberración de la Democracia. Y aquí no pasa nada. Todo es un mismo camino, la vieja fórmula de ayer reactivada hoy como una bomba de relojería. Esa fórmula nos llevó en el pasado a situaciones gravísimas de enfrentamiento, pero no ha servido como enseñanza.

El PSOE, y la izquierda en general, tienen el convencimiento de que les asiste una supuesta legitimidad moral para gobernar siempre; que el Gobierno del centro y de la derecha supone una anormalidad, en todo caso un paréntesis histórico que debe enmendarse. ¿Cuántas veces hemos escuchado en boca de dirigentes socialistas que hay que conseguir, o mantener, el Gobierno como sea? El fomento de la crispación y de los enfrentamientos muchas veces con pretextos burdamente fabricados nos devuelve al pasado.

La manipulación de los motivos reales por los que está imputado el juez Garzón, que no son el fallido encausamiento del franquismo, sino una presunta prevaricación en tres procedimientos judiciales distintos, es una vuelta de tuerca más en aquella confesión de Zapatero a Gabilondo.

Y otra vuelta de tuerca es la vergonzosa presión, incluso del Gobierno, sobre el Tribunal Constitucional. O la mal llamada Memoria Histórica, alzada como enfrentamiento. Durante los 40 años de franquismo se mantuvieron, y aún están ahí, numerosos símbolos republicanos, como escudos nacionales con coronas murales en colegios, plazas de toros y edificios públicos diversos.

Ahora se arrasan incluso los escudos de los Reyes Católicos. Es un problema de incultura. La izquierda, y el socialismo en particular, no sólo tratan de reescribir la Historia sino que asumen el riesgo de repetirla. Ello supone un grave error que, por encima de intereses sectarios, podemos pagar todos.

*Juan Van-Halen es académico de Historia y senador.

El PP cierra la puerta al pacto educativo
Cospedal justifica la negativa en que el Gobierno no ha querido cambiar un modelo educativo "fracasado".- Hoy se cierra el plazo para que las organizaciones digan si apoyan o no el pacto
J. A. AUNIÓN - Madrid El País  6 Mayo 2010

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha asegurado hoy que el Pacto de Estado por la Educación propuesto por el departamento que dirige Ángel Gabilondo no es posible porque el Ejecutivo no ha querido cambiar un modelo educativo "fracasado". Cospedal ha hecho estas declaraciones tras reunirse esta mañana por espacio de media hora con el ministro de Educación en el que es el día decisivo para el pacto educativo después de más de siete meses de negociaciones oficiales.

Hoy termina el plazo dado por Gabilondo a todos los partidos, las comunidades y los sectores sociales y educativos para que digan si apoyan o no el texto final presentado hace 15 días. "Este es todo el consenso al que hemos sido capaces de llegar", dijo entonces Gabilondo.

Además del PP, el sindicato Stes, el partido de Rosa Díez, UPyD, y el Sindicato de Estudiantes han anunciado su rechazo. Entre otras razones, las tres organizaciones coinciden en que, para ellos, el texto no apoya suficientemente a la escuela pública.

A lo largo del día se irá conociendo la postura del resto de actores implicados en la negociación. A las 18.30 está previsto que comparezca ante los medios de comunicación el ministro Gabilondo.

Desde hace meses, el PP se ha venido quejando de que sus principales exigencias no estaban recogidas en la propuesta del Ministerio, y son las siguientes:

- Libertad de enseñanza. El PP quiere que la creación de colegios concertados no sea una decisión del Gobierno de cada comunidad, según sus necesidades y su planificación, sino que, por ley, cualquier colegio privado, si tiene demanda, sea subvencionado. El texto de Educación sólo habla de dar toda la información a los padres para que puedan elegir. El texto aboga por "favorecer la libertad de elección de las familias, en el marco de la programación general de la enseñanza que realizan las administraciones educativas, facilitándoles una adecuada información sobre los proyectos educativos de cada uno de los centros públicos y privados concertados".

- Enseñanzas comunes. El PP reclama garantizar unos contenidos comunes mínimos en todas las comunidades para vertebrar el sistema. El texto hace una referencia general: "En la Educación Secundaria Obligatoria hemos de garantizar tanto las enseñanzas comunes a todos los estudiantes, con el fin de conseguir la adquisición de las competencias básicas, como ofrecer una oferta más diversificada al final de la etapa para responder a las diferentes motivaciones, intereses y necesidades del alumnado con el fin de que puedan continuar los estudios postobligatorios de bachillerato o formación profesional de grado medio".

