AGLI

Recortes de Prensa    Viernes 21 Mayo  2010

 

Nocturnidad y alevosía
Editorial www.gaceta.es  21 Mayo 2010

Al final, terminarán pagando los hachazos los de siempre: las clases medias.

De noche, sin dejar apenas margen para los análisis en los medios de comunicación, una vieja táctica propia de regímenes totalitarios, y haciendo pagar a justos por pecadores, el Gobierno de Zapatero aprobó ayer el mayor recorte de derechos sociales de la democracia. Con nocturnidad y alevosía, el Ejecutivo de Zapatero se dispone a aplicar, como el médico a palos de Moliére, una batería de hachazos, tardíos y contraproducentes, que está por ver que sirvan para sacar la economía nacional del colapso. Y que dado su carácter errático y antisocial implican una suerte de harakiri ideológico del zapaterismo, si es que alguna vez tuvo ideología.

En política, tan importante como los contenidos son las formas. Y lo que vimos ayer fue un recital de informalidad típica de quien nos gobierna desde 2004. En primer lugar, por la puesta en escena (un Consejo de Ministros atípico, adelantado al jueves para que la vicepresidenta Salgado viaje a Corea el viernes, a una reunión preparatoria del G-20); y por la larga espera, teniendo en vilo no ya a los periodistas, sino a todo el país y singularmente a las amplias capas de población afectadas por el tijeretazo. Y en segundo lugar, por la sensación de improvisación que transmite. El timing de las recetas permite deducir que hace sólo dos semanas el Gobierno ni siquiera tenía en mente el severo paquete y confirma el desprecio a la oposición, cuyo líder le instó a tomar medidas para atajar drásticamente el déficit. Zapatero ha improvisado una serie de mandobles, deprisa y corriendo, urgido por la UE, ahora que considera a España su protectorado económico. Improvisación y, no menos grave, descoordinación: los ministros fueron filtrando a migajas informaciones contrapuestas y contradictorias, evidenciando así el nulo respeto que tienen por los ciudadanos y también la sensación de Titanic sin capitán que ofrece el Gobierno.

Funcionarios y jubilados son las víctimas propiciatorias de los errores del Ejecutivo, los que van a cargar con las artistas más duras y antisociales del ajuste. En este sentido, suena a burla que la vicepresidenta Fernández, busto parlante del tijeretazo, lanzara una flor a los empleados públicos, reconociendo su trabajo y su contribución a la economía nacional.

Para mitigar demagógicamente el hachazo, el Ejecutivo anuncia el impuesto sobre los ricos, aunque Salgado asegura que no se aprobará de forma inminente. Lo cual implica exponerse a comentarios mordaces como el de Esperanza Aguirre (“Lo pagará Bono, yo soy pobre de pedir”) y deja, en cualquier caso, en evidencia el electoralismo de un Gobierno a la deriva, que desempolva rancios tópicos de clase. Tan en evidencia que más vale que los prebostes socialistas no traten de arreglarlo con apostillas como la de Leire Pajín: “No encontrará usted un socialista que no piense que el más rico debe pagar más”. Nadie menos indicado que la número tres del PSOE, que ha llegado a acumular hasta dos sueldos (por su cargo en el partido y su escaño en el Senado) y una indemnización en calidad de ex secretaria de Estado.

Rodríguez Zapatero es mayorcito para saber que la mejor forma para hundir una economía nacional es empobrecer a las clases medias. La Historia lo avala: es exactamente lo que pasó en Argentina a mediados del siglo XX, cuando medidas intervencionistas y una presión fiscal mal enfocada gravaron sobre quienes soportaban el sistema. La antaño Arcadia económica devino en erial, a lo que se unieron otros factores como la inestabilidad política. Pero, como en otros rasgos de su errática deriva, Zapatero también en este caso aparece prisionero de trasnochados prejuicios ideológicos en materia fiscal. Es axiomático que, salvo contadísimas excepciones, no caben impuestos selectivos sólo para ricos. Al final, los gravámenes los pagan los mismos de siempre: las clases medias. Son la parte magra de la sociedad, la más aprovechable. Pero implica exprimir al país, al cargarse su capacidad de trabajo y de consumo. La jugada es redonda si a esta sangría a quienes sostienen el tinglado económico se suma el hachazo a las pequeñas y medianas empresas y, por lo tanto, su capacidad para generar tejido productivo, con el anuncio de Fomento de cerrar el grifo de la inversión en obra pública. Con este conjunto de medidas, el Gobierno de Zapatero no le deja salida a la economía nacional: una cosa es atajar el déficit –medida absolutamente imprescindible para que el drama económico no degenere en tragedia griega– y otra muy distinta que hunda lo poco que queda de economía.

Lo dijimos en un editorial hace una semana, cuando la cigarra que habita en La Moncloa dejó de tocar la mandolina, con un retraso de tres años, y advirtió de la llegada implacable del frío invierno pidiendo sacrificios a las laboriosas hormiguitas. “Que se marche ya”. No hay otra salida. Zapatero se ha convertido en un peligro tanto para la UE, como para la economía nacional. Mientras siga al frente del Gobierno, se seguirá destruyendo empleo –como confirma la tendencia ascendente de las EPAS de los últimos trimestres– y empobreciendo el país con el jarabe de palo de medidas improvisadas y contraproducentes. Sólo su marcha de La Moncloa puede dar un leve respiro para que España tome aire e intente la urgente tarea de reconstrucción y regeneración. La solución no son los funcionariazos, los jubilazos o el dilema impuestos sí, impuestos no; sino urnas, sí o... sí.

Impuestos y clase media
Editorial La Razón  21 Mayo 2010

Desde hace varios días, los ciudadanos asisten atónitos al guirigay interno del Gobierno a propósito de una hipotética subida de impuestos. Lo que una vicepresidenta dice por la mañana es matizado, cuando no enmendado, por un ministro a primera hora de la tarde. Es difícil saber a ciencia cierta si existe un plan fiscal definido o si todo es fruto de la improvisación y la facundia del equipo de Zapatero.

Lo que ofrece pocas dudas es que la dirección de la política económica brilla por su ausencia y que en las decisiones del Gobierno se superponen las presiones internacionales, los sondeos sobre intención de voto y los temores del PSOE a perder apoyo popular. De ahí que toda nueva medida para hacer frente al déficit se anuncie rodeada de un halo de provisionalidad, como si fuera una simple hipótesis de trabajo. El propio presidente del Gobierno ha incurrido, de nuevo, en esa indefinición evanescente al anunciar ayer que es probable, que es casi seguro, que tal vez se apruebe una subida de impuestos, pero que todavía no hay fecha, ni forma, ni alcance. Es decir, sólo existe una intención sin rostro ni víctimas, lo que supone una curiosa manera de infundir seguridad y confianza a los inversores y actores económicos.

Da la impresión de que el Gobierno pretende, con estos palos de ciego, calmar la indignación de los sindicatos y del propio PSOE, que exigen exprimir a impuestos a «los ricos» para contrarrestar el tijeretazo a pensionistas, funcionarios y dependientes. Al margen de que «los ricos» sean el espantajo que la izquierda suele agitar ante su militancia cuando tiene problemas electorales, Zapatero debería concretar sus palabras de ayer, según las cuales la subida de impuestos no afectará a la «clase media», sino a «los que más tienen». Dicho así, sin poner nombres y apellidos, sin fijar los límites de renta ni especificar la actividad a gravar, la declaración del presidente carece de valor y no tiene más fiabilidad que si fuera lanzada en un mitin de polideportivo, en lugar de formar parte de un plan riguroso y serio para estabilizar las cuentas públicas. El margen para aumentar la carga fiscal es muy reducido y otra vuelta de tuerca impositiva, tras subir el IVA dos puntos a partir de julio, comprometería la reactivación económica y prolongaría la estancia de España en el furgón de cola europeo. Antes de tomar una decisión de esa naturaleza, el Gobierno debe hacer muy bien las cuentas, sobre todo tras el anuncio realizado ayer por el ministro de Fomento de que retrasa un año las principales obras públicas.

