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Recortes de Prensa    Miércoles 19  Mayo  2010

 

Crisis
Zapatero, el cáncer de Europa
Manuel Llamas Libertad Digital 19 Mayo 2010

El presidente del Gobierno ha desarrollado una política económica suicida. Muchos ciudadanos aún no son plenamente conscientes del riesgo que ha atravesado –y atraviesa– el país como resultado del desmán cometido por el dirigente socialista en materia presupuestaria. Por suerte, la Unión Monetaria nos ha salvado de males mayores, al menos, por el momento.

La canciller alemana, Angela Merkel, se ha visto forzada a intervenir para evitar que España arrastrara consigo al resto de la zona euro hacia una crisis soberana de dramática resolución. La pertenencia al euro ha logrado frenar los brotes psicóticos del presidente, empeñado hasta hace apenas dos días en seguir aumentando el déficit público para tirar de la economía nacional, poniendo así en duda la solvencia misma del sistema financiero y del propio país. De ahí, precisamente, que Zapatero no sólo sea el cáncer de España sino también de Europa.

Es un peligro público, la mayor amenaza para los ciudadanos. Su cambio de rumbo responde, única y exclusivamente, a las directrices impuestas desde Bruselas y Washington. En una situación similar, de no haber pertenecido a la moneda única, a Zapatero le habría faltado tiempo para emplear todos los medios a su alcance con tal de seguir despilfarrando el dinero del contribuyente. España se habría enfrentado ya a una masiva devaluación monetaria, así como a la monetización de deuda pública por parte del Banco de España mediante la impresión de billetes, es decir, a una suspensión de pagos encubierta creando una elevada inflación.

Ahora, obedeciendo órdenes del exterior, da marcha atrás tratando de reducir un gasto público que él mismo desbocó desde el comienzo de la crisis. Para muestra un botón. El Gobierno intentó vender a la opinión pública, de forma torticera y muy cutre, un ejercicio de austeridad en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 cuando, en realidad, estaba aprobando el mayor incremento del gasto público de la historia reciente. Ni más ni menos que un 17,3% interanual, un aumento superior a los 27.000 millones de euros. De este modo, si Zapatero hubiera optado por congelar el gasto, muy posiblemente no se hubiera visto obligado ahora a recortar cuantías a funcionarios, pensionistas y dependientes.

Otro ejemplo paradigmático es, sin duda, el famoso Plan E. Ése que tanto se esforzó en vender como paradigma que posibilitaría la ansiada recuperación. El Gobierno ha despilfarrado un total de 13.000 millones de euros en ese engendro, cuando ahora pretende recortar el gasto en 15.000 millones hasta 2011 (serán más).

Además, la ausencia de reformas estructurales de calado, sobre todo, en materia laboral, ha provocado que más de 4,6 millones de personas en edad de trabajar se hayan visto privadas de empleo y sueldo. Con un paro superior al 20% resulta más complicado contener el gasto público. No obstante, el coste de dichas prestaciones y el pago de intereses (gastos financieros) por la deuda pública podrían sumar cerca de 80.000 millones de euros a finales de año, lo que equivale a cerca del 20% del gasto público total (386.000 millones para 2010).

En resumen, Zapatero es el único culpable de la falta de credibilidad que sufre España en los mercados internacionales; y, por ello, responsable del brusco encarecimiento de los créditos al sector privado nacional (incluida la banca); culpable de la mayor tasa de desempleo del mundo desarrollado; culpable de que la casta política siga disfrutando del dinero público mientras solicita “esfuerzos” adicionales a funcionarios, pensionistas y dependientes; culpable de la pasada y futura subida de impuestos que padecerán los contribuyentes, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo y ahorro nacional; culpable de la escasa competitividad exterior por la ausencia de reformas; culpable del dispendio autonómico ya que, lejos de ajustar las transferencias a los ingresos tributarios reales, las aumentó durante estos años para comprar aliados políticos...

En definitiva, Zapatero es culpable de la miseria actual y, por ello, debe dimitir. Este glaucoma político debe ser extirpado de inmediato, pese a que ahora resida en estado latente, ya que, de lo contrario, es susceptible de revivir en cualquier momento, extendiendo nuevamente el riesgo de metástasis a nivel económico.

