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Recortes de Prensa    Viernes 28  Mayo  2010

 

La responsabilidad de los partidos políticos
Juan Díez Nicolás* El Confidencial  28 Mayo 2010

Que España se enfrenta a una situación realmente grave parece que ya no lo discute nadie. Se han perdido varios años en discutir si se trataba de “galgos o podencos”, y al final se acumulan y multiplican los problemas. Hay numerosos diagnósticos sobre lo que nos pasa y explicaciones de por qué nos pasa, pero las propuestas de acción son escasas. Así que, para que sirva de precedente a otros, en estas breves líneas se sugieren propuestas de acción concretas con la esperanza de que alguna se estime acertada y se lleve a la práctica.

La tesis que se propone es que el diagnóstico de la situación y la explicación de cómo hemos llegado a ella requieren una reforma en profundidad de nuestro sistema de partidos políticos. Vaya por delante -y para que no haya la más mínima duda- que los partidos políticos son no solo necesarios, sino imprescindibles, para que exista un régimen auténticamente democrático. De acuerdo con la escolástica clásica, los partidos son una causa necesaria, pero no suficiente, para que exista una auténtica democracia. Por lo tanto, que nadie lea a continuación una crítica a los partidos políticos, sino a nuestro peculiar sistema de partidos, puesto que están en el centro de los problemas más importantes que España tiene en estos momentos.

Existe un clamor popular pidiendo un cambio en la ley electoral, una ley que se hizo para la transición y que hoy ya no cumple su función. Pero, ¿quién puede hacer la reforma? Los partidos políticos mayoritarios. Tanto el PP como el PSOE han tenido mayorías absolutas como para al menos intentarlo, pero no lo han hecho, y a los partidos nacionalistas tampoco les interesa. Ni el voto en blanco ni el voto nulo ni la abstención pueden servir para forzarles a cambiar la ley electoral. Por tanto, la única acción posible es votar a cualquier partido que se comprometa inequívocamente a cambiar la ley electoral si gana las elecciones. Iniciemos una campaña desde la sociedad civil para pedir el voto para el partido que adquiera ese compromiso.

Organización territorial
Un segundo problema cada vez más grave y enquistado es el de la creciente voracidad de las Comunidades Autónomas. Una vez más, hay un acuerdo general en que el sistema autonómico, que ha sido en general muy positivo en cuanto a la descentralización, se ha desbordado y está creando graves problemas de desigualdad entre españoles. Por ello es necesario llevar a cabo una ordenación territorial en la que queden muy claras las competencias del Estado central y las de las Comunidades Autónomas.

¿Quién puede hacer esa organización territorial? Los partidos políticos mayoritarios, pero ni la hacen ni la harán mientras no se les presione desde la sociedad civil. Los partidos nacionales mayoritarios son los que gobiernan en las Comunidades Autónomas, pero en general se han ido a su vez haciéndose más y más nacionalistas, de manera que los propios partidos nacionales comienzan a darse cuenta de que su poder es contestado desde dentro, y para mantenerse en el poder están aceptando exigencias nacionalistas desde sus propias sucursales autonómicas. Y la forma de presionarles no es ni con el voto en blanco, ni con el voto nulo ni con la abstención, sino votando a cualquier partido que ponga orden en el estado autonómico.

Empleados públicos no-funcionarios
Vinculado a los dos problemas anteriores estamos presenciando la progresiva sustitución de los funcionarios del Estado -la burocracia que permitió la consolidación del Estado moderno- por los funcionarios de partido. El total de empleados públicos en España era de 2.556.116 en 2009, de los cuales solo 583.447 (un 22,8%) pertenecían a la Administración Pública Estatal, mientras que el resto correspondía a las Comunidades Autónomas y a los entes locales (Diputaciones y Ayuntamientos). De los 583.447 empleados de la APE, solo 239.865 (un 41,1%) pertenecían a la Administración General del Estado (AGE), pues el resto son los integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Administración de Justicia y los Entes Públicos Empresariales. Y de los 239.865 empleados públicos pertenecientes a la AGE solo 168.197 son funcionarios en sentido estricto, es decir, han ganado unas oposiciones públicas, y el resto son interinos, eventuales, contratados.

En las Comunidades Autónomas, la proporción de estos empleados públicos no-funcionarios es muy superior a la de la AGE, y además gran parte de sus funcionarios de carrera han sido primero nombrados a dedo y luego han consolidado su puesto como funcionarios a través de oposiciones y concursos restringidos. En otras palabras, la burocracia estatal de gran calidad (desde los altos cuerpos hasta los auxiliares-administrativos) que se formó en las décadas de los años 50, 60 y 70, que contribuyó a una enorme racionalización de la administración pública española, está siendo sustituida por toda una pléyade de asesores y personas de confianza que nombran los partidos políticos. Una vez más, los ciudadanos tienen que tomar la responsabilidad, a través de su voto, de impedir que continúe la sustitución de los funcionarios que sirven al Estado por empleados públicos nombrados a dedo que sirven a los intereses del partido que les nombró. Los partidos políticos, por supuesto, no lo harán.

Consecuencia de lo anterior es la corrupción generalizada en las administraciones públicas, especialmente en los entes locales, algo menos en las Comunidades Autónomas y bastante menos en la Administración Pública Estatal. No se necesitan cifras. Basta ver el número de empleados públicos y cargos políticos locales y autonómicos que tienen causas pendientes con los Tribunales de Justicia. Los partidos políticos, en lugar de ayudar a perseguirlos, generalmente los defienden hasta que no tienen más remedio que aceptar las decisiones de los tribunales. Los ciudadanos tenemos una vez más la obligación de regenerar la vida política.

Epicentro de los problemas
No hay espacio para continuar con otros ejemplos no menos importantes relativos a las consecuencias negativas de la intromisión de los partidos políticos españoles en la sociedad civil. Solo a titulo de ejemplo mencionemos las consecuencias negativas que para la Justicia tiene su intromisión en el nombramiento de jueces para los más altos tribunales, su intromisión en las Cajas de Ahorro, gran número de las cuales tienen graves problemas de déficit por mala gestión desde que representantes políticos y sindicales forman parte de sus consejos de administración (por cierto cada vez más numerosos y mejor retribuidos), su intromisión en los órganos rectores de las Universidades, en los nombramientos en las empresas públicas y fundaciones públicas (que se libran de muchos controles estatales que sí tienen los organismos de las administraciones públicas), e incluso sus crecientes esfuerzos por intervenir en el nombramiento de ejecutivos en las grandes empresas españolas.

Los partidos políticos que tenemos en España están en el epicentro de los grandes problemas económicos, políticos y sociales actuales, pero no parece que podamos esperar que los partidos recorten o renuncien a sus excesivos poderes, no podemos esperar que se hagan el harakiri como otros hicieron en otros tiempos. Si hay que reducir el déficit, con independencia de otros sacrificios que se están pidiendo a la población española, hay que exigir a los partidos políticos que renuncien a muchos de los poderes que han ido acumulando para regenerar nuestro sistema democrático.

