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Recortes de Prensa    Martes 25 Mayo  2010

 

¿Sobrevivirá el Estado de las Autonomías?
Jorge de Esteban El Mundo  25 Mayo 2010

El llamado Estado de las Autonomías nació con la finalidad original de contentar a los nacionalistas catalanes, vascos y, en menor medida, gallegos, en su deseo de gozar de un autogobierno que les satisfaciera en su percepción identitaria. Pero como la idea no estaba demasiado clara se copió, aunque mal, el modelo de la Constitución de 1931, y se redactó un Título VIII en la Constitución de 1978, abierto a la autonomia de esas tres regiones, de algunas más o de todas las que forman el territorio español.


Al final, como es sabido, se acabó generalizando la autonomía para todos, aunque no en la misma medida. Más tarde, a través de los dos principios de nuestra configuración autonómica, el dispositivo, mediante el cual la autonomía era voluntaria, y el emulativo, mediante el cual todos pueden aspirar al máximo, es decir, una especie de 'claúsula Camps', que se introdujo en el nuevo Estatuto de Valencia, y que según la cual todos tienen derecho a emular al que mayor autonomía tenga.

Este modelo, desarrollado desde 1979 hasta el año 2004, fue funcionando con mayor o menor eficacia, pero con gastos cada vez mayores para el Estado. Probablemente satisfizo a las regiones menos favorecidas tanto como dejó insastifechas a las tres regiones con mayor vocación de autogobierno, que siempre aspiran a diferenciarse de las demás.

En cualquier caso, era un Estado para un país rico, porque debería pagar a muchos cargos políticos y cada vez a más funcionarios, pero que, en todo caso, nos lo podíamos permitir en ese momento. Eramos la octava potencia económica del mundo y estabámos dentro de la Unión europea y en la zona del euro.

Sin embargo, todo cambió a partir del año 2006. En efecto, el Estado de las Autonomías se comenzó a convertir en el Estado de las Fantasías, a causa de dos tsunamis inesperados que se llevaban al traste ese Estado para ricos. Primero fue el nuevo 'Estatut' de Cataluña que había ido tan lejos en su contenido, que se acabó descubriendo que era un intento de reescribir la Constitución, porque la letra y la coherencia jurídica del texto original de ésta, no permite un Estatut que nace con vocación de convertirse en la Constitución de Cataluña.

Como era obvio, tanto el PP como el Defensor del Pueblo, se dieron cuenta de que a medio plazo la nueva norma catalana, copiada tanbién, según el principio emulativo, por otras Comunidades Autónomas, no sólo modificaban el modelo de Estado vigente hasta entonces, sino que acabaría convirtiendo a la propia Constitución en mero papel mojado. El hecho es que desde hace cuatro años, el recurrido 'Estatut' se halla en el Tribunal Constitucional, sin que éste logre pronunciarse mediante una sentencia.sobre su constitucionalidad.

Por supuesto, algo de culpa tienen los indecisos magistrados por su tardanza, pero la culpa real la tienen los que aprobaron un 'Estatut' que no cabe en la Constitución y que después le pasaron el marrón al Tribunal. Para comprender mejor lo que digo, utilizaré un simil taurino. Supongamos que existe un Tribunal para enjuiciar la validez de los toros de lidia, y así sus juicios se concretan en si el animal tiene casta o no, si es cojo o no, o si se le ha limado la cornamenta o no.

Pero imaginemos que un día le sueltan un rinoceronte para que lo juzgue como si fuese un toro. Pues bien, esa es la perplejidad que muestra el Tribunal Constitucional, porque le han enviado para enjuiciar algo que excede de sus competencias y así les ha entrado la parálisis actual. Sin que nadie sepa en qué acabará todo, porque si hay sentencia, no dirán nunca que lo que sucede es que se trata de un rinoceronte y no de un toro. De este modo, la primera espada de Damócles pende ya sobre el Estado de las Autonomías.

Y digo la primera, porque en este caso hay una segunda, valga la metáfora, que pende también sobre el modelo de Estado vigente hasta ahora. Me refiero a la crisis económica que desde hace dos años, hace estragos en casi todos los países del mundo y, especialmente, en Europa. Todos los países se han encontrado con que los gastos del Estado se han disparado, y que hay que detener el déficit si se quiere que no llegue la bancarrota.

La cosa es tan seria que en Alemania, un Estado Fereal, se ha incluido en la Constitución, que no se podrá pasar de un límite en el déficit, y a lo mismo aspira Francia, que piensa también modificar la Constitución para incluir una claúsula parecida. En España, una de las causas del déficit que estamos pagando los contribuyentes, se debe ineludiblemente a los gastos que generan 17 bocas insaciables, que no paran de pedir más, y a causa de las duplicidades y el caos organizativo que hace de las Administraciones públicas un laberinto ingobernable, con cerca de 3 millones de empleados públicos, y 4.000 empresas públicas estatales, autonómicas y locales que, en muchos casos derrochan, el dinero de los ciudadanos.

La idea de descentralizar territorialmente el Poder es muy loable, pero con dos condiciones: que se haga bien y que haya dinero suficiente. En estos momentos, no se da ni una cosa ni la otra en España. Por eso, como ha dicho el Ministro de Fomento “ya nada será como antes”.

Pero, ¿el Gobierno sabe cómo hacer, para arreglar un modelo que parece que ya no sirve?

ETA y los 'pacificadores'
«Mientras ETA viola los derechos humanos, algunos intentan debilitar la narrativa contraterrorista que tanto daña a la banda»
ROGELIO ALONSO El Correo  25 Mayo 2010

PROFESOR DE CIENCIA POLÍTICA, UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Los pacificadores son imparciales por definición y no les compete establecer distinciones morales entre el agresor y la víctima, pero su sola presencia en la línea de demarcación ratifica de hecho las conquistas de los agresores e impide que las víctimas recuperen el terreno perdido» (Michael Ignatieff, 'El honor del guerrero').
Esta reflexión puede aplicarse a los firmantes de la declaración de Bruselas, documento que Batasuna está utilizando en un nuevo intento por rehabilitar su imagen ante las elecciones de 2011. Mediante ese comunicado, figuras con un prominente perfil público respaldaban la estrategia del brazo político de ETA. Servían así a los intereses propagandísticos de la banda confirmando la tesis de Ignatieff, pues la aparente ecuanimidad y buenas intenciones de los 'pacificadores' evidenciaban una peligrosa ausencia de distinción entre el agresor -ETA- y la víctima -el Estado y la sociedad española-.

Aunque la declaración reclamaba a ETA un «alto el fuego permanente verificable», lo hacía mediante recursos favorables a los terroristas al reforzar la narrativa del conflicto reproducida por éstos con el fin de distorsionar la realidad en torno a su violencia. Así sucedía al elogiar las personalidades mencionadas, entre ellas varios premios Nobel de la Paz, «el nuevo compromiso de la izquierda vasca pro independentista con medios exclusivamente políticos y democráticos para conseguir sus objetivos». Apoyaban por tanto las tácticas con las que los representantes políticos de ETA escenifican un simulado pero inexistente distanciamiento del terrorismo.

La marginación política de Batasuna la ha forzado a una reubicación, intentando generar nuevamente expectativas de cambio y abandono de la violencia pese al control que ETA sigue ejerciendo sobre un movimiento que aún considera el terrorismo como un instrumento imprescindible. Ante las negativas consecuencias que para los terroristas supone la expulsión de Batasuna de las instituciones democráticas, éstos han acentuado sus esfuerzos por eludir su ilegalización en las próximas elecciones municipales y forales. En ese contexto debe interpretarse el pronunciamiento de los 'pacificadores' al plantear que «si el Gobierno respondiera de forma apropiada a esta declaración (de alto el fuego de ETA), permitiría el avance de nuevos esfuerzos políticos y democráticos, la resolución de antagonismos y la consecución de una paz duradera». De esa manera los 'pacificadores' transferían al Gobierno la responsabilidad por la resolución de un conflicto terrorista del que únicamente es responsable la banda.

La retórica y los precedentes de esta declaración permiten deducir que sus firmantes reclamaban de nuestras autoridades la legalización de otra expresión política continuadora de Batasuna. Sin embargo es imposible conciliar la vuelta a la legalidad de Batasuna con una mera declaración formal de supuesta separación de la violencia -como parecen entender suficiente los 'pacificadores' y como desean los representantes de ETA-, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la ilegalización en muy reveladores términos. Lo ha hecho subrayando que la ilegalización no se basa en meros pronunciamientos como la ausencia de condena de atentados, sino en la existencia del vínculo entre Batasuna y ETA que en sí mismo constituye una amenaza para la democracia. La histórica sentencia de 2009 señala además que «un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia, o proponen un proyecto político que no respete una o varias reglas de la democracia o que persiga su destrucción y el desconocimiento de los derechos y libertades que ella reconoce, no puede prevalerse de la protección del Convenio (europeo de Derechos Humanos) contra las sanciones infligidas por estos motivos». Por tanto la reversión de la ilegalización exige mucho más que superficiales fórmulas verbales, obligando a la renuncia de fines y medios como los que ETA y Batasuna encarnan.

En esas circunstancias Batasuna y ETA se benefician del discurso de los 'pacificadores', que desvía la atención de las exigencias fijadas por la jurisprudencia desplazándola hacia requisitos meramente formales e insuficientes para la participación en el sistema democrático. Con ese tendencioso objetivo uno de los 'pacificadores', el surafricano Brian Currin, viene instando al Gobierno español a adoptar los denominados 'principios Mitchell' utilizados en el contexto norirlandés.
Currin, que recibe una sustanciosa cantidad económica para promocionar un 'proceso de paz', como informa la página web de la entidad financiadora (Joseph Rowntree Charitable Trust), instrumentaliza esta comparación ventajosa con el terrorismo norirlandés para equiparar la violencia etarra con medidas absolutamente legales y de probada eficacia contra el terrorismo. Lo hace denunciando sin rigor el «entorno viciado por la violencia recíproca» de ETA y del Estado español «que usa medidas de seguridad excesivas y métodos poco democráticos para proteger la integridad de su soberanía o abusar de su poder para destrozar una posición legítima con la que no está dispuesto a entrar en conversación», (Deia, 24-2-10).

Al falseamiento de la realidad democrática española que dichas palabras implican, Currin añade otra exoneración de la banda: «No es esencial la declaración pública de un alto el fuego de ETA asumidos los 'principios Mitchell'», (Deia, 25-2-10). Exime así a ETA y a Batasuna de la exclusiva responsabilidad que ambas formaciones ilegales tienen para decretar el final del terrorismo. Busca pues la rehabilitación y legalización de Batasuna reemplazando la legalidad española por una mera referencia formal a postulados democráticos básicos y de rechazo de la violencia como los que representan los 'principios Mitchell', que difieren poco de la vacua declaración de Bruselas y de los comunicados batasunos.