- El castellano. El PP quiere que la enseñanza en castellano en las comunidades bilingües sea impartido "en pie de igualdad". El documento dice, con un texto muy parecido al de la ley aprobada por el PP (LOCE), que en esas comunidades los alumnos deben terminar la ESO dominando perfectamente ambas lenguas.

El Partido Popular y su clara y nítuda postura inconstitucionalad
Nota del Editor  6 Mayo 2010

Váyase sr. Rajoy. Es Vd. un incompetente, inconsistente y anticonstitucionalista personaje que no sabe por donde sopla el viento. La C.E. establece el deber de conocer el español y no establece el deber de conocer idioma regional alguno, y por tanto su propuesta de que la enseñanza en castellano en las comunidades bilingües sea impartido "en pie de igualdad", es claramente anticonstitucional, y vulnera los más elementales derechos humanos que Vd. debería defender. Los padres y los niños tienen el derecho a ser educados en su lengua materna, especialmente si ésta es el español; si hay gente que quiere estudiar alguna lengua regional, no tiene nada que ver con imponérsela a los español hablantes.

Imponer la lengua regional es xenofobia, excluye de la vida ciudadana y política a las personas que la desconozcan.

EL PSOE NO HA ATENDIDO A LAS REIVINDICACIONES POPULARES
El Partido Popular se desmarca del pacto educativo propuesto por Gabilondo
Griñán quiere el portugués como segunda lengua extranjera para los andaluces
Agencias. Madrid. El Confidencial  6 Mayo 2010

El PP ha anunciado hoy que no apoya el Pacto Social y Político propuesto por el ministro de Educación, Ángel Gabilondo. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha explicado en rueda de prensa que el pacto no es posible porque el Gobierno no ha modificado el documento definitivo en el sentido de atender las reivindicaciones de los populares.

Tras un encuentro de 30 minutos mantenido esta mañana con el titular de Educación en la sede de su departamento para analizar el último borrador del acuerdo y discutir sobre adhesión al mismo, la dirigente 'popular' ha afirmado que el Ejecutivo no ha modificado el texto con las reivindicaciones del PP.

"Nuestro país no puede mantenerse con el mismo modelo, responsable del 30 por ciento del fracaso escolar", ha aseverado Cospedal, flanqueada por los seis consejeros autonómicos del PP en la sede de los 'populares' de Madrid. "No podemos dar nombre de 'pacto de Estado' a esta serie de reformas parciales", ha añadido.

"El modelo del Gobierno es más de los mismo: ningún cambio en lo esencial, no garantiza la enseñanza del castellano, que para nosotros es la base más importante para garantizar la igualdad; tampoco recoge un sistema vertebración con enseñanzas comunes, ni la existencia de cuerpos nacionales de educación", ha aseverado Cospedal, para añadir que también es necesario un sistema nacional de evaluación y defender la figura del profesor y su autoridad como eje fundamental del sistema educativo.

La dirigente del PP ha señalado que si bien su formación "sigue creyendo firmemente en un pacto por la educación", también ha indicado que "no se puede acordar algo que mantenga lo que se tiene hasta ahora". Asimismo, ha querido aclarar que su negativa a este pacto no tiene "nada que ver" con la coyuntura política actual y ha asegurado que la idea de un pacto de Estado "ya la tenía el PP desde hacía tiempo".

Sin vocación reformadora
"Desde el PP hemos trabajado todos muy duramente para buscar un acuerdo" ha justificado, para inmediatamente añadir que su formación ha defendido un nuevo modelo con vocación de reforma, que "cumpla con las expectativas de los ciudadanos y que garantice una mejora de las oportunidades".

"En el documento no apreciamos actitud de cambio ni vocación reformadora, sino que un auténtico blindaje del modelo educativo actual", ha apostillado. Asimismo, ha dicho que su partido es "muy capaz" de llegar a un consenso "cuando las medidas van enfocadas a la mejora del país", pero que en este caso el Gobierno "no ha querido variar su posición" y, por tanto, la responsabilidad última sobre el acuerdo "la tiene el Ejecutivo y no la oposición".

Sin embargo, Cospedal ha querido aclarar que si el Gobierno lleva una serie de medidas aisladas para su debate en el Congreso de los Diputados, "no significa que el PP no las vaya apoyar", al igual que si hay cambios en el modelo de financiación, sus consejeros no las vayan a acatar porque, a su juicio, "sería un disparate".

