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Recortes de Prensa    Jueves 10 Junio  2010

 

Crisis nacional
El mal de las autonomías
Pío Moa Libertad Digital 10 Junio 2010

Las autonomías son perfectamente llevaderas, incluso productivas, con tres condiciones: a) que no socaven la unidad nacional; b) que no atenten contra las normas democráticas y la igualdad ciudadana ante la ley, y c) que no se vuelvan demasiado gravosas económicamente. ¿Han cumplido estas condiciones? Las han cumplido bastante mal y con tendencia a empeorar, con una deriva balcanizante, corruptora y antidemocrática. En los mismos partidos otrora nacionales, PSOE y PP, las secciones regionales, que adoptan el nombre de la respectiva autonomía, tienden a fragmentar el partido, dotándose de una capacidad de presión que rebaja la labor de dirección central a la de simple coordinación de oligarquías locales. En una democracia menos deforme que la española actual, se habrían realizado hace tiempo balances de la experiencia autonómica, sacado las consecuencias y propuesto las correcciones pertinentes. En cambio, a falta de tales estudios, asistimos al chantaje de políticos autonómicos, que, como Montilla, amenazan con medidas cada vez más separatistas si se somete su estatuto a las condiciones mínimas de legalidad constitucional.

El problema autonómico nació de una sobrevaloración de las presiones nacionalistas-separatistas en Cataluña y Vascongadas. Durante la guerra civil y el franquismo, estos nacionalismos quedaron en testimoniales, debido a que la vívida experiencia alejó de ellos a la población: de otro modo habrían hecho oposición al franquismo, como hizo el PCE, lo que no ocurrió. La excepción fue la ya tardía de la ETA, ligada, y no por casualidad, al terrorismo; como, en menor medida, ocurrió en Cataluña, Galicia y Canarias. El rebrote de los nacionalismos hacia el final del régimen de Franco se debió ante todo al sector "progre" de la Iglesia, que los amparó y promovió, como hizo con el terrorismo o el comunismo. A su vez, el PCE los apoyó como instrumento para atacar a Franco, y los habría apoyado el PSOE de Felipe González de no haber sido por su casi nula influencia. Significativamente, todos estos partidos declararon tabú la palabra "España", y la sustituyeron por la torpe expresión "Estado español".

Al llegar la transición, todas estas fuerzas rupturistas –y antiespañolas– fueron afortunadamente vencidas en una primera fase. Pero los vencedores abandonaron enseguida la iniciativa en la lucha de las ideas, volviéndose psicológicamente dependientes de las izquierdas y los nacionalistas, quienes, sin el menor respeto a la verdad, se proclamaban los auténticos abanderados de la democracia. Suárez inició la línea de las claudicaciones, uno de cuyos resultados fue una Constitución mediocre y contradictoria, con un estado de las autonomías a las que se abría la posibilidad de usurpar las competencias nacionales hasta la práctica liquidación de estas.

La actual crisis económica, unida a la política y moral, puede ser la ocasión de hacer, por fin, un balance claro que permita corregir algunas de las enormes jorobas que le han salido al sistema democrático. De otro modo, solo cabe esperar una mayor descomposición nacional, de la que se nutran los famosos "demonios familiares".

Impuestos para encubrir el despilfarro
EDITORIAL Libertad Digital 10 Junio 2010

Está visto que, con la encomiable excepción de Castilla-La Mancha, las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas no están dispuestas a ninguna clase de ajuste en sus cuentas que no pase por una nueva subida de impuestos. Este miércoles, las Juntas de Extremadura y Andalucía se han sumado al aumento de la presión fiscal que, con la misma demagógica excusa de gravar más "a los más ricos", ya han llevado a cabo comunidades como Cataluña, Asturias o Baleares.

Si en el caso de la Generalitat, "los ricos" a los que hay que hay que dar una nueva vuelta de tuerca fiscal son los que perciben unas rentas superiores a los 120.000 euros anuales, en el caso de las Juntas de Extremadura y Andalucía este grupo ya lo integran quienes tengan unas retribuciones superiores a los 60.000 y 80.000 euros, respectivamente. A esta subida del tipo marginal del IRPF en el tramo autonómico se sumarán una serie de nuevos impuestos y tasas que van desde los que gravan los depósitos bancarios hasta las bolsas de plástico, pasando, entre otros, por el que gravará la venta de determinados hidrocarburos.

Ante esta irresponsable subida fiscal, no sabemos qué nos parece más bochornoso: o que los socialistas la justifiquen con algo tan encomiable como la reducción del déficit público o que lo hagan con algo tan demagógico como es afirmando que sólo va a afectar a los "ricos".

Al margen de que en Extremadura y Andalucía, como en el resto de España, "los que más tienen" ya pagaban mucho más, tanto en términos relativos como en absolutos, esta nueva presión fiscal lo que va a hacer es que muchos exitosos profesionales opten por votar con los pies hacia comunidades en las que prosperar no esté tan fiscalmente penalizado. Otro tanto se podría decir del Impuesto de los depósitos en las entidades de crédito andaluzas: al margen de otras consideraciones, como la doble imposición, este gravamen lo que va a incentivar es el desvío de dichos depósitos a otras comunidades en las que no se penalice tan irresponsablemente al ahorro. Y de ello quienes van a salir perjudicados son el conjunto de los andaluces.

En lugar de buscar la reducción del déficit por la irresponsable vía de un aumento de impuestos (que bien pueden tener incluso efectos recaudatorios contraproducentes), lo que deberían hacer las comunidades autónomas, especialmente la andaluza, la catalana y la extremeña, es poner coto al despilfarro en el que siguen inmersas: recortar consejerías, deshacerse de televisiones tan sectarias como deficitarias, suprimir fundaciones, consorcios, empresas públicas y organismos autonómicos que les han llevado a estar entre las autonomías con mayor déficit y endeudamiento de España. Si en Andalucía se encuentra el mayor número de funcionarios de nuestro país, en Extremadura, con una población mucho menor, hay un funcionario por cada tres asalariados.

La Comunidad de Madrid, en cambio, es el mejor ejemplo de que la reducción del déficit no pasa por un aumento de los impuestos sino más bien por todo lo contrario: habiendo, no ya mantenido, sino reducido el tramo autonómico del IRPF, y habiendo suprimido muchos otros impuestos, la comunidad que preside Esperanza Aguirre es la única de España que cumple los requisitos de déficit autonómico fijados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este estableció el tope en el 2% del PIB regional y mientras Madrid lo tiene situado en el 0,7%, Extremadura y Andalucía lo tienen en el 2,7% y 2,9%, respectivamente. Por no hablar del de Cataluña, el más alto de España, que se sitúa en el 3,8%.

Que la vía de la reducción del déficit pasa, especialmente en el caso de las autonomías, por la reducción del gasto, lo demuestra también elocuentemente el silenciado estudio El coste del Estado Autonómico, recientemente publicado por la Fundación Progreso y Democracia. Tomando como base de referencia, no un ideal teórico sino lo que hacen las tres comunidades más eficientes, el estudio llega a la conclusión de que si todas las comunidades fuesen tan eficientes como ellas en el terreno del gasto corriente y del personal, se podrían ahorrar nada menos que 26.108 millones de euros, es decir, un ahorro del 2,6% del PIB nacional obtenido sólo por mejoras de funcionamiento interno.

A la vista, sin embargo, del pseudo plan de ajuste aprobado por el Gobierno, no es de esperar que Zapatero vaya a meter en cintura a nuestras despilfarradoras comunidades autónomas. Lo que cabe esperar de él es que las siga en la demagogia y en la irresponsabilidad de elevar los impuestos.

Los nuevos ricos.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 10 Junio 2010

Siguiendo las instrucciones de los Sindicatos de clase UGT y CCOO, los Gobiernos socialistas de las CCAA de Cataluña, Andalucía y Extremadura a la que seguirán en breve Baleares, se han lanzado a una competición de subida selectiva de impuestos a los llamados "ricos". ¿Y quiénes son esos nuevos ricos según estos bandoleros disfrazados de políticos?, pues nada menos que los trabajadores sujetos a nómina o autónomos que declaren ingresos por encima de 60.000 euros en Extremadura, 80.000 euros en Andalucía o los 120.000 euros anuales en Cataluña.

Así que la locura de la fiscalidad ha acabado imponiéndose en un País totalmente desgobernado por el Sr. Zapatero, que muestra su debilidad extrema no ya a nivel del Congreso de los Diputados, sino también a nivel confederal con sus compañeros de partido. Porque al aprobarse estas leyes discriminatorias, se está incumpliendo uno de los principios básicos constitucionales que es el de la igualdad de los españoles en derechos y obligaciones ante la Ley. Una aberración y discriminación que nunca deberá ser admitida.

Además, en Andalucía se penaliza fiscalmente el ahorro, con una doble imposición adicional a la que ya ejerció el Gobierno del Sr. Zapatero al elevar del 18 al 19 o 20%. Y esto, sumado al incremento del IVA a partir del próximo mes de julio en dos puntos, pasando del 18 al 20%. Y todo en la vieja receta socialista de aplicar la subida de impuestos con tal de no reprimir el gasto incontrolado y el despilfarro obsceno y suntuario como el del Alcalde de Valdepeñas, o el Alcalde de Madrid con más de 1.200 asesores contratados.