Mientras ETA viola los derechos humanos, algunos rentabilizan tan dramática situación intentando debilitar la narrativa contraterrorista del Estado que tanto daña a la banda. Lo hacen convirtiendo la paz en un espectáculo, reproduciendo un engañoso lenguaje con el que pretenden conformar opiniones favorables a iniciativas aparentemente encaminadas al final del terrorismo pero que, en cambio, pueden llegar a reforzar el discurso terrorista. Semejantes deformaciones obstaculizan la desaparición de la violencia.

Esperpento constitucional
Germán Yanke Estrella Digital  25 Mayo 2010

El día de ayer fue desgraciado para la estabilidad institucional de un país sumido en una crisis que va más allá de lo que aparenta. Y aparenta mucho. Con la comparecencia del presidente de Cataluña en el Senado hemos bajado un escalón más en la valoración razonable de lo que pueda ser el pacto constitucional que ya no es la Constitución, sino la interpretación interesada de quién pueda someter a los demás a presión o chantaje. Parece que si el Tribunal Constitucional, en su tortuosa andadura, estima que el texto del Estatuto no se ajusta a la Constitución se rompe el pacto constitucional. Es decir, no lo rompe una ley que vulnera aquella, sino el hecho de que la Carta Magna no se ajuste a los intereses políticos de unos cuantos. Tan pasmoso como escuchar algo así de un representante tan cualificado del Estado es el planteamiento de que su voluntad, por muy ratificada que esté en su comunidad autónoma (no hay más que ver, si se me permite la ironía, el entusiasmo que el Estatuto suscitó en los votantes del referéndum), debe ser aceptada con el argumento de que tiene que respetarse a Cataluña, que, según esta interpretación, debe ser algo ajeno a las leyes y a las reglas procedimentales.

Por si fuera poco, el PSOE, en plena confusión, sumido en el caos intelectual, se propone iniciar la lamentable comedia de un supuesta renovación inmediata de los magistrados del Constitucional. ¿Argumentos? Primero, que no se ha aprobado el sexto borrador de la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Supone una nueva rectificación de la política oficial: ni hay que dejar al Tribunal que trabaje con tranquilidad ni los magistrados son ajenos a las deficiencias de los políticos, que es lo que, con sentido común que ha durado bien poco, dijo el presidente en el Congreso. Pero, además, se mantiene con descaro la manipulación política del Constitucional: si ponéis pegas, si no llegáis a un acuerdo, os cambiamos y se terminó. La renovación de los magistrados ha dejado de ser lo que se decía retóricamente -un ejercicio de normalidad- para convertirse con descaro en una maniobra para intereses partidistas.

La realidad es que el PSOE y Montilla saben que el borrador más favorable al Estatuto de los que se han puesto sobre la mesa (y que no fue aceptado por los más críticos) era ya un varapalo de consideración al texto hoy vigente. Y todos sabemos que estamos asistiendo a maniobras políticas que tienen más que ver con las elecciones catalanas que con la constitucionalidad del texto. Si hay que intentar ganar las elecciones (más bien perderlas por menos) y aplacar al “partido hermano” de los socialistas catalanes, qué demonios va a importar, tal y como están las cosas, la Constitución, la estabilidad institucional y el sentido común.

El segundo argumento esgrimido es que, con este intento chusco de renovación, que no responde a ningún criterio serio (y ciertamente los hay), el PSOE quiere que el PP “se retrate” al mismo tiempo que sigue negando la cuota de la oposición sin proponer un sistema de elección distinto y que asegure la independencia. Es una estafa (a los ciudadanos más que al PP) de tales dimensiones que asusta en un partido pretendidamente serio como el de los socialistas españoles.

Ni podemos ni debemos permitírnoslo
EDITORIAL Libertad Digital  25 Mayo 2010

Emulando a los violinistas del Titanic que con el barco semihundido y la cubierta inclinada sobre el mar seguían tocando para transmitir en vano al pasaje que no había peligro, la casta política permanece ajena al drama económico que aflige a millones de familias españolas. Hace tiempo que su serenata del “aquí no pasa nada” dejó de surtir efecto. Hoy la primera y casi única preocupación de los ciudadanos es la crisis, que se traduce en un desempleo monstruoso y en una falta de expectativas entre los sectores mejor preparados y más productivos del país, los únicos que pueden liderar la salida de este agujero negro en el que nos ha sumido la intervención monetaria primero y el desbocado gasto público después.

Pero la política tiene sus propios tiempos y, especialmente, sus propios y sacrosantos intereses. Se empeñan en hacérnoslo saber a diario desde que se produjo el descalabro. Cuando la sociedad vio de lejos las negras nubes de la recesión empezó a ahorrar. Sus políticos hicieron exactamente lo contrario, se lanzaron sobre la caja y, cuando ya no quedaba nada en ella, pidieron prestadas ingentes cantidades de dinero fuera de España para atender sus cuantiosos gastos corrientes. Llegado el momento de la verdad, que es el que estamos viviendo en estas semanas de pasión, lejos de despertarse y mirar de frente a la realidad, perseveran en su actitud asocial e inmoral de gastar a manos llenas mientras el país se hunde literalmente delante de sus narices.

La indigna farsa que José Montilla ha protagonizado en el Senado es el enésimo ejemplo de una clase, la compuesta por el medio millón de políticos de todos los partidos, que ha perdido el norte, que ha colocado sus fines como únicos a cumplimentar enteramente, al tiempo que consumaba el divorcio definitivo con la sociedad civil que le permite vivir a cuerpo de rey. España no puede permitirse el lujo de tener tanto y tan bien remunerado político, no puede atender sus onerosos caprichos, que, cuando no van dirigidos al pastoreo de votos, van directos a autosatisfacer la demanda de la propia casta, o a azuzar las nocivas cuestiones identitarias que tanto daño y tan caras han salido al país durante los últimos 30 años.

Durante las vacas gordas ese mal pasaba desapercibido en medio de la fiesta de dinero barato y expansión sin límite. Hoy ya no es así y, como esos tiempos no pueden volver porque todo era mentira, seguirá siendo así por mucho tiempo. El poder que se ha autoarrogado la clase política que dice representarnos es intolerable y constituye el primer causante de la ruina económica, moral e institucional de la España actual. Ha llegado el momento de que dentro se haga un profundo examen de conciencia como el que el consejero madrileño Francisco Granados ha invitado a hacer a la Cámara Alta.

Con la que está cayendo no podemos permitirnos el despropósito de que el presidente de una comunidad autónoma monte un show políglota a mayor gloria de no se sabe bien qué pluralidad lingüística violentada por el inexistente centralismo. No podemos permitirnos el lujo de tener al ministro de Trabajo perdiendo el tiempo mientras hay casi cinco millones de personas en la cola del paro. No podemos, en definitiva, asistir impasibles a los desentonados acordes de una casta de ungidos mientras el barco se va a pique.

Endeudamiento
Algo peor que "versos sueltos"
Guillermo Dupuy Libertad Digital  25 Mayo 2010

El PP lo ha tenido siempre muy fácil para rechazar la supuesta contradicción en la que sus críticos dicen que incurre cuando rechaza el recorte de gasto público anunciado por Zapatero sin dejar por ello de defender una drástica reducción del déficit público. No sólo el déficit se puede reducir de muy diversas maneras, sino que incluso una que contemplara exclusivamente la reducción del gasto público como vía para lograrlo puede implicar recortes en muchas partidas del presupuesto distintas a las que ha planteado el Gobierno.

El verdadero talón de Aquiles del discurso de Rajoy en favor de la austeridad en el gasto público, su verdadera contradicción, lo constituyen las comunidades autónomas y los ayuntamientos gobernados por el PP, que son los que encabezan las listas de los más endeudados. Empezando por estos últimos, y según los datos ofrecidos por el Banco de España, la deuda del ayuntamiento que dirige Ruiz Gallardón asciende a más del doble que la que suman las de los consistorios de Valencia, Barcelona, Zaragoza y Málaga, que son los que le siguen, a su vez, en la lista de los más endeudados. Dicho de otra forma: el Ayuntamiento de Gallardón, con 6.762 millones de euros a finales de 2009, acumulaba por sí solo casi la cuarta parte de toda la deuda de los ayuntamientos españoles. Y eso por no hablar de los otros mil millones con los que Gallardón ha endeudado a los madrileños en los dos últimos meses.

Más que un "verso suelto", tal y como le gusta calificar al alcalde a su política respecto a la del partido al que le debe el cargo, este dato constituye auténtica dinamita en manos del PSOE y del Gobierno para destrozar el discurso del PP favorable a apretarse el cinturón. Una dinamita que, como antes apunté, no sólo suministra Gallardón pero sí es quien lo hace en mayor cantidad.

Mención especial, aunque a gran distancia, merece también la simpática y corajuda Rita Barbera. Sin negar virtudes y otras concordancias con el discurso del PP, que no se dan precisamente en el caso de Gallardón, parece que a la alcaldesa de Valencia no le ha bastado el centralismo autonómico y las balanzas fiscales que, en beneficio de su ciudad, vampirizan a provincias como las de Alicante y Castellón. Ha necesitado además que el endeudamiento de su ciudad supere en más de un 10% al que sufre la endeudadísima ciudad de Barcelona.

En cualquier caso, que tres de las cinco ciudades más endeudas de España estén gobernadas por el PP es un hecho tan lamentable y contradictorio con el discurso de Rajoy como lo es el que dos de las tres comunidades autónomas más endeudas de nuestro país también estén gobernadas por ese mismo partido.

Aunque en este terreno Aguirre haya tenido que soportar y haya empezado a corregir el "agujero" que Gallardón también dejó en herencia a la Comunidad de Madrid, éste no es el caso de Camps y de la Comunidad Valenciana, cuya deuda supera incluso a la madrileña y sólo está por debajo de la de la Cataluña social nacionalista.

El decreto que este lunes se hacía público en el BOE, y que impide a cualquier consistorio acudir al crédito público o privado a largo plazo, sólo va a suponer un tapón hasta 2012. Pero, ¿quién le pone un tapón al endeudamiento autonómico? Como patéticamente tuvo que reconocer recientemente Chaves, "no hay manera de imponer un techo de gasto a las comunidades autónomas por parte del Gobierno". Me temo que eso mismo se puede predicar del principal partido de la oposición respecto a las comunidades por él gobernadas. Y es que a la falta de vertebración de España, se une la falta de autoridad y liderazgo de sus élites nacionales.

El Senado, la torre de Babel territorial.
Vicente A. C. M. Periodista Digital  25 Mayo 2010

La ridiculez ha llegado al Senado de la mano del presidente de la Comunidad de Cataluña. Ha sido el primero en probar una de las estupideces mayores aprobadas en esa Cámara, la traducción simultánea de las intervenciones a las "lenguas" que la Constitución reconoce como coexistentes con el español como lenguas oficiales en los territorios autonómicos donde se hable. Esto es, el catalán en la C.A. de Cataluña y en Baleares, el euskera en la C.A. de El País Vasco, el valenciano en la C.A. de Valencia y el gallego en la C.A. de Galicia.