Este jueves se cumple el plazo de 15 días "para fijar posiciones" que concedió el ministro el pasado 22 de abril, durante una jornada en la que se reunió con agentes sociales y políticos y representantes de las comunidades autónomas para entregarles el texto definitivo de propuestas de mejora del sistema educativo.

De este modo, a lo largo del día todos los interlocutores, con los que Gabilondo ha negociado durante más de un año para alcanzar el Pacto de Estado por la Educación, darán a conocer su decisión de apoyar o rechazar el acuerdo.

ARENAS HABLA DE "DISPARATE"
La Cámara de Cuentas vuelve a subrayar el descontrol de la Junta de Andalucía
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha vuelto a poner de manifiesto el desmadre de la Junta de Andalucía tras 28 años de gobiernos socialistas. Javier Arenas ha acusado a la Junta de Andalucía de haber gastado 3.700 millones de euros más de lo previsto.
Pedro de Tena / antonio barreda Libertad Digital  6 Mayo 2010

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha vuelto a poner de manifiesto el desmadre de la Junta de Andalucía tras 28 años de gobiernos socialistas. Por poner un primer ejemplo, la memoria de la cuenta general ni siquiera ofrece información sobre los gastos de personal, tanto en relación a los 10.084,80 M€ de obligaciones reconocidas, como a la cifra estimada de personal que asciende a 253.000 personas.

El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha acusado a la Junta de Andalucía de haber gastado 3.700 millones de euros más de lo previsto en gastos corrientes durante 2008 y 2009, mientras que en estos mismos ejercicios ha gastado 2.337 millones de euros menos de lo previsto en inversiones. Lea el informe aquí.

Según la Cámara de Cuentas, "el análisis de personal realizado en este informe y, sobre todo, la estimación del personal de la Junta de Andalucía, debería tenerse en cuenta por la Intervención General de la Junta de Andalucía para la elaboración de la memoria de la cuenta general de cada ejercicio. Además, sería recomendable que la Dirección General de la Función Pública de la Consejería de Justicia y Administración Pública elaborara una memoria que informase, al menos, de los siguientes temas:

a. Número de personas al inicio del ejercicio y al final, cuantificando las altas y bajas del año.
b. Distribución del personal por secciones, grupos de función y artículos presupuestarios.
c. Razones de las variaciones anuales.
d. Incidencias de las sustituciones en grupos tan importantes como los docentes y los sanitarios.”

En cuanto a las modificaciones presupuestarias, normalmente al alza, se dice: " En los expedientes de modificaciones presupuestarias examinados se observa que en numerosas ocasiones bien no se realiza una adecuada valoración, afirmando que este impacto no existe, o bien se afirma que la modificación contribuye positivamente a la consecución de los objetivos."

Por si fuera poco, sigue diciendo "En el ejercicio 2008 se han incluido en la Cuenta General desviaciones de financiación en el servicio 18 que ya existían en ejercicios anteriores y no se Incluyeron en la Cuenta General del Ejercicio 2007. Esto supone una debilidad e control interno relevante respecto al sistema contable de seguimiento de los gastos con financiación afectada."

Para asombro de contables y administradores, la Cámara señala que "Los OOAA registran como “otro inmovilizado inmaterial” el gasto realizado en proyectos o programas con carácter formativo. En el caso de la Agencia Andaluza del Agua activa diferentes gastos relacionados con las obras de infraestructura que realizan tales como los estudios, redacción e implantación de proyectos, análisis de tructuras, recopilaciones de datos, etc.

Respecto a las contrataciones, según la información contenida en el Registro de contratos, durante el ejercicio 2008 la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos adjudicaron un total de 81.161 contratos por una cuantía de 3.347,55 M€. De ellos, 71.459, significativos del 88,04%, son contratos menores. La cuantía de estos últimos expedientes, 617,42 M€, es representativa del 18,44% de la inversión global realizada en el ejercicio. Estos son contratos normalmente a dedo.

La denuncia del PP
El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha acusado a la Junta de Andalucía de haber gastado 3.700 millones de euros más de lo previsto en gastos corrientes durante 2008 y 2009, mientras que en estos mismos ejercicios ha gastado 2.337 millones de euros menos en de lo previsto inversiones. Arenas ha dicho que estos datos, procedentes de la Oficina de Control Presupuestario, son "de juzgado de guardia" y un "solemne disparate" y ha acusado al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de hacer "justo lo contrario" de lo que se debe hacer "para salir de la crisis"

Arenas ha explicado que estos datos suponen que están aumentando "los costes de la administración" y ha adelantado que su partido va a pedir un cambio de la Ley de Contratos Públicos porque "todos los días se incumple" y se está facilitando "la corrupción" con "un uso permanente del dedazo en las contrataciones". Ha asegurado que si él llegara a ser elegido presidente de la Junta de Andalucía habrá recortes en los gastos corrientes que "nunca" supondrán el "sacrificio" de servicios sociales o en materia de Educación o Sanidad.

AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE
Bruselas pide que se condene la ley de grandes superficies en Cataluña
La Comisión Europea (CE) ha pedido este jueves al Tribunal de Justicia de la UE que declare a España culpable por varias leyes estatales y catalanas que regulan la apertura de grandes superficies comerciales en Cataluña.
efe Libertad Digital  6 Mayo 2010

El Tribunal comunitario ha celebrado la vista de un recurso, presentado por la CE en 2008 contra las normas españolas y catalanas, por considerar que "restringen injustificadamente" la libertad de emplazamiento de superficies comerciales, como los hipermercados, en dicha autonomía.

En concreto, Bruselas denunció limitaciones a la implantación de ese tipo de establecimientos en Cataluña fuera de la "trama urbana" de un número de municipios y también criticó ciertas prohibiciones en su dimensión, según el informe para la vista del Tribunal.

La CE también ha alegado que la legislación impugnada es "discriminatoria" para las grandes superficies, por la exigencia de requisitos administrativos y licencias adicionales, que no son requeridas para la apertura de tiendas o supermercados "medianos".

Por su parte, España ha pedido a los jueces comunitarios que desestimen el recurso y ha señalado que la normativa tiene como fin "combatir los precios abusivos, así como proteger el interés de que los consumidores tengan acceso a distintos tipos de establecimientos y no estén mayoritariamente en manos de un operador".

Bruselas -que presentó la denuncia tras recibir quejas de los representantes de las grandes superficies afectadas-, ha afirmado que España no ha justificado su legislación, que "va contra el Tratado de la UE en lo que se refiere a los derechos de libertad de establecimiento". Por su parte, el Gobierno español ha alegado que las leyes controvertidas no son discriminatorias.

España ha argumentado que la normativa impugnada está justificada por "razones de interés general", como la protección de los consumidores, la ordenación del territorio, el urbanismo y la conservación del medio ambiente.

Asimismo, el Gobierno español se ha referido a los requisitos para la apertura de los grandes establecimientos comerciales y ha dicho que no representan una mayor dificultad. El caso examinado hoy por el Tribunal sucede a varias denuncias de la CE contra las reglas relativas a las grandes superficies catalanas.

AHORA, UN PUNTO DE DESENCUENTRO CON EL GOBIERNO
El PP defiende el castellano... pero lo arrincona en Galicia y Valencia
El PP ha sacado a relucir la defensa del castellano en la enseñanza para justificar su oposición al pacto educativo, que orgulloso ha presentado Gabilondo este jueves. Sin embargo, comunidades gobernadas por los populares incumplen este derecho básico.
Olivia Moya Libertad Digital  6 Mayo 2010

María Dolores de Cospedal ha sido la encargada de dar la cara dentro del Partido Popular para explicar por qué su partido ha rechazado el texto presentado por el Gobierno en materia de educación.

La postura de los populares es coherente y lógica en un punto: "Para seguir en lo mismo, no necesitamos pacto educativo", ha dicho la secretaria general. Sin embargo no lo es en uno de los puntos que el principal partido de la oposición saca a relucir y sacude con vehemencia, y que, según ellos, es uno de los principales desencuentros con el Gobierno: el tema de la lengua.

Dice el PP en el documento, que ha distribuido a los medios y que resume su posición en relación con este pacto, que la propuesta del Gobierno no garantiza "que el castellano, lengua oficial del Estado, sea lengua vehicular en la enseñanza en todo el territorio nacional y en todas las etapas educativas".

Pero los populares no mantienen esta posición en dos de las comunidades autónomas donde gobiernan: Galicia y Valencia. Hay decretos concretos que hacen imposible la libertad lingüística en estos territorios. Casos representativos son los de Natalia Santacreu y S., una estudiante de Lugo. A estos se ha sumado otro, que conocíamos este mismo jueves, también de Valencia. Todos ellos han emprendido una batalla personal y judicial para poder estudiar y expresarse en castellano en sus colegios.