Votemos y pidamos el voto para cualquier partido que se comprometa a cambiar la ley electoral eliminando las listas cerradas y cumpliendo con el requisito constitucional de que los representantes no estén sujetos a mandato imperativo alguno, que se comprometa a racionalizar la organización del Estado garantizando que todos los españoles sean realmente iguales ante la ley sea cual sea el territorio en el que residan, que se comprometa a privatizar todas las televisiones públicas (todas con grandes déficits), que se comprometa a reducir el número de empleados públicos no-funcionarios, que se comprometa a perseguir a los corruptos de su partido, que se comprometa a eliminar todos los privilegios que muchos cargos públicos y de partido tienen ahora (coche oficial, teléfono móvil, tarjeta de crédito, etc.), que se comprometa a reducir las subvenciones públicas a partidos políticos y sindicatos, que se comprometa en definitiva a una auténtica regeneración de la política española, favoreciendo la división de poderes y reduciendo a los partidos políticos a lo que es su función específica, la de representar a los españoles en los órganos legislativos y en la cúpula de los órganos ejecutivos, dejando a la sociedad civil su ámbito de actuación.

Por inercia, los partidos políticos actuales no van a realizar esta regeneración si la población no actúa exigiéndoselo o votando a nuevos partidos que se comprometan a hacerlo.

*Juan Díez Nicolás es Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense y Miembro del Foro de la Sociedad Civil.

Un gobierno ilegítimo
CARLOS RUIZ MIGUEL ABC Galicia.  28 Mayo 2010

Legalidad no es lo mismo que legitimidad. En el pensamiento político clásico se consideraba que todo gobierno no sólo debía acceder y permanecer en el poder mediante procedimientos legales, sino que además era exigible que concurrieran otros requisitos. Pongamos un ejemplo: el engaño, la mentira o la manifiesta incompetencia para gestionar el bien común no están legalmente tipificadas como circunstancias que permitan ilegalizar a un gobierno. Pero el hecho de que el engaño, la mentira o el daño irresponsable al bien común no sean legalmente inadmisibles, ¿debe significar que sean políticamente admisibles?

Dos tipos de legitimidad se consideran en el pensamiento político clásico: la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Rodríguez Zapatero no tiene ni una ni otra.

Rodríguez Zapatero carece de legitimidad de origen porque mintió para acceder al poder en el año 2008. En una entrevista concedida al diario «Público» el 19 de octubre de 2008, después de las elecciones, afirmó textualmente: «Llevamos un año largo de crisis financiera, que ha tenido su momento más agudo en los dos últimos meses, y creo que ahora el sistema financiero empieza a recuperarse».

La cuestión es: ¿mintió Zapatero para ganar las elecciones del 9 de marzo de 2008?, ¿sabía Rodríguez que «llevamos un año largo de crisis» (desde octubre de 2007, por tanto) y lo ocultó al electorado?, ¿o no lo sabía y resulta que ahora se dio cuenta después de que la crisis empezó en octubre de 2007?

Si cualquiera de las dos hipótesis fuera cierta, la victoria electoral seguiría siendo igualmente legal. Ningún mecanismo existe en nuestro ordenamiento jurídico para anular por este motivo la victoria del PSOE.Pero la victoria, aun siendo legal, quedaba viciada de ilegitimidad de origen.

Si Zapatero no sabía antes de las elecciones que había crisis, debiéramos alarmarnos al pensar cómo es posible que el gobierno no viera un hecho de esta magnitud.

¿Para qué le han servido los 600 asesores de la Moncloa? Pero si Zapatero lo sabía... nos encontraríamos que el gobierno ocultó la realidad para vencer las elecciones. ¿Una victoria legal, pero... ya no legítima?

Pero el problema es que Rodríguez Zapatero también carece de legitimidad de ejercicio porque ha conducido a España a la ruina. Como bien ha dicho Gabriel Albiac en estas páginas, nuestra situación ya no es de «crisis», sino de «ruina».

Cuando Aznar llegó al poder en el año 1996, se fijó como una de sus prioridades la reducción del déficit público. Con la ayuda del profesor Barea, lo logró y España enfiló unos años de prosperidad. Rodríguez Zapatero, quizás porque Aznar redujo el déficit se ha propuesto hacer lo contrario. Y para ello ha dilapidado de forma escandalosa el dinero del Estado. Después de las elecciones de 2008, el gobierno aprobó en diciembre de 2008 una ley de presupuestos para 2009 previendo un déficit del 1,5% del PIB. Apenas tres semanas después el gobierno anunciaba que el déficit estimado para 2009 iba a ser del 6,5% del PIB. Para el año 2010, el gobierno aprobó unos presupuestos que contemplaban un déficit equivalente al 11% del PIB? La ruina.

¿Debemos pagar los ciudadanos los engaños y la incompetencia de Zapatero? Este presidente ilegítimo debe dimitir.

Los fenicios derrotan a España
Editorial www.gaceta.es  28 Mayo 2010

La votación del decretazo en el Congreso muestra hasta qué punto España está hipotecada por las minorías nacionalistas.

La votación del decretazo en el Congreso muestra hasta qué punto España está hipotecada por las minorías nacionalistas. Como LA GACETA titula en portada, CiU condena a España a más Zapatero. Duran i Lleida ha esgrimido su interesado doble juego al sentenciar al presidente (“Su etapa está finiquitada”) y hacer un duro alegato contra las medidas, por un lado; y al regalarle, por otro, el balón de oxígeno de su abstención, lo que permitió que el ajuste fuera aprobado por un solo voto. Primero mató a Zapatero y acto seguido lo resucitó. Lo malo es que quien carga con el zombi somos los españoles.

No puede ser más incoherente la postura de quien acaba de salvar la cara al presidente más nefasto de la democracia española, denostado hasta por sus barones aunque sea con circunloquios (“que Zapatero sea malo no hace bueno al PP” llegó a decir Griñán). Duran i Lleida acierta en su diagnóstico al tildar el decretazo de injusto e ineficiente; y al subrayar que el problema no son “los pensionistas y los funcionarios” sino “usted y su Gobierno”. Un discurso coincidente con el de Rajoy, que basó su argumentación para rechazar el decretazo en su carácter injusto (“¿qué clase de decreto es éste que deposita en los más débiles el despilfarro de Zapatero?”) y también en las mentiras del Ejecutivo (“¿cómo era aquello de que España no se merece un Gobierno que no nos mienta?). Pero la razón más concluyente de Duran i Leida y Rajoy se refiere al autor del tijeretazo (“El presidente se ha convertido en el principal problema de la economía española”). ¿Por qué entonces, Duran i Lleida se abstiene en lugar de oponerse como hizo Rajoy? Partidismo puro y duro.

A CiU no le convenía que un revés de Zapatero en el hemiciclo implicara un adelanto electoral que puede perjudicarle en los comicios de otoño en Cataluña. Cualquier acercamiento al PP implica un coste electoral para CiU en su propio feudo, donde se juega la reconquista de la Generalitat frente al PSC.

