AGLI

Recortes de Prensa    Martes 18  Mayo  2010

 

El clamor
Fray Josepho Libertad Digital  18 Mayo 2010

Lo dicen en estadios, monasterios,
polígonos, comercios y plazuelas.
Lo dicen en cuarteles, en escuelas,
industrias, oficinas, cementerios...

Lo dicen en repúblicas, imperios,
metrópolis, villorrios, ciudadelas...
Lo dicen en América, en Bruselas,
por tierra, mar y en ambos hemisferios.

Lo dicen en las casas, en las calles,
en páramos, en cúspides, en valles,
en peñascales, ciénagas y playas.

Lo dicen sin parar, a voz en grito,
y yo, con mi soneto, lo repito:
Rodríguez Zapatero, ¡que te vayas!

La unidad de mercado
Juan IRANZO La Razón  18 Mayo 2010

Son numerosas las ventajas, desde el punto de vista económico, de la descentralización territorial del poder público. El federalismo fiscal, es decir, el reparto de las competencias y de las responsabilidades económicas entre las diferentes escalas territoriales de Gobierno, y los principios económicos por los que debe regirse dicho reparto para que sea eficiente, es un campo de estudio y debatido por la ciencia económica. No obstante, existe un límite a la descentralización que es la preservación de la unidad de mercado. Ésta es una materia que lleva muchos años tratándose y aborda el posible conflicto que suscitan las relaciones entre el Estado y las CCAA en el campo de la economía. El establecimiento de normas heterogéneas para producir bienes y servicios similares, genera deseconomías de escala que inciden negativamente en la competitividad de nuestra estructura productiva, así como costes de transacción. Se puede afirmar que este camino transita en dirección contraria a la que inició España, tanto con su incorporación a Europa como por su apertura al exterior.

La unidad de mercado supone un amplio mercado integrado, lo que permite el mayor aprovechamiento de las economías de escala, la división del trabajo y la intensidad de la competencia, lo que conduce a menores costes de producción, a mejorar la productividad y a mayores niveles de empleo y de bienestar.

Hace medio siglo se creó en Europa un mercado único en el que se suprimieron las barreras que limitaban la libre circulación de personas, mercancías y de capitales, además de armonizar las regulaciones que producían el efecto de fragmentar el mercado, todo ello con el objetivo de crear un mercado único, mucho más amplio que los mercados nacionales originarios, de forma que se pudieran materializar las ventajas derivadas de un mejor aprovechamiento de las economías de escala, de la división del trabajo y de una competencia incrementada. Por ello, todos los Estados con una estructura política descentralizada se dotan de mecanismos jurídico-constitucionales para garantizar que el uso de las competencias atribuidas a las escalas regionales o locales de gobierno no traspasen los límites de la unidad de mercado. Así que la unidad de mercado es un factor clave de competitividad, sobre todo para una economía como la española, con graves carencias competitivas. La asunción de cada vez más competencias por parte de los gobiernos autonómicos, y el uso de las mismas por parte de estos gobiernos, puede hacer peligrar la unidad de mercado, situación que no puede permitirse nuestra economía en un entorno mundial globalizado y fuertemente competitivo.

En España contamos con muchas medidas adoptadas por las CCAA con efectos potencialmente desintegradores sobre la unidad de mercado. Entre ellas se encuentra la obligación de que los trabajadores conozcan la lengua regional, lo que limita la libre circulación de personas en un mismo territorio; diferentes normas de seguridad, medioambientales o de composición de productos, que encarecen los costes de los fabricantes al tener que instalar distintas líneas de producción; diferentes interpretaciones de las normas por parte de las instancias judiciales de cada territorio; distintas regulaciones de los colegios profesionales y del régimen de los profesionales liberales, entre otras muchas trabas. De esta forma, el impacto desintegrador de la normativa autonómica incide directamente en estos ámbitos concretos.

El origen del problema se encuentra, en gran medida, en el obsesivo afán regulatorio de las autoridades autonómicas. La intromisión normativa de los gobiernos autonómicos tiene un alcance que supera con creces cualquier límite razonable. Muchas actividades económicas se regulan hasta el más mínimo detalle, siendo ésta la causa fundamental de la introducción, absolutamente innecesaria y arbitraria, de requisitos y barreras inútiles cuyo único resultado es obstaculizar la actividad económica y fragmentar el mercado nacional, sin aportar realmente nada beneficioso a la sociedad.

De este modo, se puede considerar que una normativa autonómica rompe la unidad de mercado cuando impide la libre circulación de mercancías y de factores productivos, y cuando crea distorsiones a la competencia. Hemos de destacar este problema al que los poderes públicos no prestan la atención que merece y establecer una serie de puntos de referencia que ayuden a centrar el debate. Es necesario alcanzar el punto de equilibrio que garantice la consecución de las ventajas de la descentralización territorial sin renunciar a la unidad de mercado. Para ello, puede ser necesario instrumentar algún mecanismo institucional que encauce el proceso, como, por ejemplo, la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de normativas comunitarias, semejante al principio que se aplica en el seno de la UE con respecto a las normativas nacionales, así como la creación de un organismo, similar al Servicio de Defensa de la Competencia, cuya función sea vigilar la compatibilidad de las legislaciones regionales con la unidad de mercado. Si bien, lo más rápido y eficiente sería el reconocimiento unilateral, por parte de algunas comunidades autónomas, de todas las normas reguladoras.

Juan IRANZO es director generaldel Instituto de Estudios Económicos

Déficit
Ajuste equivocado
Jaime de Piniés Libertad Digital  18 Mayo 2010

Las medidas de choque anunciadas por nuestro Gobierno el pasado miércoles y que aún no han sido aprobadas por el Consejo de Ministros, se centran en pensionistas, funcionarios y familias; éstas últimas con la supresión del cheque bebé y la reducción en la ayuda a la dependencia. Con ello se pretende alcanzar un ahorro de unos 15.000 millones de euros a finales de 2011 y reforzar el plan rector que nos llevaría a un déficit público por debajo del 3% del PIB en el año 2013.

Lógicamente, cualquier decisión encaminada a incrementar el ahorro y que contempla una reducción del gasto desbocado en el sector público debe verse como un paso en la buena dirección. Pero, ¿el resto de las medidas?, éstas han añadido una carga más al sector privado, y en esta ocasión sobre los hombros de los segmentos de población más débiles, lo que restará empuje a la tenue recuperación iniciada en España en el primer trimestre del año en curso con una flojísima tasa de crecimiento intertrimestral en el PIB del 0,1%.

Pero ahondando en las medidas adoptadas por nuestro Gobierno se puede concluir en que éstas son claramente antisociales. La versión oficial ha sido la de que no hay otra opción; las medidas se han tomado ante la gravedad del momento. Es cierto, el momento es grave y se tenían que tomar medidas de calado suficiente para contener la falta de credibilidad de nuestro país ante unos mercados que cuestionan abiertamente nuestra capacidad de pago; basta con seguir el diferencial de rendimiento de nuestro bono a diez años respecto al alemán que vuelve a estar por encima de los 100 puntos básicos. A lo que hay que añadir la presión por parte de nuestros socios en la Unión Monetaria Europea para obligarnos a tomar medidas drásticas. Todo esto es cierto, pero de entre todas las medidas posibles a tomar, las elegidas son las más antisociales y, peor aún, equivocadas e insuficientes.

Entre las medidas escogidas por nuestro Gobierno, sólo hay un mínimo recorte de 1.200 millones de euros en las transferencias a las comunidades autónomas. Un recorte tan exiguo es una mayúscula equivocación. La única partida donde se podría haber reducido el déficit público de forma importante y sin consecuencia alguna para el ciudadano de a pie, puesto que no tiene que implicar menoscabo alguno hacia los servicios públicos sería la adaptación urgente de medidas para combatir los excesos, las redundancias y las duplicidades entre las comunidades autónomas y la administración central. La Fundación Progreso y Democracia de la UPyD ha estimado que este ahorro podría alcanzar unos 26.000 millones de euros anualmente sin afectar el servicio a los ciudadanos. La desproporción entre lo anunciado por nuestro Gobierno y sus implicaciones hacia el ciudadano, por un lado, y las cifras de ahorro potenciales sin pérdida alguna de logros sociales, por otro, es una clara señal que advierte que nuestro Ejecutivo se vuelve a equivocar con este ajuste. La eficiencia y la eficacia, Sr. Rodríguez Zapatero, importan y ahora más que nunca.