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

¿Impuestos para un gobierno no fiable?
Francisco Rubiales Periodista Digital 19 Mayo 2010

Muchos ciudadanos, horrorizados ante los estragos de la crisis, están dispuestos a que les suban los impuestos. Muchos, conscientes de la gravedad de la crisis, han incrementado notablemente sus ayudas a Cáritas o a otras ONGs de confianza para contribuir con sus recursos a solucionar los grandes dramas causados por el paro y la ruina económica. Otros muchos ayudan directamente a los más necesitados y no pocos se han sumado al ejército de los voluntarios que cuidan a enfermos o atienden a los más necesitados. Pero la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles se resisten a entregar su dinero a un gobierno como el de Zapatero, en el que ya no confían.

Quizás el mayor problema de la España actual, superior incluso al deterioro de la economía, sea que el gobierno ha perdido la confianza y no es creíble ni éticamente fiable. Su obsesión por permanecer en el poder contra de los deseos de muchos de los que le eligieron en las urnas un día del año 2008 no hace sino distanciar más a Zapatero del aprecio ciudadano y de la legitimidad democrática.

¿Quien nos asegura que nuestros impuestos van a ser utilizados con ética y decencia? ¿Quien garantiza que nuestros dineros no van a ser utilizados en corruptelas, en comprar, como ha hecho el andaluz Griñán, lámparas de 8.000 euros para su Palacio de San Telmo, para incrementar la ya densa fortuna de José Bono o para contratar más asesores inútiles o inyectar más fondos en los sindicatos sometidos?

El problema del próximo incremento fiscal que reclama el gobierno de Zapatero es que muchos españoles no se fían de quien los cobra y dudan razonablemente que sus dineros sean empleados con honradez y limpieza.

A juzgar por su comportamiento, el actual gobierno no es de fiar en lo que se refiere a la utilización de los fondos públicos, que ha despilfarrado y empleado en alimentar su poder, su nepotismo, su corrupción y su clientelismo sin freno. Nuestro dinero ha sido utilizado para financiar partidos políticos que deberían financiarse con las cuotas de sus afiliados, a sindicatos sometidos al poder que han dejado de representar a los trabajadores y que intercambian sumisión por subvenciones, televisiones públicas, instrumentos inútiles que el poder utiliza para desinformar, manipular la realidad, imponer la mentira, agredir al partido contrario y adormecer al ciudadano. Ha sido utilizado también para que los catalanes abran embajadas en el exterior, para que el Senado traduzca los discursos que los nacionalistas se niegan a pronunciar en el idioma común, para pagar los sueldos a miles de asesores inútiles y a decenas de miles de enchufados del partido, para financiar mapas de clítoris, para ayudar a los gays de África y para mil barbaridades más, mientras en España hay más de un millón de familias abandonadas en la pobreza, que no perciben ayuda pública alguna.

Son demasiados los españoles que sospechan que congelar las pensiones, rebajar el sueldo de los funcionarios y suprimir el cheque bebé no sólo va a servir para reducir el déficit público, sino también para que los sátrapas dispongan de más dinero y sigan costeando lujos e indecencias. Los ciudadanos decentes de España, lógicamente, no quieren participar en ese tipo de injusticias.

Los tiempos en los que los demócratas nos sentíamos orgullosos de contribuir con nuestros impuestos al bien común han pasado a la historia. Hubo un tiempo en el que el gobierno parecía fiable y todos les entregábamos con gusto nuestros impuestos solidarios, confiados en que servirían para financiar la sanidad pública, para compensar a los más necesitados o para garantizar la igualdad Pero el actual gobierno ha destrozado esa confianza y ya no garantiza nada de eso, sino todo lo contrario, porque el poder político, en España, está bajo sospecha y es merecedor de ese rechazo ciudadano que ya reflejan las encuestas, en las que los políticos han dejado de ser fiables y aparecen ya como el tercer gran problema del país, por delante del terrorismo y de la inseguridad ciudadana, sólo superado por el paro y la triste situación económica.

Si el gobierno quiere que los ciudadanos aporten voluntariamente su dinero, debería antes dar ejemplo, renunciar a muchos de sus privilegios injustos e ilícitos y suprimir las grandes injusticias del sistema: ministerios superfluos que deben ser eliminados, subvenciones injustas y arbitrarias que deben desaparecer, concursos públicos trucados, financiación de los partidos políticos con fondos del Estado, ríos de dinero entregados a los sindicatos y a la patronal sometida, sin olvidar que debe dejar de comprar votos a los partidos nacionalistas a cambio de dinero público, cerrar las televisiones públicas y eliminar otras muchas injusticias, arbitrariedades y abusos que el poder impone a la ciudadanía contra su voluntad.

