AGLI

Recortes de Prensa    Viernes 7 Mayo  2010

 

Misión imposible
Lázaro Conde Monge Minuto Digital  7 Mayo 2010

He arado en el mar. Simón Bolívar
En artículo precedente, titulado El Esperpento, ponía de manifiesto la nefasta política del actual Gobierno de España, desde el inmediato inicio de su
gestión tras la inesperada victoria del partido político de su Presidente, en las Elecciones Generales celebradas el 14 de marzo del año 2004 y revalidada el
9 de marzo del 2008. Al finalizar dicho artículo, dejaba constancia de que, del desarrollo inmediato de los acontecimientos, dependería el posible giro de
futuros comentarios. En eso estamos.

Quienes fieles a sus creencias y a sus principios, sitúan en primer plano el sentido trascendente del ser humano, no deben ser ambiguos ni cobardes al
enjuiciar el siniestro giro experimentado por la política española, a raíz del acceso al poder de un partido político que, para mayor sarcasmo, alardea de
progresismo como signo diferencial. Sería amoral, además de injusto, no recordar que dicho acceso se produjo tras la victoria de ese partido, en unas
elecciones celebradas a los tres días justos de la espantosa matanza terrorista del día 11, que sigue sin investigarse. El permanente sentimiento de
solidaridad y afecto a sus inocentes víctimas debe ser siempre prioritario.

Puesto que negar la evidencia es, tal y como titulo este comentario misión imposible, me limitaré a dar mi modesta opinión de español libre, sin filiación
política alguna, que considera que a estas alturas no hay alternativa posible a la democracia. El análisis de la lamentable situación a la que ha conducido a
España la gestión de su principal responsable, tal vez permita extraer conclusiones fundadas, con el fin de corregir el siniestro rumbo que ha conducido al
caos actual.

Memoria histórica, Alianza de civilizaciones, Igualdad de género, Educación para la ciudadanía y otros conceptos, confusos y abstrusos, son desde el primer
momento las originales ofertas del iluminado personaje que alcanzó el poder en las circunstancias descritas. Los siniestros resultados de su nefasta gestión
los sufrimos la inmensa mayoría de los españoles, con excepción de los dirigentes políticos progresistas.

Ha llegado el momento de desenmascarar al principal responsable de la parodia de democracia que padece el anestesiado pueblo español. La resignación bovina
tiene un límite. Con la mentira como fundamento de la acción política y el Estado de Derecho en quiebra, la corrupción campea incontenible entre los
dirigentes del partido que aun se titula obrero y ha conseguido el espantoso record de situar el paro nacional en las proximidades de la escandalosa cifra de
cinco millones. La inmunidad está garantizada, entre quienes disfrutan de un sorprendente bienestar económico, tras usurpar el poder “pro domo sua”. La
existencia de jueces prevaricadores y fiscales incondicionales está minando la imprescindible división de poderes.

No es posible ocultar la gravedad de una situación insostenible. Por su especial trascendencia es obligado denunciar la manipulación de la memoria, para
reescribir la Historia falsificándola sin el menor rubor, con la finalidad de liquidar la Constitución vigente que se fundamenta en la indisoluble unidad de
la nación española (art. 2).

El odio, el rencor, el resentimiento y el revanchismo que son los principales signos de identidad de un progresismo que pretende eliminar las raíces
cristianas, esencia de nuestra civilización, constituyen los sentimientos que han llevado al peculiar Presidente del Gobierno de España a situar por delante
de su promesa de guardar y hacer guardar la Constitución, su particular intención de perpetuarse en el poder haciendo abstracción, sin escrúpulo alguno, del
riesgo de incurrir en el infame delito de alta traición.

La Historia, considerada universalmente como maestra de la vida, no la escriben los políticos sectarios en función de sus infames intereses. La narración de
hechos y circunstancias, relevantes y documentados al máximo, es cometido fundamental de los historiadores que dedican su trabajo a su estudio minucioso.

En las circunstancias actuales de España se impone la más serena reflexión. La increíble aspiración de la Comunidad Autónoma catalana de constituirse en
nación, supera toda capacidad de asombro. La validez del proyecto múltiplemente recurrido ante el Tribunal Constitucional, desde el momento inmediato a su
precaria aprobación exclusivamente en Cataluña, requiere la imprescindible sentencia de tan Alto Tribunal. No es momento de especular sobre las causas de una
demora de cuatro años en la publicación de una sentencia especialmente sencilla dado, que no existe la menor posibilidad de que pueda ser refrendada,
mientras nuestra democracia cumpla la Constitución vigente aprobada el 6 de Diciembre de 1978 por 15.310.020 votos positivos que significaban el 87,7 por
ciento de los emitidos por los votantes, frente al 7,83 por ciento de 1.385.582 votos negativos. La enérgica y contundente reacción de los juristas de
reconocido prestigio que integran el Tribunal, encabezada por su Presidenta, que sufrió el acoso de la vicepresidenta del Gobierno durante la celebración del
desfile militar de la Fiesta Nacional el 12 de Octubre del año 2007, al desaforado ataque de los irredentos nacionalistas catalanes, garantiza que todos
ellos cumplirán su primordial misión, con independencia de cualquier tipo de presión.

Puesto que la manipulación sectaria, propia del progresismo, está conduciendo a España a un auténtico callejón de difícil salida, quienes declaramos
paladinamente el orgullo de nuestra gloriosa estirpe no podemos seguir manteniendo el silencio de los corderos. La imprescindible reacción democrática, una
vez comprobada su falsificación, comienza por conocer la verdadera Historia. Afortunadamente España ha sido motivo de interés para la práctica totalidad de
los historiadores más acreditados en todas las épocas, dada la importancia y la trascendencia de su protagonismo nacional. La repercusión universal de la
Guerra Civil en el pasado siglo XX ha sido y sigue siendo, motivo especial de exhaustivo estudio por parte de los más acreditados historiadores en todo el
mundo. Singular importancia tiene la aportación de los anglosajones, de todas las tendencias políticas, perfectos conocedores de España, entre los que
destacan los nombres de Gerald Brenan, Hugh Thomas, Ian Gibson, Paul Preston, Brian Crozier y George Hills. Sería de desear igualmente que conocieran entre
otros muchos historiadores españoles a Pio Moa, Salas Larrazabal y Ricardo de la Cierva.

Hay plena coincidencia en datar el preludio de la Guerra Civil en la Revolución de Asturias protagonizada por socialistas, comunistas y anarquistas, junto al
Bloque Obrero y Campesino y los sindicatos UGT y CNT, al grito unificador de UHP (Uníos Hermanos Proletarios), en Octubre de 1934, coincidiendo con la
proclamación del Estat Catalá por Companys en Barcelona, cuya efímera duración no llegó a alcanzar las 24 horas que tardó el general Batet en sofocarla y los
intentos desestabilizadores de los socialistas, con Largo Caballero al frente en Madrid. Es bien sabido que el Gobierno de la Segunda República, presidido
por Alcalá Zamora, Lerroux Jefe del Gobierno y Diego Hidalgo ministro de la Guerra, hicieron frente a la gravísima situación con rapidez y solvencia
recurriendo al Ejército y designando al General Franco como organizador de la reacción para evitar el desmembramiento de la unidad nacional.
Tiempo habrá, de nuevo en función del desarrollo de los acontecimientos, de analizar con todo detalle el singular nombramiento de la actual ministra de
Defensa

Veinte años de fracaso de la LOGSE exigen un cambio
EDITORIAL Libertad Digital  7 Mayo 2010

Entre tantas malas noticias, es un alivio que el PP se haya decidido a hacer oposición en un asunto tan importante como es la educación. Siendo urgente un
relevo en el Gobierno por la necesidad que tiene España de un giro completo en materia económica, el penoso estado de nuestro sistema de educación es, a
largo plazo, crucial; también para la economía. Resulta ridículo que Zapatero pretenda cambiar el modelo productivo del país y centrarse en la I+D cuando
estamos produciendo universitarios con graves problemas para leer y escribir.

Sin embargo, en su rueda de prensa de este jueves, el ministro Gabilondo ha dejado claro que cree que España "tiene un buen sistema educativo", así que
resulta comprensible que haya propuesto un texto que en enfoque e importancia parece equiparable a lo que la foto de Zurbano ha supuesto para nuestra
economía. Un montón de medidas menores, cosméticas, que no atacan el fondo de los problemas de la educación española. Problemas que arrancan de una pedagogía
que ha arruinado las posibilidades de futuro de millones de españoles, especialmente aquellos cuyos padres carecen de recursos para paliar los efectos de la
LOGSE.

Resulta ridículo que los socialistas persigan ahora "estabilidad normativa" cuando frenaron las tímidas reformas del PP por medio de un decretazo. Pero
aunque pudiéramos darles el beneficio de la duda, privilegio que desde luego no merecen, un mero vistazo al pacto o a las declaraciones de Gabilondo dejan
claro que no han estado dispuestos a ceder ni un milímetro a las principales reivindicaciones del PP, léase, que el sistema educativo vuelva a centrarse en
la enseñanza y no en seguir dejando en evidencia el fracaso pedagógico del socialismo y que los alumnos puedan aprender en castellano en toda España si los
padres así lo quieren.

Para Gabilondo acabar con el modelo fracasado de la LOGSE no es "realista". Pero veinte años después, con tres gobiernos distintos al mando, difícilmente
puede calificarse de realista el empeñarse en mantener esa fantasía pedagógica progre. Para Marchesi y sus herederos, los maestros pueden ser facilitadores,
pero debe ser el alumno el que "descubra" los conocimientos, como si éstos no hubiesen sido el producto de siglos y siglos de descubrimientos de las mejores
mentes de cada momento de la historia de la humanidad, cada uno de los cuales pudo llegar más lejos gracias a que se subieron a los hombros de gigantes, sus
predecesores. Los conocimientos se enseñan, y ningún sistema educativo que ignore esa realidad tan básica puede tener éxito.

Por otro lado, resulta increíble que a estas alturas haya que insistir en que en los colegios e institutos públicos españoles se pueda aprender en el idioma
común de todos los españoles. La libertad de elegir no sólo debe referirse al centro educativo, como por otra parte también ha reclamado sin éxito el PP,
sino también a una herramienta tan básica como es el idioma. Por razones puramente educativas, pues pelear con un idioma que no es el materno añade muchas
dificultades al aprendizaje, como de mero sentido común: si el nacionalismo emplea la lengua para separar, un Gobierno nacional debería utilizarla para unir.

Claro que poca esperanza puede quedar para que se haga luz en este oscuro asunto cuando el propio PP, que se declara adalid de la libertad de escoger el
castellano en toda España, impide esa posibilidad en las regiones bilingües donde gobierna: Galicia, Valencia y, cuando estaba en el Ejecutivo, Baleares.

Al final todo, o casi todo, se resume en lo mismo: libertad de elección. Libertad para escoger el centro, público o privado, donde aprender en la lengua que
se prefiera y con la opción pedagógica que se considere más apropiada. Cheque escolar, para impedir que los pedagogos puedan aprovecharse de quienes menos
tienen para sus experimentos. Autoridad para el profesor, para impedir que los alumnos conflictivos obstaculicen el aprendizaje de los demás. El ridículo
pacto propuesto por Gabilondo no avanza ni un milímetro en esa dirección. Bien rechazado está.

El fracaso de Gabilondo
Editorial La Razón  7 Mayo 2010

El diagnóstico sobre la situación del sistema educativo en nuestro país ofrece poco margen para la interpretación. Las estadísticas nos sitúan en el furgón
de cola de Europa, con cifras de fracaso escolar superiores al 30%, que doblan la media de la UE, o en formación, donde el porcentaje de jóvenes que finaliza
Secundaria está a 18,5 puntos de la cifra europea. A lo cuantitativo, hay que sumar lo cualitativo, con el deterioro de valores fundamentales para una
escuela de calidad como la cultura del esfuerzo, la disciplina, la exigencia o el respeto al profesorado. La fragmentación autonómica es otro rasgo que ha
contribuido al declive del rendimiento de nuestros escolares. Este modelo educativo emanado de la Logse socialista ha fracasado estrepitosamente.

Hace casi un año, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, llegó al puesto con el encargo del presidente del Gobierno de lograr un gran acuerdo nacional
que supusiera un punto de inflexión en un área estratégica. La propuesta del ministro, que fue sometida para su estudio a los partidos hace un par de
semanas, estaba muy lejos de parecerse a un pacto de Estado y se limitaba a un conjunto de medidas aisladas y superficiales que suponían avances en aspectos
tangenciales, pero que esquivaban las reformas esenciales. Ya comentamos en su momento que la renuncia a defender el castellano como lengua vehicular del
sistema en toda España y a definir temarios troncales comunes, así como las lagunas en el reconocimiento de los derechos de los padres a elegir la educación
de sus hijos o la marginación de la asignatura de Religión, convertían la propuesta del ministro en una iniciativa de corto recorrido y alejada de lo que el
país necesitaba.