El golpe que en puestos de trabajo y atonía empresarial supondrá esta ralentización será muy fuerte y doloroso. Fomento soportará, con más de seis mil millones de euros, el grueso de todo el recorte durante 2010 y 2011, lo que llevará al cierre de cientos de pymes. Además, la contracción del PIB se agravaría con una subida de impuestos. Que el presidente asegure que no lo sufrirán «las clases medias» no es ninguna garantía, porque no hay precedentes en la historia fiscal que avalen un hecho tan milagroso. Cuando un Gobierno quiere recaudar mucho más, sólo puede exprimir a las clases medias, pues las que están más abajo no tienen dinero, y las que están por encima disponen de recursos legales suficientes para sortear al fisco.

¿Qué falta para derrotar a ETA?
ROGELIO ALONSO, Profesor de Ciencia Política. Universidad Rey Juan Carlos. ABC  21 Mayo 2010

Las últimas detenciones de dirigentes terroristas confirman la validez de los sombríos análisis que sobre su situación la propia ETA viene plasmando en su documentación interna. «Las caídas y la represión se han convertido en algo insoportable», han escrito los terroristas al confesar un «debilitamiento progresivo» que ha sumido a sus simpatizantes en la «resignación». Como ETA admite, su profunda «crisis operativo-militar» se ve agravada por «debilidades estructurales» que han generado «grietas en el muro de la militancia» y una muy preocupante disminución de su «capacidad movilizadora». A todo ello se suman las crecientes dificultades de la cúpula etarra para controlar a un entorno político asfixiado por la ilegalización de Batasuna, iniciativa que ha alimentado un conflicto de intereses ante los elevados costes que la vinculación con ETA supone para el movimiento terrorista en su conjunto.

De este análisis de situación se desprenden varias conclusiones relevantes para seguir debilitando a la banda. Por un lado, podemos asegurar que ETA contempla la posibilidad de su derrota, confirmándose que una política antiterrorista sustentada en firmes medidas coactivas y que niega la expectativa de diálogo y/o negociación entre el Gobierno y los terroristas resulta enormemente eficaz. Al mismo tiempo, debemos subrayar que las críticas hacia la continuidad de la violencia que han surgido en ETA y Batasuna no han llevado todavía a la organización a interiorizar la necesidad de abandonar el terrorismo. Estas variables nos obligan a aplicar un realismo imprescindible para que los sucesivos éxitos contra ETA finalmente se materialicen en su desaparición.

En primer lugar, resulta absolutamente fundamental que la organización terrorista asuma que jamás ningún gobierno volverá a entablar diálogo o negociación alguna. El eficaz giro de la política antiterrorista adoptado tras la contraproducente negociación autorizada por Zapatero en su primera legislatura ha permitido que en importantes sectores de la banda calara un mensaje como el que Txema Matanzas, miembro de Ekin, expresaba en mayo de 2009: «¿Creemos de verdad que en un plazo de, no sé, 6 o 7 años, podemos ejercer con esta estrategia una presión tal que obligue al Estado español -desconozco si con gobierno PSOE o gobierno PP- a dar marcha atrás y ceder en esos objetivos? (...) Ni de carambola».

Sin embargo, la credibilidad que el ministro del Interior consigue con sus contundentes declaraciones en ese sentido pierde fuerza cuando afloran esperanzas de que Batasuna pueda obtener en algún momento determinados beneficios a través de negociaciones o diálogos cuya importancia se intenta relativizar desde ciertos sectores. Informaciones sobre supuestas vías de contacto entre ETA y el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, facilitan la generación de expectativas entre los terroristas y su utilización para neutralizar el cuestionamiento de la utilidad de la violencia que la eficacia antiterrorista provoca. Asimismo, muy perjudicial resulta la reproducción de un erróneo esquema como el que se traslada desde algunos medios al recurrir a la simplista diferenciación de los integrantes de la banda en una suerte de palomas o posibilistas frente a halcones. Mediante este confuso estereotipo se atribuye a Otegi una hipotética voluntad de poner fin a la violencia que elude un componente decisivo: el líder de Batasuna no contempla un desafío a la cúpula dirigente ni el fin del terrorismo sin contraprestaciones políticas. Por tanto, el reforzamiento de la imagen de Otegi en el que se incurre en ocasiones distorsiona la realidad del movimiento terrorista afectando también negativamente a sus dinámicas internas. Es decir, el impulso a la rehabilitación de Otegi desincentiva la consolidación de voces críticas contra la violencia, estimulando por el contrario la creencia de que la promesa de cese del terrorismo volverá a permitir compensaciones políticas. Esta peligrosa lógica bloquea la tendencia de salida y crítica del terrorismo propiciada por el debilitamiento extremo de ETA.

Esta circunstancia impone sobre políticos y ciudadanos una significativa responsabilidad para la derrota del terrorismo por la que de manera tan abnegada trabajan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los constantes triunfos policiales que cercenan la capacidad operativa de ETA deben complementarse con actitudes políticas y sociales que impulsen y no frenen la progresiva decadencia de la organización terrorista. La desmoralización del activista se ve aliviada cuando ETA obtiene la recompensa de apoyos internacionales como los que todavía logra su frente propagandístico, pero también cuando desde ámbitos políticos y sociales de nuestro país se acepta como inevitable algún tipo de diálogo con los terroristas.

La fracasada negociación durante la primera legislatura de Zapatero ha convencido a algunas personas de lo inapropiado de este ejercicio, mientras otras siguen considerando que alguna forma de diálogo con ETA y Batasuna será precisa para garantizar el final del terrorismo. En ciertos casos se condiciona dicho diálogo al debilitamiento de la banda, circunscribiéndolo a temas aparentemente sin gran contenido político, como pudiera ser una supuesta reintegración de sus presos y de sus representantes políticos en la vida democrática. Sin embargo, semejante escenario contribuye ya a alimentar expectativas de beneficios que, debe insistirse, aplacan el cuestionamiento de la violencia que sus elevados costes generan.

Por tanto, la política antiterrorista debe desarrollar también una pedagogía que eduque sobre estos errores y sus negativos efectos para el deseado objetivo común de la erradicación del terrorismo. Debe por ello instruirse en contra del infundado y extendido convencimiento sobre la necesidad de mantener «tomas de temperatura» con ETA. La interpretación que de ellas hacen los terroristas es consistente con las esperanzas que permite alumbrar en quienes racionalizan, con toda lógica, que semejantes gestos revelan una disposición a aceptar ulteriores contactos y cesiones. Así es además cuando los servicios de inteligencia e información demuestran tan excelente conocimiento y penetración de la banda que hace redundante, a la vez que perjudicial, el acercamiento a ella a través de cauces que ineludiblemente refuerzan la narrativa terrorista. Es decir, la derrota de ETA es incompatible con la aquiescencia de ésta tras recompensarla con concesiones que demuestren que el terrorismo constituye un eximente en lugar de un agravante; o sea, si se asume que el final de ETA exige contraprestaciones, calificadas por algunos como mínimas que, sin embargo, resultan excesivas, como lo son sin duda distinciones favorables para los terroristas como las que implica en democracia cualquier diálogo con ellos.