Eso lleva al Jekyll y Hyde convergente a la incongruencia de pedir elecciones generales... pero no ahora, sino después de la reforma laboral. Es decir, no antes de los comicios catalanes. Aclárese... o el cadáver viviente del presidente hace un adelanto electoral y coge la puerta... o se queda, pero no cabe la fórmula intermedia. Alegar que sería contraproducente “quedarnos sin Gobierno en plena crisis” suena a chiste malo, porque resulta excesivo llamar Gobierno a quienes pilotan entre bandazos y sin brújula el barco nacional.

Devolver a los toriles el tijeretazo hubiera sido un escándalo con un eco imaginable en las instituciones europeas, pero no lo es menos que Duran i Lleida hubiera tenido un comportamiento muy diferente si no estuvieran de por medio las elecciones catalanas. Aparte de que este tijeretazo no es sino un pálido reflejo de la cirugía de hierro que la UE y el FMI exigen al Gobierno de Zapatero para que frene el batacazo de la economía nacional y no contamine al resto de Europa.

La sesión en el Congreso sirvió para escenificar aún más el aprecio que determinadas formaciones tienen por el interés general. PSOE o CiU se conducen con unos niveles de autismo tanto más delirantes cuanto más grave es la situación en la que objetivamente se encuentra la economía nacional. Lo que constituyó una victoria pírrica para el PSOE, con matices de harakiri político, resultó ser una ganancia fenicia para CiU... y una derrota para España.

Deuda municipal
ZP rectifica un acierto
Guillermo Dupuy Libertad Digital  28 Mayo 2010

La burda mentira de la ministra Salgado al presentar como error tipográfico del BOE lo que ha sido una rectificación del Gobierno a su propia decisión de prohibir desde ya a los ayuntamientos acrecentar su endeudamiento, ha dejado en un segundo plano la cuestión de fondo de si las corporaciones locales, cuyo endeudamiento a finales de 2009 ya superaban los 34.500 millones de euros, deben o no contribuir desde ya al ajuste de nuestras cuentas públicas.

Incluso desde los lugares más insospechados, hay quienes han criticado el proyecto inicial del Gobierno como si se tratara con él de estrangular a las corporaciones locales, de impedir que puedan pagar a sus funcionarios o de castigar a los contratistas que tardarían aun más en cobrar lo que los consistorios les deben. También se ha denigrado esta abortada prohibición alegando que era "injusta" pues afectaba por igual a todos los consistorios, con total independencia de su nivel actual de endeudamiento.

A pesar de su aparente razonabilidad, todas estas objeciones me parecen tan infundadas como las que proponen que nadie se meta en el agua hasta que haya aprendido a nadar.

Si el Gobierno ha de esperar a que haya un consenso con los ayuntamientos para que éstos se ajusten a su realidad, la prohibición del endeudamiento nunca se hubiera llevado a cabo. Es más, si el Ejecutivo de ZP desde un primer momento, y no como rectificación, hubiera anunciado la entrada en vigor de esta prohibición con suficiente antelación, esta hubiera sido aprovechada por los consistorios, no para hacer un ajuste más progresivo a la realidad de sus ingresos, sino para adelantar las solicitudes de créditos, tal y como ya han empezado a hacer en estos días no pocos ayuntamientos. Ese tiempo de antelación también hubiera sido utilizada por los ayuntamientos, como de hecho también ya lo están utilizando, para coordinarse con mayor fortaleza contra la entrada en vigor a esa medida que viene a poner fin a la borrachera en la que viven.

Todos deberíamos ser conscientes del despilfarro de los ayuntamientos como para no creernos la cantinela de que los créditos sirven para pagar las nóminas de los funcionarios, circunstancia que, de ser cierta, aun haría más irresponsable a unos consistorios que acuden al endeudamiento, no para llevar a cabo inversión, sino para pagar gasto corrientes. ¿Se imaginan a un ciudadano de a pie, acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades, que ante la negativa de un banco a facilitarle un mayor endeudamiento le dijera que pretende estrangularle, que pretende que no pueda pagar la nómina a sus empleados del hogar, que pretende que retrase aun más los pagos al carnicero, al panadero, al que le vendió el coche o al que le organizó el viaje de verano?

Hay una diferencia esencial, además, entre el endeudamiento de un individuo y el de una administración pública que nos debería ser mucho menos condescendientes con estas últimas. Y es que mientras que en el primer caso el individuo que se endeuda compromete sus propios ingresos, en el caso de un gobierno municipal que se endeuda no sólo compromete los ingresos de los ciudadanos sino también la capacidad recaudatoria de legislaturas y gobiernos venideros. Es por ello por lo que tampoco cabe calificar de "injusta" esa frustrada prohibición de incrementar aun más el endeudamiento municipal por el hecho de que afectaba a todos los municipios con independencia de su actual nivel de endeudamiento. No cuestionamos la prohibición para todos de meter la mano en el bolsillo del prójimo en función de si es para sustraerle 5 o 500 euros.

Podemos criticar –eso sí– a un Gobierno que ha permitido a los ayuntamientos endeudarse hasta las cejas y que encima les ha dado miles y miles de millones de euros adicionales en absurdos planes E. También lo podemos criticar porque no ponga coto también a las comunidades autónomas que, junto a las corporaciones locales, son responsables del 50% del gasto público, y cuyo endeudamiento ya superaban a finales de 2009 la friolera de los 84.000 millones de euros. Pero criticarlo por haber querido poner inmediato término a una nueva ingesta de alcohol sólo hará que la resaca, al posponerla, sea mayor. Eso, o algo peor como es que los ayuntamientos sigan instalados indefinidamente en la borrachera mientras los ciudadanos son los únicos que pagan las huidas de la realidad.

Un Gobierno en prórroga
Editorial ABC  28 Mayo 2010

UN solo voto de diferencia ha permitido a Rodríguez Zapatero salvar la legislatura, pero sólo por el momento y con un coste personal y político inasumible. La votación del «decretazo» ha hecho que dé la cara su falta de apoyos parlamentarios y sólo la alambicada abstención de Convergencia i Unió permitió que el Ejecutivo no diera ayer por cerrado, formalmente, el mandato. Sí está cerrado políticamente, porque, como afirmó Mariano Rajoy, el real decreto-ley que ayer convalidó el grupo socialista sólo con sus votos es un desmantelamiento de la política de Rodríguez Zapatero desde 2004. Ganar por un voto refleja la espantada de los antiguos socios de izquierda y nacionalistas, es el ocaso de aquella capacidad seductora en la que tanto confió Zapatero para construir un muro de aislamiento frente al PP y es la prueba de que no hay Gobierno con entidad suficiente para dirigir España.

El voto negativo del Partido Popular era la opción más coherente, no sin riesgos de incomprensión, dentro y fuera de nuestro país. Pero Rajoy ha sido consciente de que el recorte social era un límite infranqueable para un partido que consolidó por ley el sistema de pensiones y sus revalorizaciones. Para la Historia queda que el único partido que ha mermado las pensiones en España ha sido el PSOE. El eslogan de que la derecha es antisocial se arruinó ayer en el Congreso de los Diputados. Rajoy hizo bien en pensar más en los españoles que en Merkel o Sarkozy, aunque es muy probable que estas medidas acaben defraudando también a los socios europeos, quienes pedían recortes del déficit, no que se asaltara a los pensionistas.