Como era de esperar, el Partido Popular anunció ayer que no apoyará el compromiso propuesto por el Gobierno, porque no aborda la catarsis del modelo
educativo. Dolores de Cospedal insistió en que el PP cree en la necesidad de esa transformación profunda del sistema, sin que ello suponga «poner ese nombre
a cualquier acuerdo que mantenga lo que tenemos hoy». Como en política económica, el principal partido de la oposición ha propuesto a lo largo del proceso
negociador los cambios necesarios para combatir con eficacia el fracaso escolar y elevar la calidad de nuestra educación. El ministro Gabilondo,
lamentablemente condicionado por sus compromisos ideológicos y por las estrategias partidarias, no contempló ninguno de ellos. No hubo voluntad de
desarrollar un acuerdo de Estado real, sino más bien otra operación cosmética que diera réditos políticos, pero no académicos. Concluimos en su día que lo
mejor y lo peor del documento del ministro era que no producía ni frío ni calor. El Gobierno no gobierna tampoco en Educación y renuncia a tomar las
decisiones adecuadas. La consecuencia es que primero el PP y luego el resto de los grupos se han desmarcado del pacto. Gabilondo anunció que seguirá adelante
con su propuesta pese a todo. Es una huida hacia delante sin sentido. Su fracaso ya es evidente y debe asumir esa responsabilidad.

Fama y realidad de Rajoy
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS. ABC  7 Mayo 2010

Es un líder muy mirado. Sin embargo los socialistas le presentan como el político que dice a todo que no. Es verdad que ayer se negó a entrar en el pacto de
Educación que le propone Gabilondo, y a desdecirse del recurso frente al Estatuto al que le invitó Montilla pero ¿cómo podría apoyar un sistema de educación
que está llevando al fracaso escolar al treinta por ciento de los estudiantes? ¿Cómo entrar en un juego que no garantiza la enseñanza del castellano y que no
les permite a los padres la elección de centro? Lo sospechoso es que los socialistas piensen que el PP es tan relativista que no tiene valores.

Yo creo que estas confusiones sobre el PP y su líder se deben a algunas actuaciones de éste. Por ejemplo a comportamientos como el que tuvo con Zapatero en
la reunión de Moncloa del martes. Yo tuve la sensación de que Rajoy insistió excesivamente en los «acuerdos» ( respecto a la ayuda a Grecia y a la política
con las Cajas de Ahorro) y en el «apoyo» que siempre le ha prestado y seguirá prestando al Gobierno. Y, sin embargo, fue muy mirado con la cuestión del paro.
No habló, por ejemplo, del 20 por ciento de desempleo ni de los cuatro millones seiscientos mil parados. No explicó por qué la crisis es dramática y puede
ser trágica. Se limitó a decirle al presidente que debe «actuar» y «gobernar» porque su «tiempo ha terminado» y que, de no hacerlo, él está ahí él como
«alternativa».

¿Se puede ser más mirado que hablar de «alternativa» en vez de exigir un adelanto electoral que le permita al pueblo elegir entre la irresponsabilidad y la
eficacia, entre la lucha contra el déficit y el hundimiento de las bolsas y las vidas? Es un estilo que contrasta con el de Zapatero cuando advierte, por
ejemplo, que la oposición juega con fuego cuando le hace el juego a los mercados al basar su política en «rumores falsos» y no en «datos positivos». Algo
pasa cuando siendo Rajoy un hombre muy mirado tiene fama de negativista metódico.

ETA y la izquierda
Rubalcaba da lecciones
Cristina Losada Libertad Digital  7 Mayo 2010

El ministro Rubalcaba es partidario de actuar dentro de la ley en la lucha contra el terrorismo. "Se puede ser más eficaz cuando se respetan las normas
porque nos dan la supremacía moral", sentenció en una conferencia, a la vera de Peces-Barba. Una entiende que esas normas deben de respetarse siempre,
incluso si no prometen eficacia. No obstante, bienvenido al club. Por un minuto. El minuto que se tarda en recordar que quien imparte lecciones fue miembro
de un Gobierno que recurrió a la "guerra sucia". Y que lo hace junto al hombre designado para quebrar la espina dorsal de las víctimas, a fin de allanar el
camino a una negociación política con ETA. La ley y la moral nunca han iluminado al PSOE en ese periplo.

Para ilustrar su tesis, Rubalcaba trazó una comparación entre la dictadura franquista y la democracia. Las leyes represivas de la primera, dijo, no
consiguieron acabar con ETA; en cambio, la democracia, con su supremacía moral, va a lograrlo. Ojalá fuera tan fácil. En realidad, las dictaduras suelen
terminar sin contemplaciones con los grupos terroristas y, en nuestra época, la gran mayoría de esas bandas se han desarrollado en el seno de democracias.
ETA fue mucho menos activa bajo el franquismo que después de él. La frecuencia y la intensidad de sus atentados se multiplicaron durante la Transición, para
llegar a su máximo entre 1978 y 1980, año en el que causó un centenar de víctimas. ETA perpetró el 29 por ciento de todos los asesinatos de su historia en
ese período. Los "años de plomo" fueron en democracia.

El mito, sin embargo, quiere lo contrario. Pues en el mito de la izquierda, ETA pertenece a la familia antifranquista, aunque entonces le surja un
interrogante: ¿por qué sigue? Pregunta que no contesta reconociendo que uno de los factores por los que ETA ha perdurado es la legitimidad que le concedió la
izquierda, su larga y todavía latente complicidad moral con ella. La que expresa aquel grito: "vosotros, fascistas, sóis los terroristas", que aún corearon
los partidarios del "proceso". La izquierda se desarmó ideológicamente frente a ETA y las secuelas de ese desarme permanecen. Ni siquiera ha aprendido que la
supremacía moral de la democracia se manifiesta en la negativa a dar carta de naturaleza política a los que matan.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Educación
El pacto que sí haría falta
Álvaro Vermoet Hidalgo Libertad Digital  7 Mayo 2010

Terminado el plazo dado por el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, para que las organizaciones que pertenecemos al Consejo Escolar del Estado declaremos
si asumimos o no el contenido del texto de Pacto de Estado propuesto por el Ministerio, puedo adelantar que la Unión Democrática de Estudiantes no lo
firmará.

Ignoremos por un instante toda la palabrería del texto en relación a la necesidad de medios, en cuanto a la importancia de las nuevas tecnologías, etc. La
única medida digna de destacar que contiene el texto consiste en flexibilizar el último curso de la Educación Secundaria para que proporcione una
alternativa, orientada a la formación profesional, al 30% de alumnos que con el rígido sistema actual acaban engrosando las cifras del fracaso escolar.
Lógicamente, se trata de una mejora y, si esta medida se propone, nosotros la votaremos en el Consejo. Es más, lo incomprensible es que, tras veinte años de
LOGSE y de generalización del fracaso escolar, los Gobiernos socialistas se hayan negado tan siquiera a corregir superficialmente este sistema. Ahora bien,
se trata de un parche y, aunque se aprobase, seguiríamos ante un sistema rígido y absolutamente contrario a la meritocracia y a los estándares de calidad que
le son exigibles.

Esta es la primera razón para no firmar el pacto; no cabe duda de que hacerlo supondría renunciar a cualquier reforma que vaya más allá de lo que contiene el
texto y, dado que lo que contiene es un mero parche, firmarlo supondría perpetuar un sistema nefasto. Y perpetuar el sistema LOGSE, renunciar a que algún día
un Gobierno distinto pueda cambiarlo, es un precio demasiado alto para lo que no deja de ser una reforma insuficiente, urgentemente necesaria, pero al fin y
al cabo superficial. ¿Cree el ministro que es necesario aplicar las ligeras reformas que ha propuesto? Que las aplique, pero que no exija al resto del mundo
que, gobierne quien gobierne, la reforma se acaba ahí. La auténtica reforma que necesitamos es un Bachillerato de cuatro años íntegros, con un nivel de
exigencia comparable al que había antes de la reforma de los años 70. Un Bachillerato que proporcione una formación cultural, lingüística y científica
suficientemente sólida como para que la Universidad pueda centrarse en la especialización, la investigación y la innovación.

La segunda razón se refiere a lo que no contiene el Pacto. En realidad, para flexibilizar el último curso de la ESO no hace falta un Pacto de Estado, es una
medida que si se presenta mañana problablemente contará con el respaldo del P en las Cortes. Sin embargo, para lo que sí haría falta un gran Pacto de Estado
entre los dos partidos nacionales es para solucionar el otro gran problema de nuestro sistema educativo. Así, junto al ‘agujero negro’ de fracaso escolar que
es la ESO y los pobres conocimientos al final del Bachillerato, el otro gran problema es la fragmentación del sistema educativo español en diecisiete
sistemas educativos autonómicos y con vocación regionalista. El problema no es ya la absurda imposición de las lenguas regionales como únicas lenguas de
enseñanza, sino la regionalización de los programas de estudio y, en fin, de todo el sistema educativo. Y no sólo allí donde gobiernan los partidos
regionalistas.

Para lo que sí hubiese sido necesario un pacto entre el PP y el PSOE es para que el Estado, cuyo papel es hoy absolutamente marginal en todo lo que tenga que
ver con la educación, haga cumplir la legalidad, garantice un tronco común en el sistema educativo y recupere un margen de competencias que le permita al
menos romper el monopolio de las autonomías y abrir o autorizar colegios estatales, que no dependan de las diecisiete comunidades autónomas y que puedan
enseñar en español y en otras lenguas internacionales unos temarios nacionales, así como transmitir competencias mínimamente comparables con nuestro entorno
europeo. Estas fueron, en síntesis, las propuestas que hicimos llegar –infructuosamente– al Ministerio.

Tras la transferencia de las competencias de educación a las comunidades autónomas, son éstas las que disponen de todo el presupuesto, de todos los centros
públicos y de todos los profesores funcionarios; los temarios los aprueba la comunidad autónoma, y también ésta concede –o no– los conciertos a los colegios
privados, lleva la inspección, etc. Incluso la Selectividad es autonómica, consecuencia lógica de que los temarios lo sean. Una cosa es mejorar la gestión
descentralizando el sistema, o permitir que las autonomías ofrezcan escolarización en lenguas cooficiales para quien lo demande, y otra el suicidio que
supone para el Estado retirarse por completo y ceder todo lo que tenga que ver con lo que se enseña, cómo se enseña y quién lo enseña, a las clases políticas
autonómicas. Y los principales perjudicados son los ciudadanos, privados de un sistema estatal de instrucción pública y condenados a que sus hijos estudien
en un marco exclusivamente regionalista.

Es para ello para lo que haría falta un pacto entre el PSOE y el PP, si no para recuperar totalmente las competencias en educación al menos sí para reactivar
la Inspección del Estado, reforzar los contenidos estatales, garantizar la enseñanza en castellano y romper el monopolio autonómico. Sólo un pacto así
merecería denominarse Pacto de Estado; lo que ha presentado el Gobierno son tan sólo algunos parches envueltos en grandes dosis de propaganda.
Álvaro Vermoet Hidalgo es presidente de la Unión Democrática de Estudiantes, miembro del Claustro de la Universidad Autónoma de Madrid, consejero del Consejo
Escolar del Estado y autor del blog Cien Mil Objeciones.

Educación
Pacto de Estado por la fragmentación
Guillermo Dupuy Libertad Digital  7 Mayo 2010

Si el actual ministro de Educación, Ángel Gabilondo, considera que "España cuenta con un buen sistema educativo" y que nuestro país "es moderno y
desarrollado, gracias, en gran parte, al sector educativo", resulta lógico que haya rechazado todas las propuestas de fondo planteadas por un partido como el
PP destinadas a reformar sustancialmente el actual modelo.

Sin embargo, el cinismo de Gabilondo no sólo es capaz de hacer un diagnóstico positivo de la desastrosa situación que padece la educación en España sino
también de culpar al PP del hecho de que la propuesta final de reforma de su propio ministerio se limite básicamente a reproducir el modelo existente, con
pequeñas modificaciones destinadas a satisfacer a los nacionalistas.

Ya resulta lamentable que Gabilondo se haya negado en ese documento a reconocer el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en español, sea cual sea
el territorio en el que vivan. Ya resulta bochornoso que, después de haberse negado a recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Educación Catalana,
Gabilondo haya adecuado su propuesta de reforma a esa norma autonómica que consagra el secesionismo en materia de enseñanza. También resulta impresentable,
en esa línea, que Gabilondo no haya hecho el mínimo esfuerzo por potenciar las enseñanzas comunes, por impulsar un sistema nacional de evaluación, ni
siquiera por garantizar el mantenimiento de los cuerpos nacionales del profesorado.