Si profundizamos en el capítulo de las comunidades, cabe observar que la situación puede devenir explosiva en los meses venideros puesto que éstas están totalmente descontroladas. El control sobre las comunidades viene definido por el Proyecto de Ley de Economía Sostenible; ley que todavía no ha sido aún aprobada por el Congreso y que recoge una novedad: en el supuesto de incumplimiento por parte de las entidades locales, éstas tienen la obligación de remitir la información relativa a la liquidación de sus presupuestos a la Administración General del Estado. En este supuesto, se procederá a retener, a partir del mes de septiembre del ejercicio siguiente al que corresponda aquella liquidación, el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado que le corresponda. Pues bien, diecinueve meses es un plazo infinito para derrochar cuanto dinero se estime. Recordemos que España pasó en dos simples años de tener un superávit en sus cuentas públicas del 2% del PIB a un déficit del 11%. Evidentemente, con estas cifras en mano hay que recortar los plazos de control y atar muy corto a las comunidades autónomas por el bien de todos los españoles.

Por otro lado, el ajuste recientemente anunciado por nuestro Gobierno se queda corto y es a todas luces insuficiente, puesto que no da paso alguno para reforzar nuestra tasa de crecimiento en el medio plazo. Sin una tasa de crecimiento positiva y por encima del 2,5%, ni se crea empleo ni se puede repagar la deuda pública, no salimos de la miseria y el coste supone un esfuerzo hercúleo. Para volver a crecer hay que profundizar en las medidas estructurales que tanto y urgentemente necesitamos: las reformas del mercado de trabajo, energía y educación. Sin el acompañamiento de estas medidas estructurales, las medidas de ajuste anunciadas por nuestro Gobierno recortarán aún más el consumo, ralentizarán el crecimiento económico y harán más difícil que salgamos del agujero en que nos encontramos, sin olvidar la penuria a la que ha sido condenada nuestra población más débil.

Y Mayor Oreja vuelve a tener razón
EDITORIAL Libertad Digital  18 Mayo 2010

El pacto PSOE-PP en el País Vasco pende de un hilo sólo un año después de haberse firmado. Un pacto que en su momento fue histórico por necesario, que ha servido para normalizar la vida política vasca después de 30 años de hegemonía nacionalista pero que, a pesar de todo ello, desde Ferraz ven endeble. Eso en lo que toca a los socialistas, principales beneficiarios de un acuerdo que abrió la puerta de la investidura a Patxi López y que ha permitido a su partido gobernar tranquilamente durante más de doce meses.

En la bancada popular las aguas también bajas revueltas. Los de Basagoiti no se creen que el PSOE haya renunciado del todo a reiniciar las negociaciones con la ETA. Lo que hace dos meses era una simple sospecha es hoy, a decir de los populares, un hecho corroborado por informes policiales en su poder que certifican contactos reales entre el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y miembros de la banda. Si esto que tanto Basagoiti como Cospedal o Mayor Oreja tienen por seguro termina siendo cierto (y todo indica que así es), estaríamos efectivamente ante un punto de no retorno en el pacto vasco y en la colaboración antiterrorista entre las dos principales fuerzas políticas españolas.

Significaría que Zapatero ha engañado dos veces seguidas a Rajoy y que no se da por vencido en su empeño de negociar por la ETA, poniendo para ello de rodillas al Estado de derecho y a la dignidad de la Nación. En tierra de nadie quedaría la negativa del Gobierno a volver sobre la senda negociadora y, sobre todo, los 12 inocentes que la banda ha asesinado desde la ruptura unilateral de la tregua-trampa en la Navidad de 2006. En este tema se despacha mucho más de lo que, en su acartonada pose pacifista, Zapatero o Eguiguren se figuran.

No nos cansaremos de repetir que con el terror ni se puede ni se debe negociar. Es, en primera instancia, una perversión legal ya que el Estado no está al mismo nivel que una recua de asesinos. Es, por lo tanto, inmoral e ilegítimo que el Gobierno se embarque en una operación de este tipo. Además, ni siquiera tiene una utilidad de orden práctico ya que todos los intentos de "diálogo" con la ETA han terminado del mismo modo, refortaleciendo a la banda y humillando a la democracia.

Si el objetivo es acabar con el terrorismo, no existe otra vía que la aplicación estricta de la ley, empezando por los ayuntamientos donde se refugia parte del entramado etarra, pasando por la derogación de la autorización parlamentaria para negociar con ETA y terminando con la suspensión de todos los improcedentes beneficios penitenciarios a los etarras. No hay otro camino, y tanto el Gobierno como el PSOE deberían saberlo ya tras el sonrojante escarmiento de la última mesa de negociación que, a bombo y platillo, Zapatero abrió contra todo pronóstico poco después de llegar al poder.

Negociación
Cuestión de confianza
Francisco José Alcaraz Libertad Digital  18 Mayo 2010

Tan sólo hay que consultar las hemerotecas de estas últimas semanas para encontrar múltiples referencias respecto a la actual situación económica y cómo se le reprocha al Gobierno de Zapatero que haya reaccionado demasiado tarde para afrontar una crisis cuyos síntomas aparecieron hace ya algunos años.

Mucho me temo que esta situación guarda paralelismos con la negociación con ETA.

Dar un excesivo margen de confianza al actual Gobierno es una temeridad que podemos pagar muy cara, máxime cuando tan sólo hace unos años los mismos Zapatero y Rubalcaba mentían a la oposición, a las víctimas del terrorismo y a todos los españoles. Argumentar que se han detenido a terroristas para defender que este Gobierno ha cambiado, tan sólo sirve para evidenciar que durante la legislatura anterior se cedió ante ETA cuando se evitaron las detenciones de terroristas. Pero es que además resultan totalmente compatibles la negociación y la detención de terroristas, pues lo primero puede servir para fortalecer la posición del interlocutor o para cribar a los que no están a favor del proceso.

Al contrario de lo que se nos pretende vender desde el Gobierno, no estamos asistiendo a una sucesión de casualidades. Recuerdo que al salir de una de las últimas reuniones con Zapatero, mantuvimos una conversación donde, entre otros asuntos, me comentó que muchas veces las cosas no son lo que parecen, que la acumulación de casualidades puede llevar a la confusión. El argumento ya me lo conozco.

Hay quienes exigen una prueba palpable de la negociación con ETA, olvidando que en la legislatura anterior aún teníamos menos indicios y que el mismo Gobierno negó todo contacto hasta que se hicieron públicos.

No obstante, pese a la falta de credibilidad del Gobierno, podemos exponer hechos constatables e irrefutables que constituyen las pruebas de que la negociación está realizándose:

* La presencia de ANV en las instituciones.
* La vigencia de la autorización parlamentaria para negociar con ETA.
* La ocultación de las actas del proceso de negociación.

* Las excarcelaciones sin fundamento de terroristas.
* El continuo acercamiento de lo presos de ETA a la comunidad autónoma vasca y su entorno.
* La impunidad de la que disfruta el interlocutor Ternera y su hijo, quienes están en búsqueda por 11 asesinatos.
* El trato sectario del partido del Gobierno hacia las víctimas que nos opusimos y nos opondremos a la negociación con los asesinos.

* La actitud del Ministerio de Interior respecto al caso del chivatazo a ETA.
* Las recompensas del Gobierno a quienes pudieran tener una relación directa o indirecta con el caso Faisán.
* Las declaraciones de Rubalcaba intentando vendernos la existencia de dos ETA.

En la medida en que la rebelión cívica ha sido desactivada por el Gobierno y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, debemos estar preparados para hacer frente a los pasos que el Gobierno y ETA tendrán que dar, pues el tiempo se les agota. Cuando reaccionemos podría ser demasiado tarde.

Si la rebelión cívica tiene que hacer frente al proceso de negociación con asesinos y tenemos que salir a reclamar "Memoria, Dignidad y Justicia", la plataforma Voces Contra el Terrorismo y la asociación de víctimas Verde Esperanza convocarán a los españoles de bien para dar una repuesta contundente al Gobierno, manifestándole a través del clamor popular lo que en su día ya le dijimos y que fue sencillamente: "En mi nombre, no".
Francisco José Alcaraz Martos es víctima del terrorismo.