Convergencia i Unió asumió ayer una grave responsabilidad. Abstenerse era cooperar con un recorte social injusto e ineficaz para la reducción del déficit. Pocos dudan de que agravará el desempleo y reducirá el consumo, lo que hará inviable un aumento significativo de la recaudación. Duran i Lleida hizo un discurso correcto y patriarcal, pero incongruente en su planteamiento, porque, si a su juicio tan negativas son las medidas aprobadas, no se entiende que facilitara su convalidación. El electorado de CiU, formado principalmente por clases medias, sabe bien la incongruencia cometida por la coalición nacionalista. Pensar que Zapatero interiorizará la reflexión que le propuso Duran i Lleida, quien le advirtió de que esta legislatura no pasa del 31 de diciembre, es ignorar el estado de supervivencia en que se encuentra el Gobierno socialista, para el que la victoria pírrica de ayer es un poco de oxígeno para unos días. No aspira más que a ganar tiempo, aunque sea una prórroga.

CiU salva a ZP
José Antonio VERA La Razón  28 Mayo 2010

A los dirigentes del partido de Pujol les hemos oído en los últimos tiempos diferentes discursos contra Zapatero, atribuyéndole la responsabilidad de la actual situación de España. No les faltaba razón en sus críticas, y así ha sido reflejado en las encuestas. El problema es que, al final, ha sido CIU quien ha salvado a ZP de una derrota parlamentaria que le habría obligado a convocar elecciones anticipadas. Una pena porque el país no puede continuar como está. Por eso ayer era importante votar «no» a las medidas urgentes que el presidente llevó a la Cámara, empujado por la UE. No sólo porque se trate de medidas injustas, sino sobre todo porque se han adoptado sin pensar, deprisa y corriendo, sin consultarlas con nadie, sin sopesarlas apenas. ¿Por qué no se debatieron en la famosa comisión Zurbano, que tenía que dirimir precisamente las soluciones a la crisis y los planes a aprobar para contener el gasto público y generar confianza? En Zurbano se perdió el tiempo y el dinero sin que las conclusiones de aquella comisión hayan servido para nada. A las pocas semanas ha habido que tomar unas medidas que poco tienen que ver con lo que predicaba el PSOE, con el mismo estilo desordenado de siempre, rompiendo consensos tan elementales como el logrado con relación a las pensiones.

Por eso se entiende perfectamente que el PP defendiera ayer el «no». Porque los populares nunca hablaron de congelar las pensiones ni de bajarle el cinco por ciento el sueldo a los funcionarios. Hablaron todo el tiempo de recortar el déficit público pero con un plan global que abarcara a todas las administraciones y pusiera el acento en lo que sobra de verdad: empresas públicas innecesarias, televisiones autonómicas deficitarias, subvenciones, sueldos exagerados, exceso de ministerios y organismos públicos, pesebres culturales, subsidios, asesores, embajadas autonómicas, derroche en la Sanidad, etcétera. Se trata de hacer un plan en el que, lógicamente, habría que pedir a los funcionarios el mismo esfuerzo que al resto de la sociedad. Pero no sólo a ellos. Compensar el recorte con el denominado «impuesto de los ricos» tampoco se sostiene, pues los «ricos» tienen perfectamente organizado su patrimonio a través de un laberinto de sociedades que difícilmente va a poder controlar Hacienda. El «impuesto de los ricos» será un impuesto que recaerá otra vez sobre las clases medias.

Zapatero se salvó ayer gracias a la abstención de CIU. Estuvo hábil y brillante Duran Lleida diciéndole al presidente del Gobierno que no le queda más salida que la dimisión y la convocatoria de elecciones. Algo que acabará ocurriendo seguro más tarde o más temprano. Pero que siga la actual política será desde ahora responsabilidad de CiU, y no debería quejarse el partido de Artur Mas en exceso de que Zapatero se siga equivocando. Porque medidas como las que aprobó el Gobierno in extremis son ciertamente necesarias. Pero la realidad es que servirán de poco con un Ejecutivo empeñado en gobernar a golpe de bandazo y rectificación. El problema del país es sobre todo de confianza. Y CiU, con su abstención salvadora, no contribuye a cambiar el escenario. La desconfianza la genera Zapatero. Convergencia ha optado por mantenerlo en el poder.

La rentabilidad de la demagogia violenta
Pío Moa Libertad Digital  28 Mayo 2010

En Época

Recuerdo una reunión de personas relacionadas con la política, algo antes o después de las elecciones del 11-m (marcadas, quiero decir, por aquella matanza aún no aclarada), en la que Redondo Terreros opinó que la dinámica de manifestaciones violentas y expresiones guerracivilistas emprendida por el PSOE zapateril (los sucesivos “chapapotes”), perjudicaba a su partido, porque la mayoría de los votantes socialistas era moderada y le disgustaban aquellos excesos. La demagogia socialista reforzó pronto con el “diálogo” con los asesinos etarras, que resultó en la mayor colaboración que dicha banda armada haya obtenido en toda su historia, con haber disfrutado de unas colaboraciones escandalosas, dentro y fuera de España. Así, un gobierno delincuente confirmaba y premiaba el asesinato como un modo de hacer política, y desmentía el aserto de que los presos etarras no eran políticos: los convertía en políticos y además privilegiados, puesto que negociaba políticamente con ellos asuntos del máximo nivel. Esta actividad delictiva de Rodríguez y su camarilla debiera haberlos desahuciado ante la opinión pública e incluso mandado a la cárcel.

Pero la experiencia ha demostrado lo contrario de lo que pensaba Redondo: las fechorías, insolencias y provocaciones del gobierno le han resultado en extremo rentables. Podríamos concluir de ahí que la sociedad española se está radicalizando de nuevo, tras haber salido del franquismo con un espíritu tan moderado y reconciliado, para sorpresa de tantos desinformados. Aquella moderación y olvido muy mayoritario de los viejos rencores que habían arruinado la república, permitió una transición sin muchos traumas, pese a la mediocridad de los políticos y a los golpes del terrorismo. Hoy, aquel ambiente ha sido sustituido por un antifranquismo de pacotilla, pero no por ello menos amenazante: acabamos de verlo y seguimos viéndolo en la garzonada, por ejemplo. Se dirá que la radicalización solo ocurre entre minorías, pero son siempre minorías las que toman la iniciativa y terminan arrastrando a los demás. Nada más lejos de la realidad que entender hoy a la mayoría de la sociedad española como moderada políticamente a partir de una información seria: no es lo mismo moderación que aturdimiento, indiferencia o chabacanería.

La sociedad está hoy mayoritariamente estragada por una información y argumentarios englobables en el término “basura”. Ha ido acostumbrándose a creer que lo único importante es tener bien lleno el buche y “divertirse” en el espíritu de un hedonismo pedestre; solo que cuando la crisis empieza a fastidiar tanta diversión, la mayoría puede ser arrastrada con más facilidad a radicalismos menos superados de lo esperado, o a una progresiva descomposición política y moral.