Sin embargo, por criticable que sea todo lo anterior, lo más bochornoso es que Gabilondo tenga la caradura de afirmar que "sin el PP vamos a ir más lento y
vamos a ir menos lejos como pais". Y esto lo afirma el impulsor de un supuesto pacto de Estado por la reforma de la educación que margina de él al principal
partido de la oposición, que considera que ya tenemos "un buen modelo educativo" y que las únicas modificaciones que introducen son las destinadas a
satisfacer a quienes no consideran a España como su país.

Hay que reconocer, con todo, que algunas de las medidas destinadas a satisfacer a los nacionalistas, fundamentalmente a CiU, pueden ser positivas y
coincidentes con las reclamadas con el PP, tales como las destinadas a aumentar las exigencias del rendimiento escolar para pasar de curso, fomentar la
diversidad de itinerarios o reforzar la autoridad del profesorado. Sin embargo, Gabilondo ni siquiera permite –al menos, por ahora– al PP apoyar esas medidas
por separado, tal y como se han ofrecido a hacer los populares en el Parlamento. A esos extremos de sectarismo ha llegado este ministro que finge y juega a
ser un hombre de consenso

Pacto
Retorno a la educación
Agapito Maestre Libertad Digital  7 Mayo 2010

El PP ha sido claro y contundente: No hay pacto de Estado educativo con el Gobierno, porque los socialistas no creen en la educación. ¡Qué alivio! Por fin el
PP responde al Gobierno sin titubeos: mientras los socialistas no manifiesten una voluntad de supresión de la LOGSE, una de las peores leyes de educación de
la historia de España, no hay nada serio que pactar. En realidad, el PP no tenía nada que negociar con los socialistas, salvo la desaparición de esa ley, que
ha reducido la educación a mera socialización y la pedagogía a dictadura del pedagogismo.

Los socialistas nunca han creído en la educación. Hablan de educación "en" valores y cosas así, pero nunca han reconocido el valor de la educación. La
"educación" es para Zapatero un asunto sólo y exclusivamente para manipular, para adocenar y amaestrar a los individuos. ¿Qué otra cosa podría esperarse de
quien está falsificando la historia de España, negando las tradiciones e imponiendo a todas horas empezar de cero como los monos? La "educación" para los
socialistas es un instrumento más, como el PER o los sindicatos, para que nos arrastremos por los lodos de la realidad. La educación para esta gente nunca se
plantea para superar las perversidades del presente sino para adaptarnos a ellas.

La "educación" para pasar el rato, para la diversión permanente, no es sino una vulgar tapadera de los chuscos fines del Gobierno, por ejemplo, encubrir el
paro. Mientras que no aparezcan socialistas decentes que reconozcan que es menester acabar con la LOGSE, sencillamente, porque está matando la educación,
nadie debería hablar con el Gobierno. Por lo tanto, y aunque cada vez sea más necesario un pacto de todos los agentes políticos y educativos por la
educación, alegrémonos de que el PP haya roto cualquier posible contrato con el Gobierno hasta que éste no reconozca que la educación no es para adaptarse a
las miserias que esa ley ha creado.

La educación que no es, como he repetido mil veces, una voluntad o un designio para hallar un estado mejor de la humanidad no merece la pena. El "educador"
que no tiene otro objetivo que adaptar y someter al educando al mundo actual, por corrompido que éste sea, puede fácilmente transformarse en corruptor. Kant
tenía razón: la educación que no es para mejorar es rutina. O sea, no se trata de lamentarse de la muerte de los fines educativos, sino de aceptar que la
educación es una finalidad en sí misma para la emancipación de la humanidad. He ahí la diferencia radical entre el PSOE y el PP.

Y tú más
«El uso sectario de la corrupción ha llevado a que en tres décadas no se haya afrontado nunca como un problema global. Y eso que hay medidas y actitudes que
parecen obvias. Incluso aunque, hoy, la corrupción no tenga castigo electoral»
MANUEL MONTERO El Correo  7 Mayo 2010

Cuando salta alguna noticia relacionada con la corrupción el sainete se repite. El partido al que pertenece el sujeto pillado en renuncio tiende a cerrar
filas, a no ser que lo hayan cogido con las manos en la masa. Los demás partidos se lanzan en tromba. Pasan de presunciones de inocencia e insinúan que el
desliz hace sospechosos a todos los correligionarios del interfecto y refleja la podredumbre esencial del partido del pervertido. La corrupción se usa como
arma para descalificar en pleno al contrario. Es injusto -la inmensa mayoría de los políticos quedan al margen de estas prácticas-, pero hay un precedente en
el que el uso electoral de las corruptelas fue eficaz, la crisis final de la anterior etapa socialista, entre 1993 y 1996. Ahora las cosas son más
complicadas, pues al consolidarse los poderes locales la corrupción se ha diversificado. Rizamos el rizo: la oposición compite con el partido gobernante en
escándalos, y lo hace con ventaja, que ya es (de)mérito y cruz para el ciudadano elector.

Cuando se amontonan las evidencias de que en el partido propio hay corruptos, ladronzuelos y/o rufianes las reacciones rayan el surrealismo. Primero aseguran
que son objeto de una persecución infame. Después, alegan la presunción de inocencia, ante la perplejidad del público, al que no le gusta que le presuman
nada. Luego intentan quitarse lastre con alguna baja, la más baja posible. Al final, lo dicen: «Y tú más», afirmando que lo suyo es una menudencia comparado
con lo del prójimo. Y se quedan tan contentos. Han remoloneado hasta que el agua les llega al cuello, pero es el momento en que se presentan como adalides de
la anticorrupción.

El tratamiento sectario de la corrupción responde a la idea de que los nuestros están cargados de virtudes mientras los otros actúan con ligereza culpable o
son, sin más, unos depravados. Una anécdota mexicana refleja esta actitud. Un cargo del PAN relevó en su puesto a otro del PRI, cuando este partido perdía
poder. Lo primero que hizo fue encargar a dedo todas las contratas a un amigo suyo. El hombre lo justificaba: aseguraba que había procedido bien, porque los
contratistas del PRI eran unos corruptos, mientras que su colega contratista era un dechado de virtudes democráticas. La convicción de estar en el lado bueno
justifica tropelías, por la costumbre de adjudicarse el monopolio de la decencia y atribuir al otro una inclinación natural al vicio.

La corrupción no se aborda como una lacra general de nuestra democracia -que no es de una parte, sino del todo-, sino de forma sectaria. Quizás piensan que
si convencen a la ciudadanía de que los otros son todavía peores -«y tú más»- quedan aseguradas las elecciones, el objetivo central de nuestra vida política.
Ningún partido ni ideología puede atribuirse el monopolio de la honestidad. La decencia no es izquierdas ni de derechas, nacionalistas o no. En todos los
partidos han saltado corruptelas y corrupciones. Sin excepción. Estamos ante una falla del sistema, que se produce al margen de las adscripciones
doctrinales. Desemboca en el lamento general sobre el desprestigio de los políticos, pero no hay ninguna razón para suponer que éstos, como casta
profesional, sean particularmente proclives a la corrupción. Otra cosa es que no se haga gran cosa por remediarla, más allá de acusar a los demás por su
pasividad al respecto. Lo cierto es que el sistema presenta resquicios que hacen posible la actuación de los desalmados.

El uso sectario de la corrupción ha llevado a que en tres décadas no se haya afrontado nunca como un problema global. Y eso que hay medidas y actitudes que
parecen obvias: mejorar los instrumentos de control, eliminar las solidaridades con los sospechosos, así como los linchamientos inmediatos a la menor
ocasión, ese entusiasmo que le entra a la oposición si pillan a alguno del partido gobernante o la euforia del gobernante si el opositor se ve empozado.

Y están, sobre todo, las medidas que tomaron en su día otros países que afrontaron el problema, pues éste no es consustancial al genio de la raza ni
privativo e inevitable. Entre ellas, introducir cambios que profesionalicen la gestión, que reduzcan el número y niveles de los nombrados a dedo. Que incluso
en las escalas altas de la Administración los gestores no se seleccionen por amistades ideológicas o vínculos familiares, sino por méritos. Convendría
impedir que en ámbitos completos de la Administración quede todo en manos de conmilitantes, sin funcionarios profesionales ni nadie que no sea de la misma
cuerda. Estremece la formación de concejalías, direcciones generales, consejerías, etcétera, compuestas exclusivamente por gente que ha seleccionado el mismo
partido, a veces con el único bagaje de su entusiasmo o su habilidad aparatera. Sin profesionales ni gente de otra procedencia, suelen constituir el coto del
'yo me lo guiso, yo me lo como'. Muchos, sin control, estarán dispuestos a lo que sea para ganar las elecciones, hasta dar tratos de favor para financiar a
cambio al partido. Algunos hasta querrán rentabilizar el poder, sin nadie que pueda controlarlos. Como mucho, algún colega del partido, que a lo mejor
prefiere mirar para otro lado o dejar que se lave la ropa en casa. O que a lo peor hasta le gusta que le inviten de vez en cuando a una copa.
Mediáticamente quedará muy bien gritar que los de nuestro partido son la honestidad personificada y los demás lo peor de lo peor, pero así queda la casa sin
barrer. Incluso aunque, hoy por hoy, la corrupción no tenga castigo electoral. No es sólo un problema ético. Nos va mucho en ello.

Terrorismo
Instrumentos imprescindibles
GEES Libertad Digital  7 Mayo 2010

Entre el 28 y el 30 de abril se ha celebrado en España, en el marco de la Presidencia de la UE, una reunión de más de 60 expertos en desactivación de
explosivos de los 27 Estados miembros de la Unión, además de miembros del FBI y de la ATF estadounidenses. Esta reunión, la primera de su género, se
celebraba en el centro español de excelencia en la materia creado en el Marco de la Academia Militar de Ingenieros, en Hoyo de Manzanares, y ha cobrado
renovada importancia ante el atentado afortunadamente fallido en el escenario neoyorquino de Times Square.

En Madrid los expertos han hecho lo que se impone hacer, y más en tiempos en los que para algunos lo prioritario es felicitarse por los procesos de
desradicalización islamista o preocuparse por los derechos de los presos de Guantánamo que, con cuentagotas, nos van llegando a nuestro suelo. Los técnicos
reunidos en Hoyo de Manzanares han estudiado tanto las amenazas que sufrimos en nuestras ciudades como las que a diario ponen en riesgo las vidas de nuestros
efectivos o las de nuestros aliados en Afganistán, Irak o Líbano. También la posibilidad de que éstas interactúen entre sí: terroristas especializados en
esos lugares distantes que acaben actuando en Europa, siendo además algunos de ellos europeos. Además está la posibilidad de que a los explosivos clásicos,
más o menos sofisticados, se les añadan elementos de complejidad del ámbito NRBQ (Nuclear, Radiológico, Bacteriológico y Químico). Esta posibilidad es cada
vez mayor, en particular el químico, lo que está llevando a la realización de ejercicios y simulacros ante la posibilidad de que un atentado así se produzca
en nuestras ciudades.

En otro escenario antiterrorista, efectivos militares españoles están desde el 3 de mayo y hasta el día 23 participando en las maniobras "Flintlock 2010"
lideradas por los EEUU en el Sahel. Esta es la primera vez que nuestros hombres participan sobre el terreno en maniobras "Flintlock", iniciadas por los EEUU
en este escenario saheliano en 2005, aunque España estuvo ya involucrada en ellas en 2008 cuando su cuartel general fue instalado en la Base de Rota. Ahora
europeos, estadounidenses y africanos van a compartir sobre el terreno experiencias en materia de lucha antiterrorista y contra los tráficos ilícitos,
verdaderas amenazas en la franja del Sahel. A título de recordatorio, dos ciudadanos españoles siguen secuestrados en ella por Al Qaida en las Tierras del
Magreb Islámico (AQMI) y desde el 19 de abril este grupo ha añadido otro rehén a su lista con la captura de un octogenario francés en Níger.

Atentados con explosivos clásicos o con nuevos componentes en nuestras ciudades; desestabilización y atentados contra nativos o europeos en el Sahel. Son dos
de los frentes islamistas en los que es urgente la coordinación internacional y la preparación de todos. Como hemos comentado en otras ocasiones, los
atentados se preparan allí, pero se ejecutan también aquí. Conviene estar preparados y adelantarse a los acontecimientos. Las cumbres en Occidente y las
maniobras en el Sahel son dos instrumentos imprescindibles, aunque no los únicos.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

EL PP SE DESMARCA DE LA PROPUESTA DE ÁNGEL GABILONDO
El uso del castellano como lengua "vehicular" en los colegios dinamita otro pacto de Estado
Daniel Forcada. El Confidencial  7 Mayo 2010

No habrá Pacto de Estado por la Educación entre PP y PSOE, los dos grandes partidos con vocación de Gobierno, lo que, como ayer reiteró ante los periodistas
el ministro Ángel Gabilondo, es una “mala noticia” para el país, pues no garantiza un futuro de “estabilidad normativa” en un asunto tan sensible como éste.
Pero diez reuniones de trabajo entre el Gobierno y el PP y tres encuentros de máximo nivel entre el propio Gabilondo y María Dolores de Cospedal no han
logrado acercar posturas ni limar asperezas en temas sensibles para el principal partido de la oposición como el castellano o las libertades educativas. A
juicio de Génova 13, ni lo propuesto por Gabilondo plantea “temas de Estado” ni el ministro pretende “cambiar un sistema educativo –la LOGSE- que genera
tasas de fracaso del 31%”. Y con esos mimbres, la firma se antoja, de momento, imposible, por más que el ministro asegure que “hemos llegado hasta donde el
consenso nos permite llegar”.