No deja de ser una hipócrita y demagógica forma de oprimir a los trabajadores que, al estar sujetos a una nómina y retenciones obligatorias, son la masa más supervisada y controlada . Nadie puede escapar al "Gran Hermano" que es el fisco y solo hay que ver cómo los borradores son el fiel reflejo del tipo de control financiero al que estamos sometidos. Pero es que considerar que alguien que ingresa 60.000 euros brutos anuales es "rico", simplemente es una burla. Si el Gobierno de España consiente en este despropósito, estará cometiendo una dejación de funciones y no estará defendiendo a los ciudadanos en sus derechos constitucionales.

Es tremendamente grave el que en esta época de crisis, la casta política socialista, a la que sí se le puede calificar de "nuevos ricos", cometa este atropello y abuso de poder. Con este tipo de actuaciones, lo que se está favoreciendo es la insumisión ciudadana y la constatación de que en España, las autonomías, además de una fuente inagotable de gasto y de nido de aprovechados, son un error político que debe replantearse y cuestionarse como sistema de descentralización. Lo que debió ser un acercamiento y facilidad de gestión para los ciudadanos, se ha convertido en un coto privado de reparto de prebendas, prevaricaciones y corrupción al por mayor.

Un Gobierno de España que merezca tal nombre no puede admitir este desbarajuste fiscal y el que se permita este libertinaje a la hora de suplir los ingresos con todas las ocurrencias impositivas que las desequilibradas mentes de los dirigentes locales o autonómicos puedan imaginar. Hay un límite de tolerancia con los desmanes de los dirigentes y ese se ha sobrepasado ya.

Según el PSOE, un catalán rico vale por dos extremeños
José Antonio Gundín Semanal Digital 10 Junio 2010

Después de haber metido la pata tantas veces por no hacer caso de su oficina económica, Zapatero sigue ahora a pies juntillas sus consejos y recomendaciones. Entre ellas, la de no subir alocadamente los impuestos "a los ricos", como le vienen pidiendo con insistencia Blanco, Pajín y Rubalcaba. En vista de lo cual, los barones del PSOE han decidido hacer la guerra por su cuenta y han levantado la veda de "la caza del rico".

Tras adelantarse Montilla, urgido por unos socios radicales que necesitan desayunarse un par de ricachos todas las mañanas para la acidez de estómago, le han seguido Areces, también necesitado de echarle carnaza capitalista a IU ante el impetuoso regreso de Álvarez Cascos; Griñán, que teme el avance de Arenas en Andalucía, desesperado por movilizar a sus paniaguados con dosis altas "revanchina" en vena; y Fernández Vara, el "bellotari" veloz que, tras recetarle a Zapatero un par de consejos sobre sus ministros, se ha entregado al noble oficio de Robin Hood desde la oficina del sheriff. Con lo cual, el mito de las dos Españas cobra nuevos bríos y fundamentos, pues ahora también hay una España que sube los impuestos, la socialista, y otra que no los toca, la del PP.

Es de suponer que de esta manera los barones del PSOE habrán calmado su mala conciencia, en la creencia de que los descamisados recuperarán la confianza en ellos y harán cola el día de las elecciones para volverles a votar como sus salvadores. Ellos sabrán, pero hay algo en todo este circo populista que no acaba de cuadrar, que repugna a la lógica, como es el concepto tan dispar que tienen los socialistas de lo que es un individuo rico. Así, para los socialistas catalanes, el burgués al que hay que sacar las mantecas es aquel que gana más de 120.000 euros al año, cifra a partir de la cual han fijado una nueva escala de gravamen. Pero para sus compañeros extremeños, el rico es el que gana más de 60.000 euros, con lo cual se llega a la conclusión de que un catalán equivale a dos extremeños. Delicada ecuación que, a buen seguro, levantará ampollas y suspicacias en Extremadura, pues nadie quiere ser menos que nadie, aunque se trate de ricos capitalistas. Eso de que un potentado extremeño sea la mitad que uno catalán suena a humillación y agravio. Y tampoco le puede sonar bien a un andaluz que sus ricos sean inferiores a los asturianos, pues aquellos ganan 80.000 y estos 100.000 euros.

En vista del tomate, los barones del PSOE deberían celebrar un congreso para definir con precisión y consensuadamente quién es rico, o sea, a quién se le puede freír a impuestos sin herir los sentimientos patrios y no ir dando sablazos por ahí sin ton ni son. Esto de hacer de Robin Hood en el siglo XXI es un fastidio, ya no se sabe quién es rico y quién es un pobre contribuyente de clase media.

Engañados, manipulados y con alma de esclavos
Francisco Rubiales Periodista Digital 10 Junio 2010

Sentí el "mono" del periodismo y decidí cubrir la huelga de ayer como un reportero profesional, tal como hacía en mis tiempos jóvenes, cuando trabajaba para la agencia EFE, y me llevé sorpresas mayúsculas al descubrir en las manifestaciones a demasiados huelguistas desinformados, manipulados y engañados y a muchos infiltrados profesionales, que ni siquiera eran funcionarios.

Estuve por el centro de Sevilla hablando con decenas de manifestantes y tomando nota de lo que gritaban y de lo que decían en sus pancartas y pasquines. Descubrí con estupor que demasiados manifestantes estaban manipulados y que sus tesis y conclusiones nada tenían que ver con la jornada de protesta ni con la realidad. Desde el principio comprobé que los dos sindicatos mayoritarios (CC.OO. y UGT), que son minoritarios en el sector público, lo dirigían casi todo, que estaban logrando imponer su estilo y sus tesis y que utilizaban con eficacia a militantes profesionales para tergiversar, manipular y conducir a los manifestantes hacia tesis increíbles, irreales, tendenciosas y cargadas de parcialidad.

Culpaban de la crisis a los bancos y a los empresarios. Gritaban que "es el momento de lo público" y repetían que la crisis deben pagarla "los ricos". Pregunté a diez pequeños líderes por qué no culpaban al gobierno y a Zapatero, que son los verdaderos culpables del desastre, y me respodieron cosas alucinantes: "Zapatero no manda ni tiene poder; quien manda y gobierna son los bancos". "El gobierno ha dado 900.000 millones de euros a los bancos y se lo han quedado". "Zapatero no tiene culpa de nada; la culpa es de la derecha", repetía un tipo gordo, con una pegatina de UGT en el pecho.

Pregunté a uno de esos militantes sindicales si todos eran funcionarios y me dijo que "no todos porque muchos compañeros estamos aquí para solidarizarnos". Después averigüe que el trabajaba en la hostelería y que estaba acompañado en el acto celebrado en la Plaza Nueva de muchos sindicalistas liberados de la industria. Uno de ellos me explicó que "los empresarios no sirven para nada porque no crean empleo.Lo único que hacen es forrarse. El único que da trabajo es el sector público", afirmó. Le miré a los ojos y me quedé aterrado porque el tipo no mentía; se creía lo que estaba diciendo.

Nunca en mi vida he visto más manipulación, mentira, engaño y espíritu esclavo en una manifestación sindical que, en teoría, debía respaldar una huelga contra los recortes del gobierno a los funcionarios y empleados públicos. La protesta parecía dirigida contra los bancos, contra los ricos, contra la derecha y contra los empresarios, pero no contra Zapatero y su gobierno, que son los responsables del desempleo masivo, los que han llevado a España hasta la ruina y los que ahora, para reparar sus abusos, desmanes y daños a la economía nacional, recortan el salario de los que trabajan en el sector público.

Miles de pasquines con forma de billete de 500 euros llenaban las calles del centro de Sevilla y en ellos podía leerse algo tan alucinante como que "es el momento de lo público". No encontré a un solo manifestante dispuesto a admitir que la empresa privada es necesaria o que crea empleo. Todos parecían adictos a la teta del Estado.

Con gente así, España no tiene futuro. Con ideas así, España ni siquiera es ya una nación, sino un rebaño de corderos torpes, manipulados, engañados y esclavizados por el poder político gobernante.

No sería justo terminar la crónica sin admitir que también había funcionarios en las manifestaciones del centro de Sevilla, sobre todo de la sanidad y de la enseñanza, pero sus voces y reivindicaciones apenas sobresalían, apagadas por las consignas esclavas lanzadas por los liberados y agitadores profesionales de los sindicatos subvencionados del régimen de Zapatero.

Nota: esta información, subjetiva y redactada para un blog personal, es solo una crónica de las manifestaciones que se produjeron ayer en el centro de Sevilla,en la Plaza Nueva y alrededores, entre las 11.30 y las 13.00 horas, aproximadamentre, redactada tras decenas de diálogos con manifestantes, sobre todo con aquellos que parecían liderar a los grupos y controlar los mensajes. No pretende ser en modo alguno un resumen de la jornada, ni una versión completa de lo que ocurrió en la ciudad ese día de huelga teórica contra Zapatero y su gobierno.