Lo que se hizo en el Senado aprobando el tema de la traducción es simplemente una aberración, ridiculez extrema y un gasto innecesario. El Senado es una Cámara que en ningún caso representa a las Comunidades Autónomas sino a todos los ciudadanos. Aunque su denominación sea de representación territorial, en ningún caso se establece que sea por Comunidades autónomas, ya que la representatividad e establece por provincias o circunscripciones insulares. Tan solo se deja una opción al nombramiento directo de un senador por Comunidad Autónoma adicional y otro por cada millón de habitantes.

Según la Constitución, es el castellano, más conocido como español, la lengua común y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Para nada se obliga a que en las Cortes se usen las otras lenguas que las Comunidades Autónomas tienen reconocidas como co-oficiales en sus Estatutos. Así que solo fue un esperpento oír el discurso del Sr. Montilla pidiendo la renovación del TC, en una vana esperanza de ver el Estatuto de Cataluña sin retoques ni enmiendas de un texto claramente anti constitucional.

Lo realmente esperpéntico es comprobar que esa Cámara de representación, el Senado, se haya convertido en un foro de reivindicaciones de los grupos secesionistas y nacionalistas claramente minoritarios y carentes de la representatividad que se atribuyen. Ante esta deriva y escasa efectividad de una de las partes fundamentales del sistema político bicameral de las Cortes de España, la pregunta es si debemos mantener esta farsa por más tiempo. Porque si de hecho se quiere que sea un reflejo del puzle de autonomías que componen el Estado, se deberían modificar las normas que se establecen para su composición y preguntar a los ciudadanos si el sistema que se prefiere es confederal.

Desde luego que como republicano no dudaría en apoyar un cambio. Pero hay una condición previa que no se cumple y es el permitir a los ciudadanos el derecho a decidir sobre su futuro. No bastan los referéndums locales para legitimar una opción política y aún menos para legitimar un cambio en las reglas de juego atribuyéndose de modo unilateral competencias exclusivas del Estado. Eso que se ha hecho en el Estatuto de Cataluña, nunca podrá ser admitido sin que sea el conjunto de los ciudadanos los que opinen.

Así que el Sr. Montilla podrá decirlo en todos los idiomas que se le ocurra, si bien ya se sabe que algo se pierde en las traducciones. Pero lo que no se podrá perder es que la Constitución prevalece sobre cualquier otra Ley y que el Tribunal Constitucional tiene el deber de defenderla y censurar todo aquello que atente contra su letra y su espíritu. Lo ideal sería que los jueces fueran inmunes y ajenos a las injerencias de los partidos políticos, pero eso es pedir demasiado a quienes no están dispuestos a soltar ninguna cota de poder y de influencia en la vida de los ciudadanos.

Lo que sobra no es el TC, sobra una casta política corrompida por mantener su propia subsistencia y control del poder. Puede que la Constitución no sea perfecta, pero lo que es seguro es la total imperfección de la Institución prevista para defenderla.

El pinganillo vertebra España.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital  25 Mayo 2010

Ayer se montó en el Senado una cosa maravillosa. Se desataron por fin las lenguas. Se contabilizó mediáticamente el gasto que ha supuesto esa martingala pero de forma sesgada. Todos hablan de lo que nos han costado los traductores. Nadie habla de lo que han costado los pinganillos. Esa es la auténtica estafa. Nos dejan sin saber la marca de los pinganillos. No sabemos si son alámbricos o inalámbricos. No sabemos, ni creo que nunca sepamos si los pinganillos son monolingües o multilingües. Nadie nos ha aclarado si aquellos de los presentes que conocen todas las lenguas podían oír simultáneamente todas las traducciones simultáneas.

Como yo no tengo pinganillo conectado al sistema universal de traducción simultánea del Senado no puedo hablar ni opinar de lo que allí se dijo, pero puedo hablar de los pinganillos.

El pinganillo se ha convertido en una seña de identidad de España toda. El pinganillo ya es el símbolo de la unidad de las Españas. El pinganillo ya es la insignia de la diversidad multicultural de nuestro país. El pinganillo ha mutado en divisa de nuestra idiosincrasia.

El idioma común ya no es necesario para vertebrarnos. La vertebración de España se cimenta en el pinganillo. Por todo ello exijo que el pinganillo figure en la bandera española. En el escudo se deben quitar las dos columnas que hay a ambos lados y en su lugar habría que poner dos pinganillos.

El ¡Viva España! ha quedado obsoleto, toca gritar ¡Viva el país de las gilipolleces!

Nuestra condición de ciudadanos
Francisco Rubiales. Periodista Digital  25 Mayo 2010

En estos momentos cruciales de nuestra Historia, recien anunciado ese indigno "Zapatazo" que arroja sobre pensionistas, funcionarios y clases medias todo el peso del sacrificio que España debe hacer para salir de la crisis, cuando resulta evidente que el país está mal gobernado y es maltratado por gente que antepone sus propios intereses al bien común, es cuando hay que recordar nuestra condición de ciudadanos y los deberes y derechos que conlleva la auténtica ciudadanía.

Zapatero, a pesar de ser un mal gobernante, internacionalmente desprestigiado y rechazado en su propio país por la mayoría de los ciudadanos, se niega a dimitir o a conceder un adelanto electoral, como exige gran parte de la ciudadanía. "No vamos a dejar la tarea a medias", acaba de afirmar la vicepresidenta del des gobierno. Si se niegan a escuchar el clamor que les exige que abandonen las poltronas, es porque carecen de dignidad y decencia. En ese caso, hay que recordar una de las primeras leyes fundamentales de la política, superior a toda norma o ley aprobada por los parlamentos:

"...cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad".

Cuando ha quedado claro que lo que tenemos en España no es una democracia sino un partitocracia, construida arbitraria y traidoramente sobre lo que creímos que era una democracia auténtica, cuando hemos comprobado hasta el hartazgo los terribles estragos que causa a nuestro país esta casta política degradada e injusta, capaz de anteponer sus intereses al bien común y de aplastar y arruinar al pueblo antes de renunciar a sus privilegios injustos y ventajas, entonces tenemos que aceptar que esta vulgar casta política española que nos gobierna acabará irremisiblemente por escupir sobre la Constitución de 1978 y de conducirnos hacia la definitiva ruina, postración, descontento y derrota.

¿No tenemos pruebas más que suficientes de que la oligarquía de partidos está mutando en una tiranía de partidos y de castas políticas aferradas al poder?

Antes de que el proyecto de convivencia en España se marchite por completo, víctima de la vileza de los gobernantes, antes de que nuestros principios y valores queden totalmente desnudos, hay que recordarle a la gente que democracia es libertad, igualdad y fraternidad para todos los españoles y que existe el derecho a defender como ciudadanos, en las calles y plazas, el bien común, la justicia y los valores y principios básicos que los poderosos irrespetan y aplastan.

No es cierto, como ellos afirman, que la democracia significa entregar a los que han sido elegidos un cheque en blanco para que gobiernen sin límites durante toda una legislatura. La representación es fiduciaria y depende de la confianza de los ciudadanos. Si esa confianza se pierde, el representante queda deslegitimado en democracia y debe dimitir. El ciudadano tiene derecho a retirar su confianza al político que le representa del mismo modo que se la retira al tendero que le engaña con la mercancía o al abogado que le defiende mal. Nada de impunidad, nada de inmunidad. El ciudadano, en democracia, es siempre el soberano.

La oposición de los ciudadanos al mal gobernante siempre ha sido la más noble tarea política del ser humano, el motor del auténtico progreso y el principio básico de la libertad, la decencia y la ciudadanía. Ser ciudadanos significa, entre otras cosas, asumir el derecho y la obligación de oponerse al déspota y al malvado.

En esta hora crucial de España, aquellos que todavía justifican su pasividad y cobardía bajo las preguntas ¿para qué deponer a la izquierda si la derecha es igual? o ¿para qué expulsar a Zapatero si Rajoy es más de lo mismo?, hay que decirles que nuestro deber ciudadano nos exige, primero, expulsar a quién, desde el gobierno, utiliza su poder contra el bien común y su pueblo, sea quién sea. Si el déspota depuesto es sustituido por otro igualmente indecente, entonces, sólo entonces, cuando haya demostrado claramente su indecencia (nunca antes), tendremos nuevamente el derecho a elevar la bandera ciudadana y a luchar también contra él.

En estos momentos de angustía, es bueno leer y releer, hasta que se quede esculpido en el alma, el más hermoso párrafo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, quizás el mayor monumento escrito a la libertad y a la dignidad de los demócratas:

"Sostenemos como evidentes en sí mismas estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios gobiernos de antiguo establecidos; y, en efecto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad y su felicidad."

Voto en Blanco

Carta enviada por la Asociación por la Tolerancia a D. José Montilla
Asociación por la Tolerancia  25 Mayo 2010

Sr. D. José Montilla
Presidente de la Generalidad de Cataluña
Barcelona, a 13 de mayo de 2010
Sr. Presidente:

La Asociación por la Tolerancia ha sabido, por noticia publicada en la prensa, que usted ha invitado o invitará a diferentes colectivos y entidades a secundar su desafío al Tribunal Constitucional con motivo de los recursos interpuestos ante ese órgano contra el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña. Le agradecemos que no haya pensado en nuestra asociación para sumarla a ese clamor inducido que atenta contra la deseable separación de poderes y contra el escrupuloso respeto a las decisiones judiciales propios de una democracia. Le agradecemos en definitiva que no haya pensado en nuestra asociación para interpretar un papel subalterno en esta vergonzosa comedia.

La Asociación por la Tolerancia manifiesta el rechazo que le provoca su petición de ayuda a parte del generosamente subvencionado tejido asociativo de Cataluña, entendiendo que no se basta usted para transitar la senda del flagrante desafío que se ha empecinado en recorrer, teniendo que recabar la complicidad de otras personas. Su actitud es indigna de un dirigente cabal y ponderado y cubre de oprobio el cargo que, en este caso, desempeña de manera irresponsable, por no decir cobarde.

La Asociación por la Tolerancia se avergüenza de un presidente, en teoría de todos los catalanes, incapaz de dedicar sus esfuerzos a las graves dificultades que atraviesan muchos de sus representados con motivo de esta crisis económica que, supuestamente –eso nos dijeron– pasaría de largo ante nosotros y que apenas nos afectaría, cuando son ya más de 600.000 los catalanes desempleados. Eso sí, la crisis no le afectará ni a Usted, ni probablemente a sus hijos, a quienes envía a un colegio privado alemán, evitando así la inmersión lingüística forzosa en catalán que su gobierno impone a nuestros hijos. Como sabiamente dijo su mujer "saber alemán es como tener una carrera". Lástima que no todos tengamos las mismas oportunidades que ustedes, y que ni siquiera nos dejen la opción de escoger para nuestros hijos la lengua oficial (catalán o castellano) en la que queramos que se les eduque.

Causa asombro y una mayúscula decepción observar que Usted y su gobierno ocupan su tiempo en reforzar onerosas, caducas y disparatadas políticas identitarias.

Quienes pensaron en su día que un cambio de gobierno en nuestra autonomía traería aire nuevo y fresco para ventilar un ambiente político irrespirable después de tantos años de apolillado nacionalismo esencialista, se equivocaron de medio a medio. Peor que el nacionalismo gestionado por auténticos y confesos nacionalistas, es el nacionalismo servil de los conversos como el que usted representa.