Entre lo que los populares consideran temas de Estado está en primer lugar el que se garantice el castellano como “lengua vehicular” en todo el territorio
nacional y en todas las etapas educativas. Es decir, que los padres puedan elegir que sus hijos estudien en castellano en cualquier parte de España, incluido
en comunidades como Cataluña donde ahora mismo no es posible. En la última propuesta, Educación se excusaba en el artículo 3 de la Constitución y en el
“derecho y deber” de conocer las lenguas cooficiales para apoyar un objetivo menos ambicioso. “Que al finalizar la educación secundaria obligatoria, todo el
alumnado comprenda y se exprese con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial”.

Gabilondo, en su comparecencia ante los periodistas, aseguró que asuntos como el modelo de estado o la lengua son “de enorme importancia”, pero que, en su
caso, él solo es “el ministro de Educación”. Y añadió que no entendía por qué esas diferencias “tienen que ser condiciones sine qua non para apoyar mejoras
de nuestro sistema educativo”.

La propuesta del Ministerio tampoco recoge, a juicio de los populares, la garantía de unas enseñanzas comunes que se impartan de igual manera en todo el
país. Algo que choca de nuevo con la ley catalana de educación y que, por tanto, no se logra con los actuales decretos de enseñanzas mínimas.

Y en tercer lugar, el no del PP también está muy relacionado con el hecho de que no quede suficientemente clara la libertad de elección de las familias para
elegir el tipo de educación y el centro escolar que deseen. El Partido Popular quiere, en este sentido, que la creación de colegios concertados no esté
supeditada a la voluntad de las comunidades autónomas, sino que por ley se garantice que cualquier colegio privado, si tiene demanda, sea subvencionado.

El texto de Gabilondo, en cambio, entiende esta libertad de elección solo “dentro del marco de la programación general de la enseñanza que realizan las
administraciones educativas” y aclara, eso sí, que se facilitará a los padres “una adecuada información sobre los proyectos educativos de cada uno de los
centros públicos y privados concertados".

"Sin el PP vamos a ir más lentos y menos lejos"
Pero el diagnóstico y las diferencias sobre los problemas del sistema educativo van mucho más allá de estos asuntos “de Estado”. Gobierno y oposición tampoco
han sido capaces de llegar a un acuerdo sobre el propio modelo educativo. Que es “bueno”, en palabras de Gabilondo, quien mantiene que, aunque “debe
mejorar”, en ningún caso es “desastroso”.

Y es que, por la mañana, la secretaria general del PP había sentenciado que como el Gobierno no quería modificar “un modelo educativo fracasado”, el pacto no
era posible. “En el documento no apreciamos actitud de cambio ni vocación reformadora, sino un auténtico blindaje del modelo educativo actual". “Hemos tenido
la firme voluntad de llegar a un acuerdo”, explica también a este diario la popular Sandra Moneo. “Llevamos 20 años soportando el modelo LOGSE, un modelo que
fracasa día a día. Pero a un acuerdo que sea para mejor. No queremos engañar a la opinión pública con un pacto basado en una foto, sino con mejoras
sustanciales en la educación. El documento final perpetúa el modelo de la LOGSE y no introduce asuntos como la calidad, el mérito y el esfuerzo, el respeto
al profesor como autoridad pública”.

Gabilondo, en rueda de prensa, lamentó esa actitud de rechazo por parte del PP, pero no rechaza sacar su propuesta adelante con los apoyos con los que sí
cuenta. "Nos va a costar más sin el PP, vamos a ir quizás más lentos y quizás menos lejos como país; tardaremos más en lograr los objetivos y tal vez serán
menos estableces y sostenibles; espero que no lleguemos demasiado tarde".

El ministro aseguró también que "amplios sectores" educativos, sociales y partidos y los ciudadanos apoyan el documento definitivo y que se seguirá
trabajando para los consensos, pero ha reconocido que el escenario "cambia un poco, pero claramente" sin el PP porque ya no es un Pacto de Estado.

Jorge Mozo, de UPyD: "Es un derecho fundamental poder educar a los hijos en castellano"
EL COORDINADOR DEL PARTIDO EN SEVILLA ASEGURA QUE "ES NECESARIA LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA"
Álvaro Rubiowww.lavozlibre.com  7 Mayo 2010

Madrid.- Por las mañanas gestiona una empresa de servicios informáticos y por las tardes dedica su tiempo al partido en el que cree. Siempre confiando en el
cambio, el coordinador de UPyD en Sevilla, Jorge Mozo, mantiene la ilusión de que es posible modificar la actual ley electoral, el sistema de competencias
autonómicas y garantizar que los padres españoles puedan educar a sus hijos en castellano.

- ¿Cómo llegó a UPyD?
- Es el primer partido al que estoy afiliado desde que prácticamente se constituyó. Desde el principio tuve claro que UPyD era la mejor opción en cuanto leí
su proyecto fundacional. Me sorprendí de que un partido fuera tan radicalmente, en el buen sentido de la palabra, progresista y estuviera tan convencido de
que hay que cambiar muchas cosas que funcionan mal del sistema.

- ¿Qué es lo primero que tiene que cambiar del sistema actual?
- La ley electoral, porque es tremendamente injusta al beneficiar a los partidos mayoritarios y a los nacionalistas. Eso es lo que defiende UPyD y me parece
increíble que el resto de formaciones políticas no sea consciente de que esta norma no es equitativa y no digan nada.

- ¿Saben que esa ley no es la adecuada pero no quieren que se modifique por interés?
- Lo dejan claro cada vez que votan en contra en el Congreso, donde siempre nos quedamos solos. Saben dónde tienen sus votos, mercadean con ellos y parece
que están bastante cómodos, aunque eso suponga que tienen que pactar con los nacionalistas. Con esta ley electoral, el voto de los vascos y de los catalanes
tiene más fuerza y eso es terrible a nivel nacional. Eso tampoco le importa a PP y PSOE que llevan años pactando con partidos nacionalistas.

- Existe la concepción generalizada de que ustedes son un partido bisagra. ¿Qué tiene que pasar para que eso cambie?
- Que estemos realmente en la situación en la que muchos partidos se ven. Las formaciones políticas siempre hacen números, pero nosotros no queremos gobernar
en minoría. Por ejemplo, en Sevilla vamos a pedir al PP, si su partido gana, que a nivel nacional se posicione a favor del cambio de la ley electoral para
darle nuestro apoyo y nombrar a su alcalde.

"POR LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA"
- ¿Existe sensibilización en Sevilla por UPyD?
- En la última fotografía electoral que tenemos ha quedado evidenciado que sí. Somos la tercera fuerza política en la ciudad. En las europeas sacamos 11.204
votos en Sevilla, casi 2.000 por encima de Izquierda Unida, siendo este partido un socio del PSOE en el Ayuntamiento. Nosotros ya estamos por encima de IU,
lo que quiere decir que vamos a tener un papel importante a partir de mayo del año que viene. En Sevilla era necesario un partido como UPyD, había muchísima
gente desencantada, creemos que la sigue habiendo y que cada día va a más con el partido que gobierna porque tiene una política desastrosa. Todos los días
entran y salen políticos del juzgado y eso para la democracia es fatal. Es necesaria la regeneración democrática.

- Ese argumento se centra en las europeas. ¿Es valido pese a la baja participación en esa cita electoral?
- Nuestro electorado suele ser gente que acude a las urnas porque sabe que para cambiar las cosas hay que ir a votar. La gente que nos apoya ha votado ya.
Ahora nos queda convencer a los que todavía creen que PP, PSOE e IU tienen algo bueno que ofrecerles o piensan que no han terminado de engañarlos. Cuando
hablo de mentiras lo hago con datos. De hecho, hemos analizado los incumplimientos que presentó el PSOE para el 2007 y rondan el 80%. Eso queremos explicarlo
para que no tiren su voto a la basura. Todavía queda mucha gente que se va a sensibilizar y va a entender que hay que resolver primero los problemas básicos
del Estado.

- ¿El conflicto lingüístico es uno de los problemas de España?
- En este ámbito nos parece que la cosa va por el camino equivocado. Expresiones como las del señor Joan Laporta diciendo "nos están matando" y las
interpretaciones que hacen las fuerzas nacionalistas de la Constitución cuando aseguran que hay que evitar que mueran lenguas como el catalán es
inexplicable. Lo que la política está haciendo en Cataluña son irracionalidades completas y van en contra de unos valores de Estado para que todos los
españoles tengamos los mismos derechos. La lengua común en España es el español y todo el mundo tiene que tener la posibilidad de que sus hijos sean educados
en castellano. Hay gente que se tiene que ir de determinadas comunidades autónomas por la imposición del idioma. Nuestro partido cree que eso va en contra de
los derechos fundamentales.

- ¿Qué opina de que haya 17 leyes diferentes en varios ámbitos como educación y sanidad?
- Gran parte de la deuda que tiene este país es por el coste de las comunidades autónomas. Se les dan competencias que no pueden asumir y por eso hay que
revisar el modelo de Estado. Por ejemplo, en Andalucía se ha puesto en marcha un sistema de receta electrónica y en Castilla y León todavía hay que ir al
centro de salud a pedir número. Si el sistema es diferente en cada región de España, los costes se multiplican por 17 y eso provoca ineficiencia.

- Sevilla ha sido una de las ciudades en las que se han manifestado a favor del juez Garzón. ¿Piensa que el caso del magistrado se está utilizando como un
modo de presión política?
- El Tribunal Supremo no puede recibir ese tipo de presiones y menos si se está mezclando con una serie de llamadas al recuerdo. Se está juzgando al señor
Garzón por no cumplir la ley. En cuanto al 'caso Gürtel' yo estoy encantado de que juzguen la corrupción, pero pido que se respeten las garantías que tiene
nuestro sistema, que impide grabar las conversaciones de cliente y abogado. Presionar con el apoyo de partidos políticos este tipo de procesos judiciales
creemos que es un ataque a la democracia. El sistema es para todos y hay que respetarlo incluso cuando persiguen a tus amigos.

POLÍTICA EN LA CALLE
- ¿Qué están haciendo para que la población conozca lo que defienden?
- Hacemos muchas actividades en la calle desde que nacimos. Después de la primera campaña empezamos a recoger firmas por el manifiesto por la lengua común
para defender que, por ejemplo, en Cataluña se pueda presentar cualquier ciudadano a las oposiciones sin el requisito previo de saber catalán. Siempre hemos
estado luchando contra el problema saharaui porque en Marruecos se están pasando por alto los derechos fundamentales de esa población. Respecto a política
local, en Sevilla el Ayuntamiento ha talado árboles para construir una biblioteca, cuando en la capital andaluza hay unos solares maravillosos. Junto con las
asociaciones de vecinos hemos conseguido que paren la obra. Todo lo que hacemos es cerca de la gente. Nuestro partido da mítines en la calle y no organiza
actos en un velódromo cerrado con banderitas.

- ¿Actúan así porque creen que ese es el modo de hacer política o por falta de medios y recursos?
- Nos encanta y es algo que hacemos semanalmente. Estamos orgullosos de ser austeros. Cuando nos comparamos con otros partidos como PP, PSOE, IU e incluso el
Partido Andalucista, saltan a la vista diferencias muy curiosas. Por ejemplo, Izquierda Unida tiene unos 50 aliados más que UPyD, y sin embargo nosotros
tenemos una sede que pagamos a duras penas. Ellos, sin embargo, tienen once. No es una cuestión de tener más o menos dinero sino de hacer buen uso de lo que
aportan los afiliados y de las subvenciones que recibimos en cada cita electoral. Aquí no hay para guardaespaldas, coches con seguridad, despachos con
mármol, pero no nos hace falta. Para las europeas el presupuesto fue de 3.000 euros y conseguimos 11.000 votos. Es indignante que los grandes partidos se
financien gracias a la condonación de deudas por parte de las cajas, que en muchos casos están controladas por políticos.

- En numerosas ocasiones han manifestado la dificultad que tienen para hacerse un hueco en los medios de comunicación. ¿De quién es la culpa?
- Nos parece llamativa la falta de pluralidad informativa. Los distintos partidos expresan su opinión y a nosotros nos dicen que como no tenemos
representación en el Ayuntamiento no se nos tiene en cuenta, pero es que últimamente se da voz al Partido Andalucista que tampoco tiene representación.
Nosotros seguimos trabajando porque ya llegará el día en el que interesemos más.