Voto en Blanco

No estamos para huelgas
EDITORIAL La Razón 10 Junio 2010

Los sindicatos eligieron el día de ayer para calibrar el clima ciudadano de cara a una huelga general y para verificar su dudosa capacidad de movilización. El paro en la función pública, convocado por las centrales sindicales, se convirtió en una contundente censura a UGT y CC OO, que pudieron comprobar el abismo que los separa del auténtico sentir de esos 2,5 millones de funcionarios públicos que estaban llamados a la huelga. Pese a la inevitable guerra de cifras, durante la jornada fue un clamor que el seguimiento de la convocatoria resultó residual, casi inexistente si descontamos a los liberados y los afiliados a las centrales. Según el recuento del Gobierno, sólo el 11,8% del colectivo afectado no acudió a su trabajo, aunque otras estimaciones lo redujeron al 5%. En todo caso, porcentaje esclarecedor sobre las intenciones del grupo más perjudicado por el plan de ajuste.

Este primer ensayo demostró que no existe un clima de huelga general, porque la sociedad siente que no es lo que precisa España en momentos tan críticos. La pobre respuesta al paro no puede ser, sin embargo, interpretada como una suerte de comprensivo aval para el Gobierno, ni mucho menos. Los funcionarios están irritados y sienten con toda la razón que están pagando las consecuencias de la incompetencia de los gobernantes socialistas. Pero convertir esa indignación en conflictividad social sólo empeoraría una situación de por sí muy delicada. UGT y CC OO, con sus respectivos líderes Méndez y Toxo, han salido muy tocados de este test. No es para menos. Si su poder de convocatoria fue ayer muy exiguo es porque su complacencia hacia el Gobierno durante estos seis años ha minado la confianza de los trabajadores.

Quienes han mirado para otro lado cuando la economía española se desfondaba y quienes se hacían cómplices entusiastas de una política que ha llevado el paro a cotas históricas no podían esperar ayer una movilización masiva. Ejemplo de ese seguidismo que han practicado con el Gobierno socialista es la noticia que publica hoy LA RAZÓN, según la cual Méndez y Zapatero habrían pactado que la huelga general fuera convocada una vez concluida la Presidencia española de la UE y llevada a cabo en septiembre. Queda claro, por tanto, que las prioridades de los sindicalistas no han sido los intereses de los trabajadores, sino las marcadas por la estrategia del Gobierno. En ese contexto, nada más lógico que su prestigio, credibilidad y razón de ser estén más cuestionados que nunca por los propios trabajadores. Aunque hay razones para ser escépticos sobre la capacidad de autocrítica de esta cúpula sindical que se comporta como una casta privilegiada y subvencionada, sus afiliados harían bien en exigir responsabilidades a sus dirigentes y en propiciar la transición y modernización pendientes hacia un liderazgo sin injerencias partidistas. El 8-J, primer paro general contra Zapatero, ha probado que el país no cree en huelgas generales ni las necesita. Lo que pide es un cambio político que genere la confianza imprescindible dentro y fuera de nuestras fronteras y que sea capaz de impulsar las reformas estructurales necesarias para reactivar la economía.

Nuestros héroes sindicalistas
HERMANN TERTSCH ABC 10 Junio 2010

RESULTA siempre un poco curioso ver como algunos tienen que hacer triples saltos mortales para disculpar u ocultar sus mentiras, tergiversaciones y formas torticeras de exposición. Emocionados estamos muchos con el hecho de que la huelga de funcionarios sólo la hayan seguido aquellos que no la pagan. Los liberados sindicales. Esos héroes de nuestro tiempo más mediocre. Esos monstruos de la lucha obrera que saben que siempre van a cobrar y comer. Esas figuras siniestras que intimidan en las empresas públicas a los trabajadores auténticos. Y que hace tiempo que en las privadas no se les hace mínimo ni maldito caso, cuando no se ha decidido, con muy buen criterio, su desaparición. Por inútiles, inválidos y contraproducentes. Y por la amenaza que siempre suponen para la libertad del trabajador independiente, libre y comprometido con un proyecto de empresa.

Nuestros sindicatos libres, que en su día fueron dirigidos por gente digna, que realmente se jugaban libertad y hacienda en la última fase de la dictadura, hoy son muy parecidos a aquellos sindicatos de estibadores del Chicago de los años veinte. O a los verticales del franquismo que con tanto éxito infiltraron. Muchachotes pagados, viejetes enfadados y nostálgicos de la Unión Soviética y mujeres dedicadas a gritar, también por supuesto subvencionadas y educadas en el odio. Para que digan que no sabemos bucear en la historia. Y encima jaleando lemas muy vulgares y tristes y encabezados por esos dirigentes ignaros y alguno que nos recuerda realmente lo que es el espíritu de Atapuerca. Es decir, unos renovadores puros para una sociedad moderna con propuestas valientes de renovación.

Encima no tienen unos personajes que los cubran y den lustre como en su día hacía Al Capone, Dios le tenga en la gloria a este ilustre pecador. No tienen a nadie que pudiera darles auténtico glamour de liberadores de la clase obrera. Porque los líderes sindicales no dan sólo lástima sino pura compasión cuando demuestran el grado de articulación de su pensamiento. Compasión o, siendo generosos, podríamos decir que piedad.

Pero hay que recordar también, sin abusar de la virtud cristiana, que viven mucho mejor que todos aquellos a los que torticeramente dicen representar. No los financia la mafia, cierto. Pero sí el Gobierno y muy bien. Comprenderán que esto quita mucho brillo y esplendor a la lucha heroica de todos los pesebristas supuestamente obreros y que no salen de los despachos de los líderes de unos sindicatos que representan poco menos que a nadie de esta clase trabajadora, salvo a sí mismos, a sus liberados y a sus protegidos. Y a quienes se encargan de pasarles la parte del erario público que todos nosotros les pagamos con una religiosidad que ellos no suelen compartir.

En fin, el ridículo de la huelga de funcionarios está hecho y muchos estarán encantados. La huelguita ha parido un par de sentencias o juicios. Unos dicen que el ridículo fue estupendo. Siempre hay gente así. Dicen que todo fue un éxito. Allá ellos. Otros saben que el Gobierno ha recibido un gran favor con la impotencia de esas tristes y sectarias organizaciones, porque podrá cumplir lo que desde fuera de nuestro país se le impone porque toda Europa, Estados Unidos y hasta China son conscientes del peligro que supone este Gobierno insensato.

De momento sabemos ya que los sindicatos paniaguados del Gobierno no sirven para nada. Ni siquiera cuando fingen rebelión contra la mano que los alimenta. Pero además sabemos que la inmensa mayoría de los españoles, que desprecia a organizaciones que existen para que unos personajes perfectamente prescindibles coman, no tienen compasión con la mamandurria. Buena suerte a todos los Méndez, Toxo y compañía. Tendrán entusiastas que quieran pegar a quienes les dicen verdades. Cada vez más, se supone. Pero su ridículo mendaz, su nula representatividad y su retórica grotesca y zafia ya no tiene un pase. Y se ha visto.

Administración racional
EDITORIAL El Correo 10 Junio 2010

Urge que Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos reordenen sus servicios

La disposición mostrada ayer por el presidente Rodríguez Zapatero para proseguir reajustando la Administración General del Estado no puede obedecer sólo a la imperiosa necesidad de reducir sus costes de funcionamiento ordinario, ha de responder también al ineludible redimensionamiento de unas estructuras que han crecido de forma imparable a cuenta del espejismo con el que el conjunto de la clase política contemplaba un futuro en permanente crecimiento. El mismo diagnóstico puede aplicarse al conjunto de las administraciones, cuyos responsables tienden ahora a salvar el obstáculo del respectivo déficit público minimizando los esfuerzos de reordenación institucional. Y hay un factor que retarda las medidas: el temor a que los recortes dejen en evidencia organigramas inflados y entramados de gestión altamente ineficientes.

Además, la dinámica según la cual nadie quiere adelantarse en el adelgazamiento del poder institucional está conduciendo a una actuación tan tardía como limitada. Algunas intenciones tímidamente avanzadas en nuestra comunidad corren el riesgo de desvanecerse por compromisos partidistas en año electoral o por la convicción de que Euskadi podría desentenderse de los esfuerzos del resto de las administraciones españolas. Si se opta por considerar que no es el momento de revisar a fondo los organigramas forales, o por aducir que resultaría prematuro adelgazar su estructura, nunca se encontrará el instante adecuado. Resulta imposible objetivar de forma operativa el capítulo de las competencias exclusivas, dada la concurrencia de actuaciones institucionales e incluso sus duplicidades, si no es mediante la necesaria delimitación legislativa que ponga al día la LTH y proceda a la redacción de la Ley Municipal. Pero, antes de redefinir el marco competencial desde el punto de vista legal, lo que resulta urgente es que Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos acometan la racionalización de los servicios que prestan de forma consensuada, comenzando cada uno de ellos por renunciar a actuaciones manifiestamente superfluas o prescindibles.