Negociación
El deber de desconfiar
Guillermo Dupuy Libertad Digital  18 Mayo 2010

No pidieron perdón, ni siquiera reconocieron como error la infamia cometida. Sin embargo, tratan como a insidiosos a quienes dudan de su supuesto propósito de enmienda. Así podríamos resumir y valorar los rotundos desmentidos que, tanto el ministro del Interior como el Gobierno vasco, han hecho este lunes de las informaciones que aseguran que ETA tiene abierta una vía de diálogo con el PSE.

Rubalcaba ha llegado incluso a leer una pequeña parte de un documento incautado a la banda en el que un etarra manifestaba literalmente el pasado verano que "no es que el PSOE no quiera la negociación –que no la quiere–, es que somos nosotros los que no la queremos con un representante del Estado así". Ni que decir tiene que Rubalcaba no ha explicado a qué supuesta "negociación" se refería la tan increíble como falsa negativa etarra: ¿a una negociación "limitada" a la impunidad de los presos? ¿A una que incluyera también un "avance" secesionista a través de una "reforma" del Estatuto de Guernica que sorteara los obstáculos constitucionales? ¿A una que incluyera también a Navarra?

Negar, sin más, que ETA quiera obligar a un gobierno español a sentarse a negociar es tanto como cuestionar la naturaleza terrorista de la banda. Los terroristas no matan por matar. Matan como medio para alcanzar una negociación en la que puedan forzar al gobierno a que les conceda determinadas exigencias. Ojalá fuese cierto que la actual estrategia del Gobierno de Zapatero es, tal y como ha dicho ahora Rubalcaba, convencer a los terroristas de que nunca jamás va a volver a haber un proceso de diálogo con ellos. Los etarras hace años que habrían dejado de matar si los gobiernos españoles, en lugar de dialogar con ellos, les hubieran convencido de palabra y obra, tal y como han hecho los gobiernos franceses, de que no tienen nada, absolutamente nada, de qué hablar con terroristas prófugos de la justicia, incluyendo la solemne memez esa de la "entrega de las armas" con la que encubren su oferta de impunidad.

A lo que no puede aspirar el Gobierno más felón de nuestra historia democrática, y el único que ha llegado a adquirir compromisos políticos con la banda terrorista a cambio de una tregua, es a que los ciudadanos y los etarras nos creamos esa novedosa y acertada estrategia antiterrorista cuando Rubalcaba la acompaña, además, de una clamorosa mentira como que los terroristas ya no buscan una negociación.

En cuanto al gobierno de Zapatero, por cierta e irreversible que fuera esta nueva política antiterrorista destinada a que ETA pierda toda esperanza, ¿cómo se atreve Rubalcaba a tratar como insidiosos a nadie cuando sigue formalmente vigente una resolución parlamentaria que, tal y como hacía el funesto Pacto de Ajuria Enea, contempla un "final dialogado de la violencia"? ¿Cómo se atreve, cuando él mismo en alguna otra ocasión se ha referido a la actual lucha policial y judicial contra ETA, no como algo irreversible, sino como una "fase de confrontación"? ¿Cómo se atreve cuando hace dos meses él mismo dijo que, tras el fin de la violencia para "erradicarla completamente" será necesario un "ajuste político"?

En cuanto al Gobierno vasco, tampoco voy a recordar lo qué decía Patxi López en los tiempos en los que "helaba la sangre" a la madre del asesinado Pagazaurtundua. Me refiero a la también preocupante "paz con generosidad" de la que nos volvió a hablar en su discurso de investidura como lehendakari. Me refiero también a sus declaraciones a la Ser del día posterior a su investidura, en las que, ante una nueva posibilidad futura de diálogo, aseguró que "la paz es el objetivo, y si tengo que arriesgar, arriesgaré".

No faltan en la hemeroteca declaraciones en este sentido, y que dejan en evidencia que los socialistas no han repudiado el paradigma del final dialogado de la violencia, como para que sea injustificada cualquier reserva ante su supuesto propósito de enmienda. Tampoco tiene valor probatorio alguno –tal y como sí pretende hacernos creer el comunicado del Gobierno vasco– "el hecho de que el Estado de derecho mantiene sin aflojar la lucha contra el terrorismo en todos los ámbitos". Este hecho no refuta en modo alguno la tesis de Mayor Oreja de que pueden haber negociaciones soterradas y paralelas a esa actuación del Estado de derecho y, sobre todo, no es demostrativo de que en el futuro esa lucha no pueda volverse a aflojar, tal y como de hecho ya ha ocurrido en el pasado.

Ojalá sea cierto que nuestros gobernantes no han vuelto ni pretenden volver nunca a las andadas. Pero todos los ciudadanos tenemos tanto el derecho como el deber de vigilancia para que nuestras elites mediáticas y políticas –no digamos ya la que representan personas como López o Rubalcaba– no vuelvan a dar esperanzas a una banda que mata con el objetivo de negociar. Aunque la infamia de Zapatero merezca capítulo aparte, no olvidemos que todavía está por llegar un gobierno que no encuentre motivo alguno para dialogar con los terroristas.

Los peligros de la Misiva
Iñaki EZKERRA La Razón  18 Mayo 2010

Sin duda, es una buena noticia el hecho de que ocho de los presos más sanguinarios de ETA hablen en una carta de «reconocimiento y reparación de los daños causados». No valorar ese inédito paso sería una reacción tan estúpida como su sobrevaloración. Y es que a ETA hay que temerla tanto cuando pone bombas como cuando le da por el género epistolar y por atentar contra la literatura. Como hay que temer a algunos de los «nuestros» a los que les entra como un «síndrome de gratitud» en cuanto los asesinos se dignan a perdonarnos la vida. Los peligros de la carta de los disidentes de ETA son volver a hablar de «hombres de paz» y humillar a las víctimas como se las humilló durante la negociación. Los peligros son el recochineo judicial del terrorista enmadrado Díaz Usabiaga o el pasaporte de Interior para dejarles presentarse a las municipales, lo que haría inviable el pacto López-Basagoiti en el País Vasco. El gran peligro es que en vez de moverse ETA nos empecemos a mover nosotros y que empiecen los de siempre a usar esa expresión tan idiota de «la pelota está ahora en el tejado del Gobierno». Preparémonos para esa gran ofensiva «alegórica» de la pelota y el tejado. No sólo a ETA se le da mal la literatura.

SOBRE EL "SENADO DE BABEL"
Juan Van Halen: "Es un caso de nacionalismo desaforado y absurdo"
El senador popular Juan Van Halen, que defendió ante el pleno de la Cámara Alta la no admisión a trámite de la polémica reforma para que se puedan usar las lenguas cooficiales, habla en conversación con LD de las razones para oponerse y critica con dureza la actitud del PSOE y de Leire Pajín.
C.Jordá Libertad Digital  18 Mayo 2010

Juan Van Halen critica severamente la iniciativa que ha superado el primer escalón del trámite parlamentario en el Senado, la admisión a trámite, y que para él tiene casi a partes iguales una gran gravedad política y un componente ridículo: "En una cámara en la que todo el mundo habla el mismo idioma habría traductores y, cuando al terminar las sesiones salgamos a tomar una copa, por ejemplo Iñaki Anasagasti, Miquel Bofill y yo mismo, hablaremos en español, que es como nos entendemos todos".

Aunque se muestra convencido de que "al final no saldrá", para el senador popular está muy claro que la iniciativa ha superado este primer filtro por la situación de extrema debilidad del Gobierno y el PSOE: "El Grupo Socialista representa a un Ejecutivo débil y el propio partido está contra las cuerdas por el PSC y por Montilla. Como esto se ha unido al tema del estatuto y el constitucional, no se han atrevido a decir que no a la tramitación".

Sin embargo, Van Halen cree que en el trámite parlamentario "irán bajando el listón", ya que en su opinión el PSOE es consciente de que, pese a que en el corto plazo quizá obtenga algún rédito, a más largo puede salirle caro por "la sensación absoluta de ridículo" que se ha extendido en la opinión pública.

Comparaciones que son odiosas
El popular es muy crítico con las comparaciones que manejan los nacionalistas y que ha asumido el PSOE: "Me sacan como ejemplo el caso belga pero no vale porque allí no tienen una lengua común, la constitución belga no la cita porque no la hay, ¡ya querrían los belgas!". En situación similar están otros parlamentos de países en los que se hablan varios idiomas como el suizo o el canadiense, que "tampoco tienen una lengua común como en España, donde sí hay una que sabemos todos y que la Constitución dice que tenemos el derecho de hablar y el deber de conocer".