Sin esas reformas previas y sin demostrar antes su ejemplaridad y decencia, el gobierno tendrá que arrebatarnos los impuestos contra nuestra voluntad, se llenará de oprobio y se hará merecedor de nuestro desprecio ciudadano.

Cuando los gobiernos tienen que "arrebatar" el dinero a los ciudadanos, contra su voluntad, se hacen merecedores de oprobio, dejan de ser democráticos y pierden la legitimidad. La democracia es un sistema basado en la confianza. Cuando los ciudadanos pierden la confianza en sus gobernantes, es que esa democracia ha perdido también su esencia y, formalmente, se ha transformado en tiranía.

Voto en Blanco

¿Democracia ramplona?
JOSÉ MARÍA RUIZ SOROA El País 19 Mayo 2010

Escuchamos hoy un confuso discurso sobre la democracia que, en nombre del principio de autogobierno de los ciudadanos, clama contra el hecho de que un reducido colegio de jueces pueda poner su particular opinión por encima de la voluntad de los representantes de esos ciudadanos en los parlamentos, por encima incluso de la voluntad expresada en referéndum por los mismos ciudadanos catalanes. En este discurso se mezclan respetables posturas de principio con un craso oportunismo sectario que pretende vestir con ropajes democráticos lo que es sólo un interés, el de que una determinada ley (el Estatut, se entiende) salga adelante a costa de todo.

Principios defienden aquellos autores que argumentan que la capacidad de un pueblo para autogobernarse no puede estar limitada por unos textos constitucionales más o menos rígidos y heredados de generaciones pasadas. Y menos aún por unos tribunales que imponen su opinión elitista y técnica a los representantes de la ciudadanía e invalidan o recortan las leyes por estos aprobadas. Para estos autores, nuestras actuales democracias constitucionales son "democracias paternalistas" (Waldrom) o "democracias jibarizadas" (Sánchez Cuenca), que tratan al ciudadano como a un ser precisado de muletas para desempeñarse en la vida pública. Es muy discutible, pero es una opinión razonada.

Intereses defienden en cambio quienes, a la vista de la ya probada inconstitucionalidad del Estatut (puesta de relieve inapelablemente en la última sesión del Tribunal Constitucional, TC, en la que todos sus miembros estuvieron de acuerdo en que como mínimo una treintena de preceptos del Estatut eran inconstitucionales), han emprendido una campaña desaforada para sacarlo adelante pese a quien pese.

A estos muñidores del democratismo radical -sección catalana- se les puede cuestionar su sinceridad democrática. Y su propia lógica. Por una sencilla razón: porque el rendimiento empírico de nuestra justicia constitucional no avala en absoluto sus impostadas quejas, sino más bien todo lo contrario. Es decir, que cuando este TC ha invalidado leyes aprobadas por la soberanía popular (y lo ha hecho varias veces), nunca ha sido para disminuir el autogobierno de los ciudadanos, sino para ampliarlo. Y sobran ejemplos.

Cuando el TC invalidó por inconstitucional la Ley de Seguridad Ciudadana o de la patada en la puerta, ¿no incrementó nuestros derechos ciudadanos? Cuando el TC rechazó el decreto ley antiterrorista, ¿protegió o limitó nuestros derechos? Cuando declaró inconstitucional la Ley de Enjuiciamiento Criminal y prohibió que el juez instructor fuera también el juez sentenciador, o vetó los juicios sin noticia previa, ¿nos trató como a menores de edad? Cuando el TC invalidó las limitaciones de derechos a los inmigrantes contenidas en sucesivas leyes de inmigración socialista y popular, ¿de verdad que jibarizó nuestra democracia? ¿O más bien la amplió un poco más?

Seamos serios: la ejecutoria de nuestro TC no recuerda para nada la del Tribunal Supremo de Estados Unidos del primer tercio del siglo XX, aquel tribunal que hizo un uso abusivo de ciertas cláusulas constitucionales para invalidar así cualquier legislación progresiva en materias sociales o económicas, llegando a provocar la directa amenaza de Roosevelt de reformarlo si no modificaba su actitud. Ningún tribunal constitucional europeo, desde la posguerra en adelante, se ha significado por funcionar como un reductor de autogobierno, sino todo lo contrario, como un potenciador de democracia. ¿A qué viene entonces este súbito ataque de esencialismo democrático en su contra?