El pragmatismo político obliga a consolidar un discurso que rechace cualquier diálogo con ETA, pues la experiencia antiterrorista demuestra que la negativa de expectativas de que llegue a producirse ha sido la condición necesaria que ha forzado las renuncias que ya se han producido. Ese horizonte es el que fuerza a los terroristas a reclamar el final del terrorismo, pues de ese modo su finalización se convierte en el principal incentivo para demandarlo: la desaparición de la violencia representa la única salida para que en algún momento el terrorismo deje de reportarles los elevados costes que les genera y que seguirá generándoles. Esta perspectiva resulta creíble si además se recuerda que la sentencia de Estrasburgo ofrece argumentos con los que defender la irreversible inhabilitación de Batasuna y de sus dirigentes para participar en un sistema político que nunca debe admitir fines y medios antidemocráticos como los suyos.

El final de ETA es posible si los terroristas interiorizan la imposibilidad de rentabilizar su desaparición ni crímenes que jamás deben quedar impunes. O sea, que lo único que obtendrán con ese final será la esperanza de que en el futuro la Justicia quizá considere que pueden llegar a surgir circunstancias atenuantes para el cumplimento íntegro de las condenas que sus delitos merecen.

Desmantelar el terror
EDITORIAL El Correo  21 Mayo 2010

La detención, de nuevo, de la cúpula activista de ETA confirma la extrema debilidad en la que se encuentra la trama terrorista. Debilidad que se está reflejando en su manifiesta incapacidad para perpetrar las acciones violentas que desearía llevar a cabo. Una vez más la actuación concertada de los servicios policiales franceses y españoles ha logrado descabezar la banda etarra, conduciendo a relevantes terroristas ante la Justicia y desbaratando sus planes inmediatos. Lo ocurrido debería ser razón suficiente para que los restantes miembros de ETA asumiesen su inexorable declive y optasen por poner fin a su trayectoria asesina. Pero el empecinamiento terrorista es incapaz de reconocer el cruel sinsentido de su pasado reciente o remoto, y necesita aferrarse a la continuidad de su poder fáctico. Frente a esta inercia suicida, una mayoría de la izquierda abertzale, capitaneada por Arnaldo Otegi o por Díez Usabiaga, estaría tratando de salvar los muebles para procurar un proceso de paz que diera sentido a toda su trayectoria anterior. Pero ni el Estado de Derecho puede eludir el cumplimiento de las leyes y el ejercicio de sus obligaciones en la persecución de los terroristas, ni la sociedad se compadece de la suerte que corran quienes durante tantos años han desoído las continuas llamadas de la democracia a que abandonaran las armas de una vez y para siempre.

El poszapaterismo
«Con el anuncio de las medidas de ajuste ha quebrado una forma de gobierno basada en voluntarismo optimista, retórica de aire progresista y búsqueda de la 'cohesión social'. Pero eso no quiere decir que ZP haya llegado a su final político»
MANUEL MONTERO El Correo  21 Mayo 2010

Cuando Zapatero anunció en el Congreso el ajuste económico se terminó una época. Al liquidar de un plumazo la presunción de que era posible salvar la crisis sin combatirla ni tocar el gasto social dio la puntilla a una política de rasgos singulares, basada en el voluntarismo optimista más que en planes y programas definidos. Ha quebrado la idea central que reiteraba hace un año: «El camino para transitar la crisis es social o no será». Pues no será. Ni podrán mantenerse los mismos esquemas gubernamentales.

No quiere decir lo anterior que ZP haya llegado a su final político ni que la etapa esté superada. Sí que el zapaterismo, la forma de gobierno que ha existido durante estos años, está agotado. No da más de sí. El peso de esta política estaba, más que en la acción, en el discurso: en la argumentación bienintencionada y en una retórica de aire progresista y resonancias de izquierda. También, según se aseguró sucesivas veces, en la búsqueda de la 'cohesión social', un concepto nunca explicitado que seguramente se refería al mantenimiento de la paz sindical.

La sobreescenificación de la solidaridad social ha constituido la guía de la gestión política y económica. No se adaptó el discurso a la necesidad de combatir el déficit e impulsar la recuperación económica. Más bien ha sido al revés: la gestión se ha ajustado al mantenimiento del discurso políticamente correcto con capacidad de arrastre entre la clientela electoral. Los anuncios de brotes verdes y luces al final del túnel y las búsquedas de culpables de la crisis han consumido más espacio público que la exposición de problemas y soluciones. Nunca se ha vislumbrado un plan consistente. Los ajustes se aplazaban a mejores tiempos: serían cambios de modelo y llegarían tras salir de la crisis, circunstancia que sobrevendría por sí sola. Las medidas, deslavazadas, han disparado gastos e incluido un cierto desmantelamiento fiscal, con devoluciones de impuestos, rebajas del IRPF y del Impuesto de Sociedades, supresión del Impuesto sobre el Patrimonio... La mentada 'cohesión social' parecía el norte de toda la política, envuelta en autoproclamas de una gran sensibilidad social, presidida por las buenas intenciones.

Esto es lo que ha quebrado, por agotamiento de los recursos políticos y retóricos. El 'crack' ha sido brusco, nítido, sin preparar a la opinión. Un día se repitió que no habría ajustes -«España no es Grecia»- y al siguiente llegaron las rebajas de sueldos y demás. Forzosamente supone el colapso del zapaterismo. Una política como la desarrollada por ZP exige capacidad cotidiana de arrastre. Necesita arrastrar en los mítines y en las encuestas. Un programa estructurado podría subsistir sin los constantes apoyos multitudinarios, pues las referencias ideológicas nítidas suelen hacer comprensibles las medidas impopulares e integrarlas en una política global. Por contra, la gestión sectorializada, basada en invocaciones dispersas sobre las buenas intenciones progresistas, exige una sobredosis constante de credibilidad. Si no, no hay tutía.

La credibilidad se ha desvanecido. El principal lema del zapaterismo -«pese a la crisis mantendremos una política social, no como otros»- se ha demostrado inexacto, por no decir un farol. Lo extraño es que a ese eje argumental no acompañaran otros -algún discurso sobre la necesidad de impulsar el crecimiento o buscar el equilibrio presupuestario-, que habrían amortiguado el impacto de las medidas antisociales. Llegan éstas sin que hayan intentado difundir otros objetivos, que aparecen ahora súbitamente, sin un discurso que las acoja. Por eso la quiebra, radical, arrumba una forma de hacer política.

Verosímilmente el zapaterismo se trasmutará en poszapaterismo. Querrán prolongarse los mecanismos de gestión basados en el 'políticocorrectismo' retórico, en un intento titánico de recuperar la credibilidad. Puede dar en caricatura. Así se aprecia estos días cuando por doquier difunden que los líderes mundiales consideran que la decisión del ajuste económico ha sido correcta, brillante, valiente, necesaria?Vale como elemento legitimador del cambio -sobre cuya necesidad sólo tenía dudas el Gobierno- pero no sirve para restaurar una política que se había sostenido sobre la difusión de ideas de resonancias progresistas. No se buscaba el aprobado de los mandamases extranjeros, sino el apoyo popular y sindical.

Así las cosas, el poszapaterismo quizás se quede en la idealización del líder. Para ello sólo le queda el expediente de difundir la especie de su inquebrantable voluntad solidaria, su buena fe y su sensibilidad social. Dejando a un lado que la sensibilidad sin hechos da en muerta, sólo podría difundir que el ajuste le ha constituido una decisión dolorosa, tomada a disgusto por el presidente, pues daña sus convicciones profundas y sus intenciones progresistas. Sería tanto como propagar la imagen de un presidente unidimensional, sin planteamientos globales, sólo aferrado a su visión de lo que constituye la política social.