Una razón fundamental de esas tendencias consiste en la destrucción de la historia. La izquierda y los separatismos, que después de Franco aspiraban a la ruptura, tuvieron que resignarse a una reforma cuyo concepto fundador era la legitimidad del franquismo –de él vino realmente la democracia--, y no la del Frente Popular. Pero a continuación la derecha renunció a sus orígenes y dejó a la izquierda llevar a cabo una labor de zapa contra aquella legitimidad, labor culminada en la Ley (destructora) de la memoria histórica, que, al falsear el pasado y pretender deslegitimar al franquismo, deslegitima implícitamente la democracia y la monarquía.

Manuel Machado escribió durante la guerra civil un soneto advirtiendo contra quienes pretenden anular la historia y crear de pronto un mundo nuevo, como los revolucionarios de entonces. Hoy, curiosamente, es la derecha quien no quiere saber del pasado, mientras la izquierda, más modestamente, se remite a él, falsificándolo. Las dos posturas provocan inestabilidad política, cultural e ideológica. Y hacen rentables las demagogias violentas.

El dilema catalanista
MIQUEL PORTA PERALES ABC  28 Mayo 2010

LA semana pasada, un grupo de articulistas publicaron una suerte de manifiesto titulado «El dilema espanyol». El escrito resulta interesante, porque tiene la virtud de plantear, no el dilema español, sino el catalanista. Vayamos al texto. Sostienen los firmantes que el «derecho colectivo al autogobierno de Cataluña presenta unas profundas e inequívocas raíces históricas que lo hacen un caso especial en la política comparada de las realidades nacionales de todo el mundo». Continúan: «la voluntad de preservar el autogobierno fue uno de los vectores de la historia medieval y moderna de Cataluña, que incluye innumerables guerras con Francia y dos guerras contra la monarquía hispánica». Primera apostilla: el catalanismo debe entender, de una vez por todas, que estamos en el siglo XXI. Esto es: debe entender que el mantra de los «derechos históricos de Cataluña» -ese trasnochado «caso especial» de los firmantes: ¡vaya obsesión la de una Cataluña siempre especial en todo!- casa mal con el Estado de derecho. En una democracia, los derechos emanan de la Constitución. Y si, históricamente hablando, existe el dichoso «caso especial», el asunto es cosa de historiadores y arqueólogos políticos. Segunda apostilla: ¿a qué viene que nos adviertan de «las guerras con Francia» y «contra la monarquía hispánica» que acaecieron años ha en defensa del denominado «derecho colectivo» al autogobierno de Cataluña?

Señalan los firmantes que una sentencia restrictiva del Estatuto podría traducirse en «el fracaso de España como un proyecto político compartido y como una democracia de calidad capaz de acomodar su diversidad nacional interna». Dejando a un lado el nulo entusiasmo que los firmantes manifiestan por el «proyecto político compartido» con España, dejando a un lado por falta de espacio la cuestión de la «diversidad nacional interna» española, hay que recordar que en «una democracia de calidad» las sentencias de los tribunales se acatan. Por supuesto que se pueden criticar, pero se cumplen y se hacen cumplir. Y no vale aducir -como hacen los firmantes- que una sentencia restrictiva del Tribunal Constitucional implica el peligro de «cerrar judicialmente un contencioso que sólo se puede abordar, gestionar y resolver en términos políticos y con vocación de futuro». ¿De qué contencioso estarán hablando? Tomen nota: no existe ningún contencioso entre Cataluña y España. Lo que sí existe es un conflicto entre las aspiraciones de determinados políticos y políticas y el derecho. Y cuando eso ocurre, en un Estado democrático la partida la debe ganar el derecho. Por el bien de la «democracia de calidad», claro está.

Concluyen los firmantes que una sentencia restrictiva del Tribunal Constitucional pondría a los ciudadanos ante la siguiente elección: «o los catalanes renuncian a sus aspiraciones o renuncian a la Constitución». Elección que, más adelante, se formula en términos de dilema: «involución o secesión». No se lleven a engaño: el dilema no lo tienen los catalanes, sino el catalanismo. ¿Qué dilema? Respondo: democracia política o caciquismo identitario. Quizá todo se reduzca a la expansión retórica de quien necesita salvar el traje -la ideología y el poder- de la corrección política catalanista.

UPyD tacha de "crueldad innecesaria" la lengua de signos catalana
El portavoz de este partido en Cataluña hizo alusión al "calvario" de una familia con dos hijos sordomudos a los que se les negó la enseñanza en español
Álvaro Rubio www.lavozlibre.com  28 Mayo 2010

Madrid.- El portavoz de UPyD en Cataluña, Antonio Robles, considera la aprobación de la lengua de signos catalana una "crueldad innecesesaria". Es lo que aseguró después de que los deseos de Carod se cumpliesen y quedara establecida una nueva forma de comunicarse que supone la regulación del aprendizaje de esta lengua, la formación y acreditación del profesorado que la imparte, y la garantización de su uso en las administraciones públicas catalanas.

El dirigente de UPyD en Cataluña hizo alusión al "calvario" que vivió una familia con dos hijos sordomudos a los que se les negó la enseñanza en la lengua de signos española.

Héctor de diez años y Eloy Arrabal de cinco, los dos sordos de nacimiento y residentes en Baix Llobregat, lucharon porque el logopeda, al que acudían 4 horas por semana, les hablara en castellano, su idioma materno. La familia pidió ayuda y llamó a varias puertas pero no encontraron respuesta.

Con ejemplos como este UPyD quiso dejar claro que "se opone a que la lengua de signos española quede excluida como lengua vehicular de enseñanza de los niños sordos" en la comunidad autónoma de Cataluña.

Además, el portavoz de UPyD también criticó al PP y a Ciudadanos, el partido que preside Albert Rivera. Estos dos grupos votaron a favor, aunque Ciudadanos reconoció que se equivocó y emitió su voto apoyando la propuesta por error.

Entendió que el texto final que se sometía a votación era bilingüe, es decir, que permitía escoger entre la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, pero finalmente tal y como ha sido aprobado, la lengua vehicular será únicamente la de signos catalana.

El Senado busca ahora una solución al elevado coste del uso de las lenguas autonómicas
Por cada sesión se gasta 6.500 euros y tras darse cuenta del "despilfarro" se baraja recurrir a los traductores autonómicos
Agencias www.lavozlibre.com

Madrid.- El PP ya lo avisó y tachó la medida de "absurdo despilfarro". Ahora los demás grupos del Senado se están dando cuenta de que en tiempos de crisis hay que apretarse el cinturón y gastarse en cada sesión 6.500 euros para pagar a los profesionales que traducen las diferentes lenguas autonómicas al castellano no es proporcional a los recortes salvajes que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha planteado.

Por ese motivo, los grupos parlamentarios del Senado están negociando fórmulas que permitan ampliar el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara sin que la medida suponga un coste adicional, para lo que se barajan diversas opciones como recurrir a los traductores que ya trabajan en los parlamentos autonómicos.