Castellano para «bobos»
JOB VERMEULEN Los estudiantes aprovecharon los descansos entre pruebas para repasar las materias
E. ARMORA | BARCELONA ABC Cataluña

.Que la prueba de castellano de Selectividad es más fácil que la de catalán no es una falacia. Quien lo crea así, sólo tiene que revisar los cuestionarios de ambas materias en los últimos años. Ayer, primer día del nuevo modelo de exámenes, que ofrece a los alumnos la posibilidad de mejorar nota, la diferencia de nivel entre las pruebas de ambas asignaturas fue, si cabe, más acusada.

Al menos esa fue la impresión de alumnos y profesores consultados por este diario. A algunos de los examinados como Marga (prefiere que no aparezca su apellido) la escasa dificultad de la prueba le pareció «insultante».

«Exageradamente fácil» «Ha sido exageradamente fácil. Ni que fuéramos bobos», indicó al ser preguntada por este diario. En los pasillos de la Facultad de Económicas de la Universitat de Barcelona (UB), donde se habilitaron varios tribunales, esa fue la percepción generalizada. Los alumnos (cerca de 26.000 que ayer estrenaron el nuevo modelo) entraron con nervios y salieron como si abandonaran el spa. «Si todos son como éste, estamos salvados», dijo Pedro en tono de guasa. «Qué fuerte lo de las frases que estaban mal redactadas. ¿Quién dice sofases o usa la expresión «me preocupa de que»?», comentó en tono jocoso.

Sandra, Lidia y Laura, tres alumnas del IES Merc_ Rodoreda, coincidieron también en que el listón estuvo «soprendentemente bajo» en la prueba de castellano. Les dieron a elegir entre un artículo periodístico de Juan Goytisolo sobre las nuevas tecnologías o un fragmento de la comedia de 1932 de Miguel Mihura «Tres sombreros de copa». Las tres optaron por Goytisolo. A un minuto de volver al aula, su gestó dejó de ser relajado. «Ahora catalán, que siempre es más difícil». dijo Sandra. Sus peores presagios se cumplieron.

Aún con el buen sabor de boca del texto de Goytisolo, ella y sus colegas comenzaron a tragar saliva ante los artículos 11 y 12 del Proyecto de ley de Acceso al entorno de discapacitados usuarios de perros de asistencia y un fragmento de «La Bogería» de Narcís Oller de 1899. Los exámenes de lengua acabaron con el de inglés, un texto periodístico sobre adolescentes británicos. Hoy, los alumnos se enfrentan a las materias optativas y mañana a las específicas para subir nota. Sandra, Lidia y Laura están decididas a aprovechar esa oportunidad.

«Dicen que es optativo pero es obligatorio porque se presenta todo el mundo», apuntaron las estudiantes.

Lo que vale el voto de un diputado
P. Tamburri www.gaceta.es 10 Junio 2010

La manifestación que convocó el Parlamento Foral fue para decir que Navarra no es negociable

Durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero Navarra se convirtió en uno de los ejes de la política nacional. El presidente del Gobierno convirtió la negociación con ETA en una de sus prioridades –quizás la esencial, ya que se trataba de cambiar radicalmente España– y nadie ignora que ETA considera innegociable la adhesión de Navarra al proyecto abertzale.

Aquella aventura zapaterista terminó, como todas, mal. La verdad es que desde 2007 Navarra dejó de estar tan evidentemente en peligro de entrega inmediata. Lo triste del caso es que la buena noticia no surgió de un examen de conciencia de Zapatero, sino de las exigencias de la misma ETA y de la contundencia de los defensores de Navarra. La banda puso a la negociación con el Estado y el PSOE “líneas rojas” y plazos que Zapatero no podía permitirse. La buena disposición de ZP se hizo evidente cuando el Parlamento Foral convocó una manifestación para recordar que Navarra no es negociable, y una riada humana llenó las calles, con Miguel Sanz y Mariano Rajoy. No estuvieron los líderes socialistas, una señal muy clara de que Zapatero sí la consideraba negociable.

Entre las elecciones municipales y forales de 2007 y el otoño de 2008 Navarra volvió a ser escenario decisivo de la política española. Lo fue sin embargo de otra manera: los socialistas renunciaron en el verano a apoderarse del Gobierno regional aliándose con los abertzales de Nafarroa Bai, porque aunque numéricamente era posible, Zapatero no podía permitirse una foto dándose la mano con Patxi Zabaleta. El juego socialista fue desde entonces otro, y su premio el divorcio forzado –y doloroso para muchos miles de navarros– entre UPN y el PP. UPN gobierna ahora Navarra como fuerza exclusivamente regional, se apoya en el PSOE local y a menudo con su diputado y su senadora al PSOE nacional. La otra parte del divorcio refundó el PP navarro, una voz nacional en la política foral.

El voto más caro de nuestra historia es el de mi amigo Carlos Salvador en el Congreso de los Diputados el pasado 27 de mayo. Unión del Pueblo Navarro decidió abstenerse en la tramitación del tijeretazo de un Zapatero convertido de repente a la austeridad. Esa abstención permitió en que la nueva política de ZP no fuese derrotada. José Javier Uranga ha reconocido algo que muchos vemos ahora como él: “UPN cambió con su voto, el único que tiene, la historia de la Transición democrática; mantuvo al Gobierno que había sido su enemigo directo”.


Se ha escrito bastante sobre las consecuencias políticas del voto de UPN. El tema es importante, pero a los navarros les preocupa más el precio del proceso: las pensiones congeladas, las ayudas suprimidas y los sueldos recortados dependen de ese voto. Como dependerá de la política de Zapatero que las obras públicas sigan o se olviden. Es cierto que también un voto negativo de UPN habría tenido un impacto económico: el descrédito internacional de un Gobierno incapaz de empezar un mínimo ajuste financiero habría podido llevarnos en la dirección griega aún más rápidamente.

Lo innegable es que el voto de Carlos Salvador vale. No es teatro ni mucho menos el debate interno en Unión del Pueblo Navarro sobre ese voto y otras decisiones políticas presentes o por venir. Ninguna de las dos posibilidades era buena y se trataba de elegir entre males. De hecho, ninguna de las dos posibilidades casaba bien con el programa social y económico que PP-UPN llevó a las elecciones generales de marzo de 2008, en las que resultaron elegidos –con el aval personalísimo de Miguel Sanz– tanto Carlos Salvador como el líder del PPN Santiago Cervera. Por eso es comprensible la aspereza del debate en torno a ese voto, que en efecto ha prolongado la agonía de Zapatero y que puede cambiar algunas cosas en la política navarra.

Roberto Jiménez advirtió en público a UPN el 25 de mayo que había que apoyar a Zapatero al grito de “la abstención es de cobardes”. Conocida es la envergadura académica e intelectual del líder socialista, pero convendría recordarle que la abstención socialista en 2007 permitió que Miguel Sanz formase Gobierno. Y desde entonces es cada vez menos creíble que el PSOE pacte con los abertzales, sencillamente porque el precio electoral, en Navarra y fuera, sería brutal. En cuestiones esenciales, como el rechazo al aborto y al nacionalismo, UPN y PP siguen yendo por el mismo camino; y creo que objetivamente UPN poco debe temer ya –si es que debió temerlo alguna vez– del chantaje socialista. Suprimida la coacción, comprobada la importancia de la política nacional para Navarra y de todos los votos navarros en la política nacional, es hora de volver a pensar y a pesar las cosas. Navarra ha marcado el rumbo de España más de una vez, pero la condición necesaria para ello fue siempre la unidad de los votos nacionales en la hoy Comunidad Foral.

* P. Tamburri es profesor de Historia.

Centenario
¿De qué presumen?
Emilio Campmany Libertad Digital 10 Junio 2010

Este jueves, los socialistas han celebrado en el Congreso de los diputados los cien años del Grupo Parlamentario Socialista. Se supone que tal día como hoy, hace cien años, se formó en la Carrera de San Jerónimo el primer grupo del PSOE. Como ocurre con casi todo lo socialista, es falso. La fecha que se conmemora es la de la primera vez que un diputado del PSOE logró un escaño. Y lo alcanzó porque el partido se presentó en lo que se llamó la "conjunción" con los republicanos.

Por aquel entonces, el PSOE era un partido marxista revolucionario que, por medio de su sindicato UGT, le disputaba a los anarquistas el encabezamiento de la revolución. No era lo que se dice un partido moderado, pero al menos Pablo Iglesias era un obrero de verdad porque todavía no se habían inventado los sindicalistas liberados.

Los discursos conmemorativos han estado muy bien, tanto por lo que han dicho como por lo que han callado. Por ejemplo, nadie ha celebrado que el PSOE fue aliado del dictador Primo de Rivera. Tampoco han contado que su alianza con el reformismo burgués para traer la Segunda República era un movimiento meramente táctico a la espera de desencadenar la revolución proletaria que esperaban encabezar tras desembarazarse de los anarquistas. No han recordado el levantamiento que en 1934 promovieron contra esa misma Segunda República de la que hoy se dicen herederos y que trataron de destruir prácticamente desde sus comienzos.