En tal caso el poszapaterismo se convertiría en la sombra de una sombra. Llevaría a una política desquiciante, en la que el Gobierno quedaría forzado a dirigir un ajuste severo al tiempo que abomina públicamente de él. Todo giraría en torno a sostener que el talante social constituye el fondo del Gobierno, compuesto de buenos tipos forzados a hacer el mal. Lo que sucede es que a la gente le gusta que le gobiernen para salir de los problemas, no para demostrar la bondad del gobernante y sus inmejorables intenciones. Éstas suelen darse por supuestas. Faltaría más.

Nota de prensa de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M
Luis del Pino Libertad Digital  21 Mayo 2010

La AAV11-M manifiesta su incomprensión, lamento y malestar por la actitud del Ministerio del Interior que rechaza colaborar con las víctimas del atentado en las causas judicialmente abiertas

Por dos ocasiones, el Ministerio dirigido por Alfredo Pérez-Rubalcaba, ha negado la información requerida por el juzgado que instruye la querella interpuesta por la Asociación contra un alto mando policial y contra su jefa de laboratorio por falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos y ocultación de pruebas

La información denegada – una copia del protocolo de actuación de la unidad de desactivación de explosivos- tiene como objetivo acreditar documentalmente dos extremos, la obligación legal que tiene el departamento -dirigido por Sánchez Manzano en marzo de 2004- de custodiar las muestras de los trenes y, en segundo lugar, si la competencia para el análisis de esas muestras correspondía al laboratorio de la Policía Científica.

Estas preguntas ya han sido respondidas afirmativamente por los numerosos testigos que han declarado con anterioridad en este mismo sentido y, además, las respuestas están acreditadas documentalmente en actuaciones similares realizadas con anterioridad y posterioridad a los atentados del 11 de marzo por la Unidad que dirigiera Sánchez Manzano

La AAV11M manifiesta su incredulidad por el argumento esgrimido por el Ministerio del Interior para negarse a colaborar con las víctimas y la justicia. No tienen ninguna justificación, al menos aparente, negar la información requerida con la excusa de que el documento solicitado posee el carácter de “secreto” cuando con anterioridad ha sido elevado a otros juzgados por el propio Sánchez Manzano y actualmente pueden leerse extractos del mismo por Internet…

Por tercera vez, las víctimas de los atentados se han dirigido al Ministerio de Interior para que confirme o desmienta, sin necesidad de aportar documentación, los extremos solicitados y poder así continuar con la instrucción sin más dilaciones. Desde el pasado 6 de abril estamos aguardando la respuesta

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El éxito de la democracia contra ETA
Germán Yanke Estrella Digital  21 Mayo 2010

Las detenciones de ayer en Bayona, entre otras las de los que están considerados como los dos principales dirigentes de ETA, son de importancia capital. Pero revelan también una tendencia. Si cada cinco meses, como se va viendo, son detenidos los recambios en la dirección de la banda terrorista ETA, es porque las Fuerzas de Seguridad y los servicios de inteligencia trabajan en su persecución y porque funciona la colaboración internacional, muy especialmente la francesa. Por el mismo motivo, se va deteniendo incansablemente a otros terroristas y colaboradores de los mismos por la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Gendarmería y las diferentes policías autonómicas españolas, sobre todo la vasca que, con el nuevo Gobierno de Vitoria, ha vuelto a ser una policía integral atenta y aplicada a la lucha contra el terror.

Si en el País Vasco se observa -cotidianamente- que se va ganando terreno a los sicarios del terror es por la decidida actuación del lehendakari López y su consejero de Interior Ares, apoyados por el Partido Popular presidido en aquella comunidad autónoma por Antonio Basagoiti. Por el mismo motivo se está considerando y escuchando a las víctimas del terrorismo como siempre hubo que hacerlo y se está desperezando la sociedad vasca, que se enfrenta con más fuerza a la violencia en defensa del Estado de Derecho y de las libertades individuales.

Si en el País Vasco se incrementa la colaboración ciudadana contra ETA y los extorsionados, en vez de buscar soluciones particulares y claudicantes, cada día en mayor número ponen en conocimiento de la Consejería de Interior las amenazas que reciben es porque todo lo anterior va cambiando la realidad social que, además, se ha visto reconfortada con la sentencia del Tribunal de Estrasburgo.

Si a la banda, que sigue manteniendo su potencial mortífero y amedrentador, cada vez le cuesta más reclutar terroristas y apoyos, si algunos pistoleros abandonan o se ponen voluntariamente en situación de ser detenidos, si los presos se rinden y se alejan cada vez más de ETA, si muchos de sus vergonzosos soportes sociales buscan, aunque sea hipócritamente, el modo de desentenderse de la violencia, es también porque se está acertando en la política antiterrorista adecuada: ni una pizca de aire para que respiren sus ideas totalitarias y violentas.

Es posible derrotar a ETA y acabar con ella, aunque aún no pueda celebrarse ese éxito de la democracia y el Estado de Derecho. Y el camino tomado es tan adecuado y justo que no debe cambiarse. Debe avanzarse por él y debe ser apoyado.

OPINIÓN | GOLPE POLICIAL A ETA EN FRANCIA
Las broncas del 'Pato'
Carrera Sarobe, el jefe de ETA detenido ayer, abrió varias guerras internas hasta hacerse con todo el poder en el seno de la banda
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo  21 Mayo 2010

Los fundadores de ETA rechazaron en 1958 la posibilidad de llamar a la nueva organización Aberri Ta Askatasuna porque el acrónimo, ATA, significaba pato y no parecía serio para organización patriótica y revolucionaria. A Mikel Carrera Sarobe, 'Ata', en cambio, no le importó adoptar el alias de pato como nombre de guerra.

Carrera pertenece a la promoción de Txeroki y, en contra de lo que suele creerse, no ha ido a su estela sino por delante, abriéndole paso. Ambos entraron en ETA poco antes de la tregua del año 1998 y tuvieron una participación activa en su ruptura. Los dos -y alguno más- comenzaron a percibir el declive de ETA en fecha temprana: hacia el año 2003 ya se dieron cuenta de que la banda terrorista iba hacia abajo, que su funcionamiento dejaba mucho que desear, sufrían caídas a ritmos acelerados y el nivel de actividad no estaba ni de lejos a la altura de lo que deseaban. Acumularon frustración y reaccionaron dando un puñetazo encima de la mesa. Escribieron papeles broncos contra sus jefes -entonces el pato y el indio sólo eran capitanes- y contra quienes les habían precedido en la escala de mando.

La crisis abierta por los Atas y los Txerokis fue de tal calibre que sus jefes les hicieron un consejo de guerra y les obligaron, como en el viejo régimen comunista, a retractarse, a hacer autocrítica y a comerse sus palabras. A 'Txeroki' le perdonaron los excesos y ascendió en el escalafón, pero 'Ata', que había sido mucho más duro, fue castigado y sacado del 'aparato militar'. Craso error, porque lo enviaron al 'aparato logístico' y terminó haciéndose el jefe del negociado.

Luego, en 2008, 'Ata' abrió de nuevo otra guerra interna, la más importante en tres décadas. Escribió un texto incendiario contra tres de los cinco miembros que formaban entonces la dirección de ETA y Txeroki se alineó con él. Tres contra dos en la cúpula. Ganó la minoría. Los tres fueron expulsados por los dos que, a fin de cuentas, controlaban los aparatos militar y logístico. Y en medio de la bronca, los tres -López Peña, Igor Suberbiola y Ainhoa Ozaeta- fueron detenidos por la Policía. Algunos seguidores de los tres encontraron sospechosa la coincidencia de los arrestos con la crisis interna y vieron chivatazos detrás de la operación policial.