Pero si hay un ejemplo patente de la contradicción flagrante en que caen los demócratas radicales -sección catalana- es el que proporciona la sentencia del Tribunal de 13/08/1983, que invalidó una Ley Orgánica aprobada con los votos de una supermayoría de representantes del pueblo en el Congreso y el Senado, en concreto la Ley Orgánica 30/06/1982. Aquella norma rechazada se llamaba (¿recuerdan?) "Ley Orgánica para la Armonización del Proceso Autonómico" y fue recurrida ante el Tribunal por los partidos nacionalistas, que alegaban que congelaba y reconducía el desarrollo del Estado autonómico "de una manera inconstitucional". Incluso el Partido Comunista de Santiago Carrillo, que ahora también se apunta a la eliminación del TC por antidemocrático, acudió a él en 1982 en demanda de protección democrática. Y el Tribunal Constitucional les dio la razón, y sobrepuso su propia interpretación de la Constitución a aquella que había hecho el pueblo soberano a través de sus representantes. ¿Dónde estaría hoy el Estatut si la mayoría hubiera sido soberana sin límites?

Cuando los nacionalistas y comunistas acudían al Constitucional en 1983, y exigían el amparo de la Constitución contra las decisiones legislativas de la inmensa mayoría de los representantes del pueblo español, ¿no estaban ellos mismos proclamando que la Constitución y su interpretación por el Tribunal eran la última instancia de legitimidad en nuestro sistema democrático? ¿Cómo es, entonces, que ahora argumentan que ni la Constitución ni el Tribunal pueden "jamás" ponerse por encima de la voluntad del Parlamento o del sentimiento de un pueblo? ¿Es que su ramplona concepción de la democracia depende del lado en que caigan sus intereses?

José María Ruiz Soroa es abogado.

Pangloss en Moncloa
TEODORO LEÓN GROSS El Correo 19 Mayo 2010

Si hay un arquetipo para entender a Zapatero -y desde luego Zapatero va a seguir siendo Zapatero, con distinta letra pero con la misma partitura- es el doctor Pangloss. El asombroso numantinismo del presidente ante la inercia devastadora de la crisis reafirmándose en las mismas consignas optimistas hasta el final, negando el abismo como quien se resiste a ver una inundación aunque el agua ya le alcance al cuello, le retrata como un trasunto de aquel personaje satírico de Voltaire con el que caricaturizaba a quienes creen, como Leibniz, que vivimos en 'el mejor de los mundos posibles' donde 'todo va siempre a mejor'. Pangloss experimentaba un optimismo antropológico capaz de negar o justificar las desgracias obvias, desde un naufragio a la cárcel de la Inquisición; y el propio Zapatero, ante el hundimiento de la economía mientras el paro frisaba un trágico récord histórico, se ha mantenido aferrado a la idea de que los pesimistas sólo son optimistas mal informados.

Pangloss en estado puro.
Voltaire bautizó a su personaje con un despiadado juego de palabras del prefijo griego pan y glossos, 'todo-lengua', ridiculizándolo de ese modo como un parlanchín sin sustancia, lenguaraz pero hueco, de una elocuencia floreada aunque trivial. Y ahora las hemerotecas enfrentan a Zapatero, casi más panglossiano que el propio Pangloss, al memorial desleído con las frases de su optimismo irredento: en 2007, con la crisis ya identificada, él prometía pleno empleo y proclamaba que España estaba a salvo de la crisis; tiempo después aún situaba al país «en la 'Champions League' de la economía mundial» y descalificaba el catastrofismo por antipatriótico; más tarde advertía de que su peor cifra del paro sería mejor que la mejor del PP; y desde entonces cada dos o tres meses anuncia el cambio de tendencia con los brotes verdes floreciendo sobre la recesión. La jauría implacable de los titulares le ha perseguido en vano.