El PP no apoya el Pacto Educativo
Cospedal asegura que el Gobierno no ha atendido a sus reivindicaciones
MILAGROS ASENJO | MADRID. ABC  7 Mayo 2010

El Partido Popular «enterró» ayer el Pacto Social y Político por la Educación promovido por el Gobierno. En el día límite para apoyar o rechazar la
propuesta, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, hizo público en rueda de Prensa el rechazo de su partido al texto que presentó el
ministro Gabilondo el pasado 22 de abril.

De Cospedal fundamentó su negativa en que la propuesta del Gobierno se convierte en «el mejor blindaje» del modelo educativo actual, derivado, en su opinión,
de la extinta Logse y «responsable» del 30% del fracaso escolar y del 30% de abandono escolar temprano.

Según la secretaria general del principal grupo de la oposición, que compareció ante los medios de comunicación tras reunirse por espacio de media hora con
Ángel Gabilondo, «la propuesta del Educación no contempla ni ambición de cambio ni vocación reformadora del modelo actual», y «nuestro país no puede
mantenerse en ese mismo modelo», un modelo «que no nos gusta», aseveró.

De acuerdo con la filosofía que ha impregnado la línea del PP desde el comienzo del proceso, la líder popular enfatizó en que ninguna de las propuestas de
fondo del Partido Popular ha sido recogida en el documento para el pacto. Estas se concretan en el ejercicio de la libertad de enseñanza, lo que supone que
los padres puedan elegir el centro que deseen para sus hijos; en garantizar que el castellano sea la lengua vehicular en toda España y en todas las etapas
educativas, y en establecer un sistema educativo vertebrado mediante la existencia de enseñanzas comunes para todos. En definitiva, para los populares, el
documento no plasma su modelo de Estado.

De Cospedal elogió la actitud del ministro de Educación al trabajar por el consenso, pero resaltó que su partido ha asumido el compromiso de abordar una
reforma en profundidad del sistema y el Gobierno no ha abordado este compromiso. «Siempre hemos creído en la necesidad de reforma, hemos creído que había que tomarse muy en serio el pacto educativo y hemos trabajado con mucha dedicación con la sociedad civil, con la comunidad educativa y desde las comunidades
autónomas para lograr un cambio».

Nuevo escenario
La decisión del PP cayó como un mazazo en los medios educativos, sociales y políticos que ayer quemaban las naves para sacar adelante el ansiado pacto. Y es
que la negativa de los populares dinamitó cualquier posibilidad de acuerdo social y político.

Ángel Gabilondo compareció también en rueda de prensa y lamentó que un pacto social y político no sea posible. «El escenario ha cambiado. Ya no hablamos de
Pacto de Estado por la Educación». Y es que la negativa del principal partido de la oposición impide poner en marcha las reformas normativas necesarias y
darles estabilidad. En respuesta a los argumentos en los que el PP apoya su rechazo, señaló: «No podemos cerrar un sistema para poner uno nuevo; a esta
propuesta le falta realismo».

Pese a todo, el titular de Educación anunció que seguirá trabajando «de inmediato» con quienes apoyan el pacto y que este mes se reunirá con todos los
agentes políticos y sociales, con las comunidades autónomas y representantes de las instituciones educativas para «seguir trabajando» por alcanzar los doce
objetivos educativos fijados en el documento final del Gobierno para el pacto. «No vamos a perder ni un minuto en lamentos; los ciudadanos juzgarán la
responsabilidad de unos y otros». Preguntado sobre el presupuesto de 1. 570 millones de euros que recogía la Memoria del pacto para los próximos tres años,
Gabilondo explicó que su departamento discutirá con las comunidades autónomas, reunidas en la Conferencia Sectorial de Educación, para que las partidas
previstas se puedan aplicar de forma coordinada.

A la negativa del PP, se unieron ayer, como ya había hecho con anterioridad, UPyD, el PNV, IU y BNG.

Bauzá: "Soy bilingüe y no permitiré que se potencie o se discrimine una lengua"
ASEGURA QUE LA "NORMALIDAD" DEL USO LINGÜÍSTICO DE "LA CALLE DEBE TRASLADARSE A LAS AULAS Y ADMINISTRACIONES"
Álvaro Rubio www.lavozlibre.com  7 Mayo 2010

Madrid.- Jose Ramón Bauzá asegurá que defenderá la libertad lingüística. Ya lo prometió cuando revalidó su cargo como presidente del PP en Baleares el pasado
seis de marzo y ahora lo vuelve a hacer afirmando que él mismo es bilingüe y no permitirá que se potencie una lengua o se discrimine otra.

Aseguró que si llegaba al poder trataría de satisfacer la demanda social y para ello cuenta en su equipo con Carlos Delgado, fiel defensor de la libre
elección de idioma. Bauzá detalla que la "normalidad" del uso lingüístico de "la calle debe trasladarse a las aulas y administraciones" y hace un llamamiento
a que "cada uno se exprese con total libertad en la lengua como considere más oportuno".

Respecto a la incorporación del alcalde de Calvià, Carlos Delgado, a la dirección responde a su intención de lograr la unidad del partido, incorporar a todas
las "sensibilidades" y trabajar todos en la "misma mesa" en un "proyecto común".

CONTUNDENTE CON LA CORRUPCIÓN
El actual presidente del PP balear también ha reconocido que puede haber cometido "alguna injusticia" al expulsar a miembros de su formación imputados en
causas judiciales abiertas en el archipiélago, pero ha defendido que su partido debe ser "contundente con la corrupción".

Bauzá se ha comprometido a "buscar y ser el primero en llamar a la puerta" de aquellos militantes que han tenido que dar "un paso a un lado" y que pueden ser
inocentes. Su intención es que se "reincorporen" al PP y se "sienten" a su lado: "Entrarán por la puerta grande", ha sentenciado.

De este modo, Bauzá ha argumentado su decisión de suspender temporalmente a los militantes que tengan medidas cautelares, ya sean penales o simplemente
civiles.

La situación creada a causa de la imputación del ex presidente balear y del PP insular Jaume Matas no ha sido "agradable", ha reconocido Bauzá, quien ha
comentado que los jueces decidirán sobre los asuntos de corrupción de la pasada legislatura: "Nosotros miramos hacia el futuro", ha querido dejar claro.

En contra de la opinión de algún sector del partido, Bauzá ha decidido contar con altos cargos de la pasada legislatura porque hay "muchas personas" que
hicieron una "excelente labor y no tienen por qué ser demonizadas".

Bauzá se "ve" como futuro presidente de la Comunidad, pero ha adelantado que el PP no pactará "a cualquier precio" y, como ejemplo de ello, expuso que los
populares no han presentado finalmente una moción de censura en el Ayuntamiento de Palma.

La postura xenófoba del PP
Nota del Editor  7 Mayo 2010

El bilingüismo es una falacia, es imposible. Lo que algunos llaman bilingüismo es el conocimiento con más o menos profundidad de dos o más idiomas, en temas
generales. Está claro que si alguien estudia algo en un idioma, no lo estudia ni hace una traducción instantánea al otro idioma puesto que lo está aprendiendo en el primero y lo desconoce en el segundo.

Dicho esto, ya explicado en algún artículo o discurso con más detalle, si Vd. no es "bilingüe", automáticamente queda excluído de las opciones laborales y
sociales en tal lugar, y quien defende este bilingüismo impuesto, es un claro xenófobo.

Javier Marcos: “Las siglas del PSOE están manchadas con la sangre de miles de españoles”
Redacción Minuto Digital  7 Mayo 2010

La pretensión del Ejecutivo socialista de desmantelar el Valle de los Caídos ha puesto en alerta a un importante número de ciudadanos que se han unido en una
plataforma cívica desde la que pretenden defender sus derechos y principios. La plataforma se denomina Memoria y Lealtad, y se presentará 9 de Mayo, domingo,
a las 12 de la mañana en el Hotel Vincci (C/ Goya, 79), en Madrid. Los integrantes anuncian movilizaciones e iniciativas jurídicas.
Javier Marcos es su Secretario General, y a él le preguntamos sobre esta nueva iniciativa.

¿Qué es la plataforma MEMORIA Y LEALTAD?
MYL es una propuesta de trabajo conjunto de muchas organizaciones del patriotismo político español en defensa de nuestro pasado y nos tememos que en defensa
de nuestro presente pues probablemente estamos a un paso de que se inicien procesos tendentes a la ilegalización de nuestra actividad política.

¿Qué opinan de la Ley de Memoria Histórica?
Evidentemente nos oponemos a la LMH. Pero no lo hacemos, como el PP, debido a que existan problemas mucho más acuciantes para los españoles. Nos oponemos a la LMH porque pretende sentar como verdad oficial una versión falsa de la historia que convierte a quienes fueron héroes del pueblo español en malditos y a quienes defendieron el Régimen genocida de la II República, unos verdugos, en representantes de la bondad.

¿Consideran necesaria dicha Ley?
Nos parece absolutamente innecesaria y contraproducente por cuanto contribuye a romper un proceso de reconciliación que se inició durante el Régimen de
Franco, se rompió durante la transición donde ya empezamos a ser malditos quienes nos consideramos herederos del bando nacional y nos coloca en una situación
sin vuelta atrás con la LMH. La posible reconciliación con quienes defienden el Régimen genocida de la II República es ya imposible.

¿Consideran que esta Ley ha reabierto las heridas de la Guerra Civil o por el contrario son de la opinión de que estas heridas nunca han estado cerradas?
Esta Ley, como decíamos, ha cerrado definitivamente posibilidad de reconciliación alguna entre quienes nos consideramos herederos del bando nacional y
quienes se consideran herederos de la II República. Una reconciliación no puede consistir en la persecución y satanización de una de las partes a
reconciliar. Y quienes han roto esa posibilidad han sido ellos.

¿Es bueno hablar de memoria histórica?
Posiblemente sí. Es necesario que el pueblo español sepa que las siglas del PSOE, no digamos ya las del PCE, están manchadas de sangre de miles de españoles
inocentes. El PSOE es un partido peligroso en ese sentido y tras su aura de civilidad y tolerancia esconde un pasado rojo, no por sus ideas, sino por los
litros de sangre de españoles que murieron en sus checas a manos de sus militantes. Por lo demás, algún día sabremos que pasó el 11-M.

¿Qué les parece que los familiares de “víctimas” de la Guerra Civil reivindiquen y tengan la oportunidad de enterrar ahora dignamente a sus muertos?
No nos parece mal. Sólo nos llama la atención que no lo hayan hecho hasta ahora y nos da toda la impresión de que no son sus muertos lo que les preocupa sino
que lo que hacen es servirse de sus muertos para satanizar unas ideas políticas frente a las que resultaron derrotados. Eso es lo que de verdad buscan.
Desenterrar sus muertos nada tiene que ver, pensamos, con cerrar el Valle de los Caídos, cambiar de nombre las calles, destruir las placas que honran a
quienes murieron asesinados por el PSOE o el PCE en cientos de Iglesias o retirar estatuas de quién les venció.

Una de las cosas que ustedes reivindican, es el derecho de honrar a sus muertos donde y cuando quieran. ¿No creen que durante el franquismo ya tuvieron
suficiente homenaje?
Quienes son héroes y mártires en la historia de un pueblo nunca tienen suficiente homenaje. Es muy probable que el pueblo que deja de honrar a sus héroes es
que está próximo a su final histórico. Es allí, a nuestro final como nación y como pueblo, donde nos lleva el PSOE.

¿Reconocen ustedes las desapariciones y crímenes del franquismo”? ¿Los condenan?
No reconocemos que el Régimen de Franco fuera un Régimen criminal. Tenemos que reconocer, sin duda, errores en la aplicación de la justicia, de la justa
decisión general de perseguir a quienes, defensores de la II república, incurrieron en crímenes contra la humanidad. La II República eliminó en su
retaguardia, según distintos historiadores, a entre 50.000 y 80.000 españoles inocentes. Téngase en cuenta que los asesinados por la II república ni siquiera
habían tomado las armas por cuanto la II república sólo tomó una ciudad en toda la guerra: Teruel. Franco no hizo más que aplicar justicia a miles de
asesinos chequistas del PSOE, del PCE, de la CNT, de ERC que actuaron bajo la bandera tricolor con la complicidad del PNV y los nacionalistas catalanes.
¿Qué está pasando en el Valle de los Caídos?¿Cuáles creen ustedes que son los verdaderos motivos que llevan a Patrimonio Nacional a acometer estas acciones?
En el Valle de los Caídos asistimos a su cierre efectivo bajo pretextos vergonzantes del PSOE para impedir que quienes lo deseemos podamos honrar la memoria
de quienes están allí enterrados y para nosotros son héroes nacionales.