Ayer hizo dos años.
Los críticos de 2004 se hicieron cuatro años más tarde con todo el poder en el seno de ETA, pero no han sido capaces de detener el declive imparable de la banda terrorista. Antes registraban un deterioro operativo, una disminución de la capacidad de cometer atentados y de recuperarse de los golpes policiales. Esa debilidad es ahora mucho mayor que entonces, pero a ella se ha añadido la debilidad política. La dirección de ETA -encabezada hasta ayer por Karrera Sarobe- ya ni siquiera era capaz de imponer su voluntad a su entorno político. Al menos en 2004 eso todavía lo hacían los que entonces eran sus jefes.

La debilidad del liderazgo en la cúpula de ETA constituye una oportunidad para los dirigentes de su entorno político si es que la quieren aprovechar. Es la oportunidad de intentar convencer a la banda de que deje definitivamente las armas sin esperar nada a cambio o hacerle saber que el camino que hasta este momento han recorrido juntos ha llegado a su final y que ya no les acompañarán en el resto del viaje. Pero eso exige que los dirigentes del entono de ETA no pretendan ser ellos los que negocien y cobren un precio político por el abandono de las armas por parte de la banda. Ese es, en el fondo, el esquema de la estrategia que se ha aprobado en los debates de Batasuna.

Siempre se ha dicho que la gran diferencia entre el caso de Irlanda del Norte y el del País Vasco era que en el Ulster los dirigentes del Sinn Fein tenían mando y ascendencia sobre el IRA, cosa que no ocurría con los de Batasuna sobre ETA, que han estado siempre supeditados al grupo terrorista. Ahora parece haber una situación de empate: los dirigentes de ETA tienen problemas para imponerse a Batasuna, pero los jefes de este partido, a cambio, no se atreven a enfrentarse abiertamente a los primeros.

ETA lleva más de nueve meses sin cometer atentados en España, aunque ha matado en Francia. En ese tiempo, y particularmente en lo que va de año, no han cesado los preparativos de la banda para llevar a cabo atentados, lo que demuestra su voluntad de continuar con el terrorismo que no ha cambiado hasta el día de hoy. La eficacia policial es la que permite mantener a raya a ETA y la que, al debilitar a la banda, abre la oportunidad a los dirigentes de Batasuna de resolver si quieren hacer política.

Luis Miguez Macho Semanal Digital  21 Mayo 2010
El heroico decreto del equilibrio lingüístico de la Xunta de Feijoo

La Xunta de Alberto Núñez Feijoo ha conseguido, después de un año de dura batalla, aprobar el nuevo decreto que regulará el uso de las lenguas en la enseñanza no universitaria. Básicamente, establece el equilibrio entre el gallego y el castellano, prevé que de manera progresiva se irá introduciendo el inglés para la impartición de una parte de la docencia, y deja libertad a los alumnos para utilizar la lengua cooficial de su elección en todas las asignaturas, menos las de idiomas.

La dura batalla para revertir un abuso de la "normalización lingüística"

Todo esto no tendría nada de especialmente llamativo si no se comparase con la situación actual, derivada del decreto que la Xunta bipartita de socialistas y nacionalistas aprobó en 2007 sin permitir participación social alguna, justo al contrario de lo que ha hecho la Xunta del PP a la hora de elaborar el nuevo decreto. Ello llevará muy probablemente a que la Justicia acabe declarando la nulidad del decreto de 2007, pero, como suele suceder, demasiado tarde.

El decreto que se acaba de derogar establecía que al menos la mitad de la docencia se tiene que impartir en gallego, incluidas en todo caso las asignaturas más importantes, las denominadas "troncales", quedando a la discreción de cada centro educativo el poder aumentar ese porcentaje hasta el cien por cien (con la única salvedad de las asignaturas de idiomas). Además, en las materias impartidas en gallego los alumnos tienen que utilizar obligatoriamente esa lengua, mientras que no se impone la obligación recíproca para las que se imparten en castellano.

En consecuencia, gracias al nuevo decreto nos hallamos ante una de las escasas ocasiones en que se ha conseguido revertir un abuso de la mal llamada "normalización lingüística", es decir, de la imposición coactiva de la lengua autonómica cooficial. No es extraño que los partidarios de esta imposición hayan utilizado todos los medios a su alcance para tratar de impedirlo.

Habría sido muy grave que hubiesen logrado su objetivo. La democracia parlamentaria se basa en la alternancia política, y la alternancia política sólo tiene sentido si la oposición que pasa a ser gobierno puede llevar a la práctica su programa, cambiando lo que ha hecho el ejecutivo anterior.

El PP que ganó las elecciones autonómicas gallegas hace un año por mayoría absoluta llevaba en su programa la derogación del decreto de 2007. Los nacionalistas que se oponen alcanzaron un 16% de los votos, el PP casi un 47%. En medio están, como siempre, los socialistas del PSdeG, autores del decreto de 2007, cuyos actuales dirigentes mantienen el servilismo hacia los nacionalistas en este materia, aunque supongo que serán conscientes de que una parte de su base social y de sus votantes no están de acuerdo.

Esto no son especulaciones mías. El conselleiro de Educación, Jesús Vázquez Abad, tuvo el gran acierto de mandar llevar a cabo, a finales del curso pasado, una gran consulta a los padres para preguntar en cuál de las dos lenguas cooficiales preferirían que se educase a sus hijos. Los resultados no dejan lugar a dudas, y la mayoría optó por una docencia predominantemente en castellano.

La Xunta no debe renunciar a dar poder de decisión a los padres
El nuevo decreto se ha dejado algunas plumas por el camino; principalmente, la institucionalización de ese tipo de consultas para que los padres de cada centro educativo puedan elegir las asignaturas concretas que se imparten en cada lengua, por culpa de un muy discutible dictamen del Consello Consultivo (el máximo órgano consultivo de la Administración autonómica gallega), cuya actual composición le correspondió decidir a la anterior Xunta.

Sobre esto, como especialista en Derecho administrativo, tengo algunas cosas que decir. Es cierto que el artículo 27.5 de la Constitución establece que los poderes públicos tienen que garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, pero no es menos cierto que añade a continuación que esta programación se hará "con participación efectiva de todos los sectores afectados". Por lo tanto, no se entiende bien qué obstáculo constitucional puede impedir que la Administración dé poder de decisión a los padres sobre algunos aspectos de la programación educativa.

Lo grave sería negar esa opción política. Hay un modelo educativo de izquierda, que en esto coincide plenamente con el de los regímenes totalitarios y con el del viejo liberalismo decimonónico, basado en que todas las decisiones en materia educativa corresponden al poder público. Pero hay también otro modelo distinto, que en último término deriva del principio de subsidiaridad de la Doctrina Social de la Iglesia, y que considera que en las modernas sociedades pluralistas, donde apenas existen valores comunes (y éstas y otras polémicas educativas bien lo demuestran), los padres deben tener un papel determinante a la hora de decidir la orientación de la educación que reciben sus hijos.

En España vivimos una curiosa paradoja en la enseñanza no universitaria. A los profesores se les niega autoridad para mantener la disciplina en las aulas, pero, a cambio, se les deja libertad completa para adoctrinar en sus ideas a alumnos menores de edad y hasta para pastorearlos a manifestaciones contra el gobierno, como se hizo en Galicia cuando el "Prestige", confundiéndose la libertad de cátedra con la libertad de expresión desde la cátedra. A los padres se les da carta blanca para atropellar a los profesores por las decisiones académicas que adoptan sobre sus hijos y, sin embargo, no se les permite decidir que no quieren que se les imparta como asignatura la ideología del señor presidente del Gobierno ni elegir la lengua cooficial en que desean que aquéllos se eduquen (algo elemental en cualquier país con un régimen de cooficialidad lingüística).