Y aunque Zapatero sepa íntimamente que su espejismo se ha desvanecido, Zapatero va a seguir siendo Zapatero, como Pangloss. Sí, ha hecho recortes amargamente drásticos, pero eso no cambia su discurso de que todo sigue siendo para mejor. Su nuevo optimismo es ahora la fe en la tijera. De momento ha anunciado la reforma laboral sí o sí, hasta donde no pudo llegar siquiera Aznar, y le seguirá la reforma del sistema financiero e incluso hay un globo sonda para eliminar el subsidio de emergencia social. Una vez que Zapatero se ha caído del caballo camino de Damasco pasando por Bruselas, todo es diferente pero en definitiva va a ser lo mismo. Donde antes vendía resistir ahora vende recortar. Antes trinchera, ahora tijera. Sólo es eso, con el entusiasmo de siempre. En definitiva lleva dentro a Pangloss.

El ajuste y los loros de España
Roberto Blanco Valcés La Voz 19 Mayo 2010

Es imposible conocer desde cuándo sabe Zapatero que la economía española marchaba hacia el colapso. Si el presidente fuera un gobernante responsable cabría suponer que el plazo transcurrido entre la toma de conciencia del peligro y el ajuste draconiano impuesto a funcionarios y pensionistas fue de horas o de días. Pero como Zapatero es el rey de la frivolidad, parece seguro que el Gobierno sabía desde hace meses que estábamos al borde del abismo -por lo menos desde que Solbes lo advertía, con el rotundo éxito que ahora puede constatarse- y que no hizo, sin embargo, nada sustancial fiando en no se sabe muy bien qué.

De hecho, lo que la gravedad del ajuste -que no ha hecho más que empezar, al parecer- pone de relieve es que nuestras Administraciones (central, local y regionales) llevan mucho tiempo gastando por encima de sus posibilidades. Una gran parte del gasto público es absolutamente indispensable y sin él nuestro Estado social no existiría: no hablo, por tanto, de lo que cuesta mantener una educación igualitaria, una sanidad eficiente y un sistema de previsión social equitativo. Ni tampoco del coste de las infraestructuras que no existirían de no hacerlas el Estado. Por no hablar no hablo siquiera del coste necesario de las Administraciones que gestionan todo lo anterior, coste sin el cual nada de ello podría hacerse.

Hablo, señoras y señores, del supuesto chocolate del loro, que ha convertido a España, en realidad, en un país donde literalmente se tiran cantidades ingentes de dinero porque nadie se atreve a decir que ya está bien.

Un colega, que por su edad, sabiduría y sensatez es lo contrario a un demagogo -colega que contribuyó, además, decisivamente a la construcción del Estado de las autonomías-, insistía no hace mucho, una y otra vez, en lo caro que es el Estado que finalmente hemos construido.

Porque ahí esta el quid de la cuestión: el chocolate del loro es, entre otras muchas cosas, la duplicación de instituciones que carece de cualquier lógica sensata (un consejo consultivo, un consejo de cuentas y un defensor del pueblo por cada autonomía); es la parte (una gran parte) del gasto suntuario en expediciones internas y exteriores de las Administraciones, que resulta perfectamente prescindible; es la vergonzosa existencia de miles de coches oficiales, y es una política descabellada de subvenciones públicas para miles de libros que nadie lee, cientos de películas que nadie ve y asociaciones de todo tipo que solo se dedican en realidad... a la gestión de subvenciones. El día que alguien sume ese gasto, ¡y todo el que usted está pensando!, nos quedaremos asombrados. Y, además, avergonzados. Pero, ¿para qué?, habiendo funcionarios y habiendo pensionistas.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
La dichosa diglosia
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 19 Mayo 2010

Autor: José María Martín López-Suevos

“Bilingüismo, en especial cuando una de las lenguas goza de prestigio o privilegios sociales o políticos superiores”, definición de diglosia según la Real Academia Española. La palabreja es uno de los aburridos pero eficaces mantras que repiten Bloque, Mesa pola Normalización, Queremos Galego y el sindicato CIG, las mismas personas con distintas siglas, junto al muy manido “derecho a vivir en galego”.

Esa supuesta inferioridad política o social del gallego ha traído consecuencias muy importantes y graves en nuestra legislación y por ello en nuestra vida diaria, y lo que empezó siendo un reconocimiento del derecho a usar el gallego en cualquier ámbito se ha convertido en una nueva religión con sus sacerdotes, sus días santos – el 17 de Mayo- y con su propia fe: la creencia en que el universo gira en torno al gallego.