La Asociación por la Tolerancia le exige que de inmediato desista de presionar al Tribunal Constitucional que, por supuesto, está legitimado para entender de recursos contra cualquier normativa con rango de ley, tal y como establece nuestra Carta Magna, y que se disculpe formalmente ante magistrados y ciudadanía por el lamentable uso que hace del poder que le ha sido conferido.

Junta de la Asociación por la Tolerancia.

Senado
Ataúlfo, Montilla, Recaredo y Wamba
José García Domínguez Libertad Digital  25 Mayo 2010

Obrado el milagro de Pentecostés en el Senado, al punto de que José Montilla zahirió allí con idéntica saña a Pompeu Fabra y a Nebrija, sólo nos restaba asistir a otro prodigio no menos portentoso, el de la conversión de ese rudo políglota a los principios del parlamentarismo constitucional. Pero, como dicen los periodistas deportivos cuando pierde el equipo de casa, no pudo ser. Y es que el president, al modo del vulgo, tiene interiorizado en el cerebelo que la democracia no es nada más que la dictadura de la mayoría; algo así como un sucedáneo de la monarquía electiva visigoda de Ataúlfo, Recaredo y Wamba, apenas con la única peculiaridad de que la espada del déspota se subasta en pública almoneda cada cuatro años.

De ahí que a don José no le quepa en la cabeza –ya de por sí angosta– el extravagante principio ilustrado de la independencia judicial. Una tara ideológica, ésa del Muy Honorable, que no acarrearía trascendencia mayor si no la compartiese con su igual, Zapatero. Consecuentes, uno y otro no padecieron la menor angustia por la renovación del Constitucional mientras les asistió la certeza de que María Emilia & Cía. aliñarían una sentencia a su gusto. Sin embargo, al trascender que el cambalache no estaba atado y bien atado, se desató el pánico escénico entre su grey, la catalanista. Procedía, entonces, cambiar ipso facto, sin mayor demora, ya mismo, al árbitro, a los linieres, a los recogepelotas y hasta al utillero de las almohadillas; en medio del partido, naturalmente.

Y en tal empeño anda ahora mismo ese par de dos; prestos ambos a educar a los supremos magistrados de la nación en el mismo principio de obediencia que rige para ujieres, mayordomos, marmotas y propios en general. Por lo demás, es ése, el de la renovación súbita, asunto que igual interesa a Montilla con tal de dilatar por todos los medios el veredicto final del Tribunal; al menos, hasta que hayan pasado las elecciones domésticas en Cataluña. Ya se ha dicho aquí más de una vez: a estas alturas del fiasco estatutario, la única sentencia que le sirve al PSC es la no sentencia, cualquier otro pronunciamiento devendría fatal para ellos. Ansían, pues, ganar tiempo. Para seguir perdiéndolo.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

ETA sólo calla
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 25 Mayo 2010

La debilidad de la organización terrorista ETA, agudizada por la captura de su principal jefe la pasada semana, ha disparado los análisis e interpretaciones sobre la posibilidad de que en breve pueda hacer algún anuncio que sea el preludio del abandono de las armas. Se alegan diversas razones para ese anuncio, entre ellas el supuesto convencimiento en las filas de ETA de que ha llegado la hora de poner fin a la violencia.

Algunos de los que avisan de la llegada del deseado anuncio por parte de ETA creían firmemente que ese paso se iba a dar en el comunicado de la banda terrorista del Aberri Eguna, pero no sólo no hicieron entonces ninguna declaración de tregua, sino que se ratificaron en que no era el momento de dar un paso de esa naturaleza.

Las expectativas sobre ETA se alimentan de interpretaciones y de la confusión entre las necesidades de Batasuna con lo que realmente piensa la organización terrorista. Que no es lo mismo. A Batasuna le vendría bien cualquier parón de ETA para buscar un resquicio por el que colarse en las elecciones. Es el partido ilegalizado el que tiene prisa y el que está alimentando la idea de la cercanía de un paso positivo de la banda. Lo que sabemos de ETA, en cambio, no va en la misma línea.

El último debate interno habido en el seno de la banda terminó con la decisión de continuar con la violencia para conseguir sus objetivos políticos y esa decisión no se ha revisado. Todas las actuaciones realizadas por ETA en los últimos meses estaban encaminadas a cometer atentados. Además, ETA no sólo no ha ratificado los resultados del debate habido en el seno de Batasuna, sino que está en desacuerdo con ellos y su objetivo a medio plazo es buscar la forma de reconducir esa situación.

ETA tiene sus propias condiciones políticas para una posible tregua, tal y como refleja en el comunicado difundido el pasado 19 de enero, y esas condiciones no se dan en la actualidad. Ni la debilidad de la banda, ni las necesidades electorales de Batasuna parecen razones suficientes para que los dirigentes del grupo terrorista cambien de estrategia a corto plazo. La línea de ETA no ha sido nunca el resultado personal de la voluntad de un único dirigente por muy influyente que éste fuera. La ETA posterior a Mikel Carrera, 'Ata', es igual a la anterior, aunque esté más debilitada. De momento, ETA sólo calla, pero no otorga.

De viejos y esperpentos
HERMANN TERTSCH ABC 25 Mayo 2010

ESPECIALISTAS aseguran que el presidente del Gobierno ha envejecido mucho. Lamento decir que me hubiera gustado que ese proceso hubiera sido más precipitado. Porque el daño que inflige a este país ha adquirido una velocidad que ni su encanecimiento ni el deterioro general físico que pueda sufrir nuestro Gran Timonel pueden aguantar. Hay sin duda formas rápidas de llegar a la decrepitud. Pero me temo que la ahora descubierta no nos salve ya de la decrepitud general.

Para evitar hundir a este país en la crisis más grave desde la guerra civil se le tendría que haber caído el pelo a Rodríguez Zapatero el 15 de marzo del 2004. Antes del entierro de 192 compatriotas e inmigrantes. Hoy es demasiado tarde. En todo caso le deseo buena salud y una vejez tranquila, aunque sus responsabilidades en las tragedias diarias de tantos millones de españoles estén claras. Aunque el daño generado a un país como el nuestro que llevaba treinta años resurgiendo en libertad y prosperidad es inenarrable. Que tenga una buena vejez, nadie le persiga ni ejercite venganza por sus actos, ofensas y daños a tantos españoles y pueda plácidamente concluir su vida con su Sonsoles y sus hijas góticas. Estoy seguro de que los españoles con la conciencia tranquila porque jamás le votaron controlan sus instintos básicos. Y no recurrirán a recursos de la chusma tan bien utilizada por esta maldición de presidente en estos años de su campaña de odio. Le deseo por tanto buena salud y una seguridad que probablemente les falte a muchísimos españoles durante muchos años por su culpa.

Porque pintan bastos.
Dice el Fondo Monetario Internacional, después de habernos hecho una visita, que lo llevamos crudo. Cuando crezcamos algo -ya veremos cuándo lo haremos realmente-, no creceremos para crear empleo. Durante mucho tiempo. Cuando probablemente con cinco millones y medio de parados nos instalemos en ese limbo que es el crecimiento entre el cero y el dos -que no vale para nadie y para nada porque no se creará empleo y los espantados inversores tendrán el dinero muy lejos de este país-, veremos cómo se ponen las calles. Porque aquí todo el mundo habla de economía, los más ingenuos se creen que la cosa cambiará pronto, pero pocos hablan del problema de la seguridad que se nos echa encima.

Porque la economía sana -destrozada hoy aquí en España- es premisa para la seguridad. Como la seguridad -también la seguridad jurídica que este Gobierno ha hundido- es premisa para que funcione la economía. Y como aquí no funciona ni una ni otra, el dinero decide tomar las de Villadiego. Y si no se genera riqueza se produce miseria. No pidan patriotismo al dinero porque es infantil hacerlo. El dinero hoy hace lo que le da la gana hasta en China. Y nos hemos convertido en un país inhóspito para quienes no quieren problemas. No le pidan patriotismo ni siquiera al dinero del presidente del Congreso. Capaz es de llevarse la hípica de Toledo a Wiesbaden. Hay que imaginarse a José Bono y al Pocero, señor de Seseña, en aquella ciudad alemana con tanta tradición hípica. Con sus señoras con sombreros propios de Ascot. Equivocándose de cubiertos, supongo.

Mientras el FMI publicaba su demoledor informe sobre el estado de nuestras cosas, aquí, ayer, el señor de Iznajar, presidente de la Generalidad de Cataluña, otro que dudará con los cubiertos, se gastaba el dinero de los españoles en ese hazmerreír de amenazarnos en cinco idiomas en el Senado en Madrid. Dice Montilla que si no obedece el Tribunal Constitucional a sus deseos nacionalistas y socialistas o viceversa, puede haber conflicto entre España y Cataluña. ¿Cómo que entre España y Cataluña? ¿Como entre Córdoba e Iznajar? ¿Como entre Tordesillas y Valladolid? Ya está bien de bromas. El FMI nos está diciendo que este país puede ser pronto un país fracasado. Un país fuera del entorno del bienestar. Y los analfabetos en cinco idiomas nos amenazan con cargo a nuestro dinero. Ustedes sabrán hasta cuándo seguimos con esta broma de mal gusto. Con este esperpento del viejo prematuro.

11-s y 11-m
Pío Moa Libertad Digital 25 Mayo 2010

El 11-s: Existe un estado al que los islamistas han declarado la guerra como el Gran Satán: Usa. Y no porque represente el “imperialismo”, sino porque representa la democracia y el cristianismo, al menos desde el punto de vista musulmán. El instrumento preferido del ataque islamista han sido los atentados suicidas, un terrorismo mezclado con fanatismo religioso. Sobre esta táctica han teorizado bastante (“guerras de cuarta generación”) y la han llevado a los hechos. La culminación, hasta ahora, han sido los atentados del 11-s. Hay, pues, una declaración de guerra, hostilidad abierta y permanente, los ataques han seguido la táctica conocida, hay precedentes de otros atentados contra las torres gemelas, consideradas símbolo del poder useño, y la visión inequívoca de los aviones estrellándose contra ellas. En tal contexto, atribuir los atentados a provocaciones del mismo gobierno useño suena altamente improbable, retorcido e innecesario.

El 11-m pudo haber sido un caso similar: fueron detenidas y acusadas enseguida personas relacionadas con el islam, se achacó la matanza a una represalia por el protagonismo –solo político, no militar—de Aznar en el derrocamiento de Sadam, la izquierda simpatizante con los islámicos culpó al gobierno de Aznar, y cuando llegó al poder con su “alianza de civilizaciones”, se apresuró a recompensar a los terroristas retirando las tropas de Irak y aconsejando hacer lo mismo a otros países. Todo ello abunda en la tesis de un atentado islámico.