Nada han dicho de la revolución iniciada a partir de las elecciones de febrero de 1936, ni de las constantes llamadas a la Guerra Civil de Largo Caballero. Tampoco han hablado de las vacaciones que el partido se tomó durante la dictadura de Franco, ni se han congratulado de que el partido es hoy lo que es gracias a la financiación de potencias extranjeras temerosas de que el Partido Comunista acaparara el voto de la izquierda. Y tampoco han dicho que, para poder recibir el dinero, tuvieron que renunciar a regañadientes al marxismo.

Sí han reconocido que los ideales de Pablo Iglesias siguen hoy vigentes en el partido socialista, que es tanto como decir que siguen creyendo en la revolución marxista, que es en lo que creía el tipógrafo. Pero lo mejor, como siempre, ha sido cuando les ha dado por mentar la soga en casa del ahorcado. Bono ha afirmado que "somos y debemos seguir siendo una mayoría de cemento de fortaleza", que muy bien podía haber dicho "de cemento de ático del barrio de Salamanca". Y Alonso ha acusado a Aznar y a Bush de ser los "autores intelectuales de la crisis", olvidando lo interesante que sería saber quiénes fueron los autores intelectuales del 11-M, que son quienes les pusieron donde hoy están y que seguimos sin saber quiénes fueron porque ellos se niegan a investigarlo.

Tampoco han tenido empacho en invitar al ministro socialista que fue condenado por secuestro, que francamente no es una acción muy democrática, aunque sí muy leninista y no digamos estalinista.

Y como traca final, se les ha aparecido quien presidió el Gobierno de los GAL, Felipe González en persona. Viene el hombre de llamar necio a Zapatero por rectificar un día sí y otro también. Y ahora, por ser conciliador, se ha dejado caer en el Congreso de los Diputados a decirle que, cuando el país y el partido están en dificultades, él se siente "más disponible". Como diría Revilla, éste quiere volver. Y éstos son los que han de sacarnos de la crisis.

Nuestra lengua común: el español
Ricardo Carreras www.lavozlibre.com 10 Junio 2010

Español es el nombre más apropiado para denominar a nuestra lengua.

Siempre desde el respeto a todas las demás opiniones -muy especialmente el derecho de cada uno a llamar a su lengua materna como le dé la gana- , hay numerosos argumentos para que así sea.

Hay que explicar primero que la confusión viene de lejos. En 1492, además de descubrir América, España protagoniza un acontecimiento cultural de singular importancia -lo cual a su vez demuestra que no fue casualidad, sino causalidad que fuera España quien descubriera América, ya que era la única nación tecnológicamente capaz de emprender esa epopeya, al igual que Estados Unidos y La Unión Soviética siglos después serían los únicos capaces de protagonizar la carrera espacial.

Me refiero a la publicación de la primera gramática no clásica, la del nunca debidamente ponderado Antonio de Nebrija. Pero ocurrió que el gran sabio, por agradar a su señora, la reina Isabel, atribuye injustamente a Castilla la paternidad del romance que hablamos hoy, y le llama 'Gramática de la Lengua Castellana'. Lo hace con mala conciencia y advierte él mismo que es injusto bautizarla -hasta entonces se hablaba de romances- así, ya que además de ser la lengua de Castilla, la hablan entonces también como lengua materna aragoneses, navarros y otros españoles. De esos polvos vienen estos lodos.

Vayamos con los argumentos. En primer lugar, por su origen. El español nace y crece en una extensa zona que hoy corresponde con varias regiones españolas, no sólo con Castilla. La parte central de la península habla desde hace al menos doce siglos variedades dialectales de un mismo romance, un proto-español que se divide en varias modalidades dialectales -romances riojano, navarro-aragonés, leonés, castellano e incluso mozárabe. Estas modalidades se fusionan para forman el español. Por ello, español no sólo es el nombre idóneo para designar nuestra lengua actual, sino también para designar a esta misma lengua en su evolución histórica.

Español, no castellano, son las jarchas medievales. Un proto-español en su modalidad de romance mozárabe y, como tal, muy influido por el árabe, como era de esperar, ya que lo hablaban los cristianos que vivían bajo dominio árabe.

Español, no castellano, son las glosas emilianenses. Si hubiera que escoger una modalidad, antes serían romance riojano o navarro-aragonés que romance en su variedad castellana, como han demostrado numerosos expertos.

En segundo lugar, por su desarrollo. A partir de finales del siglo XV, el español es la lengua franca de toda España. A su desarrollo contribuyen españoles de todas las regiones -y también de América, pero ese es otro tema.

En español -dado que era la lengua materna de la mayoría de los aragoneses o navarros desde hace siglos- escribe Jerónimo de Zurita los Anales de la Corona de Aragón. Aragoneses son los hermanos Argensola, que van a Madrid a enseñar el español, o el gran Gracián.

Además de cómo lengua materna, como lengua culta la usan voluntariamente catalanes, gallegos, valencianos o mallorquines. Por ejemplo, el afamado -entonces- escritor catalán Juan Boscán Almogávar -en catalán Joan Boscà i Almogàver-, nacido en Barcelona en 1492, que no se limita a escribir también en español, sino que sólo escribe en español.

Por cierto, es extraño, si no conociéramos 'el percal' del nacionalismo periférico que, a pesar de su talento y fama, este insigne e innovador intelectual catalán no tenga una calle en su Barcelona natal -a la que tanto amó y donde publicó algunas de sus obras- ni en el resto de Cataluña. Pero claro, es imperdonable que hablara de España en sus obras y que escribiera en español.

Así que no es justo denominar castellano a una lengua que nació en una extensa parte de España y han desarrollado españoles de todas las regiones.

Además de su origen y desarrollo, otra razón para llamar español a nuestra lengua es que así lo denomina la inmensa mayoría de los hispanohablantes de todo el mundo. Si el mundo de los hispanoparlantes fuera una democracia y votáramos todos, desde luego que ganaría el término de español. Así figura en las constituciones de la mayoría de los países hispanos. Sólo aquí nos andamos con complejos. Menudo gol metieron los nacionalistas periféricos al llamar 'castellano' a nuestra lengua en la Constitución. El castellano es el español que se habla en Castilla. Ya lo dijo Cela y lo dirá cualquier filólogo digno de tal nombre.

Y sin embargo, el principal argumento para llamar a nuestra lengua español es otro.

Se trata de la única lengua que hablamos y entendemos todos los españoles. Así lo entendió Juan Boscán y millones de españoles antes y después de él.

Llamar castellano al español, además de ser injusto, significa, para todos los no-castellanos, distanciarse de nuestra lengua materna. Significa considerarla un poco más extraña. Un poco menos materna. Por contra, llamarla español es reforzar lo que tenemos en común, nuestra identidad nacional.

Hay otras lenguas españolas. Todas deben respetarse. Ninguna debe reprimirse. Pero España no es Suiza. Las otras lenguas españolas no son iguales a nuestra lengua común. El español por antonomasia es superior a ellas. No porque lo hablemos como lengua materna 450 millones de personas. No porque sea una de las tres lenguas más importantes del mundo. Sino porque hoy, como ayer, es la única lengua que nos une.

Somos una nación (1)
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.com 10 Junio 2010

Está claro que somos una nación. La cuestión está en el sujeto: ¿quiénes somos una nación? ¿Unos son nación y otros no? ¿Lo somos todos y cada uno? ¿Somos de una o de varias naciones a la vez? ¿Lo somos por nacimiento? ¿Por residencia? ¿Por opción personal? ¿Por ser diferentes en algo? ¿Por no ser menos que nadie? ¿Porque está escrito en no sé qué texto que lo dice? ¿O porque sí?

Es la típica cuestión absurda, sin sentido. Ser nación, ¿es mucho, es poco? ¿Es más que ser región? ¿Por qué? Para los nacionalistas, el ser nación es un dato indudable, evidente, que no admite controversia. Cataluña es una nación y punto. O España es una nación y punto. Los sociatas, animados de un santo celo contemporizador, hemos sacado lo de 'nación de naciones', que queda bonito, aunque no más claro: es como decir 'nube de nubes'. Luego está lo de 'me siento', que ya es el colmo, porque transfiere un concepto sociológico al terreno subjetivo, a las devociones particulares, cuando no ensoñaciones o fantasías. Hay quien dice, con todo el aplomo, "para mí, Cataluña es una nación". Y yo digo, ¿y qué carajo importa que lo sea para ti? Lo importante es que lo sea, o en qué sentido lo es, o qué importa que lo sea, o qué entiende la gente cuando dice la palabra nación.