Libertad Digital se ha puesto en contacto con distintas personas y organizaciones que defienden la libertad lingüística, el derecho de los padres a educar a sus hijos en la lengua que ellos quieran y el de los alumnos a poder expresarse en castellano si así lo desean. Todos coinciden en destacar que hay una fuerte contradicción en el discurso del PP a nivel nacional con respecto al regional. Es más, no terminan de creerse esta postura de Mariano Rajoy en relación a la lengua.

El padre de Natalia, la pequeña de diez años a quien robaron sus sobresalientes por contestar en castellano los exámenes, señala que Rajoy "no afirma públicamente que se estudie en español en todo el territorio" y además, cuando se refieren a que el castellano sea la lengua vehicular, continúa Juan Vicente Santacreu, no se está refiriendo "a todas las asignaturas". Si el PP prometiera algo así, manifiesta Santacreu, "yo iría a muerte con él".

El presidente de la Fundación Unidad+Diversidad, Juan de Dios Dávila, presentó el pasado mes de marzo un requerimiento notarial en la sede de Génova para que el PP se retratara en materia lingüística. Le instaban a que "recuperara el norte" y que cumpliera sus promesas electorales en esta cuestión. Hoy, dos meses después, si bien los populares no estaban obligados a pronunciarse, siguen sin obtener respuesta: hicieron caso omiso a este requerimiento.

Juan de Dios cree que, con esta postura hacia el pacto, el PP busca "erosionar" de alguna manera al PSOE. Y es que "es el mensaje" que la mayoría de las bases del partido queire escuchar. Tienen un "discurso de libertad de elección, y la realidad es que eso no se cumple".

Desde la Mesa por la Libertad Lingüística, que destapó el caso de la pequeña de Lugo que está sufriendo todo un calvario por querer expresarse en castellano en su colegio, destacan que, si bien los populares en esta comunidad han dado "pasos importantes" en garantizar la libertad lingüística, todavía queda mucho por hacer. El nuevo decreto que prepara el gobierno gallego y que prevé llevar a cabo "nos satisface relativamente. Creemos que el PP debería ser más claro en la libertad de lengua".

Por su parte, desde Galicia Bilingüe se muestran escépticos después de que Feijóo les decepcionase incumpliendo sus promesas electorales. Señalan que si eso es lo que piensa el PP a nivel nacional "lo primero que deberían hacer es comunicárselo al señor Feijóo".

Gran escepticismo, pues, en Galicia y en general en todos aquellos que están viviendo en sus propias carnes la imposición ligüística en aquellas comunidades donde gobierna el Partido Popular.

OTRO CASO DE IMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA
La pesadilla de un niño valenciano por querer estudiar en castellano
Una vez más la Comunidad Valenciana, gobernada por los populares, vuelve a situarse en el centro de la polémica por la falta de libertad lingüística.
Silvia Riveiro Libertad Digital  6 Mayo 2010

Primero fue Natalia Santacreu y ahora le toca el turno a otro menor de edad, valenciano. Tiene 10 años y estudia 5º de Educación Primara. Los padres de este niño, se trasladaron en el año 2000, cuando él apenas tenía unos meses, a Biar un pueblo alicantino clasificado como "municipio de predominio lingüístico valenciano". No lo sabían pero esa categorización se iba a convertir en una pesadilla.

El pequeño fue matriculado en el Colegio Nuestra Señora de Gracia y tras una reunión con el director del centro, descubrieron que su hijo estaba obligado a estudiar en valenciano. Tenían que elegir entre dos opciones, inscribir al pequeño en el Programa de Enseñanza en Valenciano (PEV) o en el programa de Introducción Progresiva al Valenciano (PIP), también conocido como "de Inmersión Lingüística".

La única diferencia entre las dos opciones es que en el PEP todas las asignaturas se imparten en valenciano desde 1º de Educación Primaria, mientras que en el PIP las horas de valenciano se van incrementando paulatinamente, hasta copar la totalidad de asignaturas. En definitiva y tal y como asegura Pablo Yáñez, Presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística, la única diferencia que existe entre los dos programas es "el nivel de valenciano en el que se empieza a estudiar pero no en el que se termina".

Los padres eligieron, como es lógico, el Programa de Introducción Progresiva al Valenciano y, aún con todo, solicitaron la "exención del valenciano" que tendría que haber liberado al menor de estudiar todas las materias en las lengua minoritaria de su región.