La ley de Normalización Lingüística se aprobó en el año 1983, hace 27 años. Creo que sería difícil, por no decir imposible, encontrar algún ámbito, sector laboral, ocupación u actividad de la sociedad en el que no se pueda utilizar el gallego libremente de forma oral y/o escrita. Las personas que hoy en Galicia usan el gallego no son objeto de ninguna discriminación ni tienen dificultad alguna para ello como consecuencia de “privilegios políticos superiores” en favor de la otra lengua cooficial.

Sin embargo, según lamentan los mentados, sigue existiendo diglosia aunque semeje invisible para muchos excepto para ese grupo de interesados iluminados de la secta nacionalista.

La diglosia sirve para justificar el abandono de la enseñanza infantil en lengua materna, derecho otrora exigido por los nacionalistas antes de controlar el diario oficial de Galicia y que han subvertido y sustituido por enseñanza infantil obligatoria en la erróneamente llamada lengua propia y decimos erróneamente porque es un error que el Estatuto de Autonomía y la propia ley de normalización definan como lengua propia de Galicia al gallego convirtiendo una obviedad lingüística en un artículo con consecuencias jurídicas. Tan obvio es que los gallegos hablan gallego como que los gallegos hablan español.

También justifica, al parecer, que todos los alumnos puedan llegar a recibir el 100% de su enseñanza en gallego y ser obligados a expresarse y hacer sus exámenes en gallego en prácticamente todo el horario lectivo. Y esto no es un desvarío mío, está recogido y se viene aplicando en Galicia desde el decreto 124/07 a punto de derogarse.

Para superar esos supuestos desequilibrios entre las lenguas los profesores tienen que impartir la enseñanza en gallego y a su vez, los alumnos expresarse en clase, hacer los exámenes y tener los libros en gallego. No importa en que lengua sean más eficaces, en cual el conocimiento se transmita más fluidamente. La diglosia debe ser superada a costa de la libertad de todos y de la calidad de la enseñanza. Las comunicaciones en los centros de enseñanza deben ser todas en gallego y podríamos seguir con el aquelarre pero preferimos no aburrir al lector.

La diglosia también tiene sus cosas buenas: da de comer a mucha gente, especialmente destacables son las subvenciones a la Mesa pola Normalización que superaron durante el bipartito el medio millón de euros para que pudiera normalizarnos a todos al mismo tiempo que engordaba su presupuesto, por no mencionar al BNG que también se alimenta del victimismo de la diglosia para apoyar su proyecto identitario e independentista; podemos mencionar también al sindicato satélite CIG que se dedica en los últimos tiempos, además de su habitual labor de defensa del proletariado galaico, a recoger firmas de profesores a favor de la insumisión contra el nuevo decreto en fase de informes previa a su aprobación. Son insumisos para someter a otros

Todo es poco y todo vale para acabar con la dichosa diglosia, una agresión aquí, una quema de banderas allá, una mentira en un caso de Lugo, la “apertura de expedientes” a los comerciantes gallegos por no rotular en gallego, más normalización obligatoria, menos libertad para todos excepto para ellos, los que forman parte de esa teocracia lingüística que nos atenaza y ahoga e impide progresar en paz, absortos como estamos en librarnos de su yugo en lugar de dedicar nuestro escaso tiempo a tareas más provechosas.

¿Es que estos obsesos de la diglosia no se cansan nunca? ¡Que nos dejen en paz, por favor!

http://www.libertadlinguistica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=362:la-dichosa-diglosia

El Constitucional estudia el sexto borrador del Estatut catalán
El nuevo texto, elaborado por el conservador Guillermo Jiménez, es más restrictivo que el rechazado hace un mes
Efe www.lavozlibre.com 19 Mayo 2010

Madrid.- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) se reunirá este miércoles para estudiar el último borrador de la sentencia que tiene pendiente dictar sobre recurso presentado por el PP contra el Estatut de Cataluña, que ha sido redactado durante el último mes por el vicepresidente de este órgano, Guillermo Jiménez, integrado en el denominado "bloque conservador" del tribunal.

Por esta razón, su contenido se prevé más restrictivo con los preceptos incluidos en la norma catalana que el que fue rechazado el pasado 16 de abril por seis de los magistrados frente a cuatro.