Para empezar, nación viene de natus, nacido, y equivaldría a natura, naturaleza. Pues ahí lo tengo claro, el sujeto de la frase es toda la humanidad. La humanidad es una sola nación, todos somos compatriotas. Decir que los españoles son de distinta nación, o sea naturaleza, que los franceses es una aberración. Sería bonito poder decir que sólo hay una nación sobre la tierra, pero el uso actual de la palabra no lo permite. Actualmente, nación se usa como sinónimo de Estado soberano y suele ponerse en mayúscula: las Naciones Unidas es un ejemplo claro. Es un reflejo de la revolución francesa: la Nación como conjunto de ciudadanos, sujeto de la soberanía. Pero, fruto de la tradición del pensamiento romántico alemán, se usa también nación en sentido étnico, y de ella se predica la capacidad de constituir un estado soberano, o sea una Nación. De ahí que haya 'naciones sin Estado', o sea naciones que no son Nación. Y ahí está el lío.

La categoría de 'nación étnica' es poco fiable. Está al alcance del discurso de cualquier iluminado, y lo mismo se puede aplicar a Cataluña o a los Países Catalanes que al Empordà, al Valle de Arán o a la isla de Tabarca. Y aún habría liantes que hablarían de la 'nación culé'. O sea que en Europa podríamos llegar a tener entre doscientas y quinientas naciones. Por otro lado, desde el nacionalismo sólo se puede aceptar el Estado plurinacional si se niega su calidad de nación, o sea que España es un estado, pero no es una nación. Ése es el uso actual en Cataluña, entre los políticos y demás: nunca se refieren a España como Nación. ¡Pero eso choca con la primera línea de la Constitución! Y con el uso internacional más o menos establecido.

Si hemos de pelearnos, que sea por realidades, no por palabras. Deberíamos ser capaces de quitarles hierro -o sea, capacidad de conflicto- a las palabras. Podríamos aplicar la palabra 'nación' solamente a los grupos étnicos, y reservar la palabra 'estado' para el organismo del poder soberano y constituido. Pero es muy duro ir contra el uso consolidado por los siglos. Desde esta columna ínfima, propongo reservar la palabra 'nación' para las entidades soberanas ya constituidas, los estados, y recurrir a la palabra 'patria' para referirse al grupo étnico, que puede aspirar a formar una nación -un estado- en el futuro. Patria tiene el componente sentimental que cuadra bien con la querencia subjetiva: "mi patria es..." no tiene por qué coincidir con la que dice el DNI. Y las patrias no tienen por qué ser exclusivas: uno podría ser a la vez patriota catalán, patriota español, patriota europeo. Aunque la Trinca declaraba que es imposible tener "dos patrias a la vez y no estar loco"...

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Editorial La Razón 10 Junio 2010
Impuestos ideológicos

Las comunidades socialistas se han lanzado en las últimas semanas a una espiral de subida de impuestos con un doble objetivo. Por un lado, se trata de aumentar la recaudación para cubrir los rotos financieros de su gestión y, por otro, esa vuelta de tuerca fiscal tiene un claro componente ideológico. El mensaje del Gobierno tras el tijeretazo social de que los que más tienen deben realizar un mayor esfuerzo ha sido recogido por las administraciones periféricas del partido con rapidez. Hay una intención de trasladar a ese electorado militante, agotado y desencantado por los planes de ajuste contra los pensionistas, los dependientes y los funcionarios, que el PSOE quiere levantar todavía la bandera de la justicia impositiva para que los ricos no se vayan de rositas en esta crisis y que corran también con los gastos del descalabro. Por esa razón, los gobiernos del PSOE más a la izquierda se han apresurado a anunciar subidas del IRPF para, en teoría, los que más poseen. Cataluña, Asturias, Andalucía y Extremadura han decidido aplicar un nuevo tramo para las rentas superiores a 120.000 euros, 100.000, 80.000 y 60.000, respectivamente.

De esas cuatro administraciones, en Cataluña y Asturias las mayorías socialistas están en manos de la izquierda extrema, lo que pone de relieve el objetivo
electoralista y demagógico de las propuestas. En cualquier caso, estamos ante iniciativas simplistas, que serán ineficaces en el capítulo de la recaudación por su relativo impacto financiero, y estériles como lavado de imagen para un partido que perdió hace tiempo la batalla de la confianza y la credibilidad incluso entre sus votantes. El apoyo de la gente no se gana con propuestas coyunturales e improvisadas para salvar la cara, sino con rigor.

Las administraciones socialistas tienen alternativas serias para sanear las cuentas como es la reducción de sus estructuras, absolutamente desajustadas a las necesidades y las urgencias actuales. La Generalitat de Cataluña, por ejemplo, se cargaría de autoridad moral y de razones si se aplicara el tijeretazo a un organigrama de Gobierno que es el más voluminoso y caro de España. Cataluña, Asturias, Andalucía y Extremadura tienen en su mano dar ejemplo de austeridad y de sacrificio a la sociedad antes de exprimir a los ciudadanos y ahuyentar a los capitales tan necesarios cuando la economía no va. Es tan sencillo también como seguir los pasos de la Junta de Castilla-La Mancha, única administración del PSOE que ha tomado ese camino.

La mayoría de los socialistas, sin embargo, cree más en asfixiar al contribuyente, especialmente a las clases medias, que en apretarse el cinturón de verdad. No es lo justo, ni siquiera lo eficiente, pero es lo más sencillo. El Gobierno andaluz ha dispuesto nuevos impuestos a los depósitos bancarios y a las bolsas de plástico de un solo uso y la aplicación del denominado «céntimo sanitario», y el de Asturias quiere explotar los impuestos de Sucesiones o Transmisiones. La apuesta por la presión fiscal para aliviar las graves urgencias financieras es un error porque la reactivación económica y la confianza de los ciudadanos necesitan estímulos e incentivos, no yugos ni confiscaciones.

Gloria Lago: 'Heroísmo y silencio', columna de Andrés Freire en ABC
ANDRÉS FREIRE. ABC Galicia 10 Junio 2010

"Un coche roto, unas pintadas, amenazas en pasquines y en su casa, insultos, ataques, presiones. ¿Qué delito ha cometido Gloria Lago para merecer tanto ataque? En el fondo, no es otro que el que llevó a Sócrates a la cicuta: «No cree en los dioses en los que la polis cree». ¡Y en menudos dioses cree hoy nuestra polis galaica! Identidad, Historia, Pueblo, Lengua... Dioses arcaicos y reaccionarios que un europeo del siglo XXI no puede decir en voz alta sin provocar risas o espanto.

Gloria Lago, junto a unos pocos, osó hace años romper el vano consenso de la mal llamada normalización lingüística. Un consenso que se basaba en leyes importadas de Cataluña a las que nadie hacía caso, y el reparto de sinecuras al nacionalismo para mantenerlo callado. Cuando el bipartito quiso apretar las clavijas con esas leyes, cuando alguien en respuesta dijo «basta», se acabó al momento la preciada tolerancia gallega, y apareció entre nosotros la torva faz del feo odio.

No protesto hoy contra la muchachada radical nacionalista. Ya tenemos leyes e incluso fiscales para detenerlos. Protesto, en cambio, por el silencio cómplice de muchos. Los muchos que atizan el odio con insultos impropios de una sociedad democrática. Los muchos que aseguran ser progresistas y tolerantes pero nada dicen contra esos ataques, callando y otorgando con su silencio.

Baste como prueba su iracunda respuesta a quienes han alertado del peligro de batasunización en Galicia. En vez de aceptar la obviedad, en vez de observar las pintadas y pasquines de nuestras calles, las incipientes bombas, las manifestaciones sitiadas por furia vociferante, en vez de reconocer la verdad que grita ante sus ojos, se rasgaron hipócritas las vestiduras y protestaron no por la violencia, sino a quien alertaba de esa violencia. ¿Acaso piensan, en el fondo, que necesitan de las amenazas de unos pocos para que la mayoría acobardada acepte su proyecto nacionalista?

¿Y qué decir de los otros, los equidistantes? Se sirvieron de Gloria Lago y sus gentes para ganar las elecciones y hoy la motejan de «radical». Su «radicalidad» consiste en solicitar el derecho a ser educado en la lengua materna, lengua oficial de Galicia. Tan radical es esa propuesta que es un derecho reconocido en todos los países, exceptuando la extravagante España.

Todos sabemos a dónde conduce el camino que algunos llevan tiempo hollando. Lo hemos visto en otros tiempos, lo vemos en tierras cercanas. Sin embargo, cierta Galicia persiste en pensar que el individuo no cuenta, lo importante es la tribu; que la libertad es irrelevante si obstaculiza la construcción nacional; que la educación ha de ser instrumento de adoctrinamiento patriótico... Cierta Galicia persiste, en fin, en esa quincalla volkish cuyas consecuencias conocemos demasiado bien.
Ante tanto ataque y acoso, muchos prefieren mirar a otro lado. Permítanme que sea yo, desde esta modesta columna, quien salude el coraje heroico de quien se enfrenta, valiente y casi sola, a tanto fanatismo.

Cataluña
Adéu, Espanya
José García Domínguez Libertad Digital 10 Junio 2010

Cada loco con su tema. Así la Mesa del Parlamento de Cataluña, que acaba de dar pábulo institucional a la convocatoria de un referéndum de autodeterminación "vinculante". Ilustrativo, revelador pleonasmo que recuerda a ciertos preadolescentes en la edad del pavo; esos que, tras amenazar mil veces con fugarse de casa, proclaman, solemnes, que "esta vez va en serio" ante la paciente mirada de papá y mamá.