El colegio, ahora rebautizado como Collegi Mare de Déu de Grácia, obliga al menor a estar presente en las clases que sus profesores imparten en valenciano y, una vez a la semana recibe una "clase de apoyo" en la que le explican el significado de los términos en castellano y le aclaran las dudas derivadas de la enseñanza en valenciano.

Cansada de esta situación Isabel Aracil, su madre, remitió un escrito a la Comunidad Valenciana en la que apelaba al derecho de su hijo a ser educado en castellano. Dos meses después, la Consejería de Educación contestaba a su petición.

Amparándose en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, la Consejería de Educación recuerda que:

El idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana, igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano. La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas, y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento.

Del mismo modo, señala a la madre de este alumno que, al ser Biar uno de los municipios "de predominio lingüístico valenciano" recogidos en la Ley de Uso y Enseñanza del valenciano, sus centros educativos sólo pueden ofertar los programas antes mencionados (PEV o PIP) en los que predomina, claramente, el valenciano sobre el castellano.

El presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística (ANLL) culpa al Partido Popular de la Comunidad Valenciana de esta situación ya que, en su opinión "ha tejido una red legislativa que ampara el que sea imposible educar a nuestros hijos en castellano". Asegura que no se trata de un problema de aplicación de la ley, si no de la normativa en sí que "impide a unos padres escolarizar a sus hijos en español".

La ANLL afirma que la madre de este niño recibe "por primera vez la certificación escrita de que el Gobierno de la Generalidad Valenciana asume que es imposible prestar a ese niño un servicio de educación en su lengua materna y en la lengua oficial del Estado".

Critica la actitud de la Consejería a la que acusa de ampararse "en el Estatuto de Autonomía, disposiciones legislativas que amparar el hecho de que sea imposible escolarizar en el municipio de Biar en castellano" y tacha todos los artículos recogidos en la carta de "excusas".

Tras recibir esta respuesta de la Consejería, la familia del menor ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Tanto los padres del niño afectado como la ANLL consideran que "están vulnerando el derecho a la Educación recogido en el artículo 27 de la C.E., donde se habla del derecho a la educación, así como la libertad de enseñanza para alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad humana".

Isabel Aracil ya ha perdido el miedo a hablar con los medios. Teme que lo peor esté por llegar por las diferencias existentes entre "los municipios de predominio lingüístico valenciano" y los de predominio castellano. Pone un claro ejemplo: "en el IES de Elche el Programa de Introducción Progresiva, incluye dos asignaturas en castellano, además de la de Lengua Valenciana, y el resto en español; mientras en IES de Bier se imparten siete asignaturas en valenciano-catalán porque así lo ah decidido el Consejo Escolar".

******************* Sección "bilingüe" ***********************
El 'relato'
VICENTE CARRIÓN ARREGUI El Correo  6 Mayo 2010

PROFESOR DE FILOSOFÍA

El penoso rifirrafe entre los partidos vascos a cuenta del Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia parece una invitación al hastío. Otra vez la educación como excusa para que los partidos marquen sus territorios, otra vez la política-ficción enseñoreándose de los medios de comunicación. Para quienes llevamos mucho tiempo promoviendo a pie de aula una acción decidida contra las justificaciones de la violencia resulta doloroso comprobar cómo los razonamientos de los políticos son una rémora para la acción. Hablan de planes pasados o actuales como si alguna vez se hubiera hecho algo con el conjunto del alumnado y pretenden hacernos creer que uno u otro artículo de cualquier decreto, plan o programa puede ser determinante para nuestro futuro. Se diría que hablan por hablar y no les importara que pasaran los años; al contrario, así tal vez confundiríamos el aburrimiento mediático provocado por su palabrería con habernos ocupado seriamente de la Educación para la Paz de nuestros niños y jóvenes. Con todo, no vamos a reprochar a los parlamentarios que parlamenten; lo que no es aceptable es que tanta discusión paralice la acción del Ejecutivo, que debería estar tomando iniciativas al respecto aprovechando precisamente el vacío legislativo que tantos otros se empeñan en prolongar.

Pero no seamos tan pesimistas. Puede que por debajo de la indefinición de las discrepancias que los nacionalistas esgrimen contra la propuesta del Gobierno y del PP haya algo ciertamente trascendente para el futuro, lo que algunos historiadores como Antonio Rivera han llamado el 'relato'. De cómo expliquemos a los alumnos lo que ha pasado en el País Vasco en relación al terrorismo etarra puede depender muy mucho la futura articulación institucional de Euskadi, el auge o decadencia de las ideologías -carlismos, clericalismos, nacionalismos, leninismos y otros fundamentalismos- que han posibilitado medio siglo de terrorismo.