¿Consideran ustedes que el Valle de los Caídos en un monumento de reconciliación?
Sin duda, en su día, el Régimen del Caudillo así lo concibió. ¿Alguien imagina al PSOE y a ZP proponiendo un monumento donde estén enterrados combatientes de
ambos bandos?

¿Creen ustedes en la justicia y en la democracia?
Quienes formamos MEMORIA Y LEALTAD creemos, sin duda, en la justicia como un valor absoluto al que todo régimen político debe estar sometido. Si nos pregunta si creemos en la administración de justicia del actual Estado español tenemos que decirle que no. Basta con ver lo que sucede con el Tribunal Constitucional
para saber que no existe justicia en nuestra actual administración de justicia. Con respecto a la democracia, quienes formamos MYL no tenemos un criterio
homogéneo. Si podemos decir que cualquier Régimen político debe asumir una serie de principios de derecho natural que no son ni opinables, ni electoralmente
modificables como, por ejemplo, la justicia.

El Juez Baltasar Garzón puede ser juzgado por un presunto delito de prevaricación por investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el
franquismo. ¿Qué opinión les merece al respecto?
No cabe duda: Garzón ha prevaricado. Esencialmente lo hace cuando aplica la Ley de Amnistía para no juzgar a Carrillo por crímenes contra la humanidad y se
olvida de dicha Ley para tratar de encausar al Régimen de Franco. No es un juez. Es un peligroso izquierdista con toga que en la II república habría sido un
chequista.

Con motivo de la polémica que se ha generado al respecto, políticos, sindicatos y actores han cerrado filas en torno a la figura del Juez pidiendo desde
distintos medios la ilegalización de los partidos de extrema derecha. ¿Por qué quieren ilegalizar a estos partidos?
Supongo que es su forma de venganza por la derrota sufrida en la Guerra de Liberación. La izquierda nunca perdona a quién le gana. Y nosotros lo hicimos.

Se les asocia con la tiranía, el odio racial, la violencia, crímenes contra la humanidad. ¿Son ustedes así?
Son, sin duda, acusaciones injustas. Desde nuestros principios políticos no se propone tiranía alguna sino el sometimiento del Estado a valores en sí mismos
justos que impiden, entre otras cosas, tiranía alguna. No hay odio racial en el patriotismo español. En todo caso, deseo de proteger las conquistas sociales
de nuestro pueblo. Nunca hemos ejercido más violencia que aquella a la que nuestros enemigos nos obligan. A título de ejemplo antes de que La Falange tomara
la primera represalia durante la II República once falangista habían sido asesinados por pistoleros socialistas y comunistas. El patriotismo español, a pesar
de lo que está rebuscando el PSOE, nunca podrá ser acusado de hechos cercanos a un genocidio. El PSOE, sí. Recuérdese Paracuellos y compruébese la militancia
de Carrillo y de los dirigentes de la II República en aquellos momentos.

¿Cuál es el motivo por el que se les acusa de todo ello entonces?
Con toda probabilidad porque hace tiempo que en los medios de comunicación no somos nosotros los que explicamos lo que somos sino que sólo son nuestros
enemigos políticos los que lo hacen.

¿Qué harían si llegado el caso, se produjese esa ilegalización?
Resistir. No la aceptaríamos y mantendríamos nuestras banderas en pie.

Dentro de su sector hay quien les acusa de retrógrados y de vivir de espaldas a la sociedad precisamente por tomar parte en este tipo de contiendas como es
el caso de los temas relacionados con la Memoria Histórica y el Franquismo. Critican la pérdida de esfuerzo y de dinero en este tipo de iniciativas ¿Qué
puede decir al respecto?
Les diríamos que se equivocan. Cuando defendemos nuestra memoria hablamos de un asunto absolutamente de actualidad. Por supuesto, cumplimos con un deber
moral ineludible. Y esta postura nos permite afrontar no sólo este asunto de plena actualidad sino cualquier otra problemática social que afecte al pueblo
español. Y nos permite hacerlo, además, desde la seguridad de unos principios tan importantes, tan veraces, tan reales, tan imprescriptibles que por ellos
combatieron y murieron cientos de miles de patriotas españoles hasta la victoria.

A pesar de esto, hay gente joven participando de las actividades de la plataforma. ¿Cómo sucede esto?
La juventud es poco asequible a la concesión. La juventud siempre prefiere el estilo directo, ardiente y combativo. La juventud siempre es mas limpia. Y la
lucha que planteamos es profundamente limpia, noble, justa. Por eso contaremos con los jóvenes de poca edad y con los mayores de espíritu joven.

¿Esta plataforma tiene alguna finalidad política?
Tiene la finalidad política de unir al patriotismo político español para su autodefensa. La defensa de nuestro pasado y probablemente la defensa en nuestro
presente.

Su plataforma la integran diferentes partidos y asociaciones vinculadas a la extrema derecha. Aún así no están todas y se percibe cierta desunión. ¿Por qué?
MYL nace abierta a todos los colectivos y organizaciones patriotas. No podemos eliminar años de desunión de un plumazo pero junto a otros proyectos unitarios
esperamos contribuir a ello.

En el pasado, ya existieron otras fórmulas parecidas a esta plataforma que terminaron fracasando y disolviéndose. No voy a preguntarle por qué fracasaron
estas otras fórmulas sino por qué cree usted que esta nueva fórmula llamada MYL debe funcionar.
Creo que MYL funcionará porque necesitamos algo así para poder resistir lo que, con toda probabilidad, nos espera y quizá porque tenemos mucho aprendido de
errores anteriores.

Además del acto público de presentación del día 9 de Mayo ¿Nos podría adelantar qué otras actividades realizará esta plataforma y qué rumbo tomará en los
próximos meses? ¿Tomarán algún tipo de acción jurídica respecto a alguno de los temas que reivindican o defienden?
Se tomarán acciones jurídicas pero se tomarán, sobre todo, acciones de protesta. La ley nunca le ha importando en demasía a la izquierda española. Si son
capaces de saltarse la Ley para romper la unidad de España con el Estatuto de Cataluña poco les va a frenar la Ley para perseguir a unos viejos enemigos
políticos que les derrotaron. Si las acciones jurídicas no van acompañadas de una dosis importante de resistencia civil frente a las decisiones del PSOE, las
acciones jurídicas no prosperarán. Así funcionan las cosas en nuestra administración de justicia. La izquierda lo sabe y de ahí las movilizaciones favorables
a Garzón.

Deconstrucción nacionalista para “licuar” España (I)
Ángel Puerta (el 25/04/2010) Blogs ABC.es   7 Mayo 2010

Hace unos años el cocinero Ferrán Adríá adoptó el término deconstruir para aplicarlo a algunos de sus revolucionarios platos. El diccionario de la RAE
define la palabreja como: “Deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual”. O sea, en términos coloquiales, tomar tortilla
española en “chupitos” en lugar de en “bocata”. Los ingredientes son los mismos: patatas, aceite, cebolla y huevos. Todo ello licuado adecuadamente, mediante
ingeniería culinaria, para conservar las mismas propiedades alimenticias y el mismo sabor. Pero sin la misma textura, peso y consistencia que la cuña de
tortilla embutida en una buena barra de pan.

Esa misma ingeniería de deconstrucción están empleando los políticos autonómicos, sobre todo, los nacionalistas y algunos sectores de los
social-nacionalistas para licuar a España y dejarla reducida a un mero “chupito”. O sea, al “Estado residual” que definía, encantado de conocerse, el
socialista catalán y ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall. Lo peor de todo es que en este país de “culo veo, culo quiero” se copia y se pega
todo, de modo que, incluso, las comunidades menos infectadas de nacionalismo se empiezan a apuntar a esta “deconstrucción”. La vorágine de nuevos estatutos
recurridos ante el Tribunal Constitucional, dan buena prueba de ello. Cinco de ellos han sido recurridos ante el alto tribunal por atribuirse competencias
del Estado o porque afectan a comunidades vecinas. Como es el caso de los “blindajes” de agua y otros asuntos asumidos por un “patriotismo” regional de “san
paramí, que los demás no comen”.

Las autonomías salen caras
En tiempos de bonanza las autonomías han cumplido buena parte de lo que se nos “vendió” en 1978 con aquel “café para todos”: acercar la Administración al
ciudadano. Eso sí a un coste, que, incluso, muchos países de nuestro entorno consideran excesivo por la cantidad de funcionarios y altos cargos con sus
correspondientes despachos, infraestructuras, coches oficiales, etcétera, que conlleva mantener tanta administración pública y porque en muchos casos se
duplican los servicios y las gestiones. Lo cierto es que, según los datos del Banco de España, las autonomías cerraron el año pasado con una deuda de 86.280
millones de euros, con un incremento del 25,85 por ciento respecto al año anterior. Los expertos estiman que cada familia paga al año una media de 6.056
euros por los servicios de las distintas administraciones públicas. De ellos, 1.938 son para pagar a funcionarios del Estado; 3.075 para sostener a los de
las autonomías y 1.043 a los municipales. En la actualidad más de 1.300.000 personas trabajan para las administraciones autonómicas, con un incremento de
casi el 30 por ciento en los últimos 10 años. Las comunidades se defienden aduciendo que se debe a la asunción de nuevas competencias y a la ampliación y
mejora de los servicios, pero algunos expertos sostienen que no se da la correspondiente correlación con la reducción del número de funcionarios del Estado.

Según un reciente informe de Funcas, en España hay una media de 64 empleados públicos por cada mil habitantes, pero si la cifra se enmarca en términos de
empleo, supone que de cada mil personas ocupadas 146 trabajan para alguna administración. Según estimaciones fiables, desde que se instauró la democracia y
el Estado de las autonomías el número de funcionarios se ha incrementado en 1.600.000 personas, un millón de ellas en los últimos 20 años. Aunque ni las
propias administraciones disponen de datos muy precisos, los especialistas estiman que en la actualidad en España hay tres millones de funcionarios, sin
contar con el ingente número de altos cargos, asesores y empleados en empresas públicas o semipúblicas, que proliferan como setas en todas las
administraciones. Si se sumaran todos estos parámetros, la cifra superaría con creces los tres millones y medio de personas que trabajan para las
administraciones.

Involuciones y “cavernas”
Todos estos datos, en tiempos de crisis han hecho saltar algunas alarmas. Algunas voces se alzan pidiendo la devolución de competencias al Estado. Pero de
inmediato salta la respuesta por parte de los más nacionalistas y de una pseudoprogresía que, a falta de argumentos lógicos, se encastillan en lo de siempre:
en “etiquetar” tópicos y estereotipos: es cosa de los involucionistas, o sea, de “la caverna”, la etiqueta que más molesta a una parte de la derecha, la más
acomplejada. Pero lo cierto, como veremos más adelante, es que cada vez hay más voces de la izquierda intelectual pidiendo que se ponga coto a un desmadre
autonómico que ha puesto en jaque a la Constitución y a buena parte de sus principios democráticos y de solidaridad entre territorios. La “deconstrucción”
del Estado empieza por su actual presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en sintonía con los postulados más rancios del partido socialista de construir un
Estado federal. Intelectuales de su propio partido advierten, sin embargo, que la actual estructura autonómica ya es más federal que muchos Estados que se
tienen por tales y alertan de que algunas autonomías, con sus estatutos intentan pasar al Estado confederal, o sea, a lo que algunas especialistas denominan,
como más preciso, “confederación de estados”. Un riesgo grave para un país como España que en su historial ya cuenta, en este terreno, con tristes
experiencias de descomposición. Palabras como autodeterminación e independencia están más presentes que nunca en el vocabulario cotidiano de los
nacionalistas. Las sucesivas consultas independentistas, como las que se han celebrado el pasado fin de semana en 212 municipios catalanes, son una mera
provocación al resto de España y una forma de presión a instituciones, como el Tribunal Constitucional, en plena reflexión sobre la constitucionalidad del
Estatuto de Cataluña.

Consultas y “cohetes”
Por supuesto que las consultas no son vinculantes. Para algunos “progres” no son más que meros fuegos artificiales, puro “gesto”, pero cuando líderes de
CiU, verdadera alternativa para la Generalitat, o de ERC, miembro del actual Gobierno catalán las apoyan o incluso amenazan con llevarlas a cabo a nivel
autonómico en un futuro muy próximo, el asunto se presenta más que preocupante. Afortunadamente, los resultados de las consultas, por su bajísima
participación y resultados, son decepcionantes para los nacionalistas porque en ellos no se ve reflejado el sentir de la Cataluña real, pero lo cierto es que
van dando pasitos cada vez más firmes para desbordar la Constitución de todos. La progresía optimista aduce que no pasa nada. Ibarrtxe presentó su proyecto
de “Estado libre asociado”; se le echó para abajo y no hubo ninguna convulsión en el País Vasco, salvo que el entonces lendakari perdió el gobierno en las
elecciones autonómicas siguientes. Los más pesimistas, sin embargo, sí se preocupan por la situación, porque los nacionalistas confunden “hecho diferencial”,
o sea, “diferencia” con “desigualdad” y parece que continúan avanzando gracias a una ley electoral que les otorga mucho más poder que el que les corresponde.
Y ahí entra el juego del poder y los intereses de partido por encima del interés general, sobre todo, cuando hay un presidente del Gobierno español y
secretario general de un PSOE, para quien la Nación española “es un concepto discutido y discutible”.

Deconstrucción de España: Un patio de vecindonas (II)
Ángel Puerta (el 27/04/2010 Blogs ABC.es  7 Mayo 2010

En el capítulo anterior de esta serie, además de un avance de cómo el Estado se va “licuando” por la presión de los nacionalistas y de cierta izquierda
pseudoprogre, tratábamos el asunto de cómo desde prestigiosos medios de comunicación de países vecinos se nos ve como una Administración, la del Estado de
las Autonomías, demasiado cara para los tiempos de crisis que corren. Pero no sólo eso, sino que, además, advertían del riesgo de que se quiebre la unidad de
mercado en España. No pocos observadores denuncian que cualquier país que quiera invertir en el nuestro tiene que estudiar hasta 17 legislaciones autonómicas
para ver la que más les conviene. Demasiadas trabas, sobre todo cuando hay tanta competencia global para captar inversiones.

Lo grave es que este choque de legislaciones autonómicas también se origina a nivel doméstico. Después de 30 años de autonomías y de competencias
transferidas, se da la circunstancia de que, ahora, las comunidades se tienen que reunir entre ellas, “pasando” del Gobierno de la Nación, para hacer
compatibles sus legislaciones en materias que afectan al interés general de todos los españoles, o sea, para poner remedio al desaguisado en que nos hemos
metido. Un ejemplo reciente y significativo se dio con el sonado caso de las licencias de caza. Cada comunidad tiene sus normas y expide sus licencias. Y así
se dio la paradoja de que el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se vio metido en un lío por cazar en una comunidad, con licencia de otra.
Pero han sido numerosísimos los casos de descoordinación entre comunidades en materias de sanidad, juventud o en incendios forestales.

Recauchutada
Visto el descontrol, las propias comunidades autónoma se han visto obligadas a reunirse para poner parches a esta España cada vez más recauchutada. Al
principio sólo se reunían las seis comunidades que han reformado sus estatutos en los tres últimos años, ahora se van incorporando el resto y con una
filosofía de base que consiste en prescindir del Gobierno de la Nación para alcanzar acuerdos. Ahora la idea es incorporar a este foro al resto de las
autonomías en un intento, decía recientemente el consejero balear de Presidencia, el socialista Albert Moragues, de “construir otro tipo de Estado de las
autonomías”, un Estado “horizontal” donde las comunidades autónomas desde la “cohesión y el diálogo” incrementen su colaboración para alcanzar una mejora de
la calidad de vida de la ciudadanía”. En este asunto parece que no hay disensiones entre comunidades del PP y del PSOE. El consejero de Presidencia de la
Junta de Castilla y León, el popular José Antonio de Santiago-Juárez, abundaba en lo mismo, o sea, en la “necesidad” de que exista un órgano de interlocución
entre las comunidades, “al margen del Gobierno central”, en el que cada territorio pueda exponer sus necesidades y compartir experiencias para buscar
soluciones a las cuestiones que son “competencia exclusiva” de los ejecutivos autonómicos.

Da la sensación de que todas las autonomías del club coinciden en que esta España “horizontal” se resume en un puzzle de relaciones bilaterales entre ellas y
cada una de ellas con el “Estado residual”. Algunas comunidades manifiestan abiertamente que la “conferencia de presidentes” se les queda pequeña; otras
abogan por que el Senado sea de verdad una Cámara de las autonomías. Las peleas entre comunidades por sus Estatutos o por la financiación o la percepción de
que el presidente del Gobierno sólo se “moja” por las autonomías que le interesan electoralmente están generando una apreciación de que España más que un
país o una nación es un patio de vecindonas.

Diecisiete estaditos
Parece que cinco siglos de historia del primer Estado moderno de Europa, España, al que contribuyeron tanto los abuelos de los actuales catalanes, como de
los vascos, valencianos, baleares, navarros, riojanos, cántabros, asturianos, gallegos, castellanos y leoneses, manchegos, murcianos, extremeños, andaluces,
canarios, melillenses, ceutíes y madrileños, no han servido para nada. Siglo XXI y todavía nos seguimos cuestionando quiénes somos, de dónde venimos y a
donde vamos. Pues está claro, todos juntos somos una nación y un Estado sostenibles, con posibilidades de futuro, pese a la crisis, en un mundo global en el
que pese a los eufemismos de paz, bondad, alianza y solidaridad, lo que priman son los intereses. Por separado, no somos más que diecisiete “Estaditos” de
mierda en el concierto mundial. Cierto que unos más mierda que otros, pero eso ya es sólo cuestión de complejos o prepotencias acomplejadas.

Deconstrucción de España: A vueltas con el modelo (III)
Ángel Puerta (el 30/04/2010) Blogs ABC.es  7 Mayo 2010

El caso es que, tantos siglos después, los nacionalistas y algunos pseudoprogres siguen empeñados en reformular el modelo de Estado, por supuesto acomodado a
sus intereses políticos. En el debate, tres tendencias sobre el tablero en las que ni siquiera los especialistas se ponen de acuerdo sobre su formulación y
significado.

Dentro del modelo centralista, existe la variable del “Estado unitario descentralizado”, fundamentalmente, por la complejidad de la Administración actual. La
vuelta atrás al modelo jacobino puro no parece muy factible. Una minoría muy conservadora todavía lo defiende, pero otros, ya lo consideran superado desde
el punto de vista administrativo, y, otros, se han creído la poderosa propaganda nacionalista y la progre, que se han atribuido la potestad de poner las
etiquetas a todo, y han decidido que sería volver a la “caverna”.

El federal es, según la mayoría de autores, una forma de Estado unitario con fines generales, constituido mediante una vertebración territorial interna con
competencias legislativas y de gobiernos propios, pero con un fundamento jurídico común plasmado en una Constitución pactada entre individuos libres e
iguales que deciden constituirse en Estado. Por supuesto que existe una notable variedad de Estados federales con características muy diferentes. Entre
ellos, el actual modelo español del Estado de las autonomías, según muchos políticos y analistas. Otros se empeñan, sin embargo, en superar este modelo que
nos dimos con la Constitución de 1978 y que en, general, ha dado buenos resultados en la resolución del problema territorial y la convivencia, hasta que, por
intereses políticos, algunos nacionalistas y social nacionalistas han decidido subvertir el orden. Ahora pretenden llegar al Estado confederal, o a lo que
Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, denomina, como más propio, “confederación de Estados”.

Confederación de Estados
La característica principal del modelo confederal es que se fundamenta jurídicamente en un “tratado” de naturaleza “internacional”, o sea, en un pacto entre
Estados libres y soberanos, que sin perder esa condición deciden compartir algunos servicios. Otra de las características de este modelo, según Francesc de
Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Autónoma de Barcelona, es que no hay relaciones jurídicas entre la confederación y los ciudadanos, sino
entre la confederación y los Estados y que “la Hacienda de la confederación proviene de las aportaciones directas que efectúan los Estados miembros, lo cual
supone que dicha confederación no recauda tributos directamente a los ciudadanos”.

No es condición imprescindible, pero está claro que este modelo facilita el paso a las opciones independentistas de los partidos nacionalistas, ya que
reconoce sin tapujos el derecho de autodeterminación de sus diferentes integrantes. Un derecho que choca abiertamente con nuestra Constitución y que no puede
ejerce ninguna de nuestras comunidades autónomas por mucho que algunas se empeñen en manipular la historia o en interpretar el derecho internacional a su
antojo.

El huevo o la gallina
Aquí se plantea el problema del huevo o la gallina. Para constituir una confederación se necesitan Estados libres y soberanos. Y en ello andan los
nacionalistas de algunas comunidades, por mucho que algunos progres se empeñen en cerrar los ojos. Por eso pretenden saltarse a la torera la Constitución o
imponer un cambio de la misma a medida de sus intereses. El plan soberanista de Ibarretxe planteaba el “Estado libre asociado” y el nacionalismo catalán anda
de feria en feria montando consultas independentistas con el fin último de constituirse en Estado. Cierto es que en ambos casos han fracasado, porque una
cosa son los “imaginarios” de los partidos nacionalistas y sus intereses y otra muy diferente los intereses de los ciudadanos, que son quienes, finalmente,
deciden con su voto y que, hasta el momento, han dado al traste con las aspiraciones nacionalistas.

Democracia o partitocracia
La realidad es tozuda. Y la realidad es que el “Plan Ibarretxe” fue rechazado y no pasó nada en el País Vasco, salvo que los nacionalistas perdieron el
gobierno en las siguientes elecciones autonómicas. Lo que viene a reforzar la idea, bastante generalizada, de que los estatutos son de los políticos y para
los políticos, más que para los ciudadanos. Un ejemplo significativo es que, según una encuesta de “La Vanguardia”, previa a las anteriores elecciones
autonómicas, revelaba que sólo para el 5 por ciento de los catalanes la reforma del Estatuto era una prioridad. En el referéndum posterior, apenas votaron a
favor de él un tercio de los catalanes y en las recientes consultas soberanistas, pese a las trampas y subterfugios, la realidad es que la escasísima
participación ciudadana viene a corroborar que todos esos afanes se mueven más por intereses políticos que por necesidades ciudadanas y, también, a
cuestionar el propio preámbulo de la reforma estatutaria cuando dice: “El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de
Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación”. A tenor de los datos, parece que ni el sentimiento ni la voluntad son tan
mayoritarios como esgrimen los políticos catalanes interesados en la materia. Hay que aprender a distinguir entre democracia y partitocracia.

Sabido es que el origen de la situación actual está en el término “nacionalidades”, parido con fórceps por la Constitución española, bajo presión de los
nacionalistas. Eso sí, la Carta Magna no define cuales son “nacionalisdades” y cuales no. Ni ninguna comunidad o partido puede ser tan petulante como para
arrogarse la potestad de etiquetar las que son nacionalidades y las que no. De modo que seguimos con el mismo “café para todos”. Inventarse una nación es lo
más fácil del mundo, decía no hace mucho Alfonso Guerra. Si, como interpretan algunos, de las nacionalidades a las naciones no hay más que un paso, de las
naciones a los Estados, no hay más que otro. Cuestión de tiempo, manipulación histórica, victimismo, propaganda y adoctrinamiento de masas. Ese ya es otro
capítulo.

Regionanismos
Deconstrucción de España: Las naciones étnicas (IV)
Ángel Puerta. Blogs ABC.es  7 Mayo 2010

Recordábamos en el capítulo anterior que Alfonso Guerra -nada sospechoso de pertenecer a lo que los progres “etiquetadores” denominan “la caverna”- afirmaba
recientemente que inventarse una nación es muy sencillo. No sólo Guerra, hay más de un historiador y múltiples analistas que lo certifican con datos
significativos y ejemplos documentados. Se trata, a ser posible, de encontrar una mínima base “étnica”; atribuirse el territorio histórico que más les
interese a los promotores y buscarse un enemigo a quien odiar y en quien descargar todas las culpas de sus frustraciones del pasado, del presente y del
futuro, para enarbolar un imprescindible victimismo que alimente las “reivindicaciones” nacionalistas. Una vez cosechados los ingredientes no hay más que
cocinarlos a fuego lento a base de manipulaciones históricas y mentiras repetidas mil veces hasta convertirlas en verdades sentimentales incuestionables con
que adoctrinar o convencer a la parroquia. Fue la técnica de Paul Joseph Goebbels, el propagandista nazi que “sentó cátedra” a mediados del siglo XX. No
fue, desde luego, un invento suyo, pero sí el maestro de su aplicación a niveles masivos. Después ha sido imitado por casi todas las ideologías y partidos,
especialmente por los de corte totalitario. En España existen testimonios de nacionalistas vascos y catalanes que reconocen abiertamente la utilización de
mentiras y exageraciones, “incluso injustas”, reconocía Cambó, para hacer proselitismo.