En fin, una asonada virtual, otra, que, huelga decirlo, cuenta con la connivencia activa del tribuno más venerado por el clarividente pueblo español, el beatífico Duran Lleida. Y es que el voto de su partida, Unió, ha devenido determinante con tal de admitir a trámite la enésima performance secesionista de la hégira de Montilla. Demolidos, entonces, los últimos puentes que aún mantenían en contacto al sentido de la realidad con el del ridículo, CiU no habrá de ir al notario, sino al psiquiatra, tras consumar el muy presumible apaño postelectoral con Rajoy. Trastorno bipolar agudo dicen que se llama el cuadro.

Aunque más de una vez se ha dicho aquí que nada cabría objetar a esos alardes de onanismo tribal siempre que el interrogante impreso en las papeletas respondiera, más o menos, a la siguiente obviedad fáctica: ¿Está usted dispuesto a que Cataluña sea expulsada mañana mismo de la Unión Europea, excluidas sus cuatro provincias del uso del euro en tanto que unidad de cuenta, y gravadas sus exportaciones con aranceles y contingentes en verdad lacerantes, todo ello por mor de la oprimida identidad nacional de Manuela de Madre, Celestino Corbacho, Justo Molinero y Alfons López Tena, entre otros deudos en línea directa de Wifredo el Velloso y Doña Petronila de Aragón?

Porque esa súbita moda, la de los plebiscitos de la Señorita Pepis que tanto furor viene causando en la plaza de un tiempo a esta parte, se sustenta sobre una premisa quimérica. Pues quieren creer sus promotores que ha llegado, tal como soñara el gran filósofo doméstico Francesc Pujols, el radiante día a partir del cual todo les va a salir gratis a los hijos de esta ínsula Barataria. Todo. Desde la pitanza, las copas y el resopón hasta la deslealtad hacia España y la permanente juerga sediciosa. Lo dicho, cosas de la edad del pavo.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Concluye sin votación el primer pleno del TC sobre el Estatut con Casas como ponente
El pleno del Tribunal se ha reunido hoy sin que se hayan registrado avances que permitan una próxima notificación de la sentencia, a pesar de las esperanzas de Casas
EFE | MADRID ABC 10 Junio 2010

El pleno del Tribunal Constitucional, que se ha reunido hoy para retomar sus deliberaciones sobre el Estatuto de Cataluña, ha finalizado sobre las 14:00 horas sin que se hayan registrado avances que permitan una próxima notificación de la sentencia.

Fuentes del tribunal han informado de que durante la reunión de hoy, que ha durado algo menos de cuatro horas, los magistrados han examinado además la petición de la Generalitat de Cataluña de que el magistrado Pablo Pérez Tremps, adscrito al sector progresista y recusado por el PP, pueda participar en la sentencia si ésta se vota por partes.

El Gobierno catalán justifica su petición, que ha llegado hoy al Constitucional, en el hecho de que Pérez Tremps fue recusado por elaborar -antes de ser elegido magistrado- un informe sobre la acción exterior y las relaciones con la Unión Europea de la Generalitat, por lo que, de votarse por bloques, podría participar en los debates sobre el resto de los artículos del Estatut.

La vuelta de Pérez Tremps a las deliberaciones posibilitaría la formación de una clara mayoría progresista, ya que su voto se sumaría a los de la primera ponente de la sentencia, Elisa Pérez Vera; la presidenta, María Emilia Casas, y los magistrados Pascual Sala, Eugeni Gay y Manuel Aragón.

La reunión de hoy, tras la que sigue sin haber sentencia, era la primera que tenía lugar para debatir monográficamente sobre el Estatut desde que, el pasado 19 de mayo, Casas asumió la ponencia de la resolución, tras la renuncia primero de Pérez Vera y luego del conservador Guillermo Jiménez.

El borrador en el que Casas lleva trabajando varias semanas, con la intención de que el tribunal pudiera notificar la sentencia antes del verano y, por tanto, antes de que comience la precampaña de las elecciones autonómicas catalanas previstas para el próximo otoño.

El texto, según fuentes consultadas en el tribunal, es similar a los de Pérez Vera, a los que la presidenta siempre dio su apoyo y que en su última versión anulaba una quincena de artículos del Estatut y condicionaba la constitucionalidad de otra veintena a la interpretación que se les diera en las leyes que deben desarrollar la norma estatutaria.

Para lograr el consenso que su antecesora no consiguió, sin embargo, Casas pretendía «suavizar» los puntos que resultaron más polémicos en las propuestas anteriores, como el referido a la inclusión del término «nación» en el preámbulo, que hizo que Manuel Aragón se negara a sumar su voto al de sus compañeros de sector, abortando así la posibilidad de aprobar la sentencia.

En su empeño de que sea el actual Tribunal Constitucional el que resuelva el tema del Estatut, la presidenta ha planteado también la posibilidad de que se lleve a cabo una votación del texto «por bloques», ya sea capítulo a capítulo o artículo por artículo, alternativa a la que ninguno de los magistrados que forman el pleno se ha opuesto.

Es ahí donde se enmarca la última petición de la Generalitat, que ha visto en ese sistema de votación una puerta abierta a permitir la reincorporación de Pérez Tremps a los debates.

Sin embargo, en el caso de que el pleno no acceda a revisar la recusación de este magistrado, la votación por bloques daría como resultado una sentencia falta de coherencia interna, admiten fuentes del tribunal, que señalan que junto a partes aprobadas por una mayoría conservadora habría otras que saldrían adelante sólo con los votos de los progresistas. Unos y otros, además, plantearían numerosos votos particulares en los puntos en los que sus tesis salieran derrotadas.

El Constitucional también está a la espera de recibir las alegaciones de las partes personadas en el proceso a los recursos presentados por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña a su negativa a declararse incompetente para resolver el tema del Estatut.

Tanto el Gobierno catalán como la Cámara autonómica consideran que, una vez reactivado por el Senado el proceso de renovación del tribunal, el actual Constitucional debe dejar la tarea a los nuevos magistrados.

Debate sobre el Estatut de Cataluña
Termina sin acuerdo el Pleno del Tribunal Constitucional
 www.gaceta.es 10 Junio 2010

Tras casi cuatro horas de reunión, los diez magistrados que tienen la obligación de dictaminar sobre este asunto concluyeron su cónclave sin que por el momento haya trascendido el contenido del mismo.

El Pleno del Tribunal Constitucional agotó hoy su última convocatoria de Pleno sin lograr sacar adelante la sentencia que debe resolver el recurso que interpuso hace hace casi cuatro años el PP contra el Estatut de Cataluña.

Tras casi cuatro horas de reunión, los diez magistrados que tienen la obligación de dictaminar sobre este asunto concluyeron su cónclave sin que por el momento haya trascendido el contenido del mismo, si se llegó a deliberar a fondo sobre el borrador de la presidenta, María Emilia Casas, o si se adoptó algún acuerdo concreto sobre la posibilidad de votar el texto artículo por artículo.

El único dato aportado de forma oficial por el gabinete de prensa del alto tribunal es que no existe aún sentencia y que los magistrados no llegaron a votar el borrador en la reunión de hoy. El Pleno no continuará eta tarde, no está previsto que se reúna mañana ni tampoco hay fecha fijada para una nueva convocatoria.

Fuentes del alto tribunal señalaron que, en principio, ninguno de los diez magistrados que deliberan sobre este asunto es contrario a ir dictaminando sobre el borrador por bloques o incluso precepto por precepto, basándose en el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que señala que "la votación, a juicio del presidente (del tribunal), podrá tener lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o parte de la decisión que haya de dictarse". Este artículo añade que, en este caso de votación por partes, emitirá su opinión "primero el ponente y después los demás magistrados por orden inverso al de su antigüedad", mientras que quien presida los debates votará el último. Además, precisa que ""empezada la votación, no podrá interrumpirse sino en caso de fuerza mayor".

Recursos pendientes
El Pleno de hoy comenzó a celebrarse pasadas las 10.00 horas a pesar de estar aún pendientes de resolución los recursos de súplica planteados tanto por el Gobierno como por el Parlamento catalanes contra la negativa del tribunal a declararse incompetente para dictar sentencia sobre este asunto, puesto que la tramitación de estos incidentes no tiene carácter suspensivo (artículo 93.2 de la LOTC). A este recurso se une la carta remitida anoche por la Generalitat solicitando que se anule la recusación del magistrado Pablo Pérez-Tremps (que se aprobó a instancias del PP) alegando que, ya que este magistrado sólo asesoró en los aspectos del Estatut relativos a las relaciones exteriores de la comunidad autónoma, podría estar presente en la votación relativa a los artículos que no se refieran a éste aspecto.

Las mismas fuentes señalaron que es poco probable que la carta se estudiara en el Pleno de hoy, ya que se trata de un escrito informal. No obstante, y pese a que acabe dándose la votación del borrador por partes, la petición de la Generalitat no tendría mucho sentido, puesto que las deliberaciones no tienen por qué darse en bloques temáticos, ya que podrían agruparse varios artículos sobre los que, por ejemplo, hubiera unanimidad sobre su inconstitucionalidad, con independencia de la temática de los mismos.