La Mesa del Senado dio el visto bueno a la petición del Grupo Socialista para ampliar un mes el plazo de enmiendas (hasta el 22 de junio) a la propuesta de reforma del Reglamento presentada por senadores de todos los partidos, excepto de PSOE y PP, para extender el uso de todas las lenguas en la Cámara.

Con esta iniciativa, el objetivo de los socialistas es tener más tiempo para negociar los detalles de la medida con sus proponentes antes de que llegue a la Comisión de Reglamento, donde debe continuar su tramitación.

Uno de los objetivos principales del Grupo Socialista es que la ampliación del uso de las lenguas al Pleno no suponga ningún coste adicional, sino que sea posible reorganizando el presupuesto que ya tiene asignado la Cámara.

Para lograrlo, se están estudiando diferentes alternativas, entre las que destaca la posibilidad de hacer uso de los traductores que ya están trabajando en los parlamentos autonómicos de las regiones en las que hay lengua cooficial. Esto evitaría que el Senado tuviera que contratar a un equipo fijo de traductores, lo que dispararía los costes.

En la actualidad, el uso de las lenguas cooficiales está limitado a la Comisión General de Comunidades Autónomas desde hace más de cuatro años. Para cada sesión de este órgano, la Cámara contrata a un total de siete traductores, lo que tiene un coste total de unos 6.500 euros.

'ENSAYO' EN LA COMPARECENCIA DE MONTILLA
El pasado lunes fue el último ejemplo del uso de las lenguas en la Cámara en la comparecencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, en una sesión en la que representantes de todos los partidos utilizaron las diferentes lenguas en sus intervenciones.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, calificó como "esperpéntico" que el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, tuvieran que recurrir a la traducción simultánea para entenderse.

Por su parte, la senadora 'popular' y líder del partido en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, que utilizó el catalán para contestar a la intervención de Montilla, explicó que apoya el uso de las lenguas en la Comisión pero no su ampliación al Pleno de la Cámara. Además, defendió que los gastos en la actual situación económica deben realizarse "de manera muy responsable y seria" porque los cargos públicos deben dar ejemplo de "austeridad absoluta".

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CiU y PSC
Desde Cataluña, con corrupción
Antonio Robles Libertad Digital  28 Mayo 2010

La sociedad catalana comienza a sentirse hastiada de su clase política. Las nuevas revelaciones del caso Lluís Millet del Palau y de las multimillonarias coimas del ex alcalde socialista de Santa Coloma en el caso Pretoria, han convertido las actividades municipales y culturales en una cloaca sucia y maloliente. No sabemos ni con qué limpiarnos, todo está sucio y el hedor ha convertido toda la actividad política en sospecha. No sólo por la corrupción, sino por la manera de gestionarla políticos y medios. No tenemos en quien confiar, ni a quien recurrir. De lo único que estamos seguros es que nadie hará nada por tirar de la manta. Viven a cobijo en una red tupida de intereses políticos, culturales y periodísticos. Demasiados funcionarios de la cosa nacional.

Pero no seamos tan pesimistas. No hay mal que cien años dure. Y no sé por qué, pero la insistencia de las encuestas en otorgar una aplastante victoria a CiU en las próximas autonómicas junto a la derrota sin paliativos de PSC y ERC pueden poner en marcha todos los ventiladores de cloacas. Les cuento.

El Periódico de Catalunya sacó en primera página el 19 de mayo la posible financiación irregular de CiU con dinero sucio procedente de Lluís Millet, ese caradura del Palau de la Música. Un día después aportó más datos de la relación entre el Palau y CiU y el 21, El País sale a reforzar las sospechas de financiación irregular. El acoso y derribo a la mayoría electoral convergente por parte de la prensa socialista pronto tuvo respuesta en la portada de La Vanguardia el 24, 25 y 26 de mayo con el caso Pretoria, (la corrupción socialista en Santa Coloma). Les he puesto los enlaces para que vean, si tienen estómago, las miserias de unos y de otros. Yo por el contrario, prefiero resaltar la labor de correa de transmisión del periodismo subvencionado ante los intereses electorales de unos u otros partidos. Es otra forma de corrupción utilizar la información según medida para defender posiciones partidistas.

Resulta grotesco la magnitud que está cogiendo el incendio. Ya ha llegado al Parlamento de la mano de una Comisión de Investigación que ha movido ICV con el apoyo de ERC, PP y C’s. Cada uno a lo suyo. Hace unos meses se presentó la misma solicitud para investigar la corrupción del Palau, pero el Tripartito votó en contra. "¿Qué ha cambiado?", se preguntaba el martes Albert Rivera mientras enseñaba a las cámaras la solicitud denegada por los mismos que ahora la aprueban: "han cambiado las encuestas". Exactamente, han cambiado las encuestas y estas rompen por la mitad a ERC; y el PSC necesita erosionar la bonanza electoral de CiU. Lo fantástico de todo esto es que los convergentes no se quedarán quietos mientras los socialistas incendian su credibilidad a pocos meses de las elecciones. Ya han amenazado con solicitar otras comisiones de investigación, esta vez de escándalos socialistas en los ayuntamientos del cinturón industrial. De momento, Felip Puig, secretario general adjunto de CiU, se ha quejado ayer en La Vanguardia de las intenciones torcidas del PSC. Claro como el agua: "Hasta ahora había un PSC que nos había ido diciendo sotto voce, en un doble papel de Doctor Jekyll y Mister Hyde: 'No sufráis, que nosotros somos serios, no nos dejaremos llevar hasta aquí, no creemos que convenga ahora una comisión de investigación’, pero finalmente han decidido crearla para ‘ir a hacer daño a CiU’".

La cosa se está poniendo caliente. Todo apunta a que se acabarán echando los trastos a la cabeza, uno tirará de una punta de la manta, otro de la otra, la manta se rompe, y todos quedan en cueros. No nos caerá esa breva, pero es la primera vez que uno tiene la sensación de que aquella amenazada de Maragall a Artur Más –"Ustedes tienen un problema, y se llama el 3%"– puede abrir la caja de Pandora. Recemos para que haya guerra. La ciudadanía necesita volver a creer en la política. Y no hay mejor manera que echar a todos los fariseos del templo.

Feijoo es un mentiroso en el sentido literal de la palabra
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital  28 Mayo 2010

La presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, considera “terriblemente decepcionante” el decreto aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia para sustituir al controvertido 124/2007 sobre el uso del gallego en la enseñanza, un decreto que posibilitará la pervivencia de la imposición lingüística en los colegios gallegos y que confirma el engaño que protagonizó Núñez Feijoo durante la campaña electoral que le llevó la presidencia de la Xunta.

Lago cree que la decisión de Alberto Núñez, que ella está convencida que fue premeditada y que no guarda relación con el insostenible informe emitido días atrás por el Consello Consultivo, causará también una gran frustración entre muchas personas que creyeron en sus promesas. “La bajeza moral que se desprende de su actuación es tal que no me queda más remedio que llamarle mentiroso en el sentido literal de la palabra”, señaló.