Pero casi todos los detenidos lo fueron arbitrariamente y hubieron de ser liberados (cuando pasó el efecto político del golpe sobre las elecciones); varios de los presuntos autores estaban controlados por la policía o eran directamente confidentes de esta, y esa pista nunca fue seguida por los jueces; no fueron los característicos atentados suicidas, y en cambio hubo suicidios posteriores no del todo convincentes ni acordes con la táctica islamista; fueron destruidas la mayor parte de las pruebas y se intentó colar otras falsas; no sabemos aún qué explosivo se utilizó; según la sentencia, el atentado no tuvo que ver con la guerra de Irak, ni aparece un autor intelectual... Estas y otras extrañas anomalías hacen que la tesis del islamismo sea como mínimo dudosa, y empujan las sospechas --de momento solo sospechas, pero fuertes—en otras direcciones. Es decir, al revés que en el 11-s, no conocemos la motivación, ni la organización ni el instrumento del crimen, entre otras cosas.

El problema se complica porque la tesis de que los asesinos pretendían volcar las elecciones es muy aventurada: el efecto psicológico de un golpe así es impredecible, y pudo igualmente haber sido el contrario. Sí es cierto, en cambio, que la oposición supo aprovechar electoralemente el terrible crimen, mintiendo sobre él, con una rapidez, agilidad y radicalismo en verdad sorprendentes

Lo social, lo político y lo educativo
XAVIER PERICAY ABC 25 Mayo 2010

Como sin duda recordarán, hubo una vez una propuesta de «Pacto social y político por la educación». Una propuesta formal, escrita. O sea, un documento con ese título. Que el título fuera ese y no otro -que no fuera, por ejemplo, un escueto «Pacto por la educación», sin adjetivo alguno- permite suponer que el Ministerio del ramo, autor del texto, concedía al acuerdo una doble dimensión y se proponía realzarla desde el principio. Por lo demás, la lectura del preámbulo del documento no hacía sino insistir en el carácter complementario de esa dicotomía o, lo que es lo mismo, en la imperiosa necesidad de aunar lo social y lo político para que el pacto llegara a buen puerto. Y hasta aludía, preventivamente, a la «especial responsabilidad» de quienes conforman el segundo de los ámbitos, en la medida en que representan al conjunto de los ciudadanos. En fin, que, así las cosas, la partida parecía jugarse a todo o nada.

Pues no. Al final, ni fue todo, ni parece que vaya a ser nada. Cuando menos a juzgar por el rechazo que cosechó el documento entre gran parte de las fuerzas políticas no comprometidas con la acción de gobierno, y por la forma como el ministro Gabilondo ha ido administrando, desde aquel mismo momento, ese rechazo. En efecto, nada más confirmarse la negativa del Partido Popular a suscribir el pacto -lo que, en el fondo, e hicieran lo que hicieran el resto de los partidos, equivalía a dar por enterrada la iniciativa-, al titular del ramo le faltó tiempo para asegurar que los objetivos y las medidas previstos en el documento seguían siendo válidos. Y que él, por supuesto, se proponía cumplirlos y aplicarlas. Pero es que, a los pocos días, Gabilondo fue más allá. Tan allá, que no sólo se desplazó hasta Bruselas para presidir el Consejo de Ministros de Educación, sino que aprovechó el viaje para declarar que piensa hacer todo lo posible por lograr un «gran acuerdo social».

Por supuesto. De lo contrario, es decir, de haber renunciado a su objetivo, a estas alturas estaríamos hablando, en buena lógica, del ex ministro Ángel Gabilondo. Recuérdese que su llegada al Ministerio de Educación tenía una sola encomienda: la consecución del tan ansiado pacto educativo. Recuérdese también que esa encomienda aparecía siempre enaltecida por el convencimiento de que el pacto en cuestión era de los grandes, de los que hacen época, o sea, un pacto de Estado.

Así lo manifestaba el propio interesado en sus intervenciones públicas, y así quedó reflejado, sin ir más lejos, en el documento ministerial ya citado («Para realizar este trabajo conjunto es imprescindible que se alcance un gran «Pacto Social y Político por la Educación»», podía leerse en el preámbulo). Pues bien, ante la evidencia del fracaso -y en este punto, y por más que en cualquier negociación intervengan muchas partes, el fracaso mayor corresponderá siempre a quien se propuso lograr lo que no ha logrado- y dado que la palabra dimisión no suele figurar casi nunca en el vademécum de los políticos, al ministro no le ha quedado más remedio que ejecutar una suerte de pirueta verbal consistente en sustituir el «gran pacto social y político» por un «gran acuerdo social» -pirueta que ya había ensayado, por cierto, en una entrevista publicada hace más de dos meses. En definitiva: todo indica que Gabilondo ha renunciado a la dimensión política de su proyecto para poder continuar flotando -¡oh, paradoja!- en las aguas de la política española.

Ahora bien, ¿tiene sentido un pacto educativo como el que sigue proponiendo el ministro? ¿O un gran acuerdo social, para ser fiel a sus palabras? Lo dudo. Ante todo, porque no creo que pueda separarse lo social de lo político. Cualquiera que conozca un poco el paño sabe que tanto los sindicatos de maestros y profesores como las asociaciones de padres de alumnos, es decir, dos de los sectores pertenecientes al ámbito social con mayor peso en el campo educativo, están, por lo general, politizados. Al menos en lo que respecta a sus cargos directivos o de representación. Las coincidencias ideológicas entre algunos de esos colectivos y determinados partidos políticos -especialmente los dos grandes- son más que evidentes. Y de esas coincidencias ideológicas se derivan, como es natural, comunidades de intereses, cuando no estrategias compartidas. Por otro lado, en la financiación de esas entidades sociales -o, como mínimo, de parte de las actividades que organizan- suelen intervenir esos mismos partidos a través de los presupuestos de las instituciones nacionales, autonómicas o locales en las que gobiernan. Así las cosas, pretender deslindar lo social y lo político como si se tratara de compartimentos estancos y no existiera una clara penetración del segundo en lo que debería ser, en rigor, el terreno del primero, resulta tan ilusorio como falaz.

Pero es que, además, una simple ojeada a los contenidos del «Pacto social y político por la educación», por una parte, y a los argumentos aducidos por el Partido Popular para no suscribirlo, por otra, sirve para confirmar hasta qué punto un acuerdo como el que se persigue -esto es, un gran pacto educativo, que comprometa en un solo proyecto al conjunto de la sociedad española o, al menos, a una inmensa mayoría de sus miembros- no puede ser sino político. Es cierto, y sería absurdo olvidarlo, que todo concierto entre las partes comporta necesariamente un grado más o menos elevado de renuncias. Y que esas renuncias deben asumirse, en lo posible, de forma equitativa. Así, cuando uno repasa las medidas contenidas en el documento ministerial, encuentra indicios inequívocos de ese esfuerzo. Por ejemplo, en la división del cuarto curso de Secundaria en dos opciones, una orientada al Bachillerato y otra a la Formación Profesional. O en la reforma en profundidad de la propia Formación Profesional, de modo que tanto el tránsito interno entre niveles formativos como el externo en relación con el Bachillerato sean factibles y eficaces. En uno y otro caso se trata de un cambio notorio con respecto al sistema vigente. Pero no de un cambio suficiente para que el Partido Popular y los sectores por él representados puedan sumarse al pacto.

Y es que la propuesta del Ministerio no incluye, aparte de otros aspectos educativos, casi ninguna de las medidas capaces de preservar la libertad y la igualdad de todos los españoles. No incluye, por ejemplo, la libertad de elección de centro. Ni la garantía de que el castellano vaya a ser impartido como asignatura y usado como lengua vehicular de la enseñanza en el conjunto del país. Ni el establecimiento de unas enseñanzas comunes en todo el territorio. Ni la puesta en marcha de unos sistemas de evaluación al final de cada ciclo educativo que permitan saber, a ciencia cierta, el nivel del alumnado Comunidad por Comunidad y centro por centro. En realidad, no incluye nada que pueda agrupar a los españoles en torno a un proyecto compartido. O, si lo prefieren, nada que pueda contrariar de algún modo a los nacionalismos periféricos.

Dicho lo cual, el ministro tiene todo el derecho a seguir soñando despierto, faltaría más. Aunque, eso sí, no estaría de más que se dejara de grandezas y subterfugios verbales. El sucedáneo de pacto al que aspira es tan político como el que no ha llegado a cuajar. Y, sobra añadirlo, mucho menos representativo.

El PSOE, al compás de Montilla
Editorial ABC 25 Mayo 2010

TRAS la intervención del presidente de la Generalidad de Cataluña, José Montilla, ante el Senado, en la que renovó la tradicional amenaza que se cierne sobre las relaciones entre Cataluña y España, el PSOE ha anunciado que apoya la renovación del Tribunal Constitucional y acepta los dos candidatos que habían propuesto las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular hace más de un año. Al final se demuestra que el veto socialista a Francisco Hernando, ex presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y a Enrique López, ex vocal y portavoz de este órgano de gobierno de los jueces, era la causa del bloqueo a la renovación del TC. Donde los socialistas veían obstáculos insalvables para aceptar a Hernando y a López, ahora sólo hay prisas para alcanzar un acuerdo. Entre ambos extremos no ha habido más novedad que la presión del tripartito catalán en su estrategia de deslegitimación del TC, cuyo objetivo es impedir la revisión constitucional del nuevo Estatuto de Cataluña. Como este resultado es imposible, porque la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, la pretensión del tripartito es forzar un cambio de reglas en el funcionamiento del TC y, además, una renovación que cambie la actual correlación de fuerzas en el seno de esta institución.

Es evidente que el TC ha contribuido decisivamente a esta polémica sobre su funcionamiento en relación con el Estatuto catalán, pero para el tripartito presidido por Montilla, el problema no es el mal estado de este tribunal, sino la certeza de que la mayoría de sus magistrados están de acuerdo en que, con mayor o menor amplitud, el Estatuto tiene preceptos inconstitucionales. El debate interno se centra en cuánta inconstitucionalidad debe declararse. Por tanto, una primera conclusión permite afirmar que el Partido Popular acertó plenamente al interponer el recurso de inconstitucionalidad que tanto está costando al TC resolver. Y la segunda conclusión es que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero ha introducido el Estado de las Autonomías en una discordia irresponsable, con un cambio del modelo constitucional que no ha pasado por los trámites que prevé la Constitución para su reforma.

El PSOE ha acreditado carecer de criterio propio ante la grave situación que atraviesa el TC. Su actitud oscila entre la tradicional trasferencia de culpas al PP y el seguidismo al tripartito catalán -sintomático de su debilidad política-, eludiendo comportarse como corresponde al partido gobernante, es decir, defendiendo las instituciones y actuando sin oportunismo. La súbita aceptación de la renovación del TC tiene toda la apariencia de una nueva trampa al PP.

Unidad institucional por las víctimas
LORENA GIL | VITORIA. El Correo 25 Mayo 2010

Las instituciones vascas escenificaron ayer una unión sin precedentes en favor de las víctimas del terrorismo. El consejero de Interior, Rodolfo Ares; la presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga; los líderes de las Juntas Generales de los tres territorios históricos, Ana Madariaga (Vizcaya), Juan Antonio Zarate (Álava) y Rafaela Romero (Guipúzcoa), así como el presidente de la Asociación de Municipios vascos, Eudel, Jokin Bildarratz, acordaron formalmente en la sede del Ejecutivo de Vitoria establecer el 10 de noviembre como 'Día de la memoria' en recuerdo a todos los damnificados.