Si éste fuera el meollo, como así creo, más allá de la presencia virtual o real de las víctimas en el aula, la 'construcción del relato' va a depender de los currículos y de los libros de texto, sí, pero también de las iniciativas que ayuden a promover la memoria de acontecimientos especialmente impactantes de nuestra historia reciente: las penas de muerte del 75, los atentados más brutales, el secuestro de Ortega Lara, las movilizaciones por Miguel Ángel Blanco y tantas otras cuestiones que, más allá de la escuela, pueden y han de evocarse a través de películas, novelas, debates televisivos, aniversarios, homenajes, nombres de edificios y muchos otros modos.

Pero de que escojamos unos y otros acontecimientos -como yo mismo acabo de hacer- dependerá muy mucho la lectura histórica que puedan hacer nuestros descendientes. No es de extrañar, por tanto, que el PNV titubee y se pregunte quiénes son sus auténticos aliados en este asunto. Pero el Gobierno vasco no debería perder un minuto en discusiones bizantinas porque, como ya hiciera Interior con las fiestas veraniegas, nos urge avanzar hacia la tolerancia cero con la violencia y promocionar las revisiones del relato mítico con que el nacionalismo ha venido falsificando nuestra historia cuando ocupaba el poder.

Ahora bien, tengan más o menos sentido los enfrentamientos políticos en torno a la Educación por la Paz es iluso ignorar que no es ésta tarea de los políticos sino de los profesores. Pelear por el marco normativo es más estéril que afianzar una red de responsables de Convivencia y una financiación adecuada que haga viable el plan. No suele ser el articulado jurídico lo que impide el éxito de los planes transversales -ya saben, los que no se limitan al contenido de una asignatura- sino los obstáculos prácticos, financieros y administrativos. Pero, como siempre, los auténticos responsables del éxito de una u otra ley educativa, los profesores, somos utilizados como carne de cañón. Lo mismo cuando Egibar dice que se insulta al gremio de profesores por decir que no hemos hecho lo suficiente -una obviedad que no cuestionamos quienes hemos hecho 'algo' siempre por iniciativa propia- que cuando desde el gabinete educativo se anima al profesorado a «tomar partido en la recta final del terrorismo» (EL CORREO, 22-4-10), como si esto fuera una tarea de días y no de décadas, como si la miserable herencia moral provocada por la tibieza ante ETA se pudiera desactivar en un santiamén.

Si nos hicieran un poco de caso quienes se empeñan en articular un plan que no diluya la violencia de ETA en otra más genérica comprenderían que eso no es lo principal, en mi opinión, ya porque su aplicación dependerá de cada profesor o de cada centro como, sobre todo, porque toda sensibilización contra la violencia, sea de género, de acoso, de bandas o de lo que sea, es ya un primer paso en la sensibilización antiterrorista. He defendido en otras ocasiones que la sensibilidad del electorado de la izquierda abertzale contra el maltrato machista y los abusos en el ámbito afectivo puede ser un excelente punto de encuentro para, partiendo de todas esas noticias que tanto impactan a niños y jóvenes, desarrollar una deslegitimación de todas las violencias. En cualquier caso, si en cada clase se harán las cosas mediatizadas por quién sea el docente, no entiendo a qué prolongar tanto debate de salón. Digamos a todo que sí y empecemos de una vez.

Torre de Babel a la española

Enrique Arias Vega Periodista Digital  6 Mayo 2010

En los próximos meses se habrán creado por fin más empleos: los de intérpretes de las diferentes lenguas españolas en el Senado de Madrid.

Me enternece la más que probable imagen de sus señorías con auriculares para entender así lo que dicen sus compatriotas, como si las suyas fuesen esas plurilingües sesiones de la ONU. Además, no debe resultar nada fácil encontrar traductores simultáneos del euskera al catalán o del gallego al euskera.

Lo más sublime de todo se producirá, no obstante, en la traslación del catalán al valenciano y viceversa, dada la similitud de ambas lenguas si no de la mera diferencia dialectal de un mismo idioma.

Me imagino el estupor de los países vecinos ante nuestra babel lingüística y me admira también el esfuerzo añadido de los sufridos redactores del Diario de Sesiones del Senado ante la lógica multiplicación de su trabajo por cinco, a fin de que ninguna lengua oficial quede preterida.