Si, por motivos que sería largo discutir aquí, resulta imposible dar esa libertad a los padres, que por lo menos se establezca un equilibrio entre las lenguas cooficiales, como ha hecho la Xunta de Alberto Núñez Feijoo. Pero eso no debe significar que se renuncie a dar todo el poder de decisión que se pueda a los padres, sobre éste y sobre otros aspectos de la programación educativa, y si para eso hace falta aprobar una ley, que se haga, como ya ha anunciado el presidente de la Xunta.

La verdadera ampliación de derechos
No estaría mal que se aprovechase esa ley para dar el máximo rango normativo a lo que para mí es el gran acierto del heroico decreto del plurilingüismo de la Xunta: la devolución a los alumnos de la libertad para usar la lengua cooficial de su elección en las actividades docentes de todas las asignaturas, menos las de idiomas.

Si hay un ejemplo de lo que de verdad supone el proceso de "normalización lingüística" entendido a la manera nacionalista, es decir, como imposición lingüística, ése es el retroceso que se había producido en este terreno. Resulta que yo hace veinticinco años pude disfrutar de una libertad que hoy se les niega a mis hijas por culpa de unos hipócritas que se llenan la boca hablando de "ampliación de derechos".

Galicia sólo para los gallegos (el carnet de gallego solo si habla gallego)
Nota del Editor  21 Mayo 2010

Resulta que no se puede ser gallego sin hablar gallego, y no se puede estar en Galicia sin ser gallego-bilingüe. Si esto no es xenofobi imposición, eliminación de libertades conculcación de derechos humanos y constitucionales, pues yo soy Napoleón.

Por mucho que lo repitan, esta situación es claramente anticonstitucional, pues en ella no se establece el deber de conocer lengua regional alguna.
Establece el deber de conocer el idioma español, pero incluso hay facilidades para muchos que no lo conocen (por ejemplo, examen de conducir en árabe).

Así que el tal Núñez, además de trilero, embaucador, mentiroso y domador de perdices (hábil mareador de tales bichos), es un conculcador de los derechos
humanos y constitucionales de todos los españoles, especialmente si son niños y tienen la desgracia de andar por Galicia.

La libertad de utilizar una lengua regional termina donde empieza la libertad de hablar el idioma español, y obligar a los español-hablantes a someterse a la lengua
regional es un latrocinio de nuestras libertades y derechos.

Algunos lectores quizá se pregunten porqué en estos recortes hay tantos artículo relacionados con la ruina económica de España, y la respuesta es muy simple: como ya se ha reiterado en el último boletín: mientras no se curen las heridas mortales que España se ha autoinfligido, la primera la "carencia" de un idioma común, no hay salida. La situación es tan grave que forzosamente habrá que tomar la medida de que en España el idioma español sea el idioma común de todos los españoles y las lenguas regionales desaparezcan de la legislación (para el resto de las medidas leer el citado boletín).

Marcha atrás de la Xunta en el decreto del gallego, que retira la consulta a los padres
EVARISTO AMADO. SANTIAGO. ABC Galicia  21 Mayo 2010

Educación cuestionará a los padres sobre el idioma de los escolares de cara al próximo curso únicamente en la etapa de Educación Infantil. Así lo establecerá en unos días, tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia, el nuevo decreto sobre usos lingüísticos en la enseñanza no universitaria que ayer aprobó el gobierno de la Xunta. El texto mantiene, con respecto al borrador que se dio a conocer en marzo, la encuesta en el primer nivel, con una formulación más precisa y «adaptada a las resoluciones del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; pero elimina las de Primaria y Secundaria siguiendo la recomendación del Consello Consultivo.

Para cumplir de forma íntegra la promesa electoral de libertad de elección a todos los niveles, que debía ejecutarse de cara al calendario lectivo 2010-2011, la administración tramitará en lo que resta de ejercicio una ley que permita al gobierno realizar «toda una serie de consultas» a las familias dentro de esta legislatura. La nueva norma, que sustituirá al polémico decreto 124/2007 (que fijaba en un mínimo del 50% las horas lectivas en gallego), establecerá un equilibrio paritario de las dos lenguas oficiales; dará cabida a la incorporación progresiva del inglés como tercera lengua vehicular y estipulará la libertad de los escolares para expresarse en clase y resolver sus exámenes en la lengua de su elección.

Respecto a la consulta a los padres, la decisión de eliminar los tramos responde a «un criterio de prudencia» y tras indicar el Consejo Consultivo de Galicia que no existía regulación para la consulta en el actual ordenamiento jurídico. «El bipartito no hizo caso al Consello Consultivo cuando aprobó su decreto; esta Xunta no va a hacer lo mismo», defendía Feijóo. Para que se pueda realizar la encuesta, un compromiso electoral del PP, la Xunta iniciará la tramitación de una ley «complementaria» que dé respaldo «a ésta y otras consultas» y que no tiene parangón en toda España («que nosotros sepamos, no la hay», decía Feijóo). De este modo, se trata de «resolver la alegalidad» en que incurriría el nuevo decreto, que no deberá ser modificado a posteriori tras aprobarse esta ley.

Reitera la oferta de pacto
Feijóo, que aseguró que el decreto sale adelante sin consenso «porque los partidos políticos no hicieron ninguna alegación y comenzaron las manifestaciones incluso antes de tomar posesión el nuevo gobierno», reiteró su oferta de pacto por la lengua con cuatro premias: cooficialidad, promoción del gallego, consideración de éste como lengua propia de Galicia y no discriminación por lengua.

La verdadera ampliación de derechos es la que produce el nuevo decreto, y bien pueden estar orgullosos el presidente de la Xunta y su conselleiro de Educación de no haber cedido en esto a las presiones de los partidarios de la imposición. A mi entender, no sería justo que ningún defensor de la libertad lingüística les regatease su aplauso, al menos por esta conquista.

LA LENGUA EN LA EDUCACIÓN
Feijoo promoverá una ley para poder consultar a los padres sobre el gallego

Rechaza que excluir el sondeo del decreto sea rectificar, pero asume una falta de «cobertura legal suficiente»
La Xunta mantiene la encuesta en infantil y acata el dictamen del Consultivo para retirarla en primaria y secundaria
Serafín Lorenzo. santiago/La voz.  21 Mayo 2010

El Gobierno de Feijoo da un paso atrás en su previsión de incluir la consulta a los padres en el decreto sobre el uso del gallego en las aulas, pero asegura que mantiene intacto el compromiso electoral en ese sentido. En la misma comparecencia en la que confirmó ayer la decisión del Consello de la Xunta de acatar las objeciones del Consello Consultivo y retirar el sondeo en primaria y secundaria, Feijoo anunció que el Ejecutivo promoverá una norma en el Parlamento para dar cobertura legal a ese tipo de encuestas a los progenitores en el ámbito educativo.

El presidente aseguró que esa ley, que será remitida a la Cámara este mismo año y que el PP podrá sacar adelante valiéndose de su mayoría, incluirá las medidas previstas para reforzar la autoridad de los profesores y corresponsabilizar a los padres y a los docentes en la educación. Se trata de la ley sobre convivencia en los centros que figura en el programa electoral del PP. Feijoo indicó que la consulta podrá realizarse en esta legislatura y descartó que la aprobación de la norma que le dará cobertura implique una adaptación posterior del decreto.