Fuentes del Constitucional señalaron que el Pleno de hoy, que se reunirá a partir de las 11 horas, no será monográfico sobre el Estatut de Cataluña, ya que incluye otros asuntos en su orden del día.

Tampoco está claro que el texto de Jiménez termine siendo sometido a votación. Es probable que el ponente lo retire si cree que, en función de lo que vaya diciéndose por otros magistrados durante el debate, no va a contar apoyos suficientes para sacarlo adelante.

Si se produce este supuesto, Jiménez podría optar por rehacer su borrador -como hizo su antecesora Elisa Pérez Vera hasta en cuatro ocasiones-, o bien renunciar a la ponencia, lo que obligaría a la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, a designar a uno nuevo y retrasar aún más la resolución de un asunto que lleva enquistado en el alto tribunal casi cuatro años.

Jiménez asumió la ponencia del Estatut después de que el último Pleno que se convocó para estudiar este asunto, hace apenas un mes, rechazara el texto elaborado la magistrada Elisa Pérez Vera, del denominado "bloque progresista" del órgano judicial.

Jiménez fue el candidato de consenso entre los dos grupos mayoritarios en las Cortes, si bien, en función de las resoluciones adoptadas en el alto tribunal se le ha integrado en el denominado "bloque conservador" de este órgano. Por ello, se deduce que su borrador es más duro con el Estatut que el texto que redactó para su ponencia Pérez Vera, del "sector progresista", que aún así preveía recortar unos cuarenta preceptos de la norma catalana.

PONENTE A RENOVAR
Jiménez, junto con Casas y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, es uno de los magistrados de este órgano cuyo mandato concluyó en diciembre de 2007 sin que el Senado, a quien corresponde su renovación, haya podido alcanzar el consenso necesario para conseguirlo.

El borrador rechazado de Pérez Vela salvaba el término "nación" del Preámbulo de la norma, anulaba una quincena de artículos y sometía a otra veintena a interpretación. Es decir, éstos últimos se aceptarían siempre y cuando las leyes que los desarrollen respeten los criterios que el Tribunal Constitucional establezca en su resolución.

De la información que ha trascendido hasta ahora del alto tribunal podría deducirse que el nuevo texto a discutir es aún más duro con la norma catalana, "tocaría" más de una veintena de artículos y podría incluir los "peros" al Preámbulo en la parte dispositiva de la sentencia, una cuestión que puede encontrar fuerte rechazo en el sector "progresista" del órgano.

Los diez magistrados que discuten sobre el Estatut -queda fuera Pablo Pérez-Trems, recurrido por el PP, y hay una plaza vacante tras el fallecimiento de Roberto García Calvo-, tienen sobre la mesa una sexta versión de la sentencia, si bien la división existente en el tribunal permite pronosticar una gran dificultad para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la tortuosa evolución que el recurso del PP ha tenido en el tribunal de garantías.

A favor de a última ponencia votaron, además de su autora, la presidenta del Tribunal y los magistrados de tendencia progresista Eugenio Gay y Pascual Sala. En contra de la ponencia "progresista" votaron los magistrados Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapatea y Javier Delgado, todos ellos situados en el sector conservador del tribunal.

En un tercer bloque "ideológico" se situarían los tres magistrados que podrían tener ahora la clave para la aprobación definitiva del texto, que son el actual ponente, el y los magistrados Ramón Rodríguez Arribas y Manuel Aragón Reyes, que habrían colaborado estrechamente para la elaboración del texto que se estudiará hoy.

según el servicio de inteligencia de Colombia
Un informe desvela que etarras y "grupos iraníes" se encuentran en campamentos de las FARC
El documento afirma que un testigo protegido de los servicios de inteligencia relató que conoció a un enlace "que se encarga de conducir a centros de entrenamientos de las FARC a civiles"
VASCO PRESS | BILBAO El Correo 19 Mayo 2010

Un reciente informe del Departamento de Administración y Servicios, el servicio de inteligencia de Colombia, señala que miembros de ETA y "algunos grupos de iraníes" se encuentran en centros de adiestramiento del Frente 59 de las FARC situados en territorio venezolano.

El periódico colombiano 'El Espectador' informa en su edición de hoy del contenido de ese informe en el que se afirma que el pasado mes de marzo un testigo protegido de los servicios de inteligencia de Bogotá relató que conoció a un enlace "que se encarga de conducir a centros de entrenamientos de las FARC a civiles". "En esos centros, ubicados en Apure, Maturín, Monagas, Aragua, Santa Cruz de Aragua y en la periferia de Maracay, estarían integrantes del grupo terrorista vasco ETA y también algunos grupos de iraníes con miembros del Frente 59 de las FARC", añade el documento.