Las frases más duras las dedica Van Halen a su colega socialista Leire Pajín, "se nota mucho la gente que tiene principios y cualificación cultural y la que no tiene ni una cosa ni la otra", nos dice el popular, que cree que "es comprensible que los nacionalistas se aprovechen de la debilidad del Gobierno", pero no es tanto que la número tres del partido en el poder "pueda dar por buenos argumentos falsos cómo que esto se compare con el Parlamento Europeo".

Además, Van Halen critica que la socialista diga que este Senado multilingüe "sea la normalidad democrática, pero la normalidad democrática es la que está en la Constitución y allí no dice que España sea un país plurilingüe". "Algunas comunidades son bilingües, pero España tiene una lengua común que todos los españoles tienen el deber de saber", aclara.

Por último, el popular recuerda que Pajín "venía de un acto en el que había dicho que los dirigentes del PP nos habíamos ‘desdecido’, así que más le valdría que se interesase un poco por la lengua común, que por cierto también se habla en Benidorm".

El dinero no es lo más importante
Van Halen aclara que en su crítica a la medida lo más importante no es el coste que puede suponer, aunque como dijo en la sesión del senado "a algunos españoles les interesará por el momento económico que estamos viviendo". Pero el verdadero problema "es que esto se hace con toda la intención de ir dando pasos en la dirección de un nacionalismo completamente desaforado y absurdo".

No obstante, el popular sí critica el gasto, obviamente, y además denuncia "que Entesa ha dado cifras a boleo" y considera todavía más grave lo que han apuntado algunos en el sentido "de que no va a suponer un gasto extra porque se puede reordenar el gasto del Senado, ¿me quiere usted decir, que hemos aprobado un presupuesto con más gasto del necesario?" exclama antes de sugerir al Presidente del Senado que "exija que se aclare esto".

La reforma pendiente
Van Halen también critica que desde ámbitos nacionalistas se recurra al apartado del Artículo 3 de la Constitución en el que se dice que las distintas lenguas de nuestro país deben respetarse y protegerse; pero el popular se pregunta "¿Por qué identificamos esta protección con usarlas con en una cámara parlamentaria?".

Otra excusa que nuestro interlocutor califica de "pintoresca" es que se defienda el uso de varias lenguas porque el Senado sea una cámara territorial, "algo de lo que efectivamente se habla en la Constitución pero que en absoluto está desarrollado". Van Halen explica que, efectivamente, hay 56 senadores nombrados por los parlamentos de las comunidades autónomas, "pero en el momento que llegan aquí y prometen o juran como senadores ya no representan a sus territorios sino que son igual que el resto de senadores".

En este sentido, y a la espera de esa reforma que lleva varias legislaturas pendiente, "lo único que le faltaba al Senado es esto" señala el senador popular, que recuerda que "mucha gente se pregunta para qué sirve" una institución que en las pocas ocasiones en la que se ha asomado a la opinión pública ha sido "un día por la piscina, otro por nosequé y ahora por esto".

En resumen, Van Halen cree que "es hacerle un flaco favor a una institución que necesita una reforma completa" pero en lugar de abordarla "lo único que se nos ocurre para fortalecer y ampliar su carácter de cámara de los territorios lo son estas cosas".

El castellano se convierte en el tercer idioma más utilizado en Internet
El inglés continúa siendo la lengua predominante con un 28 % de los usuarios, seguido del chino con un 23 % y el español que consigue un 8%
Álvaro Rubio www.lavozlibre.com  18 Mayo 2010

Madrid.- 140 millones de usuarios utilizan el español en Internet, una cifra que le sirve a España para situarse en el tercer lugar en cuanto a idiomas más usados en la red. Es lo que revela el informe ’Internet en España y en el mundo’ de la consultora Tatum.

España ocupa el décimo cuarto puesto en el ranking mundial en número de usuarios en Internet y el número 20 en cuanto a penetración, con un 72 %, experimentando un crecimiento del 440 % desde el año 2000.

Respecto al idioma, aunque el inglés continúa siendo el predominante (un 28 % de los internautas utiliza ese idioma), seguido del chino (23 %), España se sitúa en tercer puesto con un 8 % de los internautas mundiales.

Las redes sociales pasan a formar parte de este informe por primera vez. La más visitada por los españoles son Facebook, que supera los 7,9 millones de usuarios, Tuenti, con 7 millones, y Twitter, que tiene a España como su tercera fuente de usuarios.

El estudio destaca que España se ha colocado como el séptimo país del mundo en el uso de redes sociales. Un 80 % de internautas pertenecen ya a alguna y un 60% la consulta todos los días.

Reclaman la inconstitucionalidad de la Ley de Acogida que impone el catalán
Impulso Ciudadano se presenta ante el Defensor del Pueblo para realizar la petición
Álvaro Rubio www.lavozlibre.com  18 Mayo 2010

Barcelona.- La Asociación Impulso Ciudadano que preside el diputado del Grupo Mixto en el Parlamento de Cataluña, José Domingo, presenta una solicitud al Defensor del Pueblo para que interponga recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto de Ley 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de los inmigrantes en Cataluña.

Previamente, a la presentación del recurso de inconstitucionalidad, el presidente de Impulso Ciudadano y el vicepresidente, Carlos Silva, han sido recibidos por el Defensor del Pueblo, a quien le han explicado personalmente sus razones.

Según José Domingo, esta norma con la que el catalán se convierte en la lengua común de recepción de inmigrantes en todo el territorio, "olvida que la sociedad de integración de los extranjeros inmigrados es la española". Considera que priorizar la enseñanza del catalán sobre el castellano puede ir en contra de sus intereses.

Por ello, José Domingo ha sostenido ante el Defensor que esta ley es contraria a los artículos 3.1 que declara al castellano como lengua oficial de España, al artículo 14 que regula el principio de igualdad, "por considerar desproporcionado priorizar en el tiempo la enseñanza del catalán sobre el castellano" y el artículo 19 de la Constitución que garantiza la movilidad de todos los ciudadanos por el territorio nacional.

En última instancia ha lamentado que la norma no sea, en realidad, una ley destinada a favorecer el proceso de los extranjeros inmigrantes en España, sino que "pretende reforzar la identidad nacional catalana".

Con los argumentos encima de la mesa, el Defensor del Pueblo se ha mostrado "muy interesado" por las razones expuestas por José Domingo y ha expresado su compromiso de solicitar dictámenes y estudios sobre la constitucionalidad de la Ley de Acogida.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
El Senado se divierte
Javier G. FERRARI La Razón  18 Mayo 2010

Los socialistas, con Leire Pajín a la cabeza, van a convertir el Senado en una Torre de Babel. La llamada Cámara Alta se va a divertir mucho cuando el próximo día 24 el «Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya», el cordobés de nacimiento José Montilla, acuda a la Comisión General de las Comunidades Autónomas y hable, no en su lengua materna, sino en la de adopción. Siete traductores, siete, de la muy apreciada «ganadería» de los traductores simultáneos se sentarán en el palacio de la plaza de la Marina española de Madrid para que la voz en catalán de don José llegue a los oídos de sus señorías en castellano, euskera, gallego y valenciano. Con un par.

Según la agencia oficial de noticias EFE la broma va a salir por 6.500 euros, algo así como una pensión de viudedad de las que van a ser congeladas, que no reducidas, como tan brillantemente explicó en ese programa televisivo ejemplo de modernidad, ponderación y rigor, llamado «La Noria», el número dos del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco. Y luego se extrañan de que las dos últimas encuestas, la de Antena 3 y Onda Cero del viernes y la de El País del domingo, le concedan una intención de voto al PP entre los 12 y los 9 puntos por encima de los socialistas.

Poco me parece con la que esta cayendo y las frivolidades que los afectados por los recortes, que al final seremos todos los ciudadanos, vía los impuestos indirectos como el IVA, o directos como el IRPF, observamos como esta solemne majadería de introducir las distintas lenguas del Estado para satisfacer el capricho de los nacionalistas y asimilados, como los sociatas catalanes. No se puede pedir «sangre, sudor y lágrimas» mientras unos señores que todavía no han decidido lo que quieren ser de mayores pero, eso sí, cobrando todos los meses y con un puesto fijo por lo menos para cuatro años, permiten que se tire el dinero de una manera tan inconcebible como la de los traductores.