La asociación, que ya en varias ocasiones expresó sus recelos ante la errática postura mantenida por el Partido Popular en relación con el decreto del gallego desde que esta organización logró hacerse con la presidencia de la Xunta, había respirado aliviada el pasado marzo con ocasión de la presentación del último borrador del proyecto, al entender que avanzaba en la dirección correcta y que era especialmente importante la decisión de la Administración de que en Primaria y en ESO los padres o los alumnos pudieran intercambiar la lengua de los bloques de asignaturas designados previamente para gallego o castellano.

Lamentablemente, Feijoo ha decidido enterrar su promesa electoral y condicionar la opinión de las familias a la elaboración de una hipotética nueva ley, con lo que, en general, para el próximo curso lo único que notarán la mayoría de los estudiantes es que la asignatura de Matemáticas, básicamente numérica, estará en castellano, y las que tienen más texto y terminología específica, como Coñecemento do Medio, seguirán en gallego. En cualquier caso, la prometida libertad de elección de la lengua vehicular, que existe en todos los países democráticos bilingües, se seguirá sin aplicar en Galicia. “Tras ver lo que hizo con su compromiso, lo de la futura ley -apuntilló la representante de Galicia Bilingüe- será un timo”.

Gloria Lago quiso también recordar la literalidad de las promesas de Alberto Núñez:

1. Los padres, en el sobre de matrícula y para el curso 2009/2010, rellenarían una casilla en la que elegirían en qué lengua oficial recibirían sus hijos las materias troncales. La decisión de los padres sería vinculante para el Gobierno.

2. Los alumnos podrán emplear libremente la lengua oficial de su elección en clase, en el material didáctico, libros incluidos, en los trabajos y en las pruebas de evaluación, salvo en las materias de las propias lenguas.

Además, la asociación ha publicado hoy en lugar destacado de su página web, www.galiciabilingue.es , un vídeo titulado La gran mentira que incluye las grabaciones de estas frases textuales del hoy presidente que había reiterado por todo el espectro audiovisual gallego.

Vigo (20-05-2010)

http://www.galiciabilingue.es/index.php?option=com_content&task=view&id=464&Itemid=105

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El decreto de plurilingüismo no avanza hacia un modelo de mayor libertad e incumple los compromisos adquiridos
Vigo, 24 de mayo de 2010

La asociación ciudadana Vigueses por la Libertad quiere manifestar su valoración negativa del decreto aprobado por la Xunta para regular el uso de las lenguas cooficiales en la enseñanza. La asociación considera que ese decreto no da pasos hacia un modelo de mayor libertad, sino que mantiene los presupuestos esenciales del sistema de imposición lingüística que hemos venido padeciendo. Aunque suaviza algunos de los rasgos más excluyentes de la norma promulgada por el gobierno de PSdG y BNG, que desterraba de facto el idioma español de las aulas, la nueva disposición continúa impidiendo que se manifieste, en la enseñanza, la realidad bilingüe de la sociedad.

En abierta contradicción con las promesas realizadas por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, el decreto de Plurilingüismo niega la posibilidad a los padres de elegir la lengua vehicular en Primaria y en Secundaria. Se trataba de una elección reducida a un mínimo de asignaturas, pero aún así ha sido eliminada. El presidente de la Xunta ha justificado tal decisión por un dictamen del Consello Consultivo, que negaba la legalidad de las consultas a los padres, y ha anunciado que será necesario aprobar una ley para darles cobertura.

De ser cierto que el dictamen del Consello es el motivo de la marcha atrás, hemos de concluir que tenemos un gobierno torpe e inepto, que ha sido incapaz de preparar un decreto jurídicamente viable cuando ha dispuesto de más de un año para hacerlo. A nuestro juicio, sin embargo, se trata de una nueva maniobra dilatoria del gobierno del Partido Popular, con la que muestra, una vez más, su falta de voluntad por cumplir los compromisos que contrajo con los ciudadanos de Galicia.

Vigueses por la Libertad manifiesta su rechazo al conjunto de la actuación del gobierno autonómico que ha desembocado en el decreto. Esa actuación ha estado caracterizada por el aplazamiento constante de las decisiones y el recorte drástico de los compromisos adquiridos. El presidente de la Xunta incumplió, primero, su compromiso de derogar el decreto anterior en sus cien primeros días de gobierno; después, redujo al mínimo la capacidad de elección de idioma; y, finalmente, ha suprimido la consulta a los padres, salvo en Educación Infantil.

Con ese historial de incumplimientos, es razonable dudar de cuantas medidas anuncie Núñez Feijoo para el futuro. En esta materia, la credibilidad del Partido Popular de Galicia está agotada. Además, queremos subrayar que la dilación y los recortes no le han servido ni para lograr el consenso con los otros partidos ni para evitar los conflictos atizados por los nacionalistas y socialistas. Lo único que habrá logrado es erosionar la confianza de quienes le votaron desde el supuesto de que mantendría la palabra dada. A la vista de lo ocurrido, hemos de inferir que el Partido Popular de Galicia cree tan poco en la libertad y en el bilingüismo como el PSdG y el BNG.

Vigueses por la Libertad
www.viguesesporlalibertad.es

El Alto Tribunal reafirma la legitimidad de su actual composición. Recuerda que la ley fija que los jueces con mandatos vencidos sigan hasta la toma de posesión de sus sustitutos
El TC frena a Montilla y Casas asegura que habrá sentencia antes del verano
Madrid - F. Velasco La Razón  28 Mayo 2010

El Parlamento catalán también instó al Alto Tribunal a no resolver los recursos contra la norma estatutaria.

La reacción del Tribunal Constitucional a las peticiones del presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, y del Parlament, de declararse incompetente para resolver los recursos interpuestos contra el Estatut fue tajante e inmediata: rechazo de plano a esa pretensión. Y junto a ello, la propia presidenta, María Emilia Casas, se encargaba de dar un aviso a navegantes al dar por seguro que habrá sentencia antes del verano. De hecho, prevé llevar al Pleno de junio su borrador de resolución.

El miércoles se registraba en la sede del Alto Tribunal el escrito del Parlament en que pedía que los actuales magistrados se abstuviesen de resolver los siete recursos interpuestos contra el Estatut –Partido Popular, Defensor del Pueblo, Diputación General de Aragón, La Rioja, Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana–. La Cámara catalana, con los votos del PSC, CiU y ERC, aprobaba un texto donde se denunciaba la «falta de legitimidad» del TC para resolver esos recursos, motivada principalmente por el «mandato caducado» de cuatro de sus magistrados desde hace ya dos años y cinco meses y la vacante, sin cubrir, producida por el fallecimiento de Roberto García-Calvo.

De forma inmediata, la presidenta del TC, María Emilia Casas, convocaba para ayer mismo un pleno extraordinario para resolver esa petición.

Sin embargo, poco antes de iniciarse la reunión se recibió la petición que, en términos similares, realizaba la Generalitat de Cataluña, aunque ésta sólo aludía al recurso de los populares.