El contenido del informe del DAS coincide con los datos disponibles en el sumario que instruye el juez Eloy Velasco sobre las conexiones entre ETA y las FARC colombianas. En ese sumario están recogidas las declaraciones de varios testigos protegidos, ex miembros de las FARC, que fueron interrogados por la policía española y que informaron de la presencia de etarras en los campamentos de la guerrilla en territorio venezolano para impartir cursos sobre la fabricación de bombas y explosivos.

El documento citado por el periódico colombiano señala que las FARC tienen en territorio venezolano 28 campamentos clandestinos en los que se mueven unos 1.500 efectivos de la guerrilla, entre los que se encuentran importantes dirigentes de ese grupo. El informe incluye las coordenadas de los centros de entrenamiento utilizados por las FARC en los estados venezolanos de Apure y Zulia.

Entre los dirigentes de las FARC que se sitúan en Venezuela están Iván Márquez, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', y Rodrigo Granda. Los tres han intervenido en diversos contactos con ETA desde el año 2002, según las investigaciones de la Audiencia Nacional. El informe del DAS señala también que oficiales venezolanos tienen vínculos con instructores de las FARC, agentes cubanos y el Frente Bolivariano de Liberación (FBL). Este último grupo también ha mantenido contactos con ETA.

Galicia Bilingüe exige a Feijóo más rigor en la defensa del nuevo decreto
E. A. SANTIAGO ABC Galicia 19 Mayo 2010

La asociación Galicia Bilingüe reclamó ayer al presidente de la Xunta que defienda con menos «tibieza» el proyecto de decreto de la lengua en la enseñanza que ultima el departamento de Educación para su entrada en vigor durante el próximo curso.

La entidad presidida por Gloria Lago lamenta que el informe del Consello Consultivo conocido la pasada semana, que cuestiona la legalidad de la consulta a los padres incorporada por la Xunta -era una promesa de campaña de Feijóo-, sea utilizado por el presidente de la Xunta «para huir de su promesa». Galicia Bilingüe considera además que el texto «no sólo no es vinculante, sino que se trata de un documento insostenible desde el punto de vista jurídico». De hecho, la asociación adelantó que publicará hoy un análisis del dictamen «que deja en muy mal lugar a los miembros de este órgano».

Galicia Bilingüe critica además que lo que consideran un paso atrás de Feijóo en la defensa de la nueva ley se produzca al mismo tiempo que «una protesta que no alcanzó la respuesta de ocasiones anteriores y en cuya organización, lamentablemente y a pesar de la crisis económica actual, se emplearon fondos públicos al menos en la preparación del traslado de gente a Santiago para dicho acto político».

El pacto
La oposición a la política lingüística de la Xunta manifestada en la jornada del lunes no va a resquebrajarse tras la oferta de pacto lanzada por el titular del ejecutivo autonómico en la celebración oficial de la festividad de las letras. Tanto socialistas como nacionalistas recibieron con recelos el ofrecimiento de Feijóo, por lo que llevarán al pleno de la próxima semana sendas mociones -en la pasada fueron dos interpelaciones- con motivo del decreto. Para el líder de los nacionalistas, Guillerme Vázquez, la «declaración de intenciones de Feijóo no se corresponde con la práctica de la Xunta».

En la primera, impulsada por los socialistas, se reclamará la constitución de una comisión parlamentaria que debata el texto del decreto. La idea arranca del dictamen que el Consello da Cultura Galega presentó en febrero con respecto al texto. Entonces, el organismo presidido por Ramón Villares proponía crear una comisión parlamentaria para desarrollar, de forma consensuada, el Plan Xeral de Normalización Lingüística.

El BNG, que entiende en la iniciativa de Feijóo «un reconocimiento implícito de que inicia una rectificación», en palabras de Carlos Aymerich, presentó una moción genérica «sobre las actuaciones del gobierno gallego respecto de la lengua gallega».
Por su parte, el portavoz del PP, Manuel Ruiz Rivas, avisó al PSOE que «está equivocado» si cree que el actual decreto seguirá en curso tras el verano.
 

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