En más de treinta años ningún gobierno, ninguna mayoría parlamentaria, ha tenido los arrestos suficientes para acometer la reforma del Senado de la que se lleva hablando decenios. Al final es un buen sitio para colocar a aquellos que se quedan colgados de la brocha en esa maquinaria insaciable que son los partidos políticos en España. Hace bien el PP en señalar a estos-empezando por el suyo- y a los sindicatos como dos colectivos en los que las arcas públicas podrían ahorrar un buen dinero. Otra cosa es que lo haga cuando llegue al poder, cosa que parece no estar lejos aunque si yo fuera él no me fiaría un pelo.

Aquí las únicas certezas es que el Barça es campeón de Liga y el Atlético de Madrid de la Copa de la UEFA, y haría muy mal el líder de la derecha si vendiera la piel del oso antes de cazarlo, y para eso quedan sobre el papel casi dos años y ZP ha demostrado más de una vez que como prestidigitador no tiene precio. Pero lo que sí lo tiene es la mamarrachada de la confusión de lenguas en el Senado. Alguno dirá que se trata del chocolate del loro, pero les aseguro que no hay nada más aterrador que una bandada de loros –y en España hay más que en los trópicos– lanzándose como locos a por el escasísimo chocolate va quedando en los bolsillos de los ciudadanos.

ETA mueve ficha cuando más conviene al PSOE y a Zapatero
Pascual Tamburri Semanal Digital  18 Mayo 2010

La carta de los asesinos etarras y los movimientos en el mundillo nacionalista son una buena noticia para ZP: empezó con un "proceso de paz" y quiere otro.

Los hechos son tozudos. A veces, para no dejarse engañar por las ilusiones de unos y por la propaganda de otros, conviene limitarse a los hechos. El riesgo, por supuesto, es que a uno le llamen aguafiestas y todas esas cosas que suelen llamar a Jaime Mayor Oreja. Pero, por más que me moleste reconocerlo tratándose de un democristiano, Mayor suele tener razón y sus críticos suelen equivocarse (en el mejor de los casos) o mentir interesadamente (en el peor). Lo que pasa es que esas cosas no se ven cuando se piensa a corto plazo. Que es como siempre le ha convenido a ETA que pensemos los demás.

Uno. José Luis Rodríguez Zapatero y su equipo creyeron desde el principio posible y deseable un "proceso de paz" con ETA. Sabían que los terroristas quieren un precio político a cambio de su "paz", pero ellos creyeron poderlo dar. Se creyeron en definitiva más fuertes que Felipe González y que José María Aznar, o con más suerte que Adolfo Suárez y su amnistía. Tal vez no fuese sólo orgullo: creían poder hacer concesiones que otros no habían hecho, pues no tenían las ataduras o las convicciones nacionales o democráticas que de un modo u otro otros habían tenido.

Dos. El análisis zapaterista original era sencillo y no carecía de base. La situación de bonanza económica no se entendía del todo pero se asumía como eterna y gratuita; la derrota del PP, fruto combinado del 11-M, de su acorralamiento en los medios, de su división y de la crisis de Irak, los dejaba casi sin enemigo; acabar con ETA podía convertir en régimen la victoria electoral de 2004. Si no fue así se debió a dos razones: la prisa de la banda, explicable por razones internas pero incompatible con el control de Zapatero sobre España, y la resistencia inesperada de la derecha social española, que se reinventó a sí misma. La T4 suspendió el proyecto, pero desde el punto de vista de ZP se trató de un mero aplazamiento.

Tres. Una carta firmada por Joseba Urrusolo Sistiaga, Carmen Gisasola, Kepa Pikabea, Andoni Alza, Rafa Caride, Koldo Carrasco, Fernando de Luis Astarloa y Josu García no sale de la nada. Cierto, son asesinos que no pertenecen a la disciplina formal de la banda. Pero por alguna parte hay que empezar. La izquierda abertzale, que no es modesta, adopta expresamente modelos como el irlandés o el sudafricano, o mejor dicho lo que de ellos le gusta porque yo aún no he visto a un Ian Paisley presidiendo las Vascongadas, lo que por cierto no sería mal comienzo. La mención a las víctimas implica, eso sí, que desde el mundo abertzale se asume por fin que ir de malos y de duros es poco rentable en un siglo XXI hecho de blanduras. El núcleo de la cosa es sin embargo el mismo de siempre: un grupo de criminales pide una recompensa del único Estado legítimo y soberano a cambio de haber matado o de dejar de hacerlo.

Cuatro. Los presos de ETA y de Batasuna se están moviendo de manera, digamos, sospechosa. Arnaldo Otegi, sin razón creíble, fue llevado a Martutene. Baltasar Garzón –ese héroe de la paz y de la libertad, ahora- decidió la puesta en libertad provisional de Díez Usabiaga el pasado 26 de abril. Hay, desde el poder socialista, un interés en que ETA termine en esta legislatura, lo que se convertiría en una baza electoral no desdeñable ya que, por lo demás, "brotes verdes" ni hay ni se esperan. A ese mismo contexto se vincula la aparición (otra vez) de los llamados "mediadores internacionales", como si una nación libre tuviese necesidad de horteras importados para acabar con un grupo de criminales y sus poyos políticos.

Cinco. La clave para saber qué velocidad esperan llevar unos y otros está en las elecciones de 2011. ETA querrá seguir estando presente en las instituciones, y lo va a pedir al PSOE como concesión no negociable. La división de las siglas nacionalistas y la conversión de Eusko Alkartasuna darán a los batasunos muchas oportunidades de ponerle fácil a Zapatero la concesión. Con ésta, además, el PSOE demostrará su voluntad de "acabar con ETA", en efecto, "en esta legislatura", pero de hacerlo "dialogando" con los criminales. Es decir, que en el camino a las elecciones las dos partes van a demostrarse su voluntad y su capacidad de llegar, esta vez sí, hasta el final.

Seis. Los abertzales no forman una única opción política. Incluso en Navarra, donde en 2007 triunfaron con Nafarroa Bai, los intereses de partido prevalecen. Pero no se trata de una verdadera división de fondo. Las metas siguen siendo comunes, y lo que falta es una coincidencia política inmediata. No obstante, la unidad de todos existe los asuntos que consideran esenciales (véase la manifestación del sábado 15 convocada por Kontseilua en Pamplona sobre el euskera para pedir nada menos que "la obligación de su conocimiento para alcanzar su universalización"). Si Zapatero abre la puerta a un cambio político y demuestra su capacidad de mantenerla efectivamente abierta, no lo dudemos: ayudarán a Zapatero.

¿Qué hacer? En 2004 y 2005 podía haber dudas. Hoy no las hay: los abertzales pueden ser detenidos y la negociación de Zapatero impedida o truncada desde la calle. La movilización anterior, recordemos, no fue de los partidos, que acudieron a remolque de su propia gente. Fueron medios de comunicación independientes, organizaciones ciudadanas libres y gente normal quienes dieron el paso. Ahora irán a por ellos antes de avanzar, porque no quieren otra interrupción; pero también es seguro que lo que debe hacerse es dar la batalla en el mismo punto.

El fracaso de los ultramontanos de la lengua
ALFREDO AYCART ABC Galicia  18 Mayo 2010

Entre los algo menos de 15.000 personas que se manifestaron ayer en Compostela -muy lejos de esos cien mil que en un alarde de triunfalismo autocomplaciente se inventaron los organizadores de la marcha- los había que defendían sinceramente la pervivencia del gallego, en convivencia pacífica con el español que une a más de 300 millones de hablantes en todo el mundo. Lamentablemente, no era ese el propósito de los convocantes, esa Mesa para la Normalización Lingüística que tiene que crear nuevas agrupaciones tapadera para ocultar la vergüenza de sus injustificadas millonarias subvenciones durante el bipartito.

Como es bien conocido la Plataforma que dirigen Carlos Callón y sus bien pagados compañeros de checa tiene un objetivo bien distinto: el de convertir la lengua en arma para la confrontación política, en un instrumento de dominio sobre una ciudadanía desprotegida. Su oposición al decreto diseñado por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo encubre, en realidad, la apuesta por la imposición del gallego y la eliminación del español desde la infancia sobre todo desde la infancia en un triste remedo de los más represivos comportamientos dictatoriales.