Por ello, se decidió unir al orden del día esa solicitud y resolver las dos cuestiones de forma conjunta y al mismo tiempo, toda vez que se planteaban cuestiones similares. Y la resolución fue unánime y tajante: rechazo a la pretensión de declarararse incompetente, y, por tanto, ratificar su plena legitimidad para intentar sacar adelante un fallo.

De hecho, en todas las providencias, el Pleno del Alto Tribunal, tras señalar que «no ha lugar a lo solicitado» por el Parlament y la Generalitat, cita de forma expresa el artículo 17.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ese precepto es el que avala la legitimidad de los magistrados con mandatos vencidos para continuar en el ejercicio de sus cargos. «Los magistrados del Tribunal Constitucional continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieran de sucederles».

El aval del borrrador
De esta forma, el TC abortaba de plano las pretensiones de que dejasen de lado los recursos contra el Estatut hasta que se hayan nombrado a los sustitutos de María Emilia Casas, Guillermo Jiménez, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde, quienes fueron designados por el Senado a finales de 1998.

Y no sólo eso. La presidenta y nueva ponente de la sentencia, María Emilia Casas, se mostró convencida de que habrá fallo sobre el Estatut antes del verano. Así lo reconoció en una conversación con periodistas el miércoles por la noche.

«Seguro que hay sentencia», afirmó al respecto cuando fue interpelada sobre esa cuestión. Además, informa Ep, también expresó ese mismo convencimiento a la hora de valorar si su borrador de sentencia será avalado por la mayoría de los miembros del TC. En el supuesto de que ello no ocurriera, reconoció que se realizaría una votación artículo por artículo.

Ello llevaría a que el Alto Tribunal sentenciase el Estatut antes de proceder a esa renovación, pese a que Montilla lograse el pasado lunes que el PSOE la impulsase y la Cámara Alta diese los primeros pasos en esa línea. Sin embargo, para llevar a cabo esa renovación todavía falta un buen trecho por recorrer.

El PP quiere que antes de abordar esa renovación se produzca el fallo sobre el Estatut, al entender que después de varios años de deliberaciones –en julio se cumplen cuatro de la interposición del recurso– no se puede nombrar un tribunal «ad hoc» para este recurso.

Casas asumió la ponencia de la sentencia del Estatuto el pasado 19 de mayo, después de que el borrador del texto redactado por el conservador Guillermo Jiménez no cosechara los apoyos necesarios en el pleno y fuera retirado incluso antes de votarse.

La batalla de los recursos
1/ GENERALITAT
El Gobierno catalán solicitaba que el TC no resolviese el recurso del PP contra el Estatut. Esgrimía un informe de sus servicios jurídicos que concluía que el Tribunal está en una situación «anómala» que desfigura el modelo de TC que fija la Constitución.

2/ PARLAMENTO CATALÁN
Acudió al Alto tribunal a través de un «incidente procesal» elaborado por los letrados de la Cámara, donde se determinaba que el TC no tiene las condiciones necesarias para ejercer su función con los requisitos exigidos por la Carta Magna.

3/ TRIBUNAL
El Tribunal Constitucional rechazó ayer de plano las pretensiones de la Generalitat y del Parlamento catalán y reafirmó la legitimidad de la actual composición para resolver los recursos interpuestos contra aspectos esenciales de la norma estatutaria.

4/ SENTENCIA
La presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas, ha expresado su convencimiento de que habrá sentencia antes del verano y de que el borrador que prepara contará con el aval de la mayoría. Se discutirá en junio.

La reforma, en el Congreso
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, anunció ayer a Ep que hoy registrará en el Congreso una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que sus magistrados tengan que ser obligatoriamente sustituidos si permanecen más de seis meses en funciones. Lo hará en solitario porque, aunque lo ha intentado, no ha logrado que los diputados de PSC, ERC e ICV plasmen su firma en una propuesta que es idéntica a la que pactaron en el Parlament y que ya han presentado en el Senado. Será, dijo, «milimétrica» a la presentada en la Cámara Alta. La idea inicial de Duran era presentar ese texto en el Congreso con la firma de todos los diputados catalanes, habida cuenta de que el Reglamento de la Cámara permite registrar una iniciativa de este tipo si recaba la firma de al menos quince parlamentarios.

El TC despacha en un día el recurso del tripartito y no se declara incompetente
I. A. | BARCELONA ABC  28 Mayo 2010

El Tribunal Constitucional ha cumplido las expectativas y rechazó ayer declararse incompetente sobre la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en contra de lo solicitado por el Gobierno y el Parlamento catalanes. El tribunal ha tardado un día en rechazar la petición de las instituciones catalanas, un rechazo que ya esperaba el gobierno de la Generalitat, cuyo presidente, José Montilla, aceptó a regañadientes la condición impuesta por CiU de pedir la recusación.
En su escrito, el TC recuerda que la ley establece que los magistrados deben seguir en funciones hasta que tomen posesión sus sustitutos. El recurso de la Generalitat se basaba en el carácter temporal de los miembros del Constitucional, según la Carta Magna.

En las ocho providencias dictadas ayer, el Tribunal Constitucional responde que no ha lugar a lo solicitado por la Generalitat y el Parlament, y cita el artículo 17.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), según el cual los magistrados «continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles».

Fallo en verano
Además, la presidenta del alto tribunal, Maria Emilia Casas, aseguró ayer que habrá sentencia antes de las elecciones autonómicas catalanas, previstas para el próximo otoño, en contra de lo reclamado por los partidos catalanes. Tras cuatro años de deliberaciones del TC, los partidos que dan apoyo al tripartito y CiU han presionado todas las palancas para evitar una sentencia que polarice la campaña catalana.

Sin embargo, Casas dio por seguro ayer, en una conversación informal, que habrá sentencia antes del verano. La presidenta del TC asumió la ponencia del Estatuto después de que el borrador del texto redactado por el conservador Guillermo Jiménez no cosechara los apoyos necesarios en el pleno y fuera retirado antes de la votación.

Antes, el Constitucional había rechazado la ponencia que elaboró la magistrada del sector progresista Elisa Pérez Vera, que llegó a tener hasta cinco borradores.
La presidenta del TC está convencida de que prosperará el borrador en el que está trabajando y, en caso de que su propuesta no obtuviera los apoyos necesarios, cree que podría salir adelante en una votación realizada artículo por artículo.

Casas responde así a la ofensiva abierta por Montilla el pasado lunes, con su comparecencia ante el Senado para reclamar la renovación de los miembros del tribunal cuyo mandato ha caducado y para impulsar una reforma de la Ley del TC para que el Constitucional no pueda revisar textos votados en referendo, como es el caso del Estatuto catalán. Una ofensiva que prosiguió el martes con las dos peticiones de recusación.

En los escritos de la Generalitat se alertaba de la «pérdida de legitimidad» del TC al «incumplir un requisito exigido por la Constitución», como el principio de mandato limitado de los magistrados, ya que cuatro de ellos siguen pese haber cumplido su mandato en 2007.

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