PSE, PNV y PP, en cuyas manos descansan la mayoría de las administraciones públicas, aparcaron en esta ocasión sus diferencias para reivindicar de forma conjunta el reconocimiento a los afectados por la sinrazón terrorista como una «obligación moral» y como «seña de identidad de un nuevo tiempo de convivencia basado en el respeto, la libertad y la responsabilidad».

El acuerdo, plasmado en un documento cuya lectura corrió a cargo ayer de la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas, Maixabel Lasa, recoge el compromiso de todas las instituciones con la celebración, en la señalada fecha, de sendos plenos o juntas extraordinarias que permitan la aprobación de declaraciones en apoyo a los damnificados. Además, se hace una apuesta clara por la organización de ofrendas florales en los municipios vascos.
Bildarratz, que acudió «en representación de 251 ayuntamientos con distintas realidades», defendió la necesidad de llevar a cabo una «política de portal, cercana». «Hablamos de personas que han sufrido muchísimo y que necesitan de nuestro calor», argumentó. El primer edil de Tolosa tomó hace un año la decisión de sumarse al mapa de la memoria, en el que se enmarca esta iniciativa y que busca extender el recuerdo a las víctimas por toda Euskadi. Ayer, aprovechó su intervención para enviar un «caluroso abrazo» a los familiares del que fuera director financiero del Diario Vasco Santiago Oleaga, y de los policías Luis Hortelano, Manuel Jódar y José María Sánchez, asesinados por ETA tal día como ayer en 2001 y 1989, respectivamente.

La instauración del 'Día de la memoria' sustituirá al homenaje anual que el Ejecutivo brindaba a los afectados por el terrorismo. De ahí que, como matizó la presidenta de las Juntas vizcaínas, Ana Madariaga, «no sea el primer paso que se da en favor de las víctimas». «Eso sí -añadió- tampoco será el último». Lo que hace de la elección del 10 de noviembre algo singular y cuando menos simbólico es el hecho de que dicha fecha es, al parecer, una de las pocas del calendario en las que «no se ha registrado atentado mortal alguno», detalle que permitió que los tres principales partidos de Euskadi alcanzaran un consenso. «Un aniversario que no sea de nadie, sino de todos» y que «esté por encima de iniciativas particulares», sostuvo Juan Antonio Zarate. La conmemoración fue presentada el viernes en la Cámara de Vitoria y contó con el respaldo de todos los grupos, salvo de Aralar y EA.

«Perenne e inmortal»
El objetivo de esta jornada «solemne» será, según subrayó Rodolfo Ares, «recordar a las víctimas de todas las organizaciones terroristas sin excepciones. De aquellas que hoy son pasado y de la que sigue actuando, que es ETA». «No queremos ni una fosa en una cuneta ni una en la orilla de la sociedad», resumió tajante Rafaela Romero.

En esta línea, la presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga, alabó el «comportamiento ejemplar» que los damnificados han demostrado con el paso de los años, al apelar a una «rebeldía cívica», y aseguró que su recuerdo será «perenne e inmortal» y servirá de «cimiento para edificar el futuro». Quiroga se congratuló del gesto institucional materializado ayer y advirtió de que «la victoria contra el terrorismo la conseguiremos entre todos los demócratas». Como añadió Romero, «si nuestra herencia es la libertad, aprendamos a defenderla».

Galicia bilingüe, intrahistoria de una traición
FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS La Opinión 25 Mayo 2010

Lo sabe poca gente. Ella misma acaba de revelarlo ante las cámaras de la TVG. En vísperas de las elecciones autonómicas, el Pepedegá intentó fichar a Gloria Lago para incluirla en un puesto destacado como candidata al Parlamento Gallego por la provincia Pontevedra. Se trataba de rentabilizar electoralmente el considerable calado social que en poco tiempo había adquirido un movimiento cívico como Galicia Bilingüe, en tanto que punta de lanza contra la política lingüística del bipartito, que parecía apostar por el modelo de inmersión.

Pero además, dice Lago, lo que se perseguía con su fichaje, más allá del golpe de efecto ante ciertos sectores del electorado, era empezar a desactivar una plataforma que, por pura coherencia y desde una posición independiente, no dudaría en exigirle a Núñez Feijóo que cumpliera escrupulosamente sus compromisos, con lo que eso supondría de incomodidad para el nuevo gobierno.

Si su presidenta hubiera aceptado entrar en política activa, Galicia Bilingüe habría perdido de golpe toda la legitimidad acumulada después de años de lucha, al principio casi clandestina, contra lo que ellos consideran la imposición de la lengua gallega y en defensa de la libertad lingüística. Gloria Lago no habría tardado en descubrir que, una vez instalado en la comodidad institucional de San Caetano, el PP estaba dispuesto a ceder en esa materia hasta traicionar su programa electoral, con tal de no desgastarse en el siempre incómodo conflicto idiomático. La historia acabaría mal, como sucede siempre en estos casos, con el inevitable portazo, salvo que ella estuviera dispuesta a tragar carros y carretas. Y se iba con cajas destempladas, su propia imagen y la del colectivo también quedaría tocada seria e irreversiblemente.

Asegura Gloria Lago que meses antes de la cita electoral ya se olía que quienes habían sido sus compañeros de viaje les iban a traicionar antes o después, que les dejarían tirados, que cambiarían el paso, porque después de todo aquéllo no había sido más que un matrimonio de conveniencia. Vista con la perspectiva del tiempo, una mera alianza táctica, ni siquiera estratégica. Contra lo que sostenían muchos, PP y Galicia Bilingüe estuvieron juntos, pero nunca revueltos y ningún caso fue el partido el que creó la plataforma antinormalización, sino que se arrimó a ella por puro interés, porque estaban en juego muchos votos, cuando menos los que podían significar la mayoría absoluta.

Desde Galicia Bilingüe advierten a Feijóo y compañía que los muertos que ellos tal vez pensaban matar gozan de buena salud. El gobierno del PP de Galicia va a tener enfrente a una organización cuya estructura orgánica está intacta y cuyo espíritu de lucha se ha visto renovado y espoleado al sentirse víctimas de un engaño por parte de la fuerza política en la que habían confiado para que cambiara de raíz la política lingüística que se practicó en este país desde los albores de la autonomía, contra la opinión de mucha gente.

Y es que ya casi nadie parece recordar que, en cuanto a la presencia del gallego en la escuela, la entidad encabezada por Gloria Lago fue tanto o más crítica con fraguismo que con la alianza PSOE-Bloque. De ahí que nunca acabaran de fiarse de Feijóo.

fernandomacias@terra.es

LAMENTAN LA "INDIFERENCIA" DEL PP
Más padres objetores a EPC se suman a la demanda contra España en Estrasburgo
La lucha de cientos de padres contra el adoctrinamiento de EPC sigue adelante. Decenas de padres denunciaron al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ahora, más padres anuncian que se suman al procedimiento ante la “indiferencia” del PP.
LIBERTAD DIGITAL 25 Mayo 2010

En las próximas semanas, nuevos demandantes se sumarán al proceso judicial abierto por los padres objetores a Educación para la Ciudadanía ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La demanda fue presentada el pasado 19 de marzo por Profesionales por la Ética y Alliance Defense Fund (ADF), entidad especializada en la defensa de los derechos fundamentales.

A fecha de hoy la demanda afecta a un centenar de niños cuyos padres han objetado a este conjunto de asignaturas; son familias de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid y Región de Murcia.

Como explica Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética y padre demandante en Estrasburgo, la demanda fue admitida a trámite con la referencia Demanda nº 15976 / 10 y en la actualidad siguen su curso procesal de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de dicho Tribunal. Este ha manifestado interés en el conflicto de EpC y ha solicitado ya nuevos aportes documentales a los representantes de los demandantes.

“Tal como anunciamos en 2006, en los inicios de la oposición social a las asignaturas de EpC, desde Profesionales por la Ética manifestamos que, en la defensa de los derechos de los padres, utilizaríamos todos los medios legítimos a nuestro alcance y que llegaríamos hasta donde fuera necesario, incluido el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, siempre que hubiese padres que así lo deseasen. En virtud de este compromiso se apoyó la presentación de la demanda en Estrasburgo y se mantienen abiertos un buen número de procesos ante los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia y, en vía de amparo, ante el Tribunal Constitucional”.

Además, los padres afirman que “la defensa de las libertades fundamentales de educación y de conciencia prosigue en su ámbito internacional” y que “continúan al margen de las disputas políticas españolas y frente a los planes del Gobierno y a la indiferencia de la oposición.

Más de 1.500 barceloneses exigen la información municipal en castellano
Apoyan la petición del PP, que ya impugnó el reglamento lingüístico del Ayuntamiento
EL MUNDO CATALUÑA 25 Mayo 2010

Más de 1.500 barceloneses procedentes de todos los distritos de la ciudad ya han mostrado su apoyo a la iniciativa del grupo municipal popular de recibir en castellano cualquier tipo de información del Ayuntamiento. Han pasado casi tres meses desde que el grupo del PP al completo solicitara formalmente ante el registro municipal que el Consistorio se dirigiera a cada uno de sus miembros «conjuntamente en catalán y en castellano» en sus notificaciones e instara a los barceloneses a seguir su ejemplo.

Hasta la fecha, el PP ha ido recogiendo las firmas de adhesión voluntaria -con nombre, apellidos y DNI- para una iniciativa que persigue un pronunciamiento de la Administración municipal ante lo que los populares consideran una «vulneración de derechos» al discriminar el castellano frente al catalán en el reglamento lingüístico del Ayuntamiento. «Es una normativa que va en contra de la libertad lingüística de los barceloneses porque prima una lengua sobre la otra», apuntó a este diario el líder del grupo municipal del PP, Alberto Fernández Díaz.

Los populares avanzaron ayer que en la próxima comisión de Presidencia -ya en el mes de junio- pedirán al bipartito que especifique de qué forma piensa contestar a los barceloneses que ya han expresado su petición de ser atendidos también en castellano.

El hecho de rebasar holgadamente el millar de firmas supone para Fernández alcanzar un «número significativo» con el que «forzar una respuesta» del Consistorio que «podría dejar en evidencia sus propios argumentos». Y es que ante las críticas del PP, el único grupo que votó en contra del reglamento de uso de la lengua catalana del Ayuntamiento por considerarlo «excluyente», el gobierno municipal siempre se ha escudado en el derecho que tienen todos los barceloneses de requerir ser atendidos en castellano. Un razonamiento que, según Fernández, «ahora sabremos si se cumple».