El exceso de idiomas —23 oficiales, nada menos—, es precisamente uno de los principales problemas de la Unión Europea, que entorpece cotidianamente la toma de decisiones y retrasa la promulgación de muchas normas. Y eso que, por fortuna, las cabinas de interpretación del maltés y del gaélico se hallan vacías en el Parlamento, ya que los hablantes de esas dos lenguas prefieren expresarse en inglés.

Eso es lo lógico: tampoco se le ocurre a nadie en Estados Unidos utilizar el francés en la Cámara legislativa de Luisiana, el español en la de California o el navajo en la de Arizona. Claro que sus señorías podrían hacerlo, ya que no existe idioma oficial alguno en el país; pero todas usan el inglés, ya que es la única lengua común en
la que pueden entenderse todas ellas.

Ya ven que hasta en esto de los idiomas somos originales. Si a nuestros políticos les sobrase tiempo y talento y si nuestro país no tuviese otros problemas muchísimo más graves que afrontar, hasta podríamos permitirnos el lujo de hacer el ridículo babélico. Como no es así, atémonos los machos y aprendamos el castellano —que cada vez lo usamos peor— y que ya goza de más hablantes en Estados Unidos que en la propia España.

Objección en las aulas
FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS La Opinión  6 Mayo 2010

Queremos Galego, la más radical de las plataformas contrarias a la política lingüística del PPdeG, impulsada y manejada desde la órbita nacionalista, presenta estos días ante la Xunta miles de firmas de profesores que dicen estar dispuestos a seguir impartiendo en lengua gallega sus clases de las asignaturas que con el nuevo decreto en adelante tendrían que darse en castellano.

Es mucho más que un acto simbólico. Con su firma en el escrito correspondiente dejan constancia de que piensan desobedecer una norma que regula su actividad profesional, por estar en desacuerdo con ello. Hacen pública su actitud de forma colectiva y con rebumbio mediático como mecanismo de presión, uno más, sobre el gobierno de Feijóo, que sigue en sus trece y no piensa modificar su criterio ni por las consideraciones del Consello Consultivo ni como respuesta a la enésima manifestación pro gallego en las aulas, convocada para el Día das Letras.

Los enseñantes que apoyan la iniciativa de Queremos Galego parece que consideran que les asiste una especie de derecho a la objeción y van a hacer uso de él, dicen, a pesar de ser conscientes de que tal actitud puede dar lugar a expedientes o sanciones por parte de la autoridad educativa. Sin duda, deben creer que esas represalias no harían otra cosa que victimizarlos, cargándoles de razón y reforzando de algún modo su reivindicación entre los sectores sociales más sensibles en este asunto. Está claro que no se juegan el puesto de trabajo, a diferencia de lo que sucedería con trabajadores colegas suyos del sector privado. Juegan con esa ventaja.

La gran mayoría de los que lanzan este órdago a la nueva Xunta son profesionales de la enseñanza pública -como los propios líderes de la plataforma que los azuza-, funcionarios al servicio de la administración autonómica, que es la que les paga la nómina a fin de mes y la que tiene plenas competencias para regular el uso de las distintas lenguas en las aulas que sufragan con el dinero de todos. Mientras la ley que se promulgue no atente contra sus convicciones éticas o morales, o no conculque sus derechos y libertades básicas, no les queda otra que cumplirla. Si no lo hacen, no sólo pueden, es que deben ser sancionados, incluso por quienes pudieran eventualmente compartir su postulados idiomáticos.

La opinión de estos abajofirmantes cuenta. Disponen de distintos cauces, tanto políticos como sindicales y cívicos, para hacerse oír. De hecho, esta vez, antes de aprobar el llamado decreto del plurilingüismo en la enseñanza no universitaria, la Consellería de Educación dio audiencia a organismos, instituciones y representaciones de todo pelaje. Algunas de las aportaciones fueron tenidas en cuenta a la hora de modificar el primer borrador, si bien esos cambios, como era de prever, no satisfacen a quienes creen que el gallego debe ser el idioma vehicular en exclusiva (o casi) de la enseñanza en Galicia. A partir de ahí cada cual debe saber cuál es su sitio. Al Gobierno le corresponde legislar y hacer cumplir las leyes, propias y ajenas, y los docentes han de impartir sus clases procurando ante todo el mayor provecho de sus alumnos. Claro que al que gobierna los ciudadanos podemos pasarle factura en las elecciones y, en cambio, los profesores no responden ante nadie de los resultados de su labor, aunque sean catastróficos. Es como si estuvieran por encima del bien y del mal.

fernandomacias@terra.es
 

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