La consulta, por tanto, desaparece del decreto lingüístico aprobado ayer, aunque solo para los padres de alumnos que cursen primaria y secundaria. En la etapa infantil, se mantiene. El sondeo se limitará, en ese caso, a una única pregunta sobre la lengua materna en la que los progenitores quieren que se eduquen sus hijos. La cuestión se planteará en el mismo impreso de matriculación escolar.

Feijoo explicó que, mientras en primaria y secundaria su Gobierno opta por plegarse al dictamen del Consultivo sobre la ausencia de «cobertura legal», en la etapa de infantil decide mantener la consulta apoyándose en sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, aseveró, avalan ese sondeo. En ese escenario, la apuesta de la Xunta es promover una norma gallega específica, que según apuntó Feijoo carece de precedente en otras comunidades, para resolver la ausencia de cobertura legal para consultar a los padres de alumnos de primaria y secundaria. «Non estamos de acordo en que a Administración do Estado lles diga ás comunidades autónomas como se pode ou non consultar», recalcó.

El jefe del Ejecutivo negó que la retirada del sondeo en esas etapas implique una rectificación respecto al texto inicial del decreto lingüístico, si bien reconoció, en línea con el dictamen del Consultivo, que «falta cobertura legal suficiente». En cuanto al peso del informe de la Asesoría Xurídica en esta decisión, Feijoo aseveró que los letrados de la Xunta concluyeron «que non se conculca ningunha lei por facer a consulta, pero tamén que non hai amparo legal para facela», admitió. «Se unha lei habilita á Administración educativa para facer consultas sobre as materias troncais, poderase facer. A cuestión é darlle respaldo legal á consulta».

A preguntas de la prensa, Feijoo expresó su confianza en cerrar acuerdos con PSOE y BNG en otros ámbitos, en vista de que en educación «non foi posible». Acusó a los socialistas de plegarse al modelo de «inmersión lingüística» del Bloque, y recordó que el decreto del bipartito sigue en los tribunales.

EL NUEVO DECRETO LINGÜÍSTICO EN LA ENSEÑANZA
La Xunta aplaza la consulta del idioma en Primaria y ESO hasta regularla por ley
Feijóo llevará al Parlamento a finales de año una normativa que permita la participación de los padres en la educación
PAULA PÉREZ | SANTIAGO La Opinión  21 Mayo 2010

La Xunta mantendrá la consulta a los padres sobre el idioma únicamente en la etapa de Infantil y aplazará el cuestionario en Primaria y Secundaria hasta aprobar una ley que regulará la participación de los padres en la enseñanza. Después de que el Consello Consultivo advirtiese en su dictamen que la elección de la lengua por parte de las familias resultaba "contraria al ordenamiento jurídico", el Gobierno gallego decidió introducir estos cambios en el decreto del plurilingüismo que ayer aprobó definitivamente. Esta normativa entrará en vigor el próximo curso y garantizará que el 50% de las clases se impartan en gallego y el otro 50% en castellano, permitirá a los alumnos expresarse en el aula y realizar los exámenes en el idioma que prefieran y abre la puerta a la introducción progresiva del inglés en la enseñanza.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no renuncia además a cumplir su "compromiso electoral" de dejar escoger a los padres en Primaria y Secundaria y, por eso, avanzó que llevará al Parlamento antes de finalizar el año una ley que permita la participación de las familias en las decisiones del sistema educativo para dar "amparo legal" a la consulta.

Su intención es que, sin necesidad de volver a modificar el decreto, cuando esta ley esté aprobada se pueda preguntar a los padres sobre el idioma de las asignaturas troncales en esta misma legislatura.

"De esta manera cumplimos con el Consello Consultivo y cumplimos nuestros compromisos electorales", sentenció tras el Consello de la Xunta Núñez Feijóo, quien recordó que el decreto sobre el gallego en la enseñanza que está ahora vigente también había sido cuestionado jurídicamente por el Consello Consultivo y, sin embargo, el bipartito hizo caso omiso de sus recomendaciones.

En el decreto del plurilingüismo, la consulta a los padres fue el aspecto más cuestionado desde el principio por representantes de la comunidad educativa e instituciones como la Real Academia o el Consello da Cultura. El último varapalo del Consello Consultivo hizo a la Xunta replantearse si seguía adelante con el cuestionario a los padres para decidir sobre el idioma en qué debían impartirse las asignaturas troncales. Feijóo encargó la pasada semana un informe a la asesoría jurídica de la Administración gallega que, según explicó ayer, concluyó que "no existe amparo específico legal" para realizar la consulta en Educación Primaria y Secundaria.

Ante ese dictamen el Gobierno gallego decidió aprobar un decreto que "garantice la participación máxima posible de las familias" pero que omite preguntar a los padres cada cuatro años por el idioma de las asignaturas troncales, en Primaria y Secundaria, como estaba estipulado en el último borrador.

En Infantil, sin embargo, se mantiene la consulta porque, según Feijóo, la asesoría jurídica de la Xunta acredita "de forma clara y contundente" que para decidir cuál es la lengua materna de los alumnos se debe preguntar a los padres. En esta etapa, la última versión del decreto presentada estipulaba que el profesorado utilizará en el aula la lengua predominante en el entorno y se procurará que el alumnado adquiera competencias en el otro idioma oficial. Para determinar cuál es la lengua materna se realizará una consulta cada año.

La Xunta mantiene este apartado y sólo cambia la palabra "consulta", que tiene una connotación más opinativa, por "preguntar" a los padres. Aunque el Consello Consultivo advertía en su informe que este punto vulneraba la Constitución, Feijóo se apoya en sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña para avalar que los padres decidan en Educación Infantil en qué idioma quieren que estudien sus hijos. En la preinscripción de la matrícula, que se hará en junio, para el próximo curso ya se incluirá esta pregunta.
tres años de debate

Más de 60 articulistas catalanes firman un manifiesto en defensa del Estatut
El texto advierte de que la sentencia del Constitucional hará elegir a los catalanes "entre la involución y la secesión"
EUROPA PRESS | MADRID El Correo  21 Mayo 2010

Un total de 62 articulistas de prensa catalana han suscrito un manifiesto conjunto en defensa del Estatut de Cataluña, en el que se advierte de que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el texto autonómico hará elegir a los catalanes "entre la involución y la secesión".

Esta iniciativa se produce seis meses después de que, el 25 de noviembre de 2009, la práctica totalidad de los periódicos catalanes publicaran un editorial conjunto que, bajo el título 'La dignidad de Cataluña', exponía su inquietud ante la posibilidad de una sentencia del Tribunal Constitucional restrictiva con el Estatut.

El texto suscrito por los 62 articulistas, titulado 'El dilema español', sigue abierto a más adhesiones. Por el momento, ya lo han firmado el exconseller del PSC Ferran Mascarell, el sociólogo y jurista Salvador Giner, el escritor Joan Francesc Mira, los politólogos Joan Subirats y Ferran Requejo o los periodistas Vicenç Villatoro y Pilar Rahola.

"Los pactos deben ser respetados, especialmente cuando tienen, además, la legitimidad democrática de los ciudadanos. Si las instituciones y los partidos políticos no son capaces de encontrar una salida digna a la situación actual, la realidad obligará a los catalanes a elegir entre la involución y la secesión", se advierte en el manifiesto. Los firmantes recuerdan que ante la sentencia de un Tribunal Constitucional "caducado, dividido, deslegitimado e internacionalmente desprestigiado", España "se encuentra a las puertas de un episodio de estricta involución política y autonómica" que sólo puede resolverse "en términos políticos y con vocación de futuro".