El dirigente popular se teme que a partir de la entrega de firmas, el Ayuntamiento requiera la solicitud previa de documentación oficial en castellano «para cada uno de sus servicios, con el consiguiente perjuicio que eso puede suponer para el solicitante». Fernández entiende que entre la petición ciudadana y su cumplimiento puede transcurrir un periodo de tiempo que vaya en detrimento de las necesidades del ciudadano que quiere ser atendido en castellano y que puede ver vencidos los plazos para una actividad de su interés.

La solicitud presentada por el PP a principios del pasado mes de marzo hacía hincapié tanto en las notificaciones y comunicaciones del Ayuntamiento como en los documentos o testimonios de expedientes, publicaciones, campañas informativas «y cualquier otro contenido impreso» que sea remitido por el Consistorio barcelonés.

A esa última iniciativa popular hay que sumar también la impugnación ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del Reglament d'Ús de la Llengua Catalana del gobierno municipal, sobre el que Fernández Díaz solicitó hace semanas su suspensión cautelar al considerar que «discrimina al castellano».

Catalán, lengua vehicular
BELÉN PARRA – EL MUNDO. 25 Mayo 2010

>La normativa aprobada en febrero por todos los grupos municipales a excepción del PP establece que el Ayuntamiento de Barcelona sólo utilizará el catalán en sus comunicaciones internas.

>El catalán se erige de esta forma como el idioma predominante en la relación con la Administración municipal, por encima del castellano, que también es lengua oficial en Barcelona.

>Todo tipo de impresos se emiten en catalán. Los contratos con terceros para realizar informes, proyectos o estudios se tienen que redactar «con carácter general» en lengua catalana. Lo mismo ocurre en el ruego de condiciones de los contratos administrativos, en los que se requiere que la documentación que se libre esté redactada en catalán. El reglamento también prevé que el uso de la lengua catalana figure entre los «criterios determinantes» en las cláusulas de los contratos públicos, «siempre que del objeto de éstos se deriven comunicaciones orales o escritas con los usuarios y usuarias».

Alegaciones
>Ninguna de las alegaciones al texto presentadas por el grupo del PP en favor del «bilingüismo» y para que el castellano no se considerara una «anomalía a corregir» en Barcelona fueron admitidas. Los ciudadanos que quieran ser atendidos en castellano deben solicitarlo previamente.

Hereu, también en castellano
EDITORIAL EL MUNDO CATALUÑA. 25 Mayo 2010

EN UN BRETE. En una encrucijada a la que tendrá que dar una solución. El grupo municipal popular, liderado por Alberto Fernández Díaz, ha conseguido reunir 1.500 firmas, las de 1.500 ciudadanos de Barcelona que activamente han decidido reclamar que el Ayuntamiento del socialista Jordi Hereu les envíe todas sus comunicaciones en castellano, que no discrimine una de las dos lenguas oficiales que coexisten en Cataluña para priorizar la otra.

Hasta ahora el Consistorio siempre se había escudado en que eran los ciudadanos quienes tenían que solicitar que se les remitieran las comunicaciones oficiales en castellano para dar una respuesta a este problema de discriminación que ha sido denunciado, en solitario, en innumerables ocasiones por el grupo municipal del PP. Ahora, tal y como Hereu quería, ya son los barceloneses quienes le están haciendo la solicitud. Así que, a partir de que se presenten estas firmas, el Consistorio deberá articular algún sistema para que esto sea posible.

Las calles de Barcelona, de Cataluña, son espacios de convivencia pacífica entre las dos lenguas. Los problemas sólo aparecen cuando se ve implicada alguna administración. Tanto Ayuntamiento como Generalitat deberían ser conscientes de cuál es el verdadero sentir de los ciudadanos y no intentar imponer un modelo lingüístico artificial y alejado de la verdadera realidad. Jordi Hereu tiene ahora una oportunidad para hacerlo.

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Decreto de Feijóo
Promesas rotas
Cristina Losada Libertad Digital 25 Mayo 2010

Núñez Feijóo ha presentado, al fin, la criaturita. Es una criatura mutilada, que lleva por nombre decreto de plurilingüismo. Con ella en brazos, el presidente de la Xunta puede presumir de no haber dejado con cabeza a ninguno de los títeres que salieron en el guiñol de la promesa electoral. Si se había propuesto desmentirse a sí mismo, lo ha logrado con creces. Sólo los caballeros de antaño y los feroces radicales se aferran a la palabra dada. Y Feijóo, que no es nada de eso, ha querido demostrarlo llevándose la contraria. ¿Dijo consultas a los padres para elegir el idioma de las asignaturas? Pues ahora queda una y de milagro.

Al igual que Zapatero en lo suyo, el sucesor de Manuel Fraga pide amparo en las circunstancias. Un informe del Consello Consultivo de Galicia sostiene que preguntar a los padres por la opción lingüística que prefieren para sus hijos es una ilegalidad de tomo y lomo. La tal ilegalidad se viene perpetrando en varios países, pero el organismo que preside la hermana de Cándido Conde-Pumpido tiene una idea de la ley diferente a la que rige en esas democracias asentadas. Es más, su idea diverge incluso de la doctrina del Constitucional. Pero Feijóo se ha agarrado al pasmoso dictamen para su "donde dije digo, digo diego". Y una de dos, o su gobierno, por pura ineptitud, ha sido incapaz de preparar un decreto viable a lo largo de un año, o pretende posponer sine die el cumplimiento de sus compromisos.

El escaqueo de Feijóo no es novedad, pues ya durante la larga gestación de ese decreto, fue retrocediendo. No se ha ahorrado con ello ni protestas callejeras ni airados manifiestos acusándole de exterminar la lengua gallega. Pero había que ajustar lo prometido al lecho de Procusto identitario, que es donde descansa el poder en las autonomías. No en vano el PP de Galicia, como dijo una vez el mentado, lleva la identidad galleguista en los genes. Y es que, en España, la derecha más tradicional ha sido, casi siempre, regionalista. O sea, gran partidaria de lo plural y diverso, y posmoderna antes de la Modernidad. Feijóo continúa avanzando hacia atrás.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

El farfollo y la nación india
TOMÁS CUESTA ABC 25 Mayo 2010

SI quedaban dudas sobre la verdadera utilidad del Senado, el esperpento de ayer confirma que la Cámara Alta se ha convertido en un pesebre con piscina y solarium, el club social donde deponen los múltiples virreyes, chulos de taifa y agregados que disponen de asiento, derecho o turno de réplica en la institución, tan remozada como obsoleta, inútil y prescindible en sus funciones. Pretendido parlamento de representación territorial adaptado a la España artificial, se abrió al presidente de la Generalitat catalana, quien se erigió en el «Sitting Bull» de la Nación India, el jefe nativo de una piel de toro a subasta entre navajos, pies negros, arapahoes y los últimos mohicanos. A todos ellos se dirigió Montilla y a cada uno en su lengua. Sólo le faltó tocarse con las plumas típicas de cada tribu: chapela, boina, barretina y el paraguas gallego. Cuando lo único que se pretende es no hacer el ridículo puede llegar a hacerse historia, pero cuando lo que se quiere es hacer historia, se acaba siempre por hacer el ridículo, que es lo que le pasó a Montilla, chapoteando en lenguas ininteligibles hasta para los traductores formados en las ikastolas, escolas y colegios de tres décadas de desastre educativo nacional. Lo de menos era el guión, una turbia y torpe maniobra para derribar el Tribunal Constitucional y aposentar el absurdo jurídico de que la soberanía nacional es divisible, que una parte puede decidir por el todo y que la nación es un conjunto de naciones cuyo pasado es una entelequia y cuyo futuro depende de los caudillos forales.

Más que por el gasto, que también, el entremés senatorial resulta ofensivo para el común por la obscenidad plástica con la que muestra el absurdo desempeño de tan ilustres señorías. La visita de Montilla, sus reuniones, la comparecencia de Leire Pajín, la número tres del PSOE, ahí es nada, cual ariete de la lógica filosófica a favor de la remoción del TC, y todo el ceremonial que implica abrir y cerrar el Senado, airear pasillos, disponer comedores, habilitar reservados y recomponer despachos es el reflejo leve y decorativo de una mar gruesa, de fondo, agravada por la crisis. Al margen de la sentencia del Estatut, éste se aplica con toda su crudeza y en toda su extensión, sin prevenciones que valgan, entre la anuencia de CiU y la pasividad del PP, con lo que los lamentos de Montilla deberían tener menos crédito que el propietario de un puesto de trile en las Ramblas. Es el victimismo de siempre, aunque el presidente de la Generalitat ni sepa a qué está jugando ni a quién beneficia, lo mismo que Pajín, cuyas extensiones, dicho sea de paso, llegan ya hasta la plaza de Sant Jaume.

Al ciudadano medio, al hombre atribulado, al tipo perplejo se le deben agitar las entrañas ante la contemplación de un sarao tan poco consistente a los efectos de capear el temporal. En medio de la tormenta, las disquisiciones sobre el encaje de Cataluña en España suenan a reflujo del esófago y no acrecientan la confianza ni del electorado, ni de los contribuyentes, ni de los mercados en la economía española. Todo lo contrario, el temor al colapso se torna certeza si quienes deberían empuñar las tijeras tocan el violín y se mantienen fieles a sus gustos de estadistas multilingües de amplio despliegue diplomático. Son las Autonosuyas. Don Antonio Ozores, que nos dejó hace unos pocos días, hizo del farfollo una lengua universal, un recurso humorístico que era una herramienta tan sutil como demoledora para la crítica política, una jerga surrealista incomprensible que remataba con un «he dicho» en medio de un rostro de solemnidad que le hizo inmortal. Antonio Ozores era un pedazo de actor y el humor es una cosa muy seria como para que la memez de ayer en el Senado merezca llamarse el día del farfollo, aunque eso pareciera, siendo benévolos, lo que hablaba Montilla en su alocución a las tribus. Más bien le cuadra lo de las flechas y las plumas. Jau, Montilla.

El gallego de Feijoo
Arturo Maneiro La Voz 25 Mayo 2010

El presidente de la Xunta se expresa en gallego en todas las comparecencias públicas, un gallego de Os Peares. También promueve la utilización de nuestro idioma. En el acto público del Partido Popular celebrado en el monasterio de Aciveiro, Alberto Núñez hizo una encendida defensa del gallego, habló de promoción, del orgullo de ser gallego, de la convivencia armónica y respetuosa de las dos lenguas oficiales, como ha estado ocurriendo desde 1984. La mayor parte de los militantes presentes eran del medio rural, hablaban en gallego, pensaban en gallego. A todos ellos les gusta oír hablar no solo de defensa de su lengua sino de promoción, de llevar a cabo actuaciones como la que estaban viviendo: todo era gallego, los discursos, las actuaciones, la romería misma, el pulpo, la parsimonia entre plato y plato. Pero era un gallego auténtico, un gallego no contaminado.

Por otro lado, en pleno centro de Santiago de Compostela, una organización nacionalista también celebró su romería, en este caso con taberna y orquestina. El lema era algo así como «Uma naçom, uma lingua». Probablemente, ningún paisano auténtico se reconocería en este mensaje de gallego tan contaminado, tan extraño y tan exótico. Algunos podrían pensar que se trataba de una fiesta portuguesa o promovida por el Gobierno portugués. Pero ellos lo defendían con todo entusiasmo.