Pese a las insuficiencias del decreto, que las tiene, y algunas de grueso calibre, la norma que impulsa la Consellería de Educación de la Xunta, se limita a recuperar un sistema de coexistencia de las dos lenguas oficiales de la Comunidad erosionado por las posiciones ultramontanas de los ayatolás del idioma, una elitista clase cultural integrada en torno a la Mesa y el BNG, más preocupados por el mantenimiento de prebendas y emolumentos que por elevar el nivel cultural de sus conciudadanos. No hubo ayer quema de banderas de España en la marcha por las calles de Santiago, pero sí pancartas reclamando el uso de la fuerza -metralletas incluidas- para imponer el gallego, que no fueron retiradas al paso de los manifestantes, entre los que figuraba la plana mayor del PSOE gallego, esta vez sin el añadido de ministros, quizás para evitar el efecto negativo de la presencia de los más íntimos colaboradores de José Luis Rodríguez Zapatero para muchos de los participantes damnificados por el recorte salarial.

Afortunadamente para una Comunidad que no tuvo problemas con la coexistencia de los dos idiomas hasta la llegada del bipartito, el movimiento por la imposición demostró ayer una notable pérdida de fuelle, más evidente si se comparan los 15.000 manifestantes con el elevado número de entidades que se habían sumado a la marcha: hasta 500 agrupaciones, organizaciones, plataformas y asociaciones de tan altisonantes nombres como reducida capacidad de convocatoria.El fracaso de los talibanes de la lengua es una buena noticia para la convivencia.

Pacto sobre el gallego: Feijóo se la juega
FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS La Opinión  18 Mayo 2010

Mientras una multitud exigía en Compostela, una vez más, la retirada inmediata del futuro decreto del gallego en la enseñanza, el presidente de la Xunta aprovechaba un acto de homenaje a Uxío Novoneyra en O Courel para plantear un gran pacto sobre la lengua. Para muchos es una reacción de puro oportunismo, que intenta atenuar el eco mediático de la gran movilización ciudadana o incluso los mensajes institucionales de la Real Academia en el Día das Letras. Otros, seguramente los menos, confían en que se trate de un último intento por evitar que la guerra lingüística se enquiste y se convierta en un conflicto crónico en Galicia, como el que para su desgracia padecen otras comunidades.

Aunque apenas la esbozó, se puede intuir hacia adonde apunta la propuesta de Feijóo. Y sin ser ni de lejos tan ambiciosa como desearía el galleguismo cultural y político, ni atender siquiera a las inquietudes de un cierto sector de su propio partido -el que añora los tiempos del primer fraguismo y del cuiñismo-, la invitación presidencial parece recoger guantes lanzados por gentes muy razonables del ámbito socialista y hasta del sector quintanista del Bloque. El modelo propuesto por el presidente de la Xunta se basaría en una verdadera cooficialidad de gallego y castellano, en la consideración de lengua gallega como la propia de Galicia, en un compromiso de seguir impulsando su conocimiento y su uso y en la garantía de que no habrá discriminación alguna por razón de idioma. Se entiende que esos planteamientos generales habrían de sustanciarse en medidas concretas, a consensuar entre quienes estén dispuestos a hacerlas suyas y a garantizar su continuidad a salvo de los vaivenes políticos de San Caetano.

Don Alberto tiene la legitimidad de la mayoría absoluta para cambiar las reglas del juego idiomáticas, siempre que respete el marco legal de la Constitución y el Estatuto (porque todo lo demás es revisable). Había contraído un claro compromiso electoral de echar el freno a la inmersión lingüística iniciada con el decreto del bipartito y lo hará. Sin embargo, está dispuesto a hacer oídos sordos a los que, aquí y sobre todo en Madrid, le exigen que cumpla estrictamente lo prometido y acabe con la discriminación positiva del gallego frente al castellano y de ese modo marque el camino que han de desandar también otras autonomías, donde la potenciación de las lenguas propias habría ido demasiado lejos.

Así las cosas, la predisposición de Feijóo a jugarse una parte de su crédito político cediendo aún más -y no poco reculó ya- en sus postulados iniciales sobre el decreto del gallego en la escuela debería ser interpretada por el Bloque, el Pesedegá y compañía como algo más que un gesto para la galería. Sería bueno que, en lugar de repetir consignas y descalificaciones, recogieran el guante y pusieran a prueba la sinceridad de Don Alberto, pero asumiendo ellos también que hay espacio para el diálogo.

En su momento no lo estuvo, pero puede que el presidente esté ahora por la labor de que el Parlamento sirva de marco al intento de un gran acuerdo sobre un asunto, como el idioma, de los de país. Después del pacto por la fusión de las cajas, que ese sí que era un pastel, el horno parece estar para este tipo de bollos. Será cosa de que cada cual ponga de su parte lo que tenga que poner. Si de verdad se comparten los ingredientes esenciales, algo tenemos avanzado. A partir de ahí habrá que encontrar las dosis adecuadas que den un resultado al gusto, si no de todos, de la gran mayoría. Y hemos de tomarlo con paciencia, puesto que tardaremos formular la ansiada receta, la fórmula magistral que mantenga vivo el gallego sin imponerlo.

fernandomacias@terra.es

El idioma gallego al paredón
SEGUNDO PARDO-CIORRAGA DE SANTOS La Opinión  18 Mayo 2010

¡Ai! desperta adourada Galicia
dese soño en que estas debruzada
.................................................
Eu soñei ver na cume do Pindo
adornados de mirto e loureiros,
escritores, poetas, guerreiros,
qu
..............................................
(A Galicia: Francisco Añón)

Qué necesita el Gobierno gallego para enterarse de que están literalmente fusilando, mejor paseando, la máxima expresión cultural de un pueblo que no es otra que su idioma? ¿Qué necesita Feijóo, su Conselleiro de "cultura", el inefable desván, Roberto Varela Fariña y el afamado galeguista y secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo?¿De qué sirve que las encuestas públicas se pronuncien masivamente en contra de ese decretillo hecho con mala fe, antigalego, que manipula y provoca un enfrentamiento en donde nunca lo hubo y que ha sido propiciado desde el radicalismo castellanófobo de cuatro señoritos que agrupados en una organización minoritaria, han presionado y contado con el apoyo del PP para intentar ahorcar nuestra legua vernácula aprovechándose de actitudes irreflexivas de los jóvenes de la Mesa pola Normalización Lingüística, sacadas de contexto, para arañar un puñado de votos procedentes del fanatismo y fundamentalismo castellano de Galicia Bilingüe?

Recordarle a mister Desván que deje de cometer desmanes, se tome unos días de descanso, con todo su equipo, en un saludable centro de reposo, recostado en un cómodo diván y recomendarle una lectura tranquila de la resolución del Consello Consultivo sería lo procedente, si bien, totalmente inútil, habida cuenta el propio Ejecutivo gallego ignora olímpicamente y hace caso omiso de tal dictamen en donde se advierte que la encuesta, consulta a los padres para que estos decidan el idioma en que quieren escolarizar a sus hijos "resulta contraria al ordenamiento jurídico", vulnera e incumple el derecho fundamental de la Educación según lo dispuesto en los Art. 3.1), 2), 3), el 10. 1),2) y el 27.2),3),5) de la Constitución, también el Art. 13 de la Ley de Normalización Lingüística de Galicia, el 8 de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, la Ley Orgánica de Educación (LOE) y nuestro Estatuto. No son los progenitores quienes tienen el derecho a elegir los idiomas troncales, puesto que ello supondría "la atribución a las familias de una capacidad decisoria en el campo de la programación educativa que no les corresponde". Ni tal cosa ocurre en ningún estado democrático.

Podríamos seguir desgranando el informe del Consultivo, podríamos hacer más referencias a la vulneración de los derechos fundamentales de la educación y del incumplimiento continuo y constante de las normas, leyes y decretos que fueron aprobados para proteger y fomentar el conocimiento y uso del idioma gallego sin menoscabo del castellano y otras lenguas, pero estos cultérrimos personajes xunteiros lo que mejor practican es el desacato a las normas establecidas. Son capaces, por un puñado de votos de enfrentar a todo un pueblo y ante tal atraco solo cabe, como dice Añón en su canto a Galicia, darnos la mano y al amparo de la legalidad, puesta de relieve por el Consello Consultivo, procede acudir al Constitucional en defensa de nuestros derechos e identidad como pueblo soberano.

El gallego y el queso de cabra
Nota del Editor  18 Mayo 2010

Hay personas a las que no les gusta el queso de cabra (excelentes todos), pero nadie se empeña en que se gasten su dinero y compren lo que no les gusta, y todos tan contentos.