El pasado martes, el Tribunal Constitucional acordó dar un plazo de tres días a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía y a los siete recurrentes del Estatut de Cataluña (el PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Aragón, Murcia, La Rioja, Baleares y Valencia) para que se pronuncien sobre los recursos interpuestos sobre la cuestión de competecia. Estos recursos plantean falta de legitimidad del tribunal por haber extinguido varios magistrados, entre ellos su presidenta, el mandato para el que fueron designados por las Cortes. Por esta razón, y pese a que no tienen carácter suspensivo, es probable que el tribunal haya optado hoy por no deliberar sobre el último borrador de la sentencia hasta haber solventado esta incidencia procesal.

El contenido de la ponencia que se traía hoy al Pleno no modifica sustancialmente el presentado hace unos meses por la magistrada del denominado 'sector progresista' de este órgano Elisa Pérez Vera, que fue tumbado por seis votos a cuatro pese a contener la anulación de varios de los preceptos de la norma catalana.

Fuentes del TC señalaron que el texto que presenta Casas, que es la séptima versión de sentencia que se discute, es prácticamente idéntico al de su antecesora Pérez Vera, ya podría incluir la declaración de inconstitucionalidad de unos 15 preceptos y otra veintena podrían ser sometidos a interpretación.
Formas de voto

Por ello, y en previsión de que no pudiera alcanzarse el consenso necesario, la presidenta estaría dispuesta a votar artículo por artículo con tal de lograr de una vez una sentencia antes del próximo verano, según manifestó ella misma hace un par de semanas a un grupo de periodistas.

Casas se hizo cargo de la ponencia sobre la sentencia del Estatut el pasado 19 de mayo, después de que el anterior ponente, el vicepresidente de este órgano y magistrado del "bloque conservador", Guillermo Jiménez, retirara el texto que había elaborado antes de someterlo a votación.

Ese día, y tras casi cuatro horas de debates, el Pleno del Tribunal Constiucional no llegó a votar el texto de Jiménez porque el magistrado optó por retirarlo ante la falta de apoyos mostrado por la gran mayoría de sus compañeros. Su borrador preveía la declaración de inconstitucionalidad de una veintena de preceptos y la interpretación de otros tantos, además de criticar duramente el empleo del término "nación" en el Preámbulo de la norma.

Casas asumió la nueva redacción del texto con el fin de desatascar la situación creada tras el fracaso de los intentos anteriores para lograr una sentencia sobre el Estatut. El primer borrador, el elaborado por Elisa Pérez-Vera, fue rechazado el pasado 16 de abril por seis votos contra cuatro pese a sufrir hasta cuatro modificaciones desde su redacción inicial, mientras que el segundo ni siquiera fue sometido formalmente a consideración. La fuerte división en bloques de los diez magistrados que discuten sobre el Estatut -queda fuera Pablo Pérez-Tremps, recurrido por el PP, y hay una plaza vacante tras el fallecimiento de Roberto García Calvo-, permite pronosticar una gran dificultad para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la tortuosa evolución que el recurso del PP ha tenido en el tribunal de garantías.

Casas, junto con el vicepresidente Jiménez y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, es una de los magistrados de este órgano cuyo mandato concluyó en diciembre de 2007 sin que el Senado, a quien corresponde su renovación, haya podido alcanzar el consenso necesario para conseguirlo. El PSOE en el Senado manifestó su voluntad de no oponerse, en principio, a tomar en consideración a los dos candidatos propuestos por el PP para renovar el órgano (Francisco Hernando y Enrique López), aunque el pasado martes la Mesa del Senado descartó al segundo por no reunir los requisitos exigidos para el cargo.

La ponencia de Pérez-Vera fue apoyada, además de por su autora, por la presidenta del Tribunal y los magistrados de tendencia progresista Eugenio Gay y Pascual Sala. En contra lo hicieron los magistrados Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata y Javier Delgado, todos ellos situados en el sector conservador del tribunal. En un tercer bloque "ideológico" se situarían Jiménez y sus compañeros del 'sector conservador' Ramón Rodríguez Arribas y Manuel Aragón Reyes (pese a que éste último había sido colocado siempre hasta ahora en el ala progresista), que habrían colaborado estrechamente en la elaboración del borrador que fue desechado el la última reunión que el Constitucional celebró sobre el Estatut el pasado día 19.

López pondrá fin a la imposición del euskera en comercios y empresas
PP y PSE aprueban hoy en la Cámara de Vitoria la anulación de las sanciones a los establecimientos que no rotulen o atiendan en las dos lenguas oficiales. Las medidas se incluyen en un decreto aprobado por el tripartido de Ibarretxe en 2008, que iba a entrar en vigor en julio.
ITZIAR REYERO | VITORIA ABC 10 Junio 2010

El Gobierno de Patxi López eliminará, en el plazo de un año, todas aquellas medidas que obliguen a usar el euskera a comercios y empresas de gran tamaño afincadas en el País Vasco, y que fueron aprobadas en la etapa final del tripartito de Ibarretxe siguiendo el modelo vigente en Cataluña. Como primer paso, la Consejería de Cutura ha anunciado que demorará el decreto de 2008 que regula las sanciones a los "infractores" de esta ley, que iba a entrar en vigor a partir de julio, y que hubiera afectado a unos 2.000 establecimientos. Entre otras cuestiones, el decreto preveía multas para quienes no rotulasen y atendieran al ciudadano en las dos lenguas oficiales.

Hoy, el Parlamento de Vitoria apruebe hoy una moción pactada por PP y PSE, en la que instan al Gobierno vasco a eliminar de la ley todas las medidas coercitivas y sancionadoras del uso del euskera en los comercios. Esta iniciativa supera en ambición a la proposición presentada por UPyD, que pedía la derogación de las sanciones. "No se trata sólo de eliminar las multas, sino de acabar con una imposición", señalaron fuentes de la Ejecutiva del PP vasco consultadas por este diario. Las mismas voces celebraron que los socialistas hayan accedido "por fin" a modificar este "atropello" lingüístico.

Precisamente, esta reforma legal constituye una de las exigencias de los populares plasmadas en el Acuerdo de Bases por el cambio político que aupó al socialista Patxi López al Gobierno vasco. Nada más aprobarse el citado decreto, en junio de 2008, el PP exigió su retirada al entender que se trataba de una norma propia del "fascismo". "Es inadmisible que se obligue o se multe a una persona a hablar en euskera aludiendo a los supuestos derechos lingüísticos de los vascoparlantes. Y menos en el ámbito privado de su trabajo o empresa", declaró a ABC Iñaki Oyarzábal.

El debate para la modificación de esta ley, que apoyarán PP, PSE y UPyD, suscitará previsiblemente duras críticas por parte de las formaciones nacionalistas, que han reprochado al actual Ejecutivo que no haya "tomado ninguna iniciativa para defender los derechos lingüísticos de los usuarios y consumidores" vascoparlantes. El PNV acusó recientemente al lendakari López de "seguir los dictados del PP" en esta cuestión.

Los cuestionarios para la elección de lengua en Galicia ya están en las aulas
Solo existirá libertad lingüística en la etapa de Educación Infantil
Álvaro Rubio www.lavozlibre.com 10 Junio 2010

Madrid.- Los cuestionarios para que los padres de los alumnos de Educación Infantil puedan elegir el idioma de estudio ya están en los colegios y se pueden recoger en las secretarías de los centros o descargarse de la página 'web' de la Consejería de Educación.

Solo los progenitores de los pequeños de tres años podrán hacer uso de ese cuestionario después de que Alberto Núñez Feijóo decidiera reducir la libertad lingüística al ciclo Infantil, una etapa que no es obligatoria en la enseñanza educativa.

Los cuestionarios los deberán entregar en la secretaría de su centro correspondiente entre el 20 y el 30 de junio, coincidiendo con el plazo de matrícula.

Después de que el Decreto de Plurilingüismo entrara en vigor el pasado 25 de mayo en medio de las críticas de nacionalistas y defensores de la libertad lingüística, los gallegos han visto como se daba carpetazo a la era de imposición llevada a cabo por el bipartito.

Aun así la actual norma no contenta a los que han luchado por defender el derecho a elegir el idioma de estudio. Galicia Bilingüe, guiada por su presidenta Gloria Lago, ha calificado en numerosas ocasiones a Feijóo de "mentiroso" por prometer durante su campaña electoral libre elección de lengua y finalmente reducirla a Eduación Infantil. Por ese motivo y por considerar el decreto "insuficiente" recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Los sindicatos CIG-Ensino, CC.OO., STEG, FETE-UGT hicieron los mismo y ante esas acciones el secretario general de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, asegura que el decreto del plurilingüismo en la enseñanza no universitaria "seguirá adelante" y matiza que depende "de la administración de Justicia indicar cual es el camino" que seguirán los contenciosos.

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