"Mientras otras democracias del mundo desarrollado se esfuerzan en resolver su convivencia multinacional a través del reconocimiento constitucional de su pluralismo nacional interno y de varios modelos federales de autogobierno y de gobierno compartido, España corre el serio peligro de querer cerrar judicialmente un contencioso que solo puede abordarse, gestionarse y resolverse en términos políticos y con vocación de futuro", argumentan.

Lucha por el autogobierno
Advierten, asimismo, de que si las aspiraciones "de reconocimiento y de autogobierno nacional" de los catalanes no "caben en la Constitución" sólo quedan dos salidas posibles: "o los catalanes renuncian a sus aspiraciones o renuncian a la Constitución; la evolución federal y plurinacional del Estado autonómico está hoy en peligro mortal". Por ello, tras defender que el derecho colectivo al autogobierno de Cataluña presenta "unas profundas e inequívocas raíces históricas" que lo convierten "en un caso especial", recuerdan que la responsabilidad última de una solución es de las instituciones y los partidos políticos. "La situación actual es excepcional y reclama gestos políticos excepcionales. La responsabilidad es, en primer lugar, de las instituciones y de los partidos políticos", se enfatiza en el artículo.

Tras hacer un largo repaso sobre la historia de la lucha por el autogobierno catalán hasta la última reforma del texto autonómico aprobada en el Parlament, los firmantes del texto recuerdan que, "afortunadamente", Cataluña "no se encuentra hoy a las puertas de una nueva imposición violenta que vaya a aniquilar su autogobierno". "Pero Cataluña y con ella todo el Estado sí se encuentran--se advierte en el manifiesto- en una encrucijada histórica decisiva que puede sellar (o no) el fracaso de España como proyecto político compartido y como una democracia de calidad capaz de acomodar su diversidad nacional interna".

El texto, en que se define la inmersión lingüística como un "significativo éxito de integración", concluye alertando de esa necesidad a la que se verán abocados los catalanes entre la "involución y la secesión". "Y huelga decir que si este se convierte al fin en el dilema, solo existirá una opción compatible con la historia y con las aspiraciones políticas de la mayoría de catalanes actuales", finaliza.

AUDIENCIA NACIONAL
Condenan a más de mil años a cada uno de los tres acusados de la T-4
Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián deberán indemnizar con 500.000 euros a la familia de Carlos Alonso Palate y con 700.000 a la de Diego Armando Estacio
EFE | MADRID El Correo  21 Mayo 2010

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 1.040 años de cárcel a cada uno de los presuntos etarras Mattin Sarasola, Igor Portu y Mikel San Sebastián por su participación en el atentado cometido el 30 de diciembre de 2006 en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas (Madrid), en el que murieron los ciudadanos ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate.

Además, les obliga a indemnizar con 700.000 euros a la familia de Estacio, que había reclamado durante el juicio 900.000 euros, y con 500.000 a la de Palate, que no tenía abogado y recibirá la cantidad reclamada por el fiscal Daniel Campos. Esta cantidad también se establece para uno de los 48 heridos, que sufre una discapacidad del 67% como consecuencia del atentado. Las indemnizaciones por daños personales superan los 2,5 millones de euros.

En total, la sentencia condena a los tres acusados a pagar 1,16 millones de euros al Estado, en relación con la cuantía de las indemnizaciones que adelantó la Subdirección General de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, y 41,6 millones al Consorcio de Compensación de Seguros. El atentado produjo, además, daños en 863 vehículos que estaban aparcados en la T4.

La Sala considera culpables a los tres acusados de dos delitos de asesinato terrorista (por los que le impone una pena de 30 años de cárcel por cada uno), 48 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa (penados con 20 años de cárcel cada uno) y un delito de estragos, que incrementa en 20 años más las penas solicitadas. La sentencia se ajusta a la petición del fiscal Daniel Campos, que elevó el número de heridos a 52, aunque después se ha constatado que dos aparecían duplicados y que otros dos presentaban lesiones ajenas al atentado.

Declaraciones autoinculpatorias
Las principales pruebas valoradas por el tribunal son las declaraciones autoinculpatorias realizadas por los tres acusados, el vídeo en el que se observaba a Sarasola salir de la T4 con una gorra, una muleta y una mascarilla y el aviso de reivindicación realizado por Portu, que "no puede ser interpretado como un deseo de evitar daños a las personas sino sencillamente como una reivindicación". Además, les aplica las agravantes de "alevosía", al considerar que la utilización de una furgoneta bomba para la comisión del atentado ofrece "pocas dudas" sobre el "modo cobarde y vil" en que se produjo la acción terrorista, y la de "disfraz", que aplica a los tres condenados porque todos "se beneficiaron de ella" al objeto de "garantizarse la impunidad". "

En relación con las denuncias de torturas que las defensas de los etarras realizaron durante el juicio y por el que cuatro guardias civiles se enfrentan a penas de cárcel en la Audiencia Provincial de Vizcaya, la sentencia concluye que las declaraciones autoinculpatorias fueron "voluntarias y no producto de clase alguna de tortura, maltrato físico o presión psicológica". El tribunal avala que las lesiones que Portu y Sarasola presentaban tras ser arrestados se debieron a que sus detenciones "resultaron violentas" por la "huída" que trataron de emprender y la "resistencia" que opusieron. En este sentido, la sentencia recuerda que "las alegaciones de torturas son habituales en este tipo de actividades terroristas".

Asimismo, recuerda la existencia de un documento incautado al ex jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki', en el que defendía que "es muy importante que los militantes interioricen bien en la 'eskola' la importancia que tiene el tener preparada la cantada, igual que hacía el 'talde' de Igor, prepararla juntos y repetirla". "Siempre hay que denunciar torturas, y nunca ratificarse ante el juez", añadía.

Procesados naturales
El tribunal, compuesto por Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y María Angeles Barreiro, considera probado que los tres procesados, naturales de Lesaka (Navarra), formaban parte de un comando 'legal' de ETA, denominado 'Goiztiarrak', desde 2002, con el que realizaron actividades de traslado de 'liberados' y de transporte de material para la banda. A finales de septiembre de 2006, 'Txeroki' y su lugarteniente, Joseba Aranibar, reunieron a los tres condenados en el monte Auza de Navarra y les propusieron la colocación de una furgoneta cargada de explosivos en el aparcamiento de la terminal 4 de Barajas, dándoles instrucciones para la preparación y el modo de ejecutarlo.

Para ello, realizaron dos viajes a Madrid en los que ensayaron el itinerario que luego repetirían el 30 de diciembre de 2006 y llegaron a aparcar en una de las ocasiones en el estacionamiento del aeropuerto madrileño. Además, celebraron una última reunión con sus jefes, en la que 'Txeroki' les dio instrucciones sobre la adquisición de teléfonos móviles y el empleo de medios para ocultar los rasgos físicos del conductor de la furgoneta-bomba y se les proporcionaron los datos sobre el momento y lugar en el que debían recoger la furgoneta-bomb

El 27 de diciembre de 2006, miembros encapuchados de ETA sustrajeron una furgoneta estacionada en la localidad francesa de Luz Ardiden y secuestraron a su propietario, al que mantuvieron retenido dos días. Dos días después, los miembros del 'comando' iniciaron el traslado de material hasta la terminal del aeropuerto de Barajas, en el que San Sebastián viajó en una motocicleta que hizo la función de 'lanzadera', mientras que Portu se desplazó por separado en otro vehículo esperando la llegada de sus compañeros a unos 50 kilómetros de Madrid.

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