Hay desalmados que están empeñados en inocular el gallego a personas (desgraciadamente aún niños, sin experiencia para defenderse) que no tienen
interés alguno en ello, en contra de su idioma materno, en contra de sus derechos humanos y constitucionales, y mucha gente mirando para otro lado, el infanticidio lingüístico no es su problema.

Hay desalmados que dicen Galicia sólo para los gallegos y pocos se levantan denunciando su xenofobia  y su pretensión de aprovecharse de la situación a costa de los demás. Miserable gentuza en lengua regional inventada.

Padres (y patrones) de la patria
JOSE MANUEL PONTE La Opinión  18 Mayo 2010

Pasó, el Día das Letras Galegas, jornada festiva que, al caer en lunes, permitió prolongar el fin de semana. Hubo una manifestación en Santiago en defensa del idioma gallego (que cada vez pierde más hablantes en beneficio del castellano); un acto académico en homenaje al poeta lucense Uxío Novoneyra en la serranía del Courel; y las habituales páginas de cortesía con la lengua propia en los periódicos. La manifestación contra la política lingüística del actual Gobierno de la Xunta de Galicia no fue bien vista por su presidente, señor Feijóo, que sigue empeñado en crear problemas donde no los hay.

En la calle, y en las aulas, nunca existió conflicto para la pacífica convivencia entre el gallego y el castellano. Ni durante el largo mandato de Fraga, ni durante los cuatro años de Touriño. Cualquiera que se dedique a la enseñanza lo sabe. Otra cosa es la percepción del problema en las excitadas tertulias radiofónicas de Madrid adonde el presidente gallego acude con cierta asiduidad a promocionar su imagen de político de futuro para la derecha española.

El enfado gubernamental fue perceptible en los días previos a la celebración. El conselleiro de la Presidencia, señor Rueda, dijo que los convocantes de la manifestación de Santiago reivindicaban "una dictadura que se basaba en que los políticos decidiesen en qué lengua se tenían que expresar los ciudadanos". Fuera del hecho evidente de que el señor Rueda también es un político, y por tanto forma parte de esa elite que decide lo que tienen que hacer los ciudadanos, no creo que sea tan ignorante como para no saber que la lengua siempre ha sido un instrumento del poder. Y, fundamentalmente, de la expansión y consolidación de ese mismo poder. Lo fue con los romanos, con los chinos, con los árabes, con los españoles, con los franceses, con los ingleses, con los rusos y con cualesquiera pueblos que desbordaron el ámbito de sus fronteras para dominar a otros. Ya lo decía nuestro Nebrija: "La lengua es compañera del Imperio". Todo el mundo conoce ese dato.

Menos, al parecer, el señor conselleiro. La dependencia de la lengua del poder político es una constante histórica que se acentuó a partir de la Revolución Francesa y del nacimiento de los modernos estados-nación. Negar esa evidencia es demagogia. En la misma medida en que lo hizo el señor Feijóo cuando, sobre el mismo asunto, declaró: "No quiero que ningún padre de la patria me diga lo que tengo que decir, o qué tengo que hablar. Quieren inventar una Galicia que no existe". Todos entendimos que se refería al señor Méndez Ferrín, presidente de la Real Academia Galega, que había manifestado su deseo de acudir a la manifestación de Santiago de no habérselo impedido su participación en el homenaje a Novoneyra. La alusión, un tanto despectiva, a la condición de "padre de la patria" es bastante reveladora del pensamiento político del señor Feijóo. Desde su punto de vista, si Galicia no existe como patria parece absurda la existencia de un padre que la quiera y la proteja. Lo que nos lleva a deducir que el señor Feijóo, no actúa como un padre de la patria sino como un patrón, o como el gestor de una unidad administrativa con un idioma en decadencia que cada cual debe chapurrear como le dé la gana hasta convertirlo en una jerga. O en un repertorio de frases de procedencia vernácula. Tales como: "Vai ao carallo" o "Chamáchesme moreniña".

Ciegos que no ven
Nota del Editor  18 Mayo 2010

No por mucho repetirlo van a convertir sus mentiras en verdades. El conflicto de las lenguas regionales lo han creado quienes han pretendido que los demás
tengamos obligación de aprenderlas. El conflicto nace porque ellos invaden nuestro espacio de libertad y pretenden ejercer el suyo con su lengua
regional. Nosotros no queremos saber nada de lenguas regionales impuestas, de beneficios a costa de derechos conculcados a los demás, de despilfarro de recursos
y tiempo, de marginación de los niños que no son educados en su lengua materna cuando esta es el español.

La imposición lingüística pierde fuelle
E. A. SANTIAGO ABC Galicia  18 Mayo 2010

La convocatoria de la plataforma Queremos Galego para el Día de las Letras Gallegas, en un día festivo y soleado, no alcanzó el seguimiento de la última marcha contra la política lingüística del Gobierno de la Xunta, el pasado 21 de enero, que coincidió con una jornada de huelga en la educación y transcurrió en día lectivo.
Fueron unas 15.000 personas -100.000, según los organizadores- las que atendieron una convocatoria en la que los diferentes portavoces exigieron la dimisión de los responsables autonómicos de Educación y Cultura, Jesús Vázquez y Roberto Varela; y en la que pidieron apoyos para una iniciativa legislativa popular «para garantizar los derechos lingüísticos de los gallegos».

La cuarta marcha por la lengua desde la toma de posesión de Alberto Núñez Feijóo, que extrañó a muchos de los peregrinos y turistas en las terrazas del centro de la ciudad, se desarrolló entre la Alameda compostelana y la Plaza del Obradoiro. La pancarta principal (con un verso del homenajeado de este año, Uxío Novoneyra: «O galego, a forza do noso amor») iba sostenida, entre otros, por el portavoz de la plataforma convocante, Carlos Callón; el secretario xeral de la CIG, Suso Seixo; el diputado nacionalista Bieito Lobeira; y la coordinadora nacional de Izquierda Unida en Galicia, Yolanda Díaz. Más atrás, el líder del BNG, Guillerme Vázquez, encabezaba la comitiva del partido nacionalista, no muy lejos del grupo de los socialistas, encabezado por el secretario xeral, Manuel Vázquez, y diputados como Mar Barcón, Francisco Cerviño o José Manuel Lage Tuñas.

Las consignas
En el recorrido habitual por el centro compostelano pudieron verse pancartas que rezaban «En Galiza, en galego», «Polo dereito a vivirmos en galego» o «Eu quero galego», o carteles con la foto de Feijóo y el lema «Inimigo do galego». Las consignas que corearon los presentes siguieron esta tónica, que se vio rota en ocasiones con canciones como la que sigue: «Que desilusión, que desilusión, que o pai de Feijóo non usara condón; que pena me dá, que pena me dá, que a súa nai non puidera abortar» («Qué desilusión, qué desilusión, que el padre de Feijóo no usara condón; qué pena me da, qué pena me da, que su madre no pudiera abortar»).
La ruta concluyó en la plaza más universal de la capital compostelana. Allí, en el Obradoiro, se procedió a la lectura (por dos veces) del manifiesto «El gallego, nuestro existir», que realizaron -por turnos- el actor Antonio Durán «Morris»; la responsable de la sección juvenil de la Mesa, Iria Taibo; el escritor Xabier Docampo, la poetisa Marta Dacosta, la cantante Uxía Senlle y el actor Carlos Blanco.

«Recuperación o extinción»
La intervención del máximo responsable de la plataforma y presidente de la Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, colocó a Galicia en el brete de ser «un pueblo en trance de recuperación o de extinción» según el rumbo que tome la promoción de la lengua autóctona. Callón había destacado, al inicio de la mañana, que en la Comunidad existen «un 20% de analfabetos funcionales en gallego», por lo que pidió, ya durante el discurso que cerró la manifestación, «la primera medida en favor de la lengua gallega del gobierno de Feijóo».

Trajo además a colación el informe del Consello Consultivo conocido la pasada semana, que duda de la legalidad de la consulta a los padres establecida el nuevo decreto lingüístico para la enseñanza. Así, comparó las «cuestiones menores» que este organismo técnico había rechazado del texto del bipartito, con un proyecto «ilegal e incosntitucional».