Posteriormente, la plataforma «Queremos galego», extensión de la Mesa pola Normalización y del BNG, con ese apoyo extraño y titubeante del dirigente socialista, Pachi Vázquez, celebró su propia manifestación pidiendo el uso del gallego, el orgullo de hablar gallego, la promoción del gallego. Es decir, en cuanto a lo sustancial pedían lo mismo que propone, hace y defiende el presidente de la Xunta. Aunque hay que reconocer que esta plataforma también usa un gallego un tanto contaminado de lusismo. Pero en todo caso, con un análisis riguroso y desapasionado, se puede asegurar que la única diferencia entre el gallego del presidente Feijoo y el de las plataformas del BNG es el decreto sobre el uso del gallego en la Educación. Y todavía más en concreto, el uso o no de la cooficialidad y de la libertad.

El presidente Feijoo defiende una normativa amable, un decreto que ayude a la convivencia pacífica entre gallego y castellano, como es propio de los gallegos; defiende la libertad para los padres que prefieran un bilingüismo razonable; pretende que no haya imposiciones de plataformas minoritarias sobre el sentir mayoritario. Y son precisamente todas estas «pequeñas cosas» de libertad lo que diferencia a Feijoo de los nacionalistas y lo que les diferencia también en respaldo social.

Bilingüismo adjetivado para tratar de ocultar la imposición de la lengua regional.
Nota del Editor 25 Mayo 2010

La dura realidad es la conculcación de los derechos humanos y constitucionales de los español hablantes en las regiones donde el español es lengua "impropia"

Bilingüismo armónico, bilingüismo razonable, normativa amable sólo son adjetivos para encubrir la dura realidad: los pederastas lingüísticos siempre estan tratando de ocultar la verdad: bilingüismo impuesto. La Constitución Española establece el deber de conocer el español, y no establece deber de conocer lengua regional alguna.

Vázquez: ´La Xunta elegirá el idioma predominante en Infantil´
El nuevo decreto establece que Educación, y no el claustro, decida la lengua en las aulas de 3 a 6 años
REDACCIÓN | SANTIAGO La Opinión 25 Mayo 2010

La participación de los padres de Galicia para determinar el idioma en el que estudian sus hijos se limitará el próximo curso a Educación Infantil. La Xunta ha aplazado la consulta en Primaria y Secundaria pero la mantiene para la etapa educativa comprendida entre los tres y los seis años. En los sobres de matrícula que deberán rellenar los padres en el mes de junio deberán responder a la pregunta de cúal es la lengua materna de sus hijos. En base a esta información, el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, explicó ayer que será la Xunta la que determine "cual es el idioma predominante" .

Mientras que en Primaria y Secundaria el nuevo decreto del plurilingüismo fija un equilibro entre gallego y castellano del 50%, para la etapa de Infantil no se establecen porcentajes. Según la normativa aprobada la semana pasada por la Xunta, los niños aprenderán a leer y escribir en su idioma materno y se les introducirá en el conocimiento de la otra lengua oficial.

Con el bipartito eran los claustros de profesores los que decidían cual era el idioma predominante. Sin embargo, con el nuevo decreto, la Xunta realizará una consulta a los padres para preguntarles por la lengua de sus hijos.

El conselleiro Jesús Vázquez rechazó que la consulta en Educación Primaria y Secundaria fuese anticonstitucional, pero sí reconoció que existía "un vacío legal". Por esa razón, la Administración gallega promoverá una ley para regular la participación de los padres en la educación.

En Infantil, sin embargo, no se les preguntará a los padres directamente en qué idioma quieren que se impartan las asignaturas, sino por la lengua materna de sus hijos y, en base a eso, la Xunta determinará el idioma predominante del aula. Esta consulta, según el conselleiro de Vázquez, sí entra dentro de la legalidad ya que existen sentencias en Galicia y el Tribunal Supremo que la que avalan.

Además, el conselleiro garantiza que se introducirá la segunda lengua oficial y ve "imposible" que se finalice la etapa de Infantil sin conocer los dos idiomas.

El PSOE insiste, sin embargo, en reclamar a la Xunta que retire el decreto como condición para sumarse al pacto lingüístico ofrecido por Alberto Núñez Feijóo. "No tiene mucho sentido plantear un acuerdo y dejar fuera esta normativa", defiende el socialista Xaquín Fernández Leiceaga. La respuesta de los populares fue tajante: "El acuerdo no tiene mucho futuro si la condición es que se retire un decreto aprobado por el Consello de la Xunta", defienden.

Convivencia en las aulas
Por otra parte, el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, anunció ayer que la ley que prepara la Xunta para consultar a las familias sobre asuntos relacionados con la educación "será mucho más amplia e irá mucho más allá del ámbito lingüístico", de forma que también regulará aspectos de convivencia en los centros. Igualmente, avanzó que la norma recogerá la "dignificación" de la función docente, ante lo que destacó la necesidad de reconocer la labor "100% de entrega al alumnado" que realizan a diario.
inoculación de la lengua regional a los niños con lengua materna española.

Todo tiene fin
EDUARDO URIARTE. El País. 25 Mayo 2010

Las obras acabadas en el edificio de la Alhóndiga en Bilbao después de más de 20 años de proyectos e ilusiones inalcanzadas, como el cubo de Gorordo, demuestran a todo pobre ser mortal que todo tiene fin. Es igual que el saneamiento de la Ría, en el que sólo unos cuantos creían. Recordando el color que exhibía y el olor que emanaba, sorprende ver hoy la estampa de pescadores en sus riberas lanzando los sedales sobre sus aguas.

Todo tiene fin, y ETA, a la que muchos declaraban invencible ante la acción policial, también. Hoy está en sus estertores de muerte al poco de que se emprendiera y mantuviera una política para acabar con ella, después de tantos años buscando, unas veces unos y otras veces otros, acercarla al sistema, esperando, los más aguzados, condicionarlo con su presencia. Curiosamente, este fin se produce cuando no hace tanto tiempo que fracasó la negociación que más lejos llegó, cuando la izquierda española nunca fue tan compresiva con ETA y su mundo, pero a poco que se tome en serio acabar la función, la función, verdaderamente, se acaba.

Estas prisas, recabando firmas, yendo de aquí para allá el mediador Currin, intentándonos hacer creer que la conversión del mundo de Batasuna a un civismo alejado del terrorismo es cierto -como el cuento del pastor, pero al revés, gritando que viene la oveja en vez del lobo-, estas premuras para llegar a un arreglo político antes de que se oiga el chispún, es porque su mediación de parte, de parte del nacionalismo, quiere salvar los muebles antes del fin.

Se usará mucho ahora la palabra repudio. El mundo de Batasuna repudia la violencia de ETA, que es como si una pareja dejara de avenirse, se alejaran, pero sin elevar crítica política alguna, y menos, condena de lo que ha supuesto ETA. Lo que intenta el nacionalismo sin usar la palabra condena, solo repudiando, rechazándola éticamente los más osados, como hacen los del PNV, es que ETA salve su necesidad histórica, pues forma parte sustancial del conflicto entre Euskadi y España, y que salve, para mantenerlo en el futuro, su proyecto político radical, la autodeterminación y la territorialidad. Por eso intentarán convencernos de que el repudio es suficiente, cuando de lo que se trata es de condenar a ETA, tanto su existencia como su proyecto político hermano siamés del terrorismo. Y todo esto se está haciendo deprisa antes de que ETA desaparezca.

Lo que no sabe Currin, pues es sudafricano, es de la idiosincrasia de lo hispánico, y ETA es como los Tercios de Flandes. Porque cuando con toda su caballerosidad las tropas francesas en la batalla de Rocroi les ofrecieron una negociación para una rendición digna los Tercios dijeron que no se rendían; al fin y al cabo se sabían ya muertos y apenas alguno se sostenía en pie. Lo mismo está pasando; la prisa viene por eso, hay que salvar los muebles, la historia y el proyecto político de ETA, pero ya no vale, pues la vemos en el último estertor que ella sola se buscó.

Traducir a Montilla en el Senado cuesta 163 euros por minuto
Pablo Romero La Razón 25 Mayo 2010

Para el presidente de la Generalitat, José Montilla, las lenguas «no tienen precio». Para los españoles, sin embargo, sí, y no precisamente una cifra módica.

La friolera de 6.520 euros es lo que tendrá que desembolsar el Senado por la comparecencia de Montilla ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas, debido a que fueron necesarios siete intérpretes en las cuatro lenguas cooficiales.

El Senado ya pagó 6.500 euros por la traducción a las cuatro lenguas en la reunión que esta misma Comisión celebró el 23 de octubre de 2008. En esta ocasión, la «tarifa» se ha encarecido. Los 40 minutos utilizados por el presidente de la Generalitat en su intervención suponen que, cada minuto que Montilla habló, costó163 euros a cargo del Senado. Y eso sin contar que, debido a un tema tan concreto como la renovación del TC y teniendo en cuenta el amplio número de intervenciones, no disponía de límite de tiempo.

En su comparecencia, Montilla hizo uso del gallego, el euskera y el catalán como muestra de la diversidad lingüística de España y recalcó que todavía hoy se está lejos de asumir la «pluralidad de las lenguas».

El presidente de la Generalitat censuró que se emitan «juicios peyorativos» sobre el catalán e hizo hincapié en que la defensa de las lenguas oficiales es «una responsabilidad». Por su parte, los ciudadanos se muestran en desacuerdo con contratar traductores en el Senado. Según una encuesta de Antena 3, un 95% de los encuestados lo considera «un exceso».

95% EN CONTRA. Nueve de cada diez españoles consideran «un exceso» contratar traductores para las intervenciones de los presidentes autonómicos

Círculo Balear denuncia que Antich subvencione diarios independentistas
Ponen de ejemplo al recién constituido diario 'La Veu de Mallorca'
Álvaro Rubio www.lavozlibre.com 25 Mayo 2010

Palma.- El Gobierno balear que preside el socialista Francesc Antich sigue financiando con dinero público diarios digitales independentistas, una medida que desde Círculo Balear critican y consideran "contraria al sistema democrático".

Ponen de ejemplo al recién constituido ‘La Veu de Mallorca’, que cuenta con versión digital www.laveudemallorca.cat y papel.

Desde la asociación que preside Jorge Campos denuncian que el Ejecutivo balear subvencione con el dinero de los ciudadanos, diarios como 'La veu de Mallorca', que "establece marcos políticos anticonstitucionales como ‘Paises Catalanes'", y que recoge opiniones como que "Mallorca está explotada por el Estado español".

Este diario ha sido respaldado públicamente por la financiada organización Obra Cultural Balear (OCB), y también por cargos políticos que forman parte del Gobierno de la comunidad autónoma, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Palma.

Por todo ello, Círculo Balear denuncia que "los recortes presupuestarios afectan a todas las áreas menos al catalanismo", pues considera que este sector"subsiste en Baleares gracias a la subvención pública, que intenta acabar con el sistema democrático", concluye Jorge Campos.


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