Cuestión de credibilidad
El verdadero problema de las naciones no está en que se las crean los “nacionalistas”, sino en que se las crean y las reconozcan los demás y esa credibilidad
sólo se consigue a base de historia real y de trayectoria social, política y cultural de los territorios y sus habitantes. Por mucho que les pese a los
distintos nacionalismos que proliferan por nuestro país, sus historias y sus trayectorias están tan ligadas a la de España en su conjunto que les resulta
casi imposible convencer a los demás de sus “hechos diferenciales”. Pesan mucho más los “hechos objetivos”, o sea, los “coincidentes”. Si bien es cierto que
la mayoría de las naciones se han forjado a palos, en el caso español hay que reconocer que nadie se puede ir de rositas porque fue una empresa en la que, al
final, se mojaron todos los territorios, vascos, catalanes, gallegos, andaluces, extremeños… Los nacionalismos más radicales suelen acusar a Castilla de ser
la impulsora del invento y la que impuso sus reales, o sea la que dio los palos, al resto de territorios. Si se es medianamente justo habrá que convenir, al
menos, que en aquella época, “ancha era Castilla”, de modo que la mitad de las actuales comunidades autónomas estaban implicadas en el asunto y la otra
mitad, lo mismo, porque no se puede negar que el otro reino potente de la época, Aragón, también tuvo su parte en la construcción de España como Estado
nación. En cualquier caso, es evidente que a la vista de los resultados actuales, Castilla hizo un mal negocio. Al final, lo cierto es que muchos de los
“oprimidos” por Castilla han sacado bastante mejor tajada.

La etiqueta de "históricas"
Esta dialéctica interregional de odios, insultos, rencores y menosprecios viene a corroborar la intensa historia vivida en común y tan inseparable que nadie
puede excluirse del resto, ni atribuirse la potestad, como pretenden algunos partidos, de definir quiénes han sido los malos y quiénes los buenos, ni decidir
quienes son nación y quiénes no, ni quienes son simplemente región o comunidad. Ni siquiera pueden apelar al preámbulo de la actual Constitución cuando habla
de “nacionalidades”, porque la propia Carta Magna no especifica quién lo es y quién no, de modo que en este país de culo veo culo quiero, cualquiera puede
inventarse su nación de conveniencia. Los nacionalistas más “potentes”, catalanes, vascos y gallegos, lo intentan con ese eufemismo, repetido mil veces, de
las “comunidades históricas”, pero reducen la historia, como siempre, al momento que a ellos les conviene, y, en este caso, ese momento es la II República,
que es cuando se gesta el actual sistema autonómico. La perversión del término estriba en que en ese período habían promulgado su estatuto Cataluña y País
Vasco. En un alarde de generosidad admiten en el club de “históricas” a Galicia, pese a que no llegó a tener un estatuto vigente, por el estallido de la
guerra civil. Con ese criterio de estatutos en ciernes entrarían también en la categoría de históricas casos como el de Cantabria, Burgos y Palencia, que
empezaron a promover un estatuto en común, o varios intentos con distintas denominaciones de Castilla La Vieja y, por supuesto, Andalucía y alguna que otra
región más que estaban por la labor.

La realidad es que esto de las “nacionalidades” está prendiendo en casi todos los estatutos de nuevo cuño, o sea, en los reformados recientemente. Incluso,
los partidos o movimientos nacionalistas con afanes autodeterministas proliferan como setas, tanto en Cataluña, País Vasco y Galicia, como, en menor medida,
en Castilla, Andalucía, Aragón, Cantabria, Asturias o Canarias, por poner algunos ejemplos. O sea, que aquí hay “hechos diferenciales” para dar y tomar. Si
en lugar de partir de la II República nos situamos en la primera, pues llegamos al Cantón de Cartagena y, a partir de ahí, a establecer la nación del Valle
de Aran o el Estado libre asociado de Móstoles, que para eso declaró la guerra a los franceses.

Ombligos y ADN
Hay que acudir de nuevo a los distintos “imaginarios” nacionalistas. El primero de ellos, el de la raza o la etnia. En pleno siglo XXI ambos conceptos,
además de una estupidez desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos, son políticamente incorrectos. Ello no quita para que los nacionalistas
mantengan un poso racista o etnográfico. Desde la descendencia de los vascos de Túbal, el nieto de Noé, hasta el celtísmo puro de los gallegos desde tiempos
de Breogán o el sentimiento catalán que ya existía en la zona, incluso, mucho antes de que existiera Cataluña. A tiempos de hoy todo esto suena a terapia de
autoestima, pero todo ello consta en la propaganda que contribuyó al desarrollo de estos nacionalismos. No se trata de afearles el ombligo, allá cada cual
con sus fantasías, pero estudios recientes tan poco sospechosos como los de la Universidad catalana Pompeu Fabra revelan que el genoma de los vascos no
presenta diferencias respecto al del resto de los españoles. Incluso que todas las poblaciones europeas son muy parecidas a nivel genético. De modo que todos
los españoles descendemos de Noé, como los vascos, y, por supuesto, todos somos tan celtas como los gallegos y tan catalanes como los abuelos prerrománicos
de la Costa Brava. Puestos a reivindicar derechos étnicos para constituirse en nación o en Estado, los que se llevan todas las papeletas son los burgaleses
de Atapuerca, por aquello de su abuelo, el Homo Antecesor, que hace ya casi un millón de años seguro que se sentía castellano y leonés.

En cualquier caso, acudir a las razas o las etnias para justificar la creación de una nación moderna, está bastante desfasado. A partir de la Revolución
francesa los Estados se componen de ciudadanos, no de tribus. Por si no “cuela” el elemento etnocéntrico, los nacionalistas se vuelcan con la cultura como
“hecho diferencial”. Y vuelta a empezar. Pero ya en el siguiente capítulo.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

La lengua habitual de Cataluña
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.com  7 Mayo 2010

¿Cuál es la lengua más frecuente de los catalanes? Ese fue el tercer gran apartado de la encuesta lingüística de la Generalitat en el año 2008. Y el
resultado fue, otra vez, de un claro bilingüismo, con predominio del castellano, pero con una perspectiva de futuro favorable al catalán.

Veámoslo con detalle. En primer lugar, qué se entiende por lengua habitual. Según la encuesta, es "la lengua que el entrevistado manifiesta que es la que usa
con más frecuencia". O sea, una apreciación subjetiva y, por tanto, sujeta a la contaminación de la ideología, el prestigio, lo políticamente correcto. ¿No
hubiera sido mejor, para detectar la lengua habitual de los catalanes, acudir a las conductas efectivas: en qué lengua se oye la radio, se ve la tele, se
compra un diario, se lee un libro, se habla por teléfono, se consulta al médico, se vende un aparato, se pide trabajo, etc.?

No es extraño que los datos de 'lengua habitual' que nos da la encuesta de la Generalitat casi coincidan con el apartado 'lengua de identificación': 46 por
ciento para el castellano, 36 por ciento para el catalán y 12 por ciento para ambas por igual. Los porcentajes para 'identificación' eran, respectivamente,
47,37 y 9. Lo interesante sería ver el trasiego de un epígrafe a otro, si es que lo hay: es decir, los que dicen "mi lengua es el catalán", pero luego
habitualmente utilizan el castellano o al revés. Sospecho que los castellanohablantes que trabajan en la Administración, sobre todo en la escuela, tienen el
catalán como lengua habitual, y al revés, muchos catalanohablantes trabajan en castellano si son obreros manuales o altos jefes y ambos trasiegos se
neutralizan. ¿O no hay trasiegos? La encuesta no lo aclara.

De las siete regiones, en Barcelona y Tarragona el catalán es habitual en un 30 por ciento. En Gerona y Centro (Vic, Manresa) por encima del 50 por ciento.
Donde más se usa el catalán es en la Cataluña Occidental: en Lérida y el Pirineo pasan del 60 por ciento y en el Ebro superan el 70 por ciento.

Por edades, debería esperarse un incremento del catalán en la juventud, totalmente normalizada por la escuela, pero no. Los jóvenes son los que menos tienen
el catalán por lengua habitual (32 por ciento sobre una media de 36), mientras que el castellano es habitual por igual en todas las edades, alrededor del 46
por ciento.

¿Hay cambios desde el 2003 al 2008? Sí, y espectaculares. El catalán baja 10 puntos como lengua más usada (de 46 a 36 por ciento), mientras que el castellano
se mantiene casi igual (de 47 a 46 por ciento). Pero el uso bilingüe casi se ha triplicado: los que usan con igual frecuencia ambas lenguas pasan del 4,7 al
12 por ciento. Y más en los jóvenes (4,7 y 14,4 por ciento).

Señores, si esto no es un país bilingüe, que venga Dios y lo vea.

Lorenzo rechaza la amenaza de boicot y exige a los profesores cumplir la ley
E. AMADO. SANTIAGO. ABC Galicia  7 Mayo 2010

El responsable de Política Lingüística de la Xunta, Anxo Lorenzo, envió ayer un mensaje directo a la plataforma Queremos Galego (QG), que ayer realizó una demostración de fuerza ante la Xunta con la entrega ante el Rexistro Xeral de 4.530 firmas de profesores que continuarán dando sus clases en gallego y en contra del nuevo reparto establecido en el borrador del decreto sobre la lengua en la educación.

«La norma deberá ser acatada», contestaba el secretario xeral. «Los funcionarios públicos saben muy bien dónde están y saben lo que tienen que hacer. No esperamos otra cosa, que los trabajadores públicos hagan lo que se establece en los marcos correspondientes», señalaba el dirigente, que garantizó la consulta a los padres en este año, tras la aprobación de la ley.

La amenaza de boicot tuvo lugar por la mañana, cuando el presidente de la Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Calllón; y Anxo Louzao, portavoz de CIG-Ensino, encabezaron la entrega de firmas, con la que pretenden rechazar «la prohibición, que por primera vez se recoge en la legislación gallega, de impartir materias en gallego».

El proyecto del decreto, todavía no aprobado, establece la paridad al 50% entre gallego y castellano, así como asignaciones prefijadas en determinados bloques en cada uno de los niveles de Secundaria y Bachillerato que los centros, de acuerdo con el criterio mayoritario entre las familias, pueden intercambiar (el bloque establecido en gallego se impartiría en castellano, y viceversa). Independientemente de ello, los alumnos podrán utilizar, de forma oral y escrita, el idioma que ellos prefieran (a no ser en materias lingüísticas).

Para los portavoces de QG, la normativa supone «la prohibición del gallego» y «el hecho de que Galicia sea la única autonomía donde se podrá expedientar a un profesor por impartir las clases en el idioma propio, algo que no sucede en ninguna otra».

Rectificación o rebelión
Así las cosas, los portavoces del conglomerado de colectivos civiles propusieron una disyuntiva a Educación, y el gobierno gallego por extensión: «O bien rectifica, o no le queda más remedio que dimitir, porque el profesorado le está diciendo que no sólo rechaza su política lingüística, sino que incluso está dispuesto a no acatarla». También acusaron de «insumisión» al gobierno gallego en su conjunto por no aplicar la legislación idiomática vigente.

Las bases
Las bases del decreto, anunciadas el pasado mes de marzo, fijan un equilibrio paritario entre gallego y castellano. En la etapa infantil, la enseñanza se realizará en la lengua materna predominante, que se fijará en una consulta a las familias anterior a cada curso. Al mismo tiempo, se fomentará el aprendizaje del idioma no dominante en cada aula. En Primaria y Secundaria, habrá asignaciones prefijadas que garantizarán el equilibrio horario y podrán modificarse, manteniendo el equilibrio horario, cada cuatro cursos. En Bachillerato y Formación Profesional seguirán el principio de equilibrio cuantitativo y cualitativo.

Financial Times critica que el soberanismo «despista» al Govern y genera más costes
J. C. V. ABC  7 Mayo 2010

BARCELONA. El diario británico «Financial Times» criticó ayer en un cuaderno especial dedicado a Cataluña el excesivo «ruido» político generado por el creciente debate soberanista. A juicio del rotativo, ese lastre «despista» al gobierno de la Generalitat de asuntos que considera más importantes, como la mejora de la formación de los catalanes.

El diario también critica que las políticas nacionalistas en defensa del catalán y de una mayor autonomía generan cargas burocráticas a las empresas y elevados costes. Un extremo que el conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat, considera que es «profundamente falso e injusto» culpar a las autonomías.

El diario considerado la «biblia» de la información financiera, que últimamente no para de dar disgustos al Gobierno de Zapatero, recoge en las mismas páginas especiales un estudio de la escuela de negocios barcelona IESE que alerta que la independencia de Cataluña le restaría peso como «hub» o plataforma de intercambio comercial e importador, ya que su actividad es muy intensa con otras zonas de España.

Pese a esas debilidades y otras trabas, como el exceso de burocracia, el Financial Times constata que Cataluña sigue siendo atractiva. Entre los aspectos favorables, destaca la presencia de gigantes financieros como La Caixa y recuerda que esta comunidad acoge a más de 3.300 multinacionales. Tampoco olvida que algunas empresas familiares catalanas se han convertido en corporaciones globales, como es el caso de Roca.

Según el director general de La Caixa, Juan Maria Nin, las empresas catalanas tienen afrontar el problema de su tamaño. Añadió que este reto se puede solucionar a través de fusiones que permitan poder competir internacionalmente. Por su parte, Josep Oliu, presidente de BancSabadell, constata en las mismas páginas que los emprendedores catalanes aún son cautos para iniciar sus proyectos, y asegura que, mientras hay quien se queja de falta de concesión de créditos, los bancos lamentan la ausencia de demanda.

 

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