El responsable de la Mesa también acusó al actual ejecutivo autonómico de haber iniciado un «proceso de desmantelamiento de la oficialidad del gallego», e reiteró a los responsables de la Xunta que la sociedad gallega se echará a la calle si la administración «expedienta» a los docentes que no respeten las asignaciones lingüísticas establecidas en el nuevo decreto de la lengua en la enseñanza no obligatoria. «Si expedientan a un profesor, vamos a llenar varias veces la plaza del Obradoiro», indicaba.

Por último, el responsable de la plataforma Queremos Galego acusó a Núñez Feijóo de «luchar contra su pueblo» y exigió la retirada de una norma educativa «que sólo cuenta con el apoyo del PP» y «de una asociación vinculada» -en referencia no explícita a Galicia Bilingüe-.

Feijóo, a Ferrín: «Todos los gallegos aman su lengua, pero de distinto modo»
J. L. JIMÉNEZ. SANTIAGO. ABC Galicia  18 Mayo 2010

El presidente de la Xunta aprovechó la presencia de Xosé Luis Méndez Ferrín en la celebración oficial del Día de las Letras Gallegas en Folgoso do Courel, patria del autor homenajeado este año, Uxío Novoneyra, para defender la política lingüística de su gobierno y responder indirectamente a la movilización que en paralelo recorría las calles de Santiago.

Alberto Núñez Feijóo reivindicó la «diversidad» de Galicia y sus gentes, que comparó con los «mil ríos» de Cunqueiro, y cómo a lo largo de la historia se ha alcanzado entre la ciudadanía «una convivencia idiomática» que «exige hoy encontrar equilibrios». El titular de la Xunta indicó al presidente de la RAG que «todos los gallegos aman su lengua, pero no todos lo hacen de la misma manera.

Dado que «no todos coinciden en el modelo ideal de normalizar ni en el papel de las administraciones a la hora de fomentar» la lengua gallega, Feijóo reclamó forjar «un gran pacto por la lengua» sustentado sobre cuatro pilares: «cooficialidad, consideración del gallego como lengua propia de Galicia, acción positiva para la extensión de su conocimiento y uso, y aplicación del principio de no discriminación por razón de lengua».

El jefe del Ejecutivo se mostró dispuesto a «establecer un suelo común en el que nadie se sienta ajeno» por parte de unos poderes públicos que, recordó, «fueron creados por la voluntad popular». En respuesta a los críticos discursos de miembros de la RAG como Manuel Rivas o Manuel González, Feijóo llamó a un «inconformismo» que consista en «un galleguismo compartido, un país donde no haya pensamientos únicos, sino ideas plurales que se complementen en el gran mosaico gallego». «La lengua sobrevivirá para siempre si todos los gallegos quieren que sobreviva», apostilló.

El presidente de la Academia proclamó que el idioma es «irrenunciable», y vaticinó que «ningún designo hostil prevalecerá ante él». El polémico Méndez Ferrín abogó por la retirada del decreto de la Xunta que regula el uso del gallego en la enseñanza pública, y se felicitó porque una parte de la ciudadanía «esté cumpliendo con el mandato de Novoneyra» saliendo a la calle.

En el discurso que cerró el acto, antes de que la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense interpretara el Himno gallego, el también escritor ourensano erigió a Novoneyra en «signo nacional en tiempos adversos» y elogió su labor en favor de la «liberación de su pueblo y de todos los pueblos del mundo».
Méndez Ferrín también reivindicó la defensa del medio ambiente presente en la obra del «poeta de la tierra», como se refirió al homenajeado este año en el Día de las Letras, por lo que llamó a seguir su ejemplo y proteger «los tesoros del Courel, amenazados por la codicia economicista». «Defender lo que nos es propio y el planeta entero», apostilló.

El PP ironiza con el respaldo del electorado a la manifestación de ayer
J. L. J. SANTIAGO. ABC Galicia  18 Mayo 2010

Respeto, pero dentro de unos parámetros y una perspectiva más amplia. Los populares gallegos se mostraron ayer «profundamente respetuosos» con las miles de personas «que se manifestaron a favor de la imposición del gallego» por las calles de Compostela, pero las contrapuso con la verdadera movilización que se efectuó «el 1 de marzo de 2009, cuando más de 760.000 personas dijeron no a la dictadura lingüística del bipartito», al tiempo que cargó con dureza contra el PSdeG por secundar las posiciones de los nacionalistas.

A través de un comunicado, el PPdeG aseguró «escuchar a todos», pero a la vista de las cifras de participación -alrededor de 15.000 personas-, indicó que PSOE y BNG «sólo han logrado movilizar al 1% de sus votantes, lo que demuestra que hay una mayoría social en Galicia de acuerdo con las tesis de libertad e igualdad para el gallego y el castellano que propugna Alberto Núñez Feijóo», y entre ellos «muchos votantes socialistas», añadió.

Para el partido que sustenta la acción del gobierno gallego, «es especialmente significativo» el papel de los socialistas gallegos, «que camina de la bano del BNG en cuestiones como la lengua y comparte acera con los que tienen mono de imposición». A su juicio, Manuel vázquez «trata de mantener vivo el bipartito lingüístico» aunque «no gusta en sus filas».

Por último, el PPdeG lamentó que la de ayer en Santiago volviese a convertirse «en una fiesta de exaltación de la imposición, y no de la libertad», en la que «se emplearon términos como analfabeto funcional en gallego para las personas que no emplean la lengua gallega», expresiones» que «no ayudan a mejorar la convivencia sino a crispar más» el país.

«Volver al consenso»
Desde uno de los partidos impulsores de la marcha de ayer, el nacionalista Guillerme Vázquez demandó la «vuelta al consenso», para lo que exigió la retirada «de una vez por todas» del decreto sobre el plurilingüísmo que la Xunta quiere aprobar para su implantación de cara al próximo curso escolar.

Para Vázquez, además del Consello Consultivo, «todos y cada uno» dicen a la Xunta que su proyecto de decreto «no es el que necesita la enseñanza en Galicia». A su juicio, ha quedado demostrado que ese decreto diseñado por el gobierno de Núñez Feijóo «era para recortar derechos y presencia del gallego», frente a lo que contrapuso «el orgullo de ser gallegos» y el «derecho a vivir en gallego».

En opinión del dirigente nacionalista, el presidente de la Xunta debe «cambiar radicalmente su política lingüística» y articular «una defensa del idioma gallego». «En un año aún no vimos ninguno de los conflictos de decía», aseveró también. El histórico Xosé Manuel Beiras fue un poco más allá, y acusó a la Xunta de haber emprendido «una campaña de analfabetización» de la lengua.

Tripartito y CiU pactan una iniciativa para exigir la reforma del Constitucional
El frente catalán define su estrategia para salvar el Estatut
18 Mayo 10 - M. Pardeiro La Razón  18 Mayo 2010

BARCELONA- La ofensiva catalana en busca de una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional (TC) que permita salvaguardar la integridad del Estatut cobró ayer forma después de que tripartito y CiU sellaran la estrategia que el presidente de la Generalitat, José Montilla, defenderá en su comparecencia en el Senado la próxima semana. Los partidos catalanes persiguen un cambio en las reglas del juego para evitar una sentencia adversa del TC contra el Estatut.

La propuesta pactada por CiU, PSC, ERC e ICV para modificar la ley del Constitucional consta de cuatro puntos. En el primero se reclama la renovación inmediata de aquellos magistrados que hayan prorrogado seis meses su mandato después de haber caducado. En el segundo se exige una mayoría cualificada de 8 de los 12 miembros del Alto Tribunal para sentenciar un Estatut. El tercer objetivo es fijar un plazo máximo para poder emitir sentencia –superado este plazo, el recurso decaería– y el cuarto y último punto intenta impedir fallos «interpretativos» del Constitucional, de manera que se respete el pacto alcanzado entre un parlamento autonómico y las Cortes. La ofensiva catalana incluye una cláusula transitoria para que la reforma de la ley del TC tenga efecto sobre los recursos que están en curso. Así, la amenaza sobre el Estatut desaparecería.

El cuatripartito catalán necesitará el apoyo de los senadores del PSOE para que sus pretensiones salgan adelante. Este respaldo no está garantizado porque Zapatero ha emitido mensajes contradictorios. Por una parte, se ha comprometido a estudiar la propuesta catalana y, por la otra, ha expresado sus reservas respecto a la reforma de las normas que rigen el funcionamiento del TC. Montilla asegura que le